Presidencia amplió los giros de las iniciativas y los despachos deberán pasar una reunión plenaria. Unión por la Patria, a través de Victoria Tolosa Paz, propone una comisión bicameral para que tengan “mayor fuerza” las citaciones a funcionarios. El encuentro se llevó a cabo en presencia de familiares de las víctimas.
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En medio de una creciente tensión de problemáticas, la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento se reunió este martes para iniciar el debate de la creación de una comisión especial investigadora sobre los hechos relacionados con la comercialización en el sistema de Salud del fentanilo contaminado. Pese a haber discrepancias, los legisladores presentes instaron a dictaminar la próxima semana.
En el inicio de la reunión, la titular de la comisión Silvia Lospennato mencionó el malestar de los autores de proyectos por la ampliación de giros de los proyectos de ley, los cuales también serán abordados por Asuntos Constitucionales, a cargo de Nicolás Mayoraz que se encuentra en Santa Fe abocado a la reforma constitucional. “No recibí respuesta positiva de Presidencia (Martín Menem) para que los otros proyectos tengan a Poderes, Peticiones y Reglamento como comisión cabecera”, reveló la presidenta de la comisión.
Sobre la creación de una comisión especial investigadora, se analizaron las propuestas de Silvana Giudici del Pro; la de Christian Castillo del Frente de Izquierda; la de Pablo Juliano de Democracia para Siempre; y la de Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria. Esta última propone un órgano bicameral para convocar con “mayor fuerza” a los funcionarios que sean citados. “A mayor degradación de las instituciones de la Argentina, mayor institucionalidad”, presentó.
La reunión contó con la presencia de familiares de víctimas por la partida adulterada que ya ha causado 96 muertes. Clarisa Álvarez, quien perdió a su padre en el Hospital Italiano de La Plata, señaló: “Somos familias que perdimos a un ser querido que fuimos al lugar y el día incorrectos, y que nos encontramos con una bacteria letal”. Luego, brindó un duro relato: “Lo peor que podía pasar, nos pasó a nosotros, no fuimos la excepción y podría volver a pasar porque le puede pasar a cualquiera”.
Acto seguido, Álvarez dio lugar a Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala, un joven que padeció la misma desgracia, quien leyó una emotiva carta en la Sala 4 del Anexo del Palacio Legislativo: Primero, solicitó compromiso y acción inmediata; exigió acceso a la información pública de los organismos involucrados; y cerró la lectura pidiendo una labor legislativa “en defensa de la salud, la vida y los derechos de los ciudadanos”.
La reunión duró poco más de dos horas y la presidenta de la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamento, Silvia Lospennato, anunció, en el cierre, una reunión de asesores para este viernes a las 13, posiblemente un encuentro único este martes y un encuentro plenario junto a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el jueves de la semana que viene. Además, pidió trabajar por el consenso y lograr un único dictamen.
En otro punto, anticipó su discrepancia a la iniciativa de una comisión bicameral porque “exige dos tercios de los miembros en el Senado para avanzar”. Mencionó, además, una vocación legislativa para que a futuro “nuestros reglamentos sean parecidos”; y por último, sugirió que “nadie debería querer sacar un rédito político por las víctimas”.
La primera expositora del encuentro fue Silvana Giudici (Pro – CABA), autora del proyecto que propone una comisión especial investigadora con una composición idéntica a la del Caso $LIBRA. Sin embargo, rechazó la posibilidad de una modificación (en alusión al proyecto de resolución que destrabó la de la Criptomoneda) porque “no estamos de acuerdo con el voto ponderado”.
Respecto a la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak por la partida de fentanilo contaminado, hizo una cronología de los hechos denunciados y amplió: “Hay más de 188 instituciones afectadas por el fentanilo y cuando comenzamos a tener noticias por las primeras muertes, pensamos en la importancia de que el Congreso intervenga y acompañe”.
Remarcó el consenso logrado para aprobar el pedido de informes al Poder Ejecutivo y destacó que “la misión del Congreso es respetar la Constitución Nacional y no incurrir en una contradicción con la causa que se lleva adelante”. Por la intromisión de la justicia fue detenido Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo cuando se elaboró la partida contaminada.
Después, sumó que “esta crisis sanitaria tiene tres ámbitos de actuación: una es la del fentanilo medicinal contaminado; el segundo tiene que ver con la conexión con el narcotráfico y la exploración de la ruta consistente entre estas ampollas; y el tercer ámbito es la cadena de protección y conexión entre empresarios y testaferros con la eventual participación con funcionarios y exfuncionarios”.
En el último tramo de su intervención, Giudici pidió ahondar en el “reclamo persistente por la trazabilidad de la última milla de los medicamentos”, y anticipó la posibilidad de una modificación al Código Penal porque “aun sumando todas las figuras penales en esta causa, hay un riesgo a que la pena no sea proporcional al daño causado que fue el de envenenar a 100 pacientes y contaminar quirófanos del ámbito de la salud pública y privada”.
Silvana Giudici fue la primera diputada en proponer una comisión investigadora por el fentanilo adulterado.
Brevemente, el diputado nacional Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria – Tierra del Fuego) consideró que “no estoy de acuerdo con desligar la parte política de esta situación”, y contempló la posibilidad de “armar una subcomisión dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública para determinar las responsabilidades del ANMAT y sus autoridades, y también de las responsabilidades generales de esta situación”.
