No avanzó en la reunión de este martes la conformación de una comisión investigadora, como pedía UP y la izquierda. Fuertes cruces y acusaciones de “dilatar” el tema entre la oposición más dura y el oficialismo y sus aliados.
Con fuertes cruces entre la oposición y el oficialismo y sus aliados, se resolvió este martes en las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Asuntos Constitucionales que la semana próxima convocarán a los seis libertarios que fueron al penal de Ezeiza a reunirse con represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Se trata de Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta, quien ya no pertenece al bloque.
Durante el encuentro, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda insistieron en la conformación de una comisión investigadora, pero esto no prosperó. Además, cuestionaron que respecto a la reunión de la semana anterior haya habido un giro en la decisión de dictaminar sobre un proyecto en ese sentido.
Desde la UCR, el formoseño Fernando Carbajal propuso convocar a los legisladores involucrados antes de decidir sobre un repudio o eventual sanción. La presidenta de la Comisión de Peticiones, la diputada del Pro Silvia Lospennato, confirmó en el final que así se hará y aclaró que el descargo lo podrán hacer presencialmente o “mandarlo por escrito”. “Con posterioridad a eso, si así lo decide la mayoría de esta comisión, se podrá tomar una decisión y dictaminar”, cerró.
En el arranque del plenario, donde oposición y oficialismo se acusaron mutuamente de “dilatar” el tema -con diferentes intenciones, según de qué lado-, el diputado Esteban Paulón pidió sumar un proyecto para que se convoque a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones por la entrada al penal de Ezeiza de los libertarios.
Tras su solicitud, Lospennato dijo que una cosa es el artículo de la Constitución que “permite a este Cuerpo juzgar a sus miembros”, imponer sanción disciplinaria y hasta una expulsión, el cual “es muy distinto del que dice que los funcionarios tengan que rendir cuentas por su función”. Acto seguido, sugirió “no mezclar las cuestiones”. Sin embargo, el socialista insistió: “Creemos que es pertinente esa explicación en este ámbito”.
A su turno, el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño reclamó “conformar una comisión investigadora que sea mixta”, integrada por legisladores y organismos de Derechos Humanos. Al igual que Paulón, exigió la presencia de Bullrich y también del titular del Servicio Penitenciario Federal. Insistió que hay que saber “cuál es la responsabilidad de los funcionarios” e “investigar a fondo qué hay detrás de esto”.
Luego intervino la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley, quien señaló que presentarían a los presidentes de las comisiones “un pliego de pruebas documental” con artículos periodísticos que refieren al tema de la visita y “a todo lo que nosotros consideramos que es un plan destinado a liberar genocidas”. También incluye las publicaciones de Arrieta en sus redes, donde reveló chats de WhatsApp. Y solicitó las testimoniales de un conjunto de personas, entre ellas Bullrich.
“Si hay algo que no voy hacer es violar el reglamento. No somos una comisión investigadora”, contestó Lospennato. Y habló de que en todo caso habrá que dictaminar sobre un proyecto para ese fin (la creación de una comisión investigadora), que luego deberá aprobarse en el recinto. “No podemos convertir a esta comisión en lo que no es, porque no nos compete. Ninguna de estas comisiones tiene facultad para hacer lo que acaba de requerir”, insistió la titular de Peticiones. Más tarde lo aclaró varias veces.
Al tomar la palabra, el diputado de UP Martín Soria aseveró que “estamos ante hechos que revisten una gravedad inédita” y rechazó el planteo de que “la Comisión de Asuntos Constitucionales no se puede constituir en investigadora”. Sobre esto, puso como ejemplo de casos históricos. Para el rionegrino, “es una estafa electoral lo que hicieron” los oficialistas y alertó que en toda la trama previa a la visita al penal puede haber constitución de delitos. “Estamos ante abuso de poder, tráfico de influencias. Ante cohecho, la posibilidad de sobornos”, observó y mencionó también la “asociación ilícita”, generando el murmullo entre los libertarios presentes.
Desde la UCR, Karina Banfi abogó por “la voluntad de generar un proceso que solicita y pide algún tipo de reparación”. “Les quiero pedir a mis colegas que tomemos esto con absoluta seriedad”, expresó y solicitó “despojarnos de los discursos de tribuna”, al rechazar que se quiera “hacer de esto un circo”.
“Tendremos que evaluar en función de nuestros valores éticos y republicanos. Nos estamos poniendo en jueces y en función de eso tenemos que ser muy serios. No somos quienes para juzgar la conducta de otros cuando nos portamos como payasos”, advirtió.
Por el Pro, Silvana Giudici recordó que el pasado 14 de agosto se votó una moción para conformar una comisión investigadora y “fue rechazada”. A su vez, Arrieta presentó una denuncia penal y “la Justicia la desestimó”. “Todos expresamos nuestra indignación y repudio”, manifestó y cuestionó “el aprovechamiento político de un tema para estirarlo hasta Navidad. No sé si la Navidad nuestra o la de (Nicolás) Maduro”, ironizó.
La legisladora criticó entonces a UP de que “no quisieron acompañar una declaración de repudio, que sería muy bueno que el pleno por unanimidad ya la tuviera aprobada”.
Más tarde, la diputada de UP Paula Penacca aseguró que “si vamos a sancionar, hay que investigar; por supuesto que estamos de acuerdo en repudiar pero dijimos que solo con eso no alcanzaba”. Además, en respuesta a Giudici, apuntó que “la causa de la diputada Arrieta no está cerrada” y “no es verdad que se haya pedido apartamiento (en una sesión) para estos expedientes” del temario del plenario.
