Será en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad que tendrá lugar este miércoles a las 14. El borrador tuvo modificaciones en su redacción.
A casi un mes de su último tratamiento y tras el receso invernal, la Cámara de Diputados retomará el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado con representantes gremiales y especialistas invitados a exponer, siendo el segundo encuentro de carácter informativo, y un nuevo paso hacia el dictamen del texto consensuado.
El tratamiento se dará en el seno de una reunión plenaria de las comisiones Legislación General y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, este miércoles a las 14 en la Sala 2.
El proyecto había sido enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Sin embargo, en los últimos días la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.
Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.
Según el borrador del proyecto, al que accedió parlamentario.com, además de modificaciones a la Ley de Contrato de Contrato de Trabajo (20.744), también se proponen reformas, para garantizar las licencias, a la Ley 26.844, de Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y a la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario. Asimismo, en la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares.
Algunos de los principales puntos de la propuesta de dictamen:
-La licencia por matrimonio se extiende de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial.
-La licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo afín o hija afín será de 10 días.
-Por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto será de 3 días.
-Para el cuidado por enfermedad de un o una miembro del grupo familiar, persona a cargo, o referente afectivo/a habrá un máximo de 20 días, que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua. Esta licencia podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.
-Para el cuidado, atención o acompañamiento de un o una miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, será de 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.
-Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, será de 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.
-Por interrupción del embarazo, será de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. La persona trabajadora deberá presentar certificación médica que acredite dicha situación.
-Para la asistencia a audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, de 2 días corridos con un máximo de 12 días anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.
-Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), conforme lo establecido en la Ley N° 26.862, será de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.
-Por encontrarse atravesando una situación de violencia de género, será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.
-Por cuidado de niño, niña o adolescente como medida excepcional de protección, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción.
-Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, 1 día por año calendario, mediante la presentación del certificado médico expedido por el o la profesional o centro de salud interviniente.
-Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.
Personas gestantes, no gestantes y adoptantes
-Las mujeres o personas gestantes tendrán licencia 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Con autorización médica, se podrá extender hasta 126 días.
-Los varones o personas no gestantes “podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior al nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma continua o discontinua, dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha probable de parto”.
-En ambos casos los días pueden extenderse por nacimiento múltiple.
-Queda prohibido el trabajo de la persona adoptante por 90 días corridos. La prohibición computará a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente. La persona adoptante podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior a la fecha de notificación de guarda y completar los 75 días restantes dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.
Monotributistas y autónomos
Otro de los artículos establece la “creación de asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos”.
En este sentido, se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 24.714, de modo de estipular que “las trabajadoras y los trabajadores inscriptos en el Régimen General de Autónomos, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y aquellas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social podrán solicitar las asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes y adoptantes”.
Para el goce de las asignaciones, “se requerirá que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales correspondientes al sistema de seguridad social, con una antigüedad mínima y continuada en el régimen no inferior a 18 meses previos a la solicitud”.
El monto mensual de la asignación “será equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil neto, vigente en cada período”, agrega.
Será en una reunión conjunta de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, que se llevará a cabo este martes a las 16. Qué prevé el borrador de la iniciativa.
A más de un mes del plenario donde expusieron los autores de distintos proyectos sobre el tema, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de Diputados buscarán el dictamen de un texto consensuado sobre ampliación de licencias laborales. La reunión se realizará este martes, a partir de las 16, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
El 16 de mayo pasado se comenzó el debate sobre medio centenar de propuestas presentadas y, finalmente, tras el trabajo en asesores, se arribó a una iniciativa que contiene 39 artículos.
Según el borrador del proyecto, al que accedió parlamentario.com, además de modificaciones a la Ley de Contrato de Contrato de Trabajo (20.744), también se proponen reformas, para garantizar las licencias, a la Ley 26.844, de Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, y a la Ley 26.727 de Régimen de Trabajo Agrario. Asimismo, en la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares.
De acuerdo a un informe elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso -dado que el proyecto debe pasar en tercer orden por la Comisión de Presupuesto y Hacienda- “las modificaciones propuestas generarían un impacto fiscal producto de las asignaciones parentales correspondientes ya sea por la necesidad de cubrir más días de licencia respecto a la norma vigente o bien por la creación de nuevas licencias anteriormente no previstas”.
Sobre ello, “el impacto fiscal de la propuesta legislativa se estimó en un gasto aproximado de $75.604,65 millones, lo que equivale al 0,045% de PIB para 2023”, calculó la OPC.
Algunos de los principales puntos de la propuesta de dictamen:
-La licencia por matrimonio se extiende de 10 a 12 días y se incorpora la unión convivencial.
-La licencia por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija, hijo afín o hija afín será de 10 días.
-Por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto será de 3 días.
-Para el cuidado por enfermedad de un o una miembro del grupo familiar, persona a cargo, o referente afectivo/a habrá un máximo de 20 días, que podrán ser utilizados en forma continua o discontinua. Esta licencia podrá extenderse hasta 60 días anuales, sin goce de haberes.
-Para el cuidado, atención o acompañamiento de un o una miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, ya sea por causas congénitas o sobrevinientes, será de 3 días corridos con un máximo de 15 días por año calendario.
-Para rendir examen en cualquier nivel educativo de la educación formal, será de 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.
-Por interrupción del embarazo, será de 10 días corridos contados a partir del día en que se solicita la licencia, tanto para la persona gestante como para la persona no gestante con la cual hubiera compartido la responsabilidad parental. La persona trabajadora deberá presentar certificación médica que acredite dicha situación.
-Para la asistencia a audiencias, encuentros o visitas a un niño, una niña o adolescente que se pretende adoptar, de 2 días corridos con un máximo de 12 días anuales, desde el inicio de las visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción y hasta la resolución judicial que ordena su otorgamiento.
-Por Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), conforme lo establecido en la Ley N° 26.862, será de 15 días laborables continuos o discontinuos por año calendario como persona gestante, ovodonante o manifestando su voluntad procreacional.
-Por encontrarse atravesando una situación de violencia de género, será de 15 días laborables corridos por año calendario, prorrogables por una única vez por otro período igual.
-Por cuidado de niño, niña o adolescente como medida excepcional de protección, de 15 días corridos a partir del primer día hábil posterior a la fecha de la recepción.
-Por controles preventivos de cáncer de mama, cérvico uterino o prostático, 1 día por año calendario, mediante la presentación del certificado médico expedido por el o la profesional o centro de salud interviniente.
-Por adaptación escolar de hijo/a en los niveles de jardín maternal, preescolar y primer grado, 4 horas diarias durante 5 días en el año calendario; y por reuniones organizadas por el establecimiento educativo, hasta 15 horas por año calendario. En estos casos los permisos se ampliarán proporcionalmente a la cantidad de hijos/as.
Personas gestantes, no gestantes y adoptantes
-Las mujeres o personas gestantes tendrán licencia 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Con autorización médica, se podrá extender hasta 126 días.
-Los varones o personas no gestantes “podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior al nacimiento y completar los 30 días restantes, en forma continua o discontinua, dentro de los 180 días posteriores al nacimiento o 15 días anteriores a la fecha probable de parto”.
-En ambos casos los días pueden extenderse por nacimiento múltiple.
-Queda prohibido el trabajo de la persona adoptante por 90 días corridos. La prohibición computará a partir de la fecha en que se notifica la resolución judicial por la que se otorga la guarda de un niño, una niña o adolescente. La persona adoptante podrá optar por reducir a 15 días corridos el período de prohibición de trabajo inmediatamente posterior a la fecha de notificación de guarda y completar los 75 días restantes dentro de un plazo de 180 días contados desde la misma fecha.