Sin embargo, el fueguino optó porque su proyecto sea absorbido por el de Tolosa Paz y explicó que “estamos hablando de más de 100 víctimas y tenemos que buscar las respuestas para esclarecer toda esta situación”. Asimismo, se diferenció de la iniciativa del Pro y cargó que “hay investigar hacia arriba: Ministerio de Salud, Capital Humano y al Gobierno de la Nación que pone autoridades al mando de estos organismos”.
Autor de otro proyecto, el jefe de bancada de Democracia para Siempre, Pablo Juliano mencionó considerar el proyecto de resolución que motorizó Maximiliano Ferraro para lograr destrabar la Comisión $LIBRA y también, mencionó los chats de los empleados de Laboratorios Ramallos: “Tenemos que entrar a investigar esto, si no somos una burla”.
Se adelantó a la posibilidad de que este tratamiento pueda tener dos dictámenes y pidió “dejar de jugar a la política porque si esto se convierte en un ‘narcoestado’, de ahí no se vuelve más”. En línea con otros planteos, propuso considerar la colaboración de organismos internacionales: “Tenemos que pedir ayuda porque esto es grave”.
De cara a los familiares de las víctimas, expresó: “Si no hay ánimo de búsqueda, hagámoslo por humanismo porque los familiares se tuvieron que arrastrar para saber de qué habían muerto sus hijos”, y cerró: “Esto no tiene que ver con el vecindario, esto es más grave”.
En representación del proyecto del Frente de Izquierda, el diputado nacional Christian Castillo aseveró: “Hay que tener dimensión que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo con el fentanilo contaminado muestra los límites de la política de desguace de los organismos de regulación y control”. En ese tramo, comparó esta tragedia con el accidente de Lapa ocurrido el 31 de agosto de 1999 y la ausencia de control aeronáutico.
También responsabilizó al ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y relató: “Vemos acá a un empresario que por ahorrar costos se trabaja en condiciones no óptimas en los laboratorios, terminó llevando al envenenamiento de estas personas”. Además, vinculó la causa con los despidos en la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
En un segundo planteo, propuso que los familiares tengan accesos a todas las reuniones de comisión y sumó que uno de los objetivos de esta comisión debería ser “dilucidar la responsabilidad estatal y si hubo inspecciones, responsabilidad del ANMAT de la ex INAME (Instituto Nacional de Medicamentos)”.
Por último, pidió investigar exhaustivamente la “dimensión de Ariel García Furfaro” y todo el entramado de su arribo a la industria farmacéutica. En el final de su intervención, explicó la posibilidad de ampliar la composición a los bloques que contengan dos representantes y exigió que “los funcionarios del sector público tienen que poder ser citados y que tengan la obligación de venir”.
La última autora de proyectos en exponer fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien adelantó que Unión por la Patria va a insistir con un dictamen que proponga la creación de una comisión bicameral y reveló que cuenta con el apoyo de integrantes del bloque Encuentro Federal. “A este drama y a esta crisis sanitaria que dejó 96 víctimas, le corresponde el mayor grado de institucionalidad”, reiteró.
“El mayor grado de institucionalidad es, sin dudas, ambas cámaras, la mayor representación legislativa y parlamentaria, que tenga peso federal, y con la mayor vocación política de buscar en un tiempo determinado todo lo que las víctimas, por sí solas, no pueden llegar a juntar -datos, historias clínicas y procedimientos-”, explicó.
Así las cosas, agregó que “lejos de querer dilatar, la consolidación de un informe de una comisión bicameral puede resultar de insumo sumamente necesario para los familiares y para las víctimas, y necesario, también, para ahondar en las distintas causas que se van a ir abriendo sobre la responsabilidad pública del laboratorio y sobre el resto de las implicancias que se van a ir desarrollando a lo largo de estas comisiones”.
Profundizó, además, que su proyecto toma como base a la Comisión Bicameral del ARA San Juan que “le permitió al Juzgado de Caleta Olivia avanzar más rápido y tener datos importantísimos para que cualquier juez investigue cuales son las responsabilidades”. En esa línea, consideró: “Teniendo una buena correlación de fuerzas entre quienes estamos acá y nuestros pares senadores, no estamos lejos de construir, con fuerza de ley, una bicameral investigadora en el plazo y los limites que nos pongamos de acuerdo”.
Respecto a potenciales interpelaciones, Victoria Tolosa Paz remarcó: “Es fundamental decir que una comisión investigadora bicameral tiene que tener peso para no naturalizar, como hemos visto en esta Cámara de Diputados, interpelaciones a funcionarios aprobadas y que acá no pasó nada”. “Antes no pasaba esto de que un ministro dijera ‘no voy al Congreso’ y presente una notita”, cuestionó.
Victoria Tolosa Paz reiteró que Unión por la Patria va a insistir en la creación de una bicameral.
En última instancia, el diputado tucumano Pablo Yedlin, vocal de esta comisión y titular de Acción Social y Salud Pública, reiteró el reclamo por la ampliación de giros y auguró: “Nos van a obligar a emplazar nuevamente”. Luego, expresó: “Lo que hemos vivido en la Argentina con las ampollas de fentanilo contaminado es una tragedia enrome”.
Sobre la causa, anticipó que va a presentar un proyecto de ley para fortalecer el marco normativo y regulatorio de la ANMAT, la cual fue creada por el Decreto 1490/1992, y cerró: “Seamos firmes en que la semana que viene tengamos dictamen, si no todo termina siendo una ‘paparruchada’”.