Las comisiones de Educación y Cultura; y Presupuesto y Hacienda del Senado tuvieron un encuentro plenario este martes para dictaminar el proyecto de Financiamiento Universitario que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto de la Cámara alta y cuenta con las voluntades necesarias para ser sancionada.

En el inicio de la reunión, el senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, presidente de la Comisión de Educación y Cultura, dio lugar a la finalización del proceso de designación de autoridades al ratificar al catamarqueño Flavio Fama como vicepresidente primero propuesto por el bloque de la Unión Cívica Radical.

En defensa del dictamen aprobado, el senador De Pedro, en su rol de autoridad del plenario, aclaró que “se está debatiendo el presupuesto mínimo para que las universidades puedan funcionar garantizando los haberes docentes”. Del mismo modo, manifestó: “Para que el Gobierno nacional recapacite, desde noviembre hay una una inflación acumulada del 135%, pero la recomposición salarial fue de apenas el 57% y el poder adquisitivo bajó un 33%”, y añadió: “El 80% de los docentes se encuentran debajo de la línea de la pobreza”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, Ezequiel Atauche, señaló que “es un tema que a nosotros nos preocupa y desde el Gobierno hemos levantado un 70% el presupuesto”, pero advirtió que “desde el 2022 no se levantaba y antes no se reclamaba” -en tono irónico-. “Debemos cuidar los bolsillos de los pagadores de impuestos argentinos”, deslizó.

En tal sentido, refirió que “eso debería ser parte de la discusión”, agregando que “el impacto fiscal de esta medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, ronda los 800 millones de dólares y el Ministerio de Capital Humano informó que ronda los 1.100 millones”. “Entendemos que hay cuidar el déficit cero porque es la forma en la que vamos a disminuir la inflación”, sumó y aseveró: “Esto tiene un alto costo fiscal”.

En el cierre, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, fustigó al Gobierno nacional y anticipó que buscarán llevar este debate al recinto para una sesión ordinaria estipulada para este miércoles 4 de septiembre. En caso de no ser así, la sesión se llevaría a cabo al día siguiente.

El debate 

Tras ser designado autoridad del plenario, el catamarqueño Fama le contestó al jefe de bancada oficialista: “El sistema universitario no está pidiendo presupuestos adicionales”, y agregó que “nunca se había dudado de los informes de la OPC, pero ahora empezamos a dudar”. Confirmó su voto afirmativo en la sesión venidera en el Senado.

Por otro lado, se refirió a la discrecionalidad en el uso de los fondos: “Hay sospecha de maniobra poco santa en el uso de los fondos, pero si hay un sistema federal, libre e inclusivo ese es el universitario argentino”. “Si hay algo que verdaderamente iguala a los argentinos es nuestro sistema de educación superior público que depende del Gobierno nacional”, afirmó el radical, y concluyó: “Dentro de la autonomía universitaria, se debe respetar la Ley de Administración Financiera”.

En la misma línea que su compañero de bloque, el senador Martín Lousteau cargó contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “Me llama la atención que se diga que este gobierno tiene preocupación especial por la educación cuando la comisión de Educación recién constituyó la semana pasada, no se prorrogó el FONID y hubo una gran marcha universitaria”.

Al igual que Fama, anticipó su voto a favor del proyecto en cuestión y continúo con las críticas al Poder Ejecutivo Nacional: “El presidente habla de la educación como adoctrinamiento y aún hoy no terminan de cumplir con los gastos de financiamiento, nos lo dicen los rectores”. “Si le preocupara la educación, no se hubieran comido dos meses por la pérdida de salario de los docentes. No se aprecia ese desvelo por la educación”, cerró.

Luego de las intervenciones de Carlos Linares y Fernando Salino, el senador neuquino Oscar Parrilli (Unidad Ciudadana) mencionó lo ocurrido en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y los problemas que hubo por la intervención policial y lo catalogó como “intento de violación de la autonomía universitaria”. En tal sentido, anunció que va a presentar una cuestión de privilegio por el hecho.

A su turno, la senadora misionera Sonia Rojas Decut (Frente Renovador de la Concordia) remarcó su aval al proyecto y cargó: “Hay que pensar en solidas políticas educativas y científicas si queremos hablar de prosperidad nacionaly nosotros vamos a actuar con en concordancia con nuestros pares de la cámara baja”. “Creemos firmemente que la universidad debe contar con los recursos para su funcionamiento”, reiteró.

Por último, el formoseño José Mayans confirmó que “vamos a tratar de hacer la ordinaria este miércoles” (en estos momentos se negocia en el seno del Senado hacer la sesión este 4 de septiembre para tratar Financiamiento Universitario, el DNU 656/24 por el que el Gobierno le otorgó 100.000 millones a la SIDE y Boleta Única de Papel). “La propuesta de tratamiento que tenemos es ir mañana con los temas que le preocupan a la sociedad y creo que vamos a llegar a un acuerdo”, remarcó.

Con apoyo de la oposición dialoguista, La Libertad Avanza logró en la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría del proyecto de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocido como paquete fiscal, con la insistencia sobre la restitución del impuesto a las Ganancias y los cambios en Bienes Personales. Fue durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista José Luis Espert, que se llevó a cabo luego del plenario que despachó la ley de Bases con los cambios del Senado. 

En línea con lo pedido por el Poder Ejecutivo y un conjunto de gobernadores, interesados en recuperar fondos coparticipables, se buscará volver a incorporar dos capítulos de la versión de la ley que salió de la Cámara baja el pasado 30 de abril. 

Por un lado, se trata de la vuelta del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría: pagarían trabajadores solteros a partir de los 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde los 2,2 millones. Por el otro, el tramo del proyecto referido a los cambios en Bienes Personales: una suba del mínimo no imponible de 27 millones de pesos a 100 millones, una reducción de las alícuotas y un aumento del monto de la vivienda exenta, entre otros puntos. 

Además, el dictamen indica que se intentará insistir con el artículo 111 (del texto de la media sanción), que instaba al Poder Ejecutivo a que en un plazo de 60 días de sancionada la ley envíe al Congreso un proyecto tendiente a incrementar los recursos hasta un 2% del PBI “mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o cualquier otro gasto tributario”. Si bien este artículo se cayó en el Senado por los dos tercios de los votos -por lo tanto requiere esa misma mayoría para ser reincorporado-, los diputados de la Coalición Cívica pujaron para volver a votarlo, con el objetivo de fijar su postura sobre el tema e insistir respecto al régimen especial del que goza la provincia de Tierra del Fuego. 

En el despacho, que reunió 27 firmas a favor -con cuatro disidencias parciales de Juan Manuel López (CC), Mariela Coletta (UCR), Lisandro Nieri (UCR) y Martín Tetaz (UCR)-, se prevé que todos los demás cambios introducidos por la Cámara alta -muchos de ellos en el capítulo del blanqueo-, se aceptarán. 

En el comienzo del debate, el jefe de bancada oficialista, Gabriel Bornoroni, mencionó brevemente los objetivos de la reunión: “Hay dos posibilidades, aceptar o rechazar el texto del Senado”. “Creemos que la versión que aprobamos en Diputados debe tener vigencia y tenemos que insistir con Ganancias, Bienes Personales y el artículo 111”, resumió el cordobés. 

También desde LLA, el salteño Julio Moreno Ovalle defendió que lo que están “buscando es un equilibrio de las finanzas públicas. Se debe recurrir a los impuestos al saber que no podemos emitir dinero”. “Por lo menos hasta que empiece un proceso de reactivación y crecimiento de la economía, debemos insistir con los impuestos”, reiteró y consideró que la vuelta de Ganancias “va a beneficiar a todos los gobernadores que en este momento están suplicando que les aumente la coparticipación”. 

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, reiteró que no van a acompañar el blanqueo en la votación en particular en el recinto. En su intervención, defendió el regreso de la cuarta categoría de Ganancias y aclaró: “Se dijo que la alícuota es del 35%, pero la que pagarán los trabajadores es del 1%. No hay que asustar a la sociedad, hay que informar mejor”.

Luego, hizo un breve repaso sobre el artículo 81 de la Constitución Nacional y amplió la cuestión sobre la posibilidad de reflotar los capítulos rechazados en el Senado: “Se rechazó el artículo 111 del gasto tributario, pero tenemos el privilegio de conseguir el mismo número como cámara de origen para reflotarlo”. Entre ironías y cuestionamientos al Senado -y en particular al senador del Pro Luis Juez-, López consideró como “un privilegio de la Cámara de Diputados otorgado por la Constitución” el tener exclusividad en el ingreso de los proyectos que legislan en materia tributaria. En tal sentido, remarcó: “No se puede meter la Corte porque esto es constitucional” y reiteró su voto a favor del artículo 111 del paquete fiscal.

Finalmente, pidió que “haya dos tercios para revisar el gasto tributario el jueves”. “Los representantes de Tierra del Fuego no se enojen porque no es contra ustedes, pero su provincia es 0,33 de 4,75 (del gasto) y hay un montón de intereses”, lanzó y opinó que “tenemos que ser lo suficientemente valientes para mirarlos, hagamos el informe y votemos el artículo 111”.

Desde el Pro, la santafesina Germana Figueroa Casas señaló que la cuestión fiscal “es un tema integral” y “cuando se planifican medidas fiscales, como por ejemplo una exteriorización de activos, se necesita que haya una reforma fiscal, sino va a fracasar. Entonces, los que votaron en contra de Bienes Personales es porque quieren que fracase”. En ese sentido, dijo que si no se avanza con una cosa y sí contra, el blanqueo que se propone “se va a transformar en los blanqueos que hubo en años anteriores, que fueron a medida de algunos”. 

“Si no votamos Ganancias estamos votando por un régimen que se basa en el impuesto inflacionario, que es el peor de los impuestos. Un país normal tiene un impuesto a la renta. Es la columna vertebral de un régimen tributario”, argumentó. 

En contra de ambos proyectos, la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá aseveró que “el espíritu que recorre a ambas leyes y por lo cual hay que rechazarlas” es que tienen “una orientación completamente antiobrera, reaccionaria y una versión totalmente empeorada”. “La ley de Bases premia al trabajo no registrado”, criticó y sobre la vuelta de Ganancias enfatizó: “¡El salario no es ganancia! Ganancias tienen los bancos, las empresas, las mineras, las petroleras, los que invierten en la especulación financiera”. “A la burguesía se le reducen los impuestos y a los trabajadores se les restituyen”, expresó. 

Desde Unión por la Patria, Juan Marino citó fallos judiciales que avalan la postura de la oposición respecto a las acusaciones que hicieron sobre declarar inconstitucional a la ley de Bases y al paquete fiscal. En primer lugar, habló de los cambios en el texto de medidas fiscales y cargó que “no se puede repetir sobre lo que ha sido rechazado por el Senado de la República y se considerará inconstitucional”.

A su vez, mencionó otros fallos y agregó que la ley de Bases está “lejos de cumplir con los estándares de la Corte Suprema de Justicia”, y remarcó que “se procederá a la judicialización de la misma”. “El Ejecutivo vino a generar un conflicto de poderes –con el DNU 70/2023 y la delegación de facultades- , la ley Bases es inconstitucional y la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia”, cerró.

Prórroga del programa de entrega voluntaria de armas

Durante la reunión, se pasó a la firma -sin debate- el dictamen del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que dispone la regularización de la tenencia de armas y la prórroga del programa de Entrega Voluntaria de Armas. El despacho reunió 26 firmas a favor. Ya había tenido aval en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, por lo que quedó listo de ser tratado en el recinto. 

Por un lado, la iniciativa dispone un plazo de 360 días para que quienes posean armas no autorizadas se presenten ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se estima que cerca de 800 mil están en una situación irregular. 

Por otra parte, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027 la entrega voluntaria de armas. La última prórroga se había votado en septiembre de 2022. 

NOTICIA EN DESARROLLO 

 

 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por José Luis Espert, se reunirá para dar el dictamen final al proyecto de ley sobre medidas fiscales paliativas y relevantes, conocido como paquete fiscal. Sin embargo, la citación para este martes a las 18 contempla también dar el aval a la iniciativa sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria establecido en la Ley 26.216.

En primera instancia, el paquete fiscal, proyecto que acompaña a la ley Bases en su tratamiento, será dictaminado para su posterior votación en el recinto de la Cámara baja el próximo jueves. Resta aun, conocer qué versión se convertirá en ley: si la que se aprobó en Diputados el 30 de abril, o la que volvió del Senado con la eliminación del regreso de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y las modificaciones a Bienes Personales, entre otras.

Desde el Gobierno negocian a contrarreloj para volver a introducir estos últimos dos artículos tal como se votaron positivamente en la primera media sanción de la ley Bases. A diferencia de lo que ocurrirá con el capítulo de privatizaciones, desde el oficialismo confían en que el paquete fiscal sea ley con los capítulos sobre Ganancias y Bienes.

Respecto a la entrega voluntaria de armas de fuego, la idea del Gobierno es establecer una opción a la ciudadanía y su tenencia legal. Es por eso que la iniciativa establece un procedimiento de regularización excepcional, o en su defecto la entrega voluntaria (y anónima), para su destrucción a cambio de un incentivo económico.

El texto señala que es “esencial para cualquier política de seguridad pública garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego, ya que, por su naturaleza, son capaces de provocar una grave afectación a la vida y a la integridad de las personas”.

Desde el Gobierno aseguran, en el proyecto, que existe un número significativo de armas de fuego en circulación en todo el territorio nacional, que carecen de registración o que, teniéndola, sus titulares entienden prudente su entrega voluntaria. Estiman que más de 800.000 están en una situación irregular.

Por tanto, expresan en la iniciativa “deben ser contemplados ambos supuestos, que son concurrentes al propósito de una mejora significativa en el control del circulante de armas de fuego en nuestro país”.

“Las barreras burocráticas, la dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas”, cuestionaron en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

Al término del plenario de comisiones que trata la ley Bases en el Senado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para avanzar sobre el proyecto de ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes. Al dictamen que circuló durante la jornada se le agregaron más modificaciones que habrían garantizado las firmas suficientes, aunque al cabo del encuentro se pasó a un nuevo cuarto intermedio.

En el inicio de esta quinta reunión, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza – Jujuy), anunció que “hemos puesto un dictamen con amplio consenso con modificaciones de los senadores”.

En palabras del senador puntano Fernando Salino, la oposición ratificó su rechazo a este proyecto: “Es complicado proceder de esta manera porque se dice que estamos en un contexto de superávit fiscal y esto no se nota”. “se nos hace muy difícil acompañar esto”, anunció.

Además, planteó que “la OPC dice que el total de transferencias no automáticas a las provincias disminuyó en más del 80%”, repasó cuestiones del articulado de la iniciativa y señaló que “la inflación en dólares cada vez más gravosa y superávit que no vemos”. “Esta ley no mejora la calidad de vida de los argentinos y la vamos a rechazar”, reiteró.

A la espera del dictamen con las nuevas modificaciones -se encontraba en plena redacción-, la senadora Juliana di Tullio cuestionó la tardanza y el salteño Juan Carlos Romero salió al cruce: “No veo nada anormal que, estando en comisión, se agregue un artículo. ¿Cuál es el drama? Comisión es cambios”.

Finalmente, el boceto del despacho arribó al Salón Azul y el secretario de la comisión Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) agradeció por incorporar las sugerencias y puntualizó sobre la derogación al monotributo social propuesto en la redacción del proyecto.

En su intervención, remarcó que “la derogación del monotributo social iba a tener vigencia dentro de los 90 días posteriores de la sanción de la ley porque había un compromiso de palabra por parte del Gobierno Nacional de mandar un proyecto para que, de alguna manera, los monotributistas sociales queden encuadrados dentro del esquema tributario y no queden fuera de la cuestión”.

En respuesta, sumó que “planteamos una modificación que es que no se ponga en vigencia la derogación hasta tanto no haya un proyecto que este realmente en marcha”, y reconoció que “vino una contrapartida que es que los monotributistas paguen 9.800 pesos de aporte jubilatorio, que tengan obra social opcional y no van a pagar el aporte tributario para quedar adheridos al programa de salud”. El chaqueño confirmó su adhesión a las modificaciones.

Antes pasar a un nuevo cuarto intermedio, Atauche leyó la principal modificación que se le hizo al dictamen que circuló durante la jornada de este miércoles respecto al artículo 22 del título IV, capítulo VI, sobre regalías de la Ley 24.196: “Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías o decidan percibir no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘bocamina’ del mineral extraído”.

Una vez que leyó la modificación, Atauche indicó que la redacción quedaba a disposición de los presentes antes de pasar a la firma. En ese momento, se anunció el pase a un cuarto intermedio sin fecha y hora definida. Pero confirmado el dictamen de la ley de Bases, se dio por descontado que el humo blanco también alcanzaba a la Comisión de Presupuesto.

La oposición en la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo en torno a un dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero igualmente, conforme a lo que se había votado en la última sesión, logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro de postergar el tema. 

Al arrancar la reunión, el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, recordó que el encuentro se daba en el marco de un emplazamiento, pero planteó llevar adelante un cronograma y recién emitir dictamen el miércoles 12 de junio, con el fin de tener un “estudio serio y profundo” sobre el costo fiscal del asunto. 

Sin embargo, su propuesta naufragó porque la oposición -en condición de mayoría- insistió con respetar el emplazamiento votado, que había dispuesto el jueves pasado para el comienzo del debate y este martes para la firma de los despachos. 

En el final hubo en total cinco dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas. 

Desde UP plantearon en su despacho la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional. 

Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado.

Pero además, como revelaron las diputadas Carla Carrizo y Danya Tavela, el radicalismo incluyó en su dictamen establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Esto generó polémica y rechazos por parte de legisladores de otros bloques, al traer al debate un tema que viene siendo reclamado hace tiempo y que no estaba contemplado en el emplazamiento. 

Con fuerte enojo contra Rodrigo de Loredo, el cívico Maximiliano Ferraro habló de una “mejicaneada”. “Yo no voy a permitir que este plenario o esta Cámara habilite el ‘como sí’ la simulación o el cinismo para pagar las culpas que puede tener alguna conducción de bloque”, lanzó y se manifestó en contra de que “vengan hoy acá a cambiar el eje de lo que es producto de esa sesión que tuvimos” para quedar “como abanderados de la esencialidad educativa”. 

Y atribuyó que esa propuesta es “porque no pueden hacerse cargo algunos del acuerdo que lograron con Unión por la Patria y el resto de todos los bloques opositores” para emplazar a las comisiones. “Lo hago responsable al presidente del bloque del radicalismo de cambiar el eje de la discusión que teníamos que dar hoy”, enfatizó Ferraro. 

Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.

El presidente Javier Milei decidió no extender este año la vigencia del FONID, que venció el pasado 1ro. de enero. La última prórroga, por dos años, había sido por un decreto de Alberto Fernández en 2022. Desde su creación, en 1999, fruto de la protesta docente de la “Carpa Blanca”, el FONID fue a lo largo de todos estos años prorrogado por distintas leyes o decretos.

Los recursos destinados a las provincias tenían como objetivo contribuir a los salarios docentes, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los fondos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 15% del sueldo de los maestros.

El mayor reclamo surgió además de que el Presupuesto 2023, prorrogado este año, ya tenía previstos los montos para el FONID. Sin embargo, en marzo pasado, mediante el DNU 280/24, el Gobierno modificó el destino de estas partidas. 

El debate

“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el costo fiscal, que estimamos en no menos de 1 billón de pesos a 1,4 billones de pesos; teniendo en cuenta que el superávit que este Gobierno ha logrado, pero que en realidad ha logrado la sociedad argentina durante estos cinco meses en base a un gran sacrificio, es de 1,1 billones, les queremos proponer un cronograma con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme para la sociedad argentina, no para el Gobierno o la Secretaría de Educación”, planteó Finocchiaro en el principio. 

Y, a continuación, sugirió convocar a una reunión informativa para este jueves a las 13, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell; otra para el próximo 5 de junio a las 14, con los ministros de Educación del país; y finalmente el miércoles 12 de junio a las 15 para dictaminar. 

Al hablar inmediatamente después, la vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna, resaltó que el emplazamiento de las comisiones fue votado en el recinto por 152 diputados. “Es clave no relativizar su envergadura”, enfatizó y dijo que “no hay en la historia de esta Cámara un desconocimiento a un emplazamiento”. Además, mencionó que anteriormente un grupo de diputados había apelado al artículo 109 del reglamento para incorporar las iniciativas sobre FONID al temario de la comisión; y que se recibió también una nota de ministros de Educación de distintas provincias pidiendo su tratamiento. 

La entrerriana señaló que el FONID fue “una responsabilidad asumida en el acuerdo democrático por la Nación y las provincias” y se implementó “por todos los gobiernos, más allá de los colores o partidos”. “Incluso usted como ministro de Educación (durante la gestión Cambiemos) cumplió con el FONID; quizás no como nos hubiese gustado, pero cumplió, así que no se va a poder desdecir”, le enrostró la legisladora de Unión por la Patria a Finocchiaro. 

“La educación argentina necesita docentes con buenos salarios”, aseguró y si bien admitió que “el FONID no soluciona cabalmente esa realidad” es “indispensable que asumamos esta responsabilidad”, respecto de mantenerlo vigente. 

Molesto con la intención del oficialismo y el Pro de dilatar la cuestión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, arrancó: “El reglamento, las resoluciones tomadas por el recinto y los acuerdos políticos están para cumplirse”. Y cuestionó que con este tema “que afecta a todas las provincias y a todos los docentes de la República Argentina, algunos quieren mirar para el costado”. 

“Que vengan a proponer un cronograma que no tiene nada que ver con lo votado por 152 diputados tiene un límite, que es el que nosotros tenemos que expresar: nosotros venimos a dictaminar sobre el FONID, por decisión política de nuestro bloque, pero además porque lo indicó el cuerpo en una decisión tomada en el recinto, a la cual no se puede obviar ni postergar”, ratificó. 

A su turno, el diputado del FIT Christian Castillo fustigó contra el oficialismo: “Acá se ha sostenido que hay que bajar el impuesto a los Bienes Personales y lo han votado un montón de diputados y diputadas. Para bajarle impuestos a los que tienen departamentos en Miami y Punta del Este hay plata. Para el FONID y que los docentes ganen un poco más, no hay plata. Para no enviar la comida a los comedores populares, no hay plata. Para darle exenciones impositivas a (Marcos) Galperin hay plata. Para el salario de los docentes universitarios, no hay plata. Para bajarle Ganancias a las grandes corporaciones con el RIGI, hay plata. En este punto se concentra parte de la hipocresía de todo el discurso gubernamental, que es: plata para los que están forrados en guita hay, y cada vez les damos más; plata para el pueblo, nunca hay y les sacamos cada vez más. Entonces, no vengan con lo que significa económicamente. Está la plata, lo que pasa es que la quieren girar hacia otro lado”.  

Desde La Libertad Avanza, Santiago Santurio lamentó que “estamos hablando poco y nada sobre si están aprendiendo los chicos en los colegios o no” cuando hay un “retroceso en alfabetización” y “los chicos no saben leer ni escribir”. 

“El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas. Las provincias son responsables de este Fondo”, consideró y dijo que “el FONID claramente no está vigente, tenía una fecha y caducó” y así lo sostuvo “un juzgado de La Plata” ante un reclamo judicial. “Es muy fácil gobernar repartiendo plata. Esa manera de gobernar es la que nos trajo hasta acá. El superávit es la piedra angular para salir de la decadencia”, argumentó el libertario. 

Al cruce le salió el diputado de UP Hugo Yasky: “Cuando escucho hablar a algún diputado, yo me lo imagino un mes teniendo que trabajar en las condiciones que trabajan las maestras de la Argentina en las barriadas pobres, y lo encontraría desesperado, pidiendo a los gritos que lo saquen de la escuela. ¡Reivindico a las maestras de la Argentina! Que con dignidad le enseñan a leer y escribir a estos que son verdaderos ignorantes”. 

En sintonía con el oficialismo, la macrista Silvia Lospennato cuestionó la práctica de “legislar con una enorme irresponsabilidad fiscal y técnica”. “Gastamos los recursos del Estado que son el aporte de cada contribuyente de la Argentina con los cinco dedos oscilantes, no sabiendo cuánto cuestan los proyectos”, subrayó y consideró que “tenemos el déficit fiscal que tenemos, entre otras cosas, porque los legisladores nos creemos que se hace la plata escribiendo en un papel los gastos que se nos ocurre hacer”. 

 

Tras un largo debate, que arrancó a fines de marzo, las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados concluyeron este miércoles con los dictámenes en relación a la fórmula de movilidad jubilatoria. Aunque Unión por la Patria junto a la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y bloques federales intentaron arribar a un consenso para lograr un despacho en común, no hubo acuerdo. 

De esta manera, se firmaron un total de cinco dictámenes, siendo el de UP el de mayoría, con 33 firmas. En segundo lugar, el de la UCR, CC, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, con 19 firmas. El tercer despacho, en cantidad de firmas, fue el del oficialismo, con 12 -dos en disidencia de los aliados del MID-. Finalmente, el dictamen del Pro reunió 8 rúbricas y el del Frente de Izquierda, 2. 

Luego del plenario, los radicales, cívicos y federales pidieron formalmente una sesión para debatir el tema en el recinto el próximo 4 de junio. 

Unión por la Patria y este otro sector de la oposición acercaron posiciones respecto de la fórmula de movilidad y la recomposición de los haberes previsionales, pero el acuerdo se trabó en torno al uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El kirchnerismo no quiere tocarlo, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme. 

Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más. 

Por su parte, el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”. Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.

Durante la reunión, la diputada Romina Del Plá (FIT) defendió que el proyecto de su espacio es que el que otorgaría un “verdadero aumento jubilatorio”. “El FMI acaba de felicitar al Gobierno argentino por el sobrecumplimrnto del ajuste y las metas”, señaló, las cuales opinó se alcanzaron mediante “la brutal licuación de las jubilaciones”. 

Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres (HCF) defendió el proyecto de la UCR, la CC y los bloques federales: “Respeta en todo momento el resguardo del equilibrio fiscal”. “Es un dictamen sólido y ético”, sostuvo, al tiempo que advirtió que “el ensamble de la fórmula vieja con la actual es indispensable que sea totalmente coherente”. 

A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC) enfatizó: “Todos coincidimos en que hay plata, porque hay sobrecumplimiento de las metas del FMI”. En ese sentido, desafió al Gobierno diciendo que podría recaudar más sobre impuestos que hoy no se cobran y terminar con ciertas exenciones impositivas. Además, “de las privatizaciones (que plantea la ley de Bases) va a salir más plata”, dijo y agregó que “va a ir habiendo plata si tomamos más decisiones políticas para los jubilados”. 

“Lo que estamos proponiendo es razonable, posible y el financiamiento está”, insistió el legislador “lilito”, que completó: “Ojalá que el presidente, asesorado por el ministro (Luis) Caputo, no lo vete, porque va a tener el dinero para pagarlo”. 

Desde La Libertad Avanza, el salteño Julio Moreno Ovalle indicó que “hay más de 5,7 millones de jubilados, el 64%, que accedió a jubilación a través de moratorias” producto de “toda esta economía informal que venimos padeciendo en los últimos años”. “El deterioro de la jubilación empieza muy fuerte en 2017”, expresó y cargó nuevamente contra las moratorias, al decir que “llevaron a que este sistema de previsión se desfinancie”. “Debemos ratificar el decreto 274. Este Gobierno está cambiando muchísimo el país, le tenemos que dar tiempo”, sostuvo. 

Hacia el cierre, el jefe del principal bloque opositor, Germán Martínez (UP), celebró que “hay una enorme mayoría en este plenario de comisiones que quiere avanzar en una mejora de los haberes de los jubilados” porque “hay un reconocimiento que en estos meses ha habido un grave retroceso”. 

El santafesino recordó que en la ley ómnibus original “existía un claro objetivo de prácticamente hacer desaparecer al FGS” por parte del Gobierno, para exponer luego las diferencias dentro de la oposición. “Donde está habiendo las diferencias es en el financiamiento de las cajas no transferidas y qué pasa con aquellas sentencias que ya están firmes en los que son los juicios por ajuste. Qué se hace con el stock de deuda que tiene la Nación con las provincias”, explicó. 

“Estos dos temas, que no son el núcleo conceptual, que tiene que ver con la recuperación de los salarios de los jubilados, son los puntos de diferencia que nos impiden acordar una posición mayoritaria”, resumió. 

En la misma línea, el diputado Itaí Hagman (UP) manifestó: “Estuvimos muy cerca y por un aspecto al que no le quito importancia, pero que no hace al centro de las preocupaciones que motivaron este plenario, que era cómo recomponer los haberes jubilatorios, terminamos teniendo dictámenes separados”. 

El porteño valoró que desde su espacio cedieron en varios puntos. “Este dictamen no es nuestro proyecto de ley original, que era mucho más ambicioso. No puede ser que por una diferencia que tenemos sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad o sobre cuál es la mejor manera de resolver las deudas del Tesoro Nacional con las provincias, o las sentencias, que por ese aspecto no podamos dar una respuesta efectiva e inmediata”, observó. En el final, llamó a “que podamos trabajar de acá a una próxima sesión para poder sancionar una ley” y buscar el consenso con el otro sector. 

Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de Previsión y Seguridad Social 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió este miércoles sobre los proyectos de fórmula de movilidad jubilatoria, pero la firma final de los dictámenes se retrasó una semana más. A pesar de que los despachos ya habían sido suscriptos en Previsión y Seguridad Social, se decidió que el próximo 15 de mayo a las 14 se hará un plenario de ambas comisiones y se terminará de completar el trámite. 

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión, José Luis Espert, detalló el costo fiscal de los cuatro dictámenes que salieron de Previsión y Seguridad Social, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, a la que además le pedirá un nuevo estudio sobre una propuesta del Pro. El oficialista señaló que el costo fiscal de las medidas tomadas por el DNU en relación a la fórmula de movilidad es de 7,14 puntos del PBI. “Ya el DNU tiene un costo fiscal del 0,31%. Si hay más gasto fiscal, respecto de la Ley 27.609, ya hay mejora de las jubilaciones”, dijo. 

En tanto, precisó que el costo fiscal del dictamen de Unión por la Patria se estima en 9 puntos del producto; el de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica en 7,57 puntos del PBI; el de La Libertad Avanza, “que lo que hace es poner en letra de ley el DNU”, un 0,31 puntos del producto; y para el dictamen del Frente de Izquierda se estima un costo fiscal de 21,5 puntos del producto. 

“Para el oficialismo el déficit cero no es un capricho, sino un tema central para terminar con el peor impuesto” que es la inflación, aseveró el legislador de La Libertad Avanza, al defender los cambios realizados por el Poder Ejecutivo. 

A continuación, la diputada del Pro María Eugenia Vidal dijo: “Nosotros creemos que el DNU va en el camino correcto”. Al reconocer los reclamos que había por el empalme con la inflación de enero (20,6%) y la recomposición otorgada en abril por el Gobierno en el DNU (8,5%), explicó que “el 8% pendiente del mes de enero lo incorporamos como recomposición, pero entendiendo los problemas fiscales que enfrenta el Gobierno y la necesidad de lograr el déficit cero, le damos la posibilidad al Gobierno de que pueda pagarlo en un plazo de hasta 12 cuotas”, expresó, lo que provocó el murmullo. 

Desde Hacemos Coalición Federal, el diputado Nicolás Massot entendió la necesidad de “plantear estos debates con correspondencia fiscal” y consideró que “no debería ser más una cuestión ideológica que empecemos a legislar con la conciencia acabada de los gastos”. 

“Tenemos una porción significativa del PBI en regímenes de alícuota diferenciada. Dicho de otra manera, si todo el mundo pagara las mismas alícuotas de impuesto, la Argentina hoy tendría 2,5 puntos de superávit fiscal, sin ajuste a los jubilados, sin pisar gastos y nada”, resaltó y propuso que se analice el gasto tributario argentino. 

Al tomar la palabra, la libertaria Juliana Santillán defendió que el DNU “vino a dar una rápida y urgente respuesta a la pérdida del poder adquisitivo” de los jubilados, porque “la fórmula anterior sumergió a los jubilados en las penumbras de la pobreza”. “Nuestro Gobierno ha recibido la peor herencia de la que se tenga memoria”, enfatizó y reprochó que “ estamos con las maniobras de las moratorias desde 2005”. 

“Llevaron a la emergencia al sistema previsional argentino. En 2022 el déficit previsional de la ANSeS presentó 2,8 del PBI”, apuntó y habló de que el sistema presenta “deficiencias de tres áreas claves: sostenibilidad financiera, cobertura y nivel de prestaciones”. “Por eso nos debemos un debate integral de régimen previsional en Argentina, que seguro va a ocurrir en los próximos meses y lo vamos a dar cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, en el cual ya se está trabajando”, anunció la oficialista.  

Presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, la radical Gabriela Brouwer de Koning, señaló que “el sistema previsional necesita correcciones para dotarlo de previsibilidad, pero esas correcciones no deben influir en la capacidad del poder de compra de los haberes jubilatorios. Una movilidad no es igual a la recomposición de los haberes, con lo cual hay que dotar de herramientas para reparar lo que los haberes jubilatorios se deterioraron en todos estos años”. 

Al defender el dictamen de la UCR, HCF y CC, aseguró: “Es un dictamen muy serio, que debe ser tenido en cuenta, totalmente atendible, y si no lo quieren tomar como ese ahorro que se ha hecho el Estado, pueden tomar otras variables como exenciones impositivas o ingresos que pierde el Estado por tratamientos impositivos diferenciales con lo que se podría pagar lo que estamos incrementando a los haberes jubilatorios. Estamos hablando de prioridades. ¿Qué prioriza el Gobierno? ¿A los jubilados y pensionados o a algunas personas físicas para que no paguen impuestos como todos los ciudadanos?”. 

“Es un proyecto que no es descabellado, no tiene demagogia, sino que es totalmente pagable, y podemos mejorar el deterioro que han tenido los haberes en los últimos tiempos y darles un poquito mejor de calidad de vida” a los jubilados, completó la cordobesa. 

A su turno, el diputado de Unión por la Patria Carlos Heller aclaró: “Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo. Nosotros no creemos que el déficit fiscal se resuelve con licuadora y motosierra”. Y mencionó la contradicción de la situación de los jubilados con aspectos que plantea la ley de Bases como el blanqueo de capitales o “la fuerte reducción en Bienes Personales beneficiando a las categorías más altas”. 

Durante la reunión, la jefa del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, subrayó que “el FMI viene pidiendo desde hace tiempo que el porcentaje que las jubilaciones representan en el PBI baje y que se termine con la moratoria”. Y reclamó que en este tiempo “pasaron cosas”, al referirse a la media sanción de la ley de Bases, la cual -aseveró- “destruye y desfinancia el sistema jubilatorio”.

En el cierre, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió a la importancia de contar con un Presupuesto actualizado: “Necesitamos recuperar las potestades presupuestarias que tiene el Congreso de la Nación”. Y opinó que se debería estar discutiendo una ley de ampliación presupuestaria ante la prórroga del Presupuesto 2023. 

El santafesino cuestionó que el Gobierno “cuando tiene que ajustar no le pide nada a este Congreso, decide solo; y cuando tiene más recursos, como con el impuesto PAIS, también decide solo”. “Nosotros veníamos a dictaminar, basta de jugar con los tiempos, los ingresos de los jubilados no son un chicle”, reclamó. 

 

Luego de reclamos constantes por parte de la oposición, y sin que se haya logrado un emplazamiento votado dentro del recinto, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatirá este miércoles, desde las 16, los proyectos que buscan implementar por ley una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

El pasado 25 de marzo, a través del DNU 274/24, el Gobierno nacional modificó el cálculo para la actualización de los haberes previsionales. Allí, estableció un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC (inflación), pero la fórmula comenzará a regir plenamente en julio.

Después de esta decisión, la oposición aceleró el debate en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, conducida por la radical Gabriela Brouwer de Koning, sin embargo el oficialista José Luis Espert no convocó a Presupuesto, la cual preside. Finalmente, pasado el objetivo que tenía La Libertad Avanza sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, la comisión tratará el tema.

Mientras el oficialismo y su aliado Pro avalan lo dispuesto por el decreto del Ejecutivo, la oposición presentó sus distintas propuestas, sin consenso, pues hubo tres dictámenes distintos.

El despacho de mayoría (13 firmas) en Previsión y Seguridad Social fue el de Unión por la Patria, que propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

El dictamen del Frente de Izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

 

 

Con el dictamen de la ley Bases listo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del liberal José Luis Espert, avanzó este jueves por la tarde con el proyecto de ley de medidas fiscales, paliativas y relevantes que entre otras cosas incluye blanqueo, moratoria, reforma para Bienes Personales y la modificación del impuesto a las Ganancias.

El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas sobre 49 diputados presentes y será tratado junto a la ley Bases en la próxima sesión convocada para este lunes 29 de abril. Christian Castillo presentó un dictamen de minoría por la izquierda y Unión por la Patria tenía previsto hacer lo propio.

De las 27 firmas, 21 de las cuales fueron sin disidencias, a saber: LLA (6): José Luis Espert, Alberto Benegas Lynch, Facundo Correa Llano, Lilia Lemoine, María Celeste Ponce y Carlos Zapata; Pro (7): Germana Figueroa Casas, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado y Diego Santilli; UCR (3): Lisandro Nieri, Atilio Benedetti y Roberto Sánchez; Innovación Federal (2): Carlos Fernández y Yolanda Vega; MID (2): Eduardo Falcone y Oscar Zago; y Producción y Trabajo: Nancy Picón Martínez

Hubo 6 firmas con disidencia: HCF (2): Ignacio García Aresca y Nicolás Massot; UCR (4): Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti y Martín Tetaz.

El debate

El primer expositor fue el mendocino Facundo Correa Llanos (LLA), quien celebró el texto en cuestión y agregó que “viene a mejorar las condiciones de desarrollo de la actividad privada que actualmente está en situación calamitosa”. “Es importante la reducción de carga impositiva”, señaló.

En contrapartida, el diputado nacional Nicolás Del Caño (PTS – Buenos Aires) sostuvo que “asistimos a una de las mayores estafas electorales porque Javier Milei, acompañado de Victoria Villarruel, votó eliminar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y ahora incluyen la vuelta de la cuarta categoría”.

“En campaña, se la pasaron diciendo que iban a bajar los impuestos y ahora los están subiendo”, cargó el legislador del FIT, y añadió: “Este paquete va a profundizar la situación actual porque las tarifas que han aumentado van a aumentar aún más”.