Monotributistas y autónomos
Otro de los artículos establece la “creación de asignación parental gestante, parental no gestante y adopción para monotributistas y autónomos”.
En este sentido, se incorpora el artículo 11 bis a la Ley 24.714, de modo de estipular que “las trabajadoras y los trabajadores inscriptos en el Régimen General de Autónomos, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y aquellas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social podrán solicitar las asignaciones parentales para personas gestantes, no gestantes y adoptantes”.
Para el goce de las asignaciones, “se requerirá que tengan efectivamente abonadas las imposiciones mensuales correspondientes al sistema de seguridad social, con una antigüedad mínima y continuada en el régimen no inferior a 18 meses previos a la solicitud”.
El monto mensual de la asignación “será equivalente al monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil neto, vigente en cada período”, agrega.
Será en el seno de una reunión conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática de Diputados.
Un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática de la Cámara baja, presididas por Mónica Macha y Pablo Carro respectivamente, mantendrán una reunión para tratar dos proyectos de ley que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar a la misma la “violencia digital” como una modalidad de violencia.
El encuentro se llevará a cabo este martes 30 de mayo a las 12 en la Sala del segundo piso del Edificio Anexo “C” de Diputados.
Las dos iniciativas corresponden a las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical) que buscan proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación, en los entornos virtuales, con motivo de la violencia machista. Asimismo, apuntan a establecer un marco de reconocimiento de la existencia de la violencia digital hacia las mujeres, como tipo; y de la violencia telemática, como modalidad.
Ambos proyectos proponen modificar varios artículos de la Ley 26.485. Uno de ellos es el artículo 4 para que quede redactado de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.
También plantea incorporar como inciso “G” del artículo 6 la violencia digital o en línea como aquella que “se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.
Además, establece el desarrollo e implementación de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TIC; programas de alfabetización digital y planes de formación docente.
Cabe recordar que el Senado se analizó en comisiones un proyecto de la misma temática cuya autoría era de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) en septiembre de 2021, pero nunca llegó al recinto.
Sin presencia de JxC, funcionarias del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad defendieron la iniciativa con datos estadísticos sobre expectativa de vida de personas travesti trans.
La Comisión de Mujeres y Diversidad, a cargo de la diputada nacional Mónica Macha (FdT – Buenos Aires), se reunió este miércoles para debatir respecto a la creación de una pensión reparatoria para personas travestis trans.
La reunión fue informativa y asistieron funcionarias nacionales y de algunas provincias, entre ellas Alba Rueda, representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y la interventora del INADI, Greta Pena.
También participaron Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco; y Cintia Pili, coordinadora de acceso al empleo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
La reunión tuvo la presencia de varias invitadas que participaron de forma presencia y virtual: Marlene Wayar, de la Asociación Civil Futuro Trans; Claudia Vásquez Haro de OTRANS Argentina; Say Joaquín Sacayán, militante travesti; Sachi, sobreviviente a la última dictadura; Marcela Tobaldi, de la Asociación Civil La Rosa Naranja; Paula Salva, activista y militante por los derechos travesti – trans; Ivana Gutiérrez, referente travesti de conurbanes por la diversidad; Flor Guimaraes, militante política travesti; Eva Arraigada, secretaria de diversidad de Partido Justicialista de CABA; Diana Aravena, Cooperativa La Paquito Putos Peronistas; Karin Tuma y Adam López, de Devenir Diverse y Somos Diverses, de la Liga LGBTIQ+ de las provincias.
En primer lugar, Agustina Ponce celebró que “Argentina reconozca a través del Congreso de la Nación años de persecución por parte de la policía a la comunidad”, y remarcó “el pedido de perdón a la comunidad y una contribución económica que permita que compañeras puedan acceder a este beneficio y que permita llenar la olla”.
La funcionaria sostuvo que Argentina es “un ejemplo a nivel mundial en Derechos Humanos”, mencionó a la histórica militante trans Loana Berkins, y afirmó que el Estado antes “perseguía, criminalizaba y judicializaba” a las travestis. “Era un delito contra la fe pública”, recordó.
Del mismo modo, Ponce presentó datos estadísticos: “Las mujeres travestis trans tienen una probabilidad de vida de 40 a 44 años, según la ReNaPer, cuando la expectativa mostrada en personas binarias es de 75 u 80 años”.
“Es una probabilidad de finales del Siglo XVI o XVII y es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de buena fe”, indicó. Así también, sostuvo que el “Ministerio de Diversidad estableció 3.477 personas inscriptas -desde la sanción de la ley del cambio de identidad- y solo 1.124 tienen más de 40 años”. “En términos económicos, esta pensión no moverá el amperímetro al Tesoro Nacional”, cerró.
Luego fue el turno de Alba Rueda, quien sostuvo que “hablamos de reparación porque hubo vulneración de los DDHH”, y explicó que “la vejez en la Argentina ronda los 60 años, lo que representa el 14 de la población total en Argentina y en los 70, solo eran el 7 por ciento”.
A su vez, agregó: “Solo captaron de manera binaria y va en contradicción de todo lo que hemos aprobado en cuestiones de genero e identidad, ya que 16.090 hicieron el cambio registral, y la edad de fallecimientos es de 44 años con 394 personas que murieron”.
La interventora del INADI, Greta Pena, aportó datos de una encuesta realiza en el 2012 y desarrolló: “Más del 50 por ciento -de las mujeres travestis y trans- sufrió detenciones sin intervención de jueces, el 76 por ciento discriminaciones policiales y un 33 extorsión, amenaza y humillación”. “Un 30 por ciento sufrió violación y un 2.5 tortura”.
La directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Daniela Castro, recordó muchas vivencias atravesadas y afirmó que “reconocer es reparar”. También, le pidió al Congreso nacional y provincial que “deben hacerse cargo”, y lamentó la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio.
“Qué lástima que no hayan estado de Juntos porque de 257 diputados hay 2 ó 3 que demuestran el interés que despertamos como sociedad y es vergonzoso”, disparó Castro. En la reunión sólo estuvieron presentes las diputadas nacionales María Rosa Martínez, Lucila Masín, Gabriela Estévez (del Frente de Todos) y Romina Del Plá (Partido Obrero).
También, Cintia Pili, la coordinadora de acceso al empleo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco -de forma virtual- sostuvieron la importancia de la reunión informativa sobre el proyecto de ley sobre la creación de una pensión reparatoria para personas travesti trans.
Al término de las exposiciones, la diputada nacional Gabriela Estévez, autora de uno de los cuatro proyectos puestos a consideración, opinó que “lo vamos a militar y a pelear”. “Después de haberlas escuchado, no puedo agregar más nada porque ustedes relataron las vivencias que le atravesaron el cuerpo durante toda su vida”, indicó.
Así también, Del Plá remarcó su acompañamiento y compromiso con la reparación del colectivo, expresó: “No es menor que siempre seamos las mismas” y pidió por “una apertura masiva para que podamos invitar a muchos que ni saben que hay un derecho que podrían reclamar”.
Para finalizar, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, anunció que alrededor del 15 de junio se avanzará con asesores y de ahí sacar el consenso para que el proyecto siga con el camino legislativo correspondiente.
Será en una reunión informativa de la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde asistirán funcionarias nacionales y de algunas provincias.