La camporista reclamó que “en vez de esconderse detrás del reglamento” se dictamine este mismo martes la conformación de una comisión investigadora. “No se puede no hacer nada, o escuchar solamente el descargo de los diputados”, consideró y enfatizó: “Yo sospecho que lo que se busca es que no haya ninguna información sobre la mesa”.
En el último tramo, el jefe de La Libertad Avanza Gabriel Bornoroni, intervino con un discurso leído. “Es importante dar esta discusión desde la honestidad, dejando de lado la hipocresía y el doble estándar. Todos estamos de acuerdo en repudiar a los que cometieron crímenes de lesa humanidad, en eso no hay diferencias. Desde un primer momento el bloque se puso a disposición para aclarar este tema”, comenzó y ratificó: “No hay ningún plan secreto ni conspiración, el mismo presidente (Javier) Milei ya lo aclaró públicamente”.
El cordobés cuestionó el querer “llevar este tema a una esfera que no corresponde” y señaló que “empezar a hablar de sanción o expulsión es otra cosa y puede dejar antecedentes muy peligrosos para esta Cámara”. “Esta Cámara tuvo diputados que se han sacado fotos con personajes como Nicolás Maduro, Fidel Castro, dictadores de otros países que también cometieron delitos de lesa humanidad”, lanzó y agregó que “hoy los diputados que están siendo investigados son de La Libertad Avanza, pero mañana puede ser cualquier diputado de otro bloque”.
“Se puede hacer un reproche ético y político de lo que pasó, pero corresponde que quede en un reproche y que no lo llevemos a cosas con un extremo peligroso”, dijo Bornoroni y opinó que “seguramente la sociedad va a juzgar las acciones de estos diputados”. “Lo único que se está haciendo es montar un circo político”, consideró.
Al retomar la palabra, Carbajal sostuvo: “Yo no necesito hacer ninguna investigación, y no necesito ser Sherlock Holmes para entender que este es un Gobierno donde anidan sectores que tienen un plan de impunidad de la dictadura, porque es confeso”. “Pretender convertir esto es una investigación de tipo judicial me parece innecesario”, manifestó y rescató que “hay un consenso aquí en que vamos a repudiar el hecho; nos queda discutir si vamos a tomar alguna medida concreta respecto a esto”.
Otro de los que habló, en las tres horas que duró la reunión, fue el presidente de UP, Germán Martínez, quien cuestionó “este cambio de actitud en apenas una semana”. “Volvemos a fortalecer el plan oscurantista con una sanción light”, enfatizó y acusó: “El presidente del bloque oficialista trata de enmascarar la actitud de sus diputados para que no se pueda llegar hasta las últimas consecuencias”.
La diputada de La Libertad Avanza asistió junto a su par Rocío Bonacci a la Comisión de Peticiones y se mostró dispuesta a “poner todas las pruebas”. Además reclamó que le pidan explicaciones a Menem. Los proyectos serán debatidos en asesores.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados puso en marcha este martes la investigación en torno a la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad.
Los proyectos, entre los que hay repudios por ese encuentro, pedidos para conformar una comisión que evalúe la conducta de los legisladores, hasta el desafuero de los que participaron de la reunión, serán tratados en asesores, según indicó Silvia Lospennato. No obstante, hay iniciativas en las que no es ésta comisión la que tiene competencia, sino Asuntos Constitucionales.
Durante la reunión, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, dos de las involucradas, y quienes salieron a decir que fueron “engañadas” a la cárcel y no sabían con quiénes se iban a ver, estuvieron presentes. Arrieta incluso hizo uso de la palabra y contó que la visita “revestía con carácter humanitario y para conocer las condiciones de detención de los internos”. “Nunca se nos informó cuál era la identidad de estas personas, tampoco se nos dio a conocer las condenas”, afirmó.
La mendocina dijo que tanto ella como Bonacci creyeron “en la institucionalidad de la Cámara de Diputados, porque se brindaron las herramientas para que esto sea una comitiva de diputados que iban en su carácter de legisladores a conocer las instalaciones del penal y las condiciones sanitarias”, en referencia a la combi de la Cámara baja en la que se trasladaron.
“A mí se me invitó, cumplí con mi deber. Quiero pedir perdón a aquellos que se sintieron molestos con este accionar”, expresó la oficialista y lanzó: “Creí en mi compañero (por Beltrán Benedit), creí en la institucionalidad de la Cámara de Diputados. Creo que si tienen que pedir algunas explicaciones deberían comenzar con quiénes lo organizaron, con quiénes brindaron las herramientas para que esto se lleve a cabo, o aquellos que perseguían otros fines que no se nos habían comunicado a nosotros”.
En esa línea, consideró que Benedit y Martín Menem, presidente de la Cámara baja, deben “dar explicaciones al respecto”. “No nos mandamos solos, no me voy a subir a una combi sin ningún tipo de aval político”, sostuvo y se definió como “una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra tanto del presidente de la Cámara como de mis pares”. Finalmente, se mostró abierta a “poner a disposición todas las pruebas” y “dar mayores explicaciones”.
Autora de uno de los proyectos, la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley resaltó que “no sólo consistió en una visita, sino que fue un plan estratégico a través del cual, desde el mes de febrero -según podemos saber- hasta esta visita, se venía desarrollando a los fines de presentar o un proyecto de ley, o mediante un decreto del Poder Ejecutivo, para otorgarle la libertad a estos genocidas”.
Así, al aludir a informes periodísticos, la legisladora detalló cómo los seis libertarios (los citados Arrieta, Bonacci, Benedit, más Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo) que fueron a verse con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros, estaban desde febrero pasado en un grupo de WhatsApp creado por el sacerdote que fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana, Javier Olivera Ravasi. Además, también formaban parte del mismo sus pares Lilia Lemoine, María Celeste Ponce, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Nicolás Mayoraz, María Emilia Orozco y Alberto Arancibia; y “cuatro abogados defensores de genocidas”.
