Uno de los históricos diputados y referente -nada más y nada menos- que en temas presupuestarios dejará el Congreso el próximo 10 de diciembre. Se trata de Carlos Heller, del bloque Unión por la Patria, quien presidió esa comisión durante toda la gestión anterior y estos dos años se desempeñó en la vicepresidencia.

Este martes, durante la firma del dictamen del Presupuesto 2026, el porteño fue reconocido por sus pares, quienes destacaron su labor con un agradecimiento especial.

Luego que Heller defendiera el despacho de su bloque, el riojano Sergio Casas reivindicó su tarea y le agradeció “por lo que ha hecho por el país y por La Rioja”, provincia que siempre reclamó por la compensación en la “ley de leyes” de su punto de coparticipación perdido.

“Me duele profundamente el alma, amigo Carlos. Sé que va a ser difícil llenar este vacío que usted va a dejar a partir del 10 de diciembre en este Congreso, y en esta comisión fundamentalmente”, expresó el exgobernador.

En tanto, Victoria Tolosa Paz le dijo: “Gracias porque ha honrado la Cámara de Diputados, ha honrado una forma de hacer política, ha mantenido históricamente el respeto a sus colegas piensen como piensen, escriban los dictámenes como los escriban, y ha honrado fundamentalmente la presidencia de la Comisión de Presupuesto durante mucho tiempo, también la vicepresidencia y creo que es un hombre que ha enaltecido la enorme tarea de los diputados nacionales”.

“Para nosotros, los compañeros de Unión por la Patria, se va el compañero más importante que tenga esta comisión”, aseguró la bonaerense que le transmitió un “agradecimiento eterno”.

Otra figura de la comisión que se retirará es la santafesina Germana Figueroa Casas, del Pro, quien expresó: “Fueron cuatro años de mucho aprendizaje, para mí fue muy importante estar en esta comisión ya que muchos saben, doy clases de finanzas públicas, y una cosa es la teoría y otra la práctica”.

La macrista les agradeció a los empleados de la comisión y a su bloque por proponerla como autoridad -fue vicepresidenta segunda en estos dos últimos años-. “Me hubiera gustado haber votado más presupuestos, es medio frustrante no haber podido votar más, porque realmente para mí es un instrumento muy importante”, añadió en referencia al plan de gastos y recursos que se encuentra prorrogado desde 2023.

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el flamante canciller Pablo Quirno, quien fue hasta hace una semana el secretario de Finanzas, defendió este jueves la gestión de la deuda en lo que va del gobierno de Javier Milei.

"Argentina no tiene un problema de cantidad de deuda, sino de credibilidad y de acceso a mercado", afirmó y destacó que en los últimos 21 meses "se limpiaron los 61 millones de dólares equivalentes que teníamos en el Banco Central y se capitalizó el Banco Central en reservas con el programa con el FMI firmado en abril de 2025", un programa "absolutamente inédito".

En ese sentido, recordó que el país "tuvo 23 programas con el Fondo y no cumplió absolutamente ninguno". "Nosotros obtuvimos financiamiento del FMI para capitalizar al Banco Central", insistió.

Al cargar contra la gestión de Alberto Fernández -exhibiendo incluso en su presentación una foto del expresidente-, Quirno cuestionó que "la reestructuración que se hizo la vendieron como virtuosa" pero "ocultando fundamentalmente lo que eran los vencimientos que iban a ocurrir una vez que el gobierno terminara". En esa línea, dijo que el gobierno anterior lo que hizo fue "patear la pelota para adelante en cuanto a los vencimientos".

"Al comienzo de la gestión del presidente Milei teníamos un nivel de deuda de aproximadamente 485 millones de dólares", detalló y señaló: "Es importante tener un desglose bien identificado porque dado la historia de déficit que Argentina ha tenido, los diferentes gobiernos han utilizado un financiamiento monetario que no está expresado por lo general en la contabilidad de la deuda bruta del Tesoro".

Sobre esto, indicó que "la deuda del Tesoro en noviembre de 2023 ascendía a 266 mil millones de dólares", más "la deuda en pesos de 158 mil millones de pesos, eso termina siendo la deuda bruta". A su vez, "la deuda que el Tesoro le genera al Banco Central en pasivos no remunerados; ese número a finales de noviembre de 2023 ascendía a 67 mil millones de dólares".

El exintegrante del equipo económico comandado por Luis Caputo, subrayó que "al momento del arribo al gobierno del presidente Javier Milei, el 30% de la deuda consolidada, 66 mil millones de dólares, tenía vencimiento a un día y el 90% de la deuda total en pesos estaba indexada. El Tesoro no tenía acceso a financiamiento genuino".

"La deuda del Tesoro en el periodo noviembre 2023-agosto 2025 se redujo en casi 50 mil millones de dólares", resaltó el funcionario y aseguró que "la deuda se ha estado estirando sus plazos, que eso es algo muy favorable para las cuentas del Tesoro, y también se ha desindexado considerablemente".

Quirno aseveró que "la deuda siempre y en todo lugar es hija del déficit fiscal; sin déficit fiscal no hay incremento de deuda posible". Y, a continuación, criticó el "increíble aumento de deuda que ocurrió durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner", con un incremento "cuatro veces más" que en el gobierno de Mauricio Macri.

"Teniendo superávit fiscal, la deuda no solo comienza a reducirse en términos totales, sino que empieza a reducirse producto del crecimiento del PBI y su peso en relación con éste", explicó el funcionario.

Sobre los intereses de pasivos remunerados, el exsecretario de Finanzas detalló que alcanzaban el 10,2% del producto a noviembre de 2023, lo que "nos ponía a Argentina al borde de su crisis más grande de la historia". "Fue la convicción del presidente Milei y el mandato que le dio al equipo económico, lo que permitió desarmar esas diferentes bombas que nos habían dejado, apelando a la ortodoxia macroeconómica, a la reducción récord de un déficit fiscal que llegaba a 5 puntos del producto a nivel del Tesoro y a 10 puntos del producto a nivel del Banco Central", sostuvo.

En su exposición inicial, el ahora canciller reiteró que "Argentina tiene una batalla de credibilidad muy grande dado los desmanejos que han ocurrido a nivel de déficit fiscal, lo que ha llevado a que Argentina todavía no tenga acceso a los mercados internacionales". Por eso, para el Gobierno "es principal prioridad recuperar la credibilidad de Argentina" y "honrar las obligaciones es una parte muy importante" para esto.

"El superávit fiscal solamente se ocupa de cubrir los pagos de intereses, los pagos de capital no pueden ser cubiertos por el superávit primario, y como tal el Tesoro está obligado a comprar dólares para hacer frente a esas obligaciones", apuntó.

En otro pasaje, señaló que "la deuda consolidada neta con privados más organismos internacionales pasó de un 56,6% del PBI en noviembre de 2023 a 42% en agosto de 2025; y la deuda consolidada neta con privados en pesos de un 21,8% a 12,1% del PBI".

"Gracias a los resultados ocurridos el domingo pasado (en las elecciones) el valor de mercado de nuestros activos ha subido significativamente", ponderó.

En un nuevo turno de debate del Presupuesto 2026 durante este miércoles en la Cámara de Diputados, funcionarios del Ministerio de Defensa explicaron el destino de las partidas destinadas para el área. “Se consolida una política de defensa moderna, federal y soberana”, afirmó Luciana Carrasco, jefe de Gabinete de la cartera a cargo de Luis Petri -diputado electo-.

“Esta gestión trabaja de manera responsable y eficiente a la hora de defender la libertad”, expresó la funcionaria, quien ponderó que estos dos años se trabajó en “recuperar las capacidades del sistema de defensa de la Nación”.

En esa línea, dijo que la “misión” ordenada por el presidente Javier Milei de “devolver a lo más alto a las Fuerzas Amadas, es una de las tareas más prestigiosas y desafiantes que tuvimos” y “Luis Petri ha cumplido con esa misión”. “Hoy las Fuerzas Armadas han sido reivindicadas y ocupan el lugar que la política nunca debió quitarle”, dijo.

Carrasco habló de que “estos dos años hubo hechos concretos de reconstrucción”. “En diciembre de 2023 encontramos un sistema de defensa que existía más en los papeles que en la realidad, después de décadas de desinversión, desmantelamiento y de una gestión marcada por el uso político de los recursos y el descontrol, el resultado fue un Estado sin capacidad de defensa real”, observó.

“Estamos reconstruyendo desde los cimientos un sistema de defensa moderno, profesional y eficiente” lo cual “va a llevar tiempo y trabajo”, subrayó, pero defendió que “cada peso que hoy se invierte en defensa vuelve multiplicado, vuelve en profesionalismo, tecnología, en empleo calificado y soberanía”.

La jefa de Gabinete del Ministerio de Defensa señaló que el presupuesto asignado “no pide más de lo que el país puede, pero tampoco menos de lo que la Nación necesita”. “Cada adquisición a la que nos comprometemos es con la responsabilidad no solo de ver de qué partida se saca la plata, sino de ver conscientemente que se va a poder pagar”, continuó.

Tras enumerar y detallar el equipamiento adquirido para las distintas fuerzas, Carrasco se refirió a los ejercicios militares combinados, que “fortalecen la inserción internacional de la Argentina como actor cooperativo en el sistema de seguridad global. Durante esta gestión se fortaleció la interoperabilidad con fuerzas democráticas occidentales”.

“Nuestro compromiso con el adiestramiento ha sido concreto. De 8 ejercicios planificados en 2023 pasamos a 15 en 2024 y proyectamos terminan este año habiendo realizado 21 ejercicios”, apuntó y, por otra parte, añadió que “durante el último año las Fuerzas Armadas llevaron adelante 67 operaciones de protección civil, de las cuales 26 fueron de ayuda a la comunidad y 41 fueron misiones de ayuda humanitaria”.

La funcionaria aseguró que el presupuesto se basa en los pilares de “presencia soberana efectiva en todo el territorio, capacidad operativa real y sostenida de las fuerzas, innovación y autonomía estratégica a través del FONDEF”.

“El presupuesto total proyectado para el Ministerio de Defensa supera los 6 mil millones de pesos, consolidando un crecimiento real aproximadamente del 14% respecto 2025”, precisó y reveló que usará en “la expansión del FONDEF destinado a equipamiento y renovación y la recuperación del gasto operativo real”.

En el cierre de su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carrasco sostuvo que “el presupuesto 2026 consolida una política de defensa moderna, federal y soberana, con equilibrio entre inversión, funcionamiento y desarrollo tecnológico. Cada peso invertido refuerza un mensaje político claro: cada peso invertido no es un gasto, es una inversión en soberanía, libertad y futuro”.

Al momento de las preguntas, entre numerosas requisitorias, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, la consultó por una carta de Emilio Magnaghi, vicepresidente de la Fábrica Argentina de Aviones, donde se advierte que FAdeA “atraviesa una crisis estructural sin antecedente, producto de una falta de contratos con el Ministerio de Defensa y de los cambios de criterio en la contratación propuestos por la Jefatura de Gabinete”. “La situación de FAdeA puede definirse como terminal”, advirtió el santafesino.

“FAdeA venía acostumbrada a hacer las cosas de un modo que entendimos que no eran correctas. La transparencia y la eficiencia en cada uno de los contratos es prioridad”, planteó la funcionaria y lanzó: “Si está con problemas económicos no puede pretender que sean los contratos de Defensa la que la salven como estaba acostumbrada siempre, puede trabajar para un montón de lugares”.

En esa línea, dijo: “Aunque tardemos, a las cosas las vamos a hacer bien, y aunque me estén presionando, las vamos a hacer bien. Me hago cargo que fui yo que dije ‘así no se van a firmar’. Los corregimos (a los contratos) y los vamos a firmar de vuelta porque tenían errores”.

Tras una consulta de la diputada de la izquierda Vilma Ripoll sobre la autorización del ingreso de tropas de EE.UU. por decreto, la jefa de Gabinete de Defensa argumentó que “hubo un tema burocrático, por eso terminó saliendo por decreto”.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Toniolli, al igual que otros de sus pares, preguntó por el déficit de IOSFA y “¿cómo van a trabajar para sanearla?”. “IOSFA nos ocupa y es un tema muy complejo. Es algo que todos quisiéramos que funcione de la mejor manera posible, y no está pasando, tiene problemas, no lo vamos a negar. Ahora, siempre tuvo problemas”, manifestó la funcionaria, que llamó a “trabajar todos juntos y no chicanearnos”.

“Es un problema que en algún momento nos tenemos que sentar a conversar”, insistió, pero aclaró que “estos últimos seis meses la obra social no aumentó su déficit y eso es algo muy importante, estabilizamos la deuda”.

Cuando se aproximaba el horario previsto para recibir a los funcionarios del área de educación, la reunión se levantó y Carrasco se comprometió a enviar más respuestas por escrito.

También asistieron a brindar detalles Marcelo Rozas Garay, secretario de Estrategia y Asuntos Militares; y Facundo Fernández Langostena, subsecretario de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico de la Defensa.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Ejecutivo, José Rolandi, se hicieron presente en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles para responder la ronda de preguntas que quedaron pendientes del encuentro del pasado 1ro de octubre.

En esa oportunidad, Guberman se levantó y se fue de la sala luego de que diputados del Frente de Izquierda coló en el debate la noticia de que habían interceptado una flota que iba a Gaza con ayuda humanitaria y apuntaron contra Israel. Los gritos se hicieron dueños del encuentro que generaron malestar en el funcionario que tomó la decisión de retirarse. Solo había alcanzado a preguntar el diputado radical Martín Tetaz.

En esta ocasión, el secretario de Hacienda sostuvo que “la idea es mantener el compromiso asumido por el presidente de la Nación desde diciembre de 2023 con el equilibrio fiscal porque estamos convencidos que ese es el camino ideal para darle las soluciones que los argentinos necesitan y hemos visto validado eso en la elección legislativa”.

“Dentro del equilibrio fiscal, más allá de cumplir con las funciones básica que tiene que cumplir el Estado, estamos dispuestos a escuchar las opciones que podamos recolectar como propuestas que surjan del Congreso”, planteó.

Así, afirmó que “la proyección de crecimiento del PBI es del 5% para el 2026” y que “la reducción del gasto por la estructura política en el presupuesto la caída es del 5% en términos reales en gasto de autoridades superiores. Sigue el ajuste en algunas partidas, por sobre todo en el funcionamiento del Estado. Cae 7,1% en dirección superior ejecutiva, seguimos haciendo ajuste en términos de la estructura política del Estado”.

En cuanto a asistencia social, informó que “cae por un ajuste que se están haciendo en los padrones donde detectamos que hay asignación de planes sociales que no corresponden, por ejemplo, gente con yates estaban cobrando AUH, pensiones por discapacidad, eso se fue ajustando y es el camino correcto que tenemos que hacer para mejorar la cobertura en los programas sociales”.

“Teniendo en cuenta que los objetivos de algunos planes sociales no tienen que ver con un índice de inflación, sino que por ejemplo cubrir una canasta alimentaria y que no necesariamente se mueve con la inflación es tener la capacidad de hace el ajuste que corresponde. El gasto de la AUH y de la Tarjeta Alimentar no puede cubrir menos del 95% de la canasta básica alimentaria”, agregó.

En lo que respecta a obras, Guberman indicó: “Las obras de agua y vivienda son funciones que deben cumplir los gobiernos municipales y provinciales. Les hemos transferido la ejecución de esas obras. Eso debería estar reflejado en los presupuestos provinciales”.

“Las rutas no se detonaron de golpe en el 2024, venían de un proceso largo de deterioro por falta de inversión. Hemos asignado y ejecutado mucho más a través del sistema vial para financiar el mantenimiento de las rutas. Estamos en el proceso de retomar obras que estaban suspendidas antes del 2023. Se va a ejecutar la totalidad en la medida que las obras lo requieran. Hablar de vialidad en Argentina es un problema que trasciende lo económico”, criticó.

Por otro lado, respondió respecto del impuesto a los combustibles y el incremento reiterado del precio en los surtidores: “Aumenta tanto porque estamos normalizando el valor del impuesto a los combustibles que es una suma fija donde la gestión anterior por dos años y medio no se tocó y estuvo congelado. Nosotros estamos yendo a una normalización del impuesto. Estamos subiendo el 1% de lo que es el precio de venta del surtidor de los combustibles cada mes”.

Además, habló de las jubilaciones y pensiones de lo que planteó: “Hay una fórmula de ajuste previsional que ajusta por inflación y eso está contemplado en el presupuesto. El bono es una discrecionalidad del Ejecutivo como el gobierno anterior decidió ir por ese camino de ajuste. El monto será decisión del presidente de otorgarlo. Está previsto mantener el pago del bono, el monto es una decisión que se toma mensualmente”.

Por último, aseguró que pagarán los intereses de la deuda con el FMI con “superávit primario” porque “el equilibrio fiscal es fundamental para construir el equilibrio macroeconómico, es el punto de partida para el esquema que planteamos”.

También intervino el vicejefe de Gabinete del Ejecutivo, José Rolandi, quien explicó que el “gasto tributario del RIGI es cero porque está pensado como un régimen marginalista para materializar inversiones que en los últimos 50 años no ocurrieron en el país, son grandes proyectos y montos altos de inversión de alta maduración que necesitan estabilidad fiscal y legal y es un problema del país en los últimos años y ahuyenta a los inversores”.

“Estamos convencidos que el Estado es un pésimo administrador porque no tiene los incentivos que tiene el sector privado para poder administrar un negocio. En el Estado no hay responsabilidad como Aerolíneas Argentinas que se puso 8 mil millones de dólares para que pueda operar y lo financiaron todos los argentinos, AySA en 2023 déficit operativo de 1.6 billones de pesos una empresa que potabiliza agua”, apuntó.

Rolandi cuestionó: “Milagrosamente estas empresas dejaron de perder plata desde que llegamos. O somos los geniso del management o estas empresas se utilizaban como cajas políticas porque de golpe dejaron de perder plata”.

“El Presupuesto 2023 y los anteriores violaban la restricción presupuestaria es la regla número uno de la economía, o sea planteaba gastos que no había forma de financiar, subestimaba todas las variables del Presupuesto y era chamanismo económico porque no cerraba por ningún lado. Partía de una hipótesis de que ‘tener un poco de inflación no hacía mal’. Queremos un Presupuesto que cumple con la restricción presupuestaria y cumple con el equilibrio fiscal”, cerró.

“Ayudame conteniendo a tus diputados que piensan hacer un debate de esto”, le reclamó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, al titular de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, promediando la reunión de este miércoles.

Llevaba casi dos horas el debate del Presupuesto 2026 de esta sexta jornada, con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi. Precisamente este último estaba respondiendo preguntas, pero desde el bloque UP y Vilma Ripoll desde la izquierda lo interrumpían a los gritos.

“Julia, por favor te lo pido”, le dijo Benegas Lynch a la diputada Strada, y agregó: “No quiero hacer algo personal, pero hay diputados que hicieron una pregunta de 18 minutos… Somos 49 miembros, duraría 15 horas la comisión esta si cada uno hace esto”. “Eso sumado a que hay diputados que pueden venir sin ser miembros de la comisión y tienen voz. Entonces, por favor, nos están viendo la gente que paga impuestos, no podemos hacer estas cosas de colegio… No lleguemos a la instancia de tener que levantar la sesión por esto. No estoy amenazando… Dejen que contesten Rolandi”.

Fue solo un pasaje de una reunión que amenazaba extenderse indefinidamente. En efecto, la diputada que habló 18 minutos en su intervención fue precisamente Julia Strada. Un análisis realizado en base al tiempo utilizado por los diputados durante las seis reuniones de la Comisión de Presupuesto permite determinar que, en efecto, si cada diputado se extiende en demasía puede suceder que las reuniones se extiendan como sucede con las maratónicas sesiones.

Veamos el detalle de lo hablado -no por los funcionarios, sino por los propios diputados-, durante las seis reuniones hasta ahora desarrolladas:

Bloque	Tiempo total hablado	Cantidad de intervenciones
Unión por la Patria	4:16:53	42
Unión Cívica Radical	0:55:37	6
MST/FIT-U	0:54:48	8
PTS/FIT-U	0:53:43	10
La Libertad Avanza	0:44:13	31
Encuentro Federal	0:46:43	8
Izquierda Socialista/FIT-Unidad	0:45:10	7
Democracia para Siempre	0:34:46	9
Coalición Cívica – ARI	0:18:07	3
Movimiento de Integración y Desarrollo	0:13:17	3
Pro	0:09:12	5
MST/FITU	0:07:02	1
Producción y Trabajo	0:03:38	1

Cabe recordar que, a diferencia de las sesiones, en las comisiones no hay límite para el uso de la palabra. Y de hecho, se establece un régimen de equidad en la materia, de modo tal que todos los integrantes de la comisión deban tener igualdad de oportunidades para intervenir en las reuniones, de modo tal de evitar privilegios o exclusiones en el debate. Además, tal cual recordó Benegas Lynch, están habilitados a participar diputados que no forman parte de la comisión.

Con un límite de reuniones informativas puesto por la oposición a través del emplazamiento votado el 8 de octubre, que fijó el 4 de noviembre como fecha para dictaminar, las intervenciones prolongadas conspiran contra el debate real de la ley de leyes, si las reuniones son monopolizadas por el debate político. Dicho esto sin dejar de mencionar -nobleza obliga- que buena parte de las preguntas no son respondidas.

Por sexta vez consecutiva se reunió este miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch, donde expuso el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, quien planteó que la gestión “busca efectivamente tener una eficiencia en la inserción laboral, un déficit que tenemos hace tiempo” y para lograr ese objetivo es necesario “mantener el equilibrio fiscal”.

Abrió la ronda de expositores el abogado Julio Gabriel Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien criticó la gestión anterior porque “había una desarticulación entre distintos elementos que tenían que conformar un tronco común que es el desarrollo de la persona durante su vida porque se dejaba de lado algunos conocimientos necesarios en un mundo moderno para encontrar un trabajo digno de calidad. El trabajo estaba, pero la persona no tenía las actitudes para tomarlo”.

En esa línea, explicó que se plantearon dos ejes dentro del Ministerio de Capital Humano como la proyección en el tiempo que “nos llevara a pensar en formar a las personas desde que nacen en un contexto de crecimiento sano”, y el otro eje a lo inmediato porque “teníamos que abordar los dos elementos de manera unificada”.

“En la proyección y en la urgencia se empezó a trabajar en la primera secretaría que es Niñez y Familia pensando que una persona que está bien alimentada desde pequeño tiene mayores actitudes de aprendizaje a la época que necesita estudiar”, indicó y explicó que, por ese motivo, se aumentó la AUH, los planes: “Ahí hubo un carácter inmediato donde se eliminó la intermediación, se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.

Cordero sostuvo que “en la Argentina la educación primaria se encuentra por competencia en cabeza de las provincias, se desarrollaron planes a los efectos de empezar a poder otorgar las capacidades básicas de la persona cuando tuviera que ingresar al mundo del trabajo”.

En lo que respecta al ámbito laboral, explicó que “se desarrollaron diversas acciones e importantes que están más centradas en el pensamiento que tenemos desde el Gobierno. El trabajo no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica porque el trabajo beneficia a la persona que lo recibe, también al que lo da porque recibe una contraprestación, a la sociedad en su conjunto porque se generan bienes y servicios”.

En otro aspecto, indicó que “hay que profundizar a futuro el aspecto personal de lo que uno recibe en su espíritu cuando trabaja. El trabajo nos permite una inserción social desde lo personal. Queremos que el trabajo no se vea como una mercancía o mercadería, porque el mundo que viene requiere que incorporemos estas dimensiones diferentes del trabajo y que lo llevemos de una manera clara y de una forma legislativamente adecuada”.

El secretario de trabajo detalló que la quinta dimensión se trata de “la dignidad del trabajo porque lleva a un pensamiento de que es infinitamente más importante de lo que cobro por él, si bien el dinero es fundamental, la trascendencia del trabajo es superior a eso”.

“La Ley de Contrato de Trabajo tiene en esta línea una acepción muy buena que dice que, si uno le paga al trabajador, pero no le da tareas se puede considerar despedido. La Ley piensa en la importancia y dignidad del trabajo y de la incorporación a ello. Esto lleva a un orden social”, resaltó.

“Para nosotros es valioso el trabajo en relación de dependencia porque ordena la vida del ser humano. Es valioso el trabajo autónomo y toda la actividad humana que se presenta de una manera prístina para permitir desarrollar lo que somos porque fabricamos riqueza a través de la producción y el trabajo. El dinero es un medio o instrumento, pero si uno crea más dinero artificialmente eso no produce riqueza, simplemente la quita o distribuye entre los mismos. Tenemos que lograr que la Argentina pueda producir y trabajar, ese es el foco”, expresó.

Cordero planteó la inteligencia artificial y la robótica “son instrumentos fantásticos para la humanidad” que hay que aprovechar como herramientas, pero indicó que “tenemos que tener en claro que son al servicio del ser humano y que se incorpora dentro de la actividad, no es excluyente”. “Para que el trabajo sea tomado como digno, tenemos que desarrollar una legislación y protocolos que permita que el ser humano sea el centro del trabajo”, señaló.

Respecto del Presupuesto, afirmó: “Se buscó darle un enorme foco dentro de lo que son los programas de entrenamiento para el trabajo, de inserción laboral, donde se busca que el Estado ocupe un rol más pequeño dando lugar al sector privado que es el que produce riqueza en la sociedad y tratando de darle al Estado sus funciones”.

“Si logramos este equilibrio que permite que el Estado se achoque lo suficiente para permitirle al sector privado ese crecimiento, podemos crear una sociedad magnífica y una Argentina que nos merecemos”, resaltó y agregó: “En este esquema es fundamental mantener el equilibrio fiscal, los principios que el presidente vino a marcar y queremos acompañar este desarrollo”.

Entre los puntos del Presupuesto, detalló: “Tenemos gasto de personal que están presupuestados en $93.000.804.000 que representan el 9,81% del presupuesto; bienes de consumo en la suma de $1.318.000.000 que representan el 0,14%, servicios no personales como alquileres $22.900.000 que representan el 2,4% del presupuesto, bienes de uso por 527.000 representando el 0,06%, programas de empleo y formación $838.059.000 que representa el 87,60%. Claramente el fuerte peso y la gestión busca algo que efectivamente tenga una enorme eficiencia en la inserción laboral de un déficit que tenemos hace tiempo”.

Un salario dinámico en la Reforma Laboral

Cordero aseguró que están trabajando por "convenios de actividad" contemplando todas las actividades del país. "Luego las empresas o particularmente los empleadores que pueden y que negocian con sus propios sindicatos particulares en las propias empresas o con los mismos trabajadores, generan un diferencial hacia arriba para permitir pagarle a los trabajadores mejor. Esto es algo con lo que nosotros venimos trabajando especialmente en hace 2 meses, que es un es un plan de incremento eh salarial dinámico. Y esto es lo que muestra cuando ustedes ven las estadísticas ese diferencial entre los salarios llamados de 'convenio' y los 'salarios reales', que son los que marcan las  empresas y los trabajadores en lo que lleva ARCA".

"El salario real es muy superior y debe serlo al salario básico paritario. Antes el salario básico paritario servía para paliar inflación. Cuando la inflación va bajando, ahora las negociaciones tienen que tratar de otra cosa y ese salario básico tiene que permitir que los empleadores le paguen más y mejor a los trabajadores, que también generen un diferencial y se destaquen. Cuando nosotros hablamos de la palabra 'dinámico', significa que hay trabajadores que conservan su puesto. No queremos que se baje la cantidad de trabajadores, lo que nosotros queremos es que continuando la cantidad de trabajadores e incrementándose la cantidad de trabajadores, los salarios generen este diferencial por mérito y esto es fundamental porque es ese dinamismo que se está proponiendo en el sentido de ahora reunirnos con los sindicatos para encontrar esos elementos objetivos que permitan ese diferencial para las calificaciones", explayó.

La palabra de los diputados

Desde Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo criticó la situación del salario mínimo, vital y móvil que “cayó en un 34%” y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica.  También, cuestionó que hay 127.000 puestos de trabajos no registrados más y 321.000 puestos de trabajo menos porque “si no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.

Sobre la reforma laboral que desde UP consideran “regresión laboral” porque debe ser “progresiva, inclusiva y mejorar”, apuntó: “Vuelven a hablar de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.

A su turno, el diputado de izquierda Juan Carlos Giordano indicó que se cerraron “30 empresas por día y 236.000 despidos. Los salarios perdieron un 30% de puntos frente a la inflación acumulada. El INDEC informó que el 80% de los argentinos reciben menos de 900.070 pesos mensuales”. Además, criticó: “La reforma laboral anti obrera pro patronal ya se vivió con Menem donde se remató el ferrocarril, empresas de teléfono, cable, etc. El país quedó hundido y el presidente lo halaga”. “La reforma laboral significa convenios con empresas, periodos de prueba de 3 a 6 u 8 meses abaratando despidos y rotación a pruebas, el verso de la industria del juicio.

En el marco del debate del proyecto de Presupuesto 2026, funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, defendieron las medidas tomadas por el Gobierno en este área y anticiparon una batería de iniciativas para seguir avanzando con profundas reformas.

Conocedor del ámbito parlamentario, primero como diputado y hasta hace meses atrás secretario del bloque radical, Alejandro Cacace, actual secretario de Desregulación, anticipó que el Poder Ejecutivo planea enviar un proyecto de "Ley Bases 2", que contemple numerosos temas que quedaron fuera del texto original.

Durante una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el funcionario hizo una invitación a los legisladores a "trabajar juntos en la desregulación que viene". "Hay temas que quedaron de la Ley de Bases 1, temas que quedaron afuera por falta de consenso o porque no se llegaron a tratar, como juicio por jurados, reforma de la justicia, Código Civil, los divorcios, las sucesiones, defensa de la competencia. Es la intención enviar un proyecto de Ley de Bases 2, recopilando con algunas de estas cosas que quedaron en el tintero", confirmó.

También habló de "Hojarasca 2", en relación a un proyecto enviado el año pasado, bajo ese título, que nunca se puso en tratamiento. "Está Hojarasca 1 y va a venir Hojarasca 2 con la idea de hacer depuración de normas", anunció. "Mucho de lo que se plantea es de sentido común", dijo sobre la derogación que se quiere hacer de numerosas normas consideradas obsoletas o burocráticas.

"Aún hoy, con las medidas que hemos hecho, entre las 15 economías de Latinoamérica medidas, Argentina está última", indicó y expresó: "Avanzamos mucho, pero la tarea por hacer es enorme". Además, señaló que el país bajó "20 puestos en el Índice de Libertad Económica, pero no estamos ni dentro de los primeros 100. Entonces, hay que ir por más".

Para Cacace, "la Cámara de Diputados fue un pilar de las reformas y los principales hitos de desregulación". "La Ley Bases fue un ejercicio positivo del diálogo democrático", opinó y resaltó el DNU 70, la Ley Bases y el Pacto de Mayo, sobre el cual se está trabajando su contenido en el Consejo de Mayo.

"Hay un decálogo de puntos en los que se está trabajando: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público hasta llegar a 25% del PBI; una educación inicial, primaria y secundaria moderna; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación; la explotación de los recursos naturales; una reforma laboral moderna; una reforma previsional; y la apertura del comercio internacional", enumeró.

Y reveló: "Estos no son puntos solo ideados por el presidente, son puntos que fueron suscriptos por 18 gobernadores y que se están discutiendo en el ámbito del Consejo de Mayo. Y vamos a hacer el 15 de diciembre el envío de esos proyectos con la idea de que los trabajemos juntos. Invitamos a todos los bloques". En ese sentido, agregó que tendrán "plena apertura para venir a dialogar acá las veces que sea".

Durante su exposición, el secretario observó que "hay prejuicio con la desregulación". "Lo primero que buscamos con la desregulación es eliminar privilegios y barreras de acceso que tienen nuestros mercados. Argentina ha tenido durante décadas una construcción corporativa del poder", sostuvo.

El funcionario sumó que en el pasado "el Estado se convirtió en un instrumento para la concentración económica en favor de algunas empresas, y con eso privo a la libre competencia y acceso al mercado. Con la desregulación se está logrando que aquellos que no podían participar del mercado, ahora pueden hacerlo, sean PyMEs o empresas extranjeras".

Maximiliano Fariña

También se presentó ante la Comisión de Presupuesto Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, quien destacó las medidas tomadas desde el comienzo de la gestión. "Cuando iniciamos el Gobierno, para nosotros había dos pilares fundamentales: uno el superávit fiscal, que como contracara de eso la motosierra, y por otro lado, la desregulación", señaló.

Indicó a continuación que el gasto público consolidado en la década del '90 representaba un poco más de 30% del PBI, mientras que en diciembre de 2023 se ubicaba en 42%. "En 30 años, lo único que hizo el Estado argentino fue crecer. Para nosotros ese es el ajuste, porque cada peso que el Estado le fue quitando a cada uno de los consumidores y empresas, nos llevó a un país donde las exportaciones no crecían, donde no había generación de empleo, inversiones", planteó.

El funcionario defendió que "el correlato de haber logrado el superávit fiscal en el primer mes de gobierno tuvo como contracara una transformación del Estado y una revisión del tamaño del Estado". "Cuando hablamos de desregulación -siguió-, Argentina era uno de los países mas regulados en el mundo: más de 4 mil leyes, más de 700 mil decretos del Poder Ejecutivo y cuando se le suman las resoluciones, las disposiciones, tenemos más de un millón de normas".

"Otro problema es que gran parte de la normativa tiene su origen en la dictadura. Tienen un origen no democrático. Uno es el Código Aduanero, que le da poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo. Otro el Código Aeronáutico", mencionó y añadió que "muchas de estas normas buscaban proteger intereses de determinados empresarios y sectores políticos para eliminar la competencia".

"Para nosotros la desregulación es pro-PyME, quienes más dificultades tienen para enfrentar estas barreras; y también es anticorrupción", definió y subrayó que "transformación del Estado y desregulación son elementos que van de la mano".

En cuanto a recortes, precisó que "al final del gobierno de Alberto Fernández teníamos entre ministros, secretarios y subsecretarios, 307 autoridades superiores; en un año lo redujimos en un 40%, hoy hay 194 autoridades superiores. Eso implicó un ahorro que está reflejado en el Presupuesto 2026 de 5 mil millones de pesos".

"También revisamos toda la estructura del Estado nacional en un primer y segundo nivel, lo redujimos en más de un 20% generando un ahorro de 18 mil millones. Ese ahorro es devolverle el dinero a los argentinos. También eliminamos 400 áreas del Estado, había muchas áreas duplicadas o con funciones obsoletas. Otras que cumplían funciones que le corresponden al sector privado o a las provincias", enfatizó.

Para Fariña, "un capítulo especial son los organismos desconcentrados y descentralizados: en la década del '80 había alrededor de 40 organismos y en el 2023 nosotros recibimos 111. Fue un lugar para repartir cargos políticos". "Cuando miras los empleados públicos de los organismos, en 2010 había 35 mil agentes, en 2024 nosotros recibimos 88 mil empleados", ahondó.

Además, criticó que "el Congreso por primera vez en su historia derogó diferentes decretos delegados, retrotrayendo muchas de las transformaciones que habíamos impulsado en el INTA, en INV, en Vialidad, el Instituto de Semillas y otros organismos. Con eso teníamos planificado un ahorro de casi 700 millones de dólares, que se iba a poder destinar a otras actividades y tuvimos que volver atrás".

El secretario de Transformación del Estado destacó que "en un año y medio hemos reducido la cantidad de empleados públicos en 54 mil personas". "Una de las principales medidas fue la eliminación del Compre Argentino, también eliminamos los privilegios de las empresas públicas, modificamos el régimen de contratación de la obra pública y eliminamos más de 25 fondos fiduciarios" en los cuales "el dinero no iba al fin que estaba contemplado".

Al momento del intercambio de preguntas y respuestas, el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo pidió que, si van a enviar una nueva versión de la Ley Bases, "no se roben el dictamen como hicieron con Ley de Bases 1 y se lo llevaron a un departamento en Recoleta, donde el que lo corregía, como denunció el diputado (Oscar) Agost Carreño, era Federico Sturzenegger".

El líder del gremio de los bancarios, que se cruzó en varios momentos con Cacace respecto de la reforma laboral, lanzó: "Usted tiene un jefe que pareciera ser que le gusta mucho los decretos. Pareciera ser una constante. Usted invitó al diálogo. Acá el Parlamento ha tenido diálogo. Mas de dos tercios hemos dicho algo y ustedes lo vetan. No sé que cuál es el diálogo que buscan. El diálogo en los términos que ustedes quieren y si no, no hay diálogo”.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, consideró que la desregulación "es una de las áreas que exhibe los mejores resultados de gestión" del Gobierno; sin embargo, advirtió por "la institucionalidad de la reforma". "Debiera aprender (el oficialismo) de de cinco decretos delegados tumbados, de un DNU tumbado y un DNU judicializado. Siempre es mejor la regulación por ley", aseveró.

"Por supuesto que hay que aprender de la judicialización y del conflicto en la Cámara de Diputados", admitió Cacace, que a su vez aseguró: "A veces los sectores afectados reaccionan porque se les está afectando un privilegio o un interés, y por eso judicializan".

Irónica, la diputada de UP Julia Strada reclamó sobre la ausencia de Sturzenegger. "Ya que nos estamos tuteando… Ale, Maxi… ¿Dónde está Fede? Me pregunto, porque estoy preocupada por el paradero del ministro. Una cosa era cuando lo escondían y no tenía rol, no era ministro. Pobre, lo hicieron escribir el DNU 70 y nadie sabía dónde estaba. Después lo tuvieron escondido en el departamento de Recoleta corrigiendo la Ley Bases. Pobre Fede”, expresó.

Y agregó: “Me dicen que solo lo sacan para ir a TN en auto con vidrio polarizado. Y el otro día como encima la chocó toda no lo sacan más. Yo quiero saber dónde esta Fede, estoy hablando del ministro Sturzenegger, porque se encarga de hablar del DNU 70, de la Ley Bases, de toda la desregulación, pero los manda a ustedes”.

“Me dicen que nos está viendo por YouTube. Así que le mandamos un saludo, espero que esté bien. Espero que salga a la calle, que vea la luz del sol. Me dicen que esta todo el día en Twitter además, obsesionado con tuitear todo el día contra el kirchnerismo”, cerró.

Más adelante, la diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll opinó que "la desregulación mata, y con el fentanilo ni te cuento. El Ministerio hace las desregulaciones para los sectores privados". "Es indignante ver lo que están haciendo con las leyes del Congreso", enfatizó y denunció que "Milei es muerte".

Luego de la visita de Daniel González, llegó el turno de Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quien en el debate del proyecto de la ley de Presupuesto 2026 afirmó que “estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”. Fue crítico de la gestión de la ex AFIP y destacó las medidas fiscales del actual Gobierno nacional.

Siendo la cuarta reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el tratamiento de la “ley de leyes”, el encuentro estuvo moderado por el titular Alberto Benegas Lynch, que en su segundo día a cargo del órgano parlamentario evitó confrontar con los miembros de la oposición, pero no pudo esquivar los embates contra el director de la Agencia.

Sin embargo, después de la exposición de más de 20 minutos del funcionario, los diputados nacionales de Unión por la Patria plantearon un reclamo que generó el primer momento de tensión. Luego de que el director del ARCA finalizara su intervención sobre el proyecto de ley de inocencia fiscal, Germán Martínez, en su rol de jefe de bloque, alzó la voz y remarcó: “Tiene que venir a responder sobre el Presupuesto porque el expediente de inocencia fiscal no está en consideración ahora”.