A casi dos años de la sanción de la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, de cupo laboral obligatorio del 1% en el Estado para personas travestis, transexuales y transgénero, comenzará en la Cámara de Diputados la discusión sobre otro aspecto reclamado durante ese debate.
Se trata de la creación de una pensión reparatoria para personas travestis trans, tema que será abordado en la Comisión de Mujeres y Diversidad, presidida por Mónica Macha (FdT), este miércoles a las 11 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.
La reunión será informativa y asistirán funcionarias nacionales y de algunas provincias, entre ellas: Alba Rueda, representante especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores; Agustina Ponce, subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; y la interventora del INADI, Greta Pena.
También participarán Victoria Travieres, subsecretaria de Diversidad de Tierra del Fuego; Daniela Castro, directora de Políticas de Diversidad de la provincia de Buenos Aires; y Úrsala Sabarece, directora de Diversidad del Chaco.
Fue en un plenario de comisiones en donde se empezó a abordar los proyectos que proponen modificar las licencias contempladas en la Ley del Contrato de Trabajo. La próxima semana presentarán un borrador unificando todas las iniciativas presentadas.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para comenzar el debate para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que surgió a partir de una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado, que complementan la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo hace más de un año que contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.
En el encuentro de las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, celebrado en la Sala 1 del 2° piso del Edificio Anexo A, se puso a consideración un total de 48 proyectos de ley.
El temario contempló 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. Asimismo, se tuvo en cuenta como base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Siley explicó que en esta primera etapa se trabajará sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes, mientras que quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento del otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias.
También adelantó que la próxima semana volverán a reunirse y presentarán un borrador con las ideas principales en común de cada proyecto. Siley celebró que hay “más coincidencias que diferencias. Si nos vamos a parar en las coincidencias vamos a avanzar rápido”.
Al comienzo del plenario, el secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo procedió a leer que por la Resolución 558/23 de la presidencia se efectuaron, a partir de la fecha, las siguientes modificaciones: se designó a la diputada Natalia Souto en reemplazo de José Pablo Carro; la diputada Macha ingresó por Gisela Marziotta; y la diputada Estela Hernández en reemplazo de Sergio Palazzo.
Por su parte, la secretaria de la Comisión de Mujeres leyó la designación de Silvana Ginocchio en reemplazo de Lucila Masin, Marisa Uceda ingresó por Leonardo Grosso. También se designó a Siley en reemplazo de Gabriela Estévez, a Daniel Arroyo en reemplazo de Florencia Lampreabe; Varinia Lis Marín por Mara Brawer.
“El secretario acaba de mencionar 48 proyectos de ley de distintos diputados y diputadas. Además de estos 48 mencionados y convocados para la orden del día, hay cuatro más de la diputada Carla Carrizo y uno del diputado Lucas Godoy que también los vamos a incluir, pero como no están en el boletín de asuntos entrados todavía no los hemos circulado por comisión”, aclaró Siley.
Respecto a la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación remarcó que el tema de cuidados “nos atraviesa socialmente a las mujeres y a las disidencias. Es un tema muy importante. Si encontramos tantos proyectos de ley, es porque los representantes del pueblo nos hacemos eco de las demandas de las realidades que tiene nuestra sociedad que necesitamos resolverlas. No resueltas son problemas”.
“Una ley no resuelve nada, pero es el comienzo de muchas cosas”, opinó Siley y explicó que “luego tienen que articularse los tres poderes del Estado y la sociedad toda, incluso el sector privado para abordar los temas tan importantes como los cuidados”.
“Los cuidados se tratan de un trabajo, que es un trabajo no reconocido y cargamos muchas veces individualmente y en soledad las mujeres, las madres, las abuelas, y se trata de algo sustancial para la humanidad porque todos recibimos cuidados en algún momento de nuestra vida de forma necesaria y todos en algún momento cuidamos a otros que necesitan asistencia específica, un cuidado particular a nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestras sociedades y también a la memoria de nuestras sociedades en cabeza de las personas mayores”, explayó la oficialista.
En esa línea, agregó que es un cuidado que “también se destina a las personas con discapacidad”. “Esta discusión puede ser muy grande e infinita y nunca llegar a resolverse porque tenemos los cuidados realizados en los hogares. La necesidad de regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva. Tenemos los cuidados en las comunidades. Tenemos distintos universos”, detalló Siley.
“Hemos decidido comenzar por uno, no significando esto que se vaya a dejar de lado el resto de las discusiones, sino que metodológicamente y por técnica legislativa necesitamos comenzar por partes. Por eso vamos a abordar los proyectos que refieren a licencias y que tocan normativas existentes como ley de contrato de trabajo, ley de asignaciones familiares, la 24.241 del Sistema Previsional, y otras leyes especiales que no están contenidas en al Ley del Contrato de Trabajo como la Ley del Trabajador de Casas Particulares y Ley del Trabajo Agrario”, aclaró.
Al respecto, indicó que “tenemos el trabajo comunitario que también tenemos un montón de proyectos de ley para regular el trabajo de otras tantas mujeres en otros ámbitos y de otras maneras, pero vamos a comenzar por estas normativas de licencias con el objetivo de llegar a un dictamen y avanzar en una discusión hacia el recinto”.
A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, explicó las estrategias que utilizaron para pensar el tratamiento de las distintas dimensiones que implican el cuidado en el país.
“Hoy comenzamos con el tema de licencias y en pocos días vamos a convocar a asesores para trabajar el otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias tanto monotributistas como cooperativas. La intención es avanzar con ese tratamiento pensando que hoy vamos a estar trabajando la situación de las personas que están en un contexto de trabajo formal y, del otro modo, vamos a trabajar y generar instancias para que esas personas que dedican mucho tiempo a esta tarea que es parte de ganarse la vida también puedan ir adquiriendo instancias de trabajo formal”, manifestó.
En suma, Macha resaltó que es un tema de “agenda política, social y cultural” y “poder mejorar las condiciones de trabajo para poder mejorar las condiciones de cuidar y es algo que también tiene que ver con la distribución de la renta”.
Sin ser parte de ninguna comisión, pero en carácter de autora de una de las iniciativas, la primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, consideró que “teniendo en cuenta la propuesta del Ejecutivo Nacional que es más completo, mi propuesta en el proyecto es puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica”.
Además, citó la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 “hace referencia al nacimiento biológico y a las licencias que pueden tener las trabajadoras solamente en casos de maternidades biológicas”. En esa línea, Banfi remarcó que ha presentado tres veces el proyecto en la posibilidad de “reconocer los derechos que tienen los niños adoptados a poder también contar con la licencia de sus padres o no gestantes, en función de la construcción familiar, la posibilidad de contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.
“Cuando hablamos de licencias, y en este caso por adopción, es principalmente necesaria para el niño que se lo incluye en un nuevo grupo familiar y todo ese tiempo es extremadamente valioso, sin duda para un bebé también, pero que se da en otro contexto. Creo que un concepto que en el Congreso debemos trabajar cuando hablamos de inclusión es cómo identificar las diferencias y a partir de ahí poder ser inclusivos”, manifestó la radical y celebró que el proyecto del Ejecutivo contemple la adopción equiparable a la licencia por maternidad biológica.
A su turno, la diputada de izquierda Myriam Bregman celebró el tratamiento de las iniciativas por temas, pero hizo algunas consideraciones. La legisladora planteó que América Latina “viene muy atrasada y desfasada en esta cuestión incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares como en algunos países de Europa”.