Siley también relató la visita que habría hecho el 15 de marzo Benedit a Campo de Mayo, tras la cual la hija de un condenado por delitos de lesa humanidad “le agradeció” en redes sociales “y él le respondió, literal, que estaban trabajando por la pronta liberación de los patriotas”.
“Me parece interesante que se puedan esclarecer y deslindar, e individualizar, las distintas motivaciones de los diputados, no me parece que todas sean las mismas responsabilidades”, aclaró y en ese sentido, al igual que hicieron otros diputados, diferenció entre “alguien que lo planificó y una diputada que dice que fue engañada”.
En tanto, el jefe de UP, Germán Martínez, autor del proyecto para crear una comisión que evalúe la conducta de los libertarios, aseveró que “estamos ante un hecho gravísimo” y hay “una constelación de hechos concatenados, con una finalidad específica”. “Lo peor que le puede pasar a esta cámara es que no tenga una respuesta institucional, que tiene que ser proporcionalmente del mismo valor” que el hecho, consideró.
“Es imprescindible que las personas que fueron a Ezeiza le digan a esta comisión lo que saben y lo que pueden decir de los hechos acontecidos”, reclamó y pidió saber si el exjefe del bloque oficialista, Oscar Zago, “estaba al tanto” o “con la venia de quién iban y participaban de esas reuniones” previas a la visita a Ezeiza.
El santafesino apuntó que en un contexto con “servicios de inteligencia potenciados” y “modificaciones en la Ley de Seguridad Interior” promovidas desde el Gobierno, “es imposible y una irresponsabilidad de la Cámara de Diputados no investigar estos hechos”. Además, pidió “ir a fondo” y “proponer las sanciones pertinentes en cada caso”, que no descartó pueda ser “juntar dos tercios de los votos y que dejen de ser diputados”.
Al responder a la pregunta de Martínez, Zago consideró que la visita “está mal” y reafirmó su “compromiso absolutamente democrático”. Aseguró que desde que estuvo a cargo del bloque y hasta que se retiró, en abril, no estaba “en conocimiento absolutamente de ningún tema” referido a esto. “Se hizo todo a las espaldas de quien les habla y de casi todos los integrantes del bloque, menos seguramente los 13 diputados (que estaban en el grupo de WhatsApp) y quizás alguno más que estaba en esas reuniones clandestinas”, expresó.
Foto: HCDN
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo narró hechos en los que estuvieron involucrados los represores presos que visitaron los libertarios y, tras mencionar la desaparición de Jorge Julio López, alertó: “No estamos hablando de gente que sale y no pasa nada, sino de gente que está en la reiteración de su crimen y aún en proceso o condenada, tiene capacidad de actuar para amenazar, desaparecer o asesinar personas”. “Tenemos que averiguar hasta dónde llega este plan de impunidad”, pidió y reclamó conocer la posición del Pro, socio de LLA.
Rápidamente, Lospennato recogió el guante. “Nosotros gobernamos la Argentina cuatro años, con el presidente (Mauricio) Macri, y no hubo un solo indulto en esos cuatro años”, recordó. La legisladora macrista aseguró que “la postura respecto de los condenados es que cumplan la condena”. “Tampoco se interrumpió un solo juicio” en la gestión de Cambiemos, sumó, y manifestó que “hablan por nosotros los hechos”.
También desde el Pro, Silvana Giudici fue contundente: “Estos señores no tienen ningún derecho, porque ellos acabaron con miles de vidas, torturaron, violaron, mataron. Y en el caso de Astiz, además, fue un infiltrado en las primeras rondas de las Madres de Plaza de Mayo y luego las entregó. Pensar en una foto con Astiz a mí me pone la piel de gallina”.
“En el caso que hubiera algún proyecto, alguna intención, de liberar a estos genocidas, ‘adorables viejitos que la pasan mal’, tendremos la posibilidad de decir fuerte y claro que no lo vamos a aprobar y que de esta cámara no va a salir ningún proyecto en ese sentido”, enfatizó. Sin embargo, la diputada señaló: “¿Esto amerita entonces desaforar a seis diputados? Yo creo que no, porque dentro de la potestad que tiene un diputado electo está la posibilidad de expresarse, pensar y elaborar los proyectos que crea conveniente, por más repudiable que a otro diputado le parezca”. “El bloque del Pro considera repudiable esa visita”, definió.
Por la UCR, la diputada Karina Banfi repudió “categóricamente cualquier intención, expresión, acción, manifestación personal o política que se entienda como apoyo o dispensa de los genocidas, todos, sobre los hechos cometidos que los tienen condenados de por vida”.
Sobre el trámite de las iniciativas, la bonaerense recomendó que se traten “en las comisiones correspondientes” porque “es importante que no elevemos expectativas falsas de qué es lo que vamos a tratar acá”. Pero sí se mostró a favor de lograr “una efectiva y rápida respuesta a la opinión pública”.
El presidente de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, ratificó “la democracia y los derechos constitucionales”. “Obviamente que los que cometieron delitos de lesa humanidad tienen que estar presos y no tenemos lugar a duda de eso. Tienen que estar condenados, seguir condenados y pagar su condena”. Pero señaló que “no es potestad” de la Comisión de Peticiones crear una comisión investigadora, según indica el artículo 188 del reglamento. Y argumentó que en todo caso se los puede evaluar por “cuestiones que han hecho dentro del recinto, pero no afuera”.