Luego, la diputada santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se refirió a un punto de los fundamentos, explicando que “se trata de tomar una decisión sobre qué impuesto queremos pagar en la Argentina. Si queremos pagar el impuesto inflacionario o tener un sistema tributario más lógico”.

“¿Esto es lo ideal? No, falta y mucho porque hay gente que paga una gran carga tributaria y esto (el paquete fiscal) tiene el compromiso del Gobierno de poder avanzar en un sistema y no tener un régimen”, manifestó. “Que todos paguen de la misma manera y que no pase, como está pasando ahora, que gente que gana lo mismo termina pagando distinto”, consideró.

Así las cosas, afirmó que “sabemos que falta más, pero se ha avanzado” y amplió el tema de las moratorias: “si seguimos con blanqueos afectamos al sistema tributario porque es beneficiar al que se endeuda y no paga”. “El cepo ha contribuido a la informalidad y estamos parados en una situación fiscal compleja”, siguió. Además, sostuvo que “dar la posibilidad de exteriorizar activos viene en un buen momento que es con un nuevo gobierno”, y profundizó que “si la gente está evadiendo tiene que ver con la situación presente y es justo que se plantee una baja en impuestos patrimoniales”.

Con relación a Bienes Personales, señaló que “la clase mas alta tiene formas de evadir legalmente, que en realidad es eludir”. “La clase media es quien paga BP. Tenemos que pensar en eso. Necesitamos que el argentino saque los dolares del colchón, pero que cuando lo haga no le aumentemos Bienes Personales”, añadió.

Asimismo, manifestó que “necesitamos que vengan capitales del exterior y que la Argentina vuelva a confiar en la Argentina. No vamos a poner límites a la exportación”.

De igual manera, explicó la situación de los capitales exteriores: “Se creó la figura del ‘no residente’ para evitar el blanqueo de dinero que proviene del delito”. De ese modo, explicó que “no pueden blanquear efectivo, bienes de terceros y solo podrá hacerlo con inmuebles que al ser registrados por un escribano hayan identificado de donde proviene ese dinero”.

En esa línea, la diputada santafesina afirmó que “estamos más cubiertos ante el dinero que proviene del delito”, y añadió que “no queremos que se mezcle esta moratoria y blanqueo con el dinero que proviene del delito”.

Asimismo, manifestó que “necesitamos que vengan capitales del exterior y que la Argentina vuelva a confiar en la Argentina. No vamos a poner límites a la exportación”.

A su turno, la diputada nacional Lilia Lemoine (LLA – Buenos Aires) defendió la iniciativa y afirmó que “estas reformas buscan que Argentina sea un lugar para invertir”. En ese momento, tuvo un cruce de acusaciones con la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda.

En línea con su bloque, el diputado nacional Sergio Palazzo (UP – Buenos Aires) cuestionó el paquete fiscal y manifestó: “Estas medidas son favorables para los grandes capitales, a la concentración económica, a los evasores, a los que incumplen y a los que son victimarios”, y advirtió que “no favorece en nada a los trabajadores”.

El diputado santafesino Eduardo Toniolli (UP) señaló que la reforma laboral “es una medida regresiva”. Asimismo, cruzó al oficialismo: “No somos antiempresarios, pero ustedes sí son antiobreros. Esto es un ataque a la acción colectiva como la Jorge Videla en el 1979”. “Esta reforma laboral es inconstitucional”, cargó.

Llegado el turno del diputado nacional Carlos Heller (FIT – Buenos Aires), en primer lugar, anunció que su bloque presentaría un dictamen propio y luego cuestionó al del oficialismo: “¿A quién se le está tratando de aliviar el dolor? Porque acá hay beneficios para algunos y perjuicios para otros”.

Explicó también fundamentos, diferencias y los puntos que rechazan respecto al dictamen del oficialismo y mencionó que el dictamen que presentará Unión por la Patria será de un texto tratado en agosto del 2023.

En medio de la reunión, Espert comunicó que el oficialismo se había alzado con el dictamen de mayoría, con 27 firmas sobre 49 diputados presentes, y agregó que solo había hasta el momento un dictamen de minoría, del diputado Christian Castillo.

Germán Martínez, jefe de bloque de UP, pidió prorrogar el tiempo de entrega para los dictámenes en disidencia. El argumento que se utilizaba era la necesidad de que los textos ingresaran en tiempo y forma a imprenta, y en ese sentido el diputado de UP le dijo que era una cuestión de buena voluntad, pues no llegaban a terminar su dictamen para las 20, bien fundamentado y no alteraba nada que ingresara a imprenta a las 8 de la mañana del viernes. El titular de la comisión le respondió que no era una cuestión suya sino técnica, pero que lo consultaría. Al cierre de la reunión, Martínez le informó a Espert que ya había resuelto el tema con la gente de técnica.

Cerca del final, el diputado Christian Castillo reiteró sus criticas y ratificó que su oposición ante los dos proyectos dictaminados (ley Bases y reforma fiscal) y anunció que “lunes y martes estaremos con toda nuestra militancia, con asambleas populares, con sindicatos y con el movimiento estudiantil en las calles enfrentando estas dos leyes que son parte de un ataque de conjunto contra el pueblo trabajador”.

En medio de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el debate por la reforma fiscal, la diputada libertaria Lilia Lemoine tomó la palabra y acusó ante las autoridades que “Myriam Bregman me está diciendo bruta”.

En contraposición al Frente de Izquierda, Lemoine expresó: “Ustedes odian a los ricos y tratan a los empresarios como si no fueran trabajadores”. “Son la que peor representan a los trabajadores y no pasan del 2%”, agregó al recordar los números de las últimas elecciones generales.

Defendió, también, los proyectos de ley Bases y medidas fiscales y afirmó que “este Gobierno no hace populismo”. “Estas reformas buscan que Argentina sea un lugar para invertir y recuerden que ustedes son el 2%”, remarcó.

Al momento de cruzarse con la excandidata a presidenta del Frente de Izquierda, Lemoine le dio aviso a José Luis Espert, titular de la comisión, que “Myriam Bregman me está diciendo bruta”.

“La izquierda odia a los ricos y yo trabajo desde los 14 años. Mi CUIL no está virgen”, añadió la diputada libertaria, y cerró: “A ustedes le gustan los pobres, por eso los quieren multiplicar como hacía el kirchnerismo”.

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, el oficialismo cumplió con su objetivo en la Cámara de Diputados de dictaminar la nueva versión de la ley ómnibus, que buscará llevar al recinto la semana próxima junto al paquete fiscal, ambas cuestiones centrales de cara al “Pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno. El dictamen de mayoría obtuvo 61 firmas.

Se trata de una versión acotada y renovada de la iniciativa que fracasó en el verano. El texto se negoció durante todo abril entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas, que este jueves acompañaron pero con disidencias en algunos temas.

Lo último en incorporarse, previo al plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, fue el capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasó de 60 artículos -por los que pujaban fuerte los radicales- a solamente 17.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica, algo de lo que se quejaron fuertemente en la reunión. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

El nuevo texto, que quedó en 232 artículos, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, se agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.

En cuanto a las privatizaciones, el Banco Nación se quitó de la lista. En tanto, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.

“El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.

Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.

“El Poder Ejecutivo reglamentará el presente artículo, en un plazo no mayor a 30 días y establecerá los parámetros objetivos para el acceso a porcentajes que reconozcan los aportes efectivamente realizados al Sistema Integrado Previsional Argentino, y las condiciones por las que se regirá la prestación.

El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI, que incluye una serie de beneficios para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.

El Ejecutivo había quitado de la nueva versión la cuestión de los impuestos internos al tabaco, pero desde los bloques de la oposición plantearon su incorporación en las disidencias.

Por otra parte, el capítulo sobre defensa de la competencia se eliminó porque había “visiones encontradas entre los bloques” y “quedará para tratar en otro momento”, afirmó una de las fuentes que participó de las negociaciones. También se sacó lo referido a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 

Aunque la UCR proponía una reforma laboral mucho más amplia, de modo de que todas las partes queden conformes, se redujo. Entre los cambios consensuados aparece la eliminación de multas por trabajo en negro, seis meses de período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral. Las modificaciones involucradas al sindicalismo no ingresaron, por eso los radicales lo plantearon en sus disidencias.

El dictamen de mayoría

Las firmas sin disidencia fueron 42, y correspondieron a los diputados de LLA (17) Santiago Santurio, José Luis Espert, Nicolás Mayoraz, Alberto Benegas Lynch, Lorena Villaverde, Beltrán Benedit, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Alida Ferreyra, Gerardo Huesen, Lilia Lemoine, Mercedes Llano, María Celeste Ponce, César Treffinger y Carlos Zapata; del MID (3) Eduardo Falcone, María Cecilia Ibáñez y Oscar Zago; del Pro (17) María Eugenia Vidal, Germana Figueroa Casas, Damián Arabia, Silvia Lospennato, Sabrina Ajmechet, Martín Ardohain, Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Diego Santilli y María Sotolano; Innovación Federal (3) Agustín Domingo, Carlos Fernández y Yamila Ruiz; Producción y Trabajo (1) Nancy Picón Martínez; y CREO (1) Paula Omodeo.

En disidencia parcial hubo 19 firmas. De la UCR (14) Carla Carrizo, Karina Banfi, Leandro Nieri, Martín Arjol, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura, Martín Tetaz y Vallejos; Hacemos Coalición Federal (4) Ignacio García Aresca, Oscar Agost Carreño, Juan Brügge y Nicolás Massot, y por Innovación Federal Yolanda Vega.

Los diputados Fernando Carbajal y Pablo Juliano decidieron no firmar ningún dictamen como hicieron en enero pasado. El formoseño lo explicó así: “No voy a acompañar, como otros colegas de mi bancada este dictamen, ni siquiera en disidencia. Por razones políticas y administrativas. No hubo ni una sola reunión en la que se discuta este dictamen en este plenario. En realidad, se inició una nueva metodología de trabajo legislativo que discurre por Rivadavia, continúa por Avenida de Mayo, y llega a Casa de Gobierno. Hay diputados que van y vienen negociando las leyes y esta no es la metodología”.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversion hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y revelevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.

“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.

En su intervención, Juan Manuel López alertó sobre los cuatro meses que lleva el Gobierno y no ha sancionado aún ninguna ley. “Saquemos algún producto decente lo antes posible, ya sea con la ley Bases, ya sea en el Senado de la Nación, con leyes que están pendientes ahí”, reclamó y expresó: “Porque que no salga una ley, me parece que es hacerle el juego a un presidente que ya ayer dijo que tiremos la ley, porque juega con su autoboicot o su incapacidad tal vez de gobernar cuando tenga sus instrumentos”.

Dentro del bloque HCF, el diputado anunció que el sector de la Coalición Cívica presentaría su propio dictamen, y detalló a continuación coincidencias y modificaciones que proponían. Su dictamen, dijo, declara emergencia en las materias que el oficialismo ha pedido, pero no votarían las delegaciones que quedan en la norma. “Es mucho poder para un presidente que negó su propia firma”, advirtió, en referencia al decreto por el cual se aumentaban los sueldos de los funcionarios de alto rango.

Sí avisó que acompañarán el capítulo de empleo público, pero darían un marco regulatorio para los fondos fiduciarios. Proponen también privatizaciones y un principio de buen gobierno, como así también remarcó que “queremos una modernización laboral con básicamente las cosas que contuvo el DNU”.

Agregó que quieren el impuesto al tabaco que había propuesto el oficialismo inicialmente: “Que esté presente con una redacción seria”. También quieren subir el impuesto al juego y que el Gobierno diga qué gasto tributario va a reducir.

En una extensa intervención, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra los dialoguistas: “Entiendo la vocación de acompañar, pero ¿cómo hacen los bloques que van a firmar el dictamen oficialista sin tener en cuenta que lo que ahora aparece y se complementa con las emergencias y facultades que el presidente se autocedió con el DNU 70/23? No es un proyecto licuado, hay que leerlo complementariamente al DNU”.

“Están firmando un dictamen que es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en enero y febrero. ¿Y qué pasa con la reforma administrativa? Es igual de dañina y perversa, con otro ‘engaña pichanga’, que armaron una lista en el artículo 3 donde dice que el PEN no va a poder disponer las disoluciones en algunos organismos”, observó. A su juicio, eso no es real y advirtió que por ejemplo que el CONICET no está a salvo. “Solo está a salvo de una disolución, pero se lo pueden llevar puesto”, afirmó.

Al hablar especialmente de la inclusión del capítulo laboral, el santafesino pidió tener memoria y recordó cómo se gestó en tiempos de Fernando De la Rúa la reforma laboral de entonces, a partir del 27 de abril del año 2000, cuando con su ministro de Trabajo Alberto Flamarique logró aprobarla. Hasta que llegaron las denuncias y la renuncia de Carlos “Chacho” Álvarez. “Miren, ni Flamarique se animó a tanto como lo que están haciendo hoy”, enfatizó, advirtiendo que “los que estaban detrás de Flamarique están detrás de esta ley. Guarda con las próximas 72 horas. Se puede estar gestando una situación de lobby nunca vista en la democracia argentina”.

Entre los numerosos oradores, en el encuentro habló el jefe de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, quien recordó el trabajo del verano y celebró: “Creemos que le vamos a dar las herramientas necesarias al presidente Javier Milei para que de una vez y para siempre la Argentina despegue”.

“Han venido trabajando muchos diputados de distintos bloques para que este dictamen esté hoy acá y brevemente en el recinto”, ponderó. Sobre la ley, opinó que “le va a dar más libertad a los argentinos” y “es una ley que la están pidiendo los argentinos y nosotros como Poder Legislativo tenemos que acompañar al Poder Ejecutivo”.

El cordobés subrayó que la norma plantea “una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos; se va a terminar con organismos y entes que no cumplan las funciones relevantes y que solo generan gastos”.

Horas después que el presidente Javier Milei dijera que “hagan lo que quieran con la ley de Bases”, se reúne desde las 12.42 el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de Diputados para tratar la versión acotada y renovada de la ley ómnibus que fracasó en el verano.

Durante todo el mes, funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de los llamados bloques dialoguistas llevaron adelante las negociaciones que culminaron este miércoles por la noche, tras una jornada que por momentos pareció volver a empantanar los acuerdos.

No obstante, la última tarea que tenían los legisladores por delante, antes del plenario, era analizar la contrapropuesta del capítulo de reforma laboral. Por diferencias entre los bloques, se pasaron de 60 artículos -que pujaban fuerte los radicales- a solamente 16.

Al igual que ocurrió en enero y febrero, a las bancadas de la oposición más dura no se las invitó a las conversaciones ni accedieron a los avances en la redacción de la letra chica. Los involucrados en el diálogo con el oficialismo fueron el Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

De manera exprés, el objetivo de La Libertad Avanza es avanzar este jueves con el dictamen tanto de la ley de Bases como, más tarde, con el paquete fiscal, de modo de llevar ambos proyectos al recinto el lunes y martes de la semana próxima, en la previa de la marcha del 1ro. de mayo por el Día del Trabajador.

Según el borrador del dictamen que circuló previo al plenario, en la nueva ley de Bases se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.

“Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”, agrega y establece que el Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.

Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.

Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos, entre ellos, CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA.

Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. “Los recursos o futuros ingresos deberán ser revertidos o redireccionados, según corresponda, al Tesoro Nacional con el objeto de asegurar una mayor transparencia en la administración de aquellos”, añade uno de los artículos.

El debate

Al tomar la palabra, el radical Lisandro Nieri se mostró a favor de “darle a un Gobierno que comienza las herramientas necesarias; creo que la muy complicada situación que asumieron lo requiere”. Yendo al proyecto, planteó que desde la UCR incorporarán algo que el oficialismo había quitado: la cuestión de los impuestos internos al tabaco.

“Tenemos una oportunidad de acercar la carga impositiva a un producto que es dañino para la salud a los estándares internacionales y, por otro lado, de corregir esta inequidad horizontal, que plantea que mismo contribuyente está enfrentando distintos costos impositivos”, señaló.

Luego destacó, respecto del RIGI, puntos que fueron tomados, pero indicó que “no es lo mismo una inversión hidrocaburífera, minera, de gran escala, que las que pueden hacer economías regionales”. Por eso, desde su espacio propondrán “tener la posibilidad de prever inversiones de un monto sensiblemente menor a los 200 millones de dólares”. Finalmente, sobre la reforma laboral, el mendocino expresó que la iniciativa del radicalismo era “más ambiciosa” y en la nueva redacción hay muchas cuestiones que no se incorporaron.

Aliado del oficialismo, el macrista Damián Arabia consideró que “es necesario y relevante que el Congreso le otorgue al Gobierno herramientas específicas para que este proceso sea logrado y llevado adelante para la siguiente etapa”. Y habló de “una redacción que todos entendemos que arriba a una lógica y un espíritu que compartimos”. “Sobre todo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral, que es estrictamente necesaria”, agregó.

La de Christian Castillo fue la primera voz disonante que se escuchó en el plenario. El legislador del Frente de Izquierda se quejó: “No sabemos qué texto (hay para debatir). Esto es algo inédito, insólito, irregular, ilegal, porque acá hubo diputados que hablaron al principio, sobre un texto del que se va a debatir”. En ese sentido, advirtió que había una gran cantidad de diputados que no tenía idea de cuál era el texto.

Además, alertó sobre la existencia de “varias versiones” de la iniciativa, y resaltó el contrasentido de que el miércoles se reunió la Comisión de Legislación del Trabajo, que volverá a reunirse este viernes para hablar de algo que se va a dictaminar este jueves. También se quejó porque se hablaba de una modificación a la moratoria previsional, sin que pasara el tema por la Comisión de Previsión y Seguridad Social.

En tono provocador, y con chicanas durante toda su intervención, la macrista Silvia Lospennato dijo: “Todos los que van a firmar el dictamen conocen el dictamen que van a firmar. Lo lamento si ustedes firman dictámenes que no conocen”. Ante las protestas de la oposición más dura, la aliada del oficialismo lanzó que “lo que no ganan por los votos no lo van a ganar por la violencia y la agresión que hagan en esta comisión”.

“Nosotros estamos muy tranquilos de la legalidad de todo este proceso”, defendió y recordó que “este es un proyecto que entró el 27 de diciembre, no hay ninguna celeridad, fueron cuatro meses de trabajo. Desde que la ley volvió a comisión hemos trabajado muchísimas horas con el oficialismo”. “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda y el de Unión por la Patria. Y no nos interesa conocerlo, porque no vamos a acompañarlo”, disparó.

Para la bonaerense, el nuevo texto “recoge lo esencial del proyecto de ley Bases”, también “pone el foco en las reformas profundas que requiere la economía argentina” y “hace énfasis en seguir quitando trabas y regulaciones”. “Dejen intentar que hagamos algo diferente, dejen de poner palos en la rueda”, pidió a la oposición más dura.

NOTICIA EN DESARROLLO

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado retomarán este miércoles, a partir de las 16, el debate sobre el proyecto de ley que modifica la normativa sobre prevención y represión del lavado de activos.

La iniciativa, enviada por la gestión de Alberto Fernández, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en abril del año pasado, con un muy bajo número de votos a favor y casi toda la oposición en contra. Los entonces tres diputados libertarios Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

Pese a la urgencia que el otrora oficialismo aseguró tenía la norma, ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre el país, el exFrente de Todos congeló el tratamiento del proyecto en la Cámara alta durante 2023, año en que prácticamente no se sesionó en ese cuerpo.

Ahora, La Libertad Avanza incorporó el tema en extraordinarias y la semana pasada asistieron a reclamar por su aprobación Ignacio Yacobucci, propuesto por el Poder Ejecutivo para presidir la Unidad de Información Financiera (UIF), y Nicolás Vergara, jefe de Gabinete del organismo.

En el plenario, Yacobucci afirmó que “es fundamental que se apruebe el proyecto porque la evaluación del GAFI -el 3 de marzo es la cuarta ronda que transita Argentina- tiene consecuencias inmediatas a nivel económico y financiero. Estar en la lista gris nos perjudica y afecta a todos los ciudadanos y empresas, y crea dificultad al país para integrar al mundo”.

El candidato propuesto por el Ejecutivo advirtió que si “al momento de la evaluación hay una parte normativa que no esté en vigencia ese aspecto será considerado como un incumplimiento técnico dado que no hay forma de introducir cambios después de marzo”.

Sobre el proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

Respecto a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.
Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas).

Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

Se puso en marcha la primera reunión informativa en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, más conocido como ley ómnibus, enviado por el Gobierno nacional. La ambiciosa iniciativa contiene 664 artículos e introduce reformas de las más variadas, entre modificaciones tributarias, electorales y del Estado. 

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales se lleva a cabo en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde está previsto que el trabajo se extienda hasta las 20.

Los funcionarios que asistirán este martes serán el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, para exponer sobre reforma del Estado. Luego será el turno del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Pero además, este mediodía se conoció que también estará el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. 

En tanto, entre este miércoles y jueves se esperan la visita de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura) y Sandra Pettovello (Capital Humano). No se descarta que se sumen otros funcionarios para exponer sobre sus áreas comprendidas en la ley.

En la previa del plenario, a los diputados se les pidió enviar consultas por escrito, un mecanismo que se utiliza en general para los informes de gestión del jefe de Gabinete. 

El presidente Javier Milei y distintos referentes del oficialismo, como el presidente de Diputados, Martín Menem, han asegurado en la previa del comienzo del debate que el contenido de la ley “no se negocia”, aunque sí se mostraron abiertos a aceptar sugerencias que “mejoren” la iniciativa. 

Desde Unión por la Patria hubo reclamos por la cantidad de comisiones que quedaron fuera del giro que tuvo el proyecto, el cual abarca numerosos temas. Además, exigieron la presencia de todos los ministros. 

Los bloques que supieron ser Juntos por el Cambio se han mostrado más dispuestos a dar la discusión de las reformas que planea La Libertad Avanza. No obstante, anticiparon su rechazo a ciertos artículos. Incluso, en la UCR diseñaron una guía “semáforo” que establece puntos en los que están en contra (rojo), otros que podrían aceptar con cambios (amarillo) y los que acompañarían (verde). Pero igualmente aclaran que no le darán un “cheque en blanco” al Gobierno. 

Por otra parte, en reuniones que se llevaron adelante en Casa Rosada entre funcionarios nacionales y representantes de provincias involucradas, el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar modificaciones sobre lo que se proponía respecto de desregulación del régimen de pesca y la normativa de biocombustibles. 

Puntos del extenso proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (aumento de retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

 

El Frente de Izquierda, encabezados por Myriam Bregman, presentó un pedido de impugnación al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contra la designación de José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

“Su prepotencia se relaciona con una política de atropello a todos los derechos conquistados”, consignó Bregman contra el diputado liberal. También, relacionó el pedido con las declaraciones del monobloquista del pasado 14 de diciembre respecto a “cárcel o bala”.

También, remarcaron que Espert “censuró al diputado de nuestro bloque, Christian Castillo, al apagarle el micrófono mientras hacía uso de la palabra, para fundamentar esta impugnación, y decidir que solo podrían intervenir las autoridades electas, dando por terminada la comisión e impidiendo que hablen integrantes de otros bloques”.

Además, acusaron a Espert de amenazar a Bregman y Nicolás Del Caño e indicaron que la designación “fue en un marco totalmente irregular, sin constancia de votación, como es de público conocimiento y notorio, y sin permitir el uso de la palabra a los diputados que previamente lo habían solicitado”.

El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) y nuevo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja estuvo reunido este lunes con varios funcionarios en la Casa Rosada para definir la estrategia de cara al inicio del debate de la ley ómnibus en los plenarios de este martes y miércoles.

Espert se reunión con el jefe de Gabinete, Martín Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; y con el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. Al retirarse, el legislador anticipó, ante los cronistas que lo abordaron, que “salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a todo, con modificaciones los demás bloques van a acompañar”.

Del mismo modo, planteó que “la ley ómnibus va a salir, por eso vinimos a darle apoyo al presidente”, y agregó que “es una ley que es crítica para los argentinos, pero hay que apoyar las ideas de la libertad”.

Por otro lado, no mencionó qué funcionarios asistirán al plenario de las comisiones de Legislación General (cabecera) , Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, pero remarcó que “habrá funcionarios que estén presencialmente y otros de manera virtual”.

En el final, se mostró optimista de cara a lo que viene y se refirió al índice inflacionario: “30% es una inflación enorme, pero la vamos a bajar”.

El presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni (LLA), convocó para este martes 9 de enero a las 14 a un plenario de esa comisión, con la de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, y Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz, para dar inicio al tratamiento del proyecto de ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos.

La convocatoria, además, contempla una segunda reunión para el miércoles 10 de enero de 9 a 20 en la Sala 2 del Anexo “C”. En ambas fechas, concurrirán miembros del Poder Ejecutivo (presencial o virtualmente) para explicar diferentes aristas del texto enviado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Asimismo, la convocatoria incluye una dirección de correo electrónico (clgeneral@hcdn.gob.ar) donde los diputados podrán enviar inquietudes y preguntas hasta el lunes 8 a las 20.

En la denominada “ley ómnibus” se encuentran aquellas cuestiones sobre las que el Poder Ejecutivo no puede legislar, como aspectos tributarios y electorales. El texto contiene más de 664 artículos y 183 páginas (sin los anexos).

El proyecto

En su artículo 1ro., el proyecto señala que tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

“La presente ley contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia” durante el plazo de dos años, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2025, pero el mismo puede ser prorrogado por dos años, es decir hasta 2027 -todo el mandato-.

Entre los puntos principales, se declara sujeta a privatización a un conjunto de empresas públicas, entre ellas la Administración General de Puertos, Aerolíneas Argentinas, AySA, Banco de la Nación, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Radio y Televisión Argentina e YPF.

Por otra parte, suspende la fórmula de movilidad jubilatoria y establece que se faculte al Poder Ejecutivo “a establecer una fórmula automática de ajuste” teniendo en cuenta “los criterios de equidad y sustentabilidad económica”. “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega.

Uno de los últimos artículos del proyecto hace referencia al mega DNU de desregulación del Estado, que ha generado polémica y rechazos. El artículo 654 propone que se lo ratifique.

Sobre endeudamiento, la iniciativa propone derogar el artículo 1ro. de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, de modo de eliminar que las autorizaciones de deuda en moneda extranjera requieran una ley especial del Congreso.

Tal como se anticipaba, hay un capítulo referido a un “Régimen de Regularización de Activos”, más conocido como blanqueo, al cual se podrá adherir hasta el 30 de noviembre de 2024 y contiene alícuotas para quienes blanqueen bienes en Argentina o el exterior que van de 5% a 15%.

Entre los cambios tributarios, establece la creación del “Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales”, modificaciones en impuestos internos y derechos de exportación (retenciones).

También propone cambios en la Ley de Hidrocarburos, el Marco Regulatorio del Gas Natural y Ley de Biocombustibles.

En lo que hace a lo electoral, se dispone la eliminación de las elecciones PASO, además de un cambio en la elección de diputados nacionales, lo que provocaría un cambio en la composición de la Cámara baja, entre otros cambios. Actualmente la Ley 22.847 establece que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500” y el texto propone que “el número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 180.000 habitantes o fracción no menor de 90.000”.

En una serie de modificaciones al Código Penal, se agravan las penas de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.

Además, se agrega que “si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”.

A su vez, “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres a seis años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”. A su vez, tipifica la figura de los “organizadores”, quienes “serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o bienes de dominio público o privado, en razón de la reunión o manifestación”.

Entre los puntos salientes, se prevén cambios en las leyes de la Oficina Anticorrupción, la Ley de Ética Pública, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y la Ley General de Sociedades.

También se faculta al PEN a “disponer por razones de emergencia la renegociación o en su caso rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública nacional, con excepción de los contratos suscritos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley N° 23.696 y que estén regidos en sus prestaciones por marcos regulatorios establecidos por ley; así como por aquéllos que cuenten con financiamiento internacional”.

En otro artículo se busca facultar al PEN para “autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado”.

El proyecto establece numerosas modificaciones al Código Civil y Comercial; cambios en la legítima defensa (Código Penal); el traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires; el establecimiento del juicio por jurados; y una serie de modificaciones a las leyes de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema, Bosques Nativos y Glaciares.

Sobre la Ley Micaela, se establece que sólo será obligatoria “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Actualmente rige que la capacitación es obligatoria “en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.

También hay modificaciones a la Ley de Educación Nacional; normativa sobre el INCAA y el Instituto Nacional de la Música; la Ley de Empleo Público; la Ley de Salud Mental y la Ley de Tránsito.

Respecto a educación, en los argumentos se señala que “respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”.

La Oficina del presidente Javier Milei celebró la designación del legislador José Luis Espert como nuevo titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

“Profe bienvenido a las fuerzas del cielo. Viva la libertad carajo”, expresó el mandatario en su perfil de X. Espert había estado reunido en Casa Rosada para trabajar en “las medidas del programa económico y el proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos enviado al Congreso”, informaron.

.@jlespert PROFE BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO…!!!
VIVA LA LIBERTAD CARAJO https://t.co/sZaQcnAwQz

— Javier Milei (@JMilei) January 4, 2024

Asimismo, el diputado Fernando Iglesias (Pro) fue designado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; el santafesino Nicolás Mayoraz (LLA), en Asuntos Constitucionales; y el cordobés Gabriel Bornoroni (LLA), a Legislación General.

Por otro lado, durante las reuniones constitutivas, los representantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda cuestionaron el mecanismo por el cual se designó a Espert, al considerar que no se respetó el sistema D’Hont porque el legislador de Avanza Libertad conforma un monobloque, y adelantaron que impugnarán su nombramiento.

Las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo del formoseño Francisco Paoltroni, y de Presupuesto y Hacienda, presidida por el jujeño Ezequiel Atauche, se reunieron este miércoles en un plenario para avanzar con los dictámenes respecto a la eliminación de la doble imposición en materia de tributos en los acuerdos bilaterales con China, Turquía y Emiratos Árabes Únidos.

El temario proponía cinco convenios bilaterales, pero desde la Unión Cívica Radical y Cambio Federal propusieron tratar los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo en próximas reuniones para conocer los costos fiscales. También exigieron la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la canciller Diana Mondino.

En una breve reunión -en la que nadie del bloque de UP tomó la palabra-, el titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, señaló: “Me parece adecuado que Argentina en este momento de emergencia le dé la bienvenida a las inversiones extranjeras”.

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Francisco Paoltroni, expresó que “hay que recalcar que el 85% de los tratados fueron en la década del 90”, y agregó que “está dentro de nuestra plataforma agilizar convenios bilaterales”.

Por otro lado, la senadora nacional Lucila Crexell (CF – Neuquén) consultó sobre el acuerdo con el Gran Ducado de Luxemburgo y cuestionó “la nueva dinámica” que quiere implementar el oficialismo. Del mismo modo, exigió la presencia de la canciller Mondino para tratar el acuerdo con Japón.

Asimismo, el senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) explicó que “sería oportuno tratar convenio por convenio para saber en cuáles estamos de acuerdo y en cuáles no”. Al igual que la neuquina, pidió debatirlos en presencia de Caputo y Mondino. El senador nacional Maximiliano Abad adhirió a la idea de Crexell.

Finalmente, el senador nacional Juan Carlos Romero (CF – Salta) sostuvo que “firmar un convenio con una empresa que no es Argentina tiene cero costos fiscales”, y afirmó que “ojalá favorezca a miles de argentinos”.

Por último, los acuerdos con Turquía y China obtuvieron dictamen favorable en el plenario de comisiones; el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos también obtuvo el aval de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto; y los acuerdos con Japón y el Gran Ducado de Luxemburgo serán debatidos en próximas reuniones.

Con el año 2024 recién comenzado, el Senado de la Nación se reactivará en el segundo día hábil del año con una jornada repleta de designaciones de autoridades, reuniones y plenarios que se llevarán a cabo durante la tarde del próximo miércoles 3 de enero.

En primer término, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto designará a Francisco Paoltroni (LLA – Formosa) como nuevo presidente a las 14.00 en el primer piso del Salón Illia, y a continuación, la Comisión de Presupuesto y Hacienda hará lo mismo con el jujeño Ezequiel Atauche (LLA).

Acto seguido y con las autoridades definidas, ambas comisiones se reunirán en un plenario para tratar 4 proyectos sobre iniciativas que aprueban acuerdos con Turquía, China, Japón y Gran Ducado de Luxemburgo para eliminar la doble imposición en materia de tributos sobre la renta, prevenir la evasión y la elusión fiscal y su protocolo.

Una vez que finalice la reunión plenaria, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto se reunirá (solo con sus integrantes) para dar tratamiento al texto que aprueba el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones con los Emiratos Árabes Unidos.

Cabe recordar que los 5 temas que serán debatidos el próximo miércoles son tratados bilaterales suscriptos por la República Argentina entre abril del 2018 y junio del 2019.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable este miércoles al proyecto de una nueva ley de financiamiento educativo, enviado por el Poder Ejecutivo. El despacho cosechó 37 firmas, de las cuales 12 -de Juntos por el Cambio- fueron con disidencias. 

El tema había sido cerrado este martes en la Comisión de Educación, cabecera de la iniciativa, por donde pasaron expositores de todos los sectores durante cuatro reuniones. 

El Frente de Todos tenía la intención de debatir este miércoles el tema en el recinto, pero la sesión nunca se convocó y finalmente quedará para después del balotaje. 

En el cierre del encuentro, desde el oficialismo ponderaron que haya más días para “pulir” el texto, a raíz de los reclamos que hubo por parte de la oposición sobre los recursos que deberán invertir las provincias. 

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (FdT), valoró el “intensísimo trabajo” realizado para poder llegar a la firma del dictamen. En su intervención, recordó que la primera Ley de Financiamiento Educativo fue impulsada por Néstor Kirchner en 2005, bajo la idea de “la educación como derecho y compromiso en su sostenimiento del Estado, que necesita de una acción concurrente entre la Nación y las provincias”. 

La entrerriana señaló que “reforzando ese antecedente y yendo un paso más adelante”, la iniciativa plantea pasar del 6% del PBI a 8% en la inversión para el área, con “la condición de que haya convenios bilaterales”. “Es un proyecto que va a impactar en el Presupuesto 2024”, dijo. 

Sobre la expansión del financiamiento educativo, mencionó que hubo “una modificación en cuanto a la curva” de modo que “el impacto que se tenga sobre la educación obligatoria sea mayor que el que originalmente estaba previsto”. Y detalló que para la educación obligatoria está previsto alcanzar el 6,5% para 2030, mientras que para las universidades se proyecta alcanzar el 1,5% para 2032. 

Por otra parte, resaltó “la incorporación de un artículo que atiende a los fines, objetivos y metas para que las provincias aporten a los municipios los gastos ligados a la finalidad y función en los niveles de educación para adultos, educación popular, educación no formal”; y también que se puso “un énfasis especial en el capítulo formación docente”. 

“Hay una preocupación respecto al tenor de los convenios, nosotros entendemos que es necesario poner hoy más recursos en educación” algo que va en contra de “los dichos nefastos, infaustos de que la educación en Argentina debe financiarse con bonos”, lanzó en referencia a la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, sobre el sistema de vouchers. “Este proyecto de ley recupera lo mejor de la tradición argentina en materia del compromiso del Estado con la educación”, agregó. 

A su turno, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó el acompañamiento con disidencias, al tiempo que valoró el “gran trabajo de la Comisión de Educación” para acercar posiciones. 

Sobre las diferencias, se refirió a la Ley de Responsabilidad Fiscal y pidió que se mantenga el artículo que había traído el proyecto original. “Le estamos pidiendo a las provincias un incremento en sus erogaciones”, señaló y afirmó que se debe establecer que “el incremento no será considerado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal”. “Si le pedimos a las provincias que inviertan más para cumplir con esta ley, no las podemos juzgar después por incumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó. 

Luego habló sobre la asignación específica de recursos coparticipables que se prevé, algo que es “válido, legítimo y constitucional hacerlo; nosotros compartimos que eso se haga”. Pero apuntó que “se establece la posibilidad de que las provincias tengan que disponer de recursos propios” y “eso ya es parte de la esfera de autonomía de los gobiernos provinciales”. “La decisión de invertir fondos tiene que ser de las provincias, no puede ser una imposición del Congreso”, añadió. 

En esa línea, el puntano expresó: “Queremos que se incremente la inversión educativa en nuestro país, queremos que de ese esfuerzo participe la Nación y las provincias. Ahora, no se puede obligar a las provincias a hacerlo si no es por convenio”. Por eso, sugirió que se estipule que “en el caso que el incremento en el gasto consolidado que deben realizar las provincias y la Ciudad exceda a la asignación específica de los recursos coparticipables, podrán comprometerse recursos provinciales en tanto se instrumenten convenios entre Nación y provincias”. 

Osuna volvió a tomar la palabra y aseguró que “acá lo que tiene que prevalecer es el interés supremo de resguardar el derecho de los chicos a la educación”. “Muchas veces vemos en gobiernos provinciales que las prioridades pueden no coincidir”, remarcó y defendió que “estamos contribuyendo a que efectivamente la prioridad de educación emerja”. “Hagamos el esfuerzo de asumir nosotros como legisladores esta responsabilidad”, pidió. 

Otra de las voces desde la oposición fue la de Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien recordó que “no es un debate nuevo”. “Lo que no podemos hacer nosotros es poner un interés por encima de otro”, insistió, aunque aclaró que “por supuesto nosotros perseguimos el objetivo de la expansión del presupuesto”. Por eso, reclamó ver “de qué manera reforzamos los convenios” o que “haya leyes de adhesión o convenios ratificados por las Legislaturas”. 

“Es un conflicto que tuvimos en 2005 y lo estamos teniendo ahora”, manifestó y completó que “tenemos que poder hacer el esfuerzo de encontrar una fórmula que compatibilice los dos intereses que perseguimos: la expansión con metas del presupuesto educativo y que eso no entre en colisión con el federalismo y los recursos de las provincias”. 

La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) enfatizó que “la Nación no puede obligar a las provincias a gastar determinadas cuestiones en sus presupuestos” porque “es inconstitucional, no respeta la autonomía provincial”. “En el caso que las provincias no acepten, no firmarían los convenios. Si las obligamos a algo que ellas no están en condiciones económicas de hacer, no van a firmar los convenios, por lo cual la ley no va a ser aplicable”, advirtió. 