El reclamo del santafesino fue más allá: en medio del planteo por los expedientes a considerar, deslizó que “si no esto es 'tema libre la vaca' porque Juan Pazo debe hablar de la Ley de Presupuesto”, y luego ironizó: “Es como si yo me pusiera hablar de los departamentos no declarados de Juan Pazo en Florida”. De inmediato, el funcionario, sentado en el estrado junto a Benegas Lynch, le contestó: “Trabajé toda mi vida en el sector privado y tengo todas las declaraciones juradas, prueben hacerlo… deberían trabajar y no vivir el Estado”.

El segundo momento de tensión entre los vocales y el funcionario fue cuando se mencionó a la quita y posterior regreso de las retenciones al agro. Punzante, Juan Pazo se dirigió a los legisladores de la oposición y chicaneó: “Es una cuenta aritmética, pero si quieren se los explico con manzanas”. Del otro lado de la sala, el diputado formoseño Fernando Carbajal le endilgó haber cometido una falta de respeto y lo catalogó de ser "muy atrevido".

Otro momento de fricción se dio cuando la diputada nacional Julia Strada planteaba una serie de preguntas al funcionario y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la interrumpió en más de una ocasión: "Estás monopolizando la palabra, anótate y después seguís". Luego, notoriamente acelerado agregó: "No vas a cerrar tu intervención, me vas a escuchar a mí primero a mí".

"¿Qué te pasa violento?", respondió Strada, quien siguió: "Sos un violento. ¿Qué me venís a decir que te tengo que escuchar y me tengo que callar? sos un irrespetuoso 'Bertie'". "No hagas que te corte el micrófono", advertía Benegas Lynch. Finalmente, el titular de Presupuesto y Hacienda dio lugar a que continuara con las preguntas, pero el escenario ya se había caldeado.

La exposición del titular del ARCA

Las principales críticas de Pazo estuvieron dirigidas a la gestión de Carlos Castagneto, actual diputado nacional de Unión por la Patria y extitular de la AFIP desde agosto del 2022 hasta el 9 de diciembre del 2023. “Cuando hay límites de todo tipo de acceso al ahorro y no hay acompañamiento de parte del Estado, los niveles de evasión nos llevan a los altos niveles del 2001 que fueron parecidos a los de 2023”, deslizó el funcionario del gobierno de Javier Milei.

Respecto al escenario que Pazo encontró en el organismo cuando La Libertad Avanza arribó al Poder Ejecutivo, cuestionó que “se nombraron más de 3000 ingresos en ARCA a fines del 2023”, y luego, agregó que “nos dejaron un Banco Central sin reservas y una deuda muy importante en las devoluciones adeudadas de impuestos”. “Estamos queriendo cambiar el enfoque tributario y dejar de tener una matriz persecutoria”, alertó.

En otro tramo del discurso, el director de la Agencia de Recaudación advirtió que la evasión fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo “niveles mayores al 37%, lo que marca cifras peores que en el 2001”. Asimismo, mencionó que “la informalidad laboral es de 4 sobre 10 trabajadores argentinos que son más de 4 millones de personas”.

En síntesis, Pazo agregó que “el régimen de evasión del IVA fue similar a la evasión en materia laboral”. Criticó duramente la creación de cargos jerárquicos en diciembre del 2023 -previo al cambio de gobierno-, y profundizó: “Encontramos una obsolescencia tecnológica muy grande en una organización muy importante y clave para este gobierno porque la principal ancla que tenemos es el equilibrio fiscal”.

Al retomar el cambio de paradigma que propone la gestión libertaria, reiteró que la Agencia está puesta “al servicio de los ciudadanos y no para perseguirlos”. “No podemos soslayar que debemos mejorar las barreras del cumplimiento de los contribuyentes, pero buscamos facilitarle la vida al contribuyente y el agro es un aliado de este Gobierno y no utilizaremos mecanismos de persecución con el campo”, definió Juan Pazo.

El cierre de la exposición de Pazo fue para añadir que “el principal incentivo de la regularización de los patrimonios es el acceso al crédito privado que creció del 3% al 9% del PBI”. Luego, definió que los tres puntos principales de la gestión son “la simplificación, la desburocratización y la aplicación de tecnología”. “No estamos desmantelando un organismo, nuestro desafío es fomentar consumo e inversión”, concluyó.

Tal como suele suceder cada vez que un funcionario del Poder Ejecutivo viene al Congreso, Juan Pazo evitó profundizar más allá del la exposición. Cada vez que tomaba la palabra para contestar los bloques de preguntas, los legisladores de las bancadas de la oposición advertían -fuera de micrófono- que el funcionario no respondía sobre los temas consultados.

En última instancia, el diputado libertario Santiago Santurio cruzó a Vilma Ripoll por haber insultado al funcionario fuera de micrófono, y le recordó el abrupto final de la reunión que tuvo como invitado a Carlos Guberman. Tras este contrapunto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch, dio por terminada la reunión.

Después de 70 minutos con la discusión de la designación de la presidencia, Alberto Benegas Lynch dio lugar a la intervención de Daniel González, coordinador de Energía y Minería, dentro de la Secretaría que está a cargo de María Carmen Tettamanti, quien inició su discurso al manifestar que “nuestro objetivo principal es la normalización de un sistema con normas adecuadas, pero que venimos incumpliendo en distintos gobiernos”.

Una vez que comenzó el proceso de preguntas encabezadas por los vocales presentes, el coordinador de Energía y Minería evitó ampliar su intervención en relación a la consulta de Julio Moreno Ovalle respecto a la pregunta por la privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina. Cabe destacar que en paralelo, se constituía a pocos metros la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones con el senador salteño Juan Carlos Romero como presidente.

En el final de esta reunión, Benegas Lynch anunció que Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), vendrá a exponer este miércoles a las 15 para ampliar los detalles del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

Del mismo modo, González amplió los números explayados en el proyecto y presentó dos grupos de partidas: primero explicó los gastos corrientes referidos a los subsidios, sobre los cuales planteó que “queremos alinear gradualmente el costo que paga el consumidor con el costo de producción”; en segunda instancia, presentó a los gastos de capital con partidas destinadas a invertir en Nucleoeléctrica Argentina y el Gasoducto Norte, entre otros lugares.

Sobre los gastos corrientes, el funcionario de la Secretaría de Energía reafirmó que la gran mayoría de esos gastos son subsidios de 2.642 millones de pesos para Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Acto seguido, reveló que “queremos reducir el peso de los subsidios de 0,66 a 0,50 del PBI de forma absolutamente gradual”, y reiteró que la propuesta del Gobierno nacional es la de “alinear gradualmente el costo que paga el consumidor con el costo de producción”.

“Argentina tiene un costo de energía competitivo que es de 78 dólares por vatios y los clientes residenciales pagan solamente 41 dólares de esos 78. Nosotros queremos que paguen 52”, afirmó González. Similar, adelantó, que será la propuesta con el Plan Gas, donde anunció que “450 es el costo, y los clientes pagaron 2,46%”. En esa línea, mencionó que “estimamos que van a pagar en 2026, un 2,77%”.

Además, sostuvo que el objetivo del Gobierno nacional en este proyecto de ley es “adecuar precios a los costos de suministros energéticos”. Luego, especificó: “Actualmente hay 9 millones de hogares subsidiados y el objetivo de este proyecto es reducir el porcentaje de subsidios”. Recordó que los clientes pagaron el 44% del valor real en 2024, el 53% en 2025 y el Gobierno propone que ahora se pague el 67% en 2026. “Con nuestro plan, en diciembre del 2026, el 76% de los clientes de Edenor va a pagar facturas de 45.000 pesos”, añadió González.

Con relación a las categorías de subsidios del gas, planteó que “los clientes de gas en Argentina van a pagar el 68% en la sección N1; el 29% para los que estén dentro de la categoría N2 el 29%; y el 41% quienes estén dentro de la categoría N3”. Sintetizó que los clientes residenciales pagaron el 52% del valor en 2024, el 55% en 2025 y buscarán con esta iniciativa que se llegue al 61% en 2026 “para que de a poco nos vayamos acostumbrando a pagar los servicios cómo realmente cuestan”, deslizó.

"La competitividad argentina depende de tener una matriz energética sólida, previsible y eficiente, y este presupuesto sienta las bases para lograrlo", remarcó el funcionario, quien además, consideró que "estamos dando vuelta la balanza comercial energética, que tuvo un déficit del 5.600 millones de dólares en 2022, que ya tuvo un superávit de 5.400 millones en 2024 y que en agosto de 2025 lleva un superávit de 3.800 millones de dólares".

En otro tramo de la extensa presentación en el Anexo C del Palacio Legislativo, González dejó en claro que este proyecto de ley propone “volver a la zona fría original que beneficia a 6 provincias de forma total y a 2 de forma parcial”. Consultado por Nicolás Massot, señaló que “el cargo del 7,5% no alcanza”. Y también, planteó que “no estamos subsidiando el consumo, sino que estamos subsidiando la factura y el cargo fijo”.

El texto ingresado por mesa de entradas el pasado 15 de septiembre establece la derogación del Régimen de Zonas Frías, lo cual fue muy cuestionado por diferentes diputados patagónicos. En cambio, el funcionario de la Secretaría de Energía enfatizó que “creemos que lo lógico” porque “si tenes que pagar 10.000 pesos de gas en una casa no habitada en Río Negro, terminas pagando 5.000 cuando la casa no está ocupada y es más razonable y justo aplicar el subsidio sobre el consumo”.

Por último, Daniel González presentó los gastos de capital destinados a inversiones en Nucleoeléctrica Argentina para la ejecución de obras en Atucha y del almacenamiento en seco de combustibles usados en más de 400.000 millones de pesos. También, anticipó sendas partidas de 200.000 millones para la represa del Río Santa Cruz, y para ENARSA en virtud de la reversión del Gasoducto Norte que “está prácticamente terminada”.

Cuando se esperaba que todo marchara sobre ruedas, el diputado formoseño Fernando Carbajal asistido por Vilma Ripoll acusaron que la designación de Alberto Benegas Lynch fue “alterada” al relatar que no se les avisó del acuerdo político que había saldado el reemplazo de José Luis Espert en el plenario que se llevó a cabo junto a la Comisión de Deportes. El acuerdo había contemplado, además, elegir al salteño Julio Moreno Ovalle en la Secretaría.

Al comienzo del encuentro, el legislador de Democracia para Siempre se manifestó hacia la nueva autoridad del organismo: “Le pido que evitemos reiterar esto y lo hagamos cumpliendo el reglamento”. Sin embargo, aclaró que “no vengo a sacarlo de una patada, pero exijo que cumplamos con los compromisos asumidos”. “No hagamos como que no pasa nada”, concluyó y propuso “una medida saneatoria”, en alusión a volver a mocionar un tema ya saldado.

En defensa del acuerdo y sin ánimos de confrontar, Nicolás Massot de Encuentro Federal expresó: “Me voy a llevar la marca y sí, hubo un acuerdo político”, pero reiteró que “nadie quería objetar la conducción del oficialismo”. Luego, pidió la intervención del oficialismo para que se gestionen las convocatorias a los funcionarios del Poder Ejecutivo en el marco del debate del proyecto de ley de presupuesto 2026.

En última instancia de esta discrepancia, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, agregó que “no fue resultado de un acuerdo político, fue el resultado de una imposición de La Libertad Avanza”, y lo comparó con la designación de José Luis Espert en enero del 2024 cuando integraba el monobloque Avanza Libertad. “Están entrando en el mismo error de hace un año”, advirtió el legislador santafesino.

Tras una hora y 10 minutos con esta discusión, la moción no fue puesta a consideración y Alberto Benegas Lynch dio lugar a Daniel González, coordinador de Energía y Minería, dentro de la Secretaría que está a cargo de María Carmen Tettamanti para dar inicio al debate de la ley de leyes.

Asediado a raíz del vínculo comprobado con el empresario Federico "Fred" Machado - acusado por narcotráfico e investigado por la justicia estadounidense-, el diputado José Luis Espert no sólo se bajó del primer lugar de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sino que este lunes se confirmó su salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

"Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de comunicarle mi renuncia a integrar la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Casa", comunicó por nota al presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

El propio presidente Javier Milei dijo este domingo por la noche, en una entrevista en el canal LN+, que el oficialismo propondría como reemplazo para el lugar que deja Espert a Alberto "Bertie" Benegas Lynch, actual secretario de la comisión.

"Eso básicamente es un tema de dinámica parlamentaria. Entonces, hay que dejar que transcurran los hechos. Y si eso ocurriera, lo más probable, sería lo más razonable, es que ese lugar lo ocupara 'Bertie Benegas Lynch'. Digo, pero por cuestión natural", expresó Milei.

Durante la última reunión, previo a la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, sobre el Presupuesto 2026, Espert fue el centro de las críticas de la oposición, que reclamaron que deje la conducción. Finalmente, la cuestión quedó para el recinto.

Precisamente, un proyecto para removerlo del cargo fue incluido en la sesión de este miércoles para que se emplazaran a las comisiones que debían tratarlo. La iniciativa, que queda en abstracto, data desde julio, cuando Espert ya era largamente cuestionado por no abrir la comisión para tratar proyectos opositores. En los últimos días se sumó la presión por su vínculo con Machado.

Además, recientemente se presentaron proyectos, entre ellos uno del radical Facundo Manes, que buscan directamente echar a Espert de la Cámara baja. Pero éstos no forman parte del temario de la sesión, donde igualmente -sin dudas- Espert será el centro de críticas.

Aunque en la última reunión la oposición pidió la remoción de Espert, el propio jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, aseguró que la intención no era dejar a La Libertad Avanza sin la presidencia de una comisión clave -considerada de gobernabilidad- sino que se pusiera a otro integrante.

Desde el oficialismo ratificaron este lunes que "el reemplazo lo decide el bloque" y en la próxima reunión, el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller, de UP, "debería dar lugar a la moción que proponga el bloque de LLA para el reemplazo en la presidencia de la misma".

En medio de un clima que ya se anticipó caliente en la previa, arrancó este miércoles a las 13.22 la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, para recibir a funcionarios de la cartera económica, pero antes hubo por más de una hora una catarata de cuestionamientos de la oposición hacia José Luis Espert, quien finalmente se mantuvo al frente de la presidencia.

Tal cual se esperaba, el debate comenzó con la discusión en torno al titular de la comisión. Arrancó el jefe de la principal oposición, Germán Martínez, recordando que en la reunión anterior habían reclamado la presencia del ministro del ministro de Economía, Luis Caputo, “para que venga después de casi dos años a un Congreso al que no asistió nunca, más allá de venir a algún acto como aplaudidor del presidente de la Nación”.

Contó que hubo además un hecho no previsto, nuevo, como es el blindaje financiero del Tesoro de los Estados Unidos, del que reclaman información; y el fin de semana remitieron una lista con los funcionarios requeridos para asistir al debate, encabezado por el ministro de Economía y el titular del Central. “Una lista muy parecida a la de los funcionarios que asistieron en 2022 y 2023 para dar el debate” sobre el Presupuesto.

“Aparece después un hecho no nuevo, sino que tiene una nueva dimensión”, agregó Martínez, que refirió al pedido de la diputada Victoria Tolosa Paz en julio pasado de remoción del diputado José Luis Espert y que lo hacía en función de “la deficiente conducción, coordinación y presidencia a lo largo de este año y 9 meses, desde la cuestionada votación que lo consagró. Sin abrir jamás esta comisión a ninguna otra iniciativa que no fuera del Ejecutivo”. Recordó en ese sentido que cada vez que la  oposición necesitó dictamen o debate, tuvieron que ir al recinto para emplazar. “Todo lo que logramos aprobar lo hicimos así”.

El jefe de Unión por la Patria recordó que en el recinto el diputado Martín Soria había advertido sobre el vínculo de Espert con Fred Machado. “Y lo hizo cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado, y lo hizo cuando muchos miraban todavía para el costado y cuando las actuaciones de la justicia norteamericana ya estaban en curso contra Machado”, apuntó el jefe del bloque UP.

Agregó que el fin de semana apareció un dato muy concreto sobre el aporte económico de 200 mil dólares a la campaña de Espert. “El tema tiene tal envergadura que claramente planteamos en dos tiempos distintos las distintas opciones que tenemos en este tema”, señaló Martínez, para quien resulta “inentendible que José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión: tiene que ser removido inmediatamente. Y estoy convencido de que hay una amplia mayoría de los 49 integrantes de esta comisión que están seguros de que Espert ya no puede seguir siendo presidente de esta comisión”.

Recordó también los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien reclamó este miércoles explicaciones. “Este es el escenario sobre el cual se quiere comenzar a debatir. Espert no puede ser ya el presidente de la comisión; la conducta de Espert se tiene que analizar en los ámbitos formales que tiene la Cámara y hoy debería haber una mayoría que le diga eso”, remarcó Germán Martínez.

Le contestó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, que recordó que estaban allí para tratar la ley de leyes y de ninguna manera iban a dejar “que se meta la campaña política en el tratamiento del Presupuesto”. Por eso reclamó que los funcionarios se sentaran en sus lugares y comenzaran a dar explicaciones. “No hay otro tema que hablar más que el presupuesto”, cerró el cordobés, que insistió en que “acá se viene a debatir el presupuesto, todo lo demás es hacer campaña, show”, y le pidió a Espert tener “la templanza para llevar adelante esta comisión sin tocar otro tema que no sea el Presupuesto”.

A continuación, el socialista Esteban Paulón arrancó parafraseando a Patricia Bullrich, que por la mañana dijo que “no podemos aceptar una alianza con un narco”, y sostuvo que el debate que se estaba iniciando era lo suficientemente relevante como  para que quedara demostrada “la mentira de Milei, que dijo que repartía ampliaciones presupuestarias para todos los sectores, pero cuando uno lee la letra chica, nada de eso está”.

Más allá de eso, fue contra Espert insistiendo en que “es negativo para el debate del Presupuesto que usted presida este debate, mete ruido en un debate trascendente para la Nación, nos corre el eje”, y le propuso autoexcluirse del debate. “Y si no accede a tener ese gesto, habrá que avanzar con los canales constitucionales que tiene esta cámara”.

“Obviamente que el diputado Espert no puede presidir la Comisión de Presupuesto, hace más de un año, porque la abre solo si el recinto lo emplaza, porque el año pasado se llevó la comisión a la casa previo a dictaminar el presupuesto y dejó a la Argentina sin presupuesto”, expresó el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

Muy duro, continuó: “Mal diputado y mal presidente de la Comisión de Presupuesto, no hay ninguna duda que es. Debería dar un paso al costado por su propio Gobierno, por respeto a sus colegas y el Parlamento”. Y para evitar que “la gobernabilidad no estalle en manos de un provocador serial como usted, que solo se le ocurre decir ‘cárcel o bala’… no sé qué haría en su caso si llega a ser cierto que lo financió el narcotráfico”, lanzó.

El legislador “lilito” le apuntó al oficialista que “dice que es una operación kuka”, pero le recordó que en 2021 él le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que “todo el financiamiento de su campaña era inexplicable”. “Siempre se dijo que lo financió Gildo Insfrán, Sergio Massa y un conocido banco. A usted lo puso el PJ y ahora lo saca el PJ”, agregó.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recordó que su bloque pidió remover a Espert ya en el verano de 2024, por su frase ‘cárcel o bala’ hacia quienes estaban a favor de las protestas callejeras. Y señaló que por este motivo “tiene una causa abierta”. “Los fundamentos para que usted sea removido no han hecho más que incrementarse”, consideró y resaltó que la propia ministra de Seguridad “dice que usted tiene que dar explicaciones. ¡No lo defiende ni Bullrich!”.

En representación de Democracia para Siempre, el diputado formoseño Fernando Carbajal se sumó a los pedidos de corrimiento sobre el presidente de la Comisión de Presupuesto y lanzó duras críticas contra la bancada libertaria: “No vamos a oídos sordos ni hacer ojos cerrados frente a la gravedad de las acusaciones que pesan contra el presidente de esta comisión, si ustedes han decidió mirar para otro lado, tienen el derecho de hacerlo porque cada uno elige ser cómplice de quien quiera ser cómplice y encubrir”.

Dejando en clara su postura como opositor, ironizó contra los referentes de La Libertad Avanza y deslizó: “Me alegra que tengan la iniciativa de tratar al Presupuesto como no la tuvieron el año pasado”. En ese tramo, recordó el trunco debate de octubre y noviembre del 2024, y consideró que la interrupción de ese tratamiento fue por “instrucciones del presidente de la Nación”. Llamó a la necesidad de recurrir a los emplazamientos de comisiones y la ausencia de “ley de leyes” por dos años como un “descalabro institucional”.

Finalmente, volvió a la carga contra el diputado Espert: “Las acusaciones son extremadamente graves y ahora hay nuevos datos que dan una enorme gravedad con indicios de que esto es un hecho delictivo por lo que deberá dar explicaciones”. En ese sentido, señaló: “Lo invito a correrse de forma inmediata y está en sus manos tener el gesto de racionalidad y la obligación de correrse porque si no lo hace, desde nuestro bloque vamos a exigir el cumplimiento del reglamento”.

Desde el bloque MID, el diputado nacional Eduardo Falcone recordó los cargos que presentó contra Espert por la frase expresada sobre “el Congreso destituyente”. En ese sentido, añadió que “cuando hice esas observaciones no había surgido los hechos que son de dominio público y que hoy hasta la ministra de Seguridad le ha pedido explicaciones”. “Consideramos que su presencia es perjudicial para el desarrollo normal de esta Comisión de Presupuesto y usted tiene que asumir la responsabilidad política de dar un paso al costado”, aseveró.

Al final de la larga lista de oradores que se pronunciaron sobre el tema, volvió a hablar Germán Martínez, quien detalló que 20 diputados de Unión por la Patria estaban pidiendo la remoción de Espert; uno de la Coalición Cívica lo mismo; 2 de Coherencia, uno de la izquierda y 3 de Democracia para Siempre. “Claramente estamos teniendo 27 diputados que integran esta comisión de 49 miembros con una posición clara de que usted no está en condiciones de seguir presidiendo. Le han dicho con contundencia que no tiene la confianza de los integrantes de la comisión para seguir siendo su presidente. Sería muy oportuno que con una moción nos pida votar y si hay una mayoría, lo reemplacen con otro miembro de su bloque”.

Desde la otra vereda habló la diputada oficialista Nadia Márquez para señalar que una decisión sobre ese tema debía ser tomada en otros ámbitos y hasta que eso no ocurriera, Espert seguía siendo el presidente. “Llame a los funcionarios y empecemos a tratar el tema”, manifestó. Entonces, Martínez le anticipó que buscarán resolver la cuestión directamente en el recinto.

En su segunda reunión informativa y con la presencia confirmada del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se vuelve a reunir este martes a partir de las 13 para continuar con el debate del Presupuesto 2026. Pero más allá de la expectativa que pueda obviamente despertar la presencia del funcionario, y los fuertes reproches que no faltarán por la ausencia remanida del ministro de Economía Luis Caputo, el encuentro estará dominado -al menos en el inicio- por la embestida opositora contra el diputado nacional José Luis Espert (presidente de la comisión), acusado de estar relacionado con vínculos del narcotráfico.

Con la reunión confirmada, el oficialismo suspira aliviado por haber zafado del plan original de la oposición, que era sesionar este miércoles para arremeter una vez más contra el Gobierno, con dos temas centrales: tratar de rechazar el veto a la Ley de ATN y debatir la reforma de la Ley de DNU. Esa sesión quedó -probablemente- para la semana que viene. Pero no la pasará bien el oficialismo teniendo en cuenta que se coló de improviso el avance de una causa judicial en Estados Unidos contra Fred Machado en la que se comprobó un supuesto giro de 200.000 dólares del empresario a la campaña del economista liberal, el bloque de Unión por la Patria con el aval de Coherencia presentó un pedido de exclusión de la Cámara baja contra el legislador oficialista.

Si bien el oficialismo no ha presentado un cronograma estimativo para llegar al dictamen, desde la oposición dialoguista, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, van a insistir con la moción para definir una agenda que contemple encuentros informativos cada martes y jueves, dejando liberados los días miércoles para ocuparlos con futuras sesiones especiales.

Así las cosas, la reunión de este miércoles 1° de octubre será para la exposición del secretario de Hacienda. Sin embargo, es seguro que cuando Espert tome la palabra para dar comienzo al encuentro informativo, los representantes de Unión por la Patria, del Frente de Izquierda o del interbloque Desarrollo y Coherencia le salgan al cruce desde el minuto uno.

Dado que desde Unión por la Patria y La Libertad Avanza reconocieron que el tema de Espert se colará de lleno en el debate, en el oficialismo buscarán una estrategia conjunta con el auxilio del Pro que traiga a debate viejas acusaciones y procesos judiciales contra integrantes del bloque peronista con el objetivo de frenar la embestida que seguramente ocurra en los primeros minutos de la reunión.

Con la firma de 37 diputados, la gran mayoría de Unión por la Patria, pero también los cuatro integrantes del bloque de exlibertarios Coherencia, se presentó este martes un proyecto de resolución para pedir la exclusión de José Luis Espert ya no de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside, sino directamente de la Cámara de Diputados.

El proyecto cuenta con un solo artículo en el que se argumenta la solicitud, señalando “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto es encabezado por la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, a quien acompañan sus pares Eugenia Alianiello, Agustina Propato, Hilda Aguirre, Daniel Gollán, Aldo Leiva, Carolina Yutrovic, Sabrina Selva, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Ana María Ianni, Mónica Litza, Nancy Sand, Ernesto Alí, Ricardo Herrera, Blanca Osuna, Eduardo Valdés, Santiago Cafiero y Gabriela Pedrali.

Firmaron también Gustavo González, Carlos Cisneros, Natalia Zabala Chacur, Varinia Marín, Lorena Pokoik, Juan Manuel Pedrini, Martín Soria, Jorge Chica, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Martín Aveiro, José Glinski y Pablo Todero

Y junto a los miembros de UP que firmaron, también están los diputados del bloque Coherencia Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Lourdes Arrieta y Gerardo González.

José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto ni ocupar una banca en el Congreso.

El candidato de Milei está señalado por un crecimiento patrimonial del 750% que no puede explicar, con u$s200.000 de origen desconocido. Además, violó la ley electoral al… pic.twitter.com/o9odtQq1Th

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) September 30, 2025

Diputados de Unión por la Patria salieron a pedir con fuerza la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de revelaciones sobre el financiamiento que el oficialista recibió en su campaña presidencial de 2019 por parte de Federico "Fred" Machado, empresario acusado de narcotráfico y detenido en Estados Unidos.

"José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", expresó este lunes vía red social X Germán Martínez, presidente de UP.

Al recordar un proyecto de resolución que presentaron meses atrás más de 40 legisladores de UP, Victoria Tolosa Paz exclamó: "No podemos debatir el presupuesto con un diputado vinculado al narcotráfico".

"En julio pedimos la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque utilizó ese lugar para bloquear el debate de proyectos claves para el pueblo argentino. Hoy la situación es todavía más grave: siguen saliendo a la luz sus vínculos con el narcotráfico que hacen que sea insostenible que siga un minuto más en ese cargo", sostuvo la bonaerense.

La iniciativa presentada en julio pasado (girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento) argumentaba la "inacción" de la Comisión de Presupuesto y la decisión de Espert de no abrirla para debatir proyectos impulsados por la oposición. A lo largo del año lo hizo obligadamente, tras emplazamientos votados dentro del recinto.

Tolosa Paz afirmó que "no se trata de un capricho ni de una disputa parlamentaria: estamos hablando de la credibilidad de las instituciones en un país atravesado por el dolor que nos dejan las mafias narco. Venimos de días terribles, con el asesinato de tres jóvenes a manos de estas bandas".

"La Argentina no puede naturalizar la connivencia con el narcotráfico. Espert debe ser removido de inmediato. Porque mirar para otro lado es el primer paso para convertirnos en un narcoestado", agregó.

¿Puede presidir la comisión de presupuesto en el Congreso @jlespert como ya lo plantearon @gerpmartinez y @vtolosapaz ? Ya lo venían advirtiendo @lilialemoine y @agustinromm.

A CONFESIÓN DE PARTES, RELEVO DE PRUEBAS pic.twitter.com/z8QbBl9Lpq

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) September 29, 2025

Por su parte, Julia Strada aseguró que el diputado de La Libertad Avanza "está vinculado al narcotráfico y las pruebas abundan. Es una vergüenza institucional y es urgente que se investigue".

"Espert no puede seguir al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y tampoco debería seguir ocupando una banca del Congreso de la Nación", consideró Sabrina Selva, mientras que su par Gabriela Estévez escribió: "Los hechos son muy graves y las evidencias cada vez mayores. Un personaje vinculado al narcotráfico como Espert no puede seguir un minuto más al frente de la Comisión de Presupuesto. Su sola presencia en ese cargo le quita legitimidad. Cuidemos las instituciones".

Primer candidato a diputado por la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires, Espert se refirió este domingo a las revelaciones periodísticas sobre el financiamiento que habría recibido por parte de Federico "Fred" Machado -se hablan de 200 mil dólares- para su campaña presidencial de 2019.

"Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión", contó durante una entrevista en TN y agregó: "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos".

El oficialista denunció además una "campaña sucia" por parte del kirchnerismo, que "viene desde 2021", año en el cual Machado fue detenido. Actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, acusado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico.

Con sabor a poco respecto de una intención genuina del oficialismo para elaborar una hoja de ruta consensuada, se inició este miércoles en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de Presupuesto 2026. Tras dos periodos sin ley de leyes y con el antecedente del año pasado, cuando José Luis Espert anunció el fin de la discusión de la iniciativa de manera unilateral, la oposición asistió con pocas expectativas a la reunión.

Por el término de dos horas hubo varios discursos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no solamente se trataron del proyecto y los funcionarios que se espera que vengan, sino también del eventual rescate económico de los Estados Unidos al gobierno argentino. Desde Unión por la Patria remarcaron con fuerza que cualquier operación de endeudamiento debe pasar por el Parlamento.

En el arranque, Espert informó que el próximo 1ro. de octubre fue citado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Al igual que el año pasado vendrá en representación del Ministerio de Economía, cuyo titular, Luis Caputo, se niega reiteradamente a pisar el Congreso.

Sin embargo, la oposición pidió que se corra la fecha ante una eventual sesión para ese día - los bloques enfrentados con LLA tienen varios temas para llevar al recinto-. Pero, en el cierre, Espert no respondió sobre un cambio de fecha y levantó la reunión.

“Esta reunión no sirve para nada, hay que emplazar todo el cronograma y definir los funcionarios que vienen cada día”, aseguró a este medio un diputado de la oposición, en referencia a que en una sesión -posiblemente el miércoles que viene- se establezcan las fechas y horarios, y cada uno de los funcionarios a citar, de manera que la Comisión de Presupuesto tenga que convocar obligadamente.

Durante el encuentro, además de reclamar la presencia de Caputo, los diputados también pidieron que concurran a explicar las partidas presupuestarias los ministros Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano), que tampoco nunca vinieron al Congreso. También funcionarios como autoridades del Banco Central, la ANSeS y ARCA, entre otros.

En el arranque se resolvieron primero autoridades: Germana Figueroa Casas (Pro) como vicepresidenta segunda y Lisandro Nieri (UCR) en una secretaría. Luego del anuncio de Espert sobre Guberman, tomó la palabra el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien habló de una “sensación de déja vu”, al tener sensaciones parecidas a las del año pasado, cuando se anticipó un cronograma de trabajo que “nunca se acordó ni se materializó”, y recordó el final de ese camino: cuando su bloque anticipó que presentaría una propuesta de dictamen, el oficialismo no quiso dictaminar y después no hubo más reuniones. “Fue el propio Gobierno y el propio oficialismo el que abortó el tratamiento de la ley de Presupuesto 2025”, reseñó.

Preguntó entonces si después de esa experiencia el oficialismo quería o no tener presupuesto, y recordó que “nunca hubo dos años consecutivos sin presupuesto. “No tenerlo no es gratis”, aseguró, hablando de la cantidad de problemas que acarrea eso a 47 millones de argentinos.

Germá Martínez planteó entonces la necesidad de tener “un camino exigente”, con reuniones todas las semanas los días martes, y a propósito del anuncio hecho por Espert respecto de que el próximo miércoles concurrirá el secretario de Hacienda, advirtió que para ese miércoles es probable que la oposición pida una sesión. Más allá de eso, pidió que todas las semanas puedan estar debatiendo el tema, con la presencia de todos los ministros del Ejecutivo, el presidente del Banco Central y todos los funcionarios, e hizo una mención especial del titular de la ANDIS, cuya presencia puntual reclaman.

Pero enfatizó que “no se puede dar el debate si el ministro 'Toto' Caputo no viene, es lo que corresponde. Se tiene que dejar de esconder Toto Caputo del Congreso. No me importa si tiene fobia a las reuniones, tiene que venir. El nos tiene que dar precisiones; sabemos de la predisposición que tiene el secretario de Hacienda, pero tiene que tener confirmada la presencia de Caputo”.

Y, por otra parte, y a propósito de las novedades que vienen de Estados Unidos, Martínez aseguró que “para nosotros es fundamental que todo lo que se está discutiendo acerca de las distintas líneas que se están negociando con Estados Unidos, pasen por el Congreso argentino. No se le puede dar la espalda al Congreso argentino cuando se está hablando de semejante operación, cuando puede condicionar el futuro de los argentinos”. E insistió: “Lo que se pretende implementar debe y tiene que pasar por el Congreso argentino y el primer lugar donde se tiene que expresar es la Comisión de Presupuesto”.

Germán Martínez

A continuación, Figueroa Casas sostuvo que "tener presupuesto define rumbos" y "se evitan discrecionalidades". "El desafío que tenemos es poder aprobarlo, porque muchas de las discusiones que se han dado este año no se hubieran dado si teníamos un presupuesto", agregó.

La santafesina aclaró que "todos entendemos que no va a ser nunca el presupuesto que individualmente alguno querría, pero sí el presupuesto de quien está gobernando con nuestro control". Y abogó por lograr "un dictamen que fortalezca la institucionalidad y dé reglas claras".

En su intervención, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot recordó que el año pasado hubo un cronograma establecido, pero luego Espert “hizo una atribución discrecional” y se clausuró el debate. Por eso, pidió un “compromiso renovado de palabra” para tener “la plena seguridad y confianza que esta vez no va a acabar en un artilugio reglamentario y nos quedemos sin presupuesto”.

Respecto al cronograma, propuso comenzar la semana que viene y “dictaminar en la segunda semana de noviembre y mandar en ordinarias la media sanción al Senado”. Al resaltar que hay seis semanas por delante hasta esa fecha, pidió dejar libre los miércoles (por posibles sesiones) y sesionar en comisión los martes por la tarde y jueves por la mañana.

Sobre los invitados, consideró que en una o dos reuniones habría que convocar a gobernadores o a ministros provinciales para hablar de obra pública; y también escuchar a los rectores universitarios.

En cuanto al ministro Caputo, Massot afirmó que su participación “no es simplemente una cuestión formal”, sino “una razón esencial ante la recesión actual que está viviendo el país, producto de la estrategia cambiaria que suscita más preguntas que respuestas”.

“Es muy importante que tengamos una respuesta política del más alto nivel”, agregó y además indicó que deben consultarlo sobre si el “salvataje” que se espera de Estados Unidos “va a ser utilizado para procrastinar cada vez más la salida de un régimen cambiario que está atrasado” o, por el contrario, será “un punto de inflexión donde se cambie el régimen que refleje un tipo de cambio real”. Que venga Caputo, “no es un capricho, es una necesidad para restablecer confianza”, cerró.

Nicolás Massot

A continuación, Christian Castillo se sumó al reclamo por la presencia del ministro de Economía y el titular del Banco Central, para luego detallar las variables del proyecto presentado que, dedujo, “no es lo que va a ocurrir: inflación de apenas 10%, difícil, muy complicado; estimación del crecimiento del 5%, difícil, tenemos una economía planchada por donde la miremos… el esquema para 2025 no es real y para 2026 tampoco”. Recordó en tal sentido el nivel del dólar anunciado en el proyecto de presupuesto, que ya ha sido superado la última semana.

“Ahora le han puesto un respirador artificial al esquema económico, con este nuevo endeudamiento, ha bajado un poco el dólar, pero es difícil de creer que esto suceda”, expresó.

A su turno, el socialista Esteban Paulón dijo que “sería interesante que a la par que discutamos el Presupuesto nacional, podamos incorporar una reforma interesante, sobre todo pensando a futuro. Pensaba yo ya que Javier Milei está convencido en convertirnos en la provincia 51, podamos incorporar parte de la legislación norteamericana, así estamos a tono y tal vez en una de esas se ponen un poco más a derecho”.

“Por eso hemos presentado un proyecto para incorporar un mecanismo similar al ‘shut down’ en Estados Unidos, según el cual solo el Ejecutivo puede prorrogar un año el presupuesto, y que a partir del segundo año se establezca un mecanismo según el cual, sin afectar las prestaciones sociales, sea claro y perentorio que el Congreso y el Ejecutivo se pongan de acuerdo. Caso contrario, correrán las responsabilidades penales para los funcionarios correspondientes y la suspensión de determinadas partidas que –reitero- en ningún caso deberán impactar en las prestaciones sociales y en los servicios esenciales del Estado”.

Por el MID, el diputado Eduardo Falcone le reprochó a Espert que hace pocos días dijo que "este Congreso era destituyente", por lo que le exigió que "se rectifique", o de lo contrario no sería favorable el clima para buscar consensos y debatir el presupuesto. También le reclamó su actitud el año pasado, cuando a los aliados del Pro y en ese momento su bloque, los excluyeron de la decisión de clausurar el debate del presupuesto. "Si no tenemos presupuesto la responsabilidad es suya totalmente", manifestó e insistió: "Le pido que diga si va a insistir con esa actitud o si va a pedir disculpas, así podemos saber cómo va a ser el desarrollo de esta comisión".

Desde el bloque de la Coalición Cívica, el presidente de bancada, Juan Manuel López, pidió que en próximas reuniones sean convocados a explicar el proyecto de ley el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), Juan Alberto Pazo; y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina es Sergio Iraeta. Crítico de la gestión libertaria, cargó: "Le pido al ministro Caputo y al presidente de la Nación que bajen las denuncias de golpismo porque no nos cabe a todos el mismo sayo ni el mismo nivel de responsabilidad que tenemos con la Argentina”.

Antes de culminar la reunión, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, pidió dejar fijado un cronograma de encuentros para cada martes y jueves. "Tener un día fijo, le va a permitir a los funcionarios su posibilidad de presencia en este ámbito en el marco del conjunto de tareas que tienen que realizar", explicó. La moción fue desoída por Espert, quien dio por terminada la reunión sin ponerla a consideración de los vocales.

“Sería muy saludable que podamos encarar una discusión de una ley tan importante como la Ley de Presupuesto con los tiempos necesarios, con la profundidad necesaria y con la presencia de todos los funcionarios que este ámbito estime conveniente que concurran porque los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen obligación de concurrir al Parlamento cuando son convocados para tratar una let que tiene la trascendencia que tiene la Ley de Presupuesto”, sumó Heller.

Un día después de la presentación en cadena nacional, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados convocó a la primera reunión informativa para el próximo miércoles 24 de septiembre a las 13 con el objetivo de dar el puntapié inicial del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general para la administración del ejercicio fiscal 2026. Se prevé que a partir de la segunda reunión, comiencen las visitas de los funcionarios.

El tratamiento de la ley de leyes para el próximo período estará a cargo de José Luis Espert, en su rol de presidente de la comisión. El Gobierno nacional buscará contar con la ley de presupuesto por primera vez en sus dos años de gestión. Cabe recordar que desde que asumió Javier Milei se ha prorrogado en dos oportunidades la iniciativa aprobada en noviembre del 2022 para el ejercicio fiscal del año siguiente.