En el cierre, Lospennato informó que los asesores se congregarán este viernes y que ella, por su parte, se reunirá con las autoridades de la comisión “para determinar cómo seguimos con el tratamiento de este tema”.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara pospuso la reunión que iba a realizarse este jueves por los tiempos de la sesión especial que dio varias medias sanciones.
La sesión especial que duró poco más de 22 horas obligó a reprogramar la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de este jueves, que iba a dar inicio a la investigación sobre la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar el pasado 11 de julio.
A pocas horas de la maratónica sesión, donde obtuvieron media sanción los proyectos sobre ampliación del Registro de Datos Genéticos, la declaración de la educación como servicio esencial y el de Financiamiento de Universidades Nacionales, fue confirmada la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para el próximo martes a las 12.00.
Si bien la visita de María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y Guillermo Montenegro a genocidas despertó el repudio y malestar en toda la oposición, hubo un acuerdo conformado en la reunión de Labor Parlamentaria del 7 de agosto para que la cuestión sea abordada en la comisión que preside la diputada nacional Silvia Lospennato.
De todos modos, la situación en torno al viaje de los seis libertarios fue expuesta en la sesión, a través de distintas cuestiones de privilegio, por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda Unidad y también el radical Pablo Juliano. También hubo cuestionamientos contra el presidente del Cuerpo, Martín Menem.
Desde que se conoció el viaje a Ezeiza desde el Palacio Legislativo a bordo de un vehículo oficial del Cuerpo, las diputadas Arrieta y Bonacci revelaron que fueron “engañadas” a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza. Asimismo, ambas señalaron a Benedit y Montenegro como “craneadores” de “la visita humanitaria”.
Hace pocos días, la diputada santafesina Rocío Bonacci reveló que “estos diputados iban para comunicarse con los genocidas para armar una especie de proyecto”. Según trascendidos, ese texto buscaba que todos los exmilitares condenados y detenidos en Ezeiza mayores de 70 años gocen del beneficio de la libertad domiciliaria.
La actividad más destacada que estaba en agenda era la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, para comenzar la investigación sobre los diputados libertarios que se reunieron con represores.
Silvia Lospennato. Foto: HCDN
Tras la sesión de 22 horas en la Cámara de Diputados, se suspendieron todas las actividades que estaban previstas para este jueves. La actividad más destacada de la agenda era la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que iba a comenzar a investigar la visita de seis diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza para ver a represores.
El encuentro había sido programado para las 12.30, luego que la semana pasada se acordara en Labor Parlamentaria tratar en el marco de esa comisión los proyectos presentados contra los seis oficialistas que se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros.
La presidenta de Peticiones, Poderes y Reglamento, la diputada del Pro Silvia Lospennato, había convocado a la reunión cuando estaba previsto que este jueves, un poco antes de ese horario, la oposición intentara llevar adelante una sesión por el DNU 656/24 de presupuesto de la SIDE. Sin embargo, ésta última se decidió reprogramar por sus impulsores (Encuentro Federal y Coalición Cívica), mientras que la comisión también quedó sin efecto, producto de la extensa jornada en el recinto.
La situación en torno a los libertarios fue expuesta en la sesión, a través de distintas cuestiones de privilegio, por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y también el radical Pablo Juliano.
El resto de las actividades suspendidas este jueves fue la conformación de dos Grupos Parlamentarios de Amistad, con Ecuador y Austria, respectivamente.
Silvia Lospennato, aliada del oficialismo, citó a una reunión de la comisión que preside para el próximo jueves, día en que fue solicitada una sesión por el bloque de Pichetto para tratar el DNU de la SIDE.
La visita de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza, donde se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad, era uno de los temas que se anticipaba generaría controversia en la sesión fallida del pasado miércoles en la Cámara baja. Si bien esa reunión no tuvo quórum, hubo expresiones en minoría -entre ellas las de Cecilia Moreau, Mónica Frade y Vanina Biasi- que no dejaron de exponerlo en el recinto.
La situación en torno a los oficialistas que fueron a ver a Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda, entre otros, fue una cuestión que no se saldó en Labor Parlamentaria, antes de la fracasada sesión. Desde el bloque de LLA habían propuesto a los bloques una declaración que primero arrancó "lavada", a consideración de un diputado dialoguista, y luego fueron modificando.
Según supo parlamentario.com, en Labor no hubo acuerdo en votar esa declaración, mientras la oposición más dura presionaba por directamente conformar una comisión que investigue la excursión a Ezeiza. Así las cosas, desde el bloque presidido por Miguel Pichetto, que luego no bajó al recinto, se propuso que la cuestión sea abordada en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. "(Silvia) Lospennato mostró muy buena predisposición", reveló a este medio uno de los participantes en la reunión de Labor sobre la presidenta de esa comisión. El pedido tenía que ver con que si se presentaban solamente cuestiones de privilegio, éstas siempre son giradas a Asuntos Constitucionales, y allí duermen el sueño de los justos.
Y efectivamente Lospennato, diputada del Pro y quien se ha vuelto una aliada clave para el oficialismo, convocó a la Comisión de Peticiones. Pero la cita se superpone con la sesión que la bancada de Pichetto, ahora llamada Encuentro Federal, solicitó el próximo jueves para tratar en el recinto el DNU que otorgó 100 mil millones de pesos para los fondos reservados de la nueva SIDE, y que complica a LLA pues la oposición alcanzaría una mayoría dispuesta a rechazarlo.
Este viernes se conoció que la Comisión de Peticiones fue convocada para el próximo jueves 15 de agosto, a las 12.30, en la Sala 4 del Anexo de la Cámara baja, "en el marco de lo acordado en el plenario de Labor Parlamentaria, para abordar el tema de la visita de un grupo de diputados/as nacionales al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza".