“En Argentina estamos en mora, tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Hasta UNICEF cuestiona el tema de las licencias y tareas de cuidado en el país. Claramente la extensión del trabajo precario feroz tiene que ver con esto”, expresó Bregman y contó que a ella le tocó parir siendo monotributista: “Trabajé hasta el momento que tuve dolores de parto y no veía la hora de poder volver a hacerlo porque no tenes manera de poder sostenerte. Esto se agravó y muchísimo”.
En tanto, preguntó: “¿Cuál es el compromiso con este debate? Yo creo que hoy tiene que quedar claro cuál es el compromiso. Sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que la mayoría somos mujeres nuevamente”, y cuestionó: “Me gustaría saber qué compromiso van a poner las fuerzas mayoritarias en el debate para que no pase como en otros temas como, por ejemplo, hipotecados UVA que se debate, se debate y nunca se llega a una situación a pesar de lo apremiante que es para las familias”.
“Queremos que esto tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección en los trabajos incluso para las mamás que amamantan, que tengan un lugar para dejar a sus hijos, etc. Tenemos que aclarar cuál va a ser la agenda y hasta dónde estamos dispuestos a debatir porque en un país regido por la bota del FMI tenemos que ser claros”, planteó la diputada de izquierda.
Además, cuestionó: “¿por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente acá con la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas con un salario que alcance y la creación de trabajo genuino? Pero acá la agenda que primó es la del FMI”.
“En este Gobierno del FdT con el ajuste que está llevando adelante con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es el que menos presupuesto recibe. ¿Cómo se condice con esto?”, criticó Bregman y detalló que durante la gestión de Cambiemos y el actual Gobierno “se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital 87 mil millones de dólares. Eso es lo que se le sacó del bolsillo de los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados. Más de 57 mil millones durante el Gobierno del FdT siendo las principales perjudicadas las mujeres”.
Por último, explicó: “Queremos una sociedad donde las tareas de cuidados sean socializadas desde la alimentación hasta el lavado de la ropa sin cargárselo individualmente a las mujeres en el hogar. Le vamos a poner mucho fervor al debate”.
La diputada radical Carla Carrizo bregó para que “este cuarto intento sea con éxito porque esto atravesó distintos gobiernos. Hace 18 años que está en estado parlamentario este tema. 2005 se presentaron 22 proyectos nunca llegó al recinto. En 2011 tuvimos media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. 2013 tuvimos 23 expedientes, tuvimos dictamen, pero tampoco llegó al recinto. Hoy 35 expedientes a la vista y 2 en tratamiento, creemos que esta tiene que ser la oportunidad de llegar al recinto”.
“Si así hiciéramos lograríamos terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres porque hay licencias distintas de acuerdo al lugar donde se trabaje, mundo formal e informal, pero dentro de la formalidad hay enormes asimetrías. Sector público y privado y dentro del público hay enormes asimetrías. Nación, provincia, tipo de poder. No va así, no somos iguales ante la ley, necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”, alertó Carrizo y se distanció de Bregman al considerar que las licencias “no” son un costo, sino que “son una inversión”.
Y cerró: “Tenemos que avanzar porque no se trata de los partidos de Gobierno, sino que se trata de los derechos de varones y mujeres en el país que es el cuidado compartido. Tenemos que terminar en el país con ese enfoque absolutamente biologicista filiar amorosa. No puede ser esa mirada sesgada. Me encantaría que licencias sea ley antes de que los candidatos terminen el mandato presidencial”.
De la vereda de enfrente, la mendocina del FdT Marisa Uceda planteó que “la carga horaria que representa para las mujeres las tareas de cuidado podemos ver que no es equitativo. La Constitución nos ordena en el artículo 14 bis garantizar condiciones dignas y equitativas de trabajo para todos y esa situación no está ocurriendo con las mujeres”.
“Hablar de tareas de cuidado es algo amplio, pero hay que empezar por uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de acceder al empleo porque nos contratan menos porque la carga de cuidados de los chicos recae sobre nosotros de manera casi exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, a condiciones de empleos menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Esto pasa en todas las esferas”, manifestó Uceda.
Al respecto, remarcó que en el país “no puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo maternal y eso hoy es una limitación. Se no asignó el rol de madres cuidados que nos limitó al acceso al trabajo. Hay que empezar a visibilizar la carga que representan los cuidados”.
“¿No nos hizo ruido que 7 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes?”, preguntó Uceda y precisó que esto tiene que ver con la “no posibilidad de acceder a empleos genuinos y en blanco. Tenemos que avanzar con esto porque Argentina merece tener una legislación laboral avanzada”. También coincidió con Banfi sobre las licencias por adopción porque “la Ley de Contrato de Trabajo en materia de licencias es discriminatoria. Tenemos que avanzar en una ley equitativa, igualitaria y que ponga a las mujeres en una situación de equidad en los empleos”.
En su disertación, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) adhirió a lo expresado por sus pares porque “es un tema que nos tiene que traer unión”. “Hay algunos temas que me parecen imprescindibles que estén en el proyecto que finalmente salga. Uno es de las licencias prenatales porque casi nadie se toma los 45 días antes y casi todos nos tomamos lo máximo después que tenemos a nuestros hijos. Es evidente que hay muchos mecanismos para cambiar las fechas y muchas madres lo hacen porque no quieren tomarse un mes antes cuando no es un embarazo de riesgo, creo que es importante permitir que se puedan tomar desde 15 días antes”, propuso.
“Es evidente que 3 días, 5 días no sirven para ningún duelo si quieren que esa persona vuelva a funcionar en su trabajo porque el trabajo emocional que eso requiere no tiene un tiempo. Hay que tener en cuenta los casos de fallecimiento perinatal que se considero un tiempo para que el cuerpo de una pueda de a poco transformarse”, expresó al recordar su experiencia hace un año tras el fallecimiento de uno de sus bebés.
Al finalizar, coincidió en que las licencias por maternidad y paternidad “no solo son una injusticia para las madres, sino para los varones porque la gran mayoría han empezado a cambiar y quieren ser parte esencial de la vida doméstica de los hijos”.
“Esto es una problemática que nos preocupa”, expresó la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y agregó: “Esto ha trascendido gestiones y no podemos estar como legisladores ausentes de esa conexión con la realidad dura que vivimos”. Al respecto, consideró que “hay que darle el debate necesario, con tiempo y en cada punto en común que podemos encontrar entre los 50 proyectos que abarquen distintas cuestiones para dar una respuesta a la realidad porque el cuidado está compartido”.
En el tramo final, hizo uso de la palabra la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, consideró que “el problema con las licencias no lo tienen los que tienen 90 días, sino que tienen 0 días como monotributistas, informales. Pero por un lado hay que empezar y esto también es una deuda que la venimos pateando y me parece que, si hay vocación de trabajar de manera racional y acotada una reforma a lo que ya existe en los convenios, de lo que ya existe para el empleo público en muchos municipios y provincias y dependencias del Estado, es de alguna manera un primer paso que necesitamos hacer”.
“Tenemos que hacer con absoluta seriedad y hay que despejar algunos temores que puede generar este tema. El primero es pedir un dictamen a la Oficina de Presupuesto para que se vea que esto no es un enorme impacto fiscal inabordable. Este régimen no solo lo pensamos para las empresas grandes, sino para las PyMes y Micro Pymes también porque la mayoría de las mujeres se inserta en la informalidad porque el 62,9% de las mujeres que trabajan no registradas trabajan en esas Micro PyMes y 19,7% más llegan al 82% más cuando le sumamos las PyMes. Ahí está el 88%. Este es el problema más grande que tenemos con la informalidad”, precisó Lospennato.
