La Cámara de Diputados cerró este jueves una intensa jornada legislativa con la constitución de la Comisión de Mujeres y Diversidad siendo ratificada como presidenta la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) y confirmaron como día y horario de reunión los martes a las 15.

“Militante transfeminista, Licenciada en Psicología y doctorando en Salud Colectiva. En su gestión en Morón llevó adelante una política que fue pionera del abordaje violencias y políticas de género que, además, tuvo un reconocimiento internacional. Fue impulsora del proyecto IVE, del cupo laboral trans en provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados, de la Ley Johanna, de la creación de protocolo para el cuidado, acompañamiento y atención integral para mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, una gran acompañante de las madres protectoras. Una militante todo terreno”, la definió la cordobesa Gabriela Estévez al proponerla a Macha.

En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (HCF) propuso como vicepresidente primero al socialista Esteban Paulón (Santa Fe) quien es “un histórico activista del colectivo LGTBQY+ desde el año 2002 que inició su participación en la Asociación Civil Box una ONG de Rosario que se expandió. En 2005 fue el fundador de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay y Trans organización que presidió desde el 2010 hasta 2015. Desde allí, formó parte del equipo redactor y de incidencia política en lo que fue la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género que son leyes significativas que hacen al reconocimiento pleno y ampliación de derechos”.

En materia de políticas públicas, destacó que Paulón fue “impulsor del área de diversidad sexual de la municipalidad de Rosario y estuvo a cargo de la primera subsecretaría de políticas de diversidad sexual del país. Estamos orgullosos que ocupe la vicepresidencia”.

Para la vicepresidencia segunda fue propuesta María Sotolano (Pro) quien se desempeñó en “actividades de territorio y cerca de la gente a través de la Secretaría de Desarrollo Social”.

La secretaría primera que le corresponde a UP, la segunda que es para La Libertad Avanza y la tercera para la UCR, quedaron pendientes de designación de nombres.

Promediando el encuentro, Estévez solicitó a que la comisión exprese repudio al respecto de lo sucedido con una militante de la agrupación H.I.J.O.S cuya noticia se difundió en los medios en la mañana de este jueves. “La abusaron sexualmente, le robaron documentación y le dejaron una leyenda de ‘VLLC’. No quiero orientar esto a ninguna fuerza política, pero si hablar de la gravedad que estos hechos tienen”, expresó la cordobesa.

“Es fundamental que en términos de respeto y resguardo de la democracia que lo podamos hacer en esta instancia”, afirmó Macha.

 

Luego de cuatro encuentros, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este martes para emitir dictamen al proyecto que, en cuestión, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 para la ampliación de licencias laborales de cuidado, pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento.

Al inicio del encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, y con el quórum reglamentario de cada comisión, Vanesa Siley -titular de la Comisión de Legislación del Trabajo- pasó a enumerar cada proyecto que se puso a consideración y agradeció la presencia de Walter Correa, ministro de trabajo bonaerense, y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y a representantes de la CGT.

Luego, Siley explicó que son tres los dictámenes a firmar: el de mayoría oficialista, otro de JxC y el restante del interbloque federal. “Sintetizamos 55 proyectos de ley que son de todos los bloques parlamentarios”, resaltó y explicó: “Esto que estamos regulando abarca un universo según las proyecciones del Ministerio de Trabajo de 32.926 personas un universo anualizado, beneficiaríamos a esta cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos”.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo recordó los antecedentes legislativos al respecto y detalló: “Se ha intentado regular, y esperemos que esta sea la última vez, cuatro veces en la Cámara de Diputados en el año 2006,2008,2013 y 2014. También se le dio media sanción en el 2006 y en el Senado de la Nación se ha dictaminado tres veces también esta temática de ampliación de licencias”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, aclaró que JxC presentó un dictamen propio y que han pedido tener hasta mañana miércoles para poder ingresarlo.