El pasado 11 de julio, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernando Araujo, Alida Ferreyra, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci se reunieron con represores en Ezeiza. Arrieta y Bonacci revelaron luego que fueron "engañadas" al penal, creyendo que se trataba de una "visita humanitaria". El tour provocó malestar en el oficialismo, mientras que las autoridades de la Cámara y el bloque salieron a despegarse de la actividad. Según trascendió, en el encuentro el propio Guglielminetti le habría entregado a Benedit un proyecto que propone la excarcelación de los genocidas mayores de 70 años. El día anterior a la sesión que se cayó en Diputados, se viralizó la foto que los legisladores se tomaron en la visita.
Miembros de comunidades que fueron reprimidos durante las protestas de semanas atrás estuvieron en una comisión presidida por la camporista Paula Penacca. Reclaman la creación de una bicameral investigadora sobre los hechos que sucedieron.
Días después de que una comitiva de legisladores del Frente de Todos viajó a Jujuy, el oficialismo convocó este jueves a una reunión en la Cámara de Diputados para recibir el testimonio de miembros de comunidades indígenas y representantes de docentes, quienes formaron parte de las protestas contra la reforma constitucional en la provincia. Durante el encuentro hubo críticas al gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente en la fórmula con Horacio Rodríguez Larreta, y se reclamó por la creación de una bicameral que investigue los hechos sucedidos a partir del accionar policial.
Precisamente sobre esto último hay presentado un proyecto de la diputada camporista Leila Chaher, quien cargó: “Jujuy es un caso testigo de lo que Juntos por el Cambio quiere hacer con todo el país”. A continuación, respondió a las críticas a la iniciativa sobre que “va en contra de las autonomías provinciales” y explicó que “los derechos humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales recaen sobre el Estado nacional”.
“El federalismo tapado de feudalismo es lo que tenemos que discutir en la Argentina del presente, pero también en la del futuro”, expresó la precandidata a senadora de Unión por la Patria en la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside otra camporista, la porteña Paula Penacca.
La legisladora cuestionó la ausencia de la oposición y destacó que “el pueblo jujeño y las comunidades originarias están dando una muestra de dignidad a todos los argentinos por la lucha en defensa de los derechos, y eso no solamente me conmueve, sino me genera un enorme orgullo como jujeña”.
“Estas violaciones las venimos denunciando hace ocho años”, enfatizó y denunció que el gobierno de Morales “ha avanzado con las instituciones y ha degradado la democracia en nuestra provincia de una manera estrepitosa y muy peligrosa”.
Entre los invitados a exponer, lo hizo vía Zoom, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien manifestó que “es lamentable lo que está pasando en Jujuy, la represión que están sufriendo los hermanos y hermanas por reclamar sus derechos”.
“Lo que ha hecho el gobernador Gerardo Morales es violatorio de todos los derechos, no solo de la Constitución Nacional, sino del Convenio 169 de la OIT y de la misma declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos originarios”, señaló.
El presidente de la Comisión Nacional por la Memoria de Buenos Aires y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos aseguró que la reforma constitucional “es ilegal”. También, remarcó que “los recursos y los bienes no le pertenecen a él (por Morales), sino al pueblo” y criticó los “Estados feudales”.
“La democracia que estamos viviendo son democracias delegativas donde después los que nos gobiernan tienen todo el poder de decisión sobre los bienes y recursos del pueblo. Tenemos que trabajar para una democracia participativa, donde los pueblos tengan recursos constitucionales y jurídicos para impedir los abusos de poder como está ocurriendo en Jujuy”, sostuvo.
A su turno, Julio César Valdivieso, integrante del Tercer Malón de la Paz, se quejó: “No hemos sido consultados, no hemos tenido participación para esta reforma constitucional que nos tiene que representar a todos los jujeños”. En ese sentido, reclamó que “se cumpla la Constitución Nacional y con el Convenio 169 de la OIT que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas”.
“En vez de recibir un diálogo entre ambas partes, hemos recibido la represión que es de público conocimiento”, apuntó y se mostró a favor de la creación de una comisión bicameral para que “esto no quede impune y haya justicia”. “Hoy existe en Jujuy una persecución a quienes se han movilizado en defensa de las comunidades indígenas”, agregó.
Armando Quispe, también integrante del Tercer Malón de la Paz, coincidió: “Estamos de acuerdo con la creación de una comisión que investigue todos estos hechos en Jujuy”. Tras los hechos ocurridos a fines de junio, Quispe afirmó que “se ha continuado con esta persecución, con amenazas, con el armado de causas”. “Hay un gobierno que se ha dedicado a mentir, a reprimir y tiene tintes de racismo”, dijo sobre la gestión provincial.
Por su parte, Lian Mijael Lamas, un joven de 17 años que perdió un ojo durante la represión, ponderó “el reclamo de las comunidades y los docentes”, quienes “tienen un sueldo totalmente indigno”. “No es justo lo que está pasando, pedimos justicia y que esto no se vuelva a repetir”, expresó y reclamó que “el señor Gerardo Morales se acerque, como dice él, a dialogar con las comunidades, con los profesores, que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir”.
Silvana Soledad Llanes, abogada de Joel Paredes, víctima de represión, también cargó contra el presidente de la UCR: “El señor gobernador no tiene interés de tener diálogo con las comunidades originarias, ni con el pueblo, ni con los docentes, ni siquiera ha pedido disculpas por el uso indebido de las fuerzas”. “No hay seguridad jurídica en la provincia, no existe la división de poderes, no existen las garantías constitucionales; estamos lidiando contra un monstruo”, aseveró.