El texto ingresó por mesa de entradas de la Cámara baja horas antes de la medianoche de este lunes. La iniciativa propone como objetivo lograr el equilibrio fiscal y monetario, con una expansión del 5% del PBI y una inflación anual proyectada en 10,1%.

También, el Poder Ejecutivo buscará llegar a un tipo de cambio nominal (TCN) que esté a $ 1.423 en diciembre de 2026 (+7,4%) y que el IPC se desacelere a un 10,1% interanual en el mismo período. En adelante, se estima que el TCN siga acompañando la reducción de la inflación, que se estima en un 3,7% interanual para diciembre de 2028.

Del mismo modo, el valor del dólar previsto para fin de año es de $1.325; para diciembre de 2026 $1.423; en tanto que para 2027 se calcula un tipo de cambio de $1.470, y para 2028 $1.488.

El escenario base incorpora un crecimiento del PIB del 5% anual para los años 2026 a 2028. A nivel sectorial, en 2026, la industria y el comercio se estima que se expandrián 5,9% y 5,6% respectivamente, mientras que el sector agropecuario avanzará 2,7%. Los rubros de bienes aumentan en promedio 5,4%, por encima de los servicios, que suben 4,5%.

Pese a que trascendió que La Libertad Avanza tendría por objetivo dilatar la llegada del dictamen al recinto hasta después del recambio legislativo (10 de diciembre del 2025), con esta convocatoria el oficialismo buscará ocupar espacios en la agenda parlamentaria con el objetivo de repeler el avance de la oposición con diferentes temas.

Durante un segundo turno de plenarios de comisiones en el Senado, la oposición logró este martes el dictamen de mayoría del proyecto de ley de financiamiento universitario, que el kirchnerismo tiene la intención de llevar al recinto este mismo jueves, pero necesitará del respaldo de otros bloques para reunir los dos tercios que se requieren para habilitar su tratamiento sin esperar una semana entre el despacho y el recinto.

Así es que al concluir la extensa reunión -poco antes de las 20- el senador José Mayans intervino para decir: “El jueves, sesión ordinaria, queremos trabajar, y tenemos temas que son urgentes. Dejarlo para la otra semana sería dilatar vanamente, así que ojalá que reflexionen y que sesionemos el jueves”. Se refería al jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, sentado a su lado y al que trataba de convencer.

El plenario de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda comenzó luego de un intenso debate que hubo por otro proyecto -que también rechaza el oficialismo-: la emergencia pediátrica, a raíz del conflicto del hospital Garrahan.

Tras elegirse como vicepresidente de Educación al radical Flavio Fama, el presidente de la comisión, el kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro, destacó que la media sanción surgió de una propuesta que "fue iniciada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), el frente estudiantil y el frente sindical. Es una propuesta que el Congreso recibe del ecosistema universitario".

Defendió que la ley busca traer "una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema", a la vez de "garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento" de las universidades. Al explicar todos los puntos del proyecto uno por uno, remarcó que, a diferencia de la ley vetada el año pasado, ésta "tiene algunas características nuevas" como la que "incorpora la obligación de volver a utilizar la paritaria nacional".

El senador señaló que esta norma alcanzaría al beneficio de "137 instituciones universitarias y 54 universidades nacionales" a las que asisten "más de 2 millones de jóvenes" y en las que dan clases "más de 220 mil docentes". Además, subrayó que "el 85% del financiamiento" previsto en la ley "va a ir al salario". Y dijo que lo aclaraba porque "después vemos en los medios prejuicios instalados y campañas sucias", cuando lo que se busca es que "los docentes no estén por debajo de la línea de pobreza".

A su turno, el radical Martín Lousteau expresó que "el tema vuelve porque no se soluciona" aunque el Gobierno dice lo contrario. Respecto a los números, indicó que el salario docente universitario "está 30% por debajo de noviembre de 2023", mientras que "las transferencias a las universidades están casi 30% por debajo" de lo que eran en esa misma fecha.

"De todo lo que da el Estado no hay nada que pueda transformar más la trayectoria, ya no de una persona sino de una familia, a través de generaciones, que tener un graduado universitario", enfatizó y sostuvo que "eso es lo que rompemos cuando desfinanciamos: el progreso real de una familia".

El porteño recordó que "hace dos años no tenemos presupuesto" y el presidente "ataca discrecionalmente las cosas que quiere atacar".

Muy duro en contra del Gobierno, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó que el presidente "no entiende para qué conduce el Estado" y rechazó: "Nos amenaza si no hacemos lo que él hace". Además, criticó al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, por no convocar a debatir proyectos opositores en "una acción absolutamente dilatoria".

"Tuvo una indigna conducción de la comisión. Todavía no tratamos eso, ahora estamos en plenario; todavía no terminó", advirtió en relación a la intención de desplazarlo de la presidencia. Y también le pegó al diputado José Luis Espert, que conduce la comisión homónima en la Cámara baja, al que calificó irónicamente como "gran candidato" y lo llamó "un charlatán de feria que no trabaja".

El formoseño afirmó que "el presidente quiere que el Parlamento no funcione, porque no cree en la división de poderes, es lo más cercano a una dictadura". Sobre el proyecto, dijo que "es sumamente importante para el país" y concluyó: "Rechazamos las expresiones del presidente que nos amenaza que nos va a meter presos".

Atauche recogió el guante y arrancó: "Puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros desde La Libertad Avanza, desde el Gobierno, preferimos un presupuesto con superávit. Y este año (el proyecto) va a volver a decir déficit cero". "Los argentinos no queremos más déficit, salir a pedir plata prestada o emitir", insistió.

"No nos pueden enseñar a gobernar porque este Gobierno sacó de la pobreza a 10 millones de personas que ustedes metieron en la pobreza. Solamente ese logro demuestra que estamos en el camino correcto", defendió.

En una breve intervención, el radical chaqueño Víctor Zimmermann coincidió en que "este es un tema trascendente" y aunque manifestó estar "absolutamente de acuerdo con el aumento" a los docentes, indicó que la paritaria "es una facultad del Poder Ejecutivo Nacional" y "más que ponerlo como una obligación, tendríamos que exhortarlo". También observó el artículo referido al incentivo para carreras científicas.

En un discurso que abriría un nuevo cruce con Atauche, la vicejefa de UP, Anabel Fernández Sagasti, rechazó -como lo hizo Mayans- la cadena nacional de Javier Milei el pasado 8 de agosto, al considerarlo un hecho "gravísimo". Luego, mencionó que "en el 2001 hubo una ley de déficit cero" durante un gobierno "en el que estaba Patricia Bullrich, que le recortó el 13% a los jubilados; estaba (Federico) Sturzenegger. Me acuerdo también de un legislador, Ricardo López Murphy... hablando de universidades, duró una semana al intentar recortarle a las universidades. Y también estaba (Guillermo) Francos, porque Francos está desde 1972 en el Estado".

"No es nada nuevo lo que están haciendo. Recortan, recortan, recortan, para luego decir que son deficitarias y cerrarlas", denunció y defendió que el kirchnerismo "fue la primera fuerza política que tuvo superávit gemelos de 2003 a 2009".

La mendocina lanzó: "Pero además, en esos años, desendeudamos a la Argentina, nos sacamos de las espaldas al FMI, que sus funcionarios que ahora tienen, como Sturzenegger, endeudaron a la Argentina. Tuvimos el haber jubilatorio más alto de todo el continente. Y mientras tanto lo que hacíamos era crear 17 universidades para que en cada una de las provincias haya una universidad pública. Y de yapa tirábamos satélites al espacio".

Nuevamente al tomar la palabra, Atauche devolvió que en la gestión anterior "dejaron 300% de inflación" y “el país yéndose casi hacia Venezuela”. Por el contrario, sostuvo que con el gobierno de Milei el país “tuvo la moneda que más se apreció en el mundo y en un mes logramos superávit gemelos”.

Pero luego enfatizó que durante la gestión anterior las universidades “tuvieron 14 meses los salarios sin actualizarse. Cuando llegamos nosotros hacía 14 meses que no se actualizaban y no los vi a ustedes golpeando ollas. ¡Catorce meses en un país con 200 puntos de inflación, sin actualizar!”.

“Me gusta la memoria, que dice la senadora que yo no tengo… Tengo edad para recordar el silencio de ustedes, durante 14 meses con 200 puntos de inflación que no se actualizó” el salario de los profesores universitarios, reiteró y cargó contra “las universidades que ustedes inventaron”. Sobre esto, precisó que la Universidad Pedagógica tuvo solo 9 egresados. “Promedio, si se aumenta el monto de las universidades, 484 millones de pesos” por cada egresado. Y siguió con la Universidad Guillermo Brown, con un promedio de 424 millones de pesos por egresado, según dijo.

¿Qué dice el proyecto con media sanción?

El proyecto de financiamiento universitario recibió media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.

La iniciativa tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.

"Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", agrega el articulado.

Además, exige que el PEN convoque "con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación "realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control".

Pese a presidir las comisiones cabeceras de los proyectos con media sanción sobre emergencia pediátrica (Garrahan) y financiamiento universitario, el interbloque de Unión por la Patria en el Senado tuvo que retroceder en su intención de forzar plenarios este mismo jueves con el objetivo de dictaminar ambas iniciativas.

Un grupo de senadores “dialoguistas” no se subieron a la jugada del kirchnerismo, sumado a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, manifestó la voluntad de que el debate sea el próximo martes.

Así, sin respaldo para acelerar el debate, pues UP quería sesionar el jueves 21, los proyectos se tratarán el martes 19 y, según a usos y costumbres del Senado, deberá esperarse una semana para llevarlos al recinto, esto será recién a fines de agosto.

Ante la convocatoria a los plenarios para este jueves, decidida unilateralmente por los presidentes de las comisiones de Salud, Lucía Corpacci, y de Educación y Cultura, Eduardo “Wado” de Pedro, Atauche envió una nota a los integrantes de Presupuesto en la que aseguró que no había sido consultado previamente, por ende, la comisión “no ha dado su consentimiento para tal citación”.

“Se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara”, rezaba el texto.

Además, el jefe del bloque de La Libertad Avanza informó en la misiva que le solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso que realice los cálculos sobre el costo fiscal de ambas iniciativas. Sobre la emergencia pediátrica, la OPC ya había elaborado un informe.

“Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto”, completó Atauche.

Además de Salud y Presupuesto, el proyecto vinculado al Garrahan fue girado a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, también en manos de UP, presidida por Stefanía Cora.

Con la marcha atrás de UP en su intención de apurar la discusión de leyes resistidas por el Gobierno, los plenarios fueron convocados para el martes 19 a las 15, en el caso de emergencia pediátrica, y a las 16.30 para financiamiento universitario.

Envalentonado por la autoconvocatoria a comisiones y una sesión ordinaria que ejecutó el mes pasado, el kirchnerismo también quería esta misma semana tratar en el recinto los cinco decretos del Poder Ejecutivo que fueron rechazados por la Cámara de Diputados y no requieren dictamen. Pero, sin apoyo de senadores de otros bloques, el asunto deberá esperar. En caso de votarse en contra en la Cámara alta, cuatro delegados desregulatorios y un DNU sobre la marina mercante, quedarían sin efecto.

El proyecto de ley que prevé el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional hacia las provincias recibió dictamen este miércoles en la Cámara de Diputados. Pese a ser avalado en un principio por todos los gobernadores, hubo dos que dejaron plasmado su retiro con la firma de sus diputados en un dictamen de minoría impulsado por el oficialismo, que puso sobre la mesa su propia propuesta.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, se debatió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se abrió tras ser emplazada en la última sesión. El libertario la había citado con anterioridad, pero en el emplazamiento se dispuso que durante la reunión se emita despacho.

El proyecto va de la mano con otro, reclamado también por los mandatarios provinciales, que tiene que ver con la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que se tratará en Presupuesto junto a la Comisión de Energía y Combustibles.

De los 46 presentes en la comisión, 27 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal e Innovación Federal (sus representantes de Salta y Misiones) suscribieron el despacho de mayoría, que ratifica la media sanción. Pero hubo además tres de minoría.

Por su parte, La Libertad Avanza junto a sus aliados del Pro, el radical mendocino Lisandro Nieri -que responde al gobernador Alfredo Cornejo, socio electoral del partido violeta- y la sanjuanina Nancy Picón Martínez -bajo las órdenes del gobernador Marcelo Orrego- presentaron un dictamen propio.

También fueron con sus respectivos despachos la Coalición Cívica, presentado por Juan Manuel López; y el Frente de Izquierda, suscripto por Christian Castillo.

El dictamen de mayoría prevé que estos recursos se repartan respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación e indica que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".

En tanto, la propuesta del oficialismo, que no fue defendida por ningún diputado libertario, sino únicamente mencionada por la bullrichista Laura Rodríguez Machado, establece que la redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron”.

Durante la reunión, el diputado Ariel Rauschenberger (UP) señaló que los ATN se trata de “fondos que son de las provincias” y “no se están ejecutando”. “Los distintos gobiernos no han ejecutado la totalidad de estos recursos, pero en el caso del gobierno actual la no ejecución es la más baja de la historia y también lo que ha crecido es la discrecionalidad”, apuntó. En ese sentido, precisó que “hay ocho provincias que no han recibido ningún tipo de aporte durante 2024 y 2025” por este concepto, entre las cuales está La Pampa, de donde él proviene.

El opositor defendió que los gobernadores impulsan esta ley “ante el desfinanciamiento que están sufriendo y las necesidades que han tomado ante el retiro del Estado nacional de atender ciertas cuestiones”. Por eso, “es procedente que estos recursos se distribuyan”, dijo.

Además, el legislador aseguró que este proyecto “no afecta el equilibrio fiscal; son fondos que están retenidos para sostener un superávit ficticio”.

Tras una larga exposición, el vicepresidente de la comisión, Carlos Heller (UP), subrayó que “no es que no hay plata, el tema es que el Gobierno elige a quién se la da y a quién se la quita. Plata hay. Y tiene que quedar clarito. Se la niega a los jubilados, a las universidades, a las personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo le baja las alícuotas a las retenciones de productos agropecuarios, establece la eliminación de retenciones de minería y bajó impuestos internos para autos de hasta 75 millones. También aumentó el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría mientras baja Bienes Personales”.

“Es mentira que no hay plata, hay que buscarla donde está y utilizarla para las cosas que hacen falta”, insistió el porteño, al advertir que “si no se cambia el rumbo, lo que viene es peor”, respecto a una eventual eliminación de ciertos impuestos. De acuerdo a la lógica del presidente Javier Milei, “si se bajan 7,6% los ingresos, hay que bajar 7,6% más los gastos; hay que seguir despidiendo, hay que seguir cerrando reparticiones y seguir en la misma línea que este Gobierno viene trabajando”, explicó.

Aliada de La Libertad Avanza, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) criticó los argumentos de la oposición y cargó: “Si hay un gobierno que en este país tuvo transferencias discrecionales de los ATN, que se utilizaron para disciplinar a las provincias, que se utilizaron para conseguir esos votos o apoyos políticos que necesitaban, y a las provincias que no eran del palo no se les transferían recursos, fue el kirchnerismo”.

“Utilizaron los fondos de los ATN para disciplinar a gobernadores, pero cuando no son gobierno quieren eliminar los fondos de ATN porque los tienen que utilizar los gobernadores o no”, insistió la bullrichista y expresó que con esta modificación “le estarían quitando una herramienta a un Gobierno que hasta ahora ha demostrado que (a estos fondos) los ha utilizado para las emergencias; probablemente por eso haya subejecución, porque no es para disciplinar”.

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (CC), observó que “estamos ante un nuevo parche en esta estructura tributaria que hay que mejorar, y que provincia y Nación muestran distintas medidas de fuerza y ahora el Gobierno hace una propuesta”. “Da la sensación que este Gobierno utilizó los ATN para disciplinar, pero al mismo tiempo los tiene subejecutados, es decir, hay plata que hay que distribuir”, remarcó.

Y defendió el despacho de su espacio, que propone que “estos fondos se distribuyan como viene en la media sanción del Senado, pero que cuando haya situaciones como las que prevé la Ley de Coparticipación para los ATN las determine el Congreso, para que la discrecionalidad que ocurrió con todos los gobiernos deje de suceder”.

Al explicar el dictamen de la izquierda, el legislador Christian Castillo (FIT) indicó que la propuesta de su espacio consiste en que “la coparticipación de los fondos de los ATN tenga asignación específica tanto en lo que hace al Gobierno nacional como los provinciales”, de manera que los fondos “vayan para aumentar salario a los docentes, trabajadores de la salud, trabajadores de la administración pública, excepto las fuerzas de seguridad” y también para atender emergencias ígneas e hídricas.

El objetivo es que los gobernadores “no tengan esos fondos para hacer lo que quieran”. “¿Por qué darle un cheque en blanco a gobernadores que hacen lo que quieren?”, agregó.

Durante el debate, la diputada Danya Tavela (DpS) planteó: “La situación que nos lleva a esta discusión es muy sencilla. Primero, no hay ley de presupuesto por decisión del Gobierno nacional. Segundo, las transferencias de Nación a provincias han caído en el orden del 25% promedio, y cuando se han visto recuperadas ha sido porque algún diputado o senador de esa provincia votó tal o cual artículo o acompañó el veto de tal o cual ley que ayudaba a todos los argentinos; hay que hacerse cargo. Tercero, porque efectivamente ha habido cambios en los tributos nacionales. Y cuarto, porque la obra pública está paralizada”.

“Creo que este proyecto es un límite a la discrecionalidad, de la que han hecho uso y abuso todos los gobiernos en los últimos años”, manifestó la radical y afirmó que con esta ley se establecen “criterios que garanticen el federalismo, la equidad y la eficacia del gasto público”.

Antes de que se pongan a votación los emplazamientos de comisiones para tratar los proyectos impulsados por los gobernadores sobre reparto de fondos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, fue convocada para la semana que viene a debatir estos temas.

Se trata de iniciativas que ya cuentan con media sanción del Senado y que la oposición, en la sesión de este miércoles, pretendía aprobar dentro del recinto la convocatoria, como sucedió con otros proyectos, a raíz de la resistencia de Espert de abrir la comisión.

Sin embargo, Presupuesto y Hacienda fue citada para el próximo miércoles a las 12, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, para abordar el proyecto sobre reparto de ATN; mientras que a las 16, en la misma sala, habrá un plenario junto a la de Energía y Combustibles, a cargo de la libertaria Lorena Villaverde, para tratar la iniciativa referida al impuesto a los combustibles líquidos.

Luego que el Senado remitiera a la Cámara de Diputados todo lo aprobado en la última sesión, se conocieron este jueves las comisiones que serán las encargadas de tratar los proyectos con media sanción impulsados por los gobernadores, referidos al reparto de fondos a través de ATN y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Las iniciativas, que cuentan con el aval de los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, fueron aprobadas en la Cámara alta por 56 votos a favor y 1 en contra -del cordobés Luis Juez-.

Los textos habían ingresado con la firma de 10 senadores de Unión por la Patria, UCR, Pro y bloques provinciales el 2 de julio y se llevaron directamente al recinto el pasado jueves 10. Durante la sesión se habilitaron sobre tablas, con dos tercios de los votos.

Ahora será el turno del debate en Diputados, que se espera ocurra una vez transcurrido el receso invernal, es decir, en los primeros días de agosto.

Con una ventana de dos semanas por delante, la oposición tendrá la tarea de evaluar cuál escenario es el mejor para esos proyectos, ante la incertidumbre sobre si algún gobernador dará otro tipo de indicación a sus legisladores una vez que el asunto a esa instancia.

En caso de no contar con los dos tercios para directamente tratarlos en una sesión, también se habla de la posibilidad de emplazar a las comisiones, como ya se ha vuelto habitual en el caso de la de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista José Luis Espert, y que es cabecera de ambos proyectos.

Además, el texto referido al impuesto a los combustibles también fue girado a la Comisión de Energía y Combustibles, comanda por la libertaria Lorena Villaverde.

La iniciativa sobre el impuesto a los combustibles establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que "los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos" de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.

Sobre lo recaudado por el impuesto, propone que sea distribuido: en un 14,29% al Tesoro Nacional; en un 57,02% a las provincias; y en un 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.

En cuanto al porcentaje destinado a las provincias, un 25% deberá ser repartido en partes iguales a todas las jurisdicciones, mientras que el otro 75% será de acuerdo a los índices de coparticipación.

Por su parte, la iniciativa sobre los Aportes del Tesoro Nacional prevé que esos recursos deberán repartirse respetando los porcentajes de la Ley de Coparticipación y agrega que "la redistribución procederá en forma diaria y automática y en las mismas condiciones que las dispuestas en el artículo 6 de la Ley 23.548 y los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable".

El artículo restante invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse.

Tras una reunión que se inició con discusiones reglamentarias por la conducción del plenario y críticas al oficialista José Luis Espert, apuntado por su rol al frente de la Comisión de Presupuesto, diputados avanzaron con los dictámenes en torno a la emergencia pediátrica, tema impulsado a partir del conflicto desatado por el desfinanciamiento del hospital Garrahan.

Con algunas disidencias, el dictamen de mayoría fue firmado por 65 diputados de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, misioneros y salteños de Innovación Federal y la radical Natalia Sarapura.

El primer dictamen de minoría fue suscripto por 14 diputados de La Libertad Avanza en rechazo a la propuesta.

En tanto, con 10 rúbricas presentaron un despacho propio diputados de la UCR, la CC y una del Pro, la chubutense Ana Clara Romero. Aunque en la previa bloques de la oposición impulsores del debate intentaron arribar acuerdos con radicales y un sector de los amarillos, aliados del oficialismo, con el fin de juntar un importante número de firmas, finalmente no sucedió. El cuarto dictamen fue del Frente de Izquierda.

El dictamen de mayoría busca declarar la “emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina” por un año -originalmente preveía dos- “debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud”.

Además, declara al Garrahan como “hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad” y dispone que se garantice, en el marco de la ley, “su funcionamiento pleno y sostenido”.

Uno de los artículos que se agregó, con aval de UP y DpS, más no de toda la coalición opositora, y sobre el que buscarán zanjar diferencias camino al recinto, es el que prevé la derogación de la resolución 2109/25 del Ministerio de Salud, a través de la cual se modificó el régimen de residencias médicas.

La iniciativa además establece la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

También, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud -incluidos los residentes-, la cual “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”. Asimismo, plantea la exención en Ganancias para todo el personal, cuando desempeñen actividades críticas, horas extras y/o guardias.

“El Poder Ejecutivo Nacional reasignará partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Salud, dentro del ejercicio fiscal vigente, y podrá ampliar los recursos mediante el uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias”, indica el texto sobre el financiamiento.

Finalmente, se crea “una comisión de seguimiento y evaluación” integrada por las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y de la Comisión de Salud del Senado, representantes del Ministerio de Salud, representantes del COFESA y representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, que deberá emitir informes trimestrales públicos sobre el cumplimiento de la ley.

“Mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria, en particular en relación con hospitales públicos de referencia, servicios de urgencia, internación, neonatología, trasplantes, cirugías cardiacas, oncología pediátrica”, agrega otro artículo.

El debate

Primer orador de la jornada, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo consideró que "es evidente que estamos ante uno de los conflictos más emblemáticos que hay en nuestro país". "El Gobierno ha mentido escandalosamente en este debate, ha querido crear un enfrentamiento entre los trabajadores", agregó.

El legislador cuestionó al Gobierno por "mentir" sobre la situación de los residentes y además haber sacado el Ministerio de Salud una resolución "para aún precarizar más la situación de los residentes". "Todos los argumentos fueron mentiras para justificar la motosierra", insistió Castillo y destacó que "el Garrahan es uno de los emblemas de lucha, resistencia y organización". Además, criticó al ministro Mario Lugones, al recordar que proviene del sector privado y "está desguazando la salud pública".

A continuación, el jefe del bloque Democracia para Siempre, Pablo Juliano, afirmó que "hoy es un día importantísimo para el Congreso" que debate "una demanda que es clarísima". "Estos profesionales son orgullo del país", expresó al mencionar la presencia de profesionales del Garrahan en la reunión. "Si a esta altura debemos seguir explicando lo que le están haciendo al Garrahan es porque es un diálogo entre mudos, sordos y ciegos que no quieren ver una institución que nos llena de orgullo", sostuvo y ponderó el agregado al dictamen para "retrotraer la resolución del Ministerio de Salud que lleva a los residentes a situaciones deplorables".

Desde el MID, el diputado Eduardo Falcone observó que “el sistema de residencias está totalmente distorsionado en el enfoque en los últimos años” cuando “fue creado para formar a los médicos en el terreno y no para utilizar mano de obra barata como se ha utilizado en las últimas décadas”. Sobre el financiamiento del proyecto, resaltó que desde su espacio creen que “puede haber fuentes de financiamiento alternativas", y allí hizo referencia a la iniciativa presentada por el MID para terminar con las jubilaciones de privilegio. Sin embargo, reclamó a Espert que en un año “no hicieron ningún estudio del ahorro fiscal que podría tener” tal medida.

La única en hablar desde La Libertad Avanza fue Carolina Píparo, que rechazó el emplazamiento y cuestionó la gestión en salud de las provincias. “Pasan las décadas y nadie se pregunta por qué los niños tienen que seguir viajando miles de kilómetros”, manifestó y lanzó: “Hay provincias que no tienen ni para hacer un fondo de ojos. Háganse cargo de lo que hace el populismo y no esperen lo mismo de este Gobierno”.

“Dejen de mentir. Muchos están diciendo que nosotros precarizamos a los trabajadores del Garrahan”, dijo y defendió que “la resolución del Ministerio de Salud da la opción; los residentes pueden seguir eligiendo el sistema tal cual está”. En el cierre, fue chiflada por los médicos residentes presentes.

A su turno, la radical Gabriela Brouwer de Koning coincidió que “ante la situación crítica que se está atravesando, lo que merece este tema es un debate serio y una respuesta institucional clara, razonable y por supuesto que urgente. Porque miles de niños y niñas de todo el país llegan al hospital Garrahan con situaciones graves, para ser atendidos por personal altamente calificado, y si no van a ese hospital no pueden ser atendidos en otro porque no está la disponibilidad en otro hospital de nuestro país. Por eso el Garrahan no es un nosocomio más, es un referente nacional e internacional”.

Al defender el dictamen, la cordobesa señaló que “sabemos que debemos cuidar el equilibrio fiscal y eso es una prioridad”, por eso proponen “reasignar gastos, no gastar de más, sino priorizar” y “responder con medidas excepcionales y responsables”.

Por Encuentro Federal, el diputado Esteban Paulón lamentó que haya que “explicar lo obvio” sobre el “hospital de excelencia” que es el Garrahan, el cual “el primero que debería ir a conocerlo es el presidente. Pero no sabe ni donde queda la calle Pichincha de la Ciudad. No los conoce a los equipos, no le interesa tampoco. A pesar de no conocerlos, muy suelto de cuerpo admitió ser cruel” con ciertos sectores, entre los que incluyó a “los ‘ñoquis’ del Garrahan. Ñoquis que salvan vidas todos los días, innovan y hacen operaciones que uno no se imaginaría”.

Hacia el cierre, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó a Espert y resaltó: “Estamos acá para darle cumplimiento al mandato que tenemos quienes entendemos a la política como herramienta de transformación. Tuvimos la difícil tarea de emplazar”.

“Lamento que usted presida (esta reunión) y tenga tanto desprecio por el rol central de la comisión que es la llave de entrada y salida de tantos proyectos”, le lanzó al oficialista y agregó: “De pasar a no querer abrirla, a querer presidirla, es parte de los vaivenes que usted lleva en su accionar político”.

Sobre el conflicto del Garrahan, la bonaerense advirtió que está “en riesgo el sistema público” de salud. Defendió la vocación médica y ponderó la “decisión de dedicar su vida a curar a otros”. A continuación, cargó contra La Libertad Avanza y dijo que “niegan la historia del Garrahan y ni siquiera el macrismo se había animado a tanto”.

Finalmente, la exfuncionaria del Frente de Todos señaló que “Espert no camina el territorio nacional”, y concluyó: “Le pido perdón al Garrahan porque me da vergüenza ser parte de la Comisión de Presupuesto que buscó artilugios para no lograr este dictamen de mayoría”.

Tal como resolvió el pleno de la Cámara de Diputados, este martes se van a realizar los dos plenarios emplazados en el recinto para pasar a la firma los proyectos de ley sobre financiamiento de universidades, y también la declaración de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y las residencias del Hospital Garrahan.

A cargo del tucumano Pablo Yedlin, Acción Social y Salud Pública, comisión cabecera, se reúne en un encuentro conjunto con Familias, Niñez y Juventudes, presidida por Roxana Reyes, y Presupuesto y Hacienda que comanda José Luis Espert. El encuentro será a las 12 y la idea es que sea una resolución exprés.

A las 16, la Comisión de Educación que preside Alejandro Finocchiaro (Pro) se reunirá en un plenario con Presupuesto para erigir el dictamen de los proyectos relacionados al financiamiento de las universidades nacionales, el cual tiene por propósito recomponer los salarios docentes y no docentes en las casas de altos estudios de la Nación.

Los diputados vuelven a verse las caras tras el escándalo del cierre de la sesión especial del miércoles pasado. Respecto a los protagonistas del desmadre en el recinto, Espert, titular de Presupuesto, estará presente en ambas reuniones; en tanto que, en el plenario de Educación, estarán Roxana Monzón y Constanza Alonso de Unión por la Patria.

Un sector de UP propondría una moción

A raíz de encontrarse con la necesidad de solicitar reiterados emplazamientos por la oposición en su conjunto, un sector de Unión por la Patria anticipó a este medio que existe la posibilidad de pedir la moción para debatir la iniciativa de remover a José Luis Espert de la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El proyecto de resolución impulsado por Victoria Tolosa Paz señala que “desde su designación como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert se ha abstenido de convocar reuniones ordinarias o extraordinarias, privando a esta Cámara del ámbito natural para el tratamiento, análisis y dictamen de los proyectos de ley que le han sido legítimamente girados”.

El texto, que tiene giro a Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, no está incluido en el temario, pero teniendo en cuenta la poca simpatía entre el titular de la comisión y los integrantes de Unión por la Patria (y el Frente de Izquierda) podría ser puesto a consideración del plenario a través de una moción.

Luego que la oposición lograra aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados, durante la última sesión, el emplazamiento a comisiones para tratar proyectos vinculados al desfinanciamiento del hospital Garrahan y las universidades nacionales, se oficializó en la agenda la citación a ambos plenarios para este martes.

En lo que respecta a los proyectos sobre emergencia pediátrica, las comisiones de Acción Social y Salud Pública; Familias, Niñez y Juventudes; y Presupuesto y Hacienda fueron convocadas a partir de las 12; mientras que sobre el financiamiento de la educación universitaria, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se congregarán a las 16. Ambas reuniones tendrán lugar en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La intención de la oposición de obligar al debate a la Comisión de Presupuesto, presidida por el oficialista José Luis Espert, quien la mantiene cerrada para analizar cualquier tipo de iniciativa que desde el Gobierno sea rechazada u objetada por su costo fiscal, ya estaba hace un mes atrás, pero cuando iban a proponerse los emplazamientos en la sesión del pasado 4 de junio -ya de madrugada- la misma se quedó sin quórum.

Finalmente, los emplazamientos se votaron por una destacada mayoría, incluso con el aval de algunos aliados de La Libertad Avanza, en la sesión del pasado 2 de julio. Allí, Blanca Osuna, vicepresidenta de la Comisión de Educación, habló por universidades y Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud, por emergencia pediátrica. Ambos diputados de Unión por la Patria dejaron en claro que la convocatoria sería con el fin de dictaminar.

En el caso de emergencia pediátrica, vinculada a la crisis que atraviesa el prestigioso hospital de niños Garrahan, el proyecto ya había recibido despacho en las comisiones de Salud y, con más retraso, en Familias.

La iniciativa plantea declarar la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el plazo de dos años, "debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud".

Entre sus puntos, se busca garantizar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios; la recomposición inmediata de los salarios del personal; exención en Ganancias para todo el personal de salud; y adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos.

Asimismo, establece que "mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria".

Por su parte, sobre la cuestión de financiamiento universitario -en un dejà vu de la ley sancionada el año pasado y vetada luego por el presidente Javier Milei- fueron presentados proyectos por Mónica Macha (UP), Danya Tavela (DpS), Pablo Carro (UP), Christian Castillo (FIT) y Blanca Osuna (UP).

En este caso, el tema no sólo no fue tratado en Presupuesto, sino tampoco en Educación, que no se reunió en lo que va del año y está a cargo del diputado del Pro Alejandro Finocchiaro.

El último expediente ingresado con las firmas de Tavela y Osuna reproduce la propuesta acercada desde el Consejo Interuniversitario Nacional, cuyos representantes participaron a fines de mayo de una audiencia con legisladores de la oposición.

El proyecto apunta a garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales; la recomposición de salario docente y no docente (por IPC desde diciembre de 2023);la convocatoria a paritarias; la actualización de los gastos de funcionamiento; la creación de un fondo de 10 mil millones de pesos para carreras estratégicas y el financiamiento de becas.

Además, impulsa que se establezca un piso obligatorio de inversión en educación universitaria, que impacte de manera progresiva en la participación dentro del PBI: 2026 (1%); 2027 (1,1%); 2028 (1,2%); 2029 (1,3%); 2030 (1,4%); 2031 (1,5%).

Sin la presencia de Ezequiel Atauche, la oposición logró activar la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para dictaminar los tres proyectos con media sanción que serán llevados al recinto en los próximos días: la actualización por ley de los haberes jubilatorios; la prórroga de la moratoria previsional; y la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026.

El presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, se hizo presente en la reunión realizada en el Salón Arturo Illia y reiteró en más de una oportunidad que la oposición “hizo una auto convocatoria”. Después insistió en que la reunión “carece de la formalidad necesaria”. Advirtió, además, que el oficialismo no va a reconocer la reunión, ni tampoco los dictámenes, y que el plenario para pasar a la firma fue fijado para el próximo 15 de julio.

Con el acompañamiento de dos senadores radicales y una del Pro, Anabel Fernández Sagasti aclaró que “la última interpretación del reglamento la hace la mayoría del Senado y acá estamos presentes, y si no la vamos a hacer en el recinto”. Acto seguido, anticipó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 10 de julio, donde el temario incluirá los tres proyectos despachados.

Con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian, Fernando Salino -en su rol de vicepresidente-, Mariano Recalde, María Teresa González, Juan Manzur, Carlos Linares, Eduardo “Wado” de Pedro y Fernando Rejal de Unión por la Patria; Martín Lousteau y Pablo Blanco del radicalismo (llegó con la reunión comenzada); y Guadalupe Tagliaferri del Pro fueron quienes avalaron los tres dictámenes.

Según constató este medio, Ezequiel Atauche no respondió las notas de convocatoria a reunión de comisión elevadas por UP y los tres senadores dialoguistas. A las horas de terminado este encuentro, se manifestó a través de X: "Como siempre, Javier Milei tiene toda la razón".

"El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado. ¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar", remarcó el legislador jujeño. 

Como siempre, @JMilei tiene toda la razón. El kirchnerismo no quiere asumir que ya no puede hacer lo que se le canta. Ayer lo vimos en Diputados, hoy en una comisión irregular que convocaron de prepo en el Senado.

¿Quieren poner palos en la rueda? No los vamos a dejar. pic.twitter.com/uhbNPVq8Vj

— Ezequiel Atauche (@ezeatauche) July 3, 2025

Un intenso debate 

El jefe del interbloque opositor, José Mayans, fue el primero en tomar la palabra y cargó contra el jefe de bancada oficialista, presidente de Presupuesto y Hacienda: “Se cree el dueño del Senado, y la invitación se la mandamos al presidente y a la presidenta del Senado para que nadie mire para otro lado”. En otro momento, aseveró que “trascendió que estuvo apretando a secretarios para no hacer la reunión”.

Tanto los legisladores de Unión por la Patria como los dialoguistas presentes elevaron un reclamo contra las autoridades de la Cámara alta por la ausencia de la transmisión oficial. “Este es el canal de Senado, no un canal de partidario”, aseveró el senador fueguino Pablo Blanco. Luego, cargó contra Atauche y señaló que “hace una hora me dijo que iba a venir a fijar fecha, pero no cumplió con su compromiso”.

En virtud de la validez del encuentro, Martín Lousteau remarcó que “está claro que un senador (en referencia al jujeño) no puede contra una mayoría decir qué se hace y qué no se hace”. Y cuestionó: “Convocó a las reuniones después de que todos estuviéramos acá”. Minutos antes, Abdala se hacía presente en el Salón -con la intención de desactivar la reunión- anunciado la convocatoria a asesores para el 8 y a plenario para el 15 de julio.

En un extremo de la primera fila, el senador puntano, en soledad, insistía con que “no se han cumplido las formalidades en tiempo y forma de convocatoria a la reunión, y por eso no vino Senado TV”. Y nuevamente, repitió: “Es la primera vez que ocurre que llaman de un día para el otro”.

Del otro extremo, la senadora nacional Juliana di Tullio, acompañada por sus pares de interbloque, aclaró que “la reunión fue pedida por diez senadores de la Nación”. En otro momento, advirtió que “no hay antecedentes de una administración del Ejecutivo que tenga tanto apego por cerrar el Senado de la Nación”, y respaldó a la reunión en cuestión: “Hicimos un ejercicio político”.

Luego de varios idas y vueltas, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri tomó el micrófono y afirmó: “Presentamos con 48 horas el pedido de plenaria -al término de la reunión que presidió Carmen Álvarez Rivero el martes pasado-”, y ratificó que “el plazo está cumplido”.

En el final, Fernando Salino, en su rol de autoridad circunstancial de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, arengó que “no nos vamos a dejar trampear en el recinto porque esto fue reglamentario y tuvimos quórum e hicimos las cosas de buena fe”. “Todos sabían de esta reunión”, concluyó.

Por último, los diez senadores nacionales presentes firmaron el despacho de las tres iniciativas y se dio por finalizada la reunión. En caso de que el oficialismo considere que la moción de esta jornada no fue válida, desde Unión por la Patria apelarán a la decisión del pleno en el recinto. Dicho sea de paso, de tener a los 34 legisladores del interbloque y a los 3 firmantes del dictamen, el quórum estaría garantizado.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados se reunirán este martes, a partir de las 13, para dictaminar en torno a los proyectos relacionados con la moratoria jubilatoria y la mejora en los haberes de la clase pasiva.

Las comisiones fueron emplazadas el pasado 8 de abril por el pleno y llegarán a esta instancia luego de tres reuniones informativas; por dos de ellas pasaron más de una veintena de invitados.

El debate se centró sobre tres ejes: la extensión de la moratoria previsional que venció el pasado 23 de marzo -y fue la causa que originó la puesta en marcha de esta discusión-; la actualización del bono extraordinario y su incorporación al haber; y la creación de una prestación proporcional, de acuerdo a los años aportados.

Hay también quienes plantean una reforma de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que hoy representa un 80% de la jubilación mínima y a la que pueden acceder tanto hombres como mujeres a partir de los 65 años.

En la última reunión hubo una insistencia de varios diputados al presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, para que la Oficina de Presupuesto del Congreso pueda aportar números sobre el costo fiscal que implicarían algunos ejes de las distintas iniciativas en análisis (más de 20 en total).

Entre los proyectos, aquellos que buscan extender la moratoria previsional son impulsados principalmente por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, por un plazo de 2 años. Aunque una de las propuestas, de Gisela Marziotta, plantea 10 años.

En lo que mostraron coincidencia y una mirada de eventual acuerdo varios sectores de la oposición durante la última reunión fue en la actualización del bono extraordinario de 70 mil pesos, congelado hace más de un año.