Luego fue el turno de la diputada nacional y secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, quien procedió a leer un documento explicando los motivos del texto propio del espacio. “Uno de los signos propios del deterioro de la economía argentina, pero sobre todo de las condiciones de vida de los argentinos es la creciente precarización de nuestro mercado laboral”, arrancó.

“Cada vez son menos los trabajadores que acceden a un empleo estable bien remunerado, con beneficios laborales como la indemnización por despido, la cobertura médica, la ART y las licencias. Casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentran ocupados en puestos de baja productividad, ingresos y con escasa o nula protección social”, alertó Lospennato.

Así, remarcó que en el último semestre el salario real “cayó al nivel más bajo de los últimos 12 años. El 30% de los trabajadores en general y el 30% de los formales son pobres. Son millones de argentinos que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades básicas de sus familias. Solo el 31% de las personas ocupadas tienen empleos formales en el sector privado, mientras que más de 8 millones de trabajadores son informales. Esta es la realidad que no podemos desconocer y de la que debemos ocuparnos prioritariamente”.

“Pese a los esfuerzos del interbloque de JxC para que la Comisión de Trabajo inicie un debate a esta altura imprescindible sobre la modernización laboral del país, el oficialismo se ha negado sistemáticamente a poner nuestros proyectos en tratamiento”, acusó Lospennato y apuntó: “Pretenden avanzar con una modificación al sistema de licencias que, entendemos, agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social. Otra vez promoviendo leyes sin la correspondiente asignación presupuestaria y desoyendo las advertencias del sector privado respecto de las modificaciones que se pretenden incluir en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Así, adelantó: “Entendemos que no podemos acompañar semejante irresponsabilidad ni en el plenario de comisiones ni mucho menos frente a un eventual tratamiento en el recinto”. Al respecto, Lospennato planteó la necesidad de seguir dando un debate y un análisis presupuestario “que garantice las condiciones de sustentabilidad de la propuesta, vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que aquí están en debate”.

“Es tiempo de debatir profundamente cómo recuperamos la recomposición salarial de millones de argentinos condenados a la pobreza y a la informalidad”, cerró la diputada del Pro.

Por el interbloque Federal tomó la palabra el diputado santafecino Enrique Estévez resaltó el poder debatir “más de 50 proyectos vinculados a licencias. Estamos debatiendo nuevos paradigmas que se están dando en la sociedad que tienen que ver con la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria. Este es un debate que se viene dando en torno a la corresponsabilidad a las tareas de cuidado y el desafío de debatir y encontrar un horizonte para los cambios vertiginosos de la economía”, y anticipó que también presentarán un dictamen de minoría.

Por el dictamen de mayoría, habló la diputada Marisa Uceda (Mendoza) remarcó que hubo proyectos de todo el arco político y señaló: “Antes de este momento parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y visibilizar algo que es un secreto a todas voces, la desigualdad que existe en el mundo laboral entre la permanencia y la calidad de empleo”.

“En clave electoralista algunos han olvidado sus propios proyectos que presentaron y los debates que han dado a lo largo del trabajo”, apuntó y subrayó que es “urgente” mejorar la calidad y el acceso del empleo de las mujeres “no puede ser una discusión en clave electoralista. La defensa de los derechos y de las mujeres no puede tener un clima de época, tiene que ser una construcción colectiva, consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo”.

Sobre el proyecto, resaltó que “viene a intentar garantizar esa igualdad de oportunidades porque va a terminar con esas brechas y segregación que sufren mujeres y diversidades a la hora de acceder a los empleos”, y detalló: “La brecha de ingresos ronda en un 30% menos para mujeres, la tasa de actividad 18,4% en puntos porcentuales menos las mujeres, ni hablar de la informalidad donde las mujeres tenemos un 40% de empleo no registrado”. Uceda no dejó pasar el momento para remarcar la ausencia de la oposición: “Hoy no se sientan acá a dar el debate necesario para que esas mujeres accedan a empleos mejores y con registración”.