Otro de los que expuso fue Fernando Chiri, referente de la Asociación de Educadores Provinciales, quien recordó que “venimos hace más de 50 días en una lucha docente que empezó con un paro de 24 horas, para pedir una recomposición salarial que nos correspondía porque nuestro sueldo era muy bajo”.
En el medio, “la reforma de la Constitución pasó de un momento a otro” y entonces se unieron más sindicatos junto a los pueblos originarios a protestar, “paralizando la provincia después de ocho años de no poder manifestarnos y salir a la calle”, resaltó. Alertó porque actualmente hay docentes con causas contravencionales y, por eso, subrayó que “esto no termina, esto sigue”, además de considerar que la reforma debe reverse “punto por punto”.
Marcela Cura, del Sindicato de docentes de gestión privada (SADOP) contó cómo fue la participación del sindicato a la Legislatura donde fueron convocados a opinar sobre las modificaciones. Así, relató que se presentaron el 30 de mayo con “una propuesta clara, nos recibieron amablemente y se tomaron mucho tiempo en armar toda una estructura de registro. Nos despacharon sin informarnos nada”.
“Días después empezó a circular un borrador de esa reforma que era totalmente informal. No solamente no había absolutamente nada de lo que habíamos propuesto y los puntos que resaltamos como positivos habían desaparecido”, contó y apuntó: “Esta reforma se fue cocinando en pocos días con muy poca claridad de lo que pasaba”.
El diputado y líder piquetero Juan Marino (FdT) señaló que en Jujuy “no se respetan las garantías constitucionales, las libertades democráticas, de expresión, de manifestación. No hay democracia en Jujuy. Morales instaló un régimen anticonstitucional violentando los derechos”.
“¿Cómo no investigar una reforma anticonstitucional que se dio a espaldas del pueblo?”, planteó la diputada Mara Brawer y precisó que “no cumplió con los procedimientos que establece la constitución de Jujuy y viola la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”. A su vez, resaltó la ausencia de la oposición.
También expusieron los diputados Verónica Caliva (Salta), quien resaltó que la comisión debe “promover los derechos, debe hacer un seguimiento de todas las políticas públicas vinculadas a los pueblos indígenas”; Mónica Macha, Eduardo Valdés, Natalia Souto, María Rosa Martínez.
Además, disertaron Desiderio Olmos, del tercer Malón por la paz; Orlando Carriqueo - Werken, Vocero, referente Indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro; Víctor Joel Paredes, víctima de la represión; Liliana López, cacique de la Comunidad La Loma, Aguaray, Pueblo Iogys de Salta; Camila Muller, referente del Colectivo Artista en Lucha; Santiago Zamora, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), María Fabiola Suárez, referente de los organismos de DD. HH de Jujuy, Mamani Javier Alejandro, integrante de Comunidad Cueva del Inca Tilcara; Alejandro Marmoni, instituto nacional de Asuntos Indígenas; Verónica Aspiroz Cleñan, tejido de profesionales indígenas; Camilo Gali, periodista.
Será en el marco de una reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos a la cual han sido invitados expositores para que den su opinión sobre el proyecto.
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, presidida por la camporista Paula Penacca, convocó a una reunión informativa para este jueves 3 de agosto a las 11.30 en la Sala 2 del segundo piso del Anexo “A” de la Cámara de Diputados a fin de presentar y comenzar a analizar el proyecto que buscar crear una Comisión Investigadora sobre la Reforma Constitucional de la provincia de Jujuy.
Además, serán recibidos varios expositores que aportarán su mirada sobre la creación de una Comisión sobre Pueblos Indígenas con competencia en los temas referidos a la promoción de los derechos de estos, según lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El proyecto que se pondrá a consideración fue presentado por la diputada nacional Leila Chaher (FdT – Jujuy) para “dar marcha atrás” en los artículos modificados de la Constitución provincial, medida que fue impulsada por el gobernador y precandidato a vicepresidente, Gerardo Morales, con el apoyo del PJ jujeño lo cual generó controversias e incidentes en la capital jujeña.
A través de esa reforma, dos artículos volvieron a su redacción original de1986 que generaban “problemas” con las comunidades indígenas. Se trata de los artículos 36, que refería al “Derecho a la propiedad privada” y establecía que “no podrá ser efectuado en oposición a la función social o en detrimento de la salud, seguridad, libertad o dignidad humanas”.
En segundo lugar, el artículo 50 sobre “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas” fue dado de baja tras su resalutación sobre que “el Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
Además, quedó establecida “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia”.
En contraposición, el punto que el oficialismo busca retrotraer está referido en el artículo 67 sobre el “derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica” que establece que “el Estado debe asegurar, como base fundamental de la convivencia democrática pacífica, que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de las otras”.
En los últimos días, una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunieron con manifestantes que estuvieron detenidos tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.
Los distintos proyectos que hay presentados se discutirán en una reunión que la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento realizará este miércoles desde las 12.
La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, presidida por Paula Penacca (FdT), comenzará a debatir este miércoles distintos proyectos presentados que proponen poner fin a las sesiones maratónicas, de modo de evitar que los debates se extiendan a la madrugada.
La reunión fue citada para las 12 en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, luego de recurrentes reclamos que se dieron en Labor Parlamentaria. Incluso, según pudo saber parlamentario.com, en la previa de la última sesión -el pasado 9 de noviembre- se dio una discusión acalorada entre los jefes de bloques por la cuestión de pasar a un cuarto intermedio cerca de la medianoche. Finalmente no ocurrió, aunque la sesión terminó antes.
También, en la antesala del debate del Presupuesto 2023, el diputado Julio Cobos (UCR) había sugerido que se desdoble en dos días, pero eso no sucedió: comenzó el martes 25 de octubre y finalizó el miércoles 26, tras 20 horas, con una votación en particular bastante engorrosa que insumió 4 horas.