En el cierre, el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez (FdT), se mostró dispuesto a “acercar todas las posiciones posibles hasta que este tema llegue al recinto”. “Se nos abre una ventana de tiempo que nos permite ordenar todo aquello que es ordenable”, señaló y ratificó “la decisión de evaluar cada uno de los aspectos y ver si podemos llegar a una solución definitiva”. 

No obstante, recordó que esta misma discusión se dio en el pasado y después “no hubo ninguna demanda de inconstitucionalidad por el artículo que figuraba en la ley original”.

El santafesino reivindicó que, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, se dio un “diálogo permanente con cada una de las jurisdicciones” para poder llevar adelante políticas con “cofinanciamiento o financiamiento pleno por parte de la Nación”. “Lejos está el espíritu de condicionar, complicar, trabar la gestión económica-financiera de las provincias, al contrario, cada política que hemos llevado adelante hemos tratado de que se haga en acuerdo y con un fuerte compromiso de la Nación”, reiteró y concluyó diciendo que el consenso en torno al proyecto “es una gran noticia y una muestra de que cuando hablamos de unidad nacional es absolutamente posible”. 

Finalmente, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), sostuvo que “tenemos dos visiones que no difieren en el fondo de la cuestión, lo que hay es una diferencia en el criterio constitucional”. Y pidió entonces “tratar de conciliar un texto que satisfaga las distintas cuestiones que se han planteado; creo que es posible” de manera de “ llegar al recinto con una propuesta lo más amplia posible”. 

El oficialismo buscará avanzar con el proyecto de ley de financiamiento educativo este martes a las 16 en la Comisión de Educación, a cargo de Blanca Osuna, de la Cámara baja, y al día siguiente, una hora antes de la sesión especial prevista para tratar otros temas, pero con vistas a la reunión que se hará por latarde, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), lo dejará listo para ser tratado en el recinto.

Según pudo saber parlamentario.com, Juntos por el Cambio irá con un dictamen de minoría sobre esa iniciativa que el oficialismo se propone aprobar este mismo miércoles.

En la reunión de este martes está previsto que haya nuevamente invitados, y para el miércoles el oficialismo intentará emitir dictamen, a fin de incorporarlo en una próxima sesión.

Los objetivos del proyecto

El texto establece un aumento de la inversión anual durante un plazo de siete años desde un piso del 6% hasta alcanzar, en 2030, el 8% del Producto Bruto Interno (PBI). “Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria”, precisa.

El proyecto también plantea modificar la proporción que realizan el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60% sea financiado por el Estado Nacional y 40% por las referidas jurisdicciones.

En suma, propone la incorporación de los Institutos de Educación Superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las Universidades Nacionales, que son financiadas por el Estado Nacional. En este sentido, los Institutos de Educación Superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5% destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años.

Además, incluye la obligatoriedad de la sala de 4 años en el Nivel Inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, mejorar las tasas de permanencia y egreso, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros.

“Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de 190 días efectivos de clase para los establecimientos educativos de todo el país en los que se imparta Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, o sus respectivos equivalentes, en todas sus modalidades”, plantea en su articulado.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

Asimismo, propone como obligatoriedad generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones.

Durante un plenario de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda del Senado, obtuvo dictamen favorable este miércoles un proyecto de ley sobre promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores, que fue consensuado entre la puntana María Eugenia Catalfamo (UF) y el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT). 

Al exponer, Catalfamo explicó que se trata de “una ley de orden público” dirigida a “todas las personas mayores de 60 años”, a quienes “se garantizan sus derechos”, los cuales “lamentablemente millones de veces se ven vulnerados”. “Es una ley similar a la Ley de Protección de Mujeres”, señaló y enumeró las distintas modalidades de violencias que contempla, entre ellas la patrimonial, porque “hay personas dentro del seno familiar que se abusan de la situación de las personas mayores”; y la violencia en residencias gerontológicas, entre otras. 

Al enumerar algunos aspectos de la iniciativa, la senadora repasó que incluye “el fortalecimiento técnico de las distintas jurisdicciones”, campañas de difusión y capacitaciones y recomendaciones a los medios de “cómo deben dirigirse a este sector”. 

Cuando tomó la palabra, Doñate destacó la tarea del PAMI y la voluntad de su directora, Luana Volnovich, quien puso a disposición “los equipos técnicos que trabajan en ese organismo y nos dieron una perspectiva muy completa”. El senador subrayó que los derechos de las personas mayores muchas veces se ven afectados por “el propio desconocimiento, la falta de empatía, la falta de conciencia” de parte de organismos públicos y empresas.

El oficialista indicó que esta ley contempla los principios que “establecen los marcos normativos internacionales” y, entre otros puntos, ponderó la “creación de la Defensoría de las Personas Mayores, similar a la de Niñas, Niños y Adolescentes”, que “va a gozar de plena autonomía”, así como también un observatorio en el ámbito del INADI. 

Sobre esto último, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) recordó que “dentro de la Defensoría del Pueblo hay áreas específicas a adultos mayores”, por lo que preguntó “el impacto presupuestario de lo que eso significa” la creación de un nuevo organismo. 

“El impacto es muy menor”, dijo Doñate, que igualmente se mostró a favor en todo caso de pedir un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso, mientras que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (FNyP-FdT) coincidió: “La incidencia presupuestaria de este proyecto es ínfima”. 

Las personas mayores y la campaña electoral 

Durante el encuentro, Catalfamo, quien culmina su mandato el próximo 10 de diciembre, aseveró que “en estos tiempos políticos que estamos atravesando, en donde escuchamos a un candidato presidencial (en alusión a Javier Milei) que dice que la igualdad de oportunidades es una aberración, creo que todos vamos a coincidir en poder garantizar igualdad de oportunidades a todos los sectores sociales, incluidos -y con más razón- el de los adultos mayores. Es algo en lo que estamos completamente todos de acuerdos, al menos los que estamos sentados acá”.

“Tenemos que tratarlos con más respeto, hablan con un vocabulario que es vergonzoso”, cuestionó e insistió: “Creo que son los tiempos correctos para poder tratar una iniciativa en estos términos y marcar la clase de país que queremos”. 

En el debate, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), una de las macristas a favor de Milei, remarcó que “la mayoría de los jubilados hoy están bajo la línea de la pobreza, no hay mayor violencia que esa, inclusive la ejerce el Estado Nacional, que hoy le damos un rol de cuidador”. “Este proyecto es fantástico para Disney, para la Argentina de hoy nosotros nos estamos resignando a vivir en una condición que roza lo infrahumano”, lanzó, aunque coincidió en que “los adultos mayores merecen todo nuestro respeto”.

Recogió el guante el senador Guerra, quien opinó: “Hablar de violencia de esa manera, desde el Estado, me parece un poco fuerte. Yo creo que sí es necesario recomponer los ingresos, estoy totalmente de acuerdo, sobre todo cuando estamos cercanos a una definición electoral sumamente importante. Y hay un sector que claramente lo está proponiendo, mientras que del otro lado directamente se está proponiendo la desaparición de las cuestiones sociales”. 

El resto del temario 

Entre los temas que se despacharon favorablemente, uno fue el proyecto de ley que propone la creación del Programa “Argentina Inclusiva”, con media sanción de Diputados, que establece la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada en materia de discapacidad y accesibilidad universal para todos los funcionarios de los tres poderes del Estado.

Otra iniciativa que tuvo aval fue una impulsada por la chubutense Edith Terenzi (CF-JxC), sobre la creación del programa “La hora silenciosa”, con la finalidad de generar un espacio inclusivo aislado de estímulos visuales y sonoros que puedan resultar nocivos para las personas con dificultad para la comprensión y procesamiento sensorial.

“No solamente tiene que ver con la condición del espectro autista sino también con otras patologías”, aclaró la senadora, que dijo que se trata de “generar un espacio amigable, que tenga toda la ausencia de contaminación sonora y ambiental, para que las familias que tienen en su seno niños o adultos” con estas patologías puedan “ir al supermercado, a la juguetería y a un patio de comidas a comer una hamburguesa” sin que “las personas se desregulen en ambientes que le son nocivos”. 

Luego, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, la santacruceña María Belén Tapia (UCR-JxC), lamentó que “para el común de la sociedad es más fácil señalar y no ponerse en el lugar del otro en estas situaciones”. 

Finalmente, se dictaminó un proyecto sobre campaña de concientización del cumplimiento de la cuota alimentaria, promovido por Catalfamo, quien reclamó que prontamente se trate en el recinto el proyecto de Registro Nacional de Deudores Morosos.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen este miércoles a cuatro proyectos de comunicación, a través de los cuales se le solicita al Poder Ejecutivo tener en cuenta una serie de pedidos de la región patagónica para se contemplen en el Presupuesto 2024, cuyo proyecto ya fue enviado a la Cámara baja, pero todavía no se ha debatido por el proceso electoral.

Todas las iniciativas fueron presentadas por la santacruceña Ana María Ianni (UC-FdT), quien explicó cada una de ellas. El primer proyecto solicita una partida destinada a un plan de mejoras en la infraestructura de los pasos fronterizos, específicamente los de Dorotea y  Río Don Guillermo, cercanos a Río Turbio, donde se produce un fluido tránsito entre nuestro país y Chile.

Se trata de “poder seguir instalando y fortaleciendo los servicios que prestamos en la región patagónica”, dijo la oficialista y señaló que “muchas veces nuestros pasos fronterizos no cuentan con toda la infraestructura necesaria para que los organismos como Aduana, Migraciones, Gendarmería presten su labor como deben hacerlo, y ahí es donde llegan los reclamos”. 

“Es para que se pueda cumplimentar con brindar el servicio básico, que a veces se trata de conexión de luz e internet para que ellos puedan trabajar y garantizar la atención al público que está migrando permanentemente entre nuestras comunidades”, agregó. 

En segundo lugar, se despachó una iniciativa para incluir en el próximo Presupuesto la instalación de un depósito fiscal en la localidad de Perito Moreno, Santa Cruz. “Es para mejorar la infraestructura y fomentar y propiciar un mayor desarrollo económico de la zona”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

En tanto, Ianni detalló que “la actividad minera es la actividad mayormente económica, junto también a la agro-ganadera” en esa zona y “es necesario poder contar con este requerimiento que nos hace llegar la comunidad”. 

Luego se refirió a un proyecto de comunicación sobre la complementación económica a transportadores nacionales aéreos, con el objetivo de garantizar la conectividad de la región patagónica. Ianni recordó que en 1994 se puso en marcha un fondo “para fomentar que las líneas aéreas puedan puedan garantizar la conectividad, inclusive en aquellas rutas que no son rentables económicamente”. 

Al destacar la importancia que tiene actualmente LADE (Líneas Aéreas del Estado) para esta zona, la senadora pidió que se pueda “compensar con una partida los costos que tienen cuando toman la decisión de llevar adelante rutas que quizás no son tan rentables económicamente, pero a nivel social son fundamentales”. 

Al respecto, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC) sostuvo que “cuando hablamos de más obras y recursos, nosotros los del Norte también queremos ser considerados”. “En el tema de déficit de los vuelos, las provincias del Norte tenemos también muy poca periodicidad”, resaltó y pidió “trabajar en una ampliación de esos servicios, no solamente de LADE sino también de Aerolíneas Argentinas”. Como ejemplo, mencionó que en su provincia el aeropuerto en Sáenz Peña “está ocioso y no lo estamos aprovechando”. 

El cuarto proyecto que se pasó a la firma fue el que solicita que se prorrogue la vigencia del Fondo Nacional de Turismo, por el término de diez años, que vence en enero de 2025. 

Durante la reunión, el fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) planteó que debe agilizarse “el trámite de esas cuatro fronteras que debemos atravesar para salir de nuestra provincia y viajar al norte”. “Es una necesidad contar con un corredor seguro entre Santa Cruz y Tierra del Fuego”, afirmó. 

En el final, Zimmermann, vicepresidente de la comisión, pidió al oficialismo poder tratar el proyecto de ley sobre reconversión de los planes sociales, “sobre todo a partir de que ahora salió un decreto que es muy parecido al proyecto de ley que tenemos presentado”; y también la cuestión de los créditos UVA. “Yo sé que a usted (a Guerra), como a mí y muchos senadores es un tema que le interesa, que se sacó un dictamen con disidencias del oficialismo. Hagamos un esfuerzo para que en la próxima sesión sea un tema que se pueda tratar”, manifestó. 

Un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda del Senado debatieron este martes sobre un proyecto unificado que busca crear un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas y decidieron realizar un próximo encuentro para invitar a miembros de la Secretaría de Ambiente y la de Producción para que expongan su opinión sobre la iniciativa a fin de elaborar “un dictamen superador”.

La iniciativa fue el resultado de la unificación de dos proyectos, el S-2846/22, de la senadora del Pro Gladys González y el S-34/23 de los senadores oficialistas Antonio Rodas y María Inés Pilatti Vergara.

La titular de la Comisión de Ambiente, González explicó: “Trabajamos un dictamen conjunto y se trata de establecer un marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas. Si hay algo que falta es sistematizar la información y tener la información para poder tener una política ambiental integral y, en este caso, la ley procura un mapeo para conocer las sustancias químicas que se fabrican y se importan en la Argentina”.

“Establece la obligación de los productores e importadores de registrarse y un inventario de estas sustancias y no provoca ningún tipo de duplicación de registros. Hay más de 30 mil sustancias que se usan en diferentes procesos productivos y esto es un primer paso para poder tener información”, explayó y cerró: “Aquel que no cumpla con el registro y el inventario se lo sanciona, pero no genera ningún tipo de costo extra del productor e importador”.

Al hacer uso de la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero (UCR) destacó: “Creo que la idea del proyecto es buena para tener un listado o un registro de la peligrosidad del producto”, pero aclaró: “En Argentina ya hay varios listados como sustancias químicas en la resolución 504 de Ambiente y tiene un anexo gigante. Después está el registro de la ANMAT de sustancias químicas controladas”, y planteó: “Quizás algún día tendríamos que tener un solo sistema único de registro de estas sustancias”.

“Este proyecto habla de control, evaluación y gestión de riesgos de las sustancias y tiene una parte que es registrarse, pero también es cierto que ya existe el sistema global armonizado ya tiene un trabajo por parte del Estado. No solo nos preocupamos de la importación, sino también de la producción y eso me hace preguntar si se tuvo en cuenta producciones regionales altamente peligrosas como el tabaco, pero también lo involucra al productor y nosotros sabemos desde el interior la cantidad de dificultades que hay para lograr registros para importar, se tienen que hacer trámites en capital en un país donde tenemos un Estado que se entromete en la actividad privada, hay un sesgo anti productivista entre impuestos, cargas y trámites, se la hacen tan difícil y le estamos incluyendo obligaciones al productor”, observó.

El salteño, planteó: “Tenemos que analizar más este tema en comisión porque el artículo 20 habla de restringir la producción y eso solo lo puede decidir la autoridad de aplicación. Habría que tener las consultas necesarias para la numeración no afecte las producciones nacionales como el tabaco y el vino porque acá se tiene la tendencia de limitar y trabar y restringir las producciones”.

A su turno, el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) planteó que, antes de emitir dictamen, “lo enviemos a la secretaría de ambiente y de producción para que den su opinión y los invitemos a una reunión para que expongan acá sobre el tema y si ellos tienen un proyecto alternativo conocerlo”.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Gladys González (Pro), y la de Presupuesto y Hacienda, presidida por Ricardo Guerra (FdT), se reunieron en un plenario este martes para avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la Plataforma Continental Argentina, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su tripulación.

La iniciativa cuenta con media sanción desde el 6 de julio de 2022 en la Cámara de Diputados, en un debate recordado porque la mayoría de Juntos por el Cambio intentó dejar sin quórum aquella sesión, pero los legisladores del bloque Encuentro Federal -comandados por Margarita Stolbizer– permanecieron en sus bancas.

De tal modo, debe ser llevada al recinto de la Cámara alta antes del 30 de noviembre o perderá estado parlamentario por lo que deberá volver a ser tratada y aprobada en la Cámara baja.

Una de las impulsoras de este proyecto fue la diputada nacional Graciela Camaño, quien estuvo presente en el Salón Illia junto a los senadores que integran ambas comisiones y brindó detalles sobre la iniciativa en cuestión.

También, expusieron el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto; y la bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, Valeria Falabella.

Las exposiciones

La titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, expresó: “Lo que hacemos es crear una Reserva Marina estricta y un Área de máxima protección permanente o temporal y conservar la biodiversidad marina para la investigación científica y monitoreo”.

Además, señaló que “quedan prohibidas según lo establezca el plan de manejo, los deportes y la caza para conservar el valor de la zona y los ecosistemas marinos”.

En su intervención el presidente de Parques Nacionales, Federico Granoto, destacó que en los últimos tiempos hubo una ampliación y creación de áreas protegidas “récord”. Así, indicó que “todos los parques que se han ido creando son terrestres, pero estamos con este proyecto que ya lleva bastante tiempo de discusión y debate y un poco lo que nos pasa es que no terminamos de entender cuál es la duda sobre este proyecto”.

En esa línea, resaltó que es una iniciativa que fue “debatida, trabajado largamente, que ha sido discutido y analizado por todas las instancias técnicas y políticas desde el Poder Ejecutivo”. Asimismo, remarcó que es un proyecto de la diputada opositora Graciela Camaño que “el oficialismo ha acompañado en ambas cámaras”.

“Es un proyecto que no solo es beneficioso desde el punto de vista de conservación ambiental, sino que también nos permite avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos que ha firmado la Argentina con más de 190 países que es poder alcanzar el objetivo del 30% de áreas protegidas para el 2030”, señaló Granoto.

Además, indicó que el proyecto: “Nos permitiría avanzar en el actual 8% del territorio protegido que tenemos de nuestro Mar Argentino y estamos sumando una superficie más importante de más de 148 mil kilómetros cuadrados en un área protegida bentónica que sería la primera de ese tipo. Sería muy importante para nosotros avanzar con este proyecto el día de hoy”.

El titular de Parques Nacionales señaló que la construcción de aparques y áreas protegidas no solo protegen la naturaleza, sino también ayuda a reforzar la soberanía. “Argentina siempre tuvo esa mirada de que conservar la naturaleza siempre es una forma de ejercer soberanía sobre el territorio”, reiteró.

“La historia argentina va en esa sintonía de crear áreas protegidas, de manejos concretos y que integren la mirada de desarrollo que necesita nuestro país. Es un área bentónica por lo cual las restricciones tienen que ver con la pesca de arrastre que es una pesca que produce un impacto muy fuerte en el ambiente y sobre el fondo del mar, pero no se está legislando sobre la columna de agua”, manifestó y aclaró que el proyecto tiene una modificación respecto del que se presentó años anteriores en cuanto al área que abarca para “evitar conflictos”.

En primer lugar, Valeria Falabella, bióloga marina y directora del Observatorio Costero WCS Argentina, señaló que “es un área con características geográficas, biológicas y antrópicas”, y amplió: “Agujero Azul son 148.000 kilómetros cuadrados más allá de las 200 millas náuticas dentro de la plataforma continental en los términos de la Ley 25.557”.

“Dentro de Agujero Azul hay un área con menos de 200 metros de profundidad y esa zona está atravesada por un foco productivo, y es parte de la plataforma continental fuera de una jurisdicción internacional”, agregó. “Es una oportunidad de gobernanza a través de esta área porque la zona frontal más energética es clave para la estructura del Mar Argentino”, indicó.

A su vez, explicó que en la zona en cuestión hay “nutrientes que están en el fondo -del mar- que pueden ascender y en estas zonas se identifican ecosistemas marinos vulnerables, en este caso, son de agua fría y profundidad”.

También, añadió que “son especies que construyen ecosistemas en tres dimensiones”, y advirtió respecto al cambio climático y la emisión de carbono: “Son valiosas las macroalgas -del fondo del mar- porque el carbono queda capturado en zonas de alta concentración y es una urgencia liberar carbono a la atmósfera”.

Con relación a las características antrópicas, sostuvo que la “zona de presión pesquera que captura calamar en la columna de agua es llevada a cabo por la segunda flota en importancia opera en la zona y el esfuerzo pesquero medido supera las 200.000 horas”. “Esa extracción de recursos destruye ecosistemas”, aseveró Falabella.

Por otro lado, afirmó que “Argentina no pesca en esa área”, pero sí “operan la flota china y española”. “Agujero Azul es famosa por la pesca oscura porque los barcos apagan equipos de transmisión (obligatorios) y realizan operaciones ilegales y es una de las cuatro áreas donde sucede a nivel mundial”, dilucidó la bióloga.

El ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié, destacó la importancia del proyecto porque “Agujero Azul nos permite duplicar la cantidad de áreas marinas protegidas del país”. Además, resaltó la agenda ambiental geopolítica y apuntó contra el espacio de la Libertad Avanza: “Nosotros no creemos en aquellos que minimizan la agenda climática porque la ciencia es la que afirma respecto de la realidad del cambio climático y tampoco somos negacionistas del cambio climático y por suerte solo hay un sector que piensa que no es bueno tener parques nacionales ni áreas protegidas”.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, defendió el proyecto de ley y  explicó que “fortalecerá la presencia argentina en el área; habrá control y vigilancia de la zona para los intereses respecto a la explotación; y está la cuestión simbólica porque yacen los restos del ARA San Juan”.

La titular de la Comisión de Ambiente destacó el “compromiso que hemos asumido en esta comisión, la responsabilidad que tenemos frente a la urgencia porque este proyecto se cae si no lo tratamos rápidamente, aunque el próximo paso es lograr los consensos para que el proyecto entre en la sesión y se apruebe. Es un primer paso de acuerdo”, y propuso pasar a la firma la iniciativa, pese a que la reunión era de carácter informativa.

A continuación, el radical Víctor Zimmermann en su rol de vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hizo hincapié en la pesca ilegal y preguntó si hay información con respecto a la actividad económica de la zona y sobre el artículo 3 que habla de cláusulas transitorias. Por último, consultó por los beneficios económicos hacia adelante que generaría el área protegida.

La diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) agradeció la invitación por ser quien impulsó el proyecto y consideró que “no nos olvidemos que hablamos de una zona más de la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”.

Asimismo, señaló que “lo que sabemos es por la información de la Prefectura o a través de la ciencia sobre el abuso que se hace de la zona”. “Cuando tuvimos la reunión con la Cámara Empresaria de la Pesca, nos dicen que es una zona peligrosa y es una zona salvaje, esa es la realidad”, aseveró.

“Esto está fuera de nuestra zona de ZEE, pero está dentro de nuestra zona de responsabilidad con los organismos. Entonces tenemos responsabilidad, pero no autoridad para poner orden pesquero y Argentina es un país que puede decir que tiene una administración pesquera de excelencia, pero nos sucede que la altamar hay pocos lugares con riqueza biológica”, agregó.

Finalmente, consideró a Agujero Azul como una zona de riqueza biológica, y cerró: “La plataforma tiene una profundidad que permite que el sol entre y tenemos riqueza natural. Lo que estamos protegiendo es lo nuestro, nuestra administración pesquera y nos honra como argentinos esto”.

De forma breve, el neuquino Oscar Parrilli (FdT) preguntó si la zona fue elegida porque allí yacen los restos del submarino ARA San Juan o es “casualidad” y se tuvo en cuenta que “esta ley sea como un homenaje a las víctimas del ARA San Juan porque no se mencionó el tema”.

“Explícitamente la ley hace mención del tema y yo lo mencioné como uno de los aspectos centrales, sin lugar a dudas”, respondió Filmus. En tanto, Camaño agregó: “Es un proyecto que pensamos para el ARA San Juan y para la zona, nada es casual”.

A su turno, el riojano Ricardo Guerra expresó que es un tema “de mucha relevancia y muy importante y hay aspectos que están fuera de discusión”, pero señaló que “hay breves aspectos que desde nuestro bloque se quiere terminar de dilucidar y es nuestro compromiso a que en el transcurso de la semana se salde esa evacuación de dudas para proceder a la firma del dictamen. Sabemos de la premura porque es un proyecto que tiene poca vida útil, pero hay que saldar las dudas”.

Las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presidida por Gladys González (Pro), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Ricardo Guerra (FDT), del Senado convocaron a un plenario informativo para este martes 31 de octubre a las 16.00 para volver a tratar la creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” en la plataforma continental argentina.

El proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados el 6 de julio del 2022, cuando Juntos por el Cambio buscó dejar sin quórum a la sesión, pero de todos modos, el bloque que preside Margarita Stolbizer permaneció en el recinto y norma se aprobó con 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención.

La iniciativa, de cuatro artículos, establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Se trata de una superficie de 164 mil kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva -pero por fuera de ella-, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan y su heroica tripulación.

Esta reunión quedó acordada el pasado 27 de septiembre, cuando oficialismo y oposición se comprometieron a tratarlo por el pedido de varias organizaciones interesadas en la creación del área marina protegida. En caso de no avanzar en este período (antes del 30 de noviembre), la iniciativa perderá estado parlamentario.

Así las cosas, también será tratado un proyecto impulsado por la titular de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, para establecer el marco regulatorio para la gestión de riesgos de sustancias químicas; y otro del oficialismo, del mismo tema, presentado por Antonio Rodas y María Pilatti Vergara.

En medio del escenario electoral y mientras el foco político está puesto en el balotaje y en las internas dentro de JxC, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para iniciar el tratamiento de la separata del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Solo dos de los cuatro funcionarios invitados asistieron a disertar desde el Anexo “C” Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. En tanto Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP, no pudieron presentarse.

El motivo de la reunión fue para debatir la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.

La palabra de los funcionarios

Al comenzar la reunión Heller expresó que la intención del anexo es la de “mejorar el resultado fiscal para apuntar a un Presupuesto que dé superávit del 1% del PBI en 2024”. “Se pone a disposición de la Cámara de Diputados todos los elementos para analizar las cuestiones de la separata y el objetivo es posibilitar que los funcionarios puedan dar la más amplia definición posible”, agregó.

El primer expositor fue el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Raúl Rigo, quien presentó al anexo del proyecto: “Esta separata, cuyo subtitulo es impacto del gasto tributario en las cuentas públicas, acompaña al Presupuesto 2024”.

“Formó parte del primer proyecto de este año fiscal y es el segundo año en que el Poder Ejecutivo insiste en la conveniencia de reparar el impacto del gasto tributario”, indicó Rigo, y siguió: “Para el 2024, cuyo resultado es compatible con este déficit fiscal primario de 0,9% del PIB (Producto Interno Bruto), está en línea con los objetivos de política del Gobierno y es un valor que en un trienio significa un esfuerzo para consolidar el resultado fiscal”.

En esa línea, agregó: “Si miran los resultados de los últimos años, hay una curva descendente porque en 2023 fue de -1,9% y está previsto el 0,9 para el 2024. Es un sendero plurianual descendente”. También, sostuvo que “el gasto primario de la administración tiene una fuerte incidencia de ciertos gastos que resultan prioritarios en función de la situación económica que atraviesa nuestro país”.

Así las cosas, Rigo explicó que “el peso de los servicios sociales toma un 80% del gasto primario para 2024, que es lo que financia la asistencia social (Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentar y créditos que financian salud y educación)”.

De ese modo, añadió: “Si incorporáramos subsidios a la energía y el transporte ese gasto llega al 85% porque una porción significativa está asociado a aquellas políticas activas y a todas aquellas partidas destinadas a la seguridad social”.

En relación a ese gasto del 85% el secretario de Hacienda señaló que se busca “fortalecer el ingreso de los sectores más desfavorecidos”, y amplió: “Si matizamos que el 85% está destinado a estas partidas prioritarias, podemos lograr en 2024 un resultado fiscal equilibrado y un superávit robusto del 1% del PIB”.

Por otro lado, dilucidó que “tenemos que revisar algún capítulo a la asignación de recursos porque el Poder Ejecutivo viene siendo cuidadosamente activo en la reducción de gastos”. “Con cautela y análisis se ha avanzado en la reducción de los subsidios económicos, trasladando a sectores en capacidad de quienes pueden protegerlos”, consideró Rigo.

Luego, destacó que “el peso de los subsidios económicos en 2023 ha venido disminuyendo porque lo necesitamos para llegar al resultado del 1% en 2024 y debemos revisar el análisis de los gastos tributarios para fortalecer la recaudación impositiva”.

“El gasto tributario es la cantidad de recursos a los que renuncia el Estado nacional a los efectos de beneficiar en cargas impositiva y esto significa que en algún momento este Congreso ha dictado normas para reducciones permanentes a los efectos de eliminarlas, limitarlas o suavizarlas para que el erario público pueda hacerse de más recursos y lograr el 1% de superávit para 2024”, remarcó.

A su vez, Rigo explicó que “este conjunto de beneficios impositivos, alícuotas y regímenes de promoción conjuntamente con otros subsidios presupuestarios implican una pérdida de recaudación de 4,8% del PIB”, pero aclaró que “hay dos vertientes de explicación de esta pérdida de recaudación, en muchos casos de grandes firmas de grandes compañías y otros sectores”.

En tal sentido, agregó: “El 2,34% del PIB es la porción del 4,8 que corresponde al gasto tributario propiamente dicho, y ese 2,34 lo podemos clasificar en dos grupos que están presentes que se representará en 1,74 del PIB y el 0,64 que son de regímenes de promoción económica”.

Finalmente, Rigo afirmó que “desde el Poder Ejecutivo estimamos que esta discusión es imprescindible. En primer lugar, necesitamos una consolidación más fuerte porque el capítulo de gastos lo revisamos año a año”, y cerró: “En el contexto de la necesidad coyuntural proponemos que nos demos este espacio de revisión amplia y profunda para llegar al 1% del PIB”.

Luego fue el turno de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Fabiana Balestrini, quien remarcó que cuando se habla de gastos tributarios “hablamos de una pérdida de recaudación, se resignan recursos fiscales y se transfieren recursos públicos hacia políticas públicas definidas”, y subrayó que “todo gasto tributario tiene que estar ligado básicamente y fundamentado a una política pública”.

La funcionaria los clasificó en dos partes, por un lado, los que están contenidos en la Ley del Gravamen como impuestos a las ganancias, al valor agregado, “impuestos internos que también hay que revisar” y, por el otro lado, los que están contenidos en regímenes promocionales. “En ambos casos siempre tienen una característica en común su fundamento en una política pública”, indicó y explicó que las políticas públicas van cambiando porque las necesidades van cambiando con el tiempo y “ante la detección de un problema es lo que origina la necesidad de evaluar alternativas de políticas públicas”.

“Es lógico que las políticas públicas vayan acompañando ese movimiento porque de ninguna manera se puede permitir que se resignen o transfieran recursos públicos concentrados en ciertos sectores definidos y que la política pública dejo de ser necesaria o necesita una readecuación de alternativas”, explayó Balestrini e indicó: “Para qué seguir con un gasto tributario si no se analiza la base del mismo”.

La funcionaria señaló que el gasto tributario es 2.34 del PIB más un 2.38 de “aquellos otros beneficios que pueden tener impacto presupuestario en distintos ejercicios. Algunos vinculados con algunas medidas de diferimiento impositivo”.

Al explicar los diferentes regímenes y su composición, comenzó por aquellos cuyas exenciones o dispensas están contenidos dentro de la ley de origen. Así, arrancó con el impuesto a las ganancias del que explicó: “Es un 0.30 del PIB, si lo desmenuzamos tenemos exenciones que están incluidas en la Ley del Gravamen desde el momento de su creación, pero con el tiempo se fueron acotando y fiscalizando. Pero si vamos a otro tipo de ganancias o dispensas contenidos en ese mismo capítulo tenemos uno que habla de derechos de autor y hoy tienen un límite bajo de 10 mil pesos, pero lo más importante es que esta exención aplica a residentes argentinos y no para beneficiaros del exterior. Argentina acá no esta resignando recursos fiscales porque sobre esos beneficiarios del exterior si se retiene el impuesto”.

“Si vamos a lo que representa más de la mitad el gasto tributario originado por dispensas del impuesto a las ganancias es el caso de los salarios de los magistrados”, señaló y explicó que “esta exención estaba contemplada hasta 1996 y ahí se elimina, pero en ese mismo año el Poder Judicial sacó una acordada donde dice que esa exención sigue vigente. En 2016 para aplicar a las designaciones ahí comenzarían a tener un tratamiento de gravabilidad o sujeto al impuesto a las ganancias los salarios del Poder Judicial de quienes ingresaban a partir de 2017”.

Al respecto, consideró que “hay una situación inequitativa, pero más allá de eso, hay que analizar cuál es la política pública asociada a esta dispensa que representa más de la mitad del impacto”. Así, resaltó que “hay gastos tributarios que están vinculados a políticas públicas son políticas del Estado o del Gobierno”.

“Es importante destacar cómo operan las alícuotas reducidas en el impuesto al valor agregado porque este gasto tributario origina más de la mitad de lo que implica el impacto de los gastos originados en IVA como porcentaje del PIB son las alícuotas reducidas”, planteó Balestrini y analizó a “qué productos se aplican y sectores, vemos una que es la construcción de viviendas y se entiende que es una política pública sustentable que sigue vigente. Si lo vinculamos a productos de primera necesidad como carnes, panadería, verduras, frutas, luego de todo les digo que la misma alícuota reducida se aplica a las obras de arte, entendemos que no hay un tratamiento simétrico en este razonamiento”.

“Ese tratamiento de alícuotas reducidas sobre las obras de arte data desde el 97’ y no se revisan lo vigente y se agregan otras. Es necesaria la revisión y que nos llame la atención de que un tratamiento de alícuota reducida en un impuesto que se considera regresivo tenga tan simétrico tratamiento y se indique una alícuota del 10,5% para una comercialización de una obra de arte en relación a un producto de primera necesidad”, planteó.

La subsecretaria sostuvo que se están “enfocando en analizar las políticas públicas detrás de cada gasto tributario”, y aclaró que “no se trata de eliminar absolutamente todos los gastos porque hay que ver la política pública de atrás y ver cómo se instrumenta una reducción, pero tiene que tener un análisis con la política pública de fundamento”.

Por otro lado, recordó que en 2017 se modificó el Régimen de Imposición a los Combustibles Líquidos por un impuesto fijo actualizable y “se considera que pude ser mucho más impositivo, procedente y de impacto positivo y que se vuelva a un sistema de alícuota variable, es decir, un sistema de cuota valor a comparación de un impuesto fijo”.

Sobre las contribuciones a la seguridad social “tiene que ver con todos los beneficios que se han otorgado en materia de seguridad social en cuanto a reducción”. Además, consideró que “una manera de promoción del empleo vinculado a esta política pública de promoción del empleo puede ser una reducción de las contribuciones patronales, pero siempre planteada por un tiempo determinada, un control efectivo, de resultados e impacto y una reducción decreciente a lo largo del tiempo. Ningún beneficio debe ser para siempre, porque sino no es un beneficio que pueda lograrse evaluar en cuanto al resultado y el impacto que genera”.

En cuanto a las dispensas contenidas en la normativa, se refirió al impuesto a los bienes personales y a impuestos internos que tiene impuestos diferenciales, pero hay que revisarlo con profundidad porque hay asimetrías donde el agua mineral aún tributa impuestos internos a diferencia de otros tipos de bebidas como las alcohólicas que están exentos de impuestos”.

“Hay que hacer un análisis de todas las alícuotas diferenciales que comprenden este impuesto. Sobre bienes personales hay ciertas exenciones que tienen que ver con inversiones financieras y que fueron mutando a lo largo del tiempo con diferentes análisis, pero sigue rigiendo por el régimen de promoción de esas inversiones. SI lo comparamos con la exención de inmuebles rurales hay una dicotomía importante hasta el 2018 estaban gravados, luego pasaron a estar exentos y se genera una asimetría más”, detalló Balestrini.

Al cierre de su disertación habló de los Regímenes Promocionales que “hay 3 o 4 que representan la mayoría de lo que son gastos tributarios relacionados a los regímenes promocionales que datan de años o algunos son más recientes que se van renovando y aggiornando a las nuevas realidades. Se puede ver que hay una política pública atrás que tiene que ver con la exportación de servicios”.

También señaló que “hay Regímenes Promocionales que tienen que ver con las PyMEs que se han redefinido tratando de mejorar la trazabilidad. El Régimen de Promoción de Tierra del Fuego también tuvo su política pública ligada a la población de la isla, hay que analizar la redefinición de las políticas vinculadas a cada régimen promocional porque no tienen que ser permanentes, tampoco eliminarse como acción disruptiva, hay que analizar a qué política pública responde y a qué necesidades para aplicar un tratamiento tributario que sea gradualmente decreciente y por tiempo limitado, es la única forma”.

En tanto, indicó que hay que analizar otros conceptos impositivos que tienen impacto presupuestario por ejemplo las plataformas digitales porque “uno de los problemas que preocupa es la gravabilidad de las plataformas y de servicios digitales que significa establecer un régimen de retención dentro del impuesto a las ganancias para los beneficiarios del exterior y no a los consumidores finales, porque son corporaciones internacionales que no tributan en el país”.

Las inquietudes de los diputados

El presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, fue el primer legislador en realizar consultas y se refirió a tres temas. En primer lugar, sobre un estudio de asistencia efectiva para saber qué sectores están asistidos por encima del valor de la economía y que sectores no son asistidos; luego, sobre un proyecto de Marcelo Casaretto sobre OSDE y el 15% de grabación sobre la renta; y respecto de los magistrados, sobre la Ley de 2017 fue declarada inconstitucional por dos jueces, a la que consideró que “creemos que esa ley es constitucional”.

En su intervención, el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó: “Nosotros no sabemos cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo”, pero sí coincidió en “avanzar en un proceso integral de evaluación de impacto de cada política pública, eso es positivo. Se la puede dotar a la oficina de Presupuesto del Congreso para que lleve adelante ese estudio, es algo que hemos reclamado en cada oportunidad. Es algo que me parece perfecto y brillante”.

“Quisiéramos saber cuál es la propuesta concreta del Ejecutivo respecto de cuáles son los gastos tributarios que planean eliminar”, planteó.

El diputado nacional y economista Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) expresó: “Compartimos en JxC cierto desconcierto con este tema, pero valoramos la explicación”, y agregó: “Lo que nos produce desconcierto es que terminamos gastando más de lo que tenemos”.

Sin embargo, aclaró que “la información y la exposición es clara”. Del mismo modo parafraseó a Cristina Kirchner y relató que “la sigo a la vicepresidenta de la Nación cuando se refirió a esto con mucha contundencia como ‘planeros ricos’ y eso no se traduce en una decisión política de eliminar esto y esto”.