Además, indicó que “cuando hablamos de las registradas los números son 32,6% y 27,1% el 60% está en ese sector”.
Diputados de todos los bloques habían presentado sus propias iniciativas, a saber:
FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itaí Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.
JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.
Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.
El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.
Cabe consignar que, en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).
El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.
También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.
Tipos de licencias previstas
En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).
El proyecto del Poder Ejecutivo presentado hace más de un año será analizado en el marco de un plenario, junto a casi medio centenar de otras iniciativas, de donde surgirá un dictamen unificado.
Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunirá este martes a partir de las 16 para tratar una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado. Todos ellos servirán para complementar el presentado por el Poder Ejecutivo hace poco más de un año por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA).
La reunión prevista para realizarse en la Sala Nº 1, sita en el 2° piso del Edificio Anexo A, tiene nada menos que 47 proyectos de ley en el temario.
El proyecto del Ejecutivo contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.
El temario que analizará las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha contempla 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. La reunión conjunta ha sido convocada a los efectos de iniciar el estudio de todos los proyectos sobre el tema, con el fin de elaborar un dictamen unificado.
Se trabajará sobre la base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Hay proyectos de diputados de todos los bloques, a saber:
FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itai Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.
JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.
Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.
El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.
Cabe consignar que en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).
El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.
También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.
En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).
La iniciativa, que ya recibió aval de la Comisión de Salud, será tratado en Mujeres y Diversidad. El temario incluye proyectos de igualdad de género en el deporte y las Sociedades del Estado, y otro sobre Ley Micaela para los medios.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados se reunirá este martes a las 15, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja, para tratar un conjunto de proyectos entre los que se encuentra el que establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que es aquella que se produce entre la semana 22 hasta 7 días después del nacimiento.
La iniciativa, que había tenido dictamen de comisiones el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto, se denomina “Ley Johanna”, en alusión al caso de Johanna Piferrer.
El texto fue despachado favorablemente la semana pasada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública y continuará así su trámite en la comisión que preside Mónica Macha. Resta que también sea analizada en Presupuesto y Hacienda.
De acuerdo al proyecto, todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.
Se busca dotar las y los profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.
Asimismo, las mujeres y personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada; un trato respetuoso, individual y personalizado; tomar contacto con el cuerpo sin vida, teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo; tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso; recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y/o donación de ésta; entre otros.
Otro de los puntos del temario es el proyecto que establece la creación de un sistema integral de igualdad y paridad de género en el deporte, garantizando la igualdad, participación, inclusión, acceso y representación de las mujeres y diversidades en todos los ámbitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva. La iniciativa ya cuenta con aval de la Comisión de Deportes.
Entre sus principales aspectos, incluye modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte- y estipula la creación del “Programa de Igualdad en el Deporte”, que deberá ser articulado entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
También determina un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado: durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.
La Comisión de Mujeres y Diversidad tratará, además, un proyecto que promueve la paridad de género en los directorios de las Sociedades del Estado; y otro para establecer la Ley Micaela, de capacitación en cuestiones de género, en los medios de comunicación.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja emitió dictamen por unanimidad el proyecto de ley sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal.
La Comisión de Mujeres y Diversidad llevó a cabo este lunes la primera reunión presencial después de la pandemia en donde obtuvo dictamen por unanimidad el proyecto de ley “Johanna” sobre procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, ya que en Argentina “no existe un protocolo que informe cómo deben desenvolverse los profesionales de la salud ante estas situaciones concretas”. A su vez, propone un “registro actualizado que contenga los datos a fin de determinar las casas y factores que contribuyen a esas muertes”.
Antes de dar tratamiento al proyecto, la presidenta de la comisión, Mónica Macha, anunció que las exdiputadas Cristina Álvarez Rodríguez y Gabriela Cerruti serán reemplazadas por Daniela Vilar y Patricia Mounier, tras sus salidas.
Johana Piferrer, impulsora del proyecto, fue la primera oradora quien contó que “este proyecto comenzó cuando hice un posteo en redes sociales, empecé a recibir relatos donde la violación y vulneración de derechos se repetía y me di cuenta que no era la única y no estaba sola”.
“Todo lo que hicimos en ese momento estuvo bien, no estábamos locas, sino que éramos invisibles. Todas las leyes que nos abrazan hablaban todas de nacimientos con vida, entonces al mes y medio que tuve a Ciro investigué y en el 2015 hice una denuncia al Ministerio de Derecho y Justicia de la Nación”, detalló y agregó que “el Defensor del pueblo de la Nación dictó una resolución sobre la violencia obstétrica frente a la muerte perinatal”.
Por consiguiente, Piferrer destacó que “logramos visibilizar en la agenda pública y mediática esta problemática. Creamos una red federal sin perder de vista la complejidad de cada territorio en el desafío de respetar las pautas culturas de cada mujer de cada comunidad”, y añadió: “Esperamos dar un paso más a la sanción, porque donde hay necesidad hay un derecho”.
“Tuve que tomar pastillas para cortar la lactancia, ponerme vendas muy fuertes en los pechos, sin ningún tipo de acompañamiento e información. Teniendo que escuchar el llanto de otros bebés cuando estaba internada en maternidad. No tuve acompañamiento ni contención psicológica. La respuesta del Ministerio de Salud fue tomar pastillas antidepresivas”, recordó con dolor y con su voz quebrada.
Gabriela Lena (UCR) fue la primera en pedir la palabra y expresó: “Es una ley más que necesaria para esas mujeres gestantes que atraviesan esa terrible situación, el dolor y la culpa que se siente perder un embarazo deseado”, y agregó: “Que te internan y no te den las explicaciones necesarias, por eso necesitamos que el Estado nos acompañe en brindarnos esa seguridad, cercanía y contención”.
Por su parte, la diputada María Fabiana Zárate brindó su relato: “Tengo 7 embarazos y 5 hijos vivos, mi segundo hijo nació con un pronóstico de muerte, lo acompañé los días que vivió y murió. En ese lapso me puse hormonas para generar más leche por si ese bebé llegaba a vivir, esa leche la doné a la maternidad”, y remarcó que “tuve la suerte de tener una familia que me contuvo”.
A su vez, Lidia Inés Ascarate (UCR) manifestó que el testimonio de Johanna ayudó a “pensar en políticas públicas” y “luchar para que los derechos lleguen”, por eso “creo que es muy importante un Ministerio de Salud que se ocupe, que investigue y brinde información sobre el tema”.
En ese sentido, procedió a leer los derechos que plantea el proyecto de ley: “Recibir información suficiente y adecuada, que este acompañada, que haya un trato respetuoso, que se tome conocimiento fehaciente de las causas, a recibir tratamientos médicos y psicológicos”, y remarcó que “esto es fundamental” y concluyó que “se debe incluir dentro de la curricular de los profesionales de la salud”.
Los objetivos del proyecto de ley son: “Dotar a las profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal”.
“Posibilitar mediante diversas estrategias que las mujeres, personas gestantes, pareja y/o familias puedan atravesar y aceptar la pérdida en un ambiente de contención y cuidado, y con el acompañamiento de profesionales especialistas en la materia”, establece en segundo lugar el texto.
Por último, plantea: “Facilitar a las personas incluidas en el inciso b del presente artículo la información necesaria acerca de las opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las profesionales durante todo el proceso”.