La discusión ya cuenta de larga data, sin embargo nunca se avanzó hasta ahora. Actualmente, hay proyectos impulsados, en su mayoría, por legisladores de Juntos por el Cambio como Emilio Monzó, expresidente de la Cámara baja; de Margarita Stolbizer y Dolores Martínez, entre otros, que además de los tiempos se refieren a otras cuestiones para agilizar las sesiones.
Entre sus principales aspectos, la iniciativa presentada por Monzó plantea que las sesiones comiencen a las 10 horas y finalicen a las 22, y propone que "cuando la cámara hubiere pasado a cuarto intermedio y no reanudara la sesión en el mismo día, pasará al día siguiente inmediato, queda estipulado que se retomará a las 10 horas".
En tanto, Martínez propone modificar el Reglamento Interno para limitar el uso de la palabra en el plenario, a las cuestiones que le competen a las iniciativas que figuran en el diario de sesiones, al sostener que "capitalizar el tiempo en el recinto se revela como un paso fundamental hacia la efectividad legislativa".
Las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda debatirán el proyecto -con media sanción- este martes desde las 15.
Las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda de Diputados tratarán este martes, a partir de las 15, el proyecto de ley que propone la creación de una bicameral de control del proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, renovada por 90 días el pasado 29 de abril, y que un sector del kirchnerismo quiere ponerle fin para estatizar el sistema.
La iniciativa, que recibió media sanción del Senado el pasado 13 de mayo, establece que la comisión tendrá por objeto el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la Hidrovía Paraguay-Paraná, del sistema de Navegación Troncal, “de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones y cuestiones conexas vinculada al transporte, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo”.
También podrá “citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de la Hidrovía”.
Asimismo, la bicameral deberá “hacer informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance, haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente”.
En esa línea, se prevé que tiene la capacidad de “auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la Hidrovía” y además “ejercer el contralor del proceso licitatorio”.
Según el proyecto, la comisión estará integrada por seis senadores/as y seis diputados/as.
La concesión para la modernización, ampliación, señalización y tareas de dragado y redragado de la llamada Hidrovía, cuyo plazo de operación vencía el último 30 de abril, fue prorrogada por 90 días a favor del actual prestatario, el consorcio Hidrovía S.A., que está conformado por el grupo belga Jan de Nul (especializado en dragado) y la empresa argentina Emepa S.A. (surgida en Chascomús, inicialmente dedicada a la reparación de material ferroviario).
Se designa como Hidrovía Paraguay-Paraná a un corredor natural de transporte fluvial de más de 3.400 kilometros de largo, que se extiende a través de los ríos Paraná y Paraguay, y permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
La Hidrovía es parte de un inmenso sistema hídrico denominado “Cuenca del Plata”, que comprende a una vasta región de algo más de tres millones de kilómetros cuadrados de superficie, cuyas aguas superficiales descargan en el Río de la Plata.
La cuenca se abre en forma de abanico a partir de la desembocadura del mencionado río, desplegándose dentro de la jurisdicción de cinco países. Abarcan gran parte del sur, del sudoeste y del centro-oeste de Brasil, el sudoeste de Bolivia; gran parte de Uruguay; todo el Paraguay y casi todo el norte, la Mesopotamia y la pampa húmeda de la Argentina.
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
El Frente de Todos evalúa propuestas para que la virtualidad quede plasmada en el reglamento, en lugar de tener que renovar el protocolo actual.
El bloque de diputados del Frente de Todos impulsará una reforma del reglamento de la Cámara baja para incorporar las sesiones virtuales en esa normativa en lugar de continuar con la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, como viene aplicándose debido a la pandemia del Covid-19.
El oficialismo se encolumnaría detrás de una iniciativa de la entrerriana Mayda Cresto, presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que es la que tiene a su cargo las reformas al reglamento interno.
La propuesta de Cresto -que podría tratarse en la comisión la semana próxima- modifica dos artículos, el 14 y el 106, para habilitar el tratamiento virtual de proyectos tanto en las comisiones como en la instancia de sesiones, siempre en casos excepcionales.
El artículo 14 actual establece que “los diputados no constituirán Cámara fuera de la sala de sesiones, salvo los casos de fuerza mayor”.
Pero la oficialista propone un agregado que indica que “cuando la Cámara se encontrase imposibilitada de realizar sesiones presenciales, las mismas se llevarán a cabo de manera telemática”, y “la Presidencia proporcionará la plataforma de conexión, que permitirá continuar con total normalidad su funcionamiento”.
Además, se contempla que “las sesiones telemáticas por fuerza mayor deben ser declaradas por resolución de Labor Parlamentaria con el voto de la mayoría de los presidentes de bloque que representen la mitad más uno de la totalidad de los miembros de la Cámara”.
El otro artículo que se pretende modificar es el 106, estableciendo que “si por situaciones de fuerza mayor, las comisiones se encontrasen imposibilitadas de realizar sus reuniones presenciales, las mismas se realizarán de manera telemática con la previa autorización de la Presidencia del cuerpo” a solicitud del titular de la comisión.
“Las autoridades garantizarán las medidas necesarias para proveer de todo lo necesario para el desarrollo de las mismas”, añade la propuesta.
El Protocolo de Funcionamiento Virtual fue renovado por última vez el pasado 8 de septiembre por los jefes de bloque, tras un acuerdo alcanzado luego de la polémica sesión que fue judicializada por Juntos por el Cambio.
La prórroga fue por 30 días hábiles, por lo que el vencimiento sería hacia fines de octubre, y además se estableció que a pedido de uno de los bloques políticos, los debates podrán ser presenciales.