La diputada mendocina planteó que el proyecto viene a “corregir inequidades” que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en el Régimen de Licencias especiales. Así, explicó que “se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto”.

También, contó que se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.

Entre las licencias propuestas, Uceda informó que se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.

Además, remarcó que plantea que “queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior, de modo tal de completar los 126 días”.

Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.

El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.

Los restantes dictámenes

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente (a lo largo de 6 años) de 15 días hasta 45.

En caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse. No se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.

El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio, con licencias para personas gestantes de 110 días (entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento) y de 15 días para progenitores no gestantes.

En caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días.

El costo impositivo

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, procedió a brindar detalles de la carga impositiva del proyecto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar el preliminar del texto, afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%, y expresó: “Compartimos todos esos objetivos, para los que hablan de desequilibrio fiscal. Esto aumenta derechos, pero medido en términos de PBI tiene un pequeño impacto. La discusión verdadera es si aumentamos o no derechos, no el costo fiscal, se trata de más o menos derechos”.

“Acá hay dos cuestiones, una de derechos que ha sido ampliamente explicada y otra que se esgrime permanente del impacto fiscal”, sostuvo Heller y se remitió al informe de la OPC

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Por Déborah González y Leandro Bravo

En la vuelta del receso invernal, la Cámara de Diputados retomó el debate sobre el proyecto para la ampliación de licencias laborales de cuidado en un plenario de comisiones, en la que expusieron representantes gremiales y especialistas que respaldaron la iniciativa, pero remarcaron la necesidad de hacer algunas modificaciones.

En este segundo encuentro de carácter informativo de las comisiones Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, presididas por las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha respectivamente, disertaron Noé Ruiz, secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT); Yamile Socolovsky, secretaria de Formación e Investigación de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T); Alejandra Angriman, secretaria gremial de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas y asesora sindical en Asociación Argentina de Actores; María Orsenigo, coordinador de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem.

También expusieron Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Juan Camisassa, coordinador del Programa de Protección Social del CIPPEC, Dina Sánchez, secretaria general Adjunta UTEP y Claudia Lazzaro, secretaria de DD. HH del Sindicato de Curtidores.

El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero, la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es: la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Al inicio del encuentro -que se demoró más de media hora del tiempo pautado- Macha destacó el tratamiento del proyecto porque “es un debate histórico, un derecho no consagrado en términos generales y es una demanda del movimiento de trabajadores”. Además, adelantó que “esta es la última reunión informativa y la idea posterior, en la medida de lo posible, avanzar con las reuniones de diputados para poder dictaminar”.

A continuación, tomó la palabra Siley quien agradeció la participación de los diputados resaltando el “contexto difícil de campaña electoral, de mucha militancia”. “Hay un interés muy grande de esta cámara para que este tema sea tratado, hay un impulso que le estamos dando desde la comisión y hay un interés social para que las licencias sean igualitarias”, expresó y resaltó que se pone a consideración un total de 54 proyectos de ley que tratan el tema que “fueron presentados por todos los bloques parlamentarios”.

“Esta va a ser la última reunión informativa y luego nos vamos a enfocar en perfilar el dictamen o los dictámenes que emitiremos”, anticipó y aclaró que sobre el tema de seguridad social es “arribar a una protección para el universo monotributista”.

La palabra de los invitados

La primera expositora fue María Orsenigo de la Coordinación de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem (Organización Oficial de la Unión Cívica Radical) quien expuso sobre los artículos 158 y 177 para la modificación de los Regímenes de Licencias Maternales, Paternales y Parentales en el Contrato de Trabajo establecido en la Ley 20.744.

En primera instancia, Orsenigo planteó que “se debe generar la creación de empleo genuino para mujeres”, y “este sistema de cuidado está relacionado con metas y desarrollo del crecimiento de trabajadoras (jefas de hogar) dentro del sistema laboral”.