Por su parte, un sector de Encuentro Federal, con la cordobesa Alejandra Torres a la cabeza, y el rionegrino Agustín Domingo, de Innovación Federal, proponen eliminar el requisito obligatorio de los 30 años de aportes para acceder a una jubilación y, a su vez, mejorar la PUAM.

Otro punto de ese proyecto habla de la creación de un "Grupo de expertos previsionales" para trabajar en una reforma jubilatoria, idea que el oficialismo -sin propuestas alternativas en este debate- tiene mente, pero recién para cuando se renueve el Congreso.

Un nuevo plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tuvo lugar este martes, con la participación de especialistas y jubilados que cada miércoles forman parte de protestas en las puertas del Congreso.

Antes y después de las exposiciones de los invitados, legisladores de distintos bloques coincidieron en acelerar el pedido a la Oficina de Presupuesto sobre el costo fiscal e impacto que tendrían las distintas propuestas.

Las principales medidas que se plantean en la veintena de iniciativas tienen que ver con la extensión de la moratoria previsional -cuyo final originó la apertura de este debate en las comisiones-, la actualización del bono extraordinario y la creación de una prestación proporcional en base a los años aportados.

En el arranque, la presidenta de la Comisión Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, recordó que la reunión del próximo 13 de mayo será para avanzar en los dictámenes e informó sobre la solicitud, por medio del titular de la Comisión de Presupuesto, el oficialista José Luis Espert, a la OPC "para poder tener algunos números en relación a algunos proyectos".

En tanto, hacia el final de la reunión, ante una consulta del radical Roberto Sánchez, Espert dijo: "En este momento la OPC está evaluando el costo fiscal sobre emergencia en discapacidad. Sobre el tema previsional tendríamos que tener algún acuerdo sobre líneas comunes de todos los espacios para que la Oficina pueda evaluarlos". "La OPC no está en condiciones de evaluar 21 proyectos", planteó.

Recogió el guante el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, quien coincidió en que era "razonable" que la OPC no puede analizar con escaso tiempo una veintena de proyectos, pero consideró que al menos sobre uno de los temas se puede conseguir un "cálculo concreto", a partir de saber "lo que se ahorra el Tesoro Nacional por la caída de la moratoria". Y, al remarcar el consenso que hay entre algunos bloques de la oposición sobre la actualización del bono, pidió que el organismo de asistencia técnica evalúe "cuál sería el costo de aumentar el bono de 70 a 105 mil pesos".

Las exposiciones

El primer orador de la jornada fue Nicolás Machuca, periodista especializado en temas previsionales, quien señaló que la crisis en el sistema jubilatorio "pasó a ser una crisis económica por muchas políticas públicas que han fallado en su momento, que se han otorgado en momentos equivocados y que no tuvieron sostenibilidad".

"Los adultos mayores se han convertido en la Argentina en la clase social más marginada", resaltó y, al referirse a la gran masa de trabajo precarizado e informal que hay en la actualidad, advirtió: "Vamos a tener más personas longevas, pero pocos jóvenes aportantes, y eso con el correr del tiempo va a ser más peligroso que lo que estamos atravesando en este momento".

Respecto al bono extraordinario, Machuca expresó que "un bono congelado hace más de un año lastima al haber" y debería "ser incorporado" al mismo. "Según estudios del CEPA, el bono debería ser de 154 mil pesos y sigue estando en 70 mil", agregó. En su exposición, también opinó que "eliminar hoy las moratorias es un error, son necesarias en este tiempo" y habría que extenderla "al menos 10 años más". "La PUAM tiene que tener también una lavada de cara, tiene que ser compatible a los aspectos laborales", sumó.

Por su parte, Renee Girardi, del Frente de Adultos Mayores en Unidos y Organizados, se quejó de que mientras se buscan los consensos, "la situación de los jubilados sigue siendo pésima; mientras tanto el tiempo corre, los perjuicios aumentan, los palos en la Plaza del Congreso se acentúan. Y todo aumenta mientras dicen que la inflación baja".

"Solicitamos un aumento de emergencia urgente, que nos devuelvan los remedios sin cargo y que la moratoria vuelva a estar vigente", pidió, además de manifestar que "el bono es una vergüenza". Y anticipó: "Mientras esto no ocurra, habrá calle".

Olivia Ruiz, secretaria de Previsión Social de la CTA Autónoma, sostuvo que "no es cierto que los trabajadores no hicieron su trabajo durante su vida laboral", sino que no cuentan con los años correspondientes a raíz de "las leyes incompletas, los no aportes o la precarización laboral, que son lo que han impedido las jubilaciones".

Tras denunciar una "intención de privatización del sistema previsional" por parte del Gobierno, se mostró a favor de "la sanción a una ley de moratoria que garantice en el tiempo jubilaciones y pensiones mientras construimos un sistema previsional digno".

A su turno, Carlos Martínez, licenciado en Economía e investigador docente, subrayó que "el no ajuste del bono implica un ajuste sobre la vida de los beneficiarios" y "un ajuste más grave para quienes menos cobran, como los de la PUAM o pensión por invalidez". Apuntó que si el bono se actualizara acorde a la inflación -desde que se congeló en abril de 2024- "estaríamos hablando de unos 115 mil pesos".

"De los 45 mil que se recibiría (por ese aumento), 30 mil sería para pagar medicamentos que antes eran gratis", explicó. Y detalló que esto tendría un costo fiscal de 0,21% del PBI en 2025, que se podría financiar sobre cambios en exenciones impositivas.

Luciano González, abogado especialista en seguridad social, indicó que "en todas las provincias, la cantidad de personas que se han jubilado por moratoria son mayor a un 60%". "Lo fundamental es que se prorrogue, se vuelva a sancionar, se mejore", dijo y planteó que sea por un plazo de diez años o "sin límite temporal, porque tiene que perdurar en el tiempo". Además, opinó que "la PUAM tendría que ser derogada y reemplazada en su totalidad por una ley de moratoria, porque la PUAM no es un derecho".

En la reunión también expusieron Alberto Atilio Meneses, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados; Alicia Aban, abogada previsionalista; y Nora Biaggio, docente jubilada y representante del Movimiento de Jubilados.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles para poner en consideración el proyecto de ley que impulsó la mendocina radical Mariana Juri para modificar el régimen tributario transporte aéreo. La iniciativa propone realizar cambios en la recaudación, aplicación y percepción imponiendo las mismas condiciones para todas las empresas que presten el servicio de transporte aéreo de pasajeros.

En esta reunión informativa estuvieron como invitados el gerente general de JetSMART Argentina, Gonzalo Pérez Corral, y Horacio Preneste, socio de Andes Líneas Aéreas. Desde Unión por la Patria anunciaron que no van a acompañar el proyecto y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador jujeño Ezequiel Atauche, señaló que la próxima reunión podrían ser convocados funcionarios del Gabinete nacional.

En el inicio del debate, la senadora mendocina, autora de este proyecto de ley, cuestionó: “Necesitamos que más líneas aéreas vuelen en el país”, y aseveró: “No alcanza solo con Aerolíneas Argentinas volando en un país como el nuestro”. Como primera mención, le agradeció al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, por darle el visto bueno a la iniciativa.

En segunda instancia, profundizó sobre el contenido del texto que impulsó y explicó: “El 90% de los vuelos nacionales empiezan y terminan en Buenos Aires y eso no le pasa a ningún país con desarrollo de transporte aerocomercial”. Fue allí cuando ahondó en lo que el texto propone respecto a que las empresas que presten en la Argentina el servicio de transporte aerocomercial de pasajeros puedan utilizar el saldo a favor acumulado del IVA.

En la actualidad, esto solo rige para Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y de sus empresas controladas. Al tomar la palabra, Pérez Corral profundizó esto y consideró que es “desigualdad, discriminación y desventaja competitiva con el resto de las compañías”. “Necesitamos terminar con los privilegios para un solo operador”, sumó.

Trajo a colación un informe de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) e indicó que “entre el 2011 y 2023, el promedio de la tarifa aérea real disminuyó un 12%”. “Esto muestra que nuevos operadores en el mercado generan reducción en las tarifas”, adjuntó en pos de reafirmar que “el país clama por más inversiones y más competencia”.

Luego, en virtud de manifestar su apoyo explícito al texto de Juri, Pérez Corral afirmó que “buscamos igualar los beneficios que hoy tiene Aerolíneas Argentinas, por eso concluimos que lo mejor es que nos permitan utilizar el crédito fiscal. Es época de nivelar el campo de juego”.

El otro invitado al Salón Arturo Illia fue Horacio Preneste, quien señaló que “todo lo que sea políticas activas, ayudar a las aerolíneas para que puedan operar y a la política activa de todas las provincias de dirigirlas y asistir en determinadas situaciones va a traer buenos resultados para todos”.

En el cierre, Pérez Corral contestó una inquietud del lado de los senadores respecto al impacto fiscal del proyecto: “El costo fiscal en un año no es más que 15.000 millones de pesos. Ese valor en cuánto a la contribución del Estado representa el 10% de aportes al año”. Asimismo, reiteró que “vamos a dejar a la Argentina con la posibilidad de sumar competencia”.

Las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, emplazadas por una votación en la sesión del día anterior, arrancaron este miércoles con el debate sobre la continuidad o no de la moratoria previsional -la última venció el 23 de marzo pasado- y la creación de una prestación proporcional para las personas en edad jubilatoria que no tengan 30 años de aportes.

De acuerdo a lo que decidió la oposición en el recinto, las próximas reuniones serán el miércoles 23 de abril a las 14 horas; el martes 29 de abril a las 13 horas; y el martes 6 de mayo a las 13 horas para emitir dictamen. Quienes hablaron durante el encuentro pidieron convocar a especialistas y también funcionarios.

El temario incluye 21 proyectos, de los cuales algunos proponen extender por dos años (hay uno que plantea hasta 10 años) el Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705); otros que hablan de implementar una prestación proporcional por retiro; y otras iniciativas para modificar regímenes especiales de privilegio.

En el comienzo de la reunión, que arrancó sin quórum, la presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el régimen previsional presenta muchísimas dificultades, excepciones, desorden normativo, desigualdades, injusticias, y existe la necesidad de un análisis profundo para dotarlo de mayor equidad, justicia e igualdad”.

“El mundo hoy atraviesa diferentes dificultades, los empleos se transforman, hay un 40% informalidad, el envejecimiento de la población a tasas europeas, y estos factores inciden en este sistema de gran envergadura que tiene el país”, apuntó la radical, quien destacó la consecuencia de esa gran informalidad imperante, que establece que esas personas no aportan al sistema y no lo financian. Así las cosas, tampoco pueden después acceder a una jubilación digna, por no tener los aportes correspondientes. Por eso dijo que debían buscar una alternativa para atender esa situación.

En alusión a proyectos para incrementar el haber previsional, utilizando una variable que es principalmente el bono, Brouwer de Koning dijo que “esta realidad es la que hoy nos interpela” y afirmó el “compromiso” para “generar un debate sincero, responsable, para lograr alternativas y mejores soluciones que sean a largo plazo y puedan ser sostenidas en el tiempo”.

Gabriela Brouwer de Koning (Foto: HCDN)

Desde Unión por la Patria, el diputado Leopoldo Moreau destacó que "por fin este Congreso ha podido desembarcar en uno de los temas que viene preocupando mucho a un sector de nuestra sociedad". Y resaltó que los jubilados fueron "los que en este año y pico han cargado sobre sus hombros con una mayor cuota del ajuste", agravando los "problemas estructurales que viene teniendo el sistema”.

Tras definir la coyuntura del sector como “dramática”, el opositor comparó las políticas del actual programa económico con las de José Alfredo Martínez de Hoz, cuyas políticas tuvieron como “víctimas a los jóvenes”. “En esta etapa, la principal franja víctima de estas políticas son los adultos mayores, jubilados y futuros jubilados” quienes “han perdido sus ingresos en poder adquisitivo” y “además son descalificados como viejos meados”.

Aunque hubo un puñado de diputados de La Libertad Avanza, ninguno de ellos tomó la palabra. Mientras que, de los aliados, solo lo hizo Patricia Vásquez. “No hay ninguna duda que si no tenemos plata no podemos dar nada”, aseveró la legisladora del Pro, quien reprochó que en el pasado “se esfumaron 35 mil millones de dólares del FGS que debían ser destinados para lo que hoy necesitamos; se usaron, se desfinanció”.

“La moratoria se convirtió en un sistema innecesario e inequitativo”, expresó y consideró que se “necesita una reforma estructural” del sistema previsional, ya que “el 10% del PBI de la Argentina se destina a la erogación jubilatoria, cuando solo el 12% de la población argentina está por encima de 65 años; esto equivale al doble de otros países”. “Busquemos soluciones y no con demagogia”, pidió.

A su turno, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño ponderó el inicio del debate gracias a la “enorme resistencia y lucha que dan los jubilados, con el acompañamiento de varios sectores todos los miércoles, y que enfrentan la brutal represión de este Gobierno”. El bonaerense observó que la moratoria resultó ser “un parche” a “un problema muy importante que es la informalidad” que “a lo largo de los años perjudica cada vez a más trabajadores”.

“Hay una gran cantidad de trabajadores que no cumplen con los 30 años de aportes porque sus empleadores no se los han aportado”, remarcó y dijo que a eso se sumaron políticas de distintos gobiernos que contribuyeron a que no hay empleo registrado.

Por Innovación Federal, el rionegrino Agustín Domingo sostuvo que “el problema evidente en nuestro sistema es que tenemos niveles de informalidad muy altos y muy pocos aportantes para un sistema que cada vez tiene más beneficiarios. No podemos seguir aplicando in eternum el parche que son las moratorias”.

Para el legislador, hay que “respetar a aquellos que hicieron aportes parciales” y “que igual puedan acceder a una jubilación proporcional respecto a los aportes que han realizado en su vida laboral”. También habló de modificar “el cálculo del haber inicial” para que “se haga sobre la totalidad de la vida laboral, no sobre los últimos 10 años”. Asimismo, su proyecto plantea “reconocerles a todas las mujeres un año por cada hijo” y que “a los autónomos y todos aquellos que aportan una suma fija, en la misma ley se establezca cómo se calcula la remuneración presunta”. Otro de los puntos es que la PUAM sea de un 80% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que representaría un 4% de incremento al monto actual.

Tras el pedido de varios diputados de pedir informes a la Oficina de Presupuesto del Congreso, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el libertario José Luis Espert, aseguró que antes de pedir la intervención del organismo debería avanzarse en algunos consensos, ya que hay 21 proyectos. “Son demasiados como para decir los ejes, que son muy amplios”, opinó.

Otra de las que habló en la reunión fue la diputada cordobesa Alejandra Torres, quien subrayó que “desde 2017 a la fecha, como consecuencia de la masiva incorporación de personas en la moratoria, los haberes de aquellos que han hecho sus aportes en regla se han visto reducido en un 50%”. Pero, al mismo tiempo, “tenemos la obligación de dar una respuesta integral que en el mundo se está tratando”.

“Hace 30 años que estamos debatiendo la reforma previsional y seguimos poniendo parches”, manifestó la legisladora de Encuentro Federal, que reclamó por dar una discusión con expertos, “sin demagogia, sin oportunismo y con profesionalidad”.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto coincidió en “trabajar el tema con método, profesionalismo y coherencia”. “No es verdad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está quebrado”, aclaró y abogó por que “ojalá encontremos pronto una solución”. Solicitó convocar a especialistas, pero también funcionarios del Ministerio de Economía y la ANSeS. “Decir que no hay plata cuando no sabemos exactamente cuál es la hoja de ruta del Gobierno (por el Presupuesto) y no permitirnos tener control al Parlamento, hace mucho más difícil la tarea”, señaló.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman enfatizó que “estamos frente a un tema que es de resolución urgente” porque a los jubilados “se los ha condenado a una suerte de congelamiento a futuro en sus haberes”. El porteño pidió terminar con la teoría de que “el ingreso al sistema previsional de personas que no tienen los 30 años de aporte es a costa de los que aportaron”. “La razón por la cual las jubilaciones vienen deteriorándose desde 2017 no tiene nada que ver con las personas que entraron por moratoria; de hecho, el grueso que ingresó por moratoria es previo”, dijo y, entre una de las razones, adjudicó la pérdida de empleo privado. Finalmente, pidió “no poner a unos como responsables del deterioro de otros”.

En tanto, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot propuso “darnos un debate con una cuota de pragmatismo, además de números” dado que “el oficialismo actual nos invita a un principio de vetocracia en donde las leyes del Congreso siempre necesitan una mayoría agravada”. En ese sentido, observó: “En vez de pensar en un único proyecto, no tengamos miedo, legislamos en ocho proyectos. En alguno de los temas el Gobierno pueda estar de acuerdo. En el mejor de los mundos, tener el acompañamiento del Gobierno y que evitemos un veto; y si no, que el Congreso esté en condiciones de resistir un veto”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado fue convocada este miércoles, desde las 17.30, para ratificar sus autoridades y con un temario que contiene un único proyecto: el que propone la emergencia en Bahía Blanca, a raíz de las trágicas inundaciones registradas en la ciudad.

Para el mismo día se espera que, en caso de reunir quórum la sesión convocada por la oposición para las 12, la Cámara de Diputados intente avanzar en la media sanción de un proyecto similar, que cuenta con numerosas firmas de diputados de distintos bloques. Los impulsores de la sesión ya lo sumaron al temario.

El proyecto presentado en la Cámara alta por los tres senadores de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio (UP), Maximiliano Abad (UCR) y Eduardo "Wado" de Pedro (UP), declara "zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de 180 días, a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas durante el mes de marzo de 2025".

En la iniciativa se propone que se cree en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación "un Fondo Especial de $20.000.000.000 o la suma necesaria para atender los daños ocurridos", el cual "deberá constituirse en un plazo no mayor a 30 días", a partir de la sanción de la ley. Dicho fondo "se integrará a través de las reasignaciones de las partidas presupuestarias que ordene disponga el jefe de Gabinete", reza el texto.

Estos recursos estarían destinados a otorgar subsidios y créditos para la reconstrucción de la estructura edilicia, para la construcción y reparación de viviendas de la población afectada, para reconstrucción y reparación que permita la normalización de los servicios públicos, y para la refuncionalización de actividades económicas que se hayan visto afectadas.

"La Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación articulará con el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en el ámbito de sus respectivas competencias, las gestiones tendientes a dispensar las erogaciones que debieran abonar los afectados en conceptos de impuesto, tasas y contribuciones", dispone otro de los artículos.

Asimismo, a "aquellos afectados que han perdido totalmente su fuente de ingreso, colocándose en situación de emergencia económica social, se les otorgará un plazo de gracia, de al menos 180 días, en las siguientes situaciones jurídicas obligacionales: contratos civiles y comerciales con prestaciones recíprocas; operaciones bancarias y financieras; y ejecuciones hipotecarias, prendarias, judiciales y extrajudiciales".

El proyecto de los senadores bonaerenses indica que el PEN "deberá instrumentar a través del Banco de la Nación Argentina una línea de financiamiento a tasas preferenciales y con un plazo de gracia, destinada para la reconstrucción de viviendas familiares afectadas y asistencia a sectores productivos damnificados por el sismo, conforme los requisitos que establezca el citado organismo financiero".

Al filo de que venza el plazo para dictaminar, y aún sin saber si el Gobierno convocará a sesiones en diciembre, la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados fue suspendida abruptamente este martes a dos horas de su citación.

La falta de acuerdos con los gobernadores originó la decisión del oficialismo de no realizar la reunión en la que la oposición dialoguista podía llegar a firmar un dictamen propio, abriendo la posibilidad de que La Libertad Avanza quedará en soledad e incluso se impusiera un despacho de Unión por la Patria (por la cantidad de firmas).

Las explicaciones del por qué de la suspensión las dará el presidente de la comisión, el oficialista José Luis Espert, quien hablará en el Salón Pasos Perdidos a las 14. Según supo parlamentario.com, la letra del anuncio terminó de definirse en una reunión que este martes por la mañana tuvieron en Casa Rosada Espert y Martín Menem, titular de la Cámara baja, con funcionarios.

El correo que recibieron en sus casillas los diputados tomó por sorpresa incluso a los bloques aliados del Pro y la UCR, quienes no estaban anoticiados de los pasos que daría el oficialismo. Al cierre de la semana pasada estos dos bloques comenzaron a ver con serias chances la opción de no ir a un dictamen con disidencias -sobre el texto del Poder Ejecutivo-, sino con un texto propio que atienda las demandas de los mandatarios provinciales, quienes durante la reunión en el CFI el pasado jueves aunaron quejas sobre sus reclamos no atendidos desde Casa Rosada. 

Actores principales en el fracaso de la sesión especial pedida por la oposición para el martes pasado, los gobernadores sienten que no les han cumplido nada. En el Presupuesto 2025 tienen especial interés en la incorporación de cinco pedidos: que el 1,9% de coparticipación que iba a financiar la exAFIP, hoy ARCA, retorne a las provincias; coparticipar el impuesto a los combustibles; la distribución del excedente de los ATN no utilizados; una compensación referida al Pacto Fiscal de 2017; y la deuda sobre las cajas previsionales. 

Luego de una semana sin reuniones por el Presupuesto 2025, se esperaba que este jueves 7 de noviembre a las 11 se reanudara el debate de la “ley de leyes” con la visita de Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación. Sin embargo, por cuestiones de agenda de los funcionarios del Poder Ejecutivo -según informaron fuentes del oficialismo-, el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se suspendió hasta nuevo aviso.

De esta manera, quedarán completas dos semanas enteras sin reuniones informativas vinculadas al proyecto del Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2025, el primero de la era Milei. La última reunión fue la del pasado 24 de octubre cuando el secretario de Educación, Carlos Torrendell, participó del debate en la Cámara de Diputados.

Con esta nueva suspensión, surgen dudas respecto a los tiempos del tratamiento que tenía previsto La Libertad Avanza. Habrá que ver si finalmente el ministro de Salud se presenta la próxima semana. Lo cierto es que se esperaba la firma del dictamen para entonces, cuestión de llevar el proyecto al recinto la semana siguiente, probablemente el 20 de noviembre. Puede firmarse el dictamen el mismo martes 19, pero lo cierto es que los tiempos se acortan y la actividad en Presupuesto y Hacienda llama la atención por su baja intensidad. Legisladores de la oposición se quejan porque, a diferencia del tratamiento de otros presupuestos, las reuniones para debatir este proyecto han sido realmente “pocas y espaciadas”. “Sin hablar de que el ministro de Economía se resiste a venir a presentarlo”, acotó un legislador opositor.

Lo cierto es que mientras fuentes oficiales daban como lógico un debate del presupuesto en el recinto de Diputados para la semana del 20, para darle tiempo al Senado para tratarlo en tiempo y forma, un diputado de La Libertad Avanza confió otros tiempos a parlamentario.com. Dijo que el despacho del presupuesto estaría la semana del 20, y la sesión para darle media sanción sería el 27 de noviembre.

Esa alternativa se daría de bruces con las expresiones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien manifestó esta semana que no habrá sesiones extraordinarias. En este caso, es dable imaginar que, si se mantuviera a rajatabla lo expresado por el funcionario, se prorrogara el período ordinario en diciembre hasta que el texto sea tratado por el Senado.

En una semana marcada por la ausencia de algunos legisladores que viajaron a las elecciones en Estados Unidos, se retomará el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, con la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones.

La semana pasada, centrado en darle prioridad al dictamen sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, se interrumpió el tratamiento de la "ley de leyes" en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert.

El último encuentro para abordar el Presupuesto 2025 fue el 24 de octubre, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Ahora será el turno de otro área sensible: la salud. Este jueves, de 11 a 15 está previsto que asista Lugones, quien asumió el pasado 1ro. de octubre, tras la renuncia de Mario Russo, funcionario que no concurrió al Congreso durante su gestión. La reunión será en el escenario habitual, la sala del segundo piso del Anexo "C".

Según supo parlamentario.com, La Libertad Avanza aspira -de manera ambiciosa- a llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 20 de este mes; y que sea aprobado en el Senado a principios de diciembre.

Dentro de la oposición que contribuyó a la sanción de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen negociaciones con referentes de los bloques aliados como el Pro y el MID, y la UCR.

También desde Casa Rosada se realizan conversaciones con gobernadores, otra pieza clave. De hecho, este martes el presidente Javier Milei recibirá a los mandatarios radicales. Desde las provincias ya hay un pedido del mendocino Alfredo Cornejo para que recursos que iban a la AFIP (disuelta) retornen a las jurisdicciones.

Por su parte, uno de los bloques dialoguistas como es Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, trabaja en un dictamen propio de presupuesto, que pone el foco en la reducción de ciertos gastos tributarios (como economía del conocimiento) y otras áreas (como la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE) para aumentar partidas para universidades y jubilaciones, por ejemplo.

La semana pasada, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con una conferencia de prensa a la que había convocado para dar un "anuncio importante" sobre el Presupuesto 2025. El mensaje iba a estar relacionado con incrementar el presupuesto para las universidades, pero en detrimento del financiamiento de los partidos políticos, lo que provocó el malestar con sus socios del Pro, no consultados previamente.

El Gobierno asegura que la función Salud representa un 5,6% del Presupuesto

En el mensaje del Presupuesto 2025 enviado en septiembre por el Poder Ejecutivo, y presentado por el propio Milei, se asegura que la función Salud "representa el 5,6% del Presupuesto Nacional, enfocándose en distintos programas y organismos del Estado Nacional, incluyendo hospitales y centros de salud de relevancia".

"Entre los programas de la función se destacan la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Agencia Nacional de Discapacidad), cubriendo la asistencia médica a los pensionados y sus familias, con un total de 660.000 beneficiarios para 2025", señala.

El PEN afirma que "el Ministerio de Salud dará cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con la distribución de 34,5 millones de dosis de diversa índole" y "asimismo, el programa Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud realizará una cobertura de 20,2 millones de personas del Sistema Público de Salud".

"Entre los organismos descentralizados, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, entre otros, figuran con destacada asignación presupuestaria", agrega en otro pasaje.

En una reunión que se extendió por casi cinco horas, diputados de la oposición cuestionaron en duros términos las partidas destinadas a educación en el Presupuesto 2025 y dieron una serie de cifras que el secretario del área, Carlos Torrendell, refutó con otras.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda este jueves, el cívico Maximiliano Ferraro observó: "Estamos viendo cómo aumenta el financiamiento en otras áreas que no parecieran ser tan prioritarias como la educación".

Habló entonces de que en el proyecto se prevé una "inversión del 0,88% del PBI, por debajo de lo que ya se ha invertido en el 2024, que representa el 0,91% del PBI, bajo con respecto al 2023, cuando la inversión fue del 1,48% y la mitad del mayor histórico de 1,8% que se dio en 2013".
"El presupuesto se incrementará sólo en un 0,6%", afirmó el porteño e indicó que "todos los programas tienen un ajuste que van entre el 9% y 51%".

A su turno, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna cuestionó "la degradación del Ministerio a Secretaría, la eliminación del FONID, el desfinanciamiento de las universidades, la intervención de Educar, el desmantelamiento de programas estratégicos, como Conectar Igualdad o Libro para Todos", entre otras medidas.

La entrerriana apuntó que se proyecta un "30% de disminución" de partidas para la educación superior y aseguró que "el presupuesto está formulado desatendiendo necesidades objetivas". Sobre las políticas que impulsará la Secretaría, a las que hizo alusión Torrendell en su exposición inicial, se preguntó: "¿Cómo lo va a hacer si el desfinanciamiento es tan brutal?".

Al responder, el funcionario remarcó que "de ninguna manera se puede comparar un presupuesto realizado como se ha hecho hasta hora, en base a la deuda y emisión, con uno de déficit cero; en cualquier comparación de ese tipo las conclusiones terminan siendo profundamente injustas".

Al decir que evitaba hablar en términos del PBI, Torrendell afirmó que la inversión en educación en el presupuesto será comparable a la de 2012, cuando se invirtió 5%. Al repasar los porcentajes año por año, detalló que en 2023 fue del 6% "y en 2024, año actual del cual se habla del ajuste, de un 4,6%, y el proyectado un 5%, retomando la inversión de 2012".

"Ahí sí se están diciendo las cosas cómo son. Dentro de un presupuesto que no es comparable estamos hablando de la inversión, excepto del año pasado, comparable con 2012", insistió. "¿Por qué pudiéndose endeudar y emitir se gastó tan poco en educación? Menos de lo que estamos proporcionalmente proponiendo para el año que viene", continuó.

Al contestar planteos de Osuna, el secretario dijo que "la plata del FONID fue a la alfabetización y a fortalecer a aquellos sectores con más dificultades", mientras que sobre el programa Conectar Igualdad señaló: "La deuda que dejó el Gobierno anterior fue de mil millones de dólares. Un gasto en educación que no tiene comprobación empírica de que sirva para que los chicos aprendan, además de lo discutible que fue el costo de las netbooks. No hay un desmantelamiento de Conectar Igualdad, hay un reordenamiento".

Respecto de la construcción de jardines, el funcionario del Ministerio de Capital Humano expresó que pretenden "no seguir con la idea de que multiplicar edificios es incluir". "Tenemos un descenso de la natalidad desde 2012 que está impactando en las escuelas iniciales y primarias", apuntó y explicó que "hay una inversión dirigida hacia donde están los estudiantes".

Avanzada la reunión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, salió al cruce de la postura del funcionario sobre "la idea de inversión inteligente". "En lugar de estar en un proceso que vaya a una inversión inteligente, creo que estamos en una desinversión total", enfatizó. A propósito de lo dicho por María Inés Brogin, subsecretaria de Gestión Administrativa, sobre que "el presupuesto (en educación) hoy está ejecutado en un 66%", el santafesino aportó datos tales como que la construcción y equipamiento de edificios educativos en el ámbito rural o la asistencia financiera para obras tienen 0% de ejecución.

El opositor también advirtió sobre un "brutal proceso de desfinanciamiento de la escuela técnica" para la cual se prevé un 10% de aumento desde lo ejecutado hasta el 31 de diciembre de 2023 y el año que viene, como si no hubiera habido inflación este año y no vaya a haber el que viene. Además, consultó sobre si buscarán reducir de seis a cinco años la formación.

"La educación técnica está siendo acompañada, la ejecución se ha multiplicado", sostuvo Torrendell y confirmó que la propuesta de reducir un año será "optativa". "Se reduce un año si las escuelas y las provincias así lo piden; fue un pedido de las escuelas y los gremios", aseguró.

Durante otro tramo del encuentro, el secretario de Educación contestó sobre las partidas previstas para las universidades nacionales, tema sobre el que respondió mayormente el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

"Como lo ha dicho el presidente, el vocero presidencial, el subsecretario, el Congreso -respetando el marco del déficit cero- podrá estudiar qué partidas se pueden reasignar; ha habido distintas ideas en los planteos, puede haber otras; efectivamente puede seguramente ampliarse el presupuesto universitario sobre la base de los análisis que ustedes con seriedad encararán", expresó Torrendell.

Al exponer este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, destacó que desde el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello le dijeron "basta al asistencialismo y la intermediación y nos encargamos de poner la plata directamente en el bolsillo de quienes más lo necesitan; ahora sabemos dónde van los fondos, cómo se usan y para qué".

En su presentación en el contexto del debate del Presupuesto 2025, y ante la ausencia de Pettovello -quien al igual que Luis Caputo, ministro de Economía, se resistió a asistir al Congreso-, la funcionaria resaltó: "Tomamos la firme decisión de eliminar todo tipo de intermediación para que los recursos lleguen a donde más se los necesita y de manera directa a los beneficiarios finales".

"Hoy estamos en un contexto en donde los índices de pobreza alcanzan cifras dolorosas que no ignoramos. La situación actual de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza es el resultado de décadas de políticas sociales asistencialistas y poco transparentes, que no sólo no mejoraron su calidad de vida, sino que los mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles herramientas para alcanzar autonomía y libertad", cuestionó.

Nano Lembo defendió la línea del Gobierno de que "sin una macroeconomía estable, la construcción de un país con oportunidades se complejiza y la pobreza no baja". "El esfuerzo que estamos haciendo los argentinos impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad, y muy especialmente en los sectores más vulnerables", consideró.

"Decidimos terminar con la intermediación de la política social y lo logramos", insistió en su exposición y detalló que el presupuesto contemplado para la Secretaría que comanda para el año próximo "asciende a un poco más de 4 billones de pesos", lo que representa un 43% más que el presupuesto vigente este año.

La encargada del área de niñez y adolescencia dijo que "este incremento refleja la prioridad del Gobierno de impulsar políticas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables". "Los principales aumentos se encuentran destinados a fortalecer la estrategia de primera infancia y fortalecer la prestación Alimentar", apuntó.

"Casi el 90% del presupuesto se destinará a transferencia directa a las personas, sin intermediarios", subrayó y reveló que cuando llegaron a la gestión se encontraron con que anteriormente "se repartían recursos de manera discrecional y siempre priorizando a los intermediarios y las provincias amigas".

Respecto de la Subsecretaría de Políticas Sociales, ésta tendrá asignados "3,2 billones de pesos, equivalente al 79% total de la secretaría, con un incremento del 57% respecto del vigente".

Sobre la prestación Alimentar, enfatizó que se aumentó la cantidad de titulares y el monto que reciben. Habló así de un "138% de aumento y junto con la AUH estamos cubriendo casi el 100% de la canasta básica alimentaria de todos los niños y adolescentes alcanzados por estos programas".

"La prestación Alimentar es una prioridad para el 2025, proyectamos un total de 2,9 billones, lo que representa el total del 72% del presupuesto", precisó.

A su vez, "estamos acompañando a 4.325 comedores registrados y tenemos la intención de incorporar nuevos, pero lo haremos siempre que podamos ratificar su existencia de manera efectiva", agregó y destacó también un refuerzo al programa Alimentar Comunidad.

Sobre la Subsecretaría de Políticas Familiares, Nano Lembo sostuvo que buscarán "fomentar el desarrollo temprano, desde la gestión hasta los 3 años" y "devolverle a la familia su lugar como centro de vida". Este área recibirá 65.800 millones de pesos, lo que significa un incremento del 20% respecto de este año. "En 2025 vamos a avanzar con una estrategia federal de primera infancia", sumó.

Respecto de la Subsecretaría de Innovación en Economía Solidaria, tendrá un presupuesto de 677.616 millones de pesos; mientras que la Subsecretaría de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano recibirá 28.947 millones de pesos, equivalente al 1% del total del presupuesto.

"Vamos a impulsar los centros de familias, espacios donde vamos a promover la reconstrucción del lazo familiar, trabajando sobre los modos de crianza, la contención, el desarrollo de los niños y adolescentes y el desarrollo socio-económico de los adultos. Estos espacios se van a gestionar de manera local, junto a las provincias y los municipios", reveló en otro tramo de su exposición.

Hacia el final, resumió: "Nuestra visión es clara. Apostamos por una política social sin intermediarios, un modelo de inversión social directa, que es superador de las políticas asistencialistas de gobiernos anteriores, porque hace un uso racional, transparente y basado en criterios objetivos de fondo, y porque brinda acompañamiento y recursos en el bolsillo de los que más necesitan".

"Vamos a continuar priorizando las transferencias directas, para que la ayuda llegue sin intermediarios a los bolsillos de cada una de las familias que más lo necesitan. Vamos a trabajar de manera articulada con las provincias, con una mirada federal e integral de desarrollo humano. Y vamos a utilizar indicadores objetivos", completó.

En la primera tanda de intervención de los legisladores, la diputada Victoria Tolosa Paz (UP) cuestionó: “Están ajustando brutalmente las partidas destinadas a los sectores más vulnerables de la Argentina”.

Aunque destacó la medida del Gobierno de extender el rango etario de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar -que pasó de los 14 a los 17 años-, la exministra de Desarrollo Social calificó de “falaz” la exposición de Nano Lembo sobre que se cubre la canasta básica por medio de la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar. “Se duplicó la indigencia y creció la pobreza infantil con 7 de cada 10 niños”, enfatizó y observó: “Debemos ser garantes de que el presupuesto no venga con un ajuste”.

Entre las varias consultas que recibió la funcionaria, y muchas de ellas no respondió, el diputado Nicolás del Caño (FIT) preguntó sobre las becas Progresar y el programa Conectar Igualdad, que "directamente no presenta partida presupuestaria". "Programa Progresar, Conectar Igualdad y ESI corresponden a la Secretaría de Educación", contestó Nano Lembo.

También, Del Caño expresó: "¿Qué opinan que un hospital pediátrico de excelencia como es el Garrahan esté en una situación de ajuste brutal como el que se está viviendo hoy?". También en alusión a la Marcha Blanca que realizaron trabajadores de la salud este martes frente al Congreso había hecho referencia del caso Garrahan la diputada Carla Carrizo (UCR). "Sobre el Garrahan vamos a elevar la inquietud al nuevo ministro de Salud", dijo la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además de preguntarle por la aplicación de la Ley Lucio, entre otros temas, la diputada Julia Strada (UP) quiso saber la opinión de la funcionaria sobre el artículo del proyecto que propone desindexar las asignaciones. No tuvo respuesta.

Con su estilo enfático, la diputada Florencia Carignano (UP) fue la última en tomar la palabra. "7 de cada 10 chicos son pobres en la presidencia de Javier Milei, chicos, que es diferente a perros", lanzó y cuestionó que ante eso "la señora secretaria finge demencia".

"¿Por qué han despedido a cientos de profesionales técnicos y personal especializado de la SENAF?", preguntó y reiteró varias veces la cifra de niños pobres. "Culpa suya", cargó la kirchnerista contra Nano Lembo y agregó: "Son una vergüenza ustedes".

En línea con lo que había dicho en su exposición inicial, la funcionaria de Capital Humano manifestó que las cifras de pobreza son "dolorosas" y "no las podemos ignorar", pero afirmó que "son producto de décadas de políticas económicas inadecuadas". "El Gobierno priorizó el acompañamiento a los más vulnerables", defendió.

La tercera reunión informativa de comisión en torno al proyecto de Presupuesto 2025 se llevará a cabo este martes, a partir de las 15, en el segundo piso del Anexo de la Cámara de Diputados.

Tras el paso de los secretarios de la cartera económica Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), en la apertura del debate; y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros, la semana pasada, ahora será el turno de otros dos funcionarios.

De 15 a 17.30 está previsto que asista la secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, quien depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, otra funcionaria clave de la gestión que, al igual que Luis Caputo, no quiere asistir a la Cámara baja.

Según un informe realizado por la organización Infancia en Deuda, en el Presupuesto 2025 hay 0% de incremento para la aplicación de la ESI y un 30% menos de recursos destinados al fortalecimiento de jardines de infantes, entre otros aspectos.

El segundo turno, de 17.30 a 20, será para el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, exdirigente del kirchnerismo, que apoyó en la campaña a Sergio Massa, pero se pasó a las filas libertarias al comienzo de la gestión de Javier Milei.

La presencia del exgobernador bonaerense fue requerida por la oposición semanas atrás, a raíz de los incendios en Córdoba. El tema estará seguramente presente en la reunión.  Un informe de organizaciones civiles, publicado por la Fundación Vida Silvestre, advierte que en el Presupuesto 2025 se prevén para la Ley de Bosques apenas $10.000 millones, un 2,84% de lo que efectivamente se debería destinar.

Además, esta semana habrá no una sino dos reuniones informativas. El jueves a las 10 será el turno de Carlos Torrendell, secretario de Educación, área que es mirada con especial atención por la oposición.

Mientras se realizan las reuniones informativas de la Comisión de Presupuesto, con la expectativa del oficialismo de culminar a fines de noviembre con la media sanción en el recinto de Diputados, las negociaciones por el proyecto se llevan a cabo -en una metodología similar a la Ley Bases- puertas adentro, entre funcionarios y los bloques dialoguistas.