Luego, obtuvo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y ya está lista para ser aprobada en el recinto de la Cámara baja.
Desde el año pasado se presentaron al menos cinco proyectos de ley con ese fin. Proponen adoptar medidas excepcionales con un presupuesto específico. En lo que va del año hubo casi medio centenar de femicidios.
Por Carolina Ramos
A pesar de las medidas gubernamentales y las leyes vigentes contra la violencia de género, el drama de los femicidios se agudizó: según el último relevamiento de La Casa del Encuentro, en lo que va del año se registraron casi medio centenar de casos. Fue el destino trágico de Guadalupe Curual en Villa La Angostura y de Úrsula Bahillo en Rojas, dos víctimas que habían denunciado previamente a sus agresores.
Frente a este panorama, diputados de diferentes bloques presentaron desde el año pasado cinco proyectos de ley para declarar la emergencia nacional en materia de violencia de género, facultando al Poder Ejecutivo a implementar medidas urgentes y excepcionales con un presupuesto específico.
Hay una iniciativa del Pro encabezada por la cordobesa Soher El Sukaria; otra del bloque Córdoba Federal liderada por Alejandra Vigo; una tercera presentada por Enrique Estévez en coordinación con MuMaLá y Mujeres Socialistas; una cuarta impulsada en soledad por la oficialista salteña Lía Verónica Caliva; y una última del Frente de Izquierda impulsada por Nicolás Del Caño.
Los proyectos tienen giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Mujeres y Diversidad. “Este año vamos a trabajar distintos ejes en la comisión, y el primero es violencia por razones de género. Hay muchos proyectos que están vinculados a la temática”, dijo la oficialista Mónica Macha a parlamentario.com.
El socialista Estévez, uno de los promotores de la ley, consideró que “en un país donde muere una mujer cada 30 horas es necesario declarar la emergencia”. “No sé qué más tenemos que esperar para darle a esto el marco que corresponde”, expresó a este medio, y si bien consideró “positiva” la existencia de un Ministerio de Mujeres y Diversidad, aclaró que “eso no se traduce por sí solo en políticas públicas que prevengan y aborden esta situación”.
Según datos de MuMaLá, en 2020 fueron 329 las muertes de mujeres, lesbianas, travestis y trans por motivos de género: los femicidios y transfemicidios fueron los únicos delitos que no descendieron durante la pandemia. “Urge una decisión política para concentrar, articular y reasignar recursos económicos y humanos frente a la violencia machista”, alertó Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la organización, quien impulsa una petición en Change.org que ya reunió más de 138.000 firmas.
Uno de los principales ejes de los proyectos presentados tiene que ver con dotar a las provincias y a los municipios del presupuesto necesario para responder más velozmente a las denuncias por violencia de género y brindarles un seguimiento adecuado. Algunas iniciativas proponen también otorgar una asignación mensual a las víctimas en situación de vulnerabilidad, y a su vez garantizar la compensación económica a hijos de víctimas de femicidios, como se estableció en la “Ley Brisa”.
Otro de los objetivos tiene que ver con mejorar el funcionamiento de la línea 144, que brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres en situación de violencia. Lo que se busca es profundizar el seguimiento de las denuncias en articulación con provincias y municipios. En el primer semestre de 2020, y en el contexto del aislamiento social, 55.715 personas realizaron consultas a esta línea, según un relevamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.
Los proyectos coinciden en que se deben garantizar en todo el país dispositivos de geolocalización para detectar violaciones de medidas perimetrales por parte de los agresores. Asimismo, se promueve la adopción de políticas de desarme de agentes de seguridad violentos y el cumplimiento del patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, garantizado por ley. Por último, impulsan la producción de estadísticas oficiales unificadas.
Se propone además reforzar las capacitaciones de género en los tres poderes del Estado, tal como se estableció en la denominada “Ley Micaela”. En particular, apuntan a intensificar la formación de los operadores judiciales y también de las fuerzas policiales y de seguridad, así como jerarquizar la labor de promotoras territoriales que realizan tareas de prevención en los barrios.
El efectivo cumplimiento de las leyes de Salud Sexual y Procreación Responsable, y de Educación Sexual Integral, es otro de los reclamos plasmados en los proyectos de ley.
En la apertura de sesiones ordinarias, Alberto Fernández no omitió el tema y convocó a que la lucha contra la violencia de género sea considerada una política de Estado.
El presidente repasó las acciones llevadas adelante en el marco del Plan contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022, como el Programa AcompañAR y la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios.
También informó que se incrementó en un 50% la entrega de dispositivos duales de supervisión, monitoreo y rastreo de víctimas y agresores; y anunció la construcción de 14 centros territoriales en distintas provincias para el abordaje de las violencias.
Fernández dedicó un párrafo especial al accionar de la Justicia. “La práctica judicial ha sido deficitaria en los procesos relacionados con violencia de género. Esta realidad implica la necesidad de modificar aspectos estructurales del sistema de justicia actual que han demostrado ser ineficaces para atender a las mujeres que se acercan a él en pedido de ayuda”, sostuvo.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados dictaminó un proyecto de declaración en ese sentido. También avanzó una propuesta para que los gremios adhieran a la Ley Micaela.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Frente de Todos), dictaminó este martes a favor de un proyecto de resolución que expresa “preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género, intrafamiliar y femicidios durante el aislamiento social y obligatorio por el Covid-19”.
La iniciativa fue unificada en base a proyectos de las diputadas Mara Brawer (Frente de Todos), Claudia Ormachea (Frente de Todos) y Sofía Brambilla (Pro), y manifiesta “el compromiso de la Cámara de Diputados en seguir trabajando junto a los poderes Ejecutivo y Judicial en el abordaje integral del tema para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres”.
Por otra parte, recibió dictamen un proyecto de la oficialista Patricia Mounier que invita a las centrales de trabajadores a adherir a la Ley Micaela (27.499), con el objetivo de incentivar y promover actividades de capacitación en las organizaciones gremiales.
“Buscamos instalar en los gremios una agenda feminista, ya que consideramos que son espacios importantes de capacitación”, enfatizó Mounier, dirigente de SADOP y de la Corriente Federal de Trabajadores.
Durante la reunión virtual, además, se aprobaron otros proyectos de resolución y declaración relacionados con las temáticas de género y diversidad, entre los cuales se destaca el reconocimiento al trabajo que realiza la Fundación “Mujeres en Igualdad”, así como también un repudio a los hechos de “violencia política, persecución y criminalización de mujeres” en la provincia de Salta.
El proyecto se trató en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, donde avanzaron también distintas declaraciones de beneplácito y repudio.
La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (Frente de Todos) aprobó un proyecto de declaración que expresa reconocimiento a la labor de las promotoras territoriales en prevención de violencia de género.
La iniciativa fue presentada por la oficialista Lía Verónica Caliva, quien manifestó que “este reconocimiento es fundamental a cinco años del primer Ni Una Menos”.
“Logramos que este aporte emerja con mucho valor. Las promotoras realizan un trabajo invaluable e incansable”, aseguró la legisladora.
Otro de los proyectos aprobados en la reunión, impulsado por Macha, expresa preocupación por el desfinanciamiento del bachillerato popular travesti- trans Mocha Celis, en el ámbito del Ministerio de Educación porteño.
“Es un bachillerato fundamental en el que muchas compañeras llegaron a término con sus estudios, y que tiene serios problemas de financiamiento en relación al edificio y dificultades tecnológicas”, advirtió Macha.