En tal sentido, refirió que “si me preguntan todo lo que implique una desigualdad ante el impuesto hay que quitarlo. Por mí, las eliminarías todas”, y cerró: “Si hemos comenzado una devolución del IVA, no le encuentro sentido a tener alícuotas vigentes”.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (Partido Obrero) manifestó: “Venimos marcando que cada tratamiento presupuestario no trae beneficios en las mayorías populares y los fondos fiduciarios que son incontrolables no están en la separata”.

También, advirtió que “en la exención de ganancias de fundaciones, bajo este régimen, hay bancos y aseguradoras. Queremos saber cuáles bancos no pagan cargas tributarias”. “No hay justificación para que las empresas sigan beneficiándose con bajas”, aseveró.

Finalmente, agregó que “este es un presupuesto de ajuste y creo que debemos avanzar en una modificación tributaria integral”, y concluyó: “Hay medidas muy parciales dentro del régimen tributario que es regresivo en su conjunto”.

A su turno, el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, destacó la concepción que “está detrás de nuestro ministro de Economía que es este camino progresivo para poder lograr un resultado fiscal equilibrado. Me parece que eso es importante en este tiempo”.

“El superávit fiscal y comercial es una columna que nos gustaría recuperar y se los piensa como recortes de gastos y acá nos están proponiendo cómo podemos contribuir a un mayor equilibrio para los resultados de las cuentas públicas argentinas”, señaló y valoró la decisión política de “visibilizar” el tema y consideró que es “muy valioso” poner la separata del proyecto porque “se puede tratar mejor esos conceptos”.

También, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), consideró que “es necesario discutir sobre estos gastos no tributarios que ascienden al casi 5% del PBI, pero en un proceso electoral, sería un buen gesto tener la opinión del presidente electo sobre el Presupuesto porque es legítimo que el presidente electo lo que el necesita para gobernar el primer año”.

A fin de apurar los trámites antes de que concluya el periodo ordinario, un plenario de comisiones se reunió este miércoles para emitir despacho favorable a la creación de cuatro universidades nacionales de las cuales, tres de ellas vienen con media sanción de Diputados votadas en la última sesión de la semana pasada.

Desde el Salón Arturo Illia las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) y el riojano Ricardo Guerra (FdT) respectivamente, dictaminaron los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de los senadores oficialistas convertirlas en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No fueron los únicos temas de la agenda. En el trascurso del día, agregaron al temario un proyecto de la senadora Clara Vega para crear la Universidad Nacional de Aimogasta con sede central en la ciudad de Aimogasta, departamento de Arauco de la provincia de La Rioja, que tuvo dictamen favorable.

También se le dio tratamiento y despacho al proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Universidades en Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja

Al inicio del encuentro, López Valverde informó dos cambios en la composición de las comisiones. Así los senadores Marcelo Lewandowski (FdT- Santa Fe) y Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) se incorporaron a la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de María Teresa Margarita González y Ana María Ianni.

Hecha la aclaración, la sanjuanina se refirió a la Universidad del Salado y remarcó que el proyecto se viene presentando desde 2015 en cuatro oportunidades hasta que “al final tuvo dictamen favorable y cuanta con el proyecto de factibilidad y del CIN”.

“Esto tiene que ver con una estrategia de políticas universitarias y superiores para hacer la oferta a los jóvenes del lugar, evitando el desarraigo y potenciando a los jóvenes en aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción regional”, señaló y agregó: “Esta universidad responde a problemáticas y necesidades de estrategias para el desarrollo regional y la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial y virtual”.

Respecto de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz explicó que “se constituye sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y desde el 2021 es la que cuenta con mayor matrícula de estudiantes. Su campo de enseñanza abarca lo que es la formación docente necesaria porque hay pocos docentes y hay que aumentar el número y que estén bien formados. La educación, las ciencias sociales, humanidades, artes y el campo de la salud pública y mental, este último aspecto es importante porque se pretende trabajar desde una perspectiva de derechos y se está estimulando y motivando a que todas las universidades contemplen los problemas de salud mental y que sean atravesados y profundizados más aún post Covid-19”.

Al hacer referencia a la creación de la Universidad del Saladillo, López Valverde indicó que cuenta con el estudio de factibilidad y el acuerdo favorable del CIN. “Básicamente se va a centrar en las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas, ciencias sociales que incluyen títulos de grado, posgrado, tecnicaturas y diplomaturas. Las propuestas se orientan al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, ambiente, producción y la empresa con acento en tecnología y biotecnología”, detalló y sumó que apunta “a la realidad circundante y a la necesidad de diversificar la oferta académica y de contar con profesionales en ciertas disciplinas que tienen que ver con la realidad económica y que, a veces, no tenemos la cantidad suficiente de egresados”.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) defendió el proyecto que presentó respecto a la creación de la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede en el departamento de Arauco y expresó que “venimos presentándolo desde el 2021 y es muy importante por la trayectoria de La Rioja en educación”.

“Esta es la mejor forma de homenajear a Joaquín v. González porque también, en 1918 varios riojanos fueron parte de la reforma universitaria”, señaló Vega. Además, sostuvo que “la gestión de varios ministros como Joaquín Santos Salinas acompañó a la transformación de la creación de escuelas”.

Respecto a los beneficios en la localidad respecto a la creación de la casa de altos estudios, la senadora explicó: “Es un departamento con mucha producción olivícola y desarrollos termales”. “Parque Arauco tiene la posibilidad de ser un parque hídrico para mayor regularidad de ingreso y producción de energía y está al norte de La Rioja”, indicó.

Así las cosas, Vega reiteró que “si hoy podemos darle dictamen –al proyecto- pondríamos una semilla en el norte argentino para jerarquizar e igualar y Arauco está interrelacionado con Catamarca y muy cerca de Chile”. También, manifestó que “busca generar la llegada de la mayor cantidad de alumnos para las carreras”.

“Creemos que podemos avanzar en igualar y mejorar para ser generadores de esta transformación porque la universidad forma para generar trabajo”, expresó, y concluyó: “Todos nosotros podemos acompañar para que muchos estudiantes que no pueden irse a otro lugar a estudiar tengan ese polo de desarrollo científico y tecnológico para generar autonomía energética. Vamos por ese sueño”.

Creación del Instituto Nacional del Libro Argentino

En carácter de autora, López Valverde sostuvo que el motivo para presentar la iniciativa fue “la deuda que tenemos con la industria del libro y pensar en una política estratégica a largo plazo con respecto al tema”.

“Tenemos una visión sistémica en la que tratamos de incorporar a toda la cadena que tiene que ver con la producción del libro porque cuando una de ellas se afecta, se ven todas afectadas. Podemos decir que, hasta ahora, hemos tenido una visión centralista y todos los esfuerzos los vemos acá con las envergaduras de las librerías, basta con recorrer las calles, y cuando necesitamos algunos títulos especiales quienes vivimos en el interior, cosa que se nos facilita con las nuevas tecnologías siempre tenemos que solicitar de la bibliografía al centro del país”, consideró.

La sanjuanina recordó que el Instituto Nacional del Libro tuvo un antecedente en Diputados al ser presentado en el 2020 por quien fuera en ese momento diputado Daniel Filmus -actual ministro de Ciencia y Tecnología- pero “basándonos en eso y asesorándonos con gente del ministerio de Cultura y con la Unión de Escritores, ayudaron a redactar el proyecto para hacer del INLA un instituto no burocrático, donde el dinero vaya a donde tenga que ir y no se gaste en funciones burocráticas”.

“El primer proyecto de mi autoría fue en el 2021 y luego fue representado con todo el enriquecimiento tanto de Cultura y la Unión de Escritores”, reiteró y precisó que el INLA es un organismo de promoción y fortalecimiento del libro y dependería de la órbita del Ministerio de Cultura.

Entre las funciones, detalló: “Fomentar la diversidad editorial priorizando la participación de las editoriales pequeñas, fomentar la lectura, promover la distribución, circulación y comercialización del libro, favorecer un acceso democrático e igualitario- Se trabajaría todo esto con el Ministerio de Educación y la CONADI”.

En lo que respecta a la composición, la sanjuanina explicó que estará a cargo de un directorio constituido por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo por cuatro 4 años y renovado por un solo periodo más, tiene que ser una persona que conozca del tema. También se designará un director administrativo y un director artístico.  Además, destacó que estará representado por 6 representantes del quehacer editorial, con la siguiente composición: 2 representantes de las cámaras editoriales, 1 representante de los libreros, 2 representantes de los escritores, 1 representante de los traductores autorales; 1 representante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); 6 representantes elegidos por la Asamblea Federal, uno (1) por cada región cultural.

“Tendrán una duración de dos años en sus cargos y no va a implicar un costo porque las funciones serán cumplidas ad-honores”, destacó y añadió que se va a constituir una Asamblea Federal con 1 representante del Ministerio de Cultura de la Nación; 1 representante del Ministerio de Educación de la Nación; 1 representante del Ministerio o secretaria de Desarrollo productivo; la máxima autoridad en materia cultural de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 1 representante de la CONABI”.

López Valverde remarcó que “no solo se hace hincapié en que el libro llegue a todos lados y tener en cuenta editoriales pequeñas, y autores que no se mueven en la órbita de la gran urbe porque buscamos un criterio federal y es por eso que se contempla la Asamblea Representativa conformada por regiones culturales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán dividas en las siguientes regiones culturales: Centro (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Centro Litoral (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); NEA (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes); NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero); Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) y Patagonia (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur)”.

Por otro lado, aclaró que la manera de financiamiento es a través de la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino: “Se plantea una partida específica que anualmente se establece en el presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto total para el Ministerio de Cultura de la Nación establecido en el Presupuesto General de la Nación”.

“Se agrega u porcentaje, a determinar por la Autoridad de Aplicación, de lo recaudado en la asignación del número del Sistema Internacional Normalizado para Libros”, indicó y sumó que el Fondo será destinado a “concursos, traducción de libros nacionales y extranjeros”.

“Adoptará la función como órgano promotor del libro y la actividad cultural y tiene la figura autárquica y autónoma. Vale la pena pensar en la industria del libro porque ha pasado por situaciones críticas como otras tantas áreas por los costos de insumos, la merma del consumo del libro y la transformación tecnológica. Es una deuda que tenemos con la cultura”, cerró.

Como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra adhirió a “todo porque es importante incentivar la escritura y la lectura, ya que debemos esforzarnos para mantener nuestras culturales regionales y es necesario que se complemente con las lecturas en las escuelas”.

Los inicios de la municipalización de Fontana

El senador nacional Antonio Rodas (FdT – Chaco), impulsor del proyecto para declarar de interés a “Los inicios de la municipalización de Fontana”, obra de Ricardo Sosa y Giselle Monzón sostuvo que “hay un gran esfuerzo de muchos escritores para defender la localía, pero no tienen financiamiento adecuado”.

 “En Fontana, perdimos 15 años de vida institucional que recuperamos en 1973 por los únicos que se le suspendió su caracterización municipal y es justo mostrar que sepan los inicios de esta ciudad pujante y progresista”, señaló el chaqueño.

Por otro lado, remarcó –varias veces- que “esta es la reparación histórica que tuvimos con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y con este gobierno”, y aseveró que “a quien le toque gobernar le pedimos que lo haga con la misma sintonía porque después –de Néstor y Cristina- nadie más hizo nada”.

Por último, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su coterráneo Víctor Zimmermann (UCR), lo felicitó por la iniciativa porque “esta obra es trascendental para nosotros porque nos ayuda a difundir nuestra historia y para que se conozca la evolución del pueblo y se sepa del esfuerzo que se tuvo que hacer en la localidad para tener lo que tenemos ahora”.

En una semana corta marcada por un feriado y a cuatro días de las elecciones generales, el Senado tuvo este miércoles actividad en comisiones, donde se trataron varios proyectos que recientemente tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa para transformar en ley el Programa “Compra sin IVA”.

En el comienzo, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), resaltó que actualmente ya hay “12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos”.

“Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo”, afirmó.

Al destacar que el universo alcanzado sería de 20 millones de personas, el riojano defendió que se trata de un “paliativo” en medio de “las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), aseguró: “Conceptualmente nosotros estamos de acuerdo con el programa, pero todos sabemos de la inestabilidad económica que estamos teniendo en Argentina”. En esa línea, consideró que la iniciativa “suma un grado más de incertidumbre”.

El chaqueño recordó que “el IVA es coparticipable” y de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del “1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución de este impuesto a las provincias”. “Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación”, detalló.

Para el radical, en el proyecto se debería incorporar “una fuente clara de financiamiento” o “estudiar la posibilidad de un fondo compensador”.

A su turno, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que “todos sabemos que el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos”. “Estamos actuando con un criterio que es primo de lo que es la justicia social, porque estamos tratando de llevar justicia tributaria”, remarcó el catamarqueño y agregó que “tendremos que hacer las maniobras suficientes para que las provincias se adecuen, pero la prioridad es que el consumo se enriquezca”.

“Cuánto cuesta beneficiar a millones y millones de personas en términos impositivos y qué poco cuesta beneficiar a pocas empresas con beneficios impositivos”, comenzó en su intervención la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (UC-FdT). Sobre esto, apuntó que los beneficios fiscales para ciertos sectores es “de más de 4 puntos del PBI”.

Para la kirchnerista, esta es “una medida de estricta justicia”. “Yo entiendo como senadora de la provincia de Buenos Aires que votando esta ley beneficio a mi propio pueblo”, sostuvo y desafió a la oposición que “si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI” el proyecto, se “animen” a discutir “la separata (al Presupuesto) que manda por segundo año el ministro de Economía”. “A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen”, dijo.

Por su parte, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), resaltó que “hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%”. Y a partir de eso, “el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación”, ponderó, comparando lo sucedido tras las PASO de 2019.

Respecto a la devolución del IVA por la compra de productos de la canasta básica, “no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado”, expresó.

En un enfático discurso, al referirse al financiamiento, la mendocina se quejó de que la ley de blanqueo “duerme en la Cámara de Diputados”. “Esa es una forma de compensar, ir por quienes no declaran las ganancias que se producen en suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados, evadiendo impuestos en Estados Unidos”, aseveró.

“¿Sacándole a los que menos tienen vamos a compensar a las provincias por la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y le cobremos impuestos a los quienes evaden? Los principales evasores en Argentina y el mundo son las multinacionales”, subrayó.

Pero también se quejó de que “para colmo, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Cayssials, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias a los jueces. ¡Una barbaridad! Y nadie sale a decir nada”.

“Si hay que hacer una compensación desde el Senado de la Nación y trabajar juntos, hagámosla, estamos dispuestos”, aseguró, pero le pidió a la oposición que “si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100 mil millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos”.

Recogió el guante Zimmermann, uno de los dos senadores presentes de Juntos por el Cambio -la otra fue Guadalupe Tagliaferri– y le contestó: “Voy a mirar el proyecto, con mucho gusto. No estoy a favor de los evasores, así que en ese aspecto cuente conmigo”.

Finalmente, el senador Edgardo Kueider (UF) se mostró a favor de la iniciativa y explicó que “el IVA para el Estado Nacional y las provincias hoy por hoy no es un problema, porque debido justamente a la inflación la recaudación interanual del IVA ha superado el 150%”. Además, señaló que para hacer efectivo este beneficio “hay que pagar con medios electrónicos, eso es blanqueo y evita la economía informal”.

De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, se crea el Programa “Compra sin IVA”, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Promoción de la industria del calzado

En la reunión de este miércoles el oficialismo también avanzó con el despacho del proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado.

Al respecto, el senador Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT) precisó que “en nuestro país hay unas 1.200 fábricas, entre PyMEs y MicroPyMEs, que ocupan más de 56 mil personas en forma directa o indirecta”.
Con la iniciativa se buscar “generar la sustitución de importaciones”, subrayó y afirmó que brindándole a este sector “una previsibilidad en el desarrollo, vamos a lograr no solamente no tener que importar, sino establecer un mercado exportador a lo largo de los años”.

“Este rubro tuvo a partir de 2002 un gran crecimiento, y lamentablemente entre 2016 a 2019 de 111 millones de pares se bajó a 81 millones”, apuntó sobre el período del gobierno de Cambiemos. Y añadió: “Cuando todos hablan de achicar y recortar, nosotros creemos que es creciendo, produciendo, ampliando”.

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.

Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, se reunieron en un plenario este lunes para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), a fin de aprobarlo en el recinto en la sesión convocada para este martes en cuyo temario ya había sido incluido.

La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional al Congreso en mayo de este año y recién en julio comenzó su tratamiento en comisión, algo que fue cuestionado por la oposición y que lo calificó de “express”. También pidieron que el proyecto sea debatido “con profundidad y prolijidad” y le solicitaron al FdT que lo saque del temario.

El dictamen contó con 42 firmas, entre ellas la de Carlos Fernández (Fte. misionero) y la del neuquino Rolando Figueroa (MPN).

Las modificaciones al Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Comenzado el plenario, el titular de la Comisión de Energía y Combustibles confirmó que el proyecto tuvo ciertas modificaciones y anunció que habrá un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio.

Respecto a las modificaciones para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, explicó que refieren a los artículos 6 (Criterios de evaluación y aprobación de los proyectos), 15 (Cupos Fiscales) y 16 (Impuesto a las Ganancias. Alícuota aplicable) respecto a sus redacciones.

En tanto la modificación al artículo 23, que habla de los derechos de exportación, la incorporación del Valor Referencia 2, Valor de Referencia 3 y Valor Referencia: El primero establece una alícuota del 12% en casos que el Precio FOB supere los 25 dólares; El Valor Referencia 3, una alícuota del 14 cuando supere los 30 dólares; y el Valor Referencia 4, del 15% cuando supere los 35 dólares.  

Finalmente, hay dos modificaciones más en el artículo 24, respecto al acceso a divisas y estabilidad cambiaria, y en el artículo 28 sobre la concesión de transporte de ductos dedicado.

La palabra de los diputados

Tras explicar las modificaciones, el diputado neuquino Francisco Sánchez (Pro) cuestionó que el proyecto se presentó en julio tras “varios anuncios” y que “prácticamente no ha tenido, más que una convocatoria a invitados, la oportunidad de trabajarse en comisión. Ahora recibimos una serie de modificaciones difícil y difícilmente podamos mensurar qué implican las mismas para un proyecto de ley de esta importancia”.

Sánchez recordó que presentó hace tres años un proyecto similar que fue trabajado con diversos sectores “que se estudió mucho, pero nunca se trabajó en las comisiones todo este tiempo”. En esa línea apuntó: “Ahora que aparece un proyecto impulsado por el acuerdo YPF-Petronas, aparece en aparecía una preocupación por tratarlo rápido. Lo presentaron en julio y hace una semana nos enteramos que lo íbamos a tratar en la sesión y luego aparece la convocatoria a esta reunión conjunta. Bastante desprolijo todo y pareciera que no hay intenciones de que se apruebe, al menos como debe salir un proyecto de esta naturaleza que sería por unanimidad, sería lo adecuado”.

“Quiero lo mejor para el país, no para un sector político. La forma en que se quiere legislar es como una compensación a la falta de credibilidad que tenemos internacionalmente. Si lo queremos combatir de esta manera, con modificaciones a un proyecto que hay que leerlas y entenderlas a último momento, no está la vocación de sacar un proyecto de ley que conforme a todos”, disparó el neuquino en representación de su provincia y cerró: “No es la forma de tratar un proyecto si se lo quiere sacar adelante”, y adelantó que no acompañará el proyecto y pidió trabajarlo “en conjunto, de forma constructiva y prolija mostrando vocación de que el país puede salir adelante con un proyecto que respaldan todos los sectores”.

Luego, la diputada nacional Pamela Verasay (UCR – Mendoza) recordó la visita de Flavia Royón, secretaria de Energía, en dos plenarios en Diputados y manifestó que “no recibimos respuestas a las inquietudes y aparece de manera forzada en el temario porque no tiene orden del día”.

“A pocos meses de irse este Gobierno ¿cuál es la intención de sacarlo a las apuradas? Comprometemos los recursos de los argentinos”, cuestionó la mendocina. “Ni siquiera tomaron en consideración el pedido de invitar a los gobernadores petroleros”, siguió.

En el mismo sentido se expresó Pablo Cervi (Evolución Radical – Neuquén) quien ratificó las palabras de los diputados preopinantes y cuestionó el tratamiento “exprés sin tiempo de discutirlo”, con tan solo dos reuniones informativas y “sin instancias para debatirlo entre los diputados”.

Así, bregó para poder dar “previsibilidad” a la política energética en el mediano y corto plazo, ya que “los recursos son importantes y pueden mover la aguja del país”. Asimismo, señaló que lo que posee Vaca Muerta “podría generar exportaciones que hagan que Argentina amplié la matriz económica”.

“Si no logramos ampliar la frontera vamos a estar complicados y este tema tenemos que darle un debate producido que trascienda la agenda política y electoral. Tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo que trascienda los gobiernos de turno para que el país se desarrolla. Nos preocupa la forma de apuro en tratarlo y hagan cambios que no dan tiempos a analizarlos”, planteó Cervi y pidió que se tengan en cuenta todos los proyectos que fueron presentados.

También, el presidente del bloque de la Coalición Cívica – ARI en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, destacó que “JxC apuesta al GNL como negocio y competidor en el mundo que afortunadamente Argentina tiene mucho, pero hay que hacer las cosas con seriedad”.

Del mismo modo, planteó: “Este régimen no va a salir con una cantidad de votos necesarios”, y responsabilizó al oficialismo por el fallo contra la expropiación de YPF: “¿Nadie va a decir que Axel Kicillof es un corrupto?”. En relación al proyecto, sostuvo que “lo trabajaría con más tiempo y lo sacaría de la sesión de mañana porque no podemos darle seguridad jurídica a Petrona o a YPF y no lo abordamos con seriedad”.

El santafecino Gabriel Chumpitaz (Pro) adhirió a las palabras de sus pares y planteó que es “preocupante cómo se llevó adelante el tratamiento en esta comisión, más allá de que no hubo debate ni consenso y fue presentado por YPF y a la semana vino la secretaria de Energía. Es decadente que le hagan un traje a medida a la compañía más desastrosa de la historia de la Argentina”.

“Tengo dos cuestiones técnicas que nunca me respondieron ni los funcionarios de YPF ni los de la secretaría de Energía. El primero es el costo de extracción, nadie sabe explicar cómo van a hacer para competir con el costo de extracción de la Argentina comparado con la extracción de Arabia Saudita. Nadie me puede explicar un monto que asegure el negocio en próximos años y la otra cuestión es la distancia hacia los centros de consumos de energía”, criticó Chumpitaz y remató: “Es una total irresponsabilidad por parte del oficialismo”.

Para la diputada nacional Jimena Latorre (UCR) este proyecto de ley “pretende perjudicar los próximos 30 años porque no somos competitivos y tenemos costos que no son favorables”. “A 13 días de las elecciones con la macro desordenada, no haría falta abrir este kiosquito nuevo”.

“¿Por qué se da un tratamiento de esta manera?”, preguntó el pampeano Martín Maquieyra (Pro) y planteó que el proyecto “reconoce todos los errores y mala praxis que ha tenido el gobierno kirchnerista desde el 2003 al 2025 cuando rompieron contratos de exportación, cuando subsidiaron la demanda de energía, cuando expropiaron una empresa, un déficit energético millonario que todavía nos cuesta”. Así, calificó la iniciativa como “presentado mal temporalmente porque tiene tinte electoralista porque la comisión en cuatro años no se reunió, técnicamente deficiente y políticamente mal manejado”.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) se mostró a favor del Régimen de Promoción del GNL y manifestó que “me parece una picardía no recoger el guante”.

Del mismo, aclaró que la sentencia de Nueva York, de la jueza Loretta Perska, por 16 mil millones de dólares “es contra el Estado nacional y no contra YPF”.

De la vereda de enfrente, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le respondió a la oposición señalándoles que “muchos de los que están hoy, no estuvieron en reuniones anteriores y no vinieron a escuchar cuando se presentó el proyecto, ni a los funcionarios de economía respecto de lo que implica este régimen de promoción”.

“No hicieron ningún comentario específico de ‘che, quiero modificar el artículo 2, el artículo 8’, sin ningún comentario específico sobre ningún punto del articulado de este proyecto, se viene a hacer una impugnación global de este proyecto”, retrucó y agregó: “Se hace una impugnación global sin ningún tipo de fundamento y, cuando no tienen argumentos, recurren a una gran cantidad de adjetivaciones hacia YPF, hacia el funcionamiento de la comisión”.

Martínez consideró que “estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico” al acusar a la oposición de desviar el tema central y enrostró que “en las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestionamiento tener un régimen de promoción para el GNL. Para poner en movimiento la rueda hay que aprobar esta ley que, si no fuera tan mala no hubiesen presentado otros proyectos”.

El gobernador electo de Neuquén Rolando Figueroa señaló: “Los neuquinos estamos esperanzados con la sanción de esta ley porque este proyecto nos permite exportar gas a Brasil y a Chile y darle energía al campo”, y agregó: “Los patagónicos necesitamos las soluciones de infraestructura que estamos teniendo”.

“Debe existir la voluntad de generar una política de Estado porque se han manifestado los sindicatos del gas y el petróleo, los intendentes y concejos deliberantes de mi provincia para sacar esta ley”, afirmó Figueroa. Asimismo, cargó contra los que se oponen a la iniciativa: “Hay desconocimiento de gas y petróleo para competir en el mundo y el debate debe ser serio”.

A su vez, cuestionó: “¿Cuándo es el momento de trazar políticas de Estado si no es ahora? Vaca Muerta engloba varias provincias”. También, consideró que “el 100 por ciento de cero es cero, y si no se acopian a estos beneficios no los van a tener porque tenemos para abastecer a Latinoamérica y al mundo”.

GNL-Dictamen-oficialismo

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, convocaron a un plenario para el lunes 9 de octubre a las 15.30 en la Sala de Reuniones del 2º piso del Edificio Anexo “C” para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Esta iniciativa fue impulsada en mayo de este año y, además, está incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados para el martes próximo.

El oficialismo, al igual que con el dictamen de la modificación del Impuesto a las Ganancias, volverá a tratar un proyecto en comisiones un lunes para poder votarla en la sesión del día siguiente.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El oficialismo en la Cámara de Diputados se alzó este miércoles con el dictamen de mayoría a favor del proyecto que fue devuelto con cambios desde el Senado sobre la Ley de Alquileres, mientras que la oposición firmó un dictamen de minoría que defiende la media sanción que había sido aprobada el pasado 23 de agosto. 

El Frente de Todos, solo con el acompañamiento del misionero Carlos Fernández, consiguió el despacho de mayoría con 41 firmas. Fernández había votado a favor junto al resto de la oposición la vez pasada. En tanto, con 39, el despacho de minoría fue respaldado por Juntos por el Cambio y la bonaerense Graciela Camaño.

A pesar de esos números, la ley tendrá un final abierto en el recinto. La postura que adopten los bloques federales será determinante para torcer el destino de la reforma de un lado o del otro. Se sabe que, a favor de la derogación, los tres libertarios liderados por Javier Milei se opondrán a cualquiera de las dos opciones.

En la previa de la sesión, que se estima se convocará para la próxima semana y podría incluir el tema, en el FdT admiten que la oposición estaría en condiciones nuevamente de imponer su mayoría y, en ese caso, sancionar definitivamente una modificación que devuelve el plazo de los contratos a dos años, permite ajustes cada cuatro meses y deja librado al acuerdo de la partes la actualización de los alquileres con la opción de tres índices (IPC, IPM, IS). Cabe recordar que en la sesión de agosto a la bancada liderada por Germán Martínez le faltaron 13 integrantes, que podrían haber hecho empatar la votación, pese a que algunos estiman que en ese caso no se hubieran abstenido los dos socialistas. Igualmente, es historia.

Aunque en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck votó junto al oficialismo, sus dos diputados estarían más cerca de mantenerse a favor de la versión original. Eso contribuye a los números de Juntos por el Cambio, que este miércoles salió a reclamarle a esos legisladores que mantengan su postura, lo que despertó rechazo en la reunión.

Por su parte, el texto que salió del Senado mantiene el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establece que los aumentos sean semestrales; y fija un nuevo índice para la actualización, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Al comienzo de la reunión, que terminó con los ánimos alterados y una fuerte discusión entre la oficialista Paula Penacca y la radical Karina Banfi, el primer orador fue el diputado Pablo Tonelli, que defendió la media sanción de Diputados. 

“La Ley 27.551 no dio los resultados esperados y produjo una alteración dramática en el mercado de los alquileres”, afirmó y mencionó que al momento de su sanción -a mediados de 2020- en la Ciudad de Buenos Aires había “una oferta de unos 7.000 inmuebles” y “hoy en día hay menos de 1.000”. Dijo que a la ley se sumaron “factores externos” como la alta inflación que hace que los alquileres requieran “aumentos constantes”. 

El legislador del Pro cuestionó que a partir de la Ley de Alquileres “los locadores perdieron rentabilidad, estímulo, aliciente y retiraron del mercado” las propiedades. Para el macrista, puede ser “una actitud comprensible” querer “proteger a los inquilinos, pero ya está probado que esa protección excesiva no ha dado buenos resultados”. “Tenemos que encontrar un equilibrio que respete razonablemente los intereses de las dos partes”, añadió y ratificó: “Creemos que lo mejor es insistir en la sanción originaria de nuestra cámara”. 

También a favor de la reforma salida de Diputados, el puntano Alejandro Cacace sostuvo que un contrato de tres años “es una eternidad en este contexto” y se quejó de que se quiera “imponer los precios desde el Estado, porque sabemos los problemas que trae”. El diputado de Evolución Radical explicó que “en una economía que tiene 12% de inflación mensual” los propietarios “se cubren de la inflación cobrando todo de arranque desde el precio inicial”, al defender que se puedan hacer las actualizaciones cada cuatro meses. “Está claro que en una economía que es altamente inflacionaria hay que reducir los tiempos de la actualización”, insistió en esta línea. 

Entre los oradores, desde el oficialismo el porteño Itaí Hagman observó que lo más conflictivo de la situación no era solo la alta inflación sino “la caída del salario real”, que hace más difícil a los inquilinos afrontar los aumentos. “La incertidumbre la hemos generado con la expectativa de un cambio del régimen”, opinó, al recordar que desde el año pasado está en debate la reforma de la 27.551. 

Según el diputado del FdT, desde que se sancionó la ley “hasta el segundo cuatrimestre de 2022, creció la oferta”, mientras que comenzó a caer en el segundo semestre de 2022. “Se combinó la inflación y la expectativa”, señaló y advirtió que el cambio del plazo del contrato de tres años a dos es algo que no le interesa a propietarios e inquilinos, sino “hay un solo actor al que les conviene: las inmobiliarias”. 

“La ley no fija los precios de los alquileres”, aclaró y defendió que “a las dos partes les sirve que haya un mecanismo de indexación, porque nunca se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la inflación”. 

Un final caliente

A medida que avanzó la reunión, el debate fue subiendo de tono. Tras cuestionar la ley actual y la reforma del Senado, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, mencionó que en el Senado el rionegrino Alberto Weretilneck -gobernador electo- votó junto al FdT, pero lanzó: “Espero que los diputados acá puedan tener independencia de la posición del senador Weretilneck”.

También resaltó que el bloque de Milei votó en contra de los dos dictámenes en agosto pasado, para manifestar que “si hoy el bloque del diputado Milei y del gobernador Weretilneck acompañan la media sanción que pudimos obtener en agosto en Diputados, vamos a tener una mejor Ley de Alquileres”. 

“Es una vergüenza que un diputado pida la palabra para apretar a colegas públicamente”, se quejó visiblemente molesto Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista. 

Vino después la intervención del diputado del FdT Eduardo Toniolli, quien disparó contra López: “Le queda mejor el papel de defensor de (Horacio) Rosatti que de apretador”. Lo hizo en alusión al presidente de la Corte Suprema y el rol de López en la Comisión de Juicio Político. Pero después siguió y expresó que entre los “problemas de la Argentina” uno es “la oposición pedorra que tiene este Gobierno”. 

El santafesino consideró la ley que defiende la oposición “la escribió el señor Barriga” (personaje del Chavo del 8) y enfatizó que “hay una falta de sensibilidad en algunas intervenciones que son alarmantes”. 

“Más pedorro será el diputado que acaba de hablar”, devolvió la radical Karina Banfi, que calificó al texto venido del Senado como “una medida populista”. “La única idea que tienen es más intervención, más congelamiento, más subsidio, más maquinita y más inflación. Esto ya lo conocemos, ya lo hizo (Hugo) Chávez en Venezuela”, exclamó. 

Además, chicaneó al oficialismo: “Van terceros y no entran al balotaje”. “Este problema de la ley lo ocasionó el gobierno de (Alberto) Fernández, terminemos con el cuento de (Daniel) Lipovetzky, que les digo, nos echó una maldición, eh”, aseveró y también apuntó a los legisladores de Juntos Somos Río Negro, al sostener que si acompañan al oficialismo “seguramente quedará en la conciencia del senador Weretilneck y de los rionegrinos, que seguro deben ser todos propietarios”. 

En el cierre, Federico Fagioli, diputado referenciado en Juan Grabois, habló de “juntos por la desregulación o juntos por el mercado” y los acusó de que “odian profundamente” a los inquilinos y “lo que quieren hacer es tirarlos a la fosa”. “ El único objetivo que ustedes tienen es enriquecer a las inmobiliarias”, criticó y sumó: “Sus proyectos son solo de odio. Hay una vocación de Juntos por el Cambio de querer arruinarle la vida 10 millones de inquilinos”. 

Los últimos discursos despertaron un ida y vuelta de respuestas fuera de micrófono que, cuando se dio por cerrado el plenario, continuó muy fuerte entre Banfi y Penacca. Luego de que de un lado hubieran chicaneado con el escándalo Martín Insaurralde y del otro respondieran citando a Gerardo Milman -que estuvo en la reunión-, las diputadas se cruzaron a los gritos con duras acusaciones. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), y la de Legislación General, presidida por Lucas Godoy (FdT), convocaron a un plenario para este miércoles 4 de octubre a las 12.30 para tratar la modificación de la Ley de Alquileres que vuelve del Senado con cambios.

El 23 de agosto pasado, la oposición unida -excepto la izquierda y los libertarios- obtuvo la media sanción de la reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados.

En sus puntos centrales, las modificaciones a la media sanción que había salido de la Cámara baja consistían en: mantener el plazo (vigente actualmente) de tres años en los contratos; establecer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización de los alquileres, a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Lo que se mantuvo sin cambios fue la parte que prevé beneficios fiscales para incentivar la oferta de propiedades.

La iniciativa aprobada establecía que “en los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.

En tanto, “para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

Además, el proyecto volvía a dos años el plazo mínimo legal de los contratos e incorpora una serie de incentivos para promover la oferta de viviendas en el mercado.

Sin embargo, el jueves pasado en la sesión especial del Senado, el Frente de Todos, aliados con Clara Vega, Alberto Weretilneck y 4 senadores de Unidad Federal, impuso su dictamen de mayoría con modificaciones y el proyecto vuelve a la Cámara baja.

Puntos centrales del proyecto que vuelve a Diputados

La modificación que el oficialismo impuso mantiene un plazo mínimo de locación de inmueble de 3 años; y para los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único, en moneda nacional, y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a seis meses.

En cuanto al índice de actualización, en vez de aplicar por partes iguales el índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), dispone que se aplicará el coeficiente Casa Propia, publicado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Las publicidades, a través de cualquier medio o plataforma, que incluya precios de locaciones de inmuebles deben realizarse en moneda nacional y para el cálculo de las indemnizaciones deberá tomarse como base el valor del mes de alquiler en el momento en que se entrega el inmueble. También, en la parte que expresa que no corresponde indemnización si la notificación al locador se hace con un mínimo de tres meses de anticipación, añade que el preaviso debe operar sus efectos luego de haberse cumplido seis meses de contrato.

Del mismo modo, la Secretaría de la Vivienda para garantizar el “Programa Nacional de Alquiler Social” deberá relevar y difundir información estadística sobre la situación de las locaciones con fin habitacional en la Argentina, identificando demanda locativa y cantidad de hogares inquilinos, y, sobre la demanda habitacional de alquiler social, beneficiarios alcanzados y las medidas adoptadas para su cumplimiento.

Sobre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes sostiene que la actividad de locación de inmuebles mediante contratos debidamente registrados se considera una sola unidad de explotación. También agrega que los ingresos provenientes de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo.

Establece las exenciones del gravamen sobre los créditos y los débitos en cajas de ahorro o cuentas corrientes utilizadas exclusivamente para operaciones relacionadas con locaciones de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos estén debidamente registrados.

Dispone que las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10 % del monto anual del contrato de locación.

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó este miércoles con otra de las leyes promovidas en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que contiene una serie de beneficios impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo sobre blanqueo laboral. 

Al igual que sucedió en la Cámara baja, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco la rechazó. Es más, los legisladores recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate. 

En el arranque, Guerra señaló que “sin dudas es un proyecto de ley importante” con el objeto de “fomentar con un criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de programas sociales”. “Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé. 

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un proyecto sobre fomento del empleo que “nunca lo trató el oficialismo”. “La idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”. 

Además, consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el beneficio” del plan, “porque quiere decir que tiene algún comportamiento endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en nuestro país, con 20 años de planes y planes”, apuntó. Para Romero, “va a ser muy difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más gente, por la inflación y la recesión”. “Si bien es buena, es bastante incompleta”, agregó. 

Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC), resaltó que “las empresas chicas, un panadero, un carnicero, son los que tienen el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa. “El blanqueo es el principal problema de este proyecto”, advirtió y consideró que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye en Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales, porque ese es un requisito muy exigente”. “Mucha gente no va a poder blanquear su personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y medianas empresas”, explicó el radical.

A favor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos enseñaron que gobernar es crear trabajo”, y esta iniciativa “tiende a crear trabajo, principalmente para los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial”. “Está orientado correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra economía”. 

Otro de los que habló en el debate fue el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT), quien opinó que ante “lo demorado de este tipo de normativas, la necesidad en el contexto de crisis que tenemos y lo amplio que es el proyecto, es un primer y gran paso el que estamos dando en la comisión”. Para el legislador, servirá a “muchos trabajadores que tienen un plan social y ya están trabajando, y no se animan a terminar de registrarse por el temor de perder el plan y perder también poder adquisitivo familiar”.