Respecto al artículo 177 de la Ley 20.744, postuló que cada trabajadora pueda retomar sus actividades “Home Office, con jornada reducida, con reasignación de trabajo o con excedencia en sí misma”. Del mismo modo, agregó: “Deberíamos establecer que hemos encontrado en Argentina familias diversas para que haya planes de licencias familiares”.

En tal sentido, explicó: “Podríamos dividir las licencias en tres partes y no en dos (durante embarazo y postparto). Habría que agregar esos puntos y una tercera parte como crianza, y que la mujer o el hombre elijan quien se toma esa licencia por crianza”. “Diversidad es que las familias planifiquen de forma más libre”, aseveró.

Por otro lado, sostuvo que “hay puntos que marcan diferencias entre padres y madres, adoptantes y biológicas, y no debería ser así”. De esta manera, Orsenigo manifestó: “Los días de adopción, los cambiaría a licencia de crianza de madres y padres adoptantes, con la misma cantidad de días, pero con una cláusula que a partir del día de selección para adoptar se contabilicen los días previos hasta que el juez sentencie la adopción”.

Por último, cuestionó que en el artículo 158 “se contemplen algunas enfermedades sí y otras no”, y planteó que “esa transferencia de derechos va a recaer sobre los empleadores directamente”.  

A continuación, Cynthia Benzion festejó el tratamiento del tema y la cantidad de proyectos presentados porque “para nosotros como reconocedores de los méritos de la Ley de Contrato de Trabajo que no rige no podemos dejar de ver que tenemos una ley que, en su momento, contemplaba la función social de la mujer como reproductora de la fuerza de trabajo”.

“Pasaron casi 50 años, hubo un avance muy significativo reconociendo que asignar las tareas de cuidados exclusivamente a las mujeres son violaciones de derechos humanos. Claramente no podemos seguir tolerando mantener el régimen de licencias de la Ley de Contrato de Trabajo”, planteó.

Sin embargo, sostuvo que al leer los borradores de los proyectos “no podemos no señalar que no basta con un proyecto recortado como el que creemos que va a salir en esta etapa. Vamos a apoyar que salga, pero no puede ser el punto de llegada que debe ser la corresponsabilidad. Puede que no haya consenso en que sea el Estado quien se ocupe de nuestros hijos, lo que no podemos tolerar de ninguna manera son los números, las estadísticas porque las mujeres en épocas de crecimiento económico, del empleo, como en las peores crisis sanitarias, económicas y sociales somos las que cargamos con el mayor peso casi exclusivamente”.

“El norte debe estar puesto en la corresponsabilidad porque sino no hay igualdad y no hay no discriminación”, planteó Benzion y comentó que hay un antecedente de la opinión consultiva 27 del 2021 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que “se ocupó de analizar la libertad sindical como un derecho humano fundamental, pero en relación con el género” y “fomentaron redes de cuidado y de participación de las mujeres en el ámbito sindical por lo que es fundamental des familiarizar los cuidados que significa lograr una situación de bienestar para que el cuidado este distribuido de forma equitativa”.

Sobre el borrador del proyecto, planteó algunas cuestiones a tener en cuenta: “La licencia por violencia de género no puede ser de días corridos porque esto ocurre cuando ocurre, cuando al violento se le ocurre. El 80% es ejercida por varones. Porque si no van a resolverle las licencias a las mujeres en el trabajo y van a complicar la situación pensemos qué efecto produce redactar algo en esos términos”.

“También se habló de eliminar normas como la prohibición de trabajo peligroso e insalubre para las mujeres, las dos horas de descanso al mediodía, la prohibición del trabajo a domicilio. No se trata de borrar normas porque ya no se usan, pensemos para qué están y cómo las mujeres y varones trabajadores las podrían seguir necesitando. La prohibición del despido en caso de embarazo y matrimonio hoy es una situación que la ley no está resuelta, la prohibición significa garantía de estabilidad absoluta. No se puede habilitar violar la prohibición cambiándolo por plata porque es una violación de derechos humanos. Sería importante incluir las licencias por terapias de hormonización”, enumeró.