Juntos por el Cambio compartió la preocupación pero no acompañó el proyecto, al considerar que “no es genuino que no haya un financiamiento integral”.
Asimismo, la comisión expresó pesar por el fallecimiento del activista de derechos humanos César Cigliutti; y manifestó beneplácito por la postulación de la abogada Marisa Herrera para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
También avanzaron proyectos de beneplácito por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia; y declaración de interés del décimo aniversario de la creación de ONU Mujeres.
La comisión además expresó repudio por el ataque contra manifestantes del Día Internacional del Orgullo LGBT en Córdoba; y rechazó las expresiones realizadas por el fiscal de Cutral Có Santiago Terán en relación a las víctimas de violencia de género.
En declaraciones periodísticas, Terán opinó que “tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género”, tras lo cual el Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició un sumario administrativo en su contra.
Las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de Diputados avalaron la iniciativa que establece la incorporación del 1% del personal en el sector público y promueve incentivos para el sector privado.
Tras varios años de reclamo por parte de las organizaciones LGBTIQ, el proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros obtuvo dictamen este jueves durante un plenario de las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que culminó con aplausos.
La iniciativa logró un amplio acompañamiento, aunque fue firmado con disidencias parciales por los diputados radicales Albor Cantard, Soledad Carrizo, Fabio Quetglas, Dolores Martínez y Estela Regidor; la macrista Natalia Villa; y la legisladora de la izquierda Romina Del Plá.
En tanto, Mario Arce, Estela Regidor (UCR); Alicia Terada, Mónica Frade (CC-ARI); y Alejandro García (Pro) se abstuvieron en la votación, realizada a viva voz en el final del encuentro.
En primer término, la titular de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), destacó que el dictamen es “producto de un trabajo muy intenso” que reunió aspectos de “15 proyectos presentados”. Asimismo, avisó que la iniciativa es “el primer punto” de un “paquete de leyes” de la agenda en pos de ampliar derechos para el colectivo trans.
La bonaerense remarcó que “la incorporación al ámbito laboral formal” es fundamental para que muchos puedan “dejar de lado la prostitución como actividad de sobrevivencia”. Además, valoró la militancia de las organizaciones de la diversidad y reconoció las figuras de Diana Sacayán y Lohana Berkins.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (FdT), señaló que “el puntapié a este avance no se puede negar que lo ha dado el Poder Ejecutivo y también el Senado”, al tiempo que agradeció a sus “compañeras que han luchado para que esto se concrete”. Agregó que “sin dudas para que este derecho se convierta en una realidad efectiva es fundamental el rol de las organizaciones sindicales”, y aseguró que los gremios “se deben este debate” de incorporación de personas trans y travestis.
A su turno, el santafesino Albor Cantard (UCR) lamentó que la Comisión de Legislación del Trabajo no haya tenido la oportunidad de debatir el proyecto, ya que esta fue la única reunión conjunta, más allá de las varias reuniones informativas que llevó a cabo la Comisión de Mujeres y Diversidad.
En ese sentido, el legislador expresó que hubiera sido bueno discutir sobre “qué se entiende por antecedentes penales relevantes o no; si las personas que han cometido delitos contra la administración pública entran a la ley o no; si está bien el 1% para el cupo o el 0,5% era suficiente”, entre otros aspectos.
En consonancia con su par de Juntos por el Cambio, el porteño Alejandro García (Pro) consideró que la iniciativa “toca un montón de puntos que hace ni más ni menos que a la competencia específica de nuestra comisión”. “No entiendo ninguna explicación razonable para que este proyecto no haya sido debatido una sola vez en la comisión que usted preside y que yo integro”, le reclamó a Vanesa Siley.
El legislador apuntó que “no son temas menores” las reformas previstas a la Ley de Empleo Público e insistió que “hay muchas materias en las que se podría haber mejorado la redacción”. “No lo podemos acompañar responsablemente”, completó.
Siley le respondió que receptaba la crítica y la iba a tener en cuenta para “la próxima oportunidad”, pero argumentó que “las reuniones informativas son públicas”, además de que mientras se realizaban en la Comisión de Mujeres y Diversidad “nosotros estábamos abocándonos a discusiones de la Ley de Teletrabajo y la ratificación del Convenio 190 OIT”.
“Cuando las luchas son largas y llevan muchos años, el momento de conquistar derechos también se analiza en la oportunidad, mérito y conveniencia, y había un impulso muy grande a raíz del avance del Poder Ejecutivo y el Senado”, justificó la oficialista.
Durante el debate, la diputada Flavia Morales (Frente de la Concordia Misionero) opinó que con el proyecto se está “sanando un poquito en todo lo que se vieron limitados (los miembros del colectivo) y totalmente excluidos, tanto al trabajo, la salud y la educación”.
La misionera pidió no hablar de cupo, sino de “inclusión”, porque “con esta legislación estamos tratando de dignificar”. También llamó a “acompañar la lucha en el día después de la sanción de la ley” para “que se cumpla en cada una de las provincias”.
“Rescato los pedidos que han hecho los compañeros de nuestro interbloque, en torno a que hubiera facilitado el proceso de debate las informativas conjuntas; pero también quiero decir que esto tiene una larga historia en nuestra Cámara, que se remonta mucho más allá de 2016”, dijo Brenda Austin (UCR).
La cordobesa añadió que “las condiciones de la Cámara están dadas para que avancemos con una ley integral”. “Nos debemos una reparación mucho más profunda”, continuó y, en esa línea, se refirió a la niñez trans, de modo de “buscar respuestas y soluciones para todo el proceso” de la vida.
Avanzada la discusión, la diputada Romina Del Plá (FIT) propuso una serie de modificaciones, entre ellas que la ley sea de orden público y de aplicación inmediata -ya que se prevé su entrada en vigencia 60 días después de su aprobación-, al tiempo de rechazar los incentivos para el sector privado. “A las patronales no hay que subsidiarlas más”, aseveró.
Desde el oficialismo, el legislador Facundo Moyano (FdT) ratificó su aval a la iniciativa, pero también enumeró varias propuestas de cambios al texto -antes de su llegada al recinto- para “estar sólidos en el argumento político y legislativo”. “Tenemos que tratar de mejorar el proyecto en cuanto a la técnica legislativa”, subrayó, entre ellos “ser específicos en los antecedentes penales”, algo planteado por Cantard y García.
El jefe del bloque CC-ARI, Maximiliano Ferraro, enfatizó que la iniciativa es para beneficiar a “una población que sinceramente no es un sector vulnerable, sino un sector que ha sido vulnerado en su derecho a ser, en su libertad y en su vida”. “Es una ley que reconoce y amplía derechos”, ponderó, además de manifestar que “tiene que ver como un acto reparatorio por parte del Estado”.
Finalmente, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT) resaltó que esto es parte de “una lucha que se viene dando desde hace tanto años” y “una deuda pendiente enorme que tiene el Estado”. La oficialista sostuvo que el proyecto tiene “una enorme legitimidad”, al contar con “el respaldo de 200 organizaciones” de todo el país.
La iniciativa permite que las personas del colectivo trans “puedan comenzar a tomar decisiones y desarrollar su propio proyecto de vida”, destacó la legisladora, y celebró: “No creo que sea una casualidad que se trate hoy, que se conmemora el 125° aniversario del nacimiento de Juan Domingo Perón”.
Puntos centrales del proyecto
El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.
Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.
La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.