“Este proyecto, junto a la devolución del IVA y la baja en el impuesto a las Ganancias, son tres grandes medidas que incluyen esta idea de motorizar la economía, de la movilidad social ascendente, de propuestas progresistas”, expresó el camporista. 

Doñate detalló que “en las empresas de hasta cinco trabajadores, hay algo menos de 75% de informalidad; en las empresas entre seis y 40 trabajadores, hay un promedio de un 35%; en las empresas entre 41 y 100 trabajadores, un 15% de informalidad; y en las de más de 100 trabajadores, un 12%”. “El impacto de este proyecto de ley apunta a las MiPyMEs, que están tratando de salir adelante, que son generadoras de trabajo y que muchas veces por los costos laborales les cuesta formalizar a sus trabajadores”, completó.

Desde la vereda de enfrente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas impositivas”, cuestionó. 

La opositora aseveró que “los planes han constituido no una solución, sino una traba importante, que no nos permite resolver el problema. Y en vez de ser un piso, de alguna manera se han constituido en un techo”. “Nuestros jóvenes ni siquiera desean un trabajo formal, porque no saben los beneficios que tiene. Tenemos que comunicar los beneficios que significa”, enfatizó.

Puntos principales del proyecto 

El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí. 

Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Acuerdo para la Promoción y Desarrollo de Tierra del Fuego

En la reunión también se dictaminó a favor de un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022, por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia. 

Guerra señaló que se trata de la conformación de un nuevo fideicomiso para financiar obras de infraestructura y defendió que “fijar políticas promocionales” es necesario “en un país donde existen marcadas asimetrías”. “Este tema de promoción hacia una provincia austral tiene una larga historia”, afirmó luego de enumerar distintos convenios y acuerdos firmados desde 2001.

La senadora fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) explicó que este fideicomiso será para “financiar obras viales, que son sumamente necesarias tanto para la ciudad de Ushuaia, Río Grande y también Tolhuin”. Entre ellas, mencionó la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y Tolhuin; el Hospital Regional de Ushuaia; y un nuevo acueducto y cisterna en Río Grande.

En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) agradeció que el tema se ponga en tratamiento. “Este fideicomiso es la continuación de un viejo anhelo de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre se trató de que la Nación, independientemente de cual fuera el gobierno, le reconociera a la provincia parte de las regalías de la explotación costa afuera”, sostuvo. 

El radical comentó que “es una manera interesante de poder llevar adelante una serie de obras que son esenciales para el desarrollo de la provincia más joven del país, y la más grande, más allá del tamaño”. “Muchas veces se la critica a la provincia de Tierra del Fuego teniendo en cuenta la matemática, porque para muchos parece ser que la soberanía tiene un costo, pero para nosotros, los que habitamos en Tierra del Fuego, los beneficios que reciba nuestra provincia no hace más que garantizar la soberanía”, remarcó. 

La Cámara alta empezará a tratar otro de los proyectos enviados al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre la creación del programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino “Empleo Mipyme”.

La iniciativa, que propone una reducción del 100% de las contribuciones patronales para nuevos puestos de trabajo y beneficios para las empresas que blanqueen a sus empleados, viene con media sanción de Diputados con 130 votos afirmativos, 3 negativos y 63 abstenciones.

El texto se pondrá sobre la mesa en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), este miércoles 27 a las 13 en el Salón Arturo Illia.

El proyecto del Poder Ejecutivo plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años.

El programa contempla dos beneficios. El primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la ley, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los jóvenes que ingresen por primera vez.

Se contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.

En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.

El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

A menos de 48 horas de haber recibido media sanción de Diputados, el Senado le dio luz verde este jueves de forma exprés a la creación de cinco universidades nacionales en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura, a cargo de los oficialistas Ricardo Guerra (La Rioja) y de Cristina López Valverde (San Juan) -quien no pudo asistir- respectivamente.

Al comienzo de la convocatoria, que tuvo lugar en el Salón Illia y que comenzó a las 17.35, la fueguina y secretaria de la Comisión de Educación, María Eugenia Duré, anunció un reemplazo dentro de la misma: la senadora Juliana Di Tullio en reemplazo de la mendocina y vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

Duré destacó la importancia del debate para la creación de las cinco universidades en el “día de los estudiantes, pero también es importante en términos de accesibilidad a la educación pública”. “Saber y decir que estamos en un momento donde la educación pública está siendo un poco vapuleada, puesta sobre la mesa en una manera en la cual es indispensable defenderla en cada uno de los derechos adquiridos por los estudiantes”, señaló la oficialista.

“Son 5 universidades que también vienen a traer más derechos para nuestros jóvenes y, sobre todo, aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de tener cerca de sus ciudades o en su provincia alguna universidad pública”, destacó Duré y añadió que “aspiran a reconvertir universidades provinciales en universidades nacionales”.

También comentó que los proyectos están recomendados por el Consejo Interuniversitario Nacional y planteó: “Ahí tenemos un desafío sobre todo para que aquellos que no tuvieron aún la posibilidad de estudiar puedan hacerlo de ingresar a la universidad pública y gratuita”.

La senadora destacó que “la Universidad Nacional del Delta va a abarcar diferentes zonas y va a traer cerca de 70 mil nuevos estudiantes”, y señaló que pone “énfasis en el conocimiento local, con desarrollo productivo sustentable y la incorporación de energías renovables”. “La propuesta académica tiene que ver con el mercado laboral. Estamos hablando de tecnología, biotecnología, biomecánica, mecánica, robótica, inteligencia, seguridad informática, ciencias del comportamiento, marketing digital, entre otras que va a otorgar a tener en su currícula académica”, contó.

Sobre la Universidad Nacional del Pilar, remarcó que “se juntaron más de 25 mil firmas para que se pueda crear esta universidad”, y que “no hay una universidad pública en la región que cubra las necesidades de educación superior de la población”. Mientras que “la propuesta académica es para los cinco parques industriales que hay cerca y viene a estar relacionada y a favorecer no solo al que va a estudiar sino de inserción laboral calificados”.

“Todo lo que tiene que ver con tecnología lo vemos insertado en la educación y en el mercado laboral. Es importante capacitar y formar a los jóvenes”, manifestó Duré.

En la Universidad Nacional de Ezeiza, explicó que “pasa de provincial a nacional” y que “el 55% de los estudiantes se encuentran insertos en el empleo formal”, destacándose en el desarrollo social y productivo de la región. “Esta universidad ha posibilitado que en el 2012 cerca de 2 mil estudiantes iniciaran sus estudios que, por razones de pobreza, distancia, u otras condiciones de desigualdad social no lo habían podido realizar. Ahí está presente el Estado y la universidad”, precisó.

Para la Universidad Nacional de Río Tercero, Córdoba, afirmó que “esto se trata de una reparación histórica que tiene que ver con el atentado a fabricaciones militares y también tiene que ver con esa demanda social que nos demanda el pueblo y aquellos, no solo jóvenes sino también personas que no tuvieron en su momento la posibilidad de estudiar. Algunos hablarán de váuchers nosotros hablamos de universidades públicas y gratuitas en todo el país”.

Finalmente, en lo que refiere a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, aseguró: “Queremos que aquellos que han elegido lo que refiere a la formación universitaria en DDHH, también puedan asistir a una universidad nacional. Estamos acercando a la población a las universidades”.

A su turno, Di Tullio expresó: “Me pone feliz poder firmar la creación de universidades. Hoy tenemos 2 millones y medio de estudiantes en el país de 47 millones de habitantes y el 81% va a 57 universidades públicas”.

“En 1983 con 28 millones de habitantes teníamos 350 mil estudiantes universitarios, lo que hemos crecido. En el país tenemos una universidad cada 350 mil habitantes”, detalló la bonaerense y lo comparó con los países de Latinoamérica y apuntó: “Esto es para los que dicen que tenemos demasiadas universidades. Tenemos pocas universidades en comparación con los países de la región”.

Y cerró: “Tener una universidad con especificidad en derechos humanos es una de las mejores formas de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida. Estamos dándole mejor calidad a la universidad pública en todo el país”.

“El Consejo Interuniversitario Nacional ha evaluado y aprobado estos proyectos de ley para la creación de nuevas universidades. Estamos trabajando con la garantía que da el paraguas federal más importante que tiene la educación universitaria argentina”, analizó el rionegrino Martín Doñate.

La santacruceña Ana María Ianni Con este tipo de proyectos renace la esperanza. Quiero transmitirles la alegría y las gracias de parte de más de 800 santacruceños. Hoy es un día de mucho acompañamiento a la comunidad”.

Una por una las universidades

Uno de los proyectos, aprobado en Diputados por 139 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, propone la creación de la Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Fue propuesta por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara baja y la diputada de su espacio Alicia Aparicio (FdT).

La iniciativa establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

El otro, aprobado con 139 votos afirmativos, 75 negativos y una abstención, impulsa la Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por los diputados María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

La tercera iniciativa, originalmente promovida por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT), es la que propone cambiar el estatus de la Universidad Provincial de Ezeiza a Universidad Nacional. Fue la que menos votos afirmativos cosechó en la Cámara baja, al obtener 126 votos afirmativos, 89 negativos y ninguna abstención.

Impulsada por las diputadas cordobesas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT), la Universidad Nacional de Río Tercero obtuvo en Diputados el respaldo más holgado dentro de los cinco proyectos que se trataron en este sentido: 155 votos afirmativos, 58 negativos y ninguna abstención.

La iniciativa establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Por último, el paquete incluye a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). Se establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”. Fue aprobada con 132 votos afirmativos, 82 negativos y ninguna abstención.

A pedido de damnificados, abogados y entidades bancarias la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FNyP), emitió dictamen con modificaciones al proyecto que viene con media sanción de Diputados el cual pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

De esta manera, de aprobarse en el recinto en la próxima sesión de la Cámara alta, el proyecto debe volver a Diputados. Senadores del FdT, como la bonaerense Juliana Di Tullio, expresaron disidencias en la redacción de las modificaciones introducidas que serán debatidas en el transcurso de los próximos días. Desde el bloque Unidad Federal, el entrerriano Edgardo Kueider adelantó el acompañamiento, pero también con disidencias.

Por el lado de JxC, solicitaron un tiempo para “analizar” las modificaciones y en el camino al recinto harán los “aportes correspondientes a ese dictamen para darle un paliativo importante a la cantidad de deudores hipotecarios”. “Hay que mirarlo muy bien porque es una modificación importante. Lo serio es que quieren dejar sin efecto el crédito UVA”, señalaron.

Al inicio del encuentro, que tuvo lugar en el Salón Illia, Guerra procedió a leer decreto por el cual se han reemplazado senadores en la comisión para dicha reunión. Así, informó que Antonio José Rodas (Chaco) y Juan Carlos Romero (Salta) reemplazaran a Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y a Julio Cesar Martínez (UCR).

Guerra comunicó que el oficialismo irá con un dictamen que modifica “íntegramente” la media sanción de Diputados. “Consideramos que el sistema de préstamos ajustados por unidad de valor de adquisición o de vivienda es un sistema que ha traído muchos problemas y lo consideramos como una política fracasada”, argumentó e informó que cambiarán “el sistema de ajustes en la premura de encontrar un equilibrio razonable en esta relación contractual entre tomadores de crédito y entidades financieras en las cuales al ser fallos de hechos puntuales que nos dan una base para poder haber trabajado nuestro proyecto de dictamen en la cual había coincidencias en esos criterios, pero el hecho de que hayan sido o estén plasmados en fallos judiciales da una base importante para proponer el dictamen”.

Entre los criterios, planteó la “teoría de la imprevisión” y la “doctrina del esfuerzo compartido”. Respecto del primero, explicó: “Hace 5 años atrás que son las fechas de orígenes de estos créditos que evidentemente nadie podía prever que un gobierno endeude de tal magnitud a nuestro país. Que luego de ello tuviésemos una crisis sanitaria global y humanitaria grave, el mundo reciba las consecuencias de una guerra que se plantea en una zona remota, pero sus efectos fueron globales al ser una zona importante de provisión de energía y alimentos por lo tanto modificó los precios relativos y, luego de ello, en nuestro país tenemos una sequía como hace muchos a los no teníamos, lo que nos hizo perder, en una economía que conceptualmente es una práctica bimonetaria, 20 mil millones de dólares”.

“Todos esos indicadores son generadores de inflación alta. Por nuestra historia no se puede argumentar como imprevisión un proceso inflacionario, pero si es imprevisible cuando esos niveles de inflación son exagerados como lo estamos sufriendo frutos de todos estos hechos”, señaló el riojano.

En tanto, relacionó: “Si tenemos un sistema de créditos ajustables por la inflación como es el sistema UVA, claramente el ajuste que están sufriendo los capitales se hace de manera desmesurada. Sobre ese capital ajustado hay una tasa de interés que, si bien es fija, hay un interés. Si a eso le sumamos que hay una tasa de amortización por el método francés que tiene la característica que la composición de las cuotas al principio es de poco capital y mucho interés, esa mezcla va cambiando al final para llegar con mucho capital y poco interés, la reducción del saldo de deuda, o sea, del capital adeudado no se percibe en absoluto en los primeros años que es la situación que se observa”.

“Se hacen esfuerzos ingentes para pagar una cuota en la cual también ha crecido al ritmo de los ajustes, pero un saldo de capital cada vez mayor. El ajuste que lleva es justamente por la inflación y la reducción por el pago de cuota es mínimo por el sistema de amortización que tiene”, precisó.

Guerra aclaró que “no es un tema simple de resolverlo y encontrar un bendito equilibrio que todos queremos lograrlo, pero tenemos la responsabilidad de buscarlo. Si hoy tenemos un nivel de problema en la medida en que pase el tiempo el problema va a ser superior, incluso para las entidades financieras” y explayó: “Porque si hoy tenemos un porcentual de incobrabilidad del 5% es chico estadísticamente, peor disimula el esfuerzo enorme que se está haciendo para cubrir las deudas porque estamos hablando de las cuotas de las casas. A medida que pasa el tiempo por este sistema de ajuste cada vez esa morosidad va a ser mayor porque va a llegar el momento donde los salarios de las personas tomadoras van a ser difícil que lo puedan sostener”.

Los puntos del dictamen oficialista

Al respecto, Guerra explicó que a través del artículo 1 “estamos proponiendo dejar sin efecto las cláusulas del ajuste UVA para todos los préstamos o todas las relaciones crediticias vigentes y futuras que tengan por destino la adquisición, ampliación o refacción de la vivienda única o cualquier otra adquisición de otro bien”.

También se sustituye el mecanismo de indexación o de ajuste del capital por el Índice de Salario que publica el Instituto de Estadísticas y Censos de la Argentina (INDEC). Además, proponen la realización de nuevos mutuos, es decir, que “estamos proponiendo una novación lisa y llana en la cual el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el que hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado desde esa fecha hasta la fecha del mutuo nuevo, y a partir de allí se ajusta por el índice de salario con un más de interés del 3,5% nominal anual”.

“El recalculo que deben hacer para la novación las instituciones de entidades financieras debe ser con fecha 1ro de septiembre de 2023”, agregó y explicó que no establecieron que la fecha sea “hasta que entre en vigencia la norma quedaría un bache en la cual se está sabiendo lo que se está propiciando, pero no entra en vigencia porque no tiene fuerza de ley”. “Que se entienda que todos los cálculos para la novación para el nuevo crédito tienen que ser con fecha de 1ro de septiembre de 2023”, reiteró Guerra.

El texto también establece que la relación cuota-ingreso no tiene que absorber más del 30% de los ingresos que declaren el o aquellos nuevos tomadores. “Al ser una novación es un nuevo crédito que puede dar lugar a replanteos de dar nuevos plazos o agregar un codeudor. Lo que estamos proponiendo es un capital inicial, un nuevo sistema de ajuste y una tasa de interés”, precisó.

El titular de la comisión indicó que “se pueden plantear nuevos plazos y, si surge la necesidad de incorporar un codeudor para darle flexibilidad a la novación que se propone”. En suma, señaló que se suspenden los juicios, desalojos por 365 días, por igual periodo los términos procesales en curso.

En tanto, establece como autoridad de aplicación al Banco Central de la República Argentina y se insta a la autoridad de aplicación que, a través de las entidades financieras, se practique un programa de capacitación o difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros poniendo especial énfasis en “los riesgos que se toman ante determinados productos que ofrece el banco. Evitar las publicidades confusas, tiene que ser claro lo que el banco ofrezca y que el cliente esté sabiendo lo que están firmando y los riesgos”, añadió Guerra.

“En los casos en los que la relación cuota-ingreso no alcance en ese 30% las entidades financieras tendrán que poner a disposición sistemas o métodos o nuevas conversaciones para llegar a un acuerdo. Siempre teniendo en cuenta el concepto de defensa al consumidor que está legislado en numerosas leyes”, concluyó.

La postura de la oposición

Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente de la comisión, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), solicitó a Guerra las modificaciones propuestas al dictamen de media sanción para “poder mirarlo en detalle”. Destacó que haya aspectos que tienen origen en los fallos judiciales como la teoría de la improvisación y la doctrina del esfuerzo compartido.

“Entiendo que muchos de los fallos judiciales que están saliendo son más benévolos que los cobros que se están haciendo en las distintas cuotas”, manifestó, pero no compartió algunas expresiones de Guerra: “Cuando usted dijo que había un gobierno que endeudó, yo creo que el sistema de cuotas UVA es bueno para el acceso al préstamo, pero el gran problema es la inflación y ese es nuestro gran desafío en el marco de alguna emergencia que se está haciendo y que tenemos hacia adelante, porque recibimos hace semanas, a deudores no solo hipotecarios sino también de bienes registrables y otros tipos de acceso al financiamiento”.

En esa línea, consultó: “S i nosotros vamos a dejar sin efecto el sistema de financiamiento UVA. ¿Qué significa cambiar el sistema? ¿Los créditos personales también están incluidos? El sistema de plazo fijo en relación a esta cuestión ¿también están incluidos? Porque dijo que se amplia la base para los créditos hipotecarios y bienes”.

A su turno, el salteño Juan Carlos Romero cuestionó que la “única buena noticia de esta reunión es que están modificando este dictamen y vuelve a Diputados. Eso puede ser una salvación para el sistema jurídico argentino y con el tiempo se pueda pensar algo mejor que esta ley”.

Coincidió en que “indexar por salarios es correcto”, pero creció que “hace meses lo que estamos haciendo en el Congreso, y lo está haciendo desaforadamente el ministro/candidato, es poner parches porque el Gobierno creó la situación inflacionaria que estamos viviendo y la está agravando”.

“Son todos parches como Ganancias, IVA, bonos ante la situación macroeconómica que nunca se pudo resolver. Si tenemos una inflación interanual hoy de 120%, la pobreza más del 40%, que tenemos la inflación más alta del mundo. Ningún país en el mundo subió una inflación al 150%. Fueron 20 años de errores del kirchnerismo en Argentina, porque 4 años estuvieron saboteando al gobierno de otro partido. Ahora estamos queriendo resolverle los problemas a la gente a través de leyes parches cuando el problema de fondo argentino es la situación macroeconómica, inflación, emisión monetaria, gasto público galopante y descontrolado y el ministro de Papa Noel todos los días sacando algo del trineo para tirarle a la gente a ver si puede mejorar su performance electoral”, disparó el salteño.

“Esta ley altera el orden y la seguridad jurídica, altera el concepto de la hipoteca. ¿Quién va a querer construir en el futuro sabiendo que cada vez que hay un problema le hacemos una ley específica?”, denunció Romero y chicaneó: “Dentro de poco vamos a hacer una ley para los que compraron tractores, autos, los que deben en el almacén, los que deben al vecino. Ponen una ley para cada problema. ¿Cuándo fuimos capaces de resolver el problema de fondo? El problema central es el estado del país”.

El senador de JxC señaló que el artículo 20 del dictamen de Diputados que propone la creación de un Fondo para “compensar un aporte solidario donde se va a fondear esta cuenta de los saldos de depósitos de todos los argentinos que tengan cuenta, además es no reintegrable. Acá estamos creándoles un impuesto a todos los depósitos en pesos y moneda extranjera en todas las entidades financieras, incluso aquellas que nunca dieron un UVA. Estamos sacándole plata a la gente humilde para subsidiar una cuota no reembolsable. Es una ley que altera todas las reglas de convivencia, económicas jurídicas, el Código Civil. Espero que esto se salve por la morosidad de los diputados”.

La macrista Guadalupe Tagliaferri consultó: “No entendí cuál es la situación. Si eliminamos los créditos UVA, si se eliminó la deuda, quién va a absorber la deuda de quienes tienen créditos. Me parece muy relevante que se pueda entender bien porque este es un momento de enorme incertidumbre para los argentinos”.

“En este contexto de incertidumbre si vamos a modificar, no solo las personas que son tenedoras de créditos UVA sino las bancas públicas que son más del 80% que hacen frente, estamos frente a una situación de 100 mil personas que les afecta su propiedad más la banca pública en un contexto de enorme complejidad. Este dictamen debe quedar bien en claro qué se está modificando y qué se enviará a Diputados. No queda claro cuál es la situación, si hay o no Fondo Fiduciario, si hay compensación. Saben que no estaba de acuerdo tampoco con la media sanción de Diputados”.

Guerra les aclaró que “es un tema complejo. Es un problema es quién pone el dinero. Coincido en que estamos en un proceso inflacionario distorsivo, pero a los problemas hay que darles una solución lo más equilibrado posible. La deuda no desaparece, estamos planteando un crédito nuevo con un capital inicial que será el que estaba vigente al 31 de agosto del 2019 restándole las partes de cuotas pagadas hasta la fecha en que se firme el nuevo mutuo”, y adhirió: “Se cambia el índice de ajuste al índice de salarios y se establece una tasa fija del 3,5% nominal anual”.

En su intervención, el fueguino Pablo Blanco (UCR) manifestó que “el sistema de créditos UVA no es un fracaso, el fracaso es la inflación”, y cuestionó: “Me alegra que ante la inminencia de los hechos electorales algunos se empiecen a preocupar por temas que están planteados hace mucho tiempo ya”.

“Debo decir que no es que los créditos UVA fueron peligrosos. Porque si de 120.000 deudores hipotecarios hay una mora de 1,8%, es decir de 2.160 morosos, eso quiere decir que hay 118.000 personas que hoy son propietarios gracias los créditos UVA”, destacó el porteño Martín Lousteau (Evolución Radical).

Por el bloque Unidad Federal, se expresó el entrerriano Edgardo Kueider quien señaló que “la refinanciación y el nuevo índice tienen que ir acompañados del Estado”, y adelantó: “Vamos a acompañar el dictamen en disidencia para realizar en el recinto los cambios correspondientes y que no se siga dilatando este tema tan importante”.

La postura del oficialismo

De la vereda de enfrente, la secretaria de la comisión, la oficialista Juliana Di Tullio, expresó: “Este sistema UVA que creó el gobierno de Macri en el 2017 como una medida buena de campaña porque darle crédito a la gente está bien, pero cuando ese crédito no iba a funcionar y era peligroso. En el 2018 empezó a haber una mora inmensa”.

“Los bancos públicos dieron el 75% de los créditos hipotecarios con sistema UVA”, detalló la bonaerense y destacó: “Es una gran noticia que terminé el sistema UVA. Esto no es un parche, son soluciones definitivas. Lamento que se tome como parche cuando es algo que trabajamos con seriedad escuchando a las partes. Lo que tratamos de hacer como cámara revisora es que la visión no fue satisfactoria, por lo menos de una mayoría”.

Di Tullio le pidió a Guerra que explique: “¿Qué es lo que se está terminando? ¿Se está terminando el sistema crediticio UVA o la posibilidad de tomar nuevos créditos con sistema UVA para vivienda? Y el tema de los plazos fijos con sistema UVA”, y precisó que “eso sería importante dar una respuesta clara”.

“Esto no rompe con ningún marco jurídico. Es seguir el espíritu que los últimos fallos han tenido”, contradijo al senador preopinante. En tanto, sugirió “terminar de acordar redacciones porque no estoy de acuerdo con el artículo 1 en su redacción porque es confuso y algún otro punto. Igualmente, me gustaría seguir trabajando este dictamen antes de que llegue al recinto”.

En el mismo sentido, el rionegrino Martín Doñate afirmó: “Vamos a firmar el dictamen con alguna observación y a seguir puliéndolo para poder llegar a la mejor ley posible. Además, quiero decir que tenemos que descartar la idea de que se pone en riesgo la seguridad jurídica”.

Tras la reunión prevista en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para tratar el tema de los créditos UVA y la reciente media sanción sobre reforma del impuesto a las Ganancias, el Senado avanzará también rápidamente con la creación de cinco universidades nacionales.

Los proyectos que tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados esta semana se debatirán durante un plenario de Educación y Cultura y Presupuesto y Hacienda, citado para las 17 en el Salón Illia.

Uno de los proyectos, aprobado en Diputados por 139 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, propone la creación de la Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Fue propuesta por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara baja y la diputada de su espacio Alicia Aparicio (FdT).

La iniciativa establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

El otro, aprobado con 139 votos afirmativos, 75 negativos y una abstención, impulsa la Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por los diputados María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

La tercera iniciativa, originalmente promovida por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT), es la que propone cambiar el estatus de la Universidad Provincial de Ezeiza a Universidad Nacional. Fue la que menos votos afirmativos cosechó en la Cámara baja, al obtener 126 votos afirmativos, 89 negativos y ninguna abstención.

Impulsada por las diputadas cordobesas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT), la Universidad Nacional de Río Tercero obtuvo en Diputados el respaldo más holgado dentro de los cinco proyectos que se trataron en este sentido: 155 votos afirmativos, 58 negativos y ninguna abstención.

La iniciativa establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Por último, el paquete incluye a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). Se establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”. Fue aprobada con 132 votos afirmativos, 82 negativos y ninguna abstención.

Luego de otra semana sin chances de sesión, la única reunión prevista en la agenda del Senado es de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, convocada para este jueves a las 15. El objetivo es retomar el cuarto intermedio en el debate sobre el proyecto de ley que pretende solucionar la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

Sin embargo, tras la media sanción este martes en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reforma del impuesto a las Ganancias, impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en la Cámara alta buscará darle un tratamiento veloz y citó para un segundo turno, a las 16, a la misma comisión. Según supo parlamentario.com, la iniciativa ya está a la vista de los asesores y buscarán sacar dictamen.

El proyecto fue aprobado este martes con 135 votos a favor, del oficialismo, los libertarios, la izquierda y bloques federales; y 103 en contra, de Juntos por el Cambio y los legisladores que responden a Juan Schiaretti.

De acuerdo a la propuesta, se elimina la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De esta manera, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que entrará en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

En cuanto a créditos UVA, la reunión será ya sin expositores y se trabaja en consensuar modificaciones al texto venido en revisión de Diputados. La semana pasada, el presidente de la comisión, el riojano Ricardo Guerra, había planteado que buscarían un despacho acordado. No obstante, fuentes de la oposición afirmaron ante parlamentario.com que todavía desconocen qué propuesta de cambios a la redacción plantean desde el Frente de Todos.

En las reuniones informativas previas, tanto damnificados y abogados de tomadores de créditos, como representantes de entidades bancarias, propusieron modificaciones a la media sanción que viene de Diputados.

La media sanción de Diputados sobre créditos UVA

El proyecto que propone la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Del mismo modo, la iniciativa anticipa que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al primero de enero de 2023.

Así las cosas, quedará establecido que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo se llamará “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” y buscará cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Con una campaña electoral que toma ritmo de cara a octubre y tras la catarata de anuncios por parte del ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en Diputados buscará avanzar este lunes con el dictamen del proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. El encuentro será desde las 16 en el segundo piso del Anexo de la Cámara baja.

La iniciativa fue enviada por Massa la semana pasada y, rápidamente, hubo una reunión informativa con funcionarios y representantes del sindicalismo.

Aún sin despacho, el proyecto ya forma parte del temario para la sesión convocada este martes, donde también se tratará otra propuesta girada desde el Poder Ejecutivo vinculada al empleo en las MiPyMEs.

Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo al considerar que “no se puede tratar en 48 horas un tema que necesita profundidad y análisis en su conjunto”, además de pronosticar que ésta -y otras medidas del Gobierno- generarán más déficit fiscal e inflación.

La iniciativa apunta a que únicamente los mayores ingresos queden alcanzados por el tributo, los que representan a un 0,88% de los trabajadores registrados.

Desde el Ministerio de Economía confirmaron que el costo fiscal de la medida es de un billón de pesos anuales. Uno de los ejes de la discusión radica en que Ganancias es un impuesto coparticipable. Según se anticipa, hay legisladores de bloques federales que apoyarán el proyecto, pero reclamarán que se prevea una compensación a las provincias.

Con el objeto de gravar a los mayores ingresos, se impone un “impuesto cedular” (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-, actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27% y el 35%.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1% del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, planteó el Ejecutivo en el proyecto.

En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen del proyecto de ley enviado por el ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, que busca eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos.

Para ello, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, convocó -tal como lo había anunciado este jueves- a los miembros a una reunión para el próximo lunes 18 de septiembre a las 16 con el objetivo de sacar despacho para poder tratar el tema en el recinto en la sesión prevista para el día siguiente.

El debate solo contó con una reunión informativa que se desarrolló este jueves a la cual asistieron funcionarios del Ejecutivo y representantes gremiales que respaldaron la iniciativa y solicitaron el tratamiento “urgente”.

Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo al considerar que “no se puede tratar en 48 horas un tema que necesita profundidad y análisis en su conjunto”, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.

Los puntos centrales del proyecto

La iniciativa, que llevará un alivio a trabajadores registrados, establece que solo abonen ese gravamen menos del 10% de aquellos empleados registrados; esto es, un 0,88% de los trabajadores que tienen empleo registrado en la Argentina.

El costo fiscal estimado para ese proyecto es de un billón de pesos anuales, según confirmaron desde el propio Ministerio de Economía.

El texto cuenta con 9 artículos, donde se “deja sin efecto el impuesto a las ganancias que recae sobre los ingresos del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, jubilaciones y pensiones”, por un lado, y por el otro incorpora en la ley del mencionado gravamen un régimen cedular dirigido, exclusivamente, a los mayores ingresos derivados de aquellas rentas.

El proyecto detalla en sus fundamentos la evolución y el alcance de dicho gravamen desde los tiempos de la Alianza hasta el presente, remarcando que al finalizar el año 2019 (gestión Cambiemos) alcanzaba a 2.500.000 trabajadores. Esto es el 30% del total de los empleados registrados en todo el país.

La medida anunciada tiene como objeto gravar, exclusivamente, a estos mayores ingresos, con un impuesto cedular (esto es, separado de la determinación de la escala progresiva actual), entendiendo como tales a los que superen el equivalente a 15 salarios mínimos, vitales y móviles mensuales -en la actualidad, equivale a $1.770.000-; actuando dicho importe como un mínimo no imponible.

Asimismo, se incorpora una escala progresiva para estos mayores ingresos, cuyas alícuotas oscilan entre el 27 % y el 35 %. La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo al siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa nueva fecha.

Las retenciones realizadas sobre las ganancias netas percibidas durante el primer semestre del año fiscal se ajustarán considerando el valor del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de julio, toda vez que la escala progresiva que, en definitiva, aplique para todo el período anual, es la de los montos del salario mínimo, vital y móvil vigente en el citado mes de julio.

“De esta forma solo pagarán el impuesto 88.000 contribuyentes, lo que representa menos del 1 % del total de las remuneraciones, jubilaciones y pensiones, quedando así alcanzados únicamente los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia y las jubilaciones y pensiones de privilegio”, plantea el proyecto.

Además, esta medida “redundará en la eliminación de las distorsiones generadas por el cómputo de las deducciones personales y generales que obligan a los asalariados y las asalariadas, jubilados y jubiladas y pensionados y pensionadas a estar pendiente de cuestiones administrativas relacionadas con la determinación del impuesto y, respecto de los empleadores y las empleadoras, les significará una menor carga operativa atento a que se verificará una disminución del costo de cumplimiento de sus obligaciones tributarias”, agrega el texto conocido este miércoles.

Todos estos cambios resultarán de aplicación a partir del año fiscal 2024 y siguientes.

A pocas horas de su ingreso a la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizó este jueves la reunión informativa sobre el proyecto de ley enviado por el ministro/candidato Sergio Massa para eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, permitiendo que sólo lo paguen los mayores ingresos. 

En un tratamiento exprés, el oficialismo buscará firmar el dictamen el próximo lunes a las 16 y llevar el tema al recinto un día después. Desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que irán con un dictamen de rechazo, por lo cual será clave la definición de los otros bloques de la oposición.

En la reunión, en primer lugar, los funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron el proyecto, al considerarlo un paso de “justicia tributaria” y “justicia social”, además de elogiar la postura histórica sobre este tributo que siempre mostró Massa. 

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, que un día antes estuvo defendiendo la iniciativa sobre “Empleo PyME”, resaltó que “el salario no es ganancia” y “si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa. Es lo que él siempre ha pensado y expuesto respecto a esto”. 

Tras agradecer los “esfuerzos” de la dirigencia gremial por “explicarnos, convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad”, la funcionaria dijo que para la propuesta se tuvieron en cuenta los “antecedentes legislativos”, como un proyecto presentado por Sergio Palazzo.

Olmos señaló que la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias “es como ir a cazar en el zoológico, es imposible para el trabajador eludirlo o excluirse de esa exposición”. 

“De 2015 a 2019 la participación de las y los trabajadores del sector privado en el producto bruto en Argentina cayó cinco puntos. Sin embargo, la población de trabajadores que estuvieron expuestos al impuesto a las Ganancias creció en dos veces y medio”, apuntó al recordar el incremento de quienes comenzaron a pagarlo durante la gestión de Mauricio Macri. 

“Este impuesto ha actuado de manera de desestimular el incremento de la productividad”, expresó la ministra y le pidió a los legisladores que “revaloricen lo que significa la negociación tripartita entre Estado, trabajadores organizados y cámaras empresarias como una columna central de la democracia argentina y de la paz social”. 

Agregó que los trabajadores “recibieron con alegría la posibilidad de sepultar definitivamente la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, que ha sido un instrumento de la injusticia social”. 

Por su parte, el titular de AFIP,  Carlos Castagneto, recordó que “desde la salida de la denominada tablita de Machinea hasta el año 2011, aproximadamente el 10% del total de los empleados de este país, en relación de dependencia, llámese sector público y privado, pagaban impuesto a las Ganancias”. “En el año 2019 se incrementó a 2.500.000, esto es un 30% de los empleados registrados en todo el país”, indicó. 

“Es objetivo del Gobierno nacional trabajar en medidas que tiendan a asegurar la progresividad de los impuestos”, afirmó y detalló que, a partir de las distintas actualizaciones que se han hecho desde 2020, “se ha reducido en 700 mil contribuyentes” la cantidad de personas que pagan el impuesto. 

Sobre esto, precisó que en 2003 eran 496.331 los trabajadores alcanzados (9%); en 2015, 1.194.149 (12%); en 2020, 2.425.880 (30%); en 2021, 730.024 (8%); y en lo que va de este año, son 701.998 (7%). 

“Con esta propuesta solo pagarán 90 mil contribuyentes, que representan 0,88% de los empleos registrados en el país”, aclaró y enumeró que estarán excluidos del beneficio “los CEO’s, gerentes, directores de sociedades, puestos calificados, jubilados de privilegio y cargos políticos”. 

Sin mayores precisiones sobre cómo se compensará lo que se dejará de recaudar con este cambio, Castagneto expresó que “el Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se ve compensada con el impuesto PAIS y con otras medidas que vamos a tomar con respecto a Ganancias, que van a ser presentadas en la próxima ley de Presupuesto”. En ese sentido, anunció que la “ley de leyes” vendrá con “una separata”. 

En otro momento de su exposición, resaltó que “en el último mes la recaudación superó holgadamente la inflación interanual. Hemos tomado mecanismos dentro de la AFIP donde hemos mejorado la recaudación de IVA y estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto PAIS”.

“Consideramos muy importante un debate rápido; es un reconocimiento muy importante para los trabajadores”, afirmó el funcionario, que pidió “ser justos y equitativos, que paguen los que tengan que pagar. Con este proyecto estamos haciendo una justicia tributaria y justicia social para los trabajadores”. Además, sumó que “en las grandes empresas también debemos analizar cómo se debe pagar el impuesto a las Ganancias”. 

A su turno, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, quien hizo un repaso técnico de la iniciativa y remarcó “la objetividad de esta gestión y del ministro que, no solo en esta ocasión, sino que ya lo ha manifestado en distintas oportunidades de que el salario no es ganancia”.

A continuación, enfatizó que esta es una medida que viene en estudio “hace meses” en distintas reuniones con los gremios: “Estuvimos trabajando para atender las necesidades de cada sector, no hicimos ninguna diferencia”.

Respecto del proyecto, hizo eje en el impuesto cedular y explicó que “no es ningún impuesto nuevo, estamos dentro del impuesto a las Ganancias, pero lo que hacemos es otorgar un tratamiento diferente a rentas que son diferentes a las que son originadas en salarios”. “Este esquema cedular consiste en establecer un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, apuntó y añadió que “tenemos que ir por un tratamiento aún más equitativo e igualitario que respete la capacidad contributiva y por eso vamos por un mínimo no imponible que significa que hasta 180 salarios mínimos, vitales y móviles ningún trabajador en relación de dependencia va a tener que pagar el impuesto”.

“Superado ese importe solamente va a tributar por la diferencia por el excedente y ese excedente va a ser sometido a una tabla específica del impuesto a las Ganancias expresadas en salarios mínimos, vitales y móviles que tienen alícuotas desde el 27% hasta el 35%. Son 1.770.000 pesos por mes, aquellos que superen el importe van a tributar por la diferencia, el impacto del impuesto a las Ganancias va a ser inferior al 4%”, amplió.

Balestrini remarcó que “quienes están excluidos de este tratamiento justo para trabajadores en relación de dependencia son de secretarios de Estado en adelante, legisladores que van a seguir tributando por el régimen general, todo lo que es el Poder Judicial y directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRL”.