Luego, Yamile Socolovsky, secretaria de Género de la Central de Trabajadores de Argentina de los Trabajadores (CTA – T), inició su exposición al afirmar que “el mundo del trabajo es complejo y fragmentario”, y añadió que “nos coloca a las trabajadoras en lugares de desprotección, vulnerabilidad y ausencia de derechos”.

Socolovsky se mostró optimista respecto a este proyecto y expresó que “es bueno avanzar en una propuesta que implica licencias con situaciones que requieren cuidados”. “Recibir cuidados es un derecho y hay un reconocimiento de que las licencias deben disponer de tiempo”, enfatizó.

“Las trabajadoras estamos cuidando y debemos disponer de tiempo y el mundo del trabajo tiene que poder mirar el régimen. La participación legislativa debe ampliar derechos y es necesario avanzar en políticas de una construcción del mundo del trabajo con plenitud de derechos para todas y todos”, afirmó.

En tal sentido, sostuvo que el trabajo “con pleno reconocimiento de derechos laborales es un paso fundamental”. Así también, consideró que “este proyecto de ley tiene el objetivo de producir igualdad, pero los intereses particulares vienen a traer desigualdad”, dejó a entrever a quienes se oponen a esta iniciativa.

Por último, manifestó que “es muy importante dejar en claro que el derecho a los cuidados es reconocer el autocuidado”, y advirtió que “se deben revisar los cálculos previsionales para que nuestras trayectorias no se vean interrumpidas y generen desventajas al final de las trayectorias”.

A su turno, Natalia Gherardi valoró la incorporación al texto de las personas que se desenvuelven de forma independiente incluyendo autónoma, monotributistas y monotributistas sociales que “accederían por primera vez al derecho de contar con tiempo para el cuidado a través de la asignación de cuidados parentales para personas gestantes y no gestantes”.

“El proyecto es verdaderamente transformador porque hace un recorrido para incorporar una dimensión del derecho al cuidado que promueve la igualdad de personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo y es un avance en el reconocimiento a la universalidad de cobertura”, expresó.

Gherardi enumeró cuatro consideraciones. En primer lugar, hizo hincapié en las razones que justifican algunos de los plazos que se establecen para las distintas licencias de cuidados parentales, en particular para los no gestantes que “es uno de los cambios más profundos del texto”. Así, destacó que “en los últimos años fueron las provincias las que avanzaron en iniciativas para establecer licencias para gestantes y no gestantes que buscan reflejar los cambios sociales, amplían los reconocimientos de derechos y las composiciones familiares, y crean nuevas figuras para llevar a cabo las tareas de cuidado”.

En esa línea, brindó detalles de un informe que hizo la institución que presiden sobre el empleo púbico en la Ciudad de Buenos Aires en donde “se destaca la evaluación positiva de contar con cambios regulatorios que empujen los cambios sociales. El progreso que implica para mejorar la participación en las nuevas dinámicas familiares y fortalecer el vínculo”.

Así, la directora ejecutiva de ELA afirmó que “ampliar las licencias parentales es parte de un cambio cultural y es importante acompañarlo desde las normas y desde el espacio institucional”. En segundo lugar, propuso “no descartar la posibilidad de considerar la progresividad de las licencias para personas no gestantes si esto contribuye a la aceptación en el ámbito del empleo” que podría beneficiar a las empresas pequeñas.

En esa línea, comentó que un informe elaborado junto a UNICEF arrojó que, en opinión de las PyMEs “invertir en políticas de cuidado es un buen negocio porque aumenta la productividad, las personas están menos estresadas, trabajan mejor, reducen el ausentismo, no pierden talento femenino y mejora el clima organizacional y aumenta el compromiso con la empresa”.

Sobre las licencias especiales que propone el proyecto, puntualizó en la que considera de manera conjunta la violencia de género y laboral y propuso que “deben tratarse por separado porque son dos fenómenos diferentes”. Por último, destacó que “lo verdaderamente transformador va a ser la creación de un sistema integral y federal que reconozca las distintas dimensiones del cuidado”. Al finalizar, resaltó que el impacto fiscal de la propuesta se estimó en un 0,074% del PBI.

La secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Dina Sánchez, agradeció que se haya incorporado a trabajadoras monotributistas y los denominó como “gente que debió reinventarse de manera colectiva y desde los territorios”.

A partir de ello, relató que “hay mujeres cartoneando en las calles, muchas vendedoras ambulantes y muchas compañeras que realizan trabajos de cuidados”. “Estamos peleando por los derechos laborales”, afirmó Sánchez.

“En Argentina hay mucho trabajo, lo que no hay es reconocimiento pleno”, indicó, pero aclaró: “Estamos de acuerdo en que se amplíen las licencias a los varones, pero hay hombres que no están deconstruidos y usan esa licencia para jugar al futbol, mirar Netflix o juntarse con amigos”.

Finalmente, la representante de la Unión de Trabajadoras de la Economía Popular cerró: “Ampliemos discusiones y dejen de estigmatizarnos, ya que tenemos más de ocho millones de personas trabajando por fuera del sistema que les faltan derechos plenos”.

Juan Camisassa detalló los principales 3 problemas que tienen las licencias en el país: “El sistema no es universal porque más de la mitad de los trabajadores no puede acceder a una licencia, ya que solo lo hacen los trabajadores en relación de dependencia que son dos por paternidad y 90 por maternidad excluyendo familias adoptantes, no se adapta para nada a otro formato de familia”, y sumó: “Las licencias son las más cortas en Sudamérica y hay una altísima inequidad de géneros”.

Además, celebró que el proyecto extienda a 126 días de licencia para personas gestantes y a 45 a no gestantes y el alcance a trabajadores no registrados y la incorporación de adoptantes, técnicas de reproducción asistida.

Camisassa mostró cómo afectaría una implementación gradual de las licencias en ocho años priorizando la extensión de personas no gestantes. “Proponemos como un escenario de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que trabajan de forma no registrada, desocupados, de la economía popular. Al mismo tiempo, que en el largo plazo se puedan equiparar las licencias con las gestantes y no gestantes. Es una reforma gradual”, cerró.

Noé Ruíz es la secretaria de Igualdad de Oportunidades y Género de la Confederación General del Trabajo (GGT) y estuvo presente en plenario de Legislación General y Mujeres y Diversidad para exponer. “Este proyecto llama a derechos igualitarios porque en Argentina vivimos en un mundo (laboral) desigual”, consideró.

“La CGT apoya este proyecto porque simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y aquellos que representamos el trabajo formal apoyamos con fuerza al informal y sostenemos lo público”, indicó. “Da cabida a quienes nunca tuvieron cabida desde el trabajo y desde lo político”, añadió.

Asimismo, manifestó que “debemos pensar desde lo político qué hicimos y qué no hicimos porque este proyecto a una integridad salarial y eso va al corazón de la igualdad”.

En el final, reivindicó a los trabajadores de la UTEP y expresó: “Esta sociedad tiene mujeres y hombres contemplados desde la igualdad, pero hay fondos en el cuidado que necesitamos”. “Buscamos que más gente y jóvenes puedan acceder a un trabajo que les dé estabilidad de empleo”, cerró la secretaria de Género de la CGT.

También expuso Claudia Lazzaro quien agradeció la incorporación al borrador de las consideraciones marcadas en las reuniones previas y resaltó que lo que se busca cuando se habla de cuidados es que “se reconozca como un trabajo y esto hace del reconocimiento del trabajo. Que se reconozca como un derecho y surge de las necesidades que tenemos las mujeres y las diversidades”.

“Los cuidados son el nudo crítico que tenemos las mujeres en el desarrollo del trayecto laboral y en la inserción laboral. Necesitamos que la política pública se haga cargo y una ley a nosotros nos ayuda y la cantidad de días a nuestros compañeros les mejora enormemente la vida. Ahí vamos a poder hablar de la corresponsabilidad”, planteó.