Los pedidos de la oposición son muchos. La postura del oficialismo es que el déficit cero es "innegociable". A su vez, también participan de las reuniones en el despacho de Martín Menem referentes de La Libertad Avanza en el Senado, como el presidente provisional, Bartolomé Abdala. El Gobierno quiere que cuando el proyecto pase a la Cámara alta no haya modificaciones que provoquen su regreso a Diputados.

Entre los cambios que se le piden al oficialismo figuran aumento para jubilaciones y la partida a las universidades; eliminación del artículo que suspende leyes que hacen al financiamiento en educación y el que deroga la movilidad de las asignaciones familiares. También hay una lupa puesta sobre la deuda a las provincias por las cajas previsionales.

Mientras desde la UCR anticipan que en la redacción del Presupuesto buscarán evitar que el Poder Ejecutivo pueda eventualmente tener discrecionalidad de futuras partidas (producto de la subestimación de la inflación), desde el bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, trabajan en un dictamen propio, con una revisión sobre los gastos tributarios y las partidas millonarias para la SIDE.

En una extensa presentación inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó que el Presupuesto 2025 prevé un aumento del 19% para el área, anunció nuevos proyectos de ley y dio una catarata de datos con los que defendió su gestión. 

Sobre las partidas que se incrementan para el año que viene, de acuerdo al plan de gastos y recursos presentado por el Gobierno, la funcionaria aseguró: “A los recursos presupuestarios los utilizaremos en renovación de camionetas, patrulleros, motos, chalecos antibalas, pistolas y armamento; y luego tecnología, que es absolutamente fundamental el día de hoy”. “¿Es mucho? No, es poco. Pero es mucho para la situación en la que estábamos y es lo que el país nos puede dar”, sostuvo. 

En su discurso, la ministra agradeció a los legisladores “el voto a las leyes que ha mandado el Ministerio de Seguridad”. “Ya tenemos un avance enorme”, manifestó al referirse a la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, que servirá para “darle una respuesta real a los casos de inseguridad que tiene nuestro país”, afirmó. 

En cuanto a la media sanción de la ley antimafias, expresó: “Yo les puedo asegurar que va a ser un antes y un después en el combate al crimen organizado”. 

Además, anunció que en “los próximos días” desde el Poder Ejecutivo enviarán “una ley anti-barras para bajar la violencia en el fútbol y una ley de homicidios vinculares y género”. “Esperamos sumar estas leyes a las que ya tenemos y las que hemos presentado”, continuó. 

Asimismo, se refirió a proyectos que ya fueron enviados. “Vamos por el proyecto de reiterancia y esperamos que se entienda, porque la reincidencia es la impunidad más importante que tiene nuestro país: entran y salen, entran y salen”. “El régimen penal juvenil es absolutamente imprescindible”, consideró y mencionó también al proyecto de juicio en ausencia y al proyecto “para darle una legitimidad al viejo artículo de legítima defensa, para que los agentes de seguridad en cumplimiento de su deber sientan que está protegidos por la ley y no terminen siendo los victimarios, cuando son las víctimas y los que defienden a la sociedad”. 

Bullrich destacó que para el Gobierno las prioridades son “la transformación económica y la seguridad de los argentinos”. “Nuestro eslogan es clarito: el que las hace, las paga; es un principio que nos guía y nos coloca siempre del lado de la sociedad”, aseveró. 

Para la titular de la cartera de Seguridad, el mandato dado al Gobierno es el de “reestablecer la ley y la confianza”. En ese sentido, “nuestra política de seguridad es contundente y clara en toda la Nación; defendemos a los ciudadanos y combatimos a los criminales con toda la fuerza del Estado”, dijo. 

“No es una tarea sencilla la que enfrentamos. No vinimos a dejar las cosas como estaban. Nos mueve la convicción de que sin seguridad no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay seguridad”, siguió. 

Entre los principios que guían su gestión, habló de “una lucha inquebrantable contra el narcotráfico y el crimen organizado”; el “control territorial y orden público para la preservación de nuestra soberanía”; “fortalecer y modernizar las capacidades del sistema de seguridad y penitenciario”; el “impulso de reformas normativas para dejar atrás la impunidad”; la “eliminación de burocracias que favorezcan a los criminales”; la “cooperación internacional y homologación de procedimientos policiales con otros países”; y la “modernización y reforma de la Policía Federal Argentina hacia un modelo de policía de investigación”. 

“Seguimos muchos de los planes que venían del anterior gobierno, diría prácticamente todos, sin embargo nos encontramos con muchos planes desmantelados y con un retroceso en materia de nuestra fuerza de seguridad”, señaló. 

A continuación, sobre la herencia recibida, indicó que hubo un “retroceso en el sistema de control de fronteras, con una cantidad de contenedores inutilizados”. “El 64% de los chalecos antibalas estaban vencidos, el 42% de las mil embarcaciones fuera de servicio, el 50% del parque automotor de las fuerzas obsoleto, el 50% de las aeronaves inoperativas. La Gendarmería Nacional argentina sin un solo helicóptero y un solo avión”, enumeró. 

En la catarata de datos que dio sobre lo realizado en estos diez meses, la ministra reveló que hubo “9.256 kilos de cocaína incautada, un 69,55% más que el año pasado”. “Hemos aprehendido 18.247 personas por infracción a la Ley 23.737 (Estupefacientes)”, añadió y precisó que las investigaciones en materia de trata aumentaron un 70%. 

En otro tramo, Bullrich ponderó que se redujo un 17% la tasa de homicidios en el país. “Es una tendencia a la baja muy importante y de ser así vamos a ser el país con la tasa más baja en América del Sur”, apuntó.

En su exposición se refirió también a las acciones para prevenir atentados terroristas, el avance en la conformación de estadísticas criminales y el refuerzo en fronteras, entre otros puntos. 

“Estamos recuperando el control de Rosario”

Durante la presentación ante diputados, la funcionaria aseguró: “Estamos recuperando el control de Rosario y esto ha sido una prioridad. Estamos cumpliendo con la ley y la Constitución conjuntamente y hermanados con la provincia de Santa Fe”. 

“Hemos logrado algo que nadie había pensado que podía pasar en la ciudad de Rosario: las vacaciones de invierno más importante de los últimos 20 años en términos comerciales”, destacó y subrayó que hubo “una disminución del 65,03 interanual de los homicidios dolosos en toda la ciudad” y “en las zonas de despliegue de las fuerzas de seguridad un 76,92, algo inédito”. 

La titular de la cartera de Seguridad detalló que, en el combate contra el narcotráfico en la localidad santafesina, se detuvieron a 679 personas en 773 procedimientos antidroga. Además, se incautaron 260 kilos de droga, 55 mil unidades de otras sustancias incautadas, y más de 41 mil kilos de precursores químicos. 

“En Rosario no ganaron los narcos, en Rosario el Estado de Derecho se impuso al estado criminal”, resaltó. 

Antes de pasar a las preguntas de los legisladores, Bullrich le dio paso a Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, quien precisó que el aumento del presupuesto para el área está estimado para 2025 en 5,3 billones de pesos, lo que representa un 19% de incremento respecto de este año. 

Esa partida estaría distribuida en 39,85% para cajas de retiro jubilatorio y pensiones; 19,89% para Gendarmería Nacional; 14,31% para la Policía Federal Argentina; 11,12% para la Prefectura Naval Argentina; 7,52% para el Servicio Penitenciario Federal; 4,37% para el Ministerio de Seguridad; 2,89% para la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y 0,06% para el ANMAC (Agencia Nacional de Materiales Controlados).

Durante la tanda de preguntas, en las que Bullrich confrontó con diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, la ministra defendió el protocolo antipiquetes y advirtió que "los diputados no tienen coronita" y "si se ponen adelante a querer pegarle a la policía van a tener las mismas consecuencias" que el resto de los manifestantes. En otro tramo, durante el cruce más fuerte de la tarde, disparó contra Leopoldo Moreau: "¿Queres que te cuente la plata de (Alfredo) Yabrán que cobraste vos acá?".

Durante una extensa reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que transcurrió sin sobresaltos, funcionarios del Ministerio de Economía defendieron este martes el Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno. Se trata del primer plan de gastos y recursos de la gestión de Javier Milei, quien lo presentó el pasado 15 de septiembre en el recinto de la Cámara baja en un hecho inédito. 

Previo a este primer encuentro de la comisión y durante la jornada, la oposición reclamó por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ya afirmó que no tiene intención de asistir. Se verá en las próximas semanas si los bloques suman presión para que efectivamente concurra. 

Quienes dieron el puntapié inicial para el debate fueron los secretarios Carlos Guberman (Hacienda) y Pablo Quirno (Finanzas), quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo también, por supuesto, Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes. 

De izquierda a derecha, Quirno, Milei y Guberman en el Ministerio de Economía

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en el Congreso es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Asimismo, la intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases. 

Al responder una primera tanda de consultas de legisladores de Unión por la Patria, quienes cuestionaron distintos aspectos del proyecto, Guberman se refirió al presupuesto para universidades. En la iniciativa se estiman 3,8 billones de pesos para el próximo año, mientras que desde el Consejo Interuniversitario Nacional proyectaron 7,2 billones. 

En la previa del debate sobre el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que preveía la recomposición salarial en lo que respecta a este año, el secretario de Hacienda señaló: “La proyección nuestra para el año que viene es incrementar el presupuesto en términos nominales lo suficiente para que los salarios, como todas las partidas, se ajusten al ritmo de la inflación”. E insistió que se busca “incrementar en términos iguales a la inflación (que se proyecta) las partidas para salarios y gastos de funcionamiento”. “Si hay más inflación, hay más recaudación, y también estas partidas van a ser ajustadas de esa manera”, agregó. 

Luego que el diputado Carlos Heller le consultara por el artículo 27 del proyecto, que propone la suspensión de ciertos artículos de distintas leyes que hacen al financiamiento educativo (como el que habla de un 6% de inversión del PBI), el funcionario aclaró que “se suspenden (para el año que viene), no es que se eliminan”. Al remarcar que el cumplimiento de esas normas “obliga a determinados niveles de gasto” que “tienen que ver con la capacidad del Gobierno de mantener el equilibrio” presupuestario, “no podríamos cumplir con todas esas normas dada la restricción presupuestaria que tenemos”, justificó. Guberman dijo que “si las provincias quieren gastar más” en educación, pueden, pero desde Nación “no estamos en condiciones de cumplir con esas obligaciones”. 

Por otra parte, respondió sobre el bono adicional que reciben los jubilados, sin especificar una futura actualización. “La discrecionalidad del bono nos da la flexibilidad de que si queremos incrementarlo más adelante lo podemos incrementar; asignaremos partidas de donde consideremos apropiado. Le garantizamos a los jubilados y pensionados que como mínimo van a tener el mismo bono”. 

Además, sobre el recorte en pensiones no contributivas por discapacidad, Guberman recordó que “se comenzaron a hacer las auditorías y los resultados son tremendos”. Según los primeros datos, “el 80% de las pensiones que se estaban pagando no correspondían, eran presos, personas prófugas de la justicia, gente que no sabía que tenía ese beneficio”. Con la mira en que se complete ese proceso de auditorías, “es la idea que el año próximo se va a necesitar menos gasto en esas partidas porque no va a haber nadie que reciba una pensión por discapacidad y no la merezca”, afirmó. 

Heller también lo consultó al secretario de Hacienda sobre el artículo 68, que deroga la movilidad de las asignaciones familiares. “No se me ocurre otra razón que no sea la de reducir el poder adquisitivo de las mismas”, opinó el opositor, a lo que Guberman contestó: “Creemos que las movilidades como están puestas no tienen nada que ver con la lógica de la asignación. Nosotros queremos desindexar la economía”. 

Sobre la incorporación de organismos al presupuesto, el representante del Ejecutivo le agradeció a Heller que “haya hablado del PAMI como una caja, porque eso muestra la visión que ha habido del organismo por mucho tiempo y nosotros no queremos que pase más, que no sea una caja de nadie”. Y explicó que buscan “meterlo adentro del Presupuesto para controlarlo de mejor manera, hacer un mejor seguimiento de lo que están haciendo y poder eliminar la intermediación y el abuso de los fondos públicos como otros organismos que han estado al margen de la Ley de Administración Financiera”. 

Durante la reunión, el funcionario negó un congelamiento de los salarios del sector público, al tiempo que especificó el presupuesto previsto para el área de salud. Tras las preguntas del diputado de la izquierda Christian Castillo, quien observó que en el presupuesto “cae un 11,5% la inversión en el Hospital Posadas y un 11,6% en el Garrahan”, Guberman apuntó que “la función salud está incrementando el presupuesto respecto a lo que es este año. Pasa de 0,64 del PBI a 0,86 del PBI. Lo que sí hay es un reordenamiento” de las partidas. 

“¿Cuánto van a subir las tarifas de luz, agua, gas y transporte durante el año que viene?”, preguntó Castillo en su intervención, a lo que el secretario de Hacienda anunció que “según la información que maneja la Secretaría de Energía estaríamos hablando en mayo de un 7% de aumento” en las tarifas de los servicios. “Puede ser más o menos si el escenario macroeconómico que estamos planteando se cumple o no. El ajuste en los subsidios no tiene tanto que ver con suba de tarifas, sino con ordenar quiénes son los que reciben los subsidios y quiénes no”, agregó. 

Otra de las consultas de Castillo fue sobre los gastos tributarios. “¿Cuánto es lo que le estamos subsidiando a la empresa Mercado Libre, por la Ley de Economía del Conocimiento? ¿Por qué es necesario subsidiar a alguien que se fue a Uruguay para no pagar impuestos y tiene ingresos millonarios?”, lanzó sobre Marcos Galperin. Guberman indicó que hay “una asignación de cupo fiscal por 295 mil millones de pesos para todo lo que es economía de conocimiento”, que se distribuye de acuerdo a la cantidad de empleados de las empresas y no está apuntado o dirigido a una en particular. 

“¿Estamos frente a un proyecto de presupuesto que consolida el ajuste de 2024 o es una nueva ronda de ajuste?”, preguntó el diputado de UP Itai Hagman, mientras su par Julia Strada advirtió que “el presupuesto tiene una discrecionalidad enorme” y reclamó saber “cuáles son las partidas que no están consideradas como automáticas” porque “sabemos que van a quedar expuestas ante, por ejemplo, una devaluación”. 

Guberman explicó que “en la estructura del presupuesto de hoy, el 73% de los gastos son ajustables por inflación o por indicadores salariales. De 100 pesos que hay en el presupuesto, 73 son con ajuste automático. Eso, si hay más inflación, va a crecer, va a haber más recaudación también y se va a poder pagar. Si hay menos inflación, esos gastos van a bajar, va a haber menos recaudación, se van a poder pagar igual y eventualmente habrá que ver qué necesidad de ajuste hay sobre el resto de las partidas. Si hay más inflación que la prevista, no vamos a poder gastar el cien por cien de esa mayor inflación reflejada en impuestos. Si la inflación es menor, hay un 73% por lo menos del gasto que automáticamente va a ser menor. Por lo tanto, el ajuste, como quieren plantearlo, no tengo problema de usar la palabra, habrá que ver de ese 27% que queda donde se pueden hacer los recortes”. Las jubilaciones, los salarios de empleados públicos y partidas para universidades están dentro del 73%, subrayó. 

“El presupuesto siempre es un techo al gasto”, expresó el funcionario de la cartera económica y completó: “La regla fiscal no implica que estemos congelando nada, lo que dice es que vamos a tener que tener equilibrio fiscal mientras nosotros estemos en el Gobierno. No vamos a tener discrecionalidad de gastar de cualquier manera cualquier incremento de recursos que haya por inflación”. 

José Luis Espert (Foto: HCDN)

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”. 

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores. 

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita. 

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó. 

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió a la inquietud. 

En su exposición inicial ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aseguró que “tener equilibrio fiscal nos permite ordenar la macro y realizar una estrategia de financiamiento, que significa recuperar el crédito para Argentina, que estaba totalmente dilapidado, totalmente destruido, dada la situación que heredamos en diciembre de 2023”.

“Ante esta regla fiscal que nosotros entendemos y abrazamos con convencimiento es que hay una situación totalmente ligada al déficit fiscal, que ha sido históricamente el aumento de deuda en la Argentina. La deuda es directa hija de los déficit fiscales. Los diferentes gobiernos no es que emiten deuda adicional, nueva, porque se les da la gana, lo hacen justamente porque tienen necesidades financieras, que se expresan cuando uno gasta más de lo que ingresa”, señaló. 

El funcionario se refirió entonces a la herencia recibida: “Recibimos una deuda del Tesoro del equivalente de 487.213 millones de dólares” de los cuales “425.552 millones de dólares eran la deuda del Tesoro a noviembre de 2023”. A su vez, “la deuda de pasivos remunerados del Banco Central era casi 62 mil millones de dólares”, apuntó y dijo que “esa deuda está directamente relacionada con las acciones del Tesoro, que no tenía fuente de financiación pura” y se financió “detonando la hoja de balance del Banco Central”. 

Quirno afirmó que cuando llegaron a la gestión, “el 30% de la deuda consolidada tenía vencimientos a un día, el equivalente a 66 mil millones de dólares vencían a un día. Esa fue la situación que heredamos”. “El Tesoro estaba escondiendo” deuda “bajo la alfombra”, resaltó y agregó que “el 90% de la deuda estaba indexada”. 

En defensa de la premisa del Gobierno, el secretario de Finanzas sostuvo que “el equilibrio fiscal nos permite que el Tesoro no necesite financiamiento adicional” y también “refinanciar los vencimientos que va teniendo en cada momento”. “Al no tener necesidad de financiamiento no se le pide financiamiento al Banco Central para que financie al Tesoro”, resumió. 

Luego, continuó: “La situación de superávit fiscal nos permitió desarrollar una estrategia financiera desde el primer momento, bajo la cual esos casi 60 mil millones de dólares que estaban en el Banco Central fueron eliminados en un período de siete meses”. Esto fue a partir de “diferentes colocaciones en el mercado de pesos por encima de nuestros vencimientos” y “vía recompra de títulos” lo que generó “la absorción de pesos”. 

“Redujimos la cantidad de deuda en dólares que debíamos” y “otra parte de esos pesos se utilizó para la compra de dólares”, detalló, para sumar que “estuvimos acumulando reservas en pesos en la cuenta del Tesoro del Banco Central”. 

En esta línea, Quirno precisó que “ahora de la deuda emitida, solamente el 29% está indexada”. “De noviembre de 2023 a agosto de 2024 la deuda consolidada se redujo por el equivalente de 46.418 millones de dólares”, indicó. 

También reveló que “la deuda con privados, que es la deuda exigible, porque después está la deuda intra sector público -que tiene refinanciamiento asegurado-” más la que se tiene con organismos internacionales se redujo en el porcentaje que representa en el PBI, pasando de 56,5% a 50,8%. Mientras que la deuda en pesos pasó de “casi el 21% a casi 13%”. 

Sobre esto, el funcionario añadió que “el nivel de deuda en dólares en noviembre de 2023 es de 266.737 millones” y “en agosto de 2024 es prácticamente 10 mil millones de dólares menos”. 

Respecto de los vencimientos del año próximo, detalló que “los vencimientos 2025 en pesos son del orden de 101 billones de pesos; con el sector privado son en el orden de 45 billones de pesos”; mientras que “los vencimientos 2025 con organismos internacionales son 7.800 millones de dólares”. 

“Hemos podido sortear una cantidad muy grande de obstáculos, sanear la hoja de balance del Banco Central, hemos reconstituido una curva en pesos en tasa fija. Es todo parte de un proceso de ganar credibilidad poco a poco, para seguir extendiendo la vida promedio de nuestra deuda, y que pueda ser refinanciada sin problemas. Creemos que es un perfil de deuda que es refinanciable, una vez que en el futuro accedamos a los mercados de capital”, concluyó. 

Como puntapié inicial de la primera reunión sobre la “ley de leyes” para el período 2025, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió al secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, quien presentó el contenido del texto y remarcó que “nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

Durante los primeros 50 minutos del encuentro que se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo, el funcionario tuvo un breve cruce con el presidente de bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, a quien le enrostró que “desde que no tenemos superávit fiscal, no tenemos crecimiento en la economía argentina”, y agregó: “Probemos tres o cuatro años mantener las cuentas ordenadas a ver si logramos el crecimiento”.

Inicialmente, Guberman le agradeció a Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, por “delegarle” la presentación del Presupuesto 2025 en comisiones. En tal sentido, también destacó que este proyecto “empieza a hacer historia desde el momento en que el presidente de la Nación lo presentó en el Congreso”, en alusión a la visita del presidente Javier Milei el pasado 15 de septiembre.

Asimismo, deslizó críticas contra las anteriores gestiones de gobierno y sus respectivos presupuestos de administración nacional: “Desde que existe la Ley de Administración Financiera, por primera vez hay un presupuesto que habla de presupuesto y no de una ley ómnibus ajena a la administración”.

En tal sentido, se refirió a la principal bancada opositora y amplió: “No entiendo esa lógica de que el superávit y el equilibrio fiscal es malo”, y recordó que “el último (con esta digresión de equilibro fiscal) fue el del 2014 y no se hicieron estas quejas”, en referencias al séptimo año de mandato de Cristina Kirchner.

Los ejes del Presupuesto 2025

Acto seguido, el secretario de Hacienda de la Nación planteó que tanto la gestión actual como el próximo presupuesto y los siguientes estarán basados en tres ejes: “El acompañamiento social sin intermediación; la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa; y la modernización y simplificación del Estado”.

Para el primer punto, el cual será gestionado a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, reiteró que “hemos detectado abusos en el comportamiento de las organizaciones sociales que lo que hacían era utilizar a los sectores más vulnerables para hacer negocios”, y añadió que “solo restaban recursos y El Estado tiene que llegar de manera directa y no a través de intermediaciones”.

De cara al futuro, Guberman señaló que los montos de la Asignación Universal por Hijo y la A. U. por Embarazo “cayeron un 18% en 2023, pero incrementaron un 16% este año, y se prevé lo mismo para 2025”. A su vez, se refirió a la Canasta Básica Alimentaria y anticipó que “la idea es que la suma de la AUH y la Tarjeta Alimentar alcancen a cubrir el 100%, como lo vienen haciendo desde mayo”.

En virtud de los ministerios de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y de Defensa, que comanda Luis Petri, el funcionario destacó que “arribamos y las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas estaban devastadas y desequipadas”. En ese punto, alertó sobre la situación del Servicio Penitenciario: “Usaban armas que fueron compradas para colección por la antigüedad que tenían”. También, mencionó que encontraron “chalecos antibalas vencidos y municiones inútiles”.

Destacó, en ese punto, como un logro de la gestión mileista a “la reequipación y dotación de recursos a los servicios de inteligencia”. “Había cinco grupos que no cumplían una función real desparramados en el Ejército, la Armada y la PFA”, pero “con “la reestructuración de la SIDE logramos tener mayor capacidad de prevenir situaciones con el terrorismo internacional y tareas contra el narcotráfico”, consideró.

Asimismo, reafirmó que “la recuperación de las capacidades en seguridad y defensa están reflejados en los resultados en Rosario”. Reiteró, también, que el própisto de este eje es “el mantenimiento de orden público como venimos haciendo”. En relación a Defensa, concluyó que “el requipamiento es el proceso de transformación para hacer frente a cualquier amenaza externa”.

Respecto al tercer eje, amplió que el sentido de la modernización y simplificación del Estado se observó con “la reducción del mismo sobre la cantidad de organismos, pero sin perder las capacidades de acción”. Mencionó el pase de 18 a 9 ministerios y auguró que “con un Estado más chico y más eficiente se pueden lograr mejores resultados”.

En tal sentido, se refirió a la creación de la cartera que tiene como ministro a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y recordó que su creación fue para “que el sector privado sea el motor de la economía”. “Estamos en un proceso fuerte de desregulación”, cerró sobre la presentación de los 3 ejes.

Por otro lado, el representante del Poder Ejecutivo explicó que el contenido de este proyecto de ley “se estructura en 10 programas con una política de Estado”, y sumó que “se llevan el 60% del gasto público”. En tal sentido, amplió que “lo más importante es con gastos previsionales (el principal) será de 36,5% el principal, luego un 7,4% para asignaciones, 3,6 para financiamiento universitario 3,6%, un 2,9 para política alimentaria, y un para 2,2 pensión por invalidez”.

Sin embargo, admitió que los gastos que serán reducidos son los que corresponden a “servicios económicos, subsidios energéticos y de transporte”, y también mencionó “al gasto de la administración gubernamental también se achica”. “Se ha empezado un proceso de ordenamiento y para 2025 habrá 50 programas menos”, sentenció.

Otros puntos del Presupuesto

En rigor de los datos ya establecidos en el proyecto cuando el jefe de Estado lo trajo personalmente al Palacio Legislativo, Guberman remarcó, en varias oportunidades, que “lo que mejora la regla fiscal es que el escenario macroeconómico hace que el presupuesto se vuelva neutral”, y reiteró: “Nos estamos atando de manos por el convencimiento de esta gestión con el equilibro fiscal”.

A partir de eso, manifestó que “el último año con superávit fue 2010 y de ahí empezamos a tener déficit fiscal y resultados negativos”. “Toda esa etapa entre 2010 y 2023 hay acumulaciones de deuda y el compromiso es con el equilibrio fiscal”, sumó.

Luego, insistió con que el Presupuesto 2014 “se presentó con equilibrio, pero terminó con déficit”, y defendió, con tono optimista, lo que para el Poder Ejecutivo es el gran objetivo: “Independientemente de cual sea el escenario macroeconómico, no vamos a terminar con déficit porque nosotros arrancamos con la estimación de ingresos y de ahí construimos los gastos que podemos afrontar”. “No podemos emitir deuda para financiar el gasto del Estado Nacional”, volvió a remarcar.

Con relación a las empresas estatales, Guberman las responsabilizó de “generar un gran agujero fiscal en el Estado nacional”, y también explicó: “El PAMI, el año que viene, sin Impuesto País, debe salir de la caja de Tesorería Nacional”. Pero advirtió que “no se reduce porque se siguen dando medicamentos y atención medica que corresponde a los jubilados y pensionados”.

Por último, dejó un sugestivo mensaje vinculado a la sanción de leyes en el Congreso de la Nación, puntualmente en la previa de la sesión especial que definirá el destino de la Ley de Financiamiento Universitario: “Si aumentamos algo, debemos discutir (también) a quien le vamos a estar retrasando sus ingresos” porque “todo esto tiene que ver con el equilibro fiscal y la discusión que debemos tener es, que si no estamos de acuerdo, debemos ver como se reasignan unas partidas y otras”, concluyó.

Desde las 14.28 de este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista José Luis Espert, arrancó con el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, el primero de la era de Javier Milei, quien lo presentó el pasado 15 de septiembre en el recinto de la Cámara baja en un hecho inédito. 

Aunque la oposición reclamó por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para esta primera reunión de comisión, eso no sucederá. Tampoco es la intención del funcionario asistir más adelante, pero se verá hasta dónde llega la presión de los bloques dialoguistas, que serán clave para que el oficialismo tenga ley. 

Así las cosas, por el Poder Ejecutivo se encuentran este martes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quienes estuvieron junto al presidente Milei antes de partir rumbo al Congreso. En la reunión que tuvieron en el Ministerio de Economía estuvo, por supuesto, también Caputo y hubo varias selfies que los propios protagonistas se encargaron de publicar en redes. 

De izquierda a derecha, Pablo Quirno, Javier Milei y Carlos Guberman en el Ministerio de Economía este martes

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ro. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial celebrada ese mismo día. Desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre. 

Tras la presentación de la “ley de leyes” el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Palacio de Hacienda para definir el plan legislativo. La intención es que el tratamiento en ambas cámaras sea “en espejo” para evitar que una vez que el proyecto pase al Senado se le introduzcan modificaciones. Es decir, evitar la experiencia de la Ley de Bases. 

En el texto presentado por Milei se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento se proyecta en un 5% del PBI y estima un valor del dólar a $1.207.

Del mismo modo, se pronostica “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes “crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, destacó que “estamos asistiendo a un presupuesto histórico desde nuestro punto de vista” por dos motivos. El primero, porque “si no es la única, debe ser una de las pocas veces que un presidente ha presentado” el plan de gastos y recursos. Y segundo, indicó, “el artículo 1 en vez de fijar el gasto público como habitualmente ha ocurrido con todos los presupuestos, esta vez pensando en la gente, dice que el déficit fiscal tiene que ser cero”. 

El oficialista subrayó que para la gestión es fundamental la reducción de la inflación. “Que la inflación sea lo más baja posible es central para la prosperidad de los pueblos”, sostuvo, y luego aseguró que ese objetivo es también un mandato constitucional que tienen los legisladores. 

Para Espert, bajar la inflación permitirá después debatir una “reforma laboral, previsional, impositiva, al régimen de coparticipación y al régimen de comercio exterior” que el país necesita. 

Antes de la exposición de los funcionarios, Espert le dio la palabra al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien recordó: “Con el diputado (Carlos) Heller presentamos una nota pidiendo por la presencia de una cantidad de funcionarios para poder debatir a fondo las 3.828 fojas de este presupuesto”. Y señaló que el pedido tenía a la cabeza ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. 

El santafesino resaltó que en una entrevista este fin de semana, Caputo “dijo que no iba a venir porque no se iba a prestar a un show”. Entonces, preguntó si concretamente se le había cursado una invitación, “si hay intención de que venga, si le comunicó que no va a venir, porque estaríamos ante una situación inédita de no solamente no venir, sino de decir ‘no vengo por tal motivo’”, apuntó. 

El opositor consideró “grave” que el ministro “no quiera venir” y que además “lo diga públicamente, que diga que no se quiere prestar a un show”. “Es una afrenta contra esta Cámara de Diputados y este Congreso”, continuó Martínez, que calificó la ausencia del funcionario como “una pésima señal institucional” y comenzar “de forma muy torcida el debate de este presupuesto para el ejercicio 2025”. Tras su reclamo, Espert no respondió y pasó a darle la palabra a Guberman. 

NOTICIA EN DESARROLLO

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dará inicio al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2025. Tal como adelantó este medio, la cita será el martes 8 de octubre a las 14 en el segundo piso del Anexo del Palacio Legislativo.

En la primera reunión, están convocados el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Pese a que también estarán presentes funcionarios del Ministerio de Economía, el gran ausente, por el momento, es Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda.

El plan trazado entre Casa Rosada y el oficialismo en la Cámara baja es el de llevar a cabo una reunión semanal durante al menos ocho semanas. Si bien estaba estipulado que comenzase en la jornada del martes 1 ero. de octubre, debió posponerse una semana por la sesión especial. Asimismo, desde La Libertad Avanza buscarán tener el dictamen a finales de noviembre.

Tras la presentación de la “ley de leyes” en presencia del presidente de la Nación, Javier Milei, el pasado 15 de septiembre, los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda en las dos cámaras, el diputado José Luis Espert y el senador Ezequiel Atauche, se reunieron en varias ocasiones con Guillermo Francos, jefe de Gabinete, y los principales funcionarios del Gobierno nacional para definir el plan legislativo.

En el texto presentado por Milei, se estima que la inflación se desacelere a un 18,3% interanual, el nivel más bajo desde 2009 (14,8%), según la medición del IPC Congreso, mientras que el crecimiento será del 5% del PBI y propone un valor del dólar a $1207.

Del mismo modo, el texto se proyecta “levemente superavitario” en términos del PBI, con un resultado primario que alcanzaría 1,3%. En 2024, el Gobierno considera que sería positivo en un 1,5% del PBI.

Con relación al sector público nacional, el Gobierno estima resultado financiero superavitario de $190.655 millones, con recursos totales de $125.936.982 millones (el 16,5% del PBI, una baja de 0,2 puntos del PBI respecto a 2024) y gastos totales de $125.744.647 millones (16,5% del PBI).

A partir de estos números, los gastos totales serán inferiores a los estimados para 2024 (-0,2 puntos del PBI). En cuanto al Producto Bruto Interno, se proyecta una suba del 5% para 2025 y que siga con un crecimiento sostenido del 5% en 2026 y del 5,6% en 2027. La suba estará impulsada por la industria y el comercio, con subas de 6,2% y 6,7%, respectivamente.

En virtud del sector agropecuario, el proyecto de ley indica un avance del 3,5%, tomando la recuperación de la cosecha del período actual. En suma, los rubros de bienes crecen en promedio 5,6%, por encima de los servicios, que suben 4,4%”, explica el documento. A su vez, el Gobierno espera que las exportaciones por bienes y servicios crezcan 7,7% el año que viene, después de la caída de 7,5% de 2023 y el salto de 23,2% de este año.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunirá este lunes, desde las 18, para dictaminar sobre el proyecto de ley de boleta única de papel. La cita será en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

El tema fue incluido para la sesión de este martes y requiere, al tratarse de una cuestión electoral, una mayoría absoluta de 129 votos. El oficialismo, junto a sus aliados, los bloques que fueron Juntos por el Cambio y otros espacios federales, confían en darle sanción definitiva a la ley y que el Gobierno pueda implementar los cambios en el sistema electoral en los comicios de 2025.

Se trata de una iniciativa que salió de Diputados en junio de 2022 y que, tras permanecer congelada en el Senado, fue reflotada por La Libertad Avanza, aunque a lo largo de estos meses la tarea tampoco fue sencilla.

Luego de un intento frustrado en el verano, el oficialismo consiguió las adhesiones necesarias al introducirle una serie de modificaciones. Algunas fueron clave para lograr el acompañamiento de legisladores que representan a partidos provinciales, como el que tiene que ver con el casillero con la opción para votar lista completa.

Sin embargo, en Diputados la intención de un sector de la oposición dialoguista es que en este aspecto se mantenga la versión original, es decir, que no sea quitado ese casillero. Esto es resistido particularmente por las fuerzas provinciales, temerosas de que ese sistema "se las lleve puestas" en elecciones presidenciales en las que no presentan candidatos. Así ya lo dejaron saber dos diputados patagónicos.

Según supo este medio, en la Cámara baja también se insistirá sobre la versión de la media sanción respecto de la transmisión digital de los telegramas desde las escuelas y la obligatoriedad de que concuerden la cantidad de boletas en la urna con los votantes del padrón.

A través de la iniciativa se modifican artículos de: la Ley 19.945 (Código Nacional Electoral); la Ley 26.215 (Financiamiento de los Partidos Políticos); la Ley 26.571 (PASO); la Ley 15.262 (Simultaneidad de Elecciones); y la Ley 24.007 (Registro de Electores Residentes en el Exterior).

El diseño aprobado por el Senado propone el “modelo mendocino”, en el cual la boleta estará dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.

En la BUP se identificarán con claridad: el nombre de la agrupación política; la sigla, símbolo distintivo y el número de identificación de la agrupación política; la categoría de cargos a elegir.

Para el caso de presidente y vice: nombre, apellido y fotografía color de ambos candidatos.

Para el caso de la lista de senadores nacionales: nombre y apellido de los candidatos y fotografía color de las personas titulares.

Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberá contener como mínimo los nombres y apellidos de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista, a excepción de los distritos que elijan un número inferior, en cuyo caso se consignarán el total de los candidatos y candidatas. En todos los casos se incluirá la fotografía color de los primeros dos 2 candidatos titulares.

Para el caso de la lista de parlamentarios del Mercosur, por distrito nacional deberá contener el nombre y apellido de los 5 primeros candidatos y candidatas de la lista y fotografía color de las 2 primeras personas titulares.

Para el caso de la lista de candidatos a parlamentario del Mercosur, por distrito provincial: nombre y apellido y fotografía color del candidato titular.

Además, cada Junta Electoral Nacional adaptará dicho modelo y la diseñará de acuerdo a la oferta electoral de su distrito; mientras que el Poder Ejecutivo establecerá las medidas máximas y mínimas que podrá tener la BUP, así como también aquellas pautas técnicas y materiales que resultan necesarias para su implementación.

En la cabina de sufragio, el elector marcará la opción electoral de su preferencia en la BUP con cualquier tipo de marca dentro de los casilleros impresos en ella, según corresponda.

Una de las modificaciones del Senado es que las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias se adelantarán del segundo al primer domingo de agosto.

Asimismo, se pasa de 50 a 60 días anteriores a la elección el plazo para el registro de la lista de candidatos proclamados; de 40 a 45 días para exhibir el diseño de la boleta única; y la campaña electoral se iniciará 60 días antes de las elecciones -actualmente es 50-.

La justicia federal con competencia electoral y la Dirección Nacional Electoral llevarán adelante una campaña de difusión y capacitación destinada a informar a la sociedad acerca de las características del sistema de BUP.

La media sanción de Diputados contemplaba que para facilitar el voto de personas ciegas se elaboren plantillas en braille, pero en el Senado eso se quitó.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta se reunieron este miércoles, en presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, para dictaminar el proyecto de ley que ratifica el convenio con el Gobierno de Francia a fin de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio.

En el inicio del encuentro plenario, el titular de Relaciones Exteriores y Culto, el senador formoseño Francisco Paoltroni, anunció que el chaqueño Víctor Zimmermann reemplazó a Maximiliano Abad. Por su parte, en Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, en su rol de presidente, anunció que la jujeña Vilma Bedia pasó a ocupar el lugar de la rionegrina Mónica Silva.

Este protocolo de enmienda, el cual fue suscripto por la República Argentina desde el 6 de diciembre del 2019, ya había sido ratificado en 2001, luego de su creación en 1979. En este período, es el 22º acuerdo internacional que se revisa, ratifica o aprueba.

Estuvieron presentes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo la directora nacional de Relaciones Económicas Bilaterales, Nora Capello, y la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini, quien detalló que “el convenio es para evitar la doble imposición y se encuentra vigente desde 1979 para que los dos países se pongan de acuerdo sobre como grabar cada una de las actividades tanto en Francia como en Argentina”.

Del mismo, Balestrini añadió que este protocolo busca que “el contribuyente no tenga que tributar en los dos países, dándole certeza jurídica y un marco de protección”. Así las cosas, sumó que “si no hay un convenio para la doble imposición, el país puede retener impuestos, pero no podría computar esa retención”.

En el cierre de la breve reunión, la funcionaria catalogó a este trámite parlamentario de “actualización”, y concluyó: “Estamos alineados con políticas de protección de la renta porque en estos convenios se están incluyendo cláusulas de intercambio de información”. Ante una consulta del senador salteño Juan Carlos Romero (LPU) sobre el acuerdo con Luxemburgo, Balestrini respondió que “ese convenio tenía una cláusula de intereses que se pagan al exterior distinta a las tasas vigentes, que advertimos, pero está en vías de solución”.

En medio del conflicto gremial entre la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y el Estado nacional, Diputados convocó a una reunión plenaria entre las comisiones de Transporte, y Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 11 para iniciar el tratamiento respecto a avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas.

Si bien el oficialismo había cedido ante el pedido de la oposición dialoguista de quitar a Aerolíneas de las empresas sujetas a privatización en el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuando se sancionó en junio pasado, esta vez, La Libertad Avanza pondrá en discusión los proyectos impulsados por Hernán Lombardi (Pro) y por Juan Manuel López de la Coalición Cívica.

Ambos proyectos hacen hincapié en que la empresa estatal sufrió un déficit de "200 millones de dolares" en el período 2023. Del mismo modo cuestionan que AA "cuenta con una dotación de 1.204 Pilotos de Línea para 81 aviones activos, es decir hay casi 15 pilotos por cada avión operativo".

Para esta primer encuentro plenario, fueron convocados a exponer el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo; y el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta.

Por otro lado, este lunes salió, en el Boletín Oficial, la publicación del DNU 844/2024 por el que el Gobierno nacional oficializó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) pueda autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras.

La nueva medida establece que la autoridad aeronáutica nacional deberá reglamentar técnicamente los artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico, con el fin de establecer los procedimientos adecuados para el otorgamiento de autorizaciones relativas al personal extranjero y a las aeronaves con matrícula extranjera que operen en el territorio nacional.