“No es un capricho ni una discriminación, el tema es que en este caso tienen distintos tipos de ingresos, al menos tres, por un lado; tienen, si son socios, un beneficio de distribución y utilidades; también tienen o no horarios por la tarea que realizan y sueldos, y casualmente del recuento que hicimos con AFIP esos sueldos están topeados con el mínimo exento y no se sabe si están vinculados a una tarea desarrollada o un reparto de utilidades encubiertas. Entendemos que tiene otro tipo de sentido esta retribución, que puede ser a través de honorarios y entendemos que es una renta que no puede tener un tratamiento específico y privilegiado”, aseveró la subsecretaria.

Sobre las adecuaciones que tiene que ver con el bono por productividad y la exención en el aguinaldo, la funcionaria afirmó que “eso no tiene modificación, y para evitar que exista un perjuicio en cuanto al impacto tributario, lo que hicimos es adecuar la legislación para que la compensación en alguna categoría que, puede tener quebrantos, y como la ley permite la compensación de quebrantos lo que hacemos es aislar este esquema cedular para que no haya afectación de quebrantos al esquema”. 

“Estamos eliminando los mínimos exentos que ya no tienen sentido y dejan de tener justificación porque las rentas ya tributarían por el esquema cedular. Este esquema cedular, cuando hablamos de determinar estos 180 salarios, y los determinamos en función al salario bruto gravado porque hoy tenemos exenciones vigentes que tienen que ver con la productividad y las horas extras, y por lo cual si son exenciones no forman parte de la base cuando se calculan el tope de 180 salarios mínimos, vitales y móviles”, ahondó.

Por último, Balestrini defendió: “Este proyecto no es un trabajo de un mes, es algo que viene hace tiempo porque hay un objetivo y un justificativo de que el salario no es ganancia”.

Tras la exposición de funcionarios del Gobierno que respaldaron el proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que propone modificar el piso del impuesto a las ganancias, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, también recibió a referentes del arco sindical que también manifestaron su apoyo a la iniciativa y pidieron un tratamiento “urgente” para una resolución “rápida”.

Además, le enrostraron a la oposición -que ya anticipó su rechazo- que el expresidente Mauricio Macri había prometido eliminar el impuesto a las ganancias, pero “durante su gestión lo agravó aún más”.  

En nombre de la CGT, Héctor Daer manifestó su “satisfacción de que encaremos una definición de cambio estructural, sacándole un impuesto a los trabajadores”. “Los tributos en Argentina vienen con un proceso bastante injusto”, señaló y opinó que medidas como éstas “hay resaltarlas y hay que considerarlas en el camino correcto hacia lo que debe ser un sistema tributario fiscal, que es generar equidad en términos del sostenimiento del Estado como estructura de redistribución de la riqueza que se genera en un país”.

El secretario general de la central obrera recordó las “movilizaciones, idas y vueltas y quejas” respecto a Ganancias, porque desde el sindicalismo “siempre consideramos que los ingresos altos tenían que estar tributando, tal cual como fue el origen de este tributo”, el cual “con el paso del tiempo quiso ser progresivo y terminó siendo regresivo”.

“Los médicos no hacen guardia porque cambian de categoría y pierden plata. Es parte de la crisis de la salud”, dijo el hombre del sector Sanidad -aunque no representa a los médicos, aclaró-.

Para Daer, “tenemos que dejar de pensar el porqué del momento” y, tras enfatizar que el FMI “estaba en contra de esto”, destacó que la medida provocará un vuelco al consumo: “Esto no es dinero que va a andar circulando por la timba financiera ni por las cuevas”.

Sin nombrarlo, se refirió al expresidente Mauricio Macri como “el líder de la oposición” y enrostró que, antes de su gobierno, “daba sueldos en la Ciudad de Buenos Aires para que participen en las movilizaciones” trabajadores en contra de este impuesto.

“Si estamos todos de acuerdo no preguntamos por qué ayer, por qué hoy, porque también tengo que reconocer la honestidad intelectual del ministro de Economía que, desde que se larga en el debate político, sostuvo como eje la eliminación del impuesto a las Ganancias”, reconoció a Sergio Massa.

El dirigente de la CGT sostuvo que se trata de “un paso trascendental en una reforma y una maduración de un sistema tributario que tiene que ser más equitativo en nuestro país, que tienen que pagar los que más ganan y más tienen”. “La distribución de la riqueza no es intra-trabajadores; el que gana un poquito más tiene que ser solidario con el que gana menos”, agregó.

Finalmente, ponderó la medida respecto a la devolución del IVA y completó: “Este es el camino. Les venimos a pedir que vayamos hacia una sociedad más equitativa y más justa. Esto es desfinanciar al Estado, no es que desaparece un tributo, desaparece la desproporción que genera el inciso de la cuarta categoría”.

En su intervención, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, sostuvo que el tema es “importante y fundamental porque desde hace años los trabajadores afirmamos que el sistema impositivo en el país es regresivo”.

Así, recordó que en “varias oportunidades” discutieron en el Congreso por qué era “necesario establecer reformas que apuntaran a obtener ingresos en el Estado por parte de los sectores más concentrados de la economía”. Asimismo, aseguró que han “apoyado, promovido y planteado proyectos de ley a las grandes fortunas”.

Godoy consideró que el impuesto a las Ganancias “no solo es regresivo, sino que también es antiguo”, y planteó la necesidad de “incorporar una serie de nuevos mecanismos de la actividad económica que hoy no están incorporados y que son deudas y cuestiones pendientes”, y agregó: “El tema más regresivo es que sobre los salarios se imponga el impuesto a las ganancias. Creemos que más allá de cualquier discusión técnica que, sin ninguna duda se ha expuesto con claridad quienes me antecedieron, pero si hay un tema que es conceptualmente importante modificar es el impuesto porque el salario no es ganancia”.

“Es un paso trascendental avanzar en esta idea de modificar ese concepto y de establecer un mecanismo de un impuesto a los altos ingresos y garantizar mecanismos que no permitan que sobre el ingreso del salario de los trabajadores sea efectuado ninguna imposición”, ponderó.

En esa línea, recordó que han realizado “paros nacionales en el país abordando estos temas. No es algo nuevo”, y le enrostró a la oposición que “ha habido debates por candidatos a presidentes en campañas electorales como en el 2015 cuando el candidato Mauricio Macri planteó y garantizó a la sociedad que en su gobierno ningún trabajador iba a pagar un impuesto a las ganancias y muchos le creyeron, pero lamentablemente en su gobierno se duplicó el número de trabajadores afectados por este injusto gravamen”.

“Por eso este no es un tema nuevo, es de larga data que requiere urgente tratamiento y resolución y por eso valoramos y apoyamos desde la CTA esta iniciativa y solicitamos a esta comisión y a la cámara el rápido tratamiento porque es probable que alguien pueda analizar o argumentar porque es tema que tiene que ver con la coyuntura electoral, pero para nosotros no”, solicitó.

En el cierre de su presentación, calificó el impuesto a las Ganancias como “un grave peso, injusto, arbitrario y antiguo que recae sobre las espaldas de los trabajadores que deteriora las condiciones de vida o limita las posibilidades de desarrollo y obliga a situaciones de realizar tareas sin que se formalice el pago de salarios porque si no se produce la imposición de un impuesto”.

“No tenemos duda que es un tema que viene de lejos y ha significado muchos esfuerzos por la clase trabajadores para modificarlo. Estamos satisfecho que esto se aborde y se implemente de manera inmediata a partir del próximo periodo. Es urgente su tratamiento y resolución en un tema trascendental para nosotros. No solo venimos a apoyarlo y le transmitimos el mensaje a los distintos bloques”, concluyó.

A su turno, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, expresó: “Vengo acá a apoyar este proyecto, a decirles que muchos de los que están acá sentados desde hace años nos han visto reclamar y entregarles notas porque el salario no es ganancia. Hemos trabajado a lo largo de los años este concepto”. “Queremos agradecer porque hemos sido escuchados y se hizo un trabajo técnico. El límite es la ley y remarcamos la necesidad de modificar esta ley porque las paritarias resuelven parcialmente el tema”, sumó.

“Estuve escuchando estos días opiniones de algunos diputados y lo que les quiero contar es cómo es la vida de un docente que labura tres turnos porque es sostén de familia y termina pagando ganancias”, apuntó y comentó que “el 13% pagan el impuesto a las ganancias, un impuesto que es confiscatorio porque el salario tiene carácter alimentario”.

En tanto, agregó: “Cuando vi a diputados y diputadas que decían, por razones políticas, que no iban a votar este proyecto de ley me sorprendió y lo pensaba con mucha preocupación. Cuando tengan que votar, y ojalá se vote rápido, piensen en los camioneros, en los docentes, en estatales, en médicos que hacen horas extras con magos salarios que tiene que trabajar jornadas largas para poder sobrevivir. La importancia que tiene para nosotros este proyecto demorado mucho, porque hace rato debió ser votado. Algunos que prometieron sacarlo lo agravaron”.

“Hoy el 13% de los docentes pagan el impuesto a las ganancias en el país y no son salarios altos. Tengan en cuenta que en el cordón industrial que son importantes pagan ganancias también y están en la pelea hace tiempo pidiendo que se modifique la ley. No voten en contra de los trabajadores”, pidió.

Palazzo apuntó a “contradicciones” opositoras

En su intervención, Sergio Palazzo arrancó citando a diputados de Juntos por el Cambio que en su momento se refirieron de manera crítica a la vigencia del impuesto a las Ganancias. Mencionó por ejemplo a la diputada del Pro Germana Figueroa Casas. Leyó también otro discurso, en este caso del diputado Víctor Hugo Romero: “La verdad que esta situación desalienta la posibilidad que los trabajadores intenten generar ingresos complementarios”, y agregó también del mismo legislador radical que “además, producto de la inflación, los acuerdos salariales provocan que normalmente se supere el umbral de los 330.000 pesos, así se genera una situación por la que muchos trabajadores pasen a convertirse en contribuyentes de este impuesto. Esto ocasiona una gran injusticia y fundamentalmente fomenta la informalidad en las relaciones laborales”.

Ante ello, advirtió “cómo vamos cambiando el discurso” y se reivindicó con “capacidad moral” para hablar del tema por tener una militancia extensa contra Ganancias. También rechazó el argumento opositor de pedir más tiempo para discutir el tema: “Ustedes ya fijaron una posición pública de que van a votar en contra. Así que si van a votar en contra, entonces demos todas las explicaciones que tengamos que dar, pero ya hay una posición tomada a partir de un preconcepto que tienen”.

Respecto del desequilibrio que un proyecto así puede generar en las cuentas públicas, recordó que los diputados de la oposición “han presentado 39 proyectos para reformular el impuesto a las Ganancias”, lo que consideró una incoherencia. “¿Podemos discutir o no si hay un plan integral?”, se preguntó entonces.

“No he visto en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio ese proyecto integral de impuestos. Solo he visto nada más que la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3,7 veces más en materia de recaudación que lo que significa eliminar la cuarta categoría… Entonces cuidamos los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero pareciera ser que cuando vamos a eliminar 3,7 la recaudación, les sirve a los oligopolios, ahí no cuidamos los recursos del Estado”, agregó el titular de La Bancaria.

Sobre la progresividad del impuesto, Palazzo dijo que la misma se da cuando se paga la seguridad social, y luego reclamó saber “por qué no acompañaron el voto cuando se trató el Aporte Solidario a las grandes fortunas, porque eso sí era progresivo en la Argentina”.

Observó también que los trabajadores del Fondo Monetario Internacional que trabajan en la Argentina “no pagan Ganancias”.

Negó finalmente que el proyecto tuviera un “sesgo electoral”, por cuanto sostuvo que sí lo sería si hubiera sido si se limitaba a lo que resta del año. “No es electoralista, porque no es un decreto, es una ley para que perdure en el tiempo, y el ministro (Massa) tiene toda la autoridad moral para elevarlo, porque siempre ha trabajador en consecuencia y en esa línea… Muy distinto al autor de la saga ‘En mi gobierno nadie pagará Ganancias’ y después 1.200.000 argentinos más pagamos Ganancias”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para avanzar con el proyecto que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que busca la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme”. Juntos por el Cambio tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría con 17 iniciativas unificadas.

La reunión contó con la presencia y las exposiciones de Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; Mara Ruíz Malec, directora general de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; y José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.

En el inicio de la reunión, el diputado nacional Sergio Palazzo fue ratificado como vicepresidente de la comisión tras una licencia. Además, fueron aprobados dos proyectos más respecto a la creación del Programa Argentina Inclusiva para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad; y la transferencia a título gratuito de una chacra del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro que llegó con media sanción del Senado.

En el medio de la reunión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le confirmó a la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) que JxC obtuvo una prórroga hasta el lunes 18 a las 11.00 para presentar el dictamen de minoría con la unificación de los 17 proyectos presentados por la oposición durante los últimos 4 años.

Las exposiciones

La primera expositora y quien se encargó de disipar las dudas respecto a la iniciativa -mayoritariamente de los diputados de la oposición- fue la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien afirmó que “tiene 3 objetivos que son fomentar la contratación formal de jóvenes, formalizar el trabajo en negro y contratar a beneficiarios de planes sociales”.

“En los últimos 3 años, el sistema laboral en relación de dependencia lleva 35 meses consecutivos de creación de empleos formal en el sector privado y más 590.000 personas accedieron a un trabajo asalariado en empresas privadas, pero la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”, advirtió la funcionaria.

Del mismo modo, informó: “Hay un 32 por ciento de informalidad en el empleo privado que tiene a las microempresas de hasta cinco trabajadores con un 75 por ciento de informalidad; las de 6 a 40 empleados, un 35 por ciento; las de 41 y 100, la informalidad asciende solo a 15; y donde hay más de 100, solo el 12 por ciento”.

Del mismo modo, planteó que hay una antigüedad en la informalidad de esas empresas ya consagrada: “en empresas de hasta 5 trabajadores, con un año de antigüedad hay un 63 por ciento de trabajadores no registrados; las de 6 a 40, el 58 por ciento; y las de más de 50 trabajadores, en un 55 por ciento”.

A su vez, recordó que con la Ley de Blanqueo del 2008 se redujeron las cargas patronales e impactó en la eficacia del ingreso al trabajo. En consecuente, explicó que “hubo más de 97.000 fiscalizaciones y 193.000 empleados analizados. 69.000 trabajadores estaban no registrados. Más del 40 por ciento no declarados”. “llevamos un registro de empleadores sancionados”, agregó.

En el final de su intervención, además de remarcar los beneficios que los empleadores recibirán en caso de cumplir con la incorporación de trabajadores jóvenes y beneficiarios de planes sociales, aclaró que “esos beneficios se extinguirán cuando reincida en tener personal no declarado o no registrado”.

A su turno, Claudia Balestrini expresó que “el objetivo claro está asociado a una política pública de incorporar trabajadores, debe tener un gradualismo y controlar el impacto”, pero agregó que “origina un gasto tributario que sea controlado para la efectividad de la política implementada”.

En relación al régimen de contrataciones vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló: “El universo de las Micro, Medianas y Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro tendrán 100% de reducción en las cargas patronales, mientras que las demás empresas, un 50 los primeros 12 meses, y un 25 los 12 restantes”.

“Todos los universos que contraten personal que sea beneficiario de planes sociales tendrá un 100 por ciento en las reducciones, pero deberán ser capacitados para que accedan a puestos de trabajo más calificados”, aseveró.

Luego, Mara Ruíz Malec repasó que “tenemos antecedentes de programas similares” y que “no se va a dejar de lado la fiscalización”. “Realizamos un trabajo integrado con AFIP porque la informalidad laboral se encuentra concentrada”.

Tras un retraso del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Lisandro Nieri (UCR) consultaron sobre “la evidencia científica que hay de que esto funcione” y respecto a “la diferenciación sobre quienes cobran planes sociales”.

Rápidamente, la ministra Olmos respondió que “mostramos como en el 2008 la reducción de cargas, en ese caso, duplicó el efecto que se tiene cuando no hay beneficios”, y agregó: “Promovemos un puente para beneficiarios de programas sociales para que se reconviertan en trabajadores”.

Entre risas e ironías, José Ignacio de Mendiguren se hizo presente en la reunión y expresó que “esta medida que estamos debatiendo es porque queremos mantener el nivel de actividad y poner a la pequeña y mediana empresas con instrumentos para actuar en situaciones difíciles”.

“Este proyecto tiene la finalidad de llegar de forma rápida a la pequeña y mediana empresa para que siga manteniendo el nivel de empleo y el gobierno siga recaudando”, señaló el funcionario y exdiputado nacional.

Del lado de la oposición, la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) manifestó: “Me interesó lo del estudio del 2023 y quiero saber el motivo de porque la gente no regulariza porque nos está sonando una alarma por el crecimiento de la informalidad”

Mara Ruíz Malec contestó: “La tasa de no registro había aumentado y comenzó a reducirse desde las medidas a favor de proteger al trabajador”, y Olmos añadió: “Tenemos evidencia empírica de que este mecanismo favorece las nuevas contrataciones”.

Antes del final, la diputada nacional María Dolores Martínez (Evolución Radical) cuestionó que “hace cuatro años que venimos presentando este tipo de proyectos”. “La generación de empleo registrado es uno de los problemas mas graves de la Argentina”, enfatizó.

“Hay más de 17 proyectos que nunca se quisieron tratar y se acordaron repentinamente sobre el empleo registrado, pero nunca tuvieron en cuenta los proyectos que planteó Juntos por el Cambio”, criticó la legisladora radical quien añadió que “lamento que sea en un contexto electoral, pero vamos a impulsar en un dictamen de minoría todos los demás proyectos”.

El titular de la reunión Carlos Heller le contestó a Martínez: “Usted dice que yo ignoraba, pero después viene y me agradece por el plazo que puse para unificar los proyectos”. “No corresponde su reproche”, resolvió el diputado del FdT.

Finalmente, Heller dio por terminada la reunión, anunció los tres dictámenes sobre las iniciativas tratadas y anunció que JxC tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría sobre el empleo pyme. Asimismo, recordó que esta comisión se reúne este jueves para empezar el debate sobre la eliminación del Impuesto a las Ganancias impulsado por Sergio Massa.

El proyecto

La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100 por ciento para PyMEs en los casos de contratar a una persona que no cobre planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.

Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.

Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.

Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.

De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).

También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.

Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.

De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.

La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.

El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.

Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

Tras el ingreso del proyecto de ley que propone eliminar la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, anunciado por el ministro/candidato Sergio Massa, el oficialismo en la Cámara de Diputados pondrá rápidamente el tema en debate.

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, fue citada para este jueves a las 11, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes de las centrales sindicales.

Este miércoles, horas después de que la iniciativa ingresara a la Cámara baja, el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, reveló que convocarían para su tratamiento velozmente. Además, mencionó la posibilidad de dictaminarlo la semana próxima y que pueda debatirse en sesión -aún no citada-.

“No solamente se trata de justicia tributaria, sino que va a generar un fuerte impulso al mercado interno”, destacó en diálogo con Radio Nacional el santafesino. En esa línea, aseguró que “lo que se deja de recaudar va a apuntalar el mercado interno, el crecimiento de la economía y la creación de puestos de trabajo”. 

Más allá del proceso electoral, Martínez consideró que con esta propuesta “estamos ante un cambio sustancial, en un tributo que afectó por más de dos décadas a los trabajadores”, por lo cual el tema “requiere otra actitud de toda la dirigencia opositora”. 

Ante las críticas que emitieron desde Juntos por el Cambio, el legislador pidió no entrar “en la especulación chiquita” y “hacer las cosas con seriedad”. “Después de la reacción tuitera inicial, espero que la oposición tome consciencia de la magnitud de este cambio y acompañe”, dijo. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP) retomó este jueves el debate sobre la ampliación del proyecto de ley que pretende solucionar a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA. Pasaron a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 13 de agosto en donde comenzaran el debate, ya sin expositores, para consensuar un dictamen.

En la reunión, que se llevó a cabo en Salón Illia, expusieron representantes bancarios: Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia; Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA); Francisco Gismondi gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi; el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario yel director del Banco de la Nación Argentina, Martín Di Bella.

En el encuentro que se hizo este miércoles, los miembros del Colectivo Hipotecarios UVA manifestaron ser “víctimas de una estafa nefasta” y responsabilizaron a los gobiernos de Macri y Alberto Fernández, y a las grandes corporaciones. Los abogados de los damnificados exigieron modificaciones al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados.

Los representantes de entidades bancarias

El primer expositor fue Francisco Gismondi gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) mostró preocupación por los créditos presentes y por los futuros porque “con la inflación actual no se pueden dar créditos en pesos, en dólares por la experiencia del 2001 y lo que nos queda es este tipo de créditos indexados que, con la inflación de hoy, es muy poco. Si la inflación baja, esto puede volver a revivir”.

“Nos preocupa mucho que, si el instrumento se toca, después no pueda servir para que otra familia salgan de su situación habitacional. Hay 100 mil créditos UVA, pero más de 3 millones de familias que tienen algún tipo de problema habitacional. tener un instrumento de crédito hipotecario es importante. En el país la relación de crédito y producto es de menos del 1% y en la región es del 8%. Lo que se desea es que el crédito hipotecario sea un instrumento que pueda llegar a muchas familias”, precisó y sumó: “Hay situaciones particulares que hay que atender, pero si por eso se legisla algo general nos preocupa por que se pueda generar en el futuro crédito hipotecario”.

Gismondi señaló que “para que haya un mercado hipotecario necesitamos estabilidad macroeconómica y las reglas de juego también deben ser estables. Debe haber una legislación que sea fácil de entender para todos porque cuando hay demasiados casos particulares es difícil que eso funcione”.

“El centro del proyecto es el Fondo Fiduciario, es un instrumento que puede ser muy válido. Ahí hay formas de hacerlo bien, pero nos preocupan algunas cuestiones técnicas de ese Fondo ej que se financie con los intereses de depósitos, pero cuando hay intereses tan altos parece poca plata, pero quienes van a terminar financiando ese fondo son todos los depositantes o pequeños ahorristas”, remarcó y sugirió buscar un financiamiento del Fondo que tenga más que ver con los propios tomadores de créditos y bancos.

También cuestionó que el Fondo “compensa algunos casos, pero no es simétrico y eso hace que sea mucho más difícil de financiar el fondo. El proyecto plantea titularizar los préstamos para que escalen. Hay una buena intención y está bueno pensar que podamos titularizar el crédito, pero algunas partes del proyecto no ayudan a que eso sea así”.

“Las ejecuciones hipotecarias de los bancos hoy en día es de cero, no hay ejecuciones relevantes y postergar por un año genera esta sensación de que la garantía hipotecaria es mala y así no vamos a tener crédito hipotecario. Necesitamos que sea una buena garantía y el último recurso es la ejecución y ningún banco quiere llegar a eso”, planteó y agregó: “Hay un problema para pagar las cuotas de créditos hipotecarios, pero el problema no es el instrumento, sino la inflación”. El funcionario remarcó que “la deuda en pesos crece todos los días, pero no es comparable con el 2016, 2017 y 2018. En valores reales la deuda del sistema financiero cayó un 20%. Estos créditos se están pagando y tiene baja morosidad y la deuda de a poco se va pagando”. Por último, aclaró que los bancos son “intermediarios financieros” y que “no están en contra de los tomadores de créditos”.

En un breve comentario, Guerra expresó: “Es un problema grande que tenemos y tenemos una gran responsabilidad para encontrarle una salida. Cuando la deuda es grande también es problema de la entidad. Vamos a trabajar para procurar encontrar un equilibrio en esta solución asimétrica”.

A su turno, el director del Banco Ciudad, Gastón Rossi, planteó que “no es un problema de una magnitud relevante. Obviamente implica un gran esfuerzo para todas las familias que están pagando, pero lo que se está intentando es una solución general para un problema que es de índole particular, no al instrumento”.

“120 mil sacaron sus préstamos y al día de hoy están en situación irregular de un total 8.914 préstamos, tenemos 164 en situación regular es decir el 1,8% regulares de los deudores”, indicó y explicó: “Si uno toma el índice de irregularidad en el total del sistema en los hipotecarios UVA la irregularidad es del 1,5%”.

Además, contó que por normativa del Banco “todos los UVA en la medida de la cual el salario crecía 10 puntos por encima del salario, los bancos estábamos obligados a extender a un 25% la vida del préstamo. En el caso particular del Banco Ciudad uno esperaría que si es un problema generalizado la cantidad de personas que hubieran solicitado esta extensión sería elevada, solo el 6,3% del total de la cartera solicitó esta extensión de plazo que, obviamente lo que genera es una baja en la cuota”.

En esa línea, agregó que en el contexto de pandemia a través de un DNU “se planteó un tratamiento especial para aquellos casos de préstamos hipotecarios UVA donde la cuota excediera el 35% del ingreso. El 0,06% de la cartera se acercó a solicitar y solo el 0,03% es decir 4 casos sobre 10 mil, acreditaron que la cuota excedía el 35% del ingreso”.

“Los préstamos hipotecarios tienen una afectación de la cuota del 40%. El sistema financiero en estos casos lo que hizo fue ser más restrictivos en cuanto a la afectación de cuánto podía representar la cuota del total del ingreso. En nuestro caso fue del 25% esa cuota. Si una persona sacó un préstamo al máximo y su salario evolucionó como la economía hoy esa afectación es del 31%. El problema es más particular que general”, insistió.

Según Rossi “la persona que sacó un préstamo UVA está pagando hoy una cuota que es un 28% inferior al alquiler que hubiera pagado. Subieron las cuotas como subió todo en la economía. Entre el 70 y 75% los créditos fueron dados por la banca pública que siempre tienen disposición para refinanciar, extender el plazo y acompañar al deudor. Se necesita una estructura asimétrica del Fondo compensador, retroactivo al 2019, puede representar o afectar o dañar la única posibilidad la economía inflacionaria de prestar hipotecarios para la vivienda a largo plazo. Debe haber algún mecanismo de indexación”.

En tanto el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario, señaló que “el proyecto debería ser revisado completamente. Por ejemplo, con respecto al aporte, no tiene lógica que un banco que no dio créditos hipotecarios UVA tenga que hacer un aporte del 0,025% sobre los depósitos que recibe”.

Basándose en el último informe del Banco Central, planteó que “en julio de este año se dieron 4.700 millones de pesos en créditos hipotecarios UVA, 12 mil millones de pesos en créditos prendarios UVA y 3.500 millones de pesos en personal UVA. La gente lo sigue viendo como una manera de adquirir un activo y no como algo tan nocivo. La mora en total a mayo era del 1,2 en hipotecarios, 1.2 en crédito, 2.7 en prendarios y 4,6 en personales, la mora es bajísima. La gente siegue tomando hipotecarios UVA, no le tienen el miedo que están diciendo. El 80% de la gente que tomó el crédito sabía lo que tomaba, la mayoría son del sector empresario, compañías de seguro, son perfiles que entienden”.

“Toquetear cuestiones pasadas, puede generar problemas a situaciones futuras”, alertó y explicó que la “banca es tradicional”. Criticó el artículo 6 que habla de una adhesión voluntaria y gratuita: “Existen mecanismos donde las partes pueden acordar algo compensatorio, pero es relación de partes, no debe ser a costa de los depósitos del banco”, y cuestionó el artículo 8 también porque dice “que hasta último momento no pague porque algo va a licuar la deuda. No aclara que se cancela por despido, pero no dice que es despido con causa o sin causa”.

El licenciado Mariano Beltrani, subgerente general de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia, explicó: “A cualquier banco, incluyendo a los bancos públicos, no le conviene tener clientes morosos. Nosotros entendemos que la política de bonificación y acompañamiento a este segmento específico fue efectivo para reducir la mora”.

Por su parte, el director del Banco de la Nación Argentina, Martín Di Bella, sostuvo: “Nos ha costado mucho volver a tener rentabilidad positiva, por eso cualquier solución tiene que ser consistente desde el punto de vista patrimonial porque es un banco público con alcance nacional que claramente beneficia a muchas familias”. “Hoy en el sistema tenemos el 40% de los créditos UVA vigentes. La mora por parte del Banco es del 0,88%”, indicó y precisó que la cuota máxima es de 180 mil pesos.

“Hoy por hoy tenemos cerrada la línea de créditos UVA, el Banco Nación hoy no da créditos UVA. Cualquier solución tiene que ser consistente desde el punto de vista patrimonial del banco”, expresó y detalló que el banco solo tuvo 3 años con rentabilidad negativa.

En su alocución, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados ABAPPRA, Marcelo Mazzón, aseguró que “siempre vamos a estar disponibles para estudiar todas las situaciones, análisis que propongan y buscar siempre algo que provea el bien común”.

Avanzó este jueves el debate en el Senado sobre la reforma de la Ley de Alquileres con la participación de representantes de inquilinos, quienes reclamaron no retroceder en derechos y cuestionaron el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados. 

Durante un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, los expositores criticaron la vuelta a dos años en los contratos, que se “iguale” a las partes de la relación y advirtieron que una modificación a la norma actual no garantiza que se amplíe la oferta de una manera accesible. También denunciaron abusos por parte del sector inmobiliario, ante la falta de control de la ley vigente.

En el Senado, el interbloque de Juntos por el Cambio se muestra a favor de la media sanción que salió de Diputados, mientras que el oficialismo anticipó que presentará modificaciones y, con el objetivo de obtener el dictamen de mayoría, negocia esos cambios con sus excompañeros integrantes hoy del bloque Unidad Federal y con los monobloquistas Alberto Weretilneck, Magdalena Solari Quintana y Clara Vega. 

Al cierre del encuentro, y tras escuchar a los diferentes expositores, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Víctor Zimmermann (UCR) propuso: “Tenemos que darle la mayor previsibilidad y celeridad al tratamiento de la media sanción, fundamentalmente porque todos coincidimos en que la presente ley perjudica a propietarios como inquilinos. Por eso, nosotros pedimos que hoy firmemos dictamen“.

En contraposición, la secretaria de la comisión la senadora Juliana Di Tullio (FdT) sostuvo: “La media sanción que viene en revisión perjudica claramente a los inquilinos y lo que pidieron es que se vuelva a la situación anterior. Nosotros tenemos propuestas para mejorar el dictamen y le pido que hagamos un cuarto intermedio hasta el miércoles para poder acercar posiciones tanto en nuestro interbloque como otros bloques para llegar a un número significativo en el recinto”.

“Vamos a hacer un cuarto intermedio para trabajar hasta el miércoles y poder arribar a un dictamen o dos o los que se presenten para poder, lo más rápido posible, darle un corte al tema”, cerró Daniel Bensusán (FdT) titular de la Comisión de Legislación General.

Las exposiciones

En su disertación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, recordó que desde el 2016 vienen discutiendo la ley, pero “sabíamos que la pelea no era esa, la pelea era cuando la ley estuviese vigente porque sabemos muy bien el rol del mercado inmobiliario en el país porque el Estado ha delegado en el mercado inmobiliario la responsabilidad del acceso a la vivienda”.

“Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado a dónde ir a reclamar”, cuestionó Muñoz y criticó: “Me sigue sorprendiendo que el ministro de Hábitat no haya venido, ¿no tiene nada para decir? lo único que se dice es que la vivienda es un sueño, nosotros soñamos y hay otros que lo hacen realidad bastante seguido que tienen 10 o 20 viviendas y a nosotros nos dicen que sigamos soñando”.

También enfatizó contra el encuentro de ayer en donde “vinieron todos empresarios, ningún propietario. Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda. Eso me parece una derrota que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”. “Ayer dijeron que había millones de rentistas, pero el Estado no sabe cuántos hay”, apuntó y brindó datos oficiales de la situación de la vivienda en el país.

Así detalló que “en 1991 había 8 millones de viviendas, había 3.6 personas por vivienda. 2001 11 millones de viviendas y 3,1 persona por vivienda. En 2010 casi 14 millones de viviendas y 2.9 de personas por vivienda. En 2022 18 millones de viviendas y 2.6 personas por vivienda. En la Ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 1.9 personas, la situación es obscena”. También precisó que el nivel de viviendas del mercado privado de 1991-2001 creció un 37%, mientras que la población creció un 18%; del 2001-2010 creció casi un 20% la cantidad de viviendas, del 2010-2022 creció casi un 30% la cantidad de viviendas. “La cantidad de viviendas creció un 108%”, afirmó.

“No faltan viviendas en el país. Cuando se votó la ley empezó la campaña en contra en todos los medios. Si hubiese habido una campaña tan feroz contra la vivienda dolarizada la situación sería otra en un país donde no hay dólares”, cuestionó y agregó: “Nos deberíamos preguntar qué Estado queremos, no que ley si nadie se cree que el problema del alquiler sean los plazos. El problema lo tienen las inmobiliarias que quieren cobrar cada 24 meses. Tampoco nos creemos que el problema sea la actualización de los precios y el precio inicial que tampoco está regulado y te cobran lo que se les antoja”.

Muñoz apuntó: “La Ley de Alquileres plantea la obligación de registrar los contratos en AFIP y según el jefe de Gabinete en 3 años de vigencia de la norma se registraron 140 mil nada más y los que no registran ayer vinieron a pedir no pagar impuestos y a que los incentiven, algo que le dan todos los años, todos los gobiernos”.

“Hay que crear todas las herramientas posibles para que el Estado se encargue de garantizar que se cumplan las leyes. Las inmobiliarias se creen estar por encima y si la ley no les gusta no la cumplen. Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla, que el Estado esté por encima del mercado inmobiliario, garanticemos que 10 millones de inquilinos tengamos al Estado velando para que se cumpla esta ley”, afirmó.

Y cerró: “Tienen que dar una señal clara y rápida sobre esto porque quien está gobernando y decidiendo es el mercado inmobiliario. La media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos, los contratos, los pagos adelantados, sacaron la obligatoriedad de que los propietarios registren los contratos, es una barbaridad, actualización cuatrimestral es un escándalo, pusieron tres índices y ni en la ley actual se sabe cuál se toma y no hay campañas de difusión porque nadie sabe qué son los precios mayoristas, todo es para confundir y tratar de que no se entienda. La media sanción es una redacción del mercado, intentan ocultar las intenciones reales”.

El siguiente en exponer fue Juan Arrizabalaga, representante de Inquilinos Tandil y concejal de Unión por la Patria en esa ciudad, quien consideró que la reforma de la ley es “un nuevo ataque del lobby inmobiliario, que evidentemente permea a una parte de la clase política argentina”. “Es una reforma pro-mercado, pro-rentistas, que apunta a los tres puntos fundamentales más protectorios de la ley”, señaló. 

En ese sentido, explicó que “achicar el plazo de los contratos de tres a dos años va a generar más inestabilidad habitacional”, además de aumentar los costos inmobiliarios; en lo que respecta a “pasar de un ajuste anual a cuatrimestral, o cualquier otro ajuste menor, va a multiplicar los precios”; y, finalmente, sobre los índices para que las partes acuerden, dijo que “compara dos partes que son incomparables”. 

Tras enumerar situaciones de abusos por parte de inmobiliarias (contratos por un año, comisiones indebidas, etc.), Arrizabalaga alertó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”. Finalmente, en un mensaje a los legisladores del peronismo, les pidió: “Es momento de defender a los que hay que defender, a los 10 millones de inquilinos que tiene la Patria”.

A su turno, Luna Miguens del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) recomendó “mirar la película un poco más amplia” ya que “vivimos en una Argentina, pero también en un mundo, donde la producción de viviendas tiene cada vez menos que ver con las necesidades de vivienda” sino “que tiene cada vez más que ver con la rentabilidad”. “Hay un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”, observó y ejemplificó que “vemos crisis de alquileres en Barcelona, Lisboa, New York”. 

“En el marco de esa crisis, el Estado tiene el deber, la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda”, enfatizó y expresó que se necesita “un Estado que pueda poner límites al uso económico de la vivienda”. “La media sanción va en contra de eso, porque lo que hace es restringir el rol del Estado”, indicó sobre el proyecto aprobado en Diputados y cuestionó: “No entiendo quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos. No se puede volver atrás con ese avance”.

Miguens precisó luego datos de una encuesta telefónica realizada por el CELS junto al CONICET y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras instituciones, en la cual “el 63% de los inquilinos respondió que tiene deudas y más del 60% respondió que tomó deudas para poder pagar el alquiler”. Sobre el aumento de la incidencia del valor del alquiler sobre los ingresos, en 2021 “el 24% de los hogares destinaban más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”, mientras que “en 2022 esa proporción aumentó el 32%”. “En todas estas encuestas los hogares sostenidos por mujeres están un poco peor”, subrayó y agregó que “el 35% respondió que alquila una habitación” y no una vivienda entera.

Otro de los expositores de la jornada fue Maximiliano Vittar, de Inquilinos Córdoba, quien arrancó: “Estamos con la esperanza y expectativa de que muchos legisladores realmente nos escuchen. En la Cámara de Diputados estuvimos (el año pasado) tres semanas discutiendo, y las propuestas y planteos, por lo menos en el proyecto con media sanción, no fueron tomados”. 

Sobre la iniciativa, sostuvo que no encuentra “un beneficio para el inquilino”. “Al plantear igualdad de partes entramos en un desconocimiento total de lo que sucede” en la realidad, remarcó y se preguntó que “si el problema es la inflación, ¿por qué hoy discutimos la Ley de Alquileres? ¿O por qué la salida es esta media sanción? No se están discutiendo otras leyes de lo que sucede con otros bienes y servicios”. 

Avanzado el encuentro, Florencia Labiano, socióloga y becaria doctoral del CONICET, aseveró que “en los últimos 20 años en Argentina, y en los grandes centros urbanos, estamos atravesando un proceso de inquilinización, de modo similar a lo que sucede en otras ciudades del mundo. Cada vez más hogares se vuelcan al mercado de alquileres privado para recurrir a una vivienda”. Al hacer hincapié en lo privado, explicó que en otros países hay combinación de sector privado y público, o incluso cooperativas o sindicatos que tienen viviendas propias puestas al alquiler. 

“Que la política de viviendas sea un mercado es una decisión política”, resaltó y criticó que “en materia de alquileres, el Estado delega en privados una responsabilidad pública, a la vez que genera directa o indirectamente las condiciones para que la vivienda se concentre cada vez más”. “La vulnerabilidad aumenta en los grupos etarios más jóvenes, pero también en los más viejos. Hay jubilados entre los inquilinos y eso también es preocupante”, continuó. 

Labiano advirtió que “hoy por hoy la vivienda está afectando al mercado laboral” en lo que respecta a “la cantidad de horas que trabajamos, el patrimonio al que accedemos, el tipo de crédito y el tipo de alquiler”. “El alquiler afecta cada vez más a más personas en situaciones más desiguales, no legislar, no reglamentar o no generar las capacidades estatales para poner en práctica las leyes, no significa no regular, significa entregar el control del mercado a sus agentes más poderosos, es decir los más concentrados”, enfatizó. 