La novena y última expositorafue Alejandra Angriman, presidenta de Comité de Trabajadoras de las Américas de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA – A), quien agradeció la invitación y manifestó que “no es menor que todas las centrales sindicales apoyemos este proyecto dele y que es una necesidad que avanza en derechos”.

Además, mencionó a dirigentes gremiales que “venimos discutiendo con las patronales” y que “buscamos incluir en las negociaciones el tema de las condiciones de trabajo”. Del mismo modo, agregó: “Todos tenemos claro la centralidad en avanzar en un sistema de cuidados porque hace años que no se negocian condiciones de trabajo”.

Por otro lado, Angriman puntualizó en que “la responsabilidad debe ser de los trabajadores, patrones y el Estado porque es un tema que se resuelve con todos”. “La Argentina es un país desigual en términos de trabajadores y el sector patronal se niega rotundamente a debatir sobre los cuidados”, relató.

“Pongamos en el centro a la vida y al cuidado de la vida. Estamos dispuestos a seguir trabajando en la ampliación de derechos y mirémoslo como una responsabilidad colectiva de todas las partes”, finalizó.

Finalmente, el diputado nacional y representante del Sindicato de bancarios Sergio Palazzo agradeció el tratamiento del proyecto de ley y, en contraposición a Orsenigo, pidió “tener la valentía de afrontar el debate de afrontar los costos”.

En tal sentido, recordó presiones (a lo largo de la historia) del sector empresario de “oponerse a lograr la jornada de ocho horas de trabajo”, y finalizó: “Debemos tomar desafíos contra el sector empresarial porque nos quieren sin derechos como presa fácil”.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja, presidida por Mónica Macha, mantendrá una reunión para tratar dos proyectos de ley que buscan modificar la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres con el fin de incorporar a la misma la “violencia digital” como una modalidad de violencia.

Cabe consignar que originalmente había sido convocado un plenario de Mujeres y Diversidad y de Comunicación e Informática, este lunes por la tarde se resolvió que solo la primera se reuniera. “Razones de quórum”, deslizaron fuentes consultadas. Igual, no se modificó nada más: el encuentro se llevará a cabo este martes 30 de mayo a las 12 en la Sala del segundo piso del Edificio Anexo “C” de Diputados.

Las dos iniciativas corresponden a las diputadas Mónica Macha (FdT) y Danya Tavela (Evolución Radical) que buscan proteger los derechos y bienes digitales de las mujeres, su desenvolvimiento y permanencia en el ciberespacio, así como también su dignidad digital, su identidad y su reputación, en los entornos virtuales, con motivo de la violencia machista. Asimismo, apuntan a establecer un marco de reconocimiento de la existencia de la violencia digital hacia las mujeres, como tipo; y de la violencia telemática, como modalidad.

Ambos proyectos proponen modificar varios artículos de la Ley 26.485. Uno de ellos es el artículo 4 para que quede redactado de la siguiente manera: “Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el plano analógico o virtual, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”.

También plantea incorporar como inciso “G” del artículo 6 la violencia digital o en línea como aquella que “se ejerce mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y que implique la obtención, reproducción y difusión por cualquier medio de datos personales, material digital real o simulado, íntimo o de desnudez de las mujeres, sin su consentimiento, discursos de odio de género, patrones estereotipados sexistas, o que impliquen situaciones de acoso, amenaza, extorsión o control virtual, o acciones que atenten contra la integridad sexual o identidad digital de las mujeres a través de las TIC, así como cualquier otra que pueda surgir a futuro ejercida por este medio, que afecte los derechos protegidos de la presente ley”.

Además, establece el desarrollo e implementación de protocolos de detección y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres a través de las TIC; programas de alfabetización digital y planes de formación docente.

Cabe recordar que el Senado se analizó en comisiones un proyecto de la misma temática cuya autoría era de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) en septiembre de 2021, pero nunca llegó al recinto.