De todos modos, se aclaró que los diputados que integren grupos de riesgo podrán excusarse de asistir al recinto -debería buscarse uno más amplio que el habitual-, y aquellos legisladores que fundamenten su decisión de ausentarse, también podrán hacerlo.
Había sido aprobado previamente en la Comisión de Modernización, que estuvo a cargo de su elaboración. Tuvo un apoyo unánime. Deberá ser votado por las 3/4 partes de los miembros en la primera sesión virtual que se realice.
Por Melisa Jofré
Sentados a metros de distancia y cada uno con sus barbijos, los diputados de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se reunieron este miércoles de manera presencial en el Anexo de la Cámara baja y avalaron por unanimidad el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto, que servirá para poner en marcha las sesiones virtuales en el tiempo que dure la situación de excepcionalidad por la pandemia del coronavirus.
Al comienzo de la reunión, la presidenta de la comisión, Mayda Cresto (FdT), pidió un aplauso para los miembros de la Comisión de Modernización por su celeridad en la elaboración del documento, aprobado por unanimidad un hora antes. La entrerriana consideró que era un elemento "muy importante que nos estaba faltando", por eso celebró: "Hemos dado un gran paso y hemos estado a la altura de las circunstancias".
Al tomar la palabra, la macrista Silvia Lospennato resaltó que, en comparación con otros Parlamentos del mundo que avanzaron mucho más rápido en el trabajo virtual a raíz de la pandemia, el Congreso Nacional "tenía todos los sistemas presenciales".
En ese sentido, recordó que la firma digital rige desde 2013, "sin embargo ningún legislador había registrado la firma" hasta ahora, y expresó que ella misma hacía un "mea culpa" sobre ese tema.
La diputada de JxC -vicepresidenta de la Comisión de Modernización- aclaró que se trata de un "protocolo temporal" que se someterá a votación "en la primera sesión que sea convocada de manera virtual y se lo va a hacer con las 3/4 partes" del cuerpo, para que no haya ninguna inseguridad jurídica de que "la voluntad de la mayoría fue expresada" a favor de este sistema.
Por último, destacó que el protocolo "es fruto de un acuerdo político muy amplio" que se dio en la reunión de Labor Parlamentaria el lunes pasado.
Posteriormente, la presidenta de la Comisión de Modernización, Daniela Vilar ponderó el "espíritu colaborativo" con el que se trabajó en la redacción del texto entre el oficialismo y la oposición, y sostuvo que "esta situación excepcional requería medidas excepcionales".
"Es lógico que desde una mirada analógica lo digital dé temor", expresó la legisladora del Frente de Todos, que agregó: "Así como los docentes, los estudiantes, los trabajadores de la salud se aggiornaron, es absolutamente necesario que nosotros también".
La oficialista aclaró que no se reguló sobre sesiones mixtas, sino que "lo que se regula es el trabajo desde una plataforma telemática". "No tocamos el reglamento de la Cámara", ratificó y destacó que se realizarán "instancias de simulacro que van a servir también de instancias pedagógicas".
A su turno, el mendocino José Luis Ramón calificó al protocolo como un "trabajo espectacular", pero dijo que la metodología virtual "no está bien en el futuro", porque es el "relacionamiento físico" el que "permite que el ser humano pueda discutir sobre un tema y la sangre que circula por nuestro cuerpo se la pueda transmitir a alguien" cara a cara. "Este sistema es para esta emergencia, es temporal", agregó el titular del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo.
En coincidencia, la oficialista Mara Brawer sostuvo: "La virtualidad en la pandemia, después, a poner el cuerpo". Además, cuestionó a diputados que "dijeron que el Congreso estaba cerrado", porque "eso es faltarnos el respeto a todos". "Recorrer los canales de televisión para negar el trabajo de los colegas no le hace bien a la democracia", añadió y reivindicó "el trabajo invisible que no implica únicamente entrar al despacho".
Por su parte, la radical Soledad Carrizo habló de "un antes y un después" y subrayó también que este sistema debe aplicarse "en tiempos excepcionales". La cordobesa lamentó que no se hayan incorporado "materias vedadas" para el tratamiento en una sesión virtual, así como que no se aclarara que "la sesión informativa del jefe de Gabinete" se puede realizar de esta manera. "Sin embargo celebro que se haya podido llegar a un acuerdo", dijo.
El socialista Enrique Estévez manifestó que "estamos en una situación sin precedentes" en la que "muchos nos sentimos por primera vez vulnerables", pero "nosotros somos servidores públicos, que estamos acá porque tenemos que cumplir un rol, nos pagan para eso y tenemos que representar a un pueblo que nos elige".
Señaló que ante las "respuestas insuficientes" que "le está dando el Estado" a la sociedad, los diputados necesitan "intentar estar a la altura de las circunstancias y tenemos que trabajar incansablemente dando el ejemplo".
La radical Dolores Martínez aseguró que lo digital "para nada va a reemplazar" el trabajo presencial, "pero sí hay que entender que la tecnología es algo que nos va a hacer funcionar mejor". Y ponderó que esto no hubiera sido posible sin el consenso político: "Fue clave el acuerdo en Labor Parlamentaria".
En tanto, el oficialista Germán Martínez afirmó que "tenemos un muy buen protocolo" en el cual, para su redacción, "hubo mucho más diálogo que persuación e imposición". "Es obvio que es perfectible, que iremos mejorando, que no termina acá", agregó.
En la reunión también participó el secretario general de la Cámara baja, Juan Manuel Cheppi, que complementó las explicaciones del protocolo con las exposiciones de Vilar y Lospennato.