Las comisiones de Educación y Cultura; y Presupuesto y Hacienda del Senado tuvieron un encuentro plenario este martes para dictaminar el proyecto de Financiamiento Universitario que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta y cuenta con las voluntades necesarias para ser sancionada.

En el inicio de la reunión, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, dio lugar a la finalización del proceso de designación de autoridades al ratificar al catamarqueño Flavio Fama como vicepresidente primero propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.

En defensa del dictamen aprobado, el senador De Pedro, en su rol de autoridad del plenario, aclaró que “se está debatiendo el presupuesto mínimo para que las universidades puedan funcionar garantizando los haberes docentes”. Del mismo modo, manifestó: “Para que el Gobierno nacional recapacite, desde noviembre hay una una inflación acumulada del 135%, pero la recomposición salarial fue de apenas el 57% y el poder adquisitivo bajó un 33%”, y añadió: “El 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de la pobreza”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, señaló que “es un tema que a nosotros nos preocupa y desde el Gobierno hemos levantado un 70% el presupuesto”, pero advirtió que “desde el 2022 no se levantaba y antes no se reclamaba” -en tono irónico-. “Debemos cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, deslizó.

En tal sentido, refirió que “eso debería ser parte de la discusión”, agregando que "el impacto fiscal de esta medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda los 800 millones de dólares y el Ministerio de Capital Humano informó que ronda los 1.100 millones”. “Entendemos que hay cuidar el déficit cero porque es la forma en la que vamos a disminuir la inflación”, sumó y aseveró: “Esto tiene un alto costo fiscal”.

En el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fustigó al Gobierno nacional y anticipó que buscarán llevar este debate al recinto para una sesión ordinaria estipulada para este miércoles 4 de septiembre. En caso de no ser así, la sesión se llevaría a cabo al día siguiente.

El debate 

Tras ser designado autoridad del plenario, el catamarqueño Fama le contestó al jefe de bancada oficialista: “El sistema universitario no está pidiendo presupuestos adicionales”, y agregó que “nunca se había dudado de los informes de la OPC, pero ahora empezamos a dudar”. Confirmó su voto afirmativo en la sesión venidera en el Senado.

Por otro lado, se refirió a la discrecionalidad en el uso de los fondos: “Hay sospecha de maniobra poco santa en el uso de los fondos, pero si hay un sistema federal, libre e inclusivo ese es el universitario argentino”. “Si hay algo que verdaderamente iguala a los argentinos es nuestro sistema de educación superior público que depende del Gobierno nacional”, afirmó el radical, y concluyó: “Dentro de la autonomía universitaria, se debe respetar la Ley de Administración Financiera”.

En la misma línea que su compañero de bloque, el senador Martín Lousteau cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene preocupación especial por la educación cuando la comisión de Educación recién constituyó la semana pasada, no se prorrogó el FONID y hubo una gran marcha universitaria”.

Al igual que Fama, anticipó su voto a favor del proyecto en cuestión y continúo con las críticas al Poder Ejecutivo Nacional: “El presidente habla de la educación como adoctrinamiento y aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de financiamiento, nos lo dicen los rectores”. “Si le preocupara la educación, no se hubieran comido dos meses por la pérdida de salario de los docentes. No se aprecia ese desvelo por la educación”, cerró.

Luego de las intervenciones de Carlos Linares y Fernando Salino, el senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) mencionó lo ocurrido en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y los problemas que hubo por la intervención policial y lo catalogó como “intento de violación de la autonomía universitaria”. En tal sentido, anunció que va a presentar una cuestión de privilegio por el hecho.

A su turno, la senadora misionera Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) remarcó su aval al proyecto y cargó: “Hay que pensar en solidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacionaly nosotros vamos a actuar con en concordancia con nuestros pares de la cámara baja”. “Creemos firmemente que la universidad debe contar con los recursos para su funcionamiento”, reiteró.

Por último, el formoseño José Mayans confirmó que “vamos a tratar de hacer la ordinaria este miércoles” (en estos momentos se negocia en el seno del Senado hacer la sesión este 4 de septiembre para tratar Financiamiento Universitario, el DNU 656/24 por el que el Gobierno le otorgó 100.000 millones a la SIDE y Boleta Única de Papel). “La propuesta de tratamiento que tenemos es ir mañana con los temas que le preocupan a la sociedad y creo que vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó.

Con apoyo de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza logró en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como paquete fiscal, con la insistencia sobre la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. Fue durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se llevó a cabo luego del plenario que despachó la ley de Bases con los cambios del Senado. 

En línea con lo pedido por el Poder Ejecutivo y un conjunto de gobernadores, interesados en recuperar fondos coparticipables, se buscará volver a incorporar dos capítulos de la versión de la ley que salió de la Cámara baja el pasado 30 de abril. 

Por un lado, se trata de la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría: pagarían trabajadores solteros a partir de los 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde los 2,2 millones. Por el otro, el tramo del proyecto referido a los cambios en Bienes Personales: una suba del mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones, una reducción de las alícuotas y un aumento del monto de la vivienda exenta, entre otros puntos. 

Además, el dictamen indica que se intentará insistir con el artículo 111 (del texto de la media sanción), que instaba al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 60 días de sancionada la ley envíe al Congreso un proyecto tendiente a incrementar los recursos hasta un 2% del PBI “mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o cualquier otro gasto tributario”. Si bien este artículo se cayó en el Senado por los dos tercios de los votos -por lo tanto requiere esa misma mayoría para ser reincorporado-, los diputados de la Coalición Cívica pujaron para volver a votarlo, con el objetivo de fijar su postura sobre el tema e insistir respecto al régimen especial del que goza la provincia de Tierra del Fuego. 

En el despacho, que reunió 27 firmas a favor -con cuatro disidencias parciales de Juan Manuel López (CC), Mariela Coletta (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Tetaz (UCR)-, se prevé que todos los demás cambios introducidos por la Cámara alta -muchos de ellos en el capítulo del blanqueo-, se aceptarán. 

En el comienzo del debate, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, mencionó brevemente los objetivos de la reunión: “Hay dos posibilidades, aceptar o rechazar el texto del Senado”. “Creemos que la versión que aprobamos en Diputados debe tener vigencia y tenemos que insistir con Ganancias, Bienes Personales y el artículo 111”, resumió el cordobés. 

También desde LLA, el salteño Julio Moreno Ovalle defendió que lo que están “buscando es un equilibrio de las finanzas públicas. Se debe recurrir a los impuestos al saber que no podemos emitir dinero”. “Por lo menos hasta que empiece un proceso de reactivación y crecimiento de la economía, debemos insistir con los impuestos”, reiteró y consideró que la vuelta de Ganancias “va a beneficiar a todos los gobernadores que en este momento están suplicando que les aumente la coparticipación”. 

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, reiteró que no van a acompañar el blanqueo en la votación en particular en el recinto. En su intervención, defendió el regreso de la cuarta categoría de Ganancias y aclaró: “Se dijo que la alícuota es del 35%, pero la que pagarán los trabajadores es del 1%. No hay que asustar a la sociedad, hay que informar mejor”.

Luego, hizo un breve repaso sobre el artículo 81 de la Constitución Nacional y amplió la cuestión sobre la posibilidad de reflotar los capítulos rechazados en el Senado: “Se rechazó el artículo 111 del gasto tributario, pero tenemos el privilegio de conseguir el mismo número como cámara de origen para reflotarlo”. Entre ironías y cuestionamientos al Senado -y en particular al senador del Pro Luis Juez-, López consideró como “un privilegio de la Cámara de Diputados otorgado por la Constitución” el tener exclusividad en el ingreso de los proyectos que legislan en materia tributaria. En tal sentido, remarcó: “No se puede meter la Corte porque esto es constitucional” y reiteró su voto a favor del artículo 111 del paquete fiscal.

Finalmente, pidió que “haya dos tercios para revisar el gasto tributario el jueves”. “Los representantes de Tierra del Fuego no se enojen porque no es contra ustedes, pero su provincia es 0,33 de 4,75 (del gasto) y hay un montón de intereses”, lanzó y opinó que “tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirarlos, hagamos el informe y votemos el artículo 111”.

Desde el Pro, la santafesina Germana Figueroa Casas señaló que la cuestión fiscal “es un tema integral” y “cuando se planifican medidas fiscales, como por ejemplo una exteriorización de activos, se necesita que haya una reforma fiscal, sino va a fracasar. Entonces, los que votaron en contra de Bienes Personales es porque quieren que fracase”. En ese sentido, dijo que si no se avanza con una cosa y sí contra, el blanqueo que se propone “se va a transformar en los blanqueos que hubo en años anteriores, que fueron a medida de algunos”. 

“Si no votamos Ganancias estamos votando por un régimen que se basa en el impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos. Un país normal tiene un impuesto a la renta. Es la columna vertebral de un régimen tributario”, argumentó. 

En contra de ambos proyectos, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que “el espíritu que recorre a ambas leyes y por lo cual hay que rechazarlas” es que tienen “una orientación completamente antiobrera, reaccionaria y una versión totalmente empeorada”. “La ley de Bases premia al trabajo no registrado”, criticó y sobre la vuelta de Ganancias enfatizó: “¡El salario no es ganancia! Ganancias tienen los bancos, las empresas, las mineras, las petroleras, los que invierten en la especulación financiera”. “A la burguesía se le reducen los impuestos y a los trabajadores se les restituyen”, expresó. 

Desde Unión por la Patria, Juan Marino citó fallos judiciales que avalan la postura de la oposición respecto a las acusaciones que hicieron sobre declarar inconstitucional a la ley de Bases y al paquete fiscal. En primer lugar, habló de los cambios en el texto de medidas fiscales y cargó que “no se puede repetir sobre lo que ha sido rechazado por el Senado de la República y se considerará inconstitucional”.

A su vez, mencionó otros fallos y agregó que la ley de Bases está “lejos de cumplir con los estándares de la Corte Suprema de Justicia”, y remarcó que “se procederá a la judicialización de la misma”. “El Ejecutivo vino a generar un conflicto de poderes –con el DNU 70/2023 y la delegación de facultades- , la ley Bases es inconstitucional y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia”, cerró.

Prórroga del programa de entrega voluntaria de armas

Durante la reunión, se pasó a la firma -sin debate- el dictamen del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que dispone la regularización de la tenencia de armas y la prórroga del programa de Entrega Voluntaria de Armas. El despacho reunió 26 firmas a favor. Ya había tenido aval en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, por lo que quedó listo de ser tratado en el recinto. 

Por un lado, la iniciativa dispone un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se estima que cerca de 800 mil están en una situación irregular. 

Por otra parte, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la entrega voluntaria de armas. La última prórroga se había votado en septiembre de 2022. 

NOTICIA EN DESARROLLO 

 

 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis Espert, se reunirá para dar el dictamen final al proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, conocido como paquete fiscal. Sin embargo, la citación para este martes a las 18 contempla también dar el aval a la iniciativa sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria establecido en la Ley 26.216.

En primera instancia, el paquete fiscal, proyecto que acompaña a la ley Bases en su tratamiento, será dictaminado para su posterior votación en el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. Resta aun, conocer qué versión se convertirá en ley: si la que se aprobó en Diputados el 30 de abril, o la que volvió del Senado con la eliminación del regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, entre otras.

Desde el Gobierno negocian a contrarreloj para volver a introducir estos últimos dos artículos tal como se votaron positivamente en la primera media sanción de la ley Bases. A diferencia de lo que ocurrirá con el capítulo de privatizaciones, desde el oficialismo confían en que el paquete fiscal sea ley con los capítulos sobre Ganancias y Bienes.

Respecto a la entrega voluntaria de armas de fuego, la idea del Gobierno es establecer una opción a la ciudadanía y su tenencia legal. Es por eso que la iniciativa establece un procedimiento de regularización excepcional, o en su defecto la entrega voluntaria (y anónima), para su destrucción a cambio de un incentivo económico.

El texto señala que es “esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”.

Desde el Gobierno aseguran, en el proyecto, que existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional, que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Estiman que más de 800.000 están en una situación irregular.

Por tanto, expresan en la iniciativa “deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.

“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, cuestionaron en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Al término del plenario de comisiones que trata la ley Bases en el Senado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para avanzar sobre el proyecto de ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes. Al dictamen que circuló durante la jornada se le agregaron más modificaciones que habrían garantizado las firmas suficientes, aunque al cabo del encuentro se pasó a un nuevo cuarto intermedio.

En el inicio de esta quinta reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy), anunció que “hemos puesto un dictamen con amplio consenso con modificaciones de los senadores”.

En palabras del senador puntano Fernando Salino, la oposición ratificó su rechazo a este proyecto: “Es complicado proceder de esta manera porque se dice que estamos en un contexto de superávit fiscal y esto no se nota”. “se nos hace muy difícil acompañar esto”, anunció.

Además, planteó que “la OPC dice que el total de transferencias no automáticas a las provincias disminuyó en más del 80%”, repasó cuestiones del articulado de la iniciativa y señaló que “la inflación en dólares cada vez más gravosa y superávit que no vemos”. “Esta ley no mejora la calidad de vida de los argentinos y la vamos a rechazar”, reiteró.

A la espera del dictamen con las nuevas modificaciones -se encontraba en plena redacción-, la senadora Juliana di Tullio cuestionó la tardanza y el salteño Juan Carlos Romero salió al cruce: “No veo nada anormal que, estando en comisión, se agregue un artículo. ¿Cuál es el drama? Comisión es cambios”.

Finalmente, el boceto del despacho arribó al Salón Azul y el secretario de la comisión Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) agradeció por incorporar las sugerencias y puntualizó sobre la derogación al monotributo social propuesto en la redacción del proyecto.

En su intervención, remarcó que “la derogación del monotributo social iba a tener vigencia dentro de los 90 días posteriores de la sanción de la ley porque había un compromiso de palabra por parte del Gobierno Nacional de mandar un proyecto para que, de alguna manera, los monotributistas sociales queden encuadrados dentro del esquema tributario y no queden fuera de la cuestión”.

En respuesta, sumó que “planteamos una modificación que es que no se ponga en vigencia la derogación hasta tanto no haya un proyecto que este realmente en marcha”, y reconoció que “vino una contrapartida que es que los monotributistas paguen 9.800 pesos de aporte jubilatorio, que tengan obra social opcional y no van a pagar el aporte tributario para quedar adheridos al programa de salud”. El chaqueño confirmó su adhesión a las modificaciones.

Antes pasar a un nuevo cuarto intermedio, Atauche leyó la principal modificación que se le hizo al dictamen que circuló durante la jornada de este miércoles respecto al artículo 22 del título IV, capítulo VI, sobre regalías de la Ley 24.196: “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘bocamina’ del mineral extraído”.

Una vez que leyó la modificación, Atauche indicó que la redacción quedaba a disposición de los presentes antes de pasar a la firma. En ese momento, se anunció el pase a un cuarto intermedio sin fecha y hora definida. Pero confirmado el dictamen de la ley de Bases, se dio por descontado que el humo blanco también alcanzaba a la Comisión de Presupuesto.

La oposición en la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo en torno a un dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero igualmente, conforme a lo que se había votado en la última sesión, logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro de postergar el tema. 

Al arrancar la reunión, el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, recordó que el encuentro se daba en el marco de un emplazamiento, pero planteó llevar adelante un cronograma y recién emitir dictamen el miércoles 12 de junio, con el fin de tener un “estudio serio y profundo” sobre el costo fiscal del asunto. 

Sin embargo, su propuesta naufragó porque la oposición -en condición de mayoría- insistió con respetar el emplazamiento votado, que había dispuesto el jueves pasado para el comienzo del debate y este martes para la firma de los despachos. 

En el final hubo en total cinco dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas. 

Desde UP plantearon en su despacho la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional. 

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado.

Pero además, como revelaron las diputadas Carla Carrizo y Danya Tavela, el radicalismo incluyó en su dictamen establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Esto generó polémica y rechazos por parte de legisladores de otros bloques, al traer al debate un tema que viene siendo reclamado hace tiempo y que no estaba contemplado en el emplazamiento. 

Con fuerte enojo contra Rodrigo de Loredo, el cívico Maximiliano Ferraro habló de una “mejicaneada”. “Yo no voy a permitir que este plenario o esta Cámara habilite el ‘como sí’ la simulación o el cinismo para pagar las culpas que puede tener alguna conducción de bloque”, lanzó y se manifestó en contra de que “vengan hoy acá a cambiar el eje de lo que es producto de esa sesión que tuvimos” para quedar “como abanderados de la esencialidad educativa”. 

Y atribuyó que esa propuesta es “porque no pueden hacerse cargo algunos del acuerdo que lograron con Unión por la Patria y el resto de todos los bloques opositores” para emplazar a las comisiones. “Lo hago responsable al presidente del bloque del radicalismo de cambiar el eje de la discusión que teníamos que dar hoy”, enfatizó Ferraro. 

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

El presidente Javier Milei decidió no extender este año la vigencia del FONID, que venció el pasado 1ro. de enero. La última prórroga, por dos años, había sido por un decreto de Alberto Fernández en 2022. Desde su creación, en 1999, fruto de la protesta docente de la “Carpa Blanca”, el FONID fue a lo largo de todos estos años prorrogado por distintas leyes o decretos.

Los recursos destinados a las provincias tenían como objetivo contribuir a los salarios docentes, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los fondos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 15% del sueldo de los maestros.

El mayor reclamo surgió además de que el Presupuesto 2023, prorrogado este año, ya tenía previstos los montos para el FONID. Sin embargo, en marzo pasado, mediante el DNU 280/24, el Gobierno modificó el destino de estas partidas. 

El debate

“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el costo fiscal, que estimamos en no menos de 1 billón de pesos a 1,4 billones de pesos; teniendo en cuenta que el superávit que este Gobierno ha logrado, pero que en realidad ha logrado la sociedad argentina durante estos cinco meses en base a un gran sacrificio, es de 1,1 billones, les queremos proponer un cronograma con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme para la sociedad argentina, no para el Gobierno o la Secretaría de Educación”, planteó Finocchiaro en el principio. 

Y, a continuación, sugirió convocar a una reunión informativa para este jueves a las 13, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell; otra para el próximo 5 de junio a las 14, con los ministros de Educación del país; y finalmente el miércoles 12 de junio a las 15 para dictaminar. 

Al hablar inmediatamente después, la vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna, resaltó que el emplazamiento de las comisiones fue votado en el recinto por 152 diputados. “Es clave no relativizar su envergadura”, enfatizó y dijo que “no hay en la historia de esta Cámara un desconocimiento a un emplazamiento”. Además, mencionó que anteriormente un grupo de diputados había apelado al artículo 109 del reglamento para incorporar las iniciativas sobre FONID al temario de la comisión; y que se recibió también una nota de ministros de Educación de distintas provincias pidiendo su tratamiento. 

La entrerriana señaló que el FONID fue “una responsabilidad asumida en el acuerdo democrático por la Nación y las provincias” y se implementó “por todos los gobiernos, más allá de los colores o partidos”. “Incluso usted como ministro de Educación (durante la gestión Cambiemos) cumplió con el FONID; quizás no como nos hubiese gustado, pero cumplió, así que no se va a poder desdecir”, le enrostró la legisladora de Unión por la Patria a Finocchiaro. 

“La educación argentina necesita docentes con buenos salarios”, aseguró y si bien admitió que “el FONID no soluciona cabalmente esa realidad” es “indispensable que asumamos esta responsabilidad”, respecto de mantenerlo vigente. 

Molesto con la intención del oficialismo y el Pro de dilatar la cuestión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, arrancó: “El reglamento, las resoluciones tomadas por el recinto y los acuerdos políticos están para cumplirse”. Y cuestionó que con este tema “que afecta a todas las provincias y a todos los docentes de la República Argentina, algunos quieren mirar para el costado”. 

“Que vengan a proponer un cronograma que no tiene nada que ver con lo votado por 152 diputados tiene un límite, que es el que nosotros tenemos que expresar: nosotros venimos a dictaminar sobre el FONID, por decisión política de nuestro bloque, pero además porque lo indicó el cuerpo en una decisión tomada en el recinto, a la cual no se puede obviar ni postergar”, ratificó. 

A su turno, el diputado del FIT Christian Castillo fustigó contra el oficialismo: “Acá se ha sostenido que hay que bajar el impuesto a los Bienes Personales y lo han votado un montón de diputados y diputadas. Para bajarle impuestos a los que tienen departamentos en Miami y Punta del Este hay plata. Para el FONID y que los docentes ganen un poco más, no hay plata. Para no enviar la comida a los comedores populares, no hay plata. Para darle exenciones impositivas a (Marcos) Galperin hay plata. Para el salario de los docentes universitarios, no hay plata. Para bajarle Ganancias a las grandes corporaciones con el RIGI, hay plata. En este punto se concentra parte de la hipocresía de todo el discurso gubernamental, que es: plata para los que están forrados en guita hay, y cada vez les damos más; plata para el pueblo, nunca hay y les sacamos cada vez más. Entonces, no vengan con lo que significa económicamente. Está la plata, lo que pasa es que la quieren girar hacia otro lado”.  

Desde La Libertad Avanza, Santiago Santurio lamentó que “estamos hablando poco y nada sobre si están aprendiendo los chicos en los colegios o no” cuando hay un “retroceso en alfabetización” y “los chicos no saben leer ni escribir”. 

“El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas. Las provincias son responsables de este Fondo”, consideró y dijo que “el FONID claramente no está vigente, tenía una fecha y caducó” y así lo sostuvo “un juzgado de La Plata” ante un reclamo judicial. “Es muy fácil gobernar repartiendo plata. Esa manera de gobernar es la que nos trajo hasta acá. El superávit es la piedra angular para salir de la decadencia”, argumentó el libertario. 

Al cruce le salió el diputado de UP Hugo Yasky: “Cuando escucho hablar a algún diputado, yo me lo imagino un mes teniendo que trabajar en las condiciones que trabajan las maestras de la Argentina en las barriadas pobres, y lo encontraría desesperado, pidiendo a los gritos que lo saquen de la escuela. ¡Reivindico a las maestras de la Argentina! Que con dignidad le enseñan a leer y escribir a estos que son verdaderos ignorantes”. 

En sintonía con el oficialismo, la macrista Silvia Lospennato cuestionó la práctica de “legislar con una enorme irresponsabilidad fiscal y técnica”. “Gastamos los recursos del Estado que son el aporte de cada contribuyente de la Argentina con los cinco dedos oscilantes, no sabiendo cuánto cuestan los proyectos”, subrayó y consideró que “tenemos el déficit fiscal que tenemos, entre otras cosas, porque los legisladores nos creemos que se hace la plata escribiendo en un papel los gastos que se nos ocurre hacer”. 

 

Tras un largo debate, que arrancó a fines de marzo, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados concluyeron este miércoles con los dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria. Aunque Unión por la Patria junto a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y bloques federales intentaron arribar a un consenso para lograr un despacho en común, no hubo acuerdo. 

De esta manera, se firmaron un total de cinco dictámenes, siendo el de UP el de mayoría, con 33 firmas. En segundo lugar, el de la UCR, CC, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con 19 firmas. El tercer despacho, en cantidad de firmas, fue el del oficialismo, con 12 -dos en disidencia de los aliados del MID-. Finalmente, el dictamen del Pro reunió 8 rúbricas y el del Frente de Izquierda, 2. 

Luego del plenario, los radicales, cívicos y federales pidieron formalmente una sesión para debatir el tema en el recinto el próximo 4 de junio. 

Unión por la Patria y este otro sector de la oposición acercaron posiciones respecto de la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes previsionales, pero el acuerdo se trabó en torno al uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El kirchnerismo no quiere tocarlo, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme. 

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más. 

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”. Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Durante la reunión, la diputada Romina Del Plá (FIT) defendió que el proyecto de su espacio es que el que otorgaría un “verdadero aumento jubilatorio”. “El FMI acaba de felicitar al Gobierno argentino por el sobrecumplimrnto del ajuste y las metas”, señaló, las cuales opinó se alcanzaron mediante "la brutal licuación de las jubilaciones". 

Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres (HCF) defendió el proyecto de la UCR, la CC y los bloques federales: “Respeta en todo momento el resguardo del equilibrio fiscal”. “Es un dictamen sólido y ético”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “el ensamble de la fórmula vieja con la actual es indispensable que sea totalmente coherente”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC) enfatizó: “Todos coincidimos en que hay plata, porque hay sobrecumplimiento de las metas del FMI”. En ese sentido, desafió al Gobierno diciendo que podría recaudar más sobre impuestos que hoy no se cobran y terminar con ciertas exenciones impositivas. Además, “de las privatizaciones (que plantea la ley de Bases) va a salir más plata”, dijo y agregó que “va a ir habiendo plata si tomamos más decisiones políticas para los jubilados”. 

“Lo que estamos proponiendo es razonable, posible y el financiamiento está”, insistió el legislador “lilito”, que completó: “Ojalá que el presidente, asesorado por el ministro (Luis) Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para pagarlo”. 

Desde La Libertad Avanza, el salteño Julio Moreno Ovalle indicó que “hay más de 5,7 millones de jubilados, el 64%, que accedió a jubilación a través de moratorias” producto de “toda esta economía informal que venimos padeciendo en los últimos años”. “El deterioro de la jubilación empieza muy fuerte en 2017”, expresó y cargó nuevamente contra las moratorias, al decir que “llevaron a que este sistema de previsión se desfinancie”. “Debemos ratificar el decreto 274. Este Gobierno está cambiando muchísimo el país, le tenemos que dar tiempo”, sostuvo. 

Hacia el cierre, el jefe del principal bloque opositor, Germán Martínez (UP), celebró que “hay una enorme mayoría en este plenario de comisiones que quiere avanzar en una mejora de los haberes de los jubilados” porque “hay un reconocimiento que en estos meses ha habido un grave retroceso”. 

El santafesino recordó que en la ley ómnibus original “existía un claro objetivo de prácticamente hacer desaparecer al FGS” por parte del Gobierno, para exponer luego las diferencias dentro de la oposición. “Donde está habiendo las diferencias es en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes en los que son los juicios por ajuste. Qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las provincias”, explicó. 

“Estos dos temas, que no son el núcleo conceptual, que tiene que ver con la recuperación de los salarios de los jubilados, son los puntos de diferencia que nos impiden acordar una posición mayoritaria”, resumió. 

En la misma línea, el diputado Itaí Hagman (UP) manifestó: “Estuvimos muy cerca y por un aspecto al que no le quito importancia, pero que no hace al centro de las preocupaciones que motivaron este plenario, que era cómo recomponer los haberes jubilatorios, terminamos teniendo dictámenes separados”. 

El porteño valoró que desde su espacio cedieron en varios puntos. “Este dictamen no es nuestro proyecto de ley original, que era mucho más ambicioso. No puede ser que por una diferencia que tenemos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o sobre cuál es la mejor manera de resolver las deudas del Tesoro Nacional con las provincias, o las sentencias, que por ese aspecto no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata”, observó. En el final, llamó a “que podamos trabajar de acá a una próxima sesión para poder sancionar una ley” y buscar el consenso con el otro sector. 

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de Previsión y Seguridad Social 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió este miércoles sobre los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria, pero la firma final de los dictámenes se retrasó una semana más. A pesar de que los despachos ya habían sido suscriptos en Previsión y Seguridad Social, se decidió que el próximo 15 de mayo a las 14 se hará un plenario de ambas comisiones y se terminará de completar el trámite. 

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, detalló el costo fiscal de los cuatro dictámenes que salieron de Previsión y Seguridad Social, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que además le pedirá un nuevo estudio sobre una propuesta del Pro. El oficialista señaló que el costo fiscal de las medidas tomadas por el DNU en relación a la fórmula de movilidad es de 7,14 puntos del PBI. “Ya el DNU tiene un costo fiscal del 0,31%. Si hay más gasto fiscal, respecto de la Ley 27.609, ya hay mejora de las jubilaciones”, dijo. 

En tanto, precisó que el costo fiscal del dictamen de Unión por la Patria se estima en 9 puntos del producto; el de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica en 7,57 puntos del PBI; el de La Libertad Avanza, “que lo que hace es poner en letra de ley el DNU”, un 0,31 puntos del producto; y para el dictamen del Frente de Izquierda se estima un costo fiscal de 21,5 puntos del producto. 

“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho, sino un tema central para terminar con el peor impuesto” que es la inflación, aseveró el legislador de La Libertad Avanza, al defender los cambios realizados por el Poder Ejecutivo. 

A continuación, la diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo: “Nosotros creemos que el DNU va en el camino correcto”. Al reconocer los reclamos que había por el empalme con la inflación de enero (20,6%) y la recomposición otorgada en abril por el Gobierno en el DNU (8,5%), explicó que “el 8% pendiente del mes de enero lo incorporamos como recomposición, pero entendiendo los problemas fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero, le damos la posibilidad al Gobierno de que pueda pagarlo en un plazo de hasta 12 cuotas”, expresó, lo que provocó el murmullo. 

Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Nicolás Massot entendió la necesidad de “plantear estos debates con correspondencia fiscal” y consideró que “no debería ser más una cuestión ideológica que empecemos a legislar con la conciencia acabada de los gastos”. 

“Tenemos una porción significativa del PBI en regímenes de alícuota diferenciada. Dicho de otra manera, si todo el mundo pagara las mismas alícuotas de impuesto, la Argentina hoy tendría 2,5 puntos de superávit fiscal, sin ajuste a los jubilados, sin pisar gastos y nada”, resaltó y propuso que se analice el gasto tributario argentino. 

Al tomar la palabra, la libertaria Juliana Santillán defendió que el DNU “vino a dar una rápida y urgente respuesta a la pérdida del poder adquisitivo” de los jubilados, porque “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”. “Nuestro Gobierno ha recibido la peor herencia de la que se tenga memoria”, enfatizó y reprochó que “ estamos con las maniobras de las moratorias desde 2005”. 

“Llevaron a la emergencia al sistema previsional argentino. En 2022 el déficit previsional de la ANSeS presentó 2,8 del PBI”, apuntó y habló de que el sistema presenta “deficiencias de tres áreas claves: sostenibilidad financiera, cobertura y nivel de prestaciones”. “Por eso nos debemos un debate integral de régimen previsional en Argentina, que seguro va a ocurrir en los próximos meses y lo vamos a dar cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, en el cual ya se está trabajando”, anunció la oficialista.  

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el sistema previsional necesita correcciones para dotarlo de previsibilidad, pero esas correcciones no deben influir en la capacidad del poder de compra de los haberes jubilatorios. Una movilidad no es igual a la recomposición de los haberes, con lo cual hay que dotar de herramientas para reparar lo que los haberes jubilatorios se deterioraron en todos estos años”. 

Al defender el dictamen de la UCR, HCF y CC, aseguró: “Es un dictamen muy serio, que debe ser tenido en cuenta, totalmente atendible, y si no lo quieren tomar como ese ahorro que se ha hecho el Estado, pueden tomar otras variables como exenciones impositivas o ingresos que pierde el Estado por tratamientos impositivos diferenciales con lo que se podría pagar lo que estamos incrementando a los haberes jubilatorios. Estamos hablando de prioridades. ¿Qué prioriza el Gobierno? ¿A los jubilados y pensionados o a algunas personas físicas para que no paguen impuestos como todos los ciudadanos?”. 

“Es un proyecto que no es descabellado, no tiene demagogia, sino que es totalmente pagable, y podemos mejorar el deterioro que han tenido los haberes en los últimos tiempos y darles un poquito mejor de calidad de vida” a los jubilados, completó la cordobesa. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller aclaró: “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Nosotros no creemos que el déficit fiscal se resuelve con licuadora y motosierra”. Y mencionó la contradicción de la situación de los jubilados con aspectos que plantea la ley de Bases como el blanqueo de capitales o “la fuerte reducción en Bienes Personales beneficiando a las categorías más altas”. 

Durante la reunión, la jefa del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, subrayó que “el FMI viene pidiendo desde hace tiempo que el porcentaje que las jubilaciones representan en el PBI baje y que se termine con la moratoria”. Y reclamó que en este tiempo “pasaron cosas”, al referirse a la media sanción de la ley de Bases, la cual -aseveró- “destruye y desfinancia el sistema jubilatorio”.

En el cierre, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la importancia de contar con un Presupuesto actualizado: “Necesitamos recuperar las potestades presupuestarias que tiene el Congreso de la Nación”. Y opinó que se debería estar discutiendo una ley de ampliación presupuestaria ante la prórroga del Presupuesto 2023. 

El santafesino cuestionó que el Gobierno “cuando tiene que ajustar no le pide nada a este Congreso, decide solo; y cuando tiene más recursos, como con el impuesto PAIS, también decide solo”. “Nosotros veníamos a dictaminar, basta de jugar con los tiempos, los ingresos de los jubilados no son un chicle”, reclamó. 

 

Luego de reclamos constantes por parte de la oposición, y sin que se haya logrado un emplazamiento votado dentro del recinto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 16, los proyectos que buscan implementar por ley una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El pasado 25 de marzo, a través del DNU 274/24, el Gobierno nacional modificó el cálculo para la actualización de los haberes previsionales. Allí, estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC (inflación), pero la fórmula comenzará a regir plenamente en julio.

Después de esta decisión, la oposición aceleró el debate en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, conducida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, sin embargo el oficialista José Luis Espert no convocó a Presupuesto, la cual preside. Finalmente, pasado el objetivo que tenía La Libertad Avanza sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, la comisión tratará el tema.

Mientras el oficialismo y su aliado Pro avalan lo dispuesto por el decreto del Ejecutivo, la oposición presentó sus distintas propuestas, sin consenso, pues hubo tres dictámenes distintos.

El despacho de mayoría (13 firmas) en Previsión y Seguridad Social fue el de Unión por la Patria, que propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

El dictamen del Frente de Izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

 

 

Con el dictamen de la ley Bases listo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del liberal José Luis Espert, avanzó este jueves por la tarde con el proyecto de ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes que entre otras cosas incluye blanqueo, moratoria, reforma para Bienes Personales y la modificación del impuesto a las Ganancias.

El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas sobre 49 diputados presentes y será tratado junto a la ley Bases en la próxima sesión convocada para este lunes 29 de abril. Christian Castillo presentó un dictamen de minoría por la izquierda y Unión por la Patria tenía previsto hacer lo propio.

De las 27 firmas, 21 de las cuales fueron sin disidencias, a saber: LLA (6): José Luis Espert, Alberto Benegas Lynch, Facundo Correa Llano, Lilia Lemoine, María Celeste Ponce y Carlos Zapata; Pro (7): Germana Figueroa Casas, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado y Diego Santilli; UCR (3): Lisandro Nieri, Atilio Benedetti y Roberto Sánchez; Innovación Federal (2): Carlos Fernández y Yolanda Vega; MID (2): Eduardo Falcone y Oscar Zago; y Producción y Trabajo: Nancy Picón Martínez

Hubo 6 firmas con disidencia: HCF (2): Ignacio García Aresca y Nicolás Massot; UCR (4): Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti y Martín Tetaz.

El debate

El primer expositor fue el mendocino Facundo Correa Llanos (LLA), quien celebró el texto en cuestión y agregó que “viene a mejorar las condiciones de desarrollo de la actividad privada que actualmente está en situación calamitosa”. “Es importante la reducción de carga impositiva”, señaló.

En contrapartida, el diputado nacional Nicolás Del Caño (PTS – Buenos Aires) sostuvo que “asistimos a una de las mayores estafas electorales porque Javier Milei, acompañado de Victoria Villarruel, votó eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y ahora incluyen la vuelta de la cuarta categoría”.

“En campaña, se la pasaron diciendo que iban a bajar los impuestos y ahora los están subiendo”, cargó el legislador del FIT, y añadió: “Este paquete va a profundizar la situación actual porque las tarifas que han aumentado van a aumentar aún más”.

Luego, la diputada santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se refirió a un punto de los fundamentos, explicando que “se trata de tomar una decisión sobre qué impuesto queremos pagar en la Argentina. Si queremos pagar el impuesto inflacionario o tener un sistema tributario más lógico”.

“¿Esto es lo ideal? No, falta y mucho porque hay gente que paga una gran carga tributaria y esto (el paquete fiscal) tiene el compromiso del Gobierno de poder avanzar en un sistema y no tener un régimen”, manifestó. “Que todos paguen de la misma manera y que no pase, como está pasando ahora, que gente que gana lo mismo termina pagando distinto”, consideró.

Así las cosas, afirmó que “sabemos que falta más, pero se ha avanzado” y amplió el tema de las moratorias: “si seguimos con blanqueos afectamos al sistema tributario porque es beneficiar al que se endeuda y no paga”. “El cepo ha contribuido a la informalidad y estamos parados en una situación fiscal compleja”, siguió. Además, sostuvo que “dar la posibilidad de exteriorizar activos viene en un buen momento que es con un nuevo gobierno”, y profundizó que “si la gente está evadiendo tiene que ver con la situación presente y es justo que se plantee una baja en impuestos patrimoniales”.

Con relación a Bienes Personales, señaló que “la clase mas alta tiene formas de evadir legalmente, que en realidad es eludir”. “La clase media es quien paga BP. Tenemos que pensar en eso. Necesitamos que el argentino saque los dolares del colchón, pero que cuando lo haga no le aumentemos Bienes Personales”, añadió.

Asimismo, manifestó que “necesitamos que vengan capitales del exterior y que la Argentina vuelva a confiar en la Argentina. No vamos a poner límites a la exportación”.

De igual manera, explicó la situación de los capitales exteriores: “Se creó la figura del ‘no residente’ para evitar el blanqueo de dinero que proviene del delito”. De ese modo, explicó que “no pueden blanquear efectivo, bienes de terceros y solo podrá hacerlo con inmuebles que al ser registrados por un escribano hayan identificado de donde proviene ese dinero”.

En esa línea, la diputada santafesina afirmó que “estamos más cubiertos ante el dinero que proviene del delito”, y añadió que “no queremos que se mezcle esta moratoria y blanqueo con el dinero que proviene del delito”.

Asimismo, manifestó que “necesitamos que vengan capitales del exterior y que la Argentina vuelva a confiar en la Argentina. No vamos a poner límites a la exportación”.

A su turno, la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA – Buenos Aires) defendió la iniciativa y afirmó que “estas reformas buscan que Argentina sea un lugar para invertir”. En ese momento, tuvo un cruce de acusaciones con la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda.

En línea con su bloque, el diputado nacional Sergio Palazzo (UP – Buenos Aires) cuestionó el paquete fiscal y manifestó: “Estas medidas son favorables para los grandes capitales, a la concentración económica, a los evasores, a los que incumplen y a los que son victimarios", y advirtió que "no favorece en nada a los trabajadores”.

El diputado santafesino Eduardo Toniolli (UP) señaló que la reforma laboral “es una medida regresiva”. Asimismo, cruzó al oficialismo: “No somos antiempresarios, pero ustedes sí son antiobreros. Esto es un ataque a la acción colectiva como la Jorge Videla en el 1979”. “Esta reforma laboral es inconstitucional”, cargó.

Llegado el turno del diputado nacional Carlos Heller (FIT – Buenos Aires), en primer lugar, anunció que su bloque presentaría un dictamen propio y luego cuestionó al del oficialismo: “¿A quién se le está tratando de aliviar el dolor? Porque acá hay beneficios para algunos y perjuicios para otros”.

Explicó también fundamentos, diferencias y los puntos que rechazan respecto al dictamen del oficialismo y mencionó que el dictamen que presentará Unión por la Patria será de un texto tratado en agosto del 2023.

En medio de la reunión, Espert comunicó que el oficialismo se había alzado con el dictamen de mayoría, con 27 firmas sobre 49 diputados presentes, y agregó que solo había hasta el momento un dictamen de minoría, del diputado Christian Castillo.