Al igual que había dispuesto el Ejecutivo el pasado 4 de septiembre, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.
Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.
“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el artículo 7.
Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.
Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.
El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.
“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, agrega.
Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.
A diez años de la aprobación de la norma, integrantes de la Comisión de Mujeres y Diversidad mantuvieron un encuentro virtual con dirigentes de España, país donde también dentro de unos días se cumplen 15 años de esa ley.
Con el foco en los temas de la agenda del movimiento LGBT que todavía se encuentran pendientes, diputados nacionales dialogaron con dirigentes españoles al recordar el 10° y el 15° aniversario de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina y en España, respectivamente.
La charla de intercambio, que se extendió por tres horas, fue propuesta por el legislador Maximiliano Ferraro (CC-ARI) y se desarrolló en el marco de la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside Mónica Macha (Frente de Todos).
La oficialista, quien dio la apertura a las exposiciones, consideró que la Ley de Matrimonio Igualitario (2010) y Ley de Identidad de Género (2012) “han cambiado nuestra cultura”.
La bonaerense recordó que los “derechos que venían siendo reclamados por distintas organizaciones” necesitaban “encontrar una propuesta y voluntad política que realmente pudiera concretarlos”. Destacó que la ley tuvo una “militancia concreta” por parte del expresidente Néstor Kirchner, quien por ese entonces era diputado nacional y falleció meses después de la sanción.
Macha afirmó que por delante se encuentra el “desafío” de la construcción de un “transfeminismo plurinacional y popular” que termine “con el enfoque binario que es tan es dañino, porque en definitiva también es incluidos y excluidos”.
A su turno, la legisladora Brenda Austin (UCR) hizo un repaso por el trayecto realizado hasta que se llegó al debate de 2010, recordó que en 1998 se había presentado el primer proyecto y reconoció que “el rol de los jueces y juezas en muchas oportunidades ha sido el camino para el reconocimiento de esos derechos”, antes de que existiera la ley.
“Indudablemente tenemos hoy una sociedad y una generación con una mirada distinta, con una mayor tolerancia, con una vivencia de su sexualidad desprovista de prejuicios”, sostuvo, pero advirtió también que hay “muchos resortes en Argentina de homo-lebo-transfobia”. En ese sentido, la cordobesa mencionó el episodio en el cual este último fin de semana, excombatientes de Malvinas intentaron bajar una bandera LGBT en el Parque Sarmiento de la capital de Córdoba.
Austin manifestó que por delante hace falta “una ley trans”, una revisión de la Ley de Actos Discriminatorios y la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral.
Por su parte, la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) remarcó que en 2010 el reclamo “era una lucha de las organizaciones, pero no era una lucha popular”, a diferencia de lo que sucedió en 2018 con el proyecto de aborto legal, discutido en todos los partidos, las universidades y otros ámbitos.
Por eso, reinvindicó también la “voluntad política” de Néstor Kirchner, quien el día de la votación en Diputados “faltó a su asunción como presidente del Parlasur”. “Cuando se amplían los derechos para una parte de la sociedad, en realidad es la sociedad toda que se libera de esa opresión”, completó.
Impulsor de la jornada, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, expresó: “Hace 15 años en España y 10 años en Argentina dábamos un paso trascendental desde lo simbólico, pero sobre todo empezábamos a llamar las cosas por su nombre y a concretar derechos que no estaban reconocidos y nos eran negados”.
El porteño abogó por seguir “construyendo comunidad, una comunidad cada vez más orgullosa, una comunidad que cada vez debe ser más visible y que no está dispuesta a retroceder”. “Tenemos el deber inexcusable de seguir construyendo respuestas, puentes y poner la voz en aquellas situaciones que atraviesan muchísimas personas y países”, agregó.
Ferraro aseguró que se necesita “una gran coalición internacional que condene los crímenes de odio y la criminalización que hoy sigue existiendo”, asimismo que esté alerta sobre los “avances reaccionarios y conservadores que pretenden el no reconocimiento del otro y la eliminación de todo tipo de diversidad”.
“Hoy en más de 68 países se criminalizan los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo. En 11 países la pena máxima es la muerte, y en otros 9 hay pena indeterminada o perpetua“, indicó.
Por el Frente de Todos, el diputado Leonardo Grosso recordó que el día de la sanción de la ley, el 15 de julio de 2010, en la movilización ante el Congreso “eramos muy poquites, no había mucha gente”, pero sí “había más gente en el Obelisco en contra de la ley”.
“Esa correlación de fuerzas al interior de nuestra sociedad cambió hace unos años cuando se impuso en el mundo y en Argentina esta enorme marea de los feminismos que salió a la calle”, dijo y ponderó: “Eso me hizo sentir, por primera vez en la calle, parte una mayoría social. Y eso es central para construir la agenda de lo que viene”.
La legisladora Silvia Lospennato (Pro), vicepresidenta de la comisión, señaló que la ley “no es nada más que una forma de concretar, de ponerle forma al derecho a la igualdad” que “está reconocido constitucionalmente” y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
La macrista afirmó que hay que avanzar en una norma que “penalice los delitos de odio” y reflexionó que para enfrentar los “desafíos” pendientes, hay que “construir nuevamente transversalmente, con la calle, y que los legisladores estemos a la altura de reconocer que los derechos están ahí”.
Además, aportaron sus voces los diputados Romina Del Plá (FIT), Enrique Estévez (Partido Socialista), Gabriela Estévez (Frente de Todos), Gabriela Lena (UCR) y Jimena López (Frente de Todos).
La voz de los dirigentes españoles
Del encuentro participaron dirigentes de España como Marta Higueras, concejala en el Ayuntamiento de Madrid, quien recordó la “explosión de alegría” el día que se sancionó la ley en su país (2 de julio de 2005), por la cual “habían luchado muchas personas”.
Desde su experiencia personal, reveló que como concejala tiene la facultad de oficiar bodas y, al recordar que su primera boda igualitaria le dejó un gusto amargo ya que dos jóvenes no contaban con el apoyo de sus familias, señaló: “Esto quiere decir que tenemos la ley, pero falta mucho por hacer”.
“Hay que seguir reivindicando los derechos, exigiendo leyes, concientizando a la gente, saliendo de los armarios, visibilizandonos y tratar de parar esta pandemia de homofobia y transfobia que está recorriendo el mundo. Y para ello es muy importante que las personas LGBT estemos en las instituciones”, enfatizó.
La diputada de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli (PSOE) resaltó que “los derechos humanos de las personas son incuestionables. Los derechos fundamentales no se debaten, no se discuten”. “Aquellas sociedades que no humillan a sus miembros son mucho más decentes”, dijo e hizo hincapié en la necesidad de la unidad del movimiento. “Todos, todas y todes juntos somos mucho más. La unión hace la fuerza”.
En tanto, Felipe Sicilia, diputado en las Cortes Generales, planteó que uno de los “compromisos” como legisladores es tratar el tema de la educación, porque actualmente hay grupos que ponen “en cuestión que se pueda enseñar a nuestros menores en los colegios sobre diversidad e identidad de género”. “Sin duda la sociedad de mañana es la hoy estamos formando. La mejor forma de evitar una transfobia mañana es educando hoy”, remarcó.
También expusieron Beatriz Gimeno, directora del Instituto de la Mujer de España; Fran Ferri, diputado de las Cortes Valencianas; y Tony Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo.
La jornada estuvo moderada por la periodista parlamentaria Amanda Alma y el periodista argentino con ciudadanía española Gustavo Pecoraro.