Al hacer referencia a la encuesta de la que habló Miguens, la socióloga indicó que “el 76% de los hogares de inquilinos que se habían mudado en los últimos cinco años habían tenido problemas para acceder porque no cumplían con requisitos que proponía el mercado, esos mismos hogares tienen contratos que no están adecuados a la Ley de Alquileres. Es decir que el mercado define quién accede y quién no accede”. 

“Hay que distinguir entre los propietarios, pero para eso hace falta conocerlos, y esos datos los tiene el Estado”, aseguró y dijo que “no faltan viviendas, falta la voluntad de ponerlas en oferta, y es algo que no creo que vaya a modificarse con esta ley”. “Lo que pido es que no retrocedan en los derechos conquistados para los hogares inquilinos para congraciarse con la supuesta oferta de un supuesto mercado que desconocemos por completo”, sumó y, en ese sentido, recordó que “solo el 10% de los contratos están registrados en AFIP”. 

Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia expuso Pablo Vitale planteó que no se está tomando a la población inquilina en barrios populares y en expansión que “viene creciendo en el país y de los cuales no se tienen datos”, y señaló que “es un mercado que se viene precarizando hace años”.

“La ley da respuestas a una sola parte del problema de acceso a la vivienda que es complejo. El contexto de aplicación de la ley también fue particular porque a lo único que le atribuimos la situación del mercado es a una sola ley. ‘Una ley nos modifica la realidad’, eso ya lo sabemos, pero en este ámbito lo que podemos hacer es sentar las bases y los marcos a partir del cual dar una discusión en términos fácticos y si a eso nos resignamos estamos condenados a que la situación solo dependa de relaciones de fuerza en la que se favorezca a la parte más poderosa”, señaló a modo de llamado de atención.

También indicó que “desde que se sancionó esta ley se está planteando que va a ser modificada, qué expectativa de mercado puede reaccionar de otra manera que no sea retrayéndose si se plantea que es inminente la mejora de la ley para generar rentabilidad. Esto no existe, no se generan mecanismos de control para el mercado extorsivo porque depende de la parte propietaria las condiciones bajo las cuales se alquila”.

“No se ha generado situaciones para que ocurra algo diferente a lo que pasa actualmente con la ley y es atribuible a los recursos estatales destinados para que se cumpla y excede el ámbito legislativo. La ley debe garantizar derechos porque el 50% de los alquileres se hace sin contratos”, remató Vitale y pidió que se legisle en base a datos y “hacer un diagnóstico adecuado respecto de cuáles son las mejores vías de solución posibles. La propuesta de reforma de la ley va en detrimento de los derechos adquiridos en la modificación y de la situación preexistente y deja a la situación inquilina en una situación peor”.

Un contrato de cinco años para los comercios 

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), habló en representación de los comercios de barrio y manifestó que “el valor inmobiliario y aporte que nosotros reproducimos muchas veces se nos vuelve en contra al momento de renovar el alquiler”. Sobre la actualización del precio, opinó que “es necesario que haya un índice oficial conocido” porque “hoy parece que el índice es el diario, y una economía normal, armónica, desarrollada, no puede bailar al ritmo de las operaciones mediáticas”. 

“El precio del alquiler es determinante para nuestro flujo de gastos y para los costos fijos con los cuales determinamos precios y rentabilidades”, explicó y advirtió que “hoy infinita cantidad de contratos están dolarizados a tipos de cambio caprichosos”. 

Respecto al plazo de los contratos, Bilanski apuntó que hoy es de tres años para los comercios, “cuando recién el recupero de la inversión no tardamos menos de dos años en realizarla, por eso no lo vemos largo (al contrato), lo vemos corto. Habría que pensar algún tipo de extensión hasta cinco años”. 

Sobre ese punto, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri resaltó que tanto la ley anterior, como la vigente, establece que “cualquiera sea el destino, si no está especificado, no inhabilita a que sea mayor”. En ese sentido, aseguró que la norma “no impediría que firmen un contrato por cinco años”. Pero el presidente de ENAC le respondió que eso debe quedar explícitamente escrito, porque “hay muchos que no cumplen la ley”. 

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, se quejó que en el proyecto aprobado en la Cámara baja “se hizo un recorte, no sabemos si consciente o inconsciente, yo tiendo a pensar mal siempre. La ley anterior, no la vigente, establecía dos años para vivienda y tres para comercio. Pero en la media sanción se le metió también un hachazo a los comerciantes”.

“Nos quieren hacer creer que estamos legislando para un tipo de contrato en donde todos son buenos, amables, donde las partes son iguales y pueden tomarse un café en un lugar hermoso y pactar las condiciones de un contrato de locación”, ironizó la mendocina. 

Y se mostró de acuerdo en “no solamente volver a los tres años (de contrato), sino de extenderlo a cinco años. Que sea de tres años con la posibilidad de extenderlo por dos más” para el caso de los comercios.

También expusieron en la reunión Carla Sánchez, de Juntas por el Derecho a la Ciudad; Diego Fernández, presidente de la Asociación Platense de Inquilinos e Inquilinas; Sebastián Artola, de Inquilinos Agrupados Rosario; Federico Prior, de Inquilinos Neuquén; Matías Solano, de Inquilinos Santa Cruz; Lucía Cavallero, de Ni Una Menos.

Luego del cuarto intermedio, la Cámara de Senadores reanudó este miércoles el debate por la modificación de la Ley de Alquileres en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de los oficialistas Daniel Bensusán y Ricardo Guerra respectivamente.

Al encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Arturo Illia, asistieron representantes que engloban a inmobiliarias y propietarios quienes hicieron hincapié en la “celeridad y urgencia” para sacar una ley y cuestionaron que la media sanción de Diputados y la mora en el tratamiento “generó incertidumbre e imprevisibilidad en el mercado”.

“Mañana invitaremos a los correspondientes inquilinos”, anunció el pampeano Bensusán refiriéndose a la reunión agendada para este jueves a las 11 donde retomarán el debate.

Previo a escuchar a los expositores, Guerra procedió a leer notas y emails que les han llegado de la Defensoría del Pueblo de Formosa, la Comunidad Federal Inquilina y no propietaria, el movimiento ‘La Ciudad es de quienes la habitamos’. “Es para que sepan que son tenidos en cuenta”, aclaró el riojano.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, el chaqueño Víctor Zimmermann UCR), agradeció a los expositores y pareció su presencia para “enriquecer el debate” y bregó tener una “buena jornada para sacar la mejor ley”.

Se pusieron sobre la mesa proyectos presentados sobre el mismo tema en el Senado por la senadora Clara Vega (propone 2 años para habitar, 3 para comercializar y ajuste de precio cada 6 meses), el de la misionera Magdalena Solari Quintana (que el locatario pueda renunciar cuando lo desee), el del radical Julio Martínez (2 años con prorroga por solo uno más), el de Maurice Closs (ajuste anual) y el de Carolina Losada que busca directamente la derogación.

La modificación de la Ley 27.551 llega con media sanción de la Cámara de Diputados, cuando la oposición se impuso con su proyecto que establece que los ajustes sean por intervalos no inferiores a 4 meses y que el mecanismo de actualización pueda combinarse entre tres índices, a acordar por las partes. Además, vuelve a dos años el plazo de los contratos.

La palabra desde el sector inmobiliario

En representación del COFECI (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios) expuso Virginia Manzotti quien sostuvo que desde el 2016 vienen trabajando “queriendo aportar lo mejor desde el sector para tener leyes justas y que toda la ciudadanía se vea beneficiada por las leyes”.

“Venimos a exponer una situación que ustedes ya la conocen, que es problemática y lo más importante, que creemos desde el Consejo, es llegar a una solución o por lo menos intentar una solución que beneficie a los inquilinos y a los propietarios”, remarcó y sumó: “Sabemos que no es una tarea fácil porque cuando nos ponemos a trabajar surgen inconvenientes o algunos derechos que ambas partes tienen”.

En esa línea, planteó que como corredores inmobiliarios “estamos en el medio de estas circunstancias donde recibimos a inquilinos y propietarios”. “A través de un centro de estadísticas e inmobiliarias podemos comprobar que hay un 47% de inmuebles retirados del mercado. Lo cual ha provocado lo que ocurre con la oferta y demanda”, alertó.

“Como dijeron que la ley se iba a derogar muchos propietarios frenaron los contratos y dijeron que iban a esperar. Eso pasó e hicieron contratos a 36 meses y desde que se puso otra vez en discusión la Ley de Alquileres hemos tenido un retiro muy importante de propietarios que están esperando la resolución del Senado”, manifestó y expresó la preocupación del sector por la situación.

Así, planteó que “todas las provincias quieren que sea una ley justa. Apelamos a la celeridad para que pronto tengamos una solución por sí o por no porque estamos con un vacío que provoca que los propietarios sigan esperando, saquen los inmuebles y esto se sigue agravando aún más. Desde el 2021 el aumento de los alquileres ha sido del 232%, algo ocurrió con la ley. Creemos y nos ponemos a disposición para colaborar para que la ley salga y lleguemos a darle solución a la gente”. “Esta Ley 27.551, tal como lo anticipamos en el 2016, fue caótica”, cerró.

Por la Federación Inmobiliaria de la República Argentina se expresó Emilio Caravaca Pazos quien indicó que “la situación en la que estamos desde que salió la media sanción en Diputados, es importante decir, que generó una situación de total incertidumbre en inquilinos que están en vísperas de firmar un contrato para poder alquilar”.

“Quiero hacer un llamado a la celeridad y a la urgencia que requiere el tema, ya que el Senado y Diputados son la caja de resonancia de lo que pasa en la sociedad, interpretar esa necesidad de una resolución de la cuestión”, reclamó y advirtió que “esta paralización que ya se había dado con diferentes trascendidos que hablan de alguna posible suspensión de la ley o derogación o modificación, generan una paralización que realmente no colabora ni con propietarios ni con inquilinos”.

Además, aclaró que el mercado inmobiliario no es un oligopolio porque se compone entre propietarios e inquilinos que buscan acuerdos y necesitan respuestas por parte de la Legislatura y lograr “una ley meridiana, que cubra y contemple las necesidades e las partes y tenga en cuenta lo que generó esta ley actual y si cada 12 meses tenemos que hablar de esta ley es porque evidentemente algo está pasando y que está generando un perjuicio en gran parte de la sociedad. Hay que dar respuestas urgentes en este momento de incertidumbre”.

A continuación, la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), coincidió en que la media sanción de Diputados trajo mucha incertidumbre y es necesario de forma urgente la ley. Al respecto, le consultó si están de acuerdo con esa media sanción, con cobrar alquileres adelantados a los inquilinos y si el retiro de inmuebles del mercado no tiene que ver con los alquileres temporarios que “no están regulados”.

En respuesta, Caravaca Pazos se refirió a los alquileres temporarios y sostuvo que “según un relevamiento que hicimos representan un porcentaje muy pequeño. Tiene que ver con determinadas zonas y ciudades que pueden tener una receptividad turística diferente. Tienen incidencia en zonas determinadas, acá hablamos de leyes nacionales. No es nuestro expertiz el tema de los alquileres temporarios”.

Respecto al pago adelantado, planteó que “está contemplado como posibilidad y no como exigencia. Si eso es justo o no lo tienen que hacer los legisladores, no es algo de exigencia no es un requisito necesario”. La mendocina le retrucó que en los contratos de alquileres ese pago adelantado “no es algo que el inquilino tenga la fuerza para negociar. ¿Esto les parece justo y equitativo?”.

El expositor, comentó que han presentado dos observaciones, uno sobre la periodicidad de los ajustes “en un contexto de espiral inflacionario donde los 12 meses terminan siendo prejuicios para los valores iniciales y para el desfasaje de los años de contrato”, y también habían planteado el tema de la durabilidad de los contratos. “La ley no lo exige, pero con la modificación sobre esos dos puntos y un debate sobre los demás, podríamos a llegar a tener una mejoría del mercado o un camino hacia el equilibrio en un mercado que está totalmente desequilibrado. Sería un paliativo a corto plazo”, opinó.

“Lo que ocurre es que a medida que hay menor oferta las condiciones para alquilar un inmueble son peores y eso presiona”, completó, pero ante la insistencia de la senadora oficialista el expositor afirmó: “No me parece bien que se pague adelantado, pero no es lo que la ley dice, no lo plantea como requisito de ingreso al alquiler o como exigencia, yo no lo veo así, habla como una facultad y quita una prohibición”.

Pidió la palabra el senador fueguino Matías Rodríguez (FdT) quien cuestionó las “respuestas vacías o ir al tecnicismo no es el camino” porque “intentamos construir una mejor ley”. “Hemos escuchado colegas que hablan de la igualdad y que esté equilibrado el inquilino con el propietario cosa que me parece una zoncera y necesitamos que sean sinceros con las exposiciones”, reclamó y preguntó sobre la posición de la entidad de la cantidad de inmobiliarias en redes con precios en moneda extranjera.

El representante de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina le remarcó que en ese sentido la ley “es clara y tiene que ser actualizado por ICL los costos. Ese no es un fenómeno que no se da en todo el país, no es algo que se da en todas las provincias”. También resaltó que los corredores inmobiliarios tienen que trabajar “respetando la ley vigente”.

Pidió la palabra el jefe del bloque radical, el formoseño Luis Naidenoff, cuestionó a Rodríguez y señaló que “las asociaciones fueron invitados para escucharlos y hay que dar un debate en la comisión. Interpelar ante una posición que me puede o no agradar no corresponde, vivimos a escuchar”. “Si estamos tratando una ley que es mala para las partes, es porque estamos ante una realidad que la inflación desbordó y porque la ley fracasó porque tomaba como proceso de actualización un contrato de 3 años a los procesos inflacionarios”, señaló al pedir calma y que se escuchen a todos.

El riojano Julio Martínez (UCR) ratificó los dichos de Naidenoff e indicó que “el sistema de alquileres es un desastre y 8 millones de personas están en problemas. Las leyes son de acuerdo al momento. Esta ley que hoy tenemos, en un país normal sin inflación sería ideal. No en el país este que ustedes están gobernando y que nos llevan al 150% de inflación, no se puede”.

“Hay que actualizarla en este momento, quizás con un nuevo gobierno se puede volver con esta ley, pero si no ven que estamos haciendo daño a los inquilinos que ustedes dicen defender, pero los dejamos a la deriva porque nadie les hace contratos a 3 años ni actualizaciones cada año, entonces el inquilino termina yendo a uno temporario, en dólares. El 80% de los contratos son en dólares. No le podemos poner ideología y populismo a esto, es sentido común”, cerró.

Fue Fernández Sagasti quien le salió a responderles a ambos senadores de JxC quien pidió “no alarmarse” porque el debate será “largo” y recordó que consensuaron hacer un “debate rápido y expeditivo, pero con toda la responsabilidad que conlleva”. “No pongan opiniones para los medios, sino que hay un problema clave a trabajar y por eso preguntamos para tomar la mejor decisión en el dictamen”, agregó y retrucó: “Preguntar por los alquileres temporarios en la provincia que represento y para la cual trabajo no es interpelar”.

El próximo expositor fue Damián Tabakman en representación de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional que, según explicó, se “encargan de adquirir terrenos, hacer edificios y vender los departamentos”. “Nosotros al tener demasiada incertidumbre sobre la ley de alquileres, la problemática que tenemos es que no se están comprando departamentos en pozo y no nos compran quienes en algún momento fueron un porcentaje muy significativo de nuestra clientela”, alertó.

“Si no me compran, no voy a fabricar y no construyo. Quizás esto no sea un inconveniente inmediato, pero a mediano y largo plazo, si no se construye, va a haber menos oferta aún”, advirtió Tabakman y sumó que eso “impacta sobre el nivel de actividad de la economía, sobre el nivel de inversión, de empleo, sobre un montón de cosas que hacen a nuestro día a día cotidiano”.

Además, lamentó que “clientes que nos compraban en pozo, buscaron oportunidades afuera, expulsamos un volumen estructural en nuestra industria. Fuimos un espacio para resguardar el ahorro del argentino. Ahora nadie compra un departamento en pozo con semejante incertidumbre, es un problemón para nosotros, pero para la sociedad también porque a futuro no va a haber propiedades y en la actualidad la industria privada esta frenada”.

Ante la consulta de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero sobre qué necesita el sector para recuperar inversores, el expositor contó: “Uno de los históricos reclamos son los incentivos fiscales porque se paga la misma carga impositiva si haces un trabajo o proyecto para el sector alto que para los bajos, no es justo y es un desincentivo y se tendría que trabajar, pero lo prioritario son las normas claras y reglas jurídicas”.

En su presentación, el licenciado Leonardo Rodríguez Nader de la Asociación Empresaria de la Vivienda y Desarrollos Inmobiliarios de la Argentina resaltó la importancia de que se resuelva el tema de la ley en el marco de “incertidumbre e imprevisibilidad y en un contexto tan difícil” donde “no vemos una relación de fuerzas extremadamente inequitativa. Hay muchos argentinos que refugian sus ahorros y su valor en bienes raíces, y a partir de eso aspiran a tener una renta en una moneda que no se les devalúe”.

“Las cifras con las que contamos nos marcan que hay un déficit habitacional por arriba del millón de viviendas y eso repercute directamente en los sectores medios y bajos. Son viviendas de calidad. En el mercado privado se construyen 100 mil viviendas al año y necesitaríamos duplicar o triplicar para cubrir ese déficit por durante al menos una década. Es necesaria un apolítica de Estado, un plan y una ley que contemple beneficios, un marco jurídico previsible para las partes y que tenga al Estado como principal actor”, señaló.

Puntualmente sobre la Ley de Alquileres, sostuvo que pedían la derogación y propuso: “Más vale una solución rápida a un problema grave que se arrastra de una mala ley que no prosperó, que la mejor solución ideal”.

En tanto, el licenciado Alejandro Hadrowa presidente del Colegio Profesional de inmobiliarios de Córdoba, expresó: “Creemos que quizás esta no sea la mejor ley, pero necesitamos una definición porque se está desequilibrando demasiado el mercado. Si dejamos la actualización cada 4 meses, muchos que se trasladaron al mercado temporario volverán al mercado anual”.

“La situación es realmente problemática. Tenemos un 37% de retiros en Córdoba, es una problemática muy fuerte. Esta ley no funcionó y no fuimos escuchados ni tenidos en cuenta”, cuestionó sumó: “Todo el sector está de acuerdo que la problemática, para solucionar hoy, es la modificación de dos artículos para dar certidumbre a la gente. Desde la media sanción ningún propietario quiere firmar un contrato”.

Así, enumeró: “Tenemos una fuerte problemática de déficit habitacional, de créditos hipotecarios, eso hizo en el tiempo que existan más inquilinos”. Al respecto, precisó que “es necesario volver al plazo de 2 años y buscar un acuerdo entre las partes para las actualizaciones de los contratos”.

Por su parte, Eduardo Awad presidente de la Asociación de Propietarios pidió a “los senadores y senadoras que mejoren lo que viene de Diputados de alguna manera. Si mejorar es modificar, bienvenida la modificación. Si mejorar es derogar la nefasta Ley de Alquileres que está rigiendo hoy en día, bienvenida la derogación”.

Marta Liotto, en representación del Colegio único de Corredores Inmobiliarios de CABA, planteó: “Esta ley que tenemos hoy es la peor que pueden haber tenido los inquilinos porque no hay inmuebles en oferta. El mercado de alquileres funciona cuando hay comunicación entre las partes. Creemos que la media sanción es un buen escenario para volver a empezar”.

“Esta ley fue nefasta y traumática para la ciudadanía por la falta de oferta y propuestas de inmuebles que hay en el mercado. El retiro de oferta alcanzó el 45% se han volcado a la venta, los propietarios decidieron que no les resultaba esta ley por la falta de confianza e incertidumbre y cuestiones que en este escenario no se dan”, criticó y resaltó que los contratos de 3 años es el principal problema porque “a los propietarios se les hace eterno”.

A su turno, Lillian Ledain en representación a la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires subrayó: “Escucho que dicen que ‘hoy se reúne una parte’. Nosotros los inmobiliarios no somos parte, somos intermediarios y acercamos a las partes para que ninguna de las dos se vea afectadas”.

Jorge Pighin secretario de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina remarcó que “podemos sacar la mejor ley del mundo, pero con un 140% de inflación no hay ley que soporte este flagelo. La ley actual nos hizo retroceder 123 años porque hoy en día las pensiones están abarrotadas”.

La vicepresidenta de la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios, María del Carmen Linkoniene, dijo: “Siento dolor que no puedan resolver este tema: es una cuestión de plazos y actualización, nada más que eso. La anterior Ley de Alquileres era previsible, aunque sé que con esta inflación no podemos hacer mucho”.

Al final, Claudio Vodanovich secretario general de la Cámara Inmobiliaria Argentina, señaló que “hoy el mercado inmobiliario está paralizado porque no hay una definición. Si me preguntan si esta sanción que viene de Diputados soluciona la situación inmediata de las familias argentinas, les digo que sí. Y no digo que es la mejor ley, se puede perfeccionar”.

Tal como se acordó la semana pasada, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado recibirá a expositores en el marco del debate del proyecto de ley que busca una solución a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

La vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti, dejó entrever en la primera reunión que la iniciativa podría volver con cambios a la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de la Ley de Alquileres -votada por todo Juntos por el Cambio más allá de quienes buscaban la derogación total-, en la media sanción que tuvo en la Cámara baja el tema de los créditos UVA, el interbloque opositor se mostró muy dividido: solo una parte de la UCR votó junto al oficialismo.

En la primera ronda de expositores, los senadores recibirán este miércoles, a partir de las 17 en el Salón Illia, a un grupo de damnificados. Se presentarán Claudia Pilo, Leonardo Miranda, Paola Gutiérrez, Mara Eddine, Cristian Rubio, Luz D’Angelo, Mariela González y José Bernardo.

En tanto, el jueves a las 14 será el turno de Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).

La media sanción de Diputados

El proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.
Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

En un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado tuvo luz verde el proyecto que crea el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 19 de abril de este año, y quedó listo para el recinto.

Previamente, la Comisión de Educación y Cultura procedió a la elección de sus autoridades. Al frente de la misma fue ratificada la sanjuanina Cristina López Valverde por el interbloque oficialista, en tanto JxC reservó el lugar para la vicepresidencia para una próxima reunión. En tanto, la fueguina Eugenia Duré fue ratificada en su rol de secretaria.

López Valverde agradeció a los miembros de su bloque “por depositar su confianza, una vez más, en mi persona y en mi tarea y también agradecer a los miembros de otros bloques con quienes hemos trabajado siempre con mucha comunicación para ser amplios, federales y democráticos y esa es la intención que tenemos para lo que viene”.

Además, procedió a leer un reemplazo dentro de la comisión: el tucumano Pablo Yedlin por el santafecino Marcelo Lewandowski.  

Por otro lado, basándose en el artículo 103 del reglamento comentó que la senadora Edith Terenzi les solicitó el tratamiento de un proyecto de resolución que distingue al ganador del premio corona del poeta del Chubut a realizarse en el mes de octubre. “Hemos hablado con el senador Ricardo Guerra porque esto también tiene que ver con presupuesto y hemos acordado en aceptar el tratamiento de esto como una excepción”.

“Para esta reunión muchos senadores me han pedido que se les trate también resoluciones y se les ha dicho que no por ahora, pero en las próximas reuniones de asesores se tratarán. Le dije a la senadora que había actuado con poca antelación, pero dado que acordamos con el senador Guerra que lo vamos a tratar y que esto es una iniciativa que se renueva en todos los años consiste en otorgar una placa al ganador de ese hecho cultural que corre por parte del Senado y ella quiere que llegue a tiempo y no cuatro meses después”, explicó la sanjuanina y pidió disculpas a los demás senadores que solicitaron tratar proyectos y se les negó.

A continuación, López Valverde invitó a los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra, para iniciar el debate por el programa Progresar. En principio, la sanjuanina explicó que el programa ya cumplió 10 años, pero se decidió desde la Cámara de Diputados convertir el programa en una ley pública que “trascienda los gobiernos por las consecuencias favorables que tiene la implementación del mismo y se convierta en una política de Estado”.

También resaltó que el Programa está amparado en otras leyes como la Ley de Educación Nacional, la Ley de Formación Técnica Profesional y la Ley de Educación Superior. “Es un proyecto que consta de 27 artículos y su mirada filosófica, social es ver a la educación como derecho humano, un derecho que no debe ser privado, la educación es importante para la formación personal, tener un proyecto de vida y horizontes que nos motiven. La educación hace eso individualmente y, a nivel social, la educación es un motor para que un país se agrande, es el capital más importante. La educación de calidad y que permanentemente incluya a las personas”, analizó.

Según los datos, en el 2014 el Progresar tenía el universo de 90 mil jóvenes, en 2018 de 500.000, en el 2022 de 1.697.693 y en 2023 2.093.300. “Un 54% es para el nivel obligatorio, un 24% para la superior y 15% para universitaria”, precisó.

Luego de detallar los puntos principales de la iniciativa, remarcó que el contrapunto de la misma es la regularidad, es decir, que quien recibe el plan no abandone los estudios. “También solicita un examen anual de salud como en la AUH. Es importante que los jóvenes estén sanos”, resaltó.

“El Ministerio va a abarcar grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, de manera que nadie quede excluido y el Estado esté acompañando e incentivando a la inserción, permanencia y egreso de estudios”, señaló y ponderó el tratamiento “serio” que se le dio en Diputados.

Al cierre, la sanjuanina sostuvo que “el programa va a más allá de ser una beca o remuneración económica, la idea es que los jóvenes puedan formarse y ser ciudadanos activos del país”.

En tanto, recordó que el año pasado la senadora puntana Eugenia Catalfamo había presentado un proyecto que iba en la misma dirección que llegó a tener dictamen, pero no llegó nunca al recinto. Por el contrario, en Diputados sí avanzó con la media sanción.

El tucumano Pablo Yedlin (FdT) pidió la palabra para adelantar su apoyo al proyecto manifestó que el programa es interesante “no solamente en generar recursos a jóvenes para que puedan terminar sus estudios en un país donde se necesita cada vez más formación, sino también que le permite al Estado como herramienta orientar muchas veces las vocaciones a aquellas cosas que son de extrema necesidad”.

“El hecho de que sean muy reglamentaristas con la edad puede ser una dificultad en el futuro para la implementación del programa”, advirtió Yedlin y cerró: “Son becas muy importantes, la Argentina necesita un esfuerzo del Estado muy fuerte en el estímulo a la formación y en este sentido lo han demostrado”.

A su turno, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero recordó que, en la visita del jefe de Gabinete al Senado, Agustín Rossi, le consultó por las becas Progresar, pero hasta 2022 había 1.397.000 becas. “Quiere decir que este año aumentaron 300 mil becas y ahí mi mirada y recorrida el pico de abandono escolar se da en 8vo año, pero se ve desde antes. Si me puede aclarar qué población creció, porque tengo mis dudas porque los chicos de la secundaria son proclives a abandonar”, consultó.

Luego fue el turno del chaqueño y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Zimmermann, destacó el trabajo que se pudo llevar a cabo a partir del proyecto de Catalfamo que “nos convocó, tuvimos varias reuniones, la idea de sancionar, llegó la media sanción y la idea política es que se discuta eso. Lo trabajamos con equipos técnicos, senadores de nuestro interbloque y también con el oficialismo, es un tema que hay que destacar porque, a pesar de poder tener diferencias con la media sanción que, de hecho, la hablamos con la senadora Fernández Sagasti, es un tema a destacar”.

“Sabemos la importancia de las becas y los resultados que han tenido en el tiempo en el país por lo que ratificamos el acompañamiento y que se convierta en ley es darle mayor previsibilidad a las cuestiones que tienen que ver con aportar desde los distintos estamentos la posibilidad de que la gente se pueda capacitar. Nosotros vamos a acompañar el proyecto”, cerró el radical.

La entrerriana Stella Maris Olalla (UCR) expresó: “Reconozco que en el tratamiento de este proyecto de ley sobre las becas Progresar siempre las objeciones y sugerencias fueron tenidas en cuenta. Es un antecedente positivo de cuando coincidimos en el interés de posibilitar a los jóvenes terminar sus carreras”.

“La educación es un derecho humano esencial y es a través del cual muchas personas han salido de la pobreza. Felicito que tratemos este tema para debatirlo próximamente en el recinto”, expresa la tucumana Beatriz Ávila y sumó: “Vamos a acompañar”.

Sin embargo, hizo dos observaciones a modo de aporte: “De cada 100 estudiantes que ingresan al secundario solo 60 terminan y solo el 13% termina en tiempo y forma, el sistema becario ayuda”.

Así, planteó que en el artículo 6 “cuando hablamos de requisitos se hace hincapié en la regularidad. Veo que falta de hablar de la promoción anual o de un límite a la cursada porque el requisito es estar presente, pero no habla si el estudiante repite o no el curso. Creo que hay que nivelar hacia arriba y poner la excelencia académica como requisito. No solo la asistencia y regularidad, sino también algún puntaje”. También señaló que “en el artículo 24 que habla de la evaluación es interesante que se incluya el impacto que se mide que puede generar esos chicos que reciben la beca y en quienes no”. Respecto de esto último, López Valverde sostuvo que lo plantea, pero “en otras palabras”.  

Por último, tomó la palabra la vicejefa del interbloque oficialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien destacó el “muy buen dictamen superior que se alcanzó con el proyecto de Catalfamo respecto del que vino de Diputados”.

“Entre todos hemos tomado la decisión de avanzar con esta media sanción, sin dejar de poner sobre el tapete que el Senado había trabajado el tema y era superior el dictamen. El punto neurálgico que le falta es la actualización de los montos Progresar”, planteó y apuntó: “El gobierno anterior desactualizó el monto de la beca Progresar. En 2015 teníamos 724.000 becas y terminamos en el 2019 con 423.000 becas. Eso fue porque no tuvo impulso del Estado. Por lo tanto, paulatinamente fue cayendo el interés de los jóvenes en obtenerla. Por eso creo que el punto que le falta a este proyecto es la actualización de la beca”.

En ese marco, propuso que a la media sanción le hace falta la actualización de los montos de la beca y propuso enviarle al ministro de Educación una carta para que sepa lo que al programa le hace falta. Además, ponderó la propuesta de que los jóvenes tengan que realizarse un chequeo médico anual.

Los aspectos centrales del proyecto

La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado, donde ahora deberá analizarse la media sanción. Cabe destacar que el año pasado en comisiones de la Cámara alta se trabajó una propuesta similar.

El proyecto propone crear el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en los grupos prioritarios que defina. Asimismo, paulatinamente incorporará a estudiantes de 15 años.

Los requisitos para acceder a Progresar serán: tener entre 16 y 30 años de edad, inclusive; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o extranjera/o, con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI; acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa.

También que los ingresos de la/el joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y la realización de un control anual de salud.

Quienes posean Progresar tendrán derecho a percibir una transferencia monetaria en los plazos estipulados por el Ministerio de Educación de la Nación; ser titular de una tarjeta de débito sin costo donde se acredite la transferencia monetaria; y postularse a becas internacionales y programas del Estado.

Se propone la creación de “Espacios Progresar”, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

“Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad”, indica el texto y, asimismo, la cartera educativa deberá realizar evaluaciones anuales del programa orientadas a conocer su implementación y funcionamiento.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado pasó a la firma este miércoles un proyecto de ley que tiene como objetivo evitar delitos informáticos a través de las compras con tarjetas de crédito y/o débito, mediante el pago seguro en todos los establecimientos que comercializan bienes y servicios en todo el país. 

Autora de la iniciativa, la senadora riojana Clara Vega señaló que se trata de “un proyecto sencillo” pero “necesitamos una ley que respalde a los consumidores; lo que queremos visibilizar es la necesidad de que, a la hora del pago con tarjeta de crédito o débito, no deban separarse nunca del plástico”. 

“El phishing es cada vez más frecuente, se hizo cada vez más intenso después de la pandemia”, advirtió y detalló que se registran “2.050 denuncias por semana” sobre estafas de este tipo, lo que representa un aumento del 22% respecto del año pasado. 

Para la legisladora, esta iniciativa va a “ayudar a que los comercios puedan garantizarles a quienes son sus clientes que hacen una utilización segura de sus medios de pago”. “El posnet debe llevarse al lugar o el usuario acercarse”, explicó y agregó que se trata de “mantener siempre la vista y la atención sobre la forma en que se utiliza la tarjeta”. 

A favor del proyecto, la senadora oficialista Juliana Di Tullio resaltó que “el phishing tiene diversas formas para poder captar la voluntad de quien tiene tarjetas”, pero “el banco tiene que hacerse cargo de la seguridad de los clientes”. 

En ese sentido, adelantó que le “gustaría que podamos pensar en una cuestión un poco más general sobre el phishing para terminar con estas bandas nefastas, porque el engaño es cada vez más sofisticado”. 

A propósito del phishing y la intención del proyecto, el senador radical Martín Lousteau apuntó que “más que para el ciberdelito o el robo de identidad, creo que este es un proyecto que apunta a evitar la clonación de tarjetas y hoy las tarjetas de crédito están obligadas a tener chip. Alrededor del 75% de las transacciones son contactless”. 

“No me parece que el proyecto en sí prevenga el phishing, es algo muy específico, sino a tratar de evitar la clonación de tarjetas, y hoy esa clonación ya no es posible por la obligatoriedad del chip”, expresó. 

Conceptualmente de acuerdo con Lousteau, Di Tullio aclaró que “la realidad es que en el resto del país no se cumple tan a rajatabla” lo del chip y que “a no todo el mundo le llega la tarjeta contactless y no todos los bancos están emitiendo tarjetas contactless”. 

“El delito que se puede prevenir cuando alguien se separa de su plástico es la clonación de tarjeta en un lector de banda, al tener chip ya no se puede clonar”, insistió Lousteau.

Entonces, Vega indicó que se busca evitar que alguien pueda “quedarse con la información (de la tarjeta) y hacer otro tipo de compras”. “Es correcto el espíritu del proyecto, lo que está haciendo ruido es la palabra phishing”, resumió Di Tullio, pero respaldó que “el objetivo es que la compra sea una y nadie pueda manipular. No se puede clonar si tiene chip, pero sí se puede hacer otra compra. Nada que beneficie a una porción de la población me parece que es un proyecto de ley ‘poquito’, así que quiero reiterar mi absoluto acompañamiento a este proyecto”. 

“El proyecto es un avance”, coincidió el senador del FdT Ricardo Guerra, presidente de la comisión, y pasó a la firma la iniciativa. 

Al igual que este martes sucedió con el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres -aunque sin un debate picante-, la iniciativa que busca una solución para los tomadores de créditos UVA y ya fue aprobada en la Cámara de Diputados comenzó a ser debatida en el Senado, pero sin que se firme dictamen por ahora. 

Durante un breve encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senadores del oficialismo aseguraron que se trata de un tema al que hay que darle celeridad, pero no lo harán sin antes escuchar las voces de las partes afectadas. 

En este sentido, en el cierre, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), informó que recibirán a tomadores de este tipo de crédito el próximo miércoles a las 17, y que harán una rápida convocatoria también a representantes de entidades bancarias. 

La vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), anticipó incluso que el proyecto podría recibir modificaciones: “La media sanción no es satisfactoria para los damnificados, de ninguna manera. Nuestra tarea va a ser consensuar lo más ampliamente posible una solución para que cuando vaya a la Cámara de Diputados podamos tener una solución definitiva y rápida”. 

Al referirse a la iniciativa, Guerra señaló que “la problemática de los créditos UVA es un tema complejo muy serio” y “algo semejante” a lo que sucede con la Ley de Alquileres, ya que hay “un contrato donde hay dos partes y donde una tiene una posición de poder frente a la otra”. 

“Hay una situación que tenemos que revisar y equilibrar”, afirmó el riojano, al apuntar que “estamos ante casos serios de incrementos” en las cuotas. “Aspiramos a escuchar a todas las partes, a las personas tomadoras como a las entidades otorgantes, lo más rápido posible”, expresó y dijo que como este es un problema que ya viene hace tiempo “es necesario que seamos ágiles en el tratamiento”. 

A su turno, el senador Pablo Blanco (UCR-JxC) cuestionó que se le haya quitado al proyecto el giro a la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que no pudo constituirse todavía. “Por origen y temática corresponde a las dos comisiones”, resaltó el fueguino. 

A continuación, el senador Víctor Zimmermann (UCR-JxC) sostuvo que “lo que estamos viendo en la práctica es que no solo hay un crecimiento exponencial en la cuota, sino que en las presentaciones que se vienen haciendo en la Justicia los damnificados dicen ‘mi actualización del sueldo se hace en base al incremento del índice de salario’, o sea al RIPTE, y la actualización del crédito se hace en base al CER o IPC”. 

“Es un tema complejo, pero celebro que podamos debatirlo”, manifestó el chaqueño y admitió “disidencias con el proyecto con media sanción”, por eso agregó: “Me parece acertado que se convoque a especialistas y gente de los distintos sectores”. 

Fernández Sagasti remarcó que “hay muchos que están esperando de manera desesperada. Hay muchos fallos a lo largo de la Argentina, algunos que han fallado de diversa manera, pero creemos que la solución tiene que ser legislativa”. 

“Casi el 90% de quienes están padeciendo los créditos UVA son de la banca pública”, indicó y llamó a poner este asunto sobre la mesa, al tiempo que recordó que “los Procrear que se dieron en la época de (Mauricio) Macri fueron con UVA”. 

Finalmente, la mendocina insistió con que “hay que darles una solución inteligente y que los deudores tengan una solución definitiva con certeza. Tenemos que avanzar de una manera rápida”. 

Hace un año, el oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el debate de un paquete de proyectos de ley que proponen la creación de universidades nacionales en distintos puntos del país. Pero, hasta ahora, esas iniciativas no han podido aprobarse en el recinto.

El año pasado, cuando fueron incluidas en temario, la sesión del 1ro. de diciembre se cayó en medio de un escándalo, cuando justamente se había iniciado el debate sobre este punto. En tanto, el 21 de ese mes, la otra sesión citada para tratar -entre otros dictámenes- este tema, no reunió quórum.

Ahora, habiendo perdido estado parlamentario tres proyectos de ese conjunto, el Frente de Todos convocó a un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para volver a sacar despacho. La reunión será este martes a las 17.

El primero de los proyectos que figura en el temario es impulsado por el diputado Hugo Yasky (FdT) y propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El segundo fue presentado por el diputado Emiliano Yacobitti (Evolución Radical) y propone la creación de la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires; en tanto, el tercero es de María Rosa Martínez (FdT), que propicia la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires.

Del paquete tratado el año pasado, ya cuentan con dictamen la creación de la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado nacional Carlos Heller, convocó a una reunión para este martes 29 de agosto a las 18 en la sala del 2º piso del Anexo C, para abordar el proyecto de ley sobre la exteriorización del ahorro argentino, conocida como blanqueo de capitales.

Esta segunda reunión quedó prevista desde este jueves cuando el oficialismo buscó avanzar con el dictamen durante el encuentro del que participaron el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel. En esa oportunidad, los cuatro diputados de la oposición presentes cuestionaron el accionar del Frente de Todos, teniendo en cuenta que originalmente era una reunión “informativa” y finalmente el oficialismo pospuso el despacho para la siguiente convocatoria de la comisión.

Así las cosas, la reunión de este martes será para avanzar con el dictamen de una iniciativa qu tiene por objetivo fomentar que las personas declaren voluntariamente los bienes en el país y en el exterior, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. El proyecto estipula un plazo de 360 días corridos desde la entrada en vigor de la ley para acceder al blanqueo.

Según detalla el texto, “la exención de determinados impuestos y la liberación de acciones judiciales y administrativas”, serán los beneficios que tendrán aquellas personas que blanqueen. Además, el proyecto manifiesta que “los declarantes tributarán un impuesto especial cuya alícuota es sustancialmente inferior a aquella que resulta de aplicación en comparación con el régimen general”.

Del mismo modo, se buscará con esta iniciativa que las personas declaren la tenencia de moneda nacional y extranjera en el país, tenencia de moneda extranjera en el exterior, activos financieros del país o del exterior (acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales), criptoactivos (criptomonedas, monedas digitales o instrumentos similares, títulos, bonos), -inmuebles en el país o en el exterior y demás bienes tanto en el país como en el extranjero, incluyendo créditos.

De estos beneficios mencionados en la redacción del proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino quedarán excluidos los miembros del Poder Ejecutivo, los integrantes del Poder Legislativo y los magistrados del Poder Judicial a nivel nacional, provincial y en la Ciudad de Buenos Aires en funciones desde el 2010 y la actualidad.

Funcionarios del Poder Ejecutivo defendieron este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Gobierno sobre blanqueo de capitales, en el marco del acuerdo de intercambio de información financiera firmado con Estados Unidos el año pasado. 

La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda arrancó solamente con la presencia de legisladores oficialistas. Luego se sumaron solo cuatro miembros de Juntos por el Cambio. Más temprano, los opositores habían participado de un encuentro con Patricia Bullrich. 

Durante las exposiciones del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director de Aduanas, Guillermo Michel, se hizo circular el proyecto para su dictamen, pero cuando la oposición llegó se cuestionó ese accionar y, explicación mediante, el presidente de la comisión, Carlos Heller, anunció que la semana próxima se convocará a una nueva reunión para sacar despacho. 

La palabra de los funcionarios

Al exponer sobre la iniciativa, Castagneto señaló que “la herramienta que presentamos, de carácter voluntario y excepcional, habilita por 360 días la declaración de tenencia de moneda nacional e internacional, que esté en el país o en el exterior, además de activos financieros, bienes muebles e inmuebles”. 

El responsable del ente recaudador consideró que esta es una norma que “el momento institucional y político requiere”, y mencionó que “quienes declaren podrán acceder a una alícuota impositiva especial que va modificándose a medida que vayan ingresando a través del tiempo”, mientras que a quienes no lo hagan “se les van a aplicar las normas vigentes” de sanción. 

Además, resaltó que lo obtenido por el blanqueo será “destinado a la realización de viviendas y obras públicas en todo el país, como así también para fortalecer el Tesoro Nacional”. “Las grandes maniobras de evasión fiscal atentan contra la gobernabilidad y democracia”, subrayó y observó que “la democracia que está cumpliendo con 40 años se enfrenta con intentos desestabilizadores y de recetas que nos llevaron a un pasado muy oscuro de nuestra historia”. 

“Desde todos los sectores del Estado debemos dar la discusión de lo que hay que hacer: trabajar para una Argentina mejor, defendiendo los derechos de los sectores mayoritarios de nuestro país, de los trabajadores”, dijo en tono electoral Castagneto, quien es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. 

En su alocución, el funcionario detalló que, a través de la OCDE, “Argentina mantiene intercambio de información con más de 108 países, que aportan a la AFIP la base de datos de argentinos que mantienen cuentas en esas jurisdicciones”. De esos informes se desprende que “un 45% de los casos resultan con desvíos significativos o inconsistencias”. “Argentina es tomada como ejemplo por el resto de los países de la OCDE en el uso del cruce de las cuentas y las bases de datos”, indicó. También informó que solo en julio de este año se han detectado “222 casos con desvíos e inconsistencias que alcanzan la suma de 116 mil millones de pesos”. 

A su turno, Michel ponderó que “la política de transparencia fiscal internacional ha atravesado a todos los gobiernos y es algo que debemos seguir sosteniendo entre todo”. “Es una política de Estado y la AFIP lo tomó como una cuestión de suma importancia a partir del año 2008, con la crisis de Lehman Brothers, que cambió el mundo financiero”, insistió. 

Sobre el acuerdo que se firmó el año pasado con Estados Unidos, remarcó que “es una política que se inició en 2016, (Alfonso) Prat-Gay era ministro de Economía”. Pero lo que se busca ahora es “hacer el intercambio a nivel masivo” para que “se pueda obtener por grupos de contribuyentes”. “De muchos argentinos que comparten una cuenta bancaria como apoderados o una sociedad como accionistas, esa información ya se está obteniendo”, precisó. 

El director general de Aduanas anticipó que a partir de septiembre se va a “obtener de manera masiva el paquete de datos de cuentas en el exterior” y, en ese marco, defendió: “Esta ley no la necesita esta administración, este Gobierno, sino como política de Estado la necesita la Argentina”. 

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo no es algo nuevo ni novedoso”, sostuvo y recordó que hubo leyes de blanqueo en 1987, 1992, 2008, 2013 y la más reciente en 2016, bajo la gestión de Cambiemos. Sobre este último, apuntó que fue “la ley que más se discutió y que mejor esquema de recaudación tuvo, gracias a que Argentina comenzó a contar a partir del año de 2011 con todos los acuerdos de información que entraron en vigencia de manera plena y efectiva, y en el año 2015 es que se pudo obtener esta información”. 

Michel agregó que en 2021, en la ley de incentivo a la construcción, también se contempló en un capítulo un blanqueo “de similar naturaleza”. 

Además, el funcionario expresó que “después de la pandemia se han impulsado en muchos países estos regímenes de exteriorización”. “No es un régimen novedoso, pero esto tiene una particularidad y una razón de ser. El acuerdo con Estados Unidos va a cambiar la matriz tributaria de nuestro país, va a generar una expansión de la base imponible para Bienes Personales y Ganancias muy importante, estimamos en no menos de 90 mil millones de dólares para el año que viene, que va a ser de cuentas de argentinos que están en el exterior”, resumió. 

Al momento de las preguntas, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas dijo que le “llamó la atención que no esté incluida la posibilidad de una moratoria” como en otros casos, y cuestionó que “cuando se habla de beneficios para los cumplidores se delegan (en el Poder Ejecutivo) los beneficios, y eso es una potestad nuestra”. “No me parece que el Ejecutivo pueda decidir perdonar deuda o bajar en materia tributaria. Pero además creo que nuevamente un blanqueo, dando beneficios a los que están fuera de la ley, va a perjudicar a los que pagan”, enfatizó.

Castagneto le respondió que en los blanqueos “siempre se permitió al Poder Ejecutivo reglamentarlo” y así se vio en el gobierno de Mauricio Macri, cuando “tomó más atribuciones de las que correspondían, porque en ninguna parte se permitía a familiares”, algo que se judicializó luego. 

“Nosotros respetamos mucho a los cumplidores. Se ha firmado otro plan de pago de 84 cuotas para deudas impositivas y en el tema de seguridad social, un plan de 48 cuotas”, sumó el titular de la AFIP. 

En tanto, Michel contestó: “Entiendo su punto y es atendible, pero entendemos que cumple con el artículo 76 de la Constitución”. 

Discusión sobre la firma del dictamen 

Luego de las exposiciones de los funcionarios, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, aclaró que se había convocado a una “reunión informativa” y, ante el anuncio de Heller de que ya “25 diputados” habían firmado el dictamen, el opositor se quejó: “No es una manera correcta y adecuada de trabajar”. 

“Un dictamen es una previa y siempre hay posibilidades de seguir discutiendo, y hasta el tratamiento en el recinto, lo hemos hecho infinidad de veces que se han incorporado cambios o modificaciones. No implica que no se pueda seguir trabajando”, argumentó Heller, a lo que López contestó que esperaban al menos otra reunión. 

Luego el presidente de la comisión admitió un “error administrativo” en la convocatoria y le dijo a los legisladores de Juntos por el Cambio que como “no hay una inminencia de tratamiento” podían presentar un dictamen de minoría hasta el miércoles que viene. 

Sin embargo, más tarde, ante un nuevo intercambio, Heller anunció que la semana próxima se citará nuevamente para dictaminar. “Pese a tener el número y el dictamen, esta Presidencia va a volver a convocar a una nueva reunión, porque este es un tema de enorme importancia y por lo tanto no queremos que haya ningún resquicio para que nadie pueda decir que alguna cosa no se cumplió”, cerró. 

Puntos principales del proyecto

El proyecto, enviado el pasado 5 de junio, titulado “exteriorización del ahorro argentino”, permite la declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera en el país y/o en el exterior, activos financieros (incluye criptomonedas), bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes, incluyendo créditos.

La alícuota que se aplicará cuando exista repatriación será -sobre el monto exteriorizado- de un 5%, desde la entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos; de un 10%, hasta 240 días después; y de un 20% para los declarados entre los 240 y 360 días desde que se haya puesto en marcha.

“Si el o la declarante de los fondos efectuara la repatriación de activos financieros del exterior, se los someterá a igual alícuota a la que se encuentran alcanzados los bienes del país, en tanto si no verificara dicha repatriación quedarán alcanzados por una alícuota diferencial incrementada”, aclara el proyecto. De esta manera, en caso que los bienes no se repatrien, las alícuotas irán del 7,5% al 22,5%.

La iniciativa crea un “Régimen simplificado de declaración”, con una alícuota especial del 1,5% aplicable a personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y/o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 períodos fiscales y con un tope de hasta USD50 mil.

Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia requerirá la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. De esto quedarán excluidos aquellos contribuyentes que fueron alcanzados por el Aporte Extraordinario.

Quienes ingresen al blanqueo quedarán liberados de los siguientes impuestos que hubieran omitido declarar: impuesto a las Ganancias, impuestos internos y al Valor Agregado, impuesto sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

En cuanto a las exclusiones, no podrán blanquear aquellos que desde el 1ro. de enero de 2010 se hayan desempeñado en la función pública, como tampoco cónyuges, convivientes, padres e hijos de ex y actuales funcionarios.

Luego de cuatro encuentros, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este martes para emitir dictamen al proyecto que, en cuestión, fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 para la ampliación de licencias laborales de cuidado, pero al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento.

Al inicio del encuentro, llevado a cabo en el Anexo “C”, y con el quórum reglamentario de cada comisión, Vanesa Siley -titular de la Comisión de Legislación del Trabajo- pasó a enumerar cada proyecto que se puso a consideración y agradeció la presencia de Walter Correa, ministro de trabajo bonaerense, y de la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina, y a representantes de la CGT.

Luego, Siley explicó que son tres los dictámenes a firmar: el de mayoría oficialista, otro de JxC y el restante del interbloque federal. “Sintetizamos 55 proyectos de ley que son de todos los bloques parlamentarios”, resaltó y explicó: “Esto que estamos regulando abarca un universo según las proyecciones del Ministerio de Trabajo de 32.926 personas un universo anualizado, beneficiaríamos a esta cantidad de trabajadores tanto del sector registrado como monotributistas y autónomos”.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo recordó los antecedentes legislativos al respecto y detalló: “Se ha intentado regular, y esperemos que esta sea la última vez, cuatro veces en la Cámara de Diputados en el año 2006,2008,2013 y 2014. También se le dio media sanción en el 2006 y en el Senado de la Nación se ha dictaminado tres veces también esta temática de ampliación de licencias”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, aclaró que JxC presentó un dictamen propio y que han pedido tener hasta mañana miércoles para poder ingresarlo.

Luego fue el turno de la diputada nacional y secretaria parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, quien procedió a leer un documento explicando los motivos del texto propio del espacio. “Uno de los signos propios del deterioro de la economía argentina, pero sobre todo de las condiciones de vida de los argentinos es la creciente precarización de nuestro mercado laboral”, arrancó.

“Cada vez son menos los trabajadores que acceden a un empleo estable bien remunerado, con beneficios laborales como la indemnización por despido, la cobertura médica, la ART y las licencias. Casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentran ocupados en puestos de baja productividad, ingresos y con escasa o nula protección social”, alertó Lospennato.

Así, remarcó que en el último semestre el salario real “cayó al nivel más bajo de los últimos 12 años. El 30% de los trabajadores en general y el 30% de los formales son pobres. Son millones de argentinos que, a pesar de trabajar todo el día, no alcanzan a cubrir los gastos y necesidades básicas de sus familias. Solo el 31% de las personas ocupadas tienen empleos formales en el sector privado, mientras que más de 8 millones de trabajadores son informales. Esta es la realidad que no podemos desconocer y de la que debemos ocuparnos prioritariamente”.

“Pese a los esfuerzos del interbloque de JxC para que la Comisión de Trabajo inicie un debate a esta altura imprescindible sobre la modernización laboral del país, el oficialismo se ha negado sistemáticamente a poner nuestros proyectos en tratamiento”, acusó Lospennato y apuntó: “Pretenden avanzar con una modificación al sistema de licencias que, entendemos, agravará la situación deficitaria del sistema de seguridad social. Otra vez promoviendo leyes sin la correspondiente asignación presupuestaria y desoyendo las advertencias del sector privado respecto de las modificaciones que se pretenden incluir en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo”.

Así, adelantó: “Entendemos que no podemos acompañar semejante irresponsabilidad ni en el plenario de comisiones ni mucho menos frente a un eventual tratamiento en el recinto”. Al respecto, Lospennato planteó la necesidad de seguir dando un debate y un análisis presupuestario “que garantice las condiciones de sustentabilidad de la propuesta, vamos a presentar un dictamen alternativo cuya característica principal tiene que ver con la gradualidad en la implementación de las propuestas que aquí están en debate”.

“Es tiempo de debatir profundamente cómo recuperamos la recomposición salarial de millones de argentinos condenados a la pobreza y a la informalidad”, cerró la diputada del Pro.

Por el interbloque Federal tomó la palabra el diputado santafecino Enrique Estévez resaltó el poder debatir “más de 50 proyectos vinculados a licencias. Estamos debatiendo nuevos paradigmas que se están dando en la sociedad que tienen que ver con la posibilidad de ser una sociedad más igualitaria. Este es un debate que se viene dando en torno a la corresponsabilidad a las tareas de cuidado y el desafío de debatir y encontrar un horizonte para los cambios vertiginosos de la economía”, y anticipó que también presentarán un dictamen de minoría.

Por el dictamen de mayoría, habló la diputada Marisa Uceda (Mendoza) remarcó que hubo proyectos de todo el arco político y señaló: “Antes de este momento parecía que había un acuerdo entre todas las fuerzas de la necesidad de avanzar y visibilizar algo que es un secreto a todas voces, la desigualdad que existe en el mundo laboral entre la permanencia y la calidad de empleo”.

“En clave electoralista algunos han olvidado sus propios proyectos que presentaron y los debates que han dado a lo largo del trabajo”, apuntó y subrayó que es “urgente” mejorar la calidad y el acceso del empleo de las mujeres “no puede ser una discusión en clave electoralista. La defensa de los derechos y de las mujeres no puede tener un clima de época, tiene que ser una construcción colectiva, consciente y con compromiso que se sostenga en el tiempo”.

Sobre el proyecto, resaltó que “viene a intentar garantizar esa igualdad de oportunidades porque va a terminar con esas brechas y segregación que sufren mujeres y diversidades a la hora de acceder a los empleos”, y detalló: “La brecha de ingresos ronda en un 30% menos para mujeres, la tasa de actividad 18,4% en puntos porcentuales menos las mujeres, ni hablar de la informalidad donde las mujeres tenemos un 40% de empleo no registrado”. Uceda no dejó pasar el momento para remarcar la ausencia de la oposición: “Hoy no se sientan acá a dar el debate necesario para que esas mujeres accedan a empleos mejores y con registración”.

La diputada mendocina planteó que el proyecto viene a “corregir inequidades” que tiene la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente en el Régimen de Licencias especiales. Así, explicó que “se contemplan licencias de 12 días corridos por matrimonio o unión convivencial; 10 días corridos por fallecimiento de cónyuge, conviviente, hijo o hija; y 3 días corridos por fallecimiento de padre, madre, padre afín o madre afín, hermano o hermana, nieta o nieto”.

También, contó que se contemplan 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días anuales calendario para tal fin. Para el cuidado o atención de un miembro del grupo familiar, y persona a cargo, con discapacidad, habrá 3 días corridos, con un máximo de 15 anuales.

Entre las licencias propuestas, Uceda informó que se prevén 15 días hábiles por año calendario, prorrogable por una única vez por otro período igual, ante una situación de violencia de género y/o de violencia laboral.

Además, remarcó que plantea que “queda prohibido el trabajo de la persona gestante durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores al mismo. Acreditando autorización médica, la persona gestante podrá solicitar la reducción del período previo, en cuyo caso se extenderá proporcionalmente el período posterior, de modo tal de completar los 126 días”.

Para casos de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo.

En caso de nacimientos múltiples, la licencia se extenderá por 30 días por cada hijo a partir del segundo; en caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del hijo después del parto, la persona gestante tendrá derecho a gozar de la totalidad de la licencia establecida.

El anteproyecto crea una asignación parental para monotributistas y autónomos, tanto gestantes como no gestantes y adoptantes, cuyo importe mensual será equivalente al salario mínimo, vital y móvil neto.

Los restantes dictámenes

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes. Para personas no gestantes se elevaría escalonadamente (a lo largo de 6 años) de 15 días hasta 45.

En caso de interrupción del embarazo luego del sexto mes de gestación o fallecimiento del bebé, la persona gestante tendrá una licencia laboral de 30 días para recuperarse. No se suman licencias especiales y en su lugar se otorgan 30 días sin goce de sueldo por temas a elegir, definidos como “razones particulares no planificadas”.

El proyecto de Mónica Fein estipula un término medio, con licencias para personas gestantes de 110 días (entre 15 y 45 días antes del parto y el resto después del nacimiento) y de 15 días para progenitores no gestantes.

En caso de padres adoptantes, plantea una licencia de 65 días para uno de los dos, y para la pareja o persona con la que comparte la responsabilidad parental, 15 días.

El costo impositivo

El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, procedió a brindar detalles de la carga impositiva del proyecto que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso al analizar el preliminar del texto, afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%, y expresó: “Compartimos todos esos objetivos, para los que hablan de desequilibrio fiscal. Esto aumenta derechos, pero medido en términos de PBI tiene un pequeño impacto. La discusión verdadera es si aumentamos o no derechos, no el costo fiscal, se trata de más o menos derechos”.

“Acá hay dos cuestiones, una de derechos que ha sido ampliamente explicada y otra que se esgrime permanente del impacto fiscal”, sostuvo Heller y se remitió al informe de la OPC

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la Administración Pública Nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

La Cámara de Senadores comenzará a debatir el proyecto modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Será en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, que tendrá lugar en el Salón Arturo Illia este martes a las 17.30.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

El tratamiento del texto viene con mora, ya que en mayo cuando se constituyó la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, su electo presidente había adelantado que era intención de la comisión que “el próximo jueves 8 de junio comenzar con el tratamiento, en reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el proyecto que viene en revisión de Diputados que modifica el Código Penal sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, porque “es un compromiso que tiene el Gobierno nacional con el Grupo de Acción Financiera Internacional y que está reclamando que le demos tratamiento para poder sancionarlo en ley”, pero nunca estuvo en agenda el plenario hasta el día de la fecha.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI. 

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación. 

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas. 

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables. 

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

En un debate exprés, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller (UP), avanzó con el dictamen de una serie de proyectos, entre ellos, se destaca el proyecto consensuado de los diputados Mónica Macha (FdT) y Fabio Quetglas (UCR) sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria denominada “Ley Nicolás”, en homenaje a un joven que falleció a causa de una mala práctica.

La iniciativa establece un “marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura, y que respete la dignidad de los seres humanos”.

Fabio Quetglas, impulsor de la #LeyNicolas (en homenaje a Nicolás Deanna) aseguró que ”es una gran emoción que el proyecto haya terminado su trámite por comisiones y que pronto pueda ir al recinto de la Cámara de Diputados y luego al Senado para ser Ley” y expresó: “La ley refleja el trabajo y el esfuerzo de legisladores, de las organizaciones y, sobre todo, la pelea de los familiares de las víctimas. Es una ley que la Argentina necesita para tener mejores estándares de salud para los y las ciudadanas y profesionales del sector.”

Por su parte, Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna y titular de la ONG “Por la vida y la Salud, por vos, por mí y por todos” expresó “un profundo agradecimiento para los legisladores que impulsaron la iniciativa dentro de la Cámara” y deseó “que la Ley Nicolás pueda tener un tratamiento inmediato en las sesiones para seguir mejorando el sistema de salud argentino”.

En este sentido, Heller explicó que los “siete proyectos obtuvieron dictámenes unánimes en el resto de las comisiones y hoy es una buena oportunidad para completar el trámite de comisiones, para luego ser tratado en recinto cuando las autoridades lo dispongan”.

“Hemos conversado con diputados y diputadas teniendo en cuenta la unanimidad del despacho previo, no habrá oradores en esta jornada”, completó.

A su vez, los diputados dictaminaron el proyecto de Creación de Trazabilidad de la Pesca- cuyos impulsores son los legisladores Carlos Selva (FdT) y Ximena García (UCR). La iniciativa garantiza las “condiciones de competencia leal en el comercio de los productos de la pesca, tanto para el mercado interno como en el externo en el marco de generar una producción sustentable en el tiempo a través de la rastreabilidad de los productos”.

Además, la comisión avanzó con el proyecto de ley que transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, el dominio y derechos y acciones que el Consejo Nacional de Educación posee del predio Ex Colonia Manuel Belgrano, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se dictaminó el proyecto de ley que declara Monumento Histórico nacional al complejo denominado Monte Calvario, ubicado en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. A la vez, aprobaron los proyectos que declaran sitio Histórico nacional a la casa donde vivió la artista y escritora Susana Esther Soba, ubicada en Saladillo, provincia de Buenos Aires; Monumento cultural e histórico nacional al Puente Pexoa, ubicado en el municipio de Riachuelo, provincia de Corrientes; y al Área urbana histórica nacional al Pasaje Verna, ubicado en ciudad capital de la provincia de Córdoba.

Tras un largo derrotero, avanzó este miércoles en la Cámara de Diputados el dictamen de un proyecto de ley que busca atender la situación de los tomadores de créditos UVA -alrededor de 100 mil-, quienes han visto incrementadas sus cuotas de manera exponencial. 

El despacho de mayoría, fruto de un consenso que se extendió desde marzo hasta la fecha, fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos y la UCR. Obtuvo en total 50 firmas a favor, de las cuales 10 fueron con disidencias parciales de los radicales. 

Pero el interbloque Juntos por el Cambio exhibió sus diferencias a partir de un dictamen de minoría encabezado por el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz, que a su vez fue suscripto por sus pares del Pro y la CC-ARI, pero también con disidencias parciales. 

En el arranque del encuentro, que se extendió por dos horas, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio, detalló los aspectos del proyecto que plantea “una solución posible para llevar alivio y certeza a las familias de los tomadores de crédito”. “Esperamos tenga el mayor apoyo posible que nos permita llevar el tema al recinto”, abogó la oficialista.

Al cuestionar la iniciativa que se puso en debate, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño enfatizó: “La usura es impresionante, lo que han ganado los bancos, cómo ha aumentado la deuda exponencialmente y se hace prácticamente imposible para muchas familias que fueron estafadas por los créditos UVA poder afrontarlos”. “Es claramente a favor de los bancos el planteo que se está haciendo con este dictamen”, consideró y, sobre las críticas del sistema bancario a la propuesta, el bonaerense se quejó que “los bancos están diciendo que sería un perjuicio cuando tienen ganancias extraordinarias por todos lados”. 

Para Del Caño, atento la crisis habitacional -al recordar también a los inquilinos- habría que “tomar medidas de fondo” e implementar “un impuesto a la vivienda ociosa, aumento de emergencia a los salarios y jubilaciones y un verdadero plan de obras públicas porque hay un déficit habitacional que alcanza a 4 millones de familias en Argentina”. 

Uno de los mayores impulsores del tema, el radical Julio Cobos celebró la reunión “después de tanta búsqueda de consenso”, y resaltó la importancia de encontrar una solución por medio de una ley, dado que si bien hay casos que llegan a la Justicia, los fallos ordenan “que pasen al coeficiente de variación salarial, pero todo lo demás queda en la nebulosa”.

El mendocino salió al cruce de quienes dicen “hasta que no solucionemos el tema de los alquileres no vamos a tratar otra ley, cosa que no comparto porque esto es parte del problema, que no haya crédito hipotecario”. 

“Los bancos tienen que hacer un esfuerzo, acá el fondo compensador surge del sistema bancario”, aclaró, al tiempo que señaló que uno de “los reclamos fundamentales” está en que sea agosto de 2019 la fecha de retroactividad, ya que fue cuando se dio el primer congelamiento. Según el legislador, esto “implicaría una erogación de 390 millones de pesos y la ley establece una generación de recursos de aproximadamente 500 millones de pesos, así que creo que económicamente se podía afrontar o al menos establecer como una opción para el que quiera”.

En ese sentido, Cobos expresó que “lo importante es que esta ley tenga efecto” y advirtió por la poca adhesión que podría haber a la misma en caso que sigan los juicios. 

En su intervención también propuso que “no sea obligatorio” que la cuota no supere el 30% del salario, ya que eso extiende el plazo de la deuda y, afirmó, “hay gente que ya se lo quiere sacar de encima y está dispuesta a poder pagar más”, como por ejemplo un 35%.

Sobre quienes hablan de la ruptura de contratos, el diputado dijo: “No estamos rompiendo nada, porque se está generando un mecanismo compensador para el descalce”. “No es la solución ideal ni para la gente ni para los bancos, pero esto surge de un esfuerzo compartido”, concluyó. 

En contra de varios puntos del borrador, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz manifestó que “la voluntad de llegar a un acuerdo permanece”, pero reclamó que al conocerse el texto consensuado “no hubo chance de modificar ni una coma, por eso está la posibilidad de llegar con un dictamen de minoría”. 

Respecto de la creación del fondo compensador, ejemplificó que “estamos creando un seguro que dice ‘si chocaste el auto te cubrimos, pero si no chocas el auto no pagas’. Y eso no es un seguro, es una transferencia de recursos hacia un sector de la economía que implica una licuación del crédito. Es un argumento populista”. 

“En vez de un fondo compensador es un subsidio permanente”, aseveró y subrayó que “el aporte que estamos poniendo a los bancos es un impuesto encubierto”. “Estamos creando un fondo que se vacía siempre, que nunca se reconstruye”, añadió.

El porteño sí destacó que “en lo que estamos todos de acuerdo” y “es lo más importante del proyecto” es “en la simple elección donde la gente elija si quiere ir atada a salarios o UVA”, pero insistió con que “un fondo de transferencia nosotros no lo vamos a votar”. Además, sumó que “la suspensión de los desalojos es una mala idea, porque no hay ni un solo desalojo”. 

A su turno, el legislador Alejandro Cacace, también de Evolución Radical, reveló que él es tomador de crédito UVA y, bajo esa condición, no iba a firmar ningún dictamen y en el caso de que el tema llegue al recinto se abstendrá. 

“El tema de la cuota creo que es absolutamente atendible y hay que buscar ayudar. Ahora, no comparto que no se haya hecho nada. Cuando se hizo la ley, ya el artículo 7° marcaba la situación de qué pasaba con el descalce”, apuntó. 

En su alocución, el puntano recordó que en pandemia el Gobierno nacional estableció por decreto que “la cuota no se podía exceder del 35% del salario, y si eso pasaba se podía pedir al banco una refinanciación”. Sobre esto consultó al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, quien informó que “de 1.576 solicitudes, 323 se aprobaron, de los cuales a 105 se la bonificaron, a otros 209 se los refinanciaron y a los demás se los bonificaron y refinanciaron. Y  1.091 fueron rechazadas”. 

Al relatar su experiencia personal, el radical contó que hoy día paga “130 mil pesos de cuota, muchísimo más de lo que pagaba al comienzo, pero también igual o menos de lo que hoy vale un alquiler”. Actualmente, debe “25 mil dólares de crédito”, pero al cotizar esa vivienda “la lograría vender a 77 mil dólares”, con lo cual podría pagar “los 25 de deuda que tengo, recupero los 30 que puse para el crédito, recupero los 20 que ya he pagado y me quedo con plata encima”. 

En esa línea, se preguntó: “¿Es razonable que yo venga a pedirle al Congreso que me subsidie el capital de la deuda?”. “Creo que la situación de las familias que no les alcanza sus ingresos para pagar la cuota es absolutamente atendible y hay que regularla. Ahora, disponer un esquema que termine subsidiando una deuda de alguien que hasta se logra enriquecer a partir de eso, no hay razón para que haya subsidio al capital por parte del Congreso”, argumentó. 

A favor del borrador del dictamen, el oficialista Eduardo Fernández ponderó que se establece que la cuota no deberá ser superior al 30% de los ingresos y que a los tomadores del crédito se les diga que “si llegan a perder el empleo, este fondo que creamos les van a pagar tres cuotas”. 

Además de suspender los desalojos, el cordobés remarcó que suspende “embargo o cualquier tipo de medida preventivas y/o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas”, por lo que “estamos otorgando por ley la posibilidad de que los jueces que están atendiendo estas causas tengan una apoyatura legal”. 

“Lo que le molesta a la banca privada es la intervención en el mercado”, admitió, pero valoró que esta propuesta además de “avanzar en un sistema integral de cobertura”, lo que busca es “la promoción de créditos hipotecarios”. “Estamos dando un salto de calidad. Siempre van a quedar puntos, incluso hasta el día de la sesión, que podemos mejorar”, agregó. 

En el tramo final, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, reflexionó que “generalmente no hay soluciones buenas a cosas mal concebidas” y “estos sistemas son siempre pequeños paliativos a un problema estructural que es el de la vivienda”. “No creo que esto sea solo un problema de inflación, creo que es esencialmente un problema de defasaje de ingresos en relación a los precios”, analizó. 

El oficialista precisó que “el Fondo Compensador que estamos planteando, a valor mayo, significa que los bancos deberían tener que poner 719 millones de pesos por mes”. 

“Se trata de un proyecto razonable, tratando de corregir una situación que no es razonable. Esta ley no es la solución de la vivienda en Argentina, sino la solución para un segmento de la sociedad con un nivel de ingresos que le permite pagar una cuota igual o equivalente a un alquiler, con la opción de que con el paso del tiempo pase a ser dueño”, aclaró. 

Puntos centrales del dictamen de mayoría 

El proyecto, titulado “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, contiene seis capítulos y, entre sus puntos principales, establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

La iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. 

Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Desde la UCR aseguraron a parlamentario.com que, de cara al recinto, seguirán insistiendo para modificar esa fecha.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central. El proyecto agrega también portabilidad del crédito. 

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.

El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores. 

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos. 

A más de dos meses de la última reunión que hubo entre los diputados, el próximo miércoles a las 11.30 fue citado un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde se buscará destrabar la discusión por la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA y avanzar con un dictamen consensuado. El encuentro será en el segundo piso del Anexo “C” de Diputados.

Tras el trabajo que se dio en asesores, donde se analizaron todas las propuestas presentadas por legisladores de distintos bloques, se arribó a un texto que establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (salario formal de la economía). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Además, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023. Y, otro punto central es que la iniciativa propone que en el momento de ejercer la opción, la cuota a abonar no deberá superar el 30 % de los ingresos de los deudores.

Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente.

También, el proyecto prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI.

Según pudo conocer parlamentario.com, el proyecto estipula que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

A su vez, los beneficios plenos de compensación del Fondo regirán para aquellos deudores que se adhieran voluntariamente y hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs. Si el crédito es de hasta 200 mil UVAs, regirá el beneficio de cobertura de hasta las 120 mil UVAs. Para créditos mayores a los 200 mil UVAs no existe posibilidad de tener en beneficio de compensación.

El debate se inició en septiembre del año pasado, con una reunión en noviembre también, pero se retomó este año el 22 de marzo. Seis días después, el 28, se realizó una reunión de asesores en donde se analizaron y debatieron los principales lineamientos a considerar en el tratamiento del tema, con el fin de arribar a un proyecto de consenso.

El 27 de abril se realizó una segunda reunión y se acordó enviar una redacción que contemple los aspectos sugeridos. Mientras que el 26 de mayo, los asesores de los diputados Carlos Heller y Alicia Aparicio, presidentes de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, respectivamente, compartieron el borrador del proyecto.

“Hay que entender que consensuar implica ceder posiciones”

Impulsor del debate y de uno de los proyectos, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) celebró que “después de mucho tiempo y tanto insistir se va a tratar de sacar dictamen a ver cómo se reconsidera la situación de los créditos UVA”.

“Siempre el tema de discusión fue a partir de cuándo comenzaba a regir la propuesta. Sí había consenso para cambiarlo por el coeficiente de variación salarial. Nosotros insistimos en que sea desde la fecha del primer congelamiento, en agosto de 2019, pero lo que se pudo consensuar es que se tome el 1ro. de enero”, explicó.

El radical destacó que “la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos y además hay una cláusula beneficiosa que contempla la situación de quienes se quedaron sin trabajo”.

“También hemos logrado conseguir actualizar el monto, que se incrementa por 10, de deducir Ganancias de los intereses bancarios, cosa que estaba congelada en 20 mil pesos”, agregó.

El mendocino señaló que “hay que entender que consensuar implica ceder posiciones” ya que “en un proyecto que no tenía el convencimiento tanto en el oficialismo como en la oposición, ha costado llegar a este principio de acuerdo, pero veremos si se puede llegar a un dictamen la semana que viene y que sea un paso previo para considerarlo en la próxima sesión”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FdT) retomó este miércoles el cuarto intermedio del pasado 10 de mayo para continuar con el análisis del proyecto que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (Mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que ya cuenta con media sanción de Diputados. Tras el tratamiento el texto pasó a la firma.

Guerra explicó que el proyecto que “tuvo un amplio ámbito de aprobación y es demandado por numerosos profesionales que se encuentran en el ámbito del conocimiento. Plantea un nuevo régimen tributario simplificado consolidado que contempla el impuesto a las ganancias, al valor agregado y también los aportes previsionales y si se desea también incorporar la obra social”.

“También plantea un régimen cambiario nuevo que simplifica y le permite a los monotributistas disponer de su dinero cobrado en moneda extranjera que en la mayoría de los casos se da, sin tener la necesidad de liquidarlos en el mercado libre de cambio”, agregó el riojano.

En esa línea, precisó que el proyecto está dirigido a quienes prestan servicios en el marco de la industria del conocimiento y lo desarrollan en el país, pero ese servicio usado en el exterior y “como contraprestación perciben en moneda extranjera”. Además, alcanza a quienes participan en competencias deportivas de manera online que “perciben premios en moneda extranjera. Es una de las condiciones de que los ingresos provengan del exterior y está dirigido a personas físicas”.

“El objetivo es recaudar divisas, algo importante para el país”, remarcó Guerra y agregó: “También evitar la informalidad de quienes prestan estos servicios. Esto incentiva el registro tributario y permite ampliar derechos porque son personas que van a tener una obra social, aportes previsionales, ingresos que son considerados del sistema formal y pueden acceder a tarjetas de crédito y préstamos. Estas personas se van a ver involucrados en el incremento de sus derechos”.

El bloque opositor presentó una nota en la que solicitó invitar al ministro del área y a representantes de los sectores involucrados para brindar sus opiniones al respecto. Luego, el proyecto pasó a la firma.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Un plenario de las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, a cargo de los oficialistas Pablo Yedlin (Tucumán) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente, se reunieron este martes para emitir dictamen favorable y dejar listo para el recinto los proyectos de ley sobre muerte perinatal y pubertad precoz, ambas iniciativas que vienen con media sanción de Diputados.

Antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos, Guerra procedió a leer los cambios que hubo en la comisión que preside: “Quiero informar que por decreto de Presidencia N° 13/23 en su artículo segundo menciona designase al senador Pablo Yedlin y a Lucía Corpacci en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en reemplazo del senador Carlos Linares y la senadora Silvia Sapag”.

Muerte Perinatal

A continuación, Yedlin explicó: “Tenemos para tratar dos medias sanciones que llegaron de Diputados”. Respecto a la primera iniciativa, sostuvo: “Tiene relación con un proyecto del senador Antonio Rodas acerca de la importancia de que el sistema de salud, sobre todo las maternidades, tengan previsto cómo tratar, cómo atender, cómo cuidas y acompañar a aquellas mujeres que, en momentos de dar a luz, tienen la muerte perinatal que es definida por la OMS desde la semana 22 de gestación hasta el nacimiento”.

“Esto tiene que ver con una situación de duelo, de mucha complejidad que en general no están atendidas correctamente en las maternidades que están previstas para otro tipo de tratamiento, entonces lo que la ley es importante que tiene por objeto, a través de la autoridad de aplicación, llevar adelante la capacitación, el adiestramiento, la infraestructura, el equipamiento, para la necesidad de estas mujeres y familias frente a esta situación dura que es la muerte perinatal”, precisó el tucumano.

En tanto, resaltó que el proyecto fue votado por unanimidad en Diputados y