Germán Martínez, jefe de bloque de UP, pidió prorrogar el tiempo de entrega para los dictámenes en disidencia. El argumento que se utilizaba era la necesidad de que los textos ingresaran en tiempo y forma a imprenta, y en ese sentido el diputado de UP le dijo que era una cuestión de buena voluntad, pues no llegaban a terminar su dictamen para las 20, bien fundamentado y no alteraba nada que ingresara a imprenta a las 8 de la mañana del viernes. El titular de la comisión le respondió que no era una cuestión suya sino técnica, pero que lo consultaría. Al cierre de la reunión, Martínez le informó a Espert que ya había resuelto el tema con la gente de técnica.

Cerca del final, el diputado Christian Castillo reiteró sus criticas y ratificó que su oposición ante los dos proyectos dictaminados (ley Bases y reforma fiscal) y anunció que “lunes y martes estaremos con toda nuestra militancia, con asambleas populares, con sindicatos y con el movimiento estudiantil en las calles enfrentando estas dos leyes que son parte de un ataque de conjunto contra el pueblo trabajador”.

En medio de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el debate por la reforma fiscal, la diputada libertaria Lilia Lemoine tomó la palabra y acusó ante las autoridades que "Myriam Bregman me está diciendo bruta”.

En contraposición al Frente de Izquierda, Lemoine expresó: “Ustedes odian a los ricos y tratan a los empresarios como si no fueran trabajadores”. “Son la que peor representan a los trabajadores y no pasan del 2%”, agregó al recordar los números de las últimas elecciones generales.

Defendió, también, los proyectos de ley Bases y medidas fiscales y afirmó que “este Gobierno no hace populismo”. “Estas reformas buscan que Argentina sea un lugar para invertir y recuerden que ustedes son el 2%”, remarcó.

Al momento de cruzarse con la excandidata a presidenta del Frente de Izquierda, Lemoine le dio aviso a José Luis Espert, titular de la comisión, que “Myriam Bregman me está diciendo bruta”.

“La izquierda odia a los ricos y yo trabajo desde los 14 años. Mi CUIL no está virgen”, añadió la diputada libertaria, y cerró: “A ustedes le gustan los pobres, por eso los quieren multiplicar como hacía el kirchnerismo”.

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

Se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron pero con disidencias en algunos temas.

Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasó de 60 artículos -por los que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, se agrega y establece que el Gobierno deberá informar "mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan", al tiempo que tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar" los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. "Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos", añade uno de los artículos.

En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán "únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin" e "incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social".

"El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión", reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una "Prestación de Retiro Proporcional" para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

"El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación.

El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias.

Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había "visiones encontradas entre los bloques" y "quedará para tratar en otro momento", afirmó una de las fuentes que participó de las negociaciones. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Las modificaciones involucradas al sindicalismo no ingresaron, por eso los radicales lo plantearon en sus disidencias.

El dictamen de mayoría

Las firmas sin disidencia fueron 42, y correspondieron a los diputados de LLA (17) Santiago Santurio, José Luis Espert, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, María Celeste Ponce, César Treffinger y Carlos Zapata; del MID (3) Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; del Pro (17) María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas, Damián Arabia, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y María Sotolano; Innovación Federal (3) Agustín Domingo, Carlos Fernández y Yamila Ruiz; Producción y Trabajo (1) Nancy Picón Martínez; y CREO (1) Paula Omodeo.

En disidencia parcial hubo 19 firmas. De la UCR (14) Carla Carrizo, Karina Banfi, Leandro Nieri, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Vallejos; Hacemos Coalición Federal (4) Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge y Nicolás Massot, y por Innovación Federal Yolanda Vega.

Los diputados Fernando Carbajal y Pablo Juliano decidieron no firmar ningún dictamen como hicieron en enero pasado. El formoseño lo explicó así: “No voy a acompañar, como otros colegas de mi bancada este dictamen, ni siquiera en disidencia. Por razones políticas y administrativas. No hubo ni una sola reunión en la que se discuta este dictamen en este plenario. En realidad, se inició una nueva metodología de trabajo legislativo que discurre por Rivadavia, continúa por Avenida de Mayo, y llega a Casa de Gobierno. Hay diputados que van y vienen negociando las leyes y esta no es la metodología”.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de "darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere". Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

"Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos", señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que "no es lo mismo una inversion hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales". Por eso, desde su espacio propondrán "tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares". Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era "más ambiciosa" y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que "es necesario y revelevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa". Y habló de "una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos". "Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria", agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: "No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: "Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen". Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que "lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión".

"Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso", defendió y recordó que "este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo". “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto "recoge lo esencial del proyecto de ley Bases", también "pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina" y "hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones". "Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda", pidió a la oposición más dura.

En su intervención, Juan Manuel López alertó sobre los cuatro meses que lleva el Gobierno y no ha sancionado aún ninguna ley. “Saquemos algún producto decente lo antes posible, ya sea con la ley Bases, ya sea en el Senado de la Nación, con leyes que están pendientes ahí”, reclamó y expresó: “Porque que no salga una ley, me parece que es hacerle el juego a un presidente que ya ayer dijo que tiremos la ley, porque juega con su autoboicot o su incapacidad tal vez de gobernar cuando tenga sus instrumentos".

Dentro del bloque HCF, el diputado anunció que el sector de la Coalición Cívica presentaría su propio dictamen, y detalló a continuación coincidencias y modificaciones que proponían. Su dictamen, dijo, declara emergencia en las materias que el oficialismo ha pedido, pero no votarían las delegaciones que quedan en la norma. “Es mucho poder para un presidente que negó su propia firma”, advirtió, en referencia al decreto por el cual se aumentaban los sueldos de los funcionarios de alto rango.

Sí avisó que acompañarán el capítulo de empleo público, pero darían un marco regulatorio para los fondos fiduciarios. Proponen también privatizaciones y un principio de buen gobierno, como así también remarcó que “queremos una modernización laboral con básicamente las cosas que contuvo el DNU”.

Agregó que quieren el impuesto al tabaco que había propuesto el oficialismo inicialmente: “Que esté presente con una redacción seria”. También quieren subir el impuesto al juego y que el Gobierno diga qué gasto tributario va a reducir.

En una extensa intervención, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los dialoguistas: “Entiendo la vocación de acompañar, pero ¿cómo hacen los bloques que van a firmar el dictamen oficialista sin tener en cuenta que lo que ahora aparece y se complementa con las emergencias y facultades que el presidente se autocedió con el DNU 70/23? No es un proyecto licuado, hay que leerlo complementariamente al DNU”.

“Están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina y perversa, con otro ‘engaña pichanga’, que armaron una lista en el artículo 3 donde dice que el PEN no va a poder disponer las disoluciones en algunos organismos”, observó. A su juicio, eso no es real y advirtió que por ejemplo que el CONICET no está a salvo. “Solo está a salvo de una disolución, pero se lo pueden llevar puesto”, afirmó.

Al hablar especialmente de la inclusión del capítulo laboral, el santafesino pidió tener memoria y recordó cómo se gestó en tiempos de Fernando De la Rúa la reforma laboral de entonces, a partir del 27 de abril del año 2000, cuando con su ministro de Trabajo Alberto Flamarique logró aprobarla. Hasta que llegaron las denuncias y la renuncia de Carlos "Chacho" Álvarez. “Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy”, enfatizó, advirtiendo que “los que estaban detrás de Flamarique están detrás de esta ley. Guarda con las próximas 72 horas. Se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina”.

Entre los numerosos oradores, en el encuentro habló el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien recordó el trabajo del verano y celebró: "Creemos que le vamos a dar las herramientas necesarias al presidente Javier Milei para que de una vez y para siempre la Argentina despegue".

"Han venido trabajando muchos diputados de distintos bloques para que este dictamen esté hoy acá y brevemente en el recinto", ponderó. Sobre la ley, opinó que "le va a dar más libertad a los argentinos" y "es una ley que la están pidiendo los argentinos y nosotros como Poder Legislativo tenemos que acompañar al Poder Ejecutivo".

El cordobés subrayó que la norma plantea "una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos".

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que "hagan lo que quieran con la ley de Bases", se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.

Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.

No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.

Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

"Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional", agrega y establece que el Gobierno deberá informar "mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos".

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir "las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan", al tiempo que tampoco "podrá disponer la disolución" de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a "modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar" los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. "Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos", añade uno de los artículos.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de "darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere". Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

"Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos", señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que "no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales". Por eso, desde su espacio propondrán "tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares". Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era "más ambiciosa" y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que "es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa". Y habló de "una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos". "Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria", agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: "No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: "Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen". Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que "lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión".

"Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso", defendió y recordó que "este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo". “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto "recoge lo esencial del proyecto de ley Bases", también "pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina" y "hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones". "Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda", pidió a la oposición más dura.

NOTICIA EN DESARROLLO

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Pese a la urgencia que el otrora oficialismo aseguró tenía la norma, ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, el exFrente de Todos congeló el tratamiento del proyecto en la Cámara alta durante 2023, año en que prácticamente no se sesionó en ese cuerpo.

Ahora, La Libertad Avanza incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el plenario, Yacobucci afirmó que “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI -el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina- tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas, y crea dificultad al país para integrar al mundo”.

El candidato propuesto por el Ejecutivo advirtió que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado. 

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.

Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. 

En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.

En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete. 

El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa. 

Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros. 

Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno. 

Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles. 

Puntos del extenso proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

 

El Frente de Izquierda, encabezados por Myriam Bregman, presentó un pedido de impugnación al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contra la designación de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Su prepotencia se relaciona con una política de atropello a todos los derechos conquistados”, consignó Bregman contra el diputado liberal. También, relacionó el pedido con las declaraciones del monobloquista del pasado 14 de diciembre respecto a “cárcel o bala”.

También, remarcaron que Espert “censuró al diputado de nuestro bloque, Christian Castillo, al apagarle el micrófono mientras hacía uso de la palabra, para fundamentar esta impugnación, y decidir que solo podrían intervenir las autoridades electas, dando por terminada la comisión e impidiendo que hablen integrantes de otros bloques”.

Además, acusaron a Espert de amenazar a Bregman y Nicolás Del Caño e indicaron que la designación “fue en un marco totalmente irregular, sin constancia de votación, como es de público conocimiento y notorio, y sin permitir el uso de la palabra a los diputados que previamente lo habían solicitado”.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) y nuevo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja estuvo reunido este lunes con varios funcionarios en la Casa Rosada para definir la estrategia de cara al inicio del debate de la ley ómnibus en los plenarios de este martes y miércoles.

Espert se reunión con el jefe de Gabinete, Martín Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Al retirarse, el legislador anticipó, ante los cronistas que lo abordaron, que “salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a todo, con modificaciones los demás bloques van a acompañar”.

Del mismo modo, planteó que “la ley ómnibus va a salir, por eso vinimos a darle apoyo al presidente”, y agregó que “es una ley que es crítica para los argentinos, pero hay que apoyar las ideas de la libertad”.

Por otro lado, no mencionó qué funcionarios asistirán al plenario de las comisiones de Legislación General (cabecera) , Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, pero remarcó que “habrá funcionarios que estén presencialmente y otros de manera virtual”.

En el final, se mostró optimista de cara a lo que viene y se refirió al índice inflacionario: “30% es una inflación enorme, pero la vamos a bajar”.

El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni (LLA), convocó para este martes 9 de enero a las 14 a un plenario de esa comisión, con la de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, y Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz, para dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos.

La convocatoria, además, contempla una segunda reunión para el miércoles 10 de enero de 9 a 20 en la Sala 2 del Anexo “C”. En ambas fechas, concurrirán miembros del Poder Ejecutivo (presencial o virtualmente) para explicar diferentes aristas del texto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Asimismo, la convocatoria incluye una dirección de correo electrónico ([email protected]) donde los diputados podrán enviar inquietudes y preguntas hasta el lunes 8 a las 20.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

El proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

La Oficina del presidente Javier Milei celebró la designación del legislador José Luis Espert como nuevo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Profe bienvenido a las fuerzas del cielo. Viva la libertad carajo”, expresó el mandatario en su perfil de X. Espert había estado reunido en Casa Rosada para trabajar en “las medidas del programa económico y el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos enviado al Congreso”, informaron.

.@jlespert PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO...!!!
VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/sZaQcnAwQz

— Javier Milei (@JMilei) January 4, 2024

Asimismo, el diputado Fernando Iglesias (Pro) fue designado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA), en Asuntos Constitucionales; y el cordobés Gabriel Bornoroni (LLA), a Legislación General.

Por otro lado, durante las reuniones constitutivas, los representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda cuestionaron el mecanismo por el cual se designó a Espert, al considerar que no se respetó el sistema D'Hont porque el legislador de Avanza Libertad conforma un monobloque, y adelantaron que impugnarán su nombramiento.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo del formoseño Francisco Paoltroni, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el jujeño Ezequiel Atauche, se reunieron este miércoles en un plenario para avanzar con los dictámenes respecto a la eliminación de la doble imposición en materia de tributos en los acuerdos bilaterales con China, Turquía y Emiratos Árabes Únidos.

El temario proponía cinco convenios bilaterales, pero desde la Unión Cívica Radical y Cambio Federal propusieron tratar los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo en próximas reuniones para conocer los costos fiscales. También exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la canciller Diana Mondino.

En una breve reunión -en la que nadie del bloque de UP tomó la palabra-, el titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, señaló: “Me parece adecuado que Argentina en este momento de emergencia le dé la bienvenida a las inversiones extranjeras”.

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, expresó que “hay que recalcar que el 85% de los tratados fueron en la década del 90”, y agregó que “está dentro de nuestra plataforma agilizar convenios bilaterales”.

Por otro lado, la senadora nacional Lucila Crexell (CF – Neuquén) consultó sobre el acuerdo con el Gran Ducado de Luxemburgo y cuestionó “la nueva dinámica” que quiere implementar el oficialismo. Del mismo modo, exigió la presencia de la canciller Mondino para tratar el acuerdo con Japón.

Asimismo, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) explicó que “sería oportuno tratar convenio por convenio para saber en cuáles estamos de acuerdo y en cuáles no”. Al igual que la neuquina, pidió debatirlos en presencia de Caputo y Mondino. El senador nacional Maximiliano Abad adhirió a la idea de Crexell.

Finalmente, el senador nacional Juan Carlos Romero (CF – Salta) sostuvo que “firmar un convenio con una empresa que no es Argentina tiene cero costos fiscales”, y afirmó que “ojalá favorezca a miles de argentinos”.

Por último, los acuerdos con Turquía y China obtuvieron dictamen favorable en el plenario de comisiones; el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos también obtuvo el aval de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; y los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo serán debatidos en próximas reuniones.

Con el año 2024 recién comenzado, el Senado de la Nación se reactivará en el segundo día hábil del año con una jornada repleta de designaciones de autoridades, reuniones y plenarios que se llevarán a cabo durante la tarde del próximo miércoles 3 de enero.

En primer término, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto designará a Francisco Paoltroni (LLA – Formosa) como nuevo presidente a las 14.00 en el primer piso del Salón Illia, y a continuación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda hará lo mismo con el jujeño Ezequiel Atauche (LLA).

Acto seguido y con las autoridades definidas, ambas comisiones se reunirán en un plenario para tratar 4 proyectos sobre iniciativas que aprueban acuerdos con Turquía, China, Japón y Gran Ducado de Luxemburgo para eliminar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta, prevenir la evasión y la elusión fiscal y su protocolo.

Una vez que finalice la reunión plenaria, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá (solo con sus integrantes) para dar tratamiento al texto que aprueba el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que los 5 temas que serán debatidos el próximo miércoles son tratados bilaterales suscriptos por la República Argentina entre abril del 2018 y junio del 2019.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles al proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, enviado por el Poder Ejecutivo. El despacho cosechó 37 firmas, de las cuales 12 -de Juntos por el Cambio- fueron con disidencias. 

El tema había sido cerrado este martes en la Comisión de Educación, cabecera de la iniciativa, por donde pasaron expositores de todos los sectores durante cuatro reuniones. 

El Frente de Todos tenía la intención de debatir este miércoles el tema en el recinto, pero la sesión nunca se convocó y finalmente quedará para después del balotaje. 

En el cierre del encuentro, desde el oficialismo ponderaron que haya más días para “pulir” el texto, a raíz de los reclamos que hubo por parte de la oposición sobre los recursos que deberán invertir las provincias. 

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (FdT), valoró el “intensísimo trabajo” realizado para poder llegar a la firma del dictamen. En su intervención, recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo fue impulsada por Néstor Kirchner en 2005, bajo la idea de “la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias”. 

La entrerriana señaló que “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo. 

Sobre la expansión del financiamiento educativo, mencionó que hubo “una modificación en cuanto a la curva” de modo que “el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto”. Y detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6,5% para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032. 

Por otra parte, resaltó “la incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a la finalidad y función en los niveles de educación para adultos, educación popular, educación no formal”; y también que se puso “un énfasis especial en el capítulo formación docente”. 

“Hay una preocupación respecto al tenor de los convenios, nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó. 

A su turno, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó el acompañamiento con disidencias, al tiempo que valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación” para acercar posiciones. 

Sobre las diferencias, se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. “Le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus erogaciones”, señaló y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó. 

Luego habló sobre la asignación específica de recursos coparticipables que se prevé, algo que es “válido, legítimo y constitucional hacerlo; nosotros compartimos que eso se haga”. Pero apuntó que “se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios” y “eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales”. “La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso”, añadió. 

En esa línea, el puntano expresó: “Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participe la Nación y las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a hacerlo si no es por convenio”. Por eso, sugirió que se estipule que “en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables, podrán comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten convenios entre Nación y provincias”. 

Osuna volvió a tomar la palabra y aseguró que “acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación”. “Muchas veces vemos en gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir”, remarcó y defendió que “estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja”. “Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad”, pidió. 

Otra de las voces desde la oposición fue la de Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien recordó que “no es un debate nuevo”. “Lo que no podemos hacer nosotros es poner un interés por encima de otro”, insistió, aunque aclaró que “por supuesto nosotros perseguimos el objetivo de la expansión del presupuesto”. Por eso, reclamó ver “de qué manera reforzamos los convenios” o que “haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las Legislaturas”. 

“Es un conflicto que tuvimos en 2005 y lo estamos teniendo ahora”, manifestó y completó que “tenemos que poder hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que compatibilice los dos intereses que perseguimos: la expansión con metas del presupuesto educativo y que eso no entre en colisión con el federalismo y los recursos de las provincias”. 

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) enfatizó que “la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos” porque “es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial”. “En el caso que las provincias no acepten, no firmarían los convenios. Si las obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no van a firmar los convenios, por lo cual la ley no va a ser aplicable”, advirtió. 

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), se mostró dispuesto a “acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto”. “Se nos abre una ventana de tiempo que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable”, señaló y ratificó “la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva”. 

No obstante, recordó que esta misma discusión se dio en el pasado y después “no hubo ninguna demanda de inconstitucionalidad por el artículo que figuraba en la ley original”.

El santafesino reivindicó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, se dio un “diálogo permanente con cada una de las jurisdicciones” para poder llevar adelante políticas con “cofinanciamiento o financiamiento pleno por parte de la Nación”. “Lejos está el espíritu de condicionar, complicar, trabar la gestión económica-financiera de las provincias, al contrario, cada política que hemos llevado adelante hemos tratado de que se haga en acuerdo y con un fuerte compromiso de la Nación”, reiteró y concluyó diciendo que el consenso en torno al proyecto “es una gran noticia y una muestra de que cuando hablamos de unidad nacional es absolutamente posible”. 

Finalmente, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), sostuvo que “tenemos dos visiones que no difieren en el fondo de la cuestión, lo que hay es una diferencia en el criterio constitucional”. Y pidió entonces “tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado; creo que es posible” de manera de “ llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible”. 

El oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo este martes a las 16 en la Comisión de Educación, a cargo de Blanca Osuna, de la Cámara baja, y al día siguiente, una hora antes de la sesión especial prevista para tratar otros temas, pero con vistas a la reunión que se hará por latarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), lo dejará listo para ser tratado en el recinto.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio irá con un dictamen de minoría sobre esa iniciativa que el oficialismo se propone aprobar este mismo miércoles.

En la reunión de este martes está previsto que haya nuevamente invitados, y para el miércoles el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo en una próxima sesión.

Los objetivos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Durante un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable este miércoles un proyecto de ley sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores, que fue consensuado entre la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) y el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT). 

Al exponer, Catalfamo explicó que se trata de “una ley de orden público” dirigida a “todas las personas mayores de 60 años”, a quienes “se garantizan sus derechos”, los cuales “lamentablemente millones de veces se ven vulnerados”. “Es una ley similar a la Ley de Protección de Mujeres”, señaló y enumeró las distintas modalidades de violencias que contempla, entre ellas la patrimonial, porque “hay personas dentro del seno familiar que se abusan de la situación de las personas mayores”; y la violencia en residencias gerontológicas, entre otras. 

Al enumerar algunos aspectos de la iniciativa, la senadora repasó que incluye “el fortalecimiento técnico de las distintas jurisdicciones”, campañas de difusión y capacitaciones y recomendaciones a los medios de “cómo deben dirigirse a este sector”. 

Cuando tomó la palabra, Doñate destacó la tarea del PAMI y la voluntad de su directora, Luana Volnovich, quien puso a disposición “los equipos técnicos que trabajan en ese organismo y nos dieron una perspectiva muy completa”. El senador subrayó que los derechos de las personas mayores muchas veces se ven afectados por “el propio desconocimiento, la falta de empatía, la falta de conciencia” de parte de organismos públicos y empresas.

El oficialista indicó que esta ley contempla los principios que “establecen los marcos normativos internacionales” y, entre otros puntos, ponderó la “creación de la Defensoría de las Personas Mayores, similar a la de Niñas, Niños y Adolescentes”, que “va a gozar de plena autonomía”, así como también un observatorio en el ámbito del INADI. 

Sobre esto último, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) recordó que “dentro de la Defensoría del Pueblo hay áreas específicas a adultos mayores”, por lo que preguntó “el impacto presupuestario de lo que eso significa” la creación de un nuevo organismo. 

“El impacto es muy menor”, dijo Doñate, que igualmente se mostró a favor en todo caso de pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT) coincidió: “La incidencia presupuestaria de este proyecto es ínfima”. 

Las personas mayores y la campaña electoral 

Durante el encuentro, Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aseveró que “en estos tiempos políticos que estamos atravesando, en donde escuchamos a un candidato presidencial (en alusión a Javier Milei) que dice que la igualdad de oportunidades es una aberración, creo que todos vamos a coincidir en poder garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, incluidos -y con más razón- el de los adultos mayores. Es algo en lo que estamos completamente todos de acuerdos, al menos los que estamos sentados acá”.

“Tenemos que tratarlos con más respeto, hablan con un vocabulario que es vergonzoso”, cuestionó e insistió: “Creo que son los tiempos correctos para poder tratar una iniciativa en estos términos y marcar la clase de país que queremos”. 

En el debate, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), una de las macristas a favor de Milei, remarcó que “la mayoría de los jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza, no hay mayor violencia que esa, inclusive la ejerce el Estado Nacional, que hoy le damos un rol de cuidador”. “Este proyecto es fantástico para Disney, para la Argentina de hoy nosotros nos estamos resignando a vivir en una condición que roza lo infrahumano”, lanzó, aunque coincidió en que “los adultos mayores merecen todo nuestro respeto”.

Recogió el guante el senador Guerra, quien opinó: “Hablar de violencia de esa manera, desde el Estado, me parece un poco fuerte. Yo creo que sí es necesario recomponer los ingresos, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando estamos cercanos a una definición electoral sumamente importante. Y hay un sector que claramente lo está proponiendo, mientras que del otro lado directamente se está proponiendo la desaparición de las cuestiones sociales”. 

El resto del temario 

Entre los temas que se despacharon favorablemente, uno fue el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”, con media sanción de Diputados, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Otra iniciativa que tuvo aval fue una impulsada por la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC), sobre la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

“No solamente tiene que ver con la condición del espectro autista sino también con otras patologías”, aclaró la senadora, que dijo que se trata de “generar un espacio amigable, que tenga toda la ausencia de contaminación sonora y ambiental, para que las familias que tienen en su seno niños o adultos” con estas patologías puedan “ir al supermercado, a la juguetería y a un patio de comidas a comer una hamburguesa” sin que “las personas se desregulen en ambientes que le son nocivos”. 

Luego, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), lamentó que “para el común de la sociedad es más fácil señalar y no ponerse en el lugar del otro en estas situaciones”. 

Finalmente, se dictaminó un proyecto sobre campaña de concientización del cumplimiento de la cuota alimentaria, promovido por Catalfamo, quien reclamó que prontamente se trate en el recinto el proyecto de Registro Nacional de Deudores Morosos.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen este miércoles a cuatro proyectos de comunicación, a través de los cuales se le solicita al Poder Ejecutivo tener en cuenta una serie de pedidos de la región patagónica para se contemplen en el Presupuesto 2024, cuyo proyecto ya fue enviado a la Cámara baja, pero todavía no se ha debatido por el proceso electoral.

Todas las iniciativas fueron presentadas por la santacruceña Ana María Ianni (UC-FdT), quien explicó cada una de ellas. El primer proyecto solicita una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos, específicamente los de Dorotea y  Río Don Guillermo, cercanos a Río Turbio, donde se produce un fluido tránsito entre nuestro país y Chile.

Se trata de “poder seguir instalando y fortaleciendo los servicios que prestamos en la región patagónica”, dijo la oficialista y señaló que “muchas veces nuestros pasos fronterizos no cuentan con toda la infraestructura necesaria para que los organismos como Aduana, Migraciones, Gendarmería presten su labor como deben hacerlo, y ahí es donde llegan los reclamos”. 

“Es para que se pueda cumplimentar con brindar el servicio básico, que a veces se trata de conexión de luz e internet para que ellos puedan trabajar y garantizar la atención al público que está migrando permanentemente entre nuestras comunidades”, agregó. 

En segundo lugar, se despachó una iniciativa para incluir en el próximo Presupuesto la instalación de un depósito fiscal en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. “Es para mejorar la infraestructura y fomentar y propiciar un mayor desarrollo económico de la zona”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

En tanto, Ianni detalló que “la actividad minera es la actividad mayormente económica, junto también a la agro-ganadera” en esa zona y “es necesario poder contar con este requerimiento que nos hace llegar la comunidad”. 

Luego se refirió a un proyecto de comunicación sobre la complementación económica a transportadores nacionales aéreos, con el objetivo de garantizar la conectividad de la región patagónica. Ianni recordó que en 1994 se puso en marcha un fondo “para fomentar que las líneas aéreas puedan puedan garantizar la conectividad, inclusive en aquellas rutas que no son rentables económicamente”. 

Al destacar la importancia que tiene actualmente LADE (Líneas Aéreas del Estado) para esta zona, la senadora pidió que se pueda “compensar con una partida los costos que tienen cuando toman la decisión de llevar adelante rutas que quizás no son tan rentables económicamente, pero a nivel social son fundamentales”. 

Al respecto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) sostuvo que “cuando hablamos de más obras y recursos, nosotros los del Norte también queremos ser considerados”. “En el tema de déficit de los vuelos, las provincias del Norte tenemos también muy poca periodicidad”, resaltó y pidió “trabajar en una ampliación de esos servicios, no solamente de LADE sino también de Aerolíneas Argentinas”. Como ejemplo, mencionó que en su provincia el aeropuerto en Sáenz Peña “está ocioso y no lo estamos aprovechando”. 

El cuarto proyecto que se pasó a la firma fue el que solicita que se prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, por el término de diez años, que vence en enero de 2025. 

Durante la reunión, el fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) planteó que debe agilizarse “el trámite de esas cuatro fronteras que debemos atravesar para salir de nuestra provincia y viajar al norte”. “Es una necesidad contar con un corredor seguro entre Santa Cruz y Tierra del Fuego”, afirmó. 

En el final, Zimmermann, vicepresidente de la comisión, pidió al oficialismo poder tratar el proyecto de ley sobre reconversión de los planes sociales, “sobre todo a partir de que ahora salió un decreto que es muy parecido al proyecto de ley que tenemos presentado”; y también la cuestión de los créditos UVA. “Yo sé que a usted (a Guerra), como a mí y muchos senadores es un tema que le interesa, que se sacó un dictamen con disidencias del oficialismo. Hagamos un esfuerzo para que en la próxima sesión sea un tema que se pueda tratar”, manifestó. 

Un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado debatieron este martes sobre un proyecto unificado que busca crear un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas y decidieron realizar un próximo encuentro para invitar a miembros de la Secretaría de Ambiente y la de Producción para que expongan su opinión sobre la iniciativa a fin de elaborar “un dictamen superador”.

La iniciativa fue el resultado de la unificación de dos proyectos, el S-2846/22, de la senadora del Pro Gladys González y el S-34/23 de los senadores oficialistas Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara.

La titular de la Comisión de Ambiente, González explicó: “Trabajamos un dictamen conjunto y se trata de establecer un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas. Si hay algo que falta es sistematizar la información y tener la información para poder tener una política ambiental integral y, en este caso, la ley procura un mapeo para conocer las sustancias químicas que se fabrican y se importan en la Argentina”.

“Establece la obligación de los productores e importadores de registrarse y un inventario de estas sustancias y no provoca ningún tipo de duplicación de registros. Hay más de 30 mil sustancias que se usan en diferentes procesos productivos y esto es un primer paso para poder tener información”, explayó y cerró: “Aquel que no cumpla con el registro y el inventario se lo sanciona, pero no genera ningún tipo de costo extra del productor e importador”.

Al hacer uso de la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero (UCR) destacó: “Creo que la idea del proyecto es buena para tener un listado o un registro de la peligrosidad del producto”, pero aclaró: “En Argentina ya hay varios listados como sustancias químicas en la resolución 504 de Ambiente y tiene un anexo gigante. Después está el registro de la ANMAT de sustancias químicas controladas”, y planteó: “Quizás algún día tendríamos que tener un solo sistema único de registro de estas sustancias”.

“Este proyecto habla de control, evaluación y gestión de riesgos de las sustancias y tiene una parte que es registrarse, pero también es cierto que ya existe el sistema global armonizado ya tiene un trabajo por parte del Estado. No solo nos preocupamos de la importación, sino también de la producción y eso me hace preguntar si se tuvo en cuenta producciones regionales altamente peligrosas como el tabaco, pero también lo involucra al productor y nosotros sabemos desde el interior la cantidad de dificultades que hay para lograr registros para importar, se tienen que hacer trámites en capital en un país donde tenemos un Estado que se entromete en la actividad privada, hay un sesgo anti productivista entre impuestos, cargas y trámites, se la hacen tan difícil y le estamos incluyendo obligaciones al productor”, observó.

El salteño, planteó: “Tenemos que analizar más este tema en comisión porque el artículo 20 habla de restringir la producción y eso solo lo puede decidir la autoridad de aplicación. Habría que tener las consultas necesarias para la numeración no afecte las producciones nacionales como el tabaco y el vino porque acá se tiene la tendencia de limitar y trabar y restringir las producciones”.

A su turno, el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) planteó que, antes de emitir dictamen, “lo enviemos a la secretaría de ambiente y de producción para que den su opinión y los invitemos a una reunión para que expongan acá sobre el tema y si ellos tienen un proyecto alternativo conocerlo”.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Gladys González (Pro), y la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FdT), se reunieron en un plenario este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa cuenta con media sanción desde el 6 de julio de 2022 en la Cámara de Diputados, en un debate recordado porque la mayoría de Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum aquella sesión, pero los legisladores del bloque Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer– permanecieron en sus bancas.

De tal modo, debe ser llevada al recinto de la Cámara alta antes del 30 de noviembre o perderá estado parlamentario por lo que deberá volver a ser tratada y aprobada en la Cámara baja.

Una de las impulsoras de este proyecto fue la diputada nacional Graciela Camaño, quien estuvo presente en el Salón Illia junto a los senadores que integran ambas comisiones y brindó detalles sobre la iniciativa en cuestión.

También, expusieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto; y la bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, Valeria Falabella.

Las exposiciones

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, expresó: “Lo que hacemos es crear una Reserva Marina estricta y un Área de máxima protección permanente o temporal y conservar la biodiversidad marina para la investigación científica y monitoreo”.

Además, señaló que “quedan prohibidas según lo establezca el plan de manejo, los deportes y la caza para conservar el valor de la zona y los ecosistemas marinos”.

En su intervención el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto, destacó que en los últimos tiempos hubo una ampliación y creación de áreas protegidas “récord”. Así, indicó que “todos los parques que se han ido creando son terrestres, pero estamos con este proyecto que ya lleva bastante tiempo de discusión y debate y un poco lo que nos pasa es que no terminamos de entender cuál es la duda sobre este proyecto”.

En esa línea, resaltó que es una iniciativa que fue “debatida, trabajado largamente, que ha sido discutido y analizado por todas las instancias técnicas y políticas desde el Poder Ejecutivo”. Asimismo, remarcó que es un proyecto de la diputada opositora Graciela Camaño que “el oficialismo ha acompañado en ambas cámaras”.

“Es un proyecto que no solo es beneficioso desde el punto de vista de conservación ambiental, sino que también nos permite avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos que ha firmado la Argentina con más de 190 países que es poder alcanzar el objetivo del 30% de áreas protegidas para el 2030”, señaló Granoto.

Además, indicó que el proyecto: “Nos permitiría avanzar en el actual 8% del territorio protegido que tenemos de nuestro Mar Argentino y estamos sumando una superficie más importante de más de 148 mil kilómetros cuadrados en un área protegida bentónica que sería la primera de ese tipo. Sería muy importante para nosotros avanzar con este proyecto el día de hoy”.

El titular de Parques Nacionales señaló que la construcción de aparques y áreas protegidas no solo protegen la naturaleza, sino también ayuda a reforzar la soberanía. “Argentina siempre tuvo esa mirada de que conservar la naturaleza siempre es una forma de ejercer soberanía sobre el territorio”, reiteró.

“La historia argentina va en esa sintonía de crear áreas protegidas, de manejos concretos y que integren la mirada de desarrollo que necesita nuestro país. Es un área bentónica por lo cual las restricciones tienen que ver con la pesca de arrastre que es una pesca que produce un impacto muy fuerte en el ambiente y sobre el fondo del mar, pero no se está legislando sobre la columna de agua”, manifestó y aclaró que el proyecto tiene una modificación respecto del que se presentó años anteriores en cuanto al área que abarca para “evitar conflictos”.

En primer lugar, Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, señaló que “es un área con características geográficas, biológicas y antrópicas”, y amplió: “Agujero Azul son 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas náuticas dentro de la plataforma continental en los términos de la Ley 25.557”.

“Dentro de Agujero Azul hay un área con menos de 200 metros de profundidad y esa zona está atravesada por un foco productivo, y es parte de la plataforma continental fuera de una jurisdicción internacional”, agregó. “Es una oportunidad de gobernanza a través de esta área porque la zona frontal más energética es clave para la estructura del Mar Argentino”, indicó.

A su vez, explicó que en la zona en cuestión hay “nutrientes que están en el fondo -del mar- que pueden ascender y en estas zonas se identifican ecosistemas marinos vulnerables, en este caso, son de agua fría y profundidad”.

También, añadió que “son especies que construyen ecosistemas en tres dimensiones”, y advirtió respecto al cambio climático y la emisión de carbono: “Son valiosas las macroalgas -del fondo del mar- porque el carbono queda capturado en zonas de alta concentración y es una urgencia liberar carbono a la atmósfera”.

Con relación a las características antrópicas, sostuvo que la “zona de presión pesquera que captura calamar en la columna de agua es llevada a cabo por la segunda flota en importancia opera en la zona y el esfuerzo pesquero medido supera las 200.000 horas”. “Esa extracción de recursos destruye ecosistemas”, aseveró Falabella.

Por otro lado, afirmó que “Argentina no pesca en esa área”, pero sí “operan la flota china y española”. “Agujero Azul es famosa por la pesca oscura porque los barcos apagan equipos de transmisión (obligatorios) y realizan operaciones ilegales y es una de las cuatro áreas donde sucede a nivel mundial”, dilucidó la bióloga.

El ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, destacó la importancia del proyecto porque “Agujero Azul nos permite duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas del país”. Además, resaltó la agenda ambiental geopolítica y apuntó contra el espacio de la Libertad Avanza: “Nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática porque la ciencia es la que afirma respecto de la realidad del cambio climático y tampoco somos negacionistas del cambio climático y por suerte solo hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales ni áreas protegidas”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, defendió el proyecto de ley y  explicó que “fortalecerá la presencia argentina en el área; habrá control y vigilancia de la zona para los intereses respecto a la explotación; y está la cuestión simbólica porque yacen los restos del ARA San Juan”.

La titular de la Comisión de Ambiente destacó el “compromiso que hemos asumido en esta comisión, la responsabilidad que tenemos frente a la urgencia porque este proyecto se cae si no lo tratamos rápidamente, aunque el próximo paso es lograr los consensos para que el proyecto entre en la sesión y se apruebe. Es un primer paso de acuerdo”, y propuso pasar a la firma la iniciativa, pese a que la reunión era de carácter informativa.

A continuación, el radical Víctor Zimmermann en su rol de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hizo hincapié en la pesca ilegal y preguntó si hay información con respecto a la actividad económica de la zona y sobre el artículo 3 que habla de cláusulas transitorias. Por último, consultó por los beneficios económicos hacia adelante que generaría el área protegida.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) agradeció la invitación por ser quien impulsó el proyecto y consideró que “no nos olvidemos que hablamos de una zona más de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”.

Asimismo, señaló que “lo que sabemos es por la información de la Prefectura o a través de la ciencia sobre el abuso que se hace de la zona”. “Cuando tuvimos la reunión con la Cámara Empresaria de la Pesca, nos dicen que es una zona peligrosa y es una zona salvaje, esa es la realidad”, aseveró.

“Esto está fuera de nuestra zona de ZEE, pero está dentro de nuestra zona de responsabilidad con los organismos. Entonces tenemos responsabilidad, pero no autoridad para poner orden pesquero y Argentina es un país que puede decir que tiene una administración pesquera de excelencia, pero nos sucede que la altamar hay pocos lugares con riqueza biológica”, agregó.

Finalmente, consideró a Agujero Azul como una zona de riqueza biológica, y cerró: “La plataforma tiene una profundidad que permite que el sol entre y tenemos riqueza natural. Lo que estamos protegiendo es lo nuestro, nuestra administración pesquera y nos honra como argentinos esto”.

De forma breve, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) preguntó si la zona fue elegida porque allí yacen los restos del submarino ARA San Juan o es “casualidad” y se tuvo en cuenta que “esta ley sea como un homenaje a las víctimas del ARA San Juan porque no se mencionó el tema”.

“Explícitamente la ley hace mención del tema y yo lo mencioné como uno de los aspectos centrales, sin lugar a dudas”, respondió Filmus. En tanto, Camaño agregó: “Es un proyecto que pensamos para el ARA San Juan y para la zona, nada es casual”.

A su turno, el riojano Ricardo Guerra expresó que es un tema “de mucha relevancia y muy importante y hay aspectos que están fuera de discusión”, pero señaló que “hay breves aspectos que desde nuestro bloque se quiere terminar de dilucidar y es nuestro compromiso a que en el transcurso de la semana se salde esa evacuación de dudas para proceder a la firma del dictamen. Sabemos de la premura porque es un proyecto que tiene poca vida útil, pero hay que saldar las dudas”.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Ricardo Guerra (FDT), del Senado convocaron a un plenario informativo para este martes 31 de octubre a las 16.00 para volver a tratar la creación del Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul" en la plataforma continental argentina.

El proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de julio del 2022, cuando Juntos por el Cambio buscó dejar sin quórum a la sesión, pero de todos modos, el bloque que preside Margarita Stolbizer permaneció en el recinto y norma se aprobó con 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.

La iniciativa, de cuatro artículos, establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.

Esta reunión quedó acordada el pasado 27 de septiembre, cuando oficialismo y oposición se comprometieron a tratarlo por el pedido de varias organizaciones interesadas en la creación del área marina protegida. En caso de no avanzar en este período (antes del 30 de noviembre), la iniciativa perderá estado parlamentario.

Así las cosas, también será tratado un proyecto impulsado por la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, para establecer el marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas; y otro del oficialismo, del mismo tema, presentado por Antonio Rodas y María Pilatti Vergara.

En medio del escenario electoral y mientras el foco político está puesto en el balotaje y en las internas dentro de JxC, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de la separata del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Solo dos de los cuatro funcionarios invitados asistieron a disertar desde el Anexo “C” Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En tanto Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP, no pudieron presentarse.

El motivo de la reunión fue para debatir la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.

La palabra de los funcionarios

Al comenzar la reunión Heller expresó que la intención del anexo es la de “mejorar el resultado fiscal para apuntar a un Presupuesto que dé superávit del 1% del PBI en 2024”. “Se pone a disposición de la Cámara de Diputados todos los elementos para analizar las cuestiones de la separata y el objetivo es posibilitar que los funcionarios puedan dar la más amplia definición posible”, agregó.

El primer expositor fue el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, quien presentó al anexo del proyecto: “Esta separata, cuyo subtitulo es impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, acompaña al Presupuesto 2024”.

“Formó parte del primer proyecto de este año fiscal y es el segundo año en que el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia de reparar el impacto del gasto tributario”, indicó Rigo, y siguió: “Para el 2024, cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario de 0,9% del PIB (Producto Interno Bruto), está en línea con los objetivos de política del Gobierno y es un valor que en un trienio significa un esfuerzo para consolidar el resultado fiscal”.

En esa línea, agregó: “Si miran los resultados de los últimos años, hay una curva descendente porque en 2023 fue de -1,9% y está previsto el 0,9 para el 2024. Es un sendero plurianual descendente”. También, sostuvo que “el gasto primario de la administración tiene una fuerte incidencia de ciertos gastos que resultan prioritarios en función de la situación económica que atraviesa nuestro país”.

Así las cosas, Rigo explicó que “el peso de los servicios sociales toma un 80% del gasto primario para 2024, que es lo que financia la asistencia social (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y créditos que financian salud y educación)”.

De ese modo, añadió: “Si incorporáramos subsidios a la energía y el transporte ese gasto llega al 85% porque una porción significativa está asociado a aquellas políticas activas y a todas aquellas partidas destinadas a la seguridad social”.

En relación a ese gasto del 85% el secretario de Hacienda señaló que se busca “fortalecer el ingreso de los sectores más desfavorecidos”, y amplió: “Si matizamos que el 85% está destinado a estas partidas prioritarias, podemos lograr en 2024 un resultado fiscal equilibrado y un superávit robusto del 1% del PIB”.

Por otro lado, dilucidó que “tenemos que revisar algún capítulo a la asignación de recursos porque el Poder Ejecutivo viene siendo cuidadosamente activo en la reducción de gastos”. “Con cautela y análisis se ha avanzado en la reducción de los subsidios económicos, trasladando a sectores en capacidad de quienes pueden protegerlos”, consideró Rigo.

Luego, destacó que “el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo porque lo necesitamos para llegar al resultado del 1% en 2024 y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva”.

“El gasto tributario es la cantidad de recursos a los que renuncia el Estado nacional a los efectos de beneficiar en cargas impositiva y esto significa que en algún momento este Congreso ha dictado normas para reducciones permanentes a los efectos de eliminarlas, limitarlas o suavizarlas para que el erario público pueda hacerse de más recursos y lograr el 1% de superávit para 2024”, remarcó.

A su vez, Rigo explicó que “este conjunto de beneficios impositivos, alícuotas y regímenes de promoción conjuntamente con otros subsidios presupuestarios implican una pérdida de recaudación de 4,8% del PIB”, pero aclaró que “hay dos vertientes de explicación de esta pérdida de recaudación, en muchos casos de grandes firmas de grandes compañías y otros sectores”.

En tal sentido, agregó: “El 2,34% del PIB es la porción del 4,8 que corresponde al gasto tributario propiamente dicho, y ese 2,34 lo podemos clasificar en dos grupos que están presentes que se representará en 1,74 del PIB y el 0,64 que son de regímenes de promoción económica”.

Finalmente, Rigo afirmó que “desde el Poder Ejecutivo estimamos que esta discusión es imprescindible. En primer lugar, necesitamos una consolidación más fuerte porque el capítulo de gastos lo revisamos año a año”, y cerró: “En el contexto de la necesidad coyuntural proponemos que nos demos este espacio de revisión amplia y profunda para llegar al 1% del PIB”.

Luego fue el turno de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Fabiana Balestrini, quien remarcó que cuando se habla de gastos tributarios “hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales y se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas”, y subrayó que “todo gasto tributario tiene que estar ligado básicamente y fundamentado a una política pública”.

La funcionaria los clasificó en dos partes, por un lado, los que están contenidos en la Ley del Gravamen como impuestos a las ganancias, al valor agregado, “impuestos internos que también hay que revisar” y, por el otro lado, los que están contenidos en regímenes promocionales. “En ambos casos siempre tienen una característica en común su fundamento en una política pública”, indicó y explicó que las políticas públicas van cambiando porque las necesidades van cambiando con el tiempo y “ante la detección de un problema es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas”.

“Es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento porque de ninguna manera se puede permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados en ciertos sectores definidos y que la política pública dejo de ser necesaria o necesita una readecuación de alternativas”, explayó Balestrini e indicó: “Para qué seguir con un gasto tributario si no se analiza la base del mismo”.

La funcionaria señaló que el gasto tributario es 2.34 del PIB más un 2.38 de “aquellos otros beneficios que pueden tener impacto presupuestario en distintos ejercicios. Algunos vinculados con algunas medidas de diferimiento impositivo”.

Al explicar los diferentes regímenes y su composición, comenzó por aquellos cuyas exenciones o dispensas están contenidos dentro de la ley de origen. Así, arrancó con el impuesto a las ganancias del que explicó: “Es un 0.30 del PIB, si lo desmenuzamos tenemos exenciones que están incluidas en la Ley del Gravamen desde el momento de su creación, pero con el tiempo se fueron acotando y fiscalizando. Pero si vamos a otro tipo de ganancias o dispensas contenidos en ese mismo capítulo tenemos uno que habla de derechos de autor y hoy tienen un límite bajo de 10 mil pesos, pero lo más importante es que esta exención aplica a residentes argentinos y no para beneficiaros del exterior. Argentina acá no esta resignando recursos fiscales porque sobre esos beneficiarios del exterior si se retiene el impuesto”.

“Si vamos a lo que representa más de la mitad el gasto tributario originado por dispensas del impuesto a las ganancias es el caso de los salarios de los magistrados”, señaló y explicó que “esta exención estaba contemplada hasta 1996 y ahí se elimina, pero en ese mismo año el Poder Judicial sacó una acordada donde dice que esa exención sigue vigente. En 2016 para aplicar a las designaciones ahí comenzarían a tener un tratamiento de gravabilidad o sujeto al impuesto a las ganancias los salarios del Poder Judicial de quienes ingresaban a partir de 2017”.

Al respecto, consideró que “hay una situación inequitativa, pero más allá de eso, hay que analizar cuál es la política pública asociada a esta dispensa que representa más de la mitad del impacto”. Así, resaltó que “hay gastos tributarios que están vinculados a políticas públicas son políticas del Estado o del Gobierno”.

“Es importante destacar cómo operan las alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado porque este gasto tributario origina más de la mitad de lo que implica el impacto de los gastos originados en IVA como porcentaje del PIB son las alícuotas reducidas”, planteó Balestrini y analizó a “qué productos se aplican y sectores, vemos una que es la construcción de viviendas y se entiende que es una política pública sustentable que sigue vigente. Si lo vinculamos a productos de primera necesidad como carnes, panadería, verduras, frutas, luego de todo les digo que la misma alícuota reducida se aplica a las obras de arte, entendemos que no hay un tratamiento simétrico en este razonamiento”.

“Ese tratamiento de alícuotas reducidas sobre las obras de arte data desde el 97’ y no se revisan lo vigente y se agregan otras. Es necesaria la revisión y que nos llame la atención de que un tratamiento de alícuota reducida en un impuesto que se considera regresivo tenga tan simétrico tratamiento y se indique una alícuota del 10,5% para una comercialización de una obra de arte en relación a un producto de primera necesidad”, planteó.

La subsecretaria sostuvo que se están “enfocando en analizar las políticas públicas detrás de cada gasto tributario”, y aclaró que “no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos porque hay que ver la política pública de atrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que tener un análisis con la política pública de fundamento”.

Por otro lado, recordó que en 2017 se modificó el Régimen de Imposición a los Combustibles Líquidos por un impuesto fijo actualizable y “se considera que pude ser mucho más impositivo, procedente y de impacto positivo y que se vuelva a un sistema de alícuota variable, es decir, un sistema de cuota valor a comparación de un impuesto fijo”.

Sobre las contribuciones a la seguridad social “tiene que ver con todos los beneficios que se han otorgado en materia de seguridad social en cuanto a reducción”. Además, consideró que “una manera de promoción del empleo vinculado a esta política pública de promoción del empleo puede ser una reducción de las contribuciones patronales, pero siempre planteada por un tiempo determinada, un control efectivo, de resultados e impacto y una reducción decreciente a lo largo del tiempo. Ningún beneficio debe ser para siempre, porque sino no es un beneficio que pueda lograrse evaluar en cuanto al resultado y el impacto que genera”.

En cuanto a las dispensas contenidas en la normativa, se refirió al impuesto a los bienes personales y a impuestos internos que tiene impuestos diferenciales, pero hay que revisarlo con profundidad porque hay asimetrías donde el agua mineral aún tributa impuestos internos a diferencia de otros tipos de bebidas como las alcohólicas que están exentos de impuestos”.

“Hay que hacer un análisis de todas las alícuotas diferenciales que comprenden este impuesto. Sobre bienes personales hay ciertas exenciones que tienen que ver con inversiones financieras y que fueron mutando a lo largo del tiempo con diferentes análisis, pero sigue rigiendo por el régimen de promoción de esas inversiones. SI lo comparamos con la exención de inmuebles rurales hay una dicotomía importante hasta el 2018 estaban gravados, luego pasaron a estar exentos y se genera una asimetría más”, detalló Balestrini.

Al cierre de su disertación habló de los Regímenes Promocionales que “hay 3 o 4 que representan la mayoría de lo que son gastos tributarios relacionados a los regímenes promocionales que datan de años o algunos son más recientes que se van renovando y aggiornando a las nuevas realidades. Se puede ver que hay una política pública atrás que tiene que ver con la exportación de servicios”.

También señaló que “hay Regímenes Promocionales que tienen que ver con las PyMEs que se han redefinido tratando de mejorar la trazabilidad. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego también tuvo su política pública ligada a la población de la isla, hay que analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional porque no tienen que ser permanentes, tampoco eliminarse como acción disruptiva, hay que analizar a qué política pública responde y a qué necesidades para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado, es la única forma”.

En tanto, indicó que hay que analizar otros conceptos impositivos que tienen impacto presupuestario por ejemplo las plataformas digitales porque “uno de los problemas que preocupa es la gravabilidad de las plataformas y de servicios digitales que significa establecer un régimen de retención dentro del impuesto a las ganancias para los beneficiarios del exterior y no a los consumidores finales, porque son corporaciones internacionales que no tributan en el país”.

Las inquietudes de los diputados

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, fue el primer legislador en realizar consultas y se refirió a tres temas. En primer lugar, sobre un estudio de asistencia efectiva para saber qué sectores están asistidos por encima del valor de la economía y que sectores no son asistidos; luego, sobre un proyecto de Marcelo Casaretto sobre OSDE y el 15% de grabación sobre la renta; y respecto de los magistrados, sobre la Ley de 2017 fue declarada inconstitucional por dos jueces, a la que consideró que “creemos que esa ley es constitucional”.

En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó: “Nosotros no sabemos cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo”, pero sí coincidió en “avanzar en un proceso integral de evaluación de impacto de cada política pública, eso es positivo. Se la puede dotar a la oficina de Presupuesto del Congreso para que lleve adelante ese estudio, es algo que hemos reclamado en cada oportunidad. Es algo que me parece perfecto y brillante”.

“Quisiéramos saber cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo respecto de cuáles son los gastos tributarios que planean eliminar”, planteó.

El diputado nacional y economista Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó: “Compartimos en JxC cierto desconcierto con este tema, pero valoramos la explicación”, y agregó: “Lo que nos produce desconcierto es que terminamos gastando más de lo que tenemos”.

Sin embargo, aclaró que “la información y la exposición es clara”. Del mismo modo parafraseó a Cristina Kirchner y relató que “la sigo a la vicepresidenta de la Nación cuando se refirió a esto con mucha contundencia como ‘planeros ricos’ y eso no se traduce en una decisión política de eliminar esto y esto”.

En tal sentido, refirió que “si me preguntan todo lo que implique una desigualdad ante el impuesto hay que quitarlo. Por mí, las eliminarías todas”, y cerró: “Si hemos comenzado una devolución del IVA, no le encuentro sentido a tener alícuotas vigentes”.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) manifestó: “Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata”.

También, advirtió que “en la exención de ganancias de fundaciones, bajo este régimen, hay bancos y aseguradoras. Queremos saber cuáles bancos no pagan cargas tributarias”. “No hay justificación para que las empresas sigan beneficiándose con bajas”, aseveró.

Finalmente, agregó que “este es un presupuesto de ajuste y creo que debemos avanzar en una modificación tributaria integral”, y concluyó: “Hay medidas muy parciales dentro del régimen tributario que es regresivo en su conjunto”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, destacó la concepción que “está detrás de nuestro ministro de Economía que es este camino progresivo para poder lograr un resultado fiscal equilibrado. Me parece que eso es importante en este tiempo”.

“El superávit fiscal y comercial es una columna que nos gustaría recuperar y se los piensa como recortes de gastos y acá nos están proponiendo cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio para los resultados de las cuentas públicas argentinas”, señaló y valoró la decisión política de “visibilizar” el tema y consideró que es “muy valioso” poner la separata del proyecto porque “se puede tratar mejor esos conceptos”.

También, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), consideró que “es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo lo que el necesita para gobernar el primer año”.

A fin de apurar los trámites antes de que concluya el periodo ordinario, un plenario de comisiones se reunió este miércoles para emitir despacho favorable a la creación de cuatro universidades nacionales de las cuales, tres de ellas vienen con media sanción de Diputados votadas en la última sesión de la semana pasada.

Desde el Salón Arturo Illia las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) y el riojano Ricardo Guerra (FdT) respectivamente, dictaminaron los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de los senadores oficialistas convertirlas en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No fueron los únicos temas de la agenda. En el trascurso del día, agregaron al temario un proyecto de la senadora Clara Vega para crear la Universidad Nacional de Aimogasta con sede central en la ciudad de Aimogasta, departamento de Arauco de la provincia de La Rioja, que tuvo dictamen favorable.

También se le dio tratamiento y despacho al proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Universidades en Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja

Al inicio del encuentro, López Valverde informó dos cambios en la composición de las comisiones. Así los senadores Marcelo Lewandowski (FdT- Santa Fe) y Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) se incorporaron a la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de María Teresa Margarita González y Ana María Ianni.

Hecha la aclaración, la sanjuanina se refirió a la Universidad del Salado y remarcó que el proyecto se viene presentando desde 2015 en cuatro oportunidades hasta que “al final tuvo dictamen favorable y cuanta con el proyecto de factibilidad y del CIN”.

“Esto tiene que ver con una estrategia de políticas universitarias y superiores para hacer la oferta a los jóvenes del lugar, evitando el desarraigo y potenciando a los jóvenes en aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción regional”, señaló y agregó: “Esta universidad responde a problemáticas y necesidades de estrategias para el desarrollo regional y la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial y virtual”.

Respecto de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz explicó que “se constituye sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y desde el 2021 es la que cuenta con mayor matrícula de estudiantes. Su campo de enseñanza abarca lo que es la formación docente necesaria porque hay pocos docentes y hay que aumentar el número y que estén bien formados. La educación, las ciencias sociales, humanidades, artes y el campo de la salud pública y mental, este último aspecto es importante porque se pretende trabajar desde una perspectiva de derechos y se está estimulando y motivando a que todas las universidades contemplen los problemas de salud mental y que sean atravesados y profundizados más aún post Covid-19”.

Al hacer referencia a la creación de la Universidad del Saladillo, López Valverde indicó que cuenta con el estudio de factibilidad y el acuerdo favorable del CIN. “Básicamente se va a centrar en las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas, ciencias sociales que incluyen títulos de grado, posgrado, tecnicaturas y diplomaturas. Las propuestas se orientan al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, ambiente, producción y la empresa con acento en tecnología y biotecnología”, detalló y sumó que apunta “a la realidad circundante y a la necesidad de diversificar la oferta académica y de contar con profesionales en ciertas disciplinas que tienen que ver con la realidad económica y que, a veces, no tenemos la cantidad suficiente de egresados”.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) defendió el proyecto que presentó respecto a la creación de la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede en el departamento de Arauco y expresó que “venimos presentándolo desde el 2021 y es muy importante por la trayectoria de La Rioja en educación”.

“Esta es la mejor forma de homenajear a Joaquín v. González porque también, en 1918 varios riojanos fueron parte de la reforma universitaria”, señaló Vega. Además, sostuvo que “la gestión de varios ministros como Joaquín Santos Salinas acompañó a la transformación de la creación de escuelas”.

Respecto a los beneficios en la localidad respecto a la creación de la casa de altos estudios, la senadora explicó: “Es un departamento con mucha producción olivícola y desarrollos termales”. “Parque Arauco tiene la posibilidad de ser un parque hídrico para mayor regularidad de ingreso y producción de energía y está al norte de La Rioja”, indicó.

Así las cosas, Vega reiteró que “si hoy podemos darle dictamen –al proyecto- pondríamos una semilla en el norte argentino para jerarquizar e igualar y Arauco está interrelacionado con Catamarca y muy cerca de Chile”. También, manifestó que “busca generar la llegada de la mayor cantidad de alumnos para las carreras”.

“Creemos que podemos avanzar en igualar y mejorar para ser generadores de esta transformación porque la universidad forma para generar trabajo”, expresó, y concluyó: “Todos nosotros podemos acompañar para que muchos estudiantes que no pueden irse a otro lugar a estudiar tengan ese polo de desarrollo científico y tecnológico para generar autonomía energética. Vamos por ese sueño”.

Creación del Instituto Nacional del Libro Argentino

En carácter de autora, López Valverde sostuvo que el motivo para presentar la iniciativa fue “la deuda que tenemos con la industria del libro y pensar en una política estratégica a largo plazo con respecto al tema”.

“Tenemos una visión sistémica en la que tratamos de incorporar a toda la cadena que tiene que ver con la producción del libro porque cuando una de ellas se afecta, se ven todas afectadas. Podemos decir que, hasta ahora, hemos tenido una visión centralista y todos los esfuerzos los vemos acá con las envergaduras de las librerías, basta con recorrer las calles, y cuando necesitamos algunos títulos especiales quienes vivimos en el interior, cosa que se nos facilita con las nuevas tecnologías siempre tenemos que solicitar de la bibliografía al centro del país”, consideró.

La sanjuanina recordó que el Instituto Nacional del Libro tuvo un antecedente en Diputados al ser presentado en el 2020 por quien fuera en ese momento diputado Daniel Filmus -actual ministro de Ciencia y Tecnología- pero “basándonos en eso y asesorándonos con gente del ministerio de Cultura y con la Unión de Escritores, ayudaron a redactar el proyecto para hacer del INLA un instituto no burocrático, donde el dinero vaya a donde tenga que ir y no se gaste en funciones burocráticas”.

“El primer proyecto de mi autoría fue en el 2021 y luego fue representado con todo el enriquecimiento tanto de Cultura y la Unión de Escritores”, reiteró y precisó que el INLA es un organismo de promoción y fortalecimiento del libro y dependería de la órbita del Ministerio de Cultura.

Entre las funciones, detalló: “Fomentar la diversidad editorial priorizando la participación de las editoriales pequeñas, fomentar la lectura, promover la distribución, circulación y comercialización del libro, favorecer un acceso democrático e igualitario- Se trabajaría todo esto con el Ministerio de Educación y la CONADI”.

En lo que respecta a la composición, la sanjuanina explicó que estará a cargo de un directorio constituido por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo por cuatro 4 años y renovado por un solo periodo más, tiene que ser una persona que conozca del tema. También se designará un director administrativo y un director artístico.  Además, destacó que estará representado por 6 representantes del quehacer editorial, con la siguiente composición: 2 representantes de las cámaras editoriales, 1 representante de los libreros, 2 representantes de los escritores, 1 representante de los traductores autorales; 1 representante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); 6 representantes elegidos por la Asamblea Federal, uno (1) por cada región cultural.

“Tendrán una duración de dos años en sus cargos y no va a implicar un costo porque las funciones serán cumplidas ad-honores”, destacó y añadió que se va a constituir una Asamblea Federal con 1 representante del Ministerio de Cultura de la Nación; 1 representante del Ministerio de Educación de la Nación; 1 representante del Ministerio o secretaria de Desarrollo productivo; la máxima autoridad en materia cultural de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 1 representante de la CONABI”.

López Valverde remarcó que “no solo se hace hincapié en que el libro llegue a todos lados y tener en cuenta editoriales pequeñas, y autores que no se mueven en la órbita de la gran urbe porque buscamos un criterio federal y es por eso que se contempla la Asamblea Representativa conformada por regiones culturales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán dividas en las siguientes regiones culturales: Centro (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Centro Litoral (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); NEA (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes); NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero); Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) y Patagonia (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur)”.

Por otro lado, aclaró que la manera de financiamiento es a través de la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino: “Se plantea una partida específica que anualmente se establece en el presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto total para el Ministerio de Cultura de la Nación establecido en el Presupuesto General de la Nación”.

“Se agrega u porcentaje, a determinar por la Autoridad de Aplicación, de lo recaudado en la asignación del número del Sistema Internacional Normalizado para Libros”, indicó y sumó que el Fondo será destinado a “concursos, traducción de libros nacionales y extranjeros”.

“Adoptará la función como órgano promotor del libro y la actividad cultural y tiene la figura autárquica y autónoma. Vale la pena pensar en la industria del libro porque ha pasado por situaciones críticas como otras tantas áreas por los costos de insumos, la merma del consumo del libro y la transformación tecnológica. Es una deuda que tenemos con la cultura”, cerró.

Como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra adhirió a “todo porque es importante incentivar la escritura y la lectura, ya que debemos esforzarnos para mantener nuestras culturales regionales y es necesario que se complemente con las lecturas en las escuelas”.

Los inicios de la municipalización de Fontana

El senador nacional Antonio Rodas (FdT - Chaco), impulsor del proyecto para declarar de interés a "Los inicios de la municipalización de Fontana”, obra de Ricardo Sosa y Giselle Monzón sostuvo que “hay un gran esfuerzo de muchos escritores para defender la localía, pero no tienen financiamiento adecuado”.

 “En Fontana, perdimos 15 años de vida institucional que recuperamos en 1973 por los únicos que se le suspendió su caracterización municipal y es justo mostrar que sepan los inicios de esta ciudad pujante y progresista”, señaló el chaqueño.

Por otro lado, remarcó –varias veces- que “esta es la reparación histórica que tuvimos con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y con este gobierno”, y aseveró que “a quien le toque gobernar le pedimos que lo haga con la misma sintonía porque después –de Néstor y Cristina- nadie más hizo nada”.

Por último, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su coterráneo Víctor Zimmermann (UCR), lo felicitó por la iniciativa porque “esta obra es trascendental para nosotros porque nos ayuda a difundir nuestra historia y para que se conozca la evolución del pueblo y se sepa del esfuerzo que se tuvo que hacer en la localidad para tener lo que tenemos ahora”.

En una semana corta marcada por un feriado y a cuatro días de las elecciones generales, el Senado tuvo este miércoles actividad en comisiones, donde se trataron varios proyectos que recientemente tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa para transformar en ley el Programa "Compra sin IVA".

En el comienzo, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), resaltó que actualmente ya hay "12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos".

"Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo", afirmó.

Al destacar que el universo alcanzado sería de 20 millones de personas, el riojano defendió que se trata de un "paliativo" en medio de "las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios".

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), aseguró: "Conceptualmente nosotros estamos de acuerdo con el programa, pero todos sabemos de la inestabilidad económica que estamos teniendo en Argentina". En esa línea, consideró que la iniciativa "suma un grado más de incertidumbre".

El chaqueño recordó que "el IVA es coparticipable" y de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del "1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución de este impuesto a las provincias". "Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación", detalló.

Para el radical, en el proyecto se debería incorporar "una fuente clara de financiamiento" o "estudiar la posibilidad de un fondo compensador".

A su turno, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que "todos sabemos que el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos". "Estamos actuando con un criterio que es primo de lo que es la justicia social, porque estamos tratando de llevar justicia tributaria", remarcó el catamarqueño y agregó que "tendremos que hacer las maniobras suficientes para que las provincias se adecuen, pero la prioridad es que el consumo se enriquezca".

"Cuánto cuesta beneficiar a millones y millones de personas en términos impositivos y qué poco cuesta beneficiar a pocas empresas con beneficios impositivos", comenzó en su intervención la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (UC-FdT). Sobre esto, apuntó que los beneficios fiscales para ciertos sectores es "de más de 4 puntos del PBI".

Para la kirchnerista, esta es "una medida de estricta justicia". "Yo entiendo como senadora de la provincia de Buenos Aires que votando esta ley beneficio a mi propio pueblo", sostuvo y desafió a la oposición que "si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI" el proyecto, se "animen" a discutir "la separata (al Presupuesto) que manda por segundo año el ministro de Economía". "A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen", dijo.

Por su parte, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), resaltó que "hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%". Y a partir de eso, "el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación", ponderó, comparando lo sucedido tras las PASO de 2019.

Respecto a la devolución del IVA por la compra de productos de la canasta básica, "no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado", expresó.

En un enfático discurso, al referirse al financiamiento, la mendocina se quejó de que la ley de blanqueo "duerme en la Cámara de Diputados". "Esa es una forma de compensar, ir por quienes no declaran las ganancias que se producen en suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados, evadiendo impuestos en Estados Unidos", aseveró.

"¿Sacándole a los que menos tienen vamos a compensar a las provincias por la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y le cobremos impuestos a los quienes evaden? Los principales evasores en Argentina y el mundo son las multinacionales", subrayó.

Pero también se quejó de que "para colmo, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Cayssials, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias a los jueces. ¡Una barbaridad! Y nadie sale a decir nada".

"Si hay que hacer una compensación desde el Senado de la Nación y trabajar juntos, hagámosla, estamos dispuestos", aseguró, pero le pidió a la oposición que "si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100 mil millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos".

Recogió el guante Zimmermann, uno de los dos senadores presentes de Juntos por el Cambio -la otra fue Guadalupe Tagliaferri- y le contestó: "Voy a mirar el proyecto, con mucho gusto. No estoy a favor de los evasores, así que en ese aspecto cuente conmigo".

Finalmente, el senador Edgardo Kueider (UF) se mostró a favor de la iniciativa y explicó que "el IVA para el Estado Nacional y las provincias hoy por hoy no es un problema, porque debido justamente a la inflación la recaudación interanual del IVA ha superado el 150%". Además, señaló que para hacer efectivo este beneficio "hay que pagar con medios electrónicos, eso es blanqueo y evita la economía informal".

De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, se crea el Programa “Compra sin IVA”, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Promoción de la industria del calzado

En la reunión de este miércoles el oficialismo también avanzó con el despacho del proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado.

Al respecto, el senador Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT) precisó que "en nuestro país hay unas 1.200 fábricas, entre PyMEs y MicroPyMEs, que ocupan más de 56 mil personas en forma directa o indirecta".
Con la iniciativa se buscar "generar la sustitución de importaciones", subrayó y afirmó que brindándole a este sector "una previsibilidad en el desarrollo, vamos a lograr no solamente no tener que importar, sino establecer un mercado exportador a lo largo de los años".

"Este rubro tuvo a partir de 2002 un gran crecimiento, y lamentablemente entre 2016 a 2019 de 111 millones de pares se bajó a 81 millones", apuntó sobre el período del gobierno de Cambiemos. Y añadió: "Cuando todos hablan de achicar y recortar, nosotros creemos que es creciendo, produciendo, ampliando".

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.

Por medio de la iniciativa se crea un "Programa de fomento de la industria local"; un "Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores"; y un "Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado".

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado "Nomenclatura AR" para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, se reunieron en un plenario este lunes para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), a fin de aprobarlo en el recinto en la sesión convocada para este martes en cuyo temario ya había sido incluido.

La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional al Congreso en mayo de este año y recién en julio comenzó su tratamiento en comisión, algo que fue cuestionado por la oposición y que lo calificó de "express". También pidieron que el proyecto sea debatido "con profundidad y prolijidad" y le solicitaron al FdT que lo saque del temario.

El dictamen contó con 42 firmas, entre ellas la de Carlos Fernández (Fte. misionero) y la del neuquino Rolando Figueroa (MPN).

Las modificaciones al Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Comenzado el plenario, el titular de la Comisión de Energía y Combustibles confirmó que el proyecto tuvo ciertas modificaciones y anunció que habrá un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio.

Respecto a las modificaciones para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, explicó que refieren a los artículos 6 (Criterios de evaluación y aprobación de los proyectos), 15 (Cupos Fiscales) y 16 (Impuesto a las Ganancias. Alícuota aplicable) respecto a sus redacciones.

En tanto la modificación al artículo 23, que habla de los derechos de exportación, la incorporación del Valor Referencia 2, Valor de Referencia 3 y Valor Referencia: El primero establece una alícuota del 12% en casos que el Precio FOB supere los 25 dólares; El Valor Referencia 3, una alícuota del 14 cuando supere los 30 dólares; y el Valor Referencia 4, del 15% cuando supere los 35 dólares.  

Finalmente, hay dos modificaciones más en el artículo 24, respecto al acceso a divisas y estabilidad cambiaria, y en el artículo 28 sobre la concesión de transporte de ductos dedicado.

La palabra de los diputados

Tras explicar las modificaciones, el diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro) cuestionó que el proyecto se presentó en julio tras “varios anuncios” y que “prácticamente no ha tenido, más que una convocatoria a invitados, la oportunidad de trabajarse en comisión. Ahora recibimos una serie de modificaciones difícil y difícilmente podamos mensurar qué implican las mismas para un proyecto de ley de esta importancia”.

Sánchez recordó que presentó hace tres años un proyecto similar que fue trabajado con diversos sectores “que se estudió mucho, pero nunca se trabajó en las comisiones todo este tiempo”. En esa línea apuntó: “Ahora que aparece un proyecto impulsado por el acuerdo YPF-Petronas, aparece en aparecía una preocupación por tratarlo rápido. Lo presentaron en julio y hace una semana nos enteramos que lo íbamos a tratar en la sesión y luego aparece la convocatoria a esta reunión conjunta. Bastante desprolijo todo y pareciera que no hay intenciones de que se apruebe, al menos como debe salir un proyecto de esta naturaleza que sería por unanimidad, sería lo adecuado”.

“Quiero lo mejor para el país, no para un sector político. La forma en que se quiere legislar es como una compensación a la falta de credibilidad que tenemos internacionalmente. Si lo queremos combatir de esta manera, con modificaciones a un proyecto que hay que leerlas y entenderlas a último momento, no está la vocación de sacar un proyecto de ley que conforme a todos”, disparó el neuquino en representación de su provincia y cerró: “No es la forma de tratar un proyecto si se lo quiere sacar adelante”, y adelantó que no acompañará el proyecto y pidió trabajarlo “en conjunto, de forma constructiva y prolija mostrando vocación de que el país puede salir adelante con un proyecto que respaldan todos los sectores”.

Luego, la diputada nacional Pamela Verasay (UCR – Mendoza) recordó la visita de Flavia Royón, secretaria de Energía, en dos plenarios en Diputados y manifestó que “no recibimos respuestas a las inquietudes y aparece de manera forzada en el temario porque no tiene orden del día”.

“A pocos meses de irse este Gobierno ¿cuál es la intención de sacarlo a las apuradas? Comprometemos los recursos de los argentinos”, cuestionó la mendocina. “Ni siquiera tomaron en consideración el pedido de invitar a los gobernadores petroleros”, siguió.

En el mismo sentido se expresó Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) quien ratificó las palabras de los diputados preopinantes y cuestionó el tratamiento “exprés sin tiempo de discutirlo”, con tan solo dos reuniones informativas y “sin instancias para debatirlo entre los diputados”.

Así, bregó para poder dar “previsibilidad” a la política energética en el mediano y corto plazo, ya que “los recursos son importantes y pueden mover la aguja del país”. Asimismo, señaló que lo que posee Vaca Muerta “podría generar exportaciones que hagan que Argentina amplié la matriz económica”.

“Si no logramos ampliar la frontera vamos a estar complicados y este tema tenemos que darle un debate producido que trascienda la agenda política y electoral. Tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo que trascienda los gobiernos de turno para que el país se desarrolla. Nos preocupa la forma de apuro en tratarlo y hagan cambios que no dan tiempos a analizarlos”, planteó Cervi y pidió que se tengan en cuenta todos los proyectos que fueron presentados.

También, el presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, destacó que “JxC apuesta al GNL como negocio y competidor en el mundo que afortunadamente Argentina tiene mucho, pero hay que hacer las cosas con seriedad”.

Del mismo modo, planteó: “Este régimen no va a salir con una cantidad de votos necesarios”, y responsabilizó al oficialismo por el fallo contra la expropiación de YPF: “¿Nadie va a decir que Axel Kicillof es un corrupto?”. En relación al proyecto, sostuvo que “lo trabajaría con más tiempo y lo sacaría de la sesión de mañana porque no podemos darle seguridad jurídica a Petrona o a YPF y no lo abordamos con seriedad”.

El santafecino Gabriel Chumpitaz (Pro) adhirió a las palabras de sus pares y planteó que es “preocupante cómo se llevó adelante el tratamiento en esta comisión, más allá de que no hubo debate ni consenso y fue presentado por YPF y a la semana vino la secretaria de Energía. Es decadente que le hagan un traje a medida a la compañía más desastrosa de la historia de la Argentina”.

“Tengo dos cuestiones técnicas que nunca me respondieron ni los funcionarios de YPF ni los de la secretaría de Energía. El primero es el costo de extracción, nadie sabe explicar cómo van a hacer para competir con el costo de extracción de la Argentina comparado con la extracción de Arabia Saudita. Nadie me puede explicar un monto que asegure el negocio en próximos años y la otra cuestión es la distancia hacia los centros de consumos de energía”, criticó Chumpitaz y remató: “Es una total irresponsabilidad por parte del oficialismo”.

Para la diputada nacional Jimena Latorre (UCR) este proyecto de ley “pretende perjudicar los próximos 30 años porque no somos competitivos y tenemos costos que no son favorables”. “A 13 días de las elecciones con la macro desordenada, no haría falta abrir este kiosquito nuevo”.

“¿Por qué se da un tratamiento de esta manera?”, preguntó el pampeano Martín Maquieyra (Pro) y planteó que el proyecto “reconoce todos los errores y mala praxis que ha tenido el gobierno kirchnerista desde el 2003 al 2025 cuando rompieron contratos de exportación, cuando subsidiaron la demanda de energía, cuando expropiaron una empresa, un déficit energético millonario que todavía nos cuesta”. Así, calificó la iniciativa como “presentado mal temporalmente porque tiene tinte electoralista porque la comisión en cuatro años no se reunió, técnicamente deficiente y políticamente mal manejado”.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) se mostró a favor del Régimen de Promoción del GNL y manifestó que “me parece una picardía no recoger el guante”.

Del mismo, aclaró que la sentencia de Nueva York, de la jueza Loretta Perska, por 16 mil millones de dólares “es contra el Estado nacional y no contra YPF”.

De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le respondió a la oposición señalándoles que “muchos de los que están hoy, no estuvieron en reuniones anteriores y no vinieron a escuchar cuando se presentó el proyecto, ni a los funcionarios de economía respecto de lo que implica este régimen de promoción”.

“No hicieron ningún comentario específico de ‘che, quiero modificar el artículo 2, el artículo 8’, sin ningún comentario específico sobre ningún punto del articulado de este proyecto, se viene a hacer una impugnación global de este proyecto”, retrucó y agregó: “Se hace una impugnación global sin ningún tipo de fundamento y, cuando no tienen argumentos, recurren a una gran cantidad de adjetivaciones hacia YPF, hacia el funcionamiento de la comisión”.

Martínez consideró que “estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico” al acusar a la oposición de desviar el tema central y enrostró que “en las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestionamiento tener un régimen de promoción para el GNL. Para poner en movimiento la rueda hay que aprobar esta ley que, si no fuera tan mala no hubiesen presentado otros proyectos”.

El gobernador electo de Neuquén Rolando Figueroa señaló: “Los neuquinos estamos esperanzados con la sanción de esta ley porque este proyecto nos permite exportar gas a Brasil y a Chile y darle energía al campo”, y agregó: “Los patagónicos necesitamos las soluciones de infraestructura que estamos teniendo”.

“Debe existir la voluntad de generar una política de Estado porque se han manifestado los sindicatos del gas y el petróleo, los intendentes y concejos deliberantes de mi provincia para sacar esta ley”, afirmó Figueroa. Asimismo, cargó contra los que se oponen a la iniciativa: “Hay desconocimiento de gas y petróleo para competir en el mundo y el debate debe ser serio”.

A su vez, cuestionó: “¿Cuándo es el momento de trazar políticas de Estado si no es ahora? Vaca Muerta engloba varias provincias”. También, consideró que “el 100 por ciento de cero es cero, y si no se acopian a estos beneficios no los van a tener porque tenemos para abastecer a Latinoamérica y al mundo”.

GNL-Dictamen-oficialismo

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, convocaron a un plenario para el lunes 9 de octubre a las 15.30 en la Sala de Reuniones del 2º piso del Edificio Anexo “C” para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Esta iniciativa fue impulsada en mayo de este año y, además, está incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados para el martes próximo.

El oficialismo, al igual que con el dictamen de la modificación del Impuesto a las Ganancias, volverá a tratar un proyecto en comisiones un lunes para poder votarla en la sesión del día siguiente.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto. 

El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.

A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.

En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.

Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.

Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados. 

“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”. 

El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”. 

También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea. 

Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551. 

Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”. 

“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”. 

Un final caliente

A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.

También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”. 

“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista. 

Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”. 

El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”. 

“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó. 

Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”. 

En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”. 

Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), y la de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT), convocaron a un plenario para este miércoles 4 de octubre a las 12.30 para tratar la modificación de la Ley de Alquileres que vuelve del Senado con cambios.

El 23 de agosto pasado, la oposición unida -excepto la izquierda y los libertarios- obtuvo la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.

En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que había salido de la Cámara baja consistían en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.

La iniciativa aprobada establecía que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.

En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Además, el proyecto volvía a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.

Sin embargo, el jueves pasado en la sesión especial del Senado, el Frente de Todos, aliados con Clara Vega, Alberto Weretilneck y 4 senadores de Unidad Federal, impuso su dictamen de mayoría con modificaciones y el proyecto vuelve a la Cámara baja.

Puntos centrales del proyecto que vuelve a Diputados

La modificación que el oficialismo impuso mantiene un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años; y para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.

En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional y para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.

Del mismo modo, la Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.

Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.

Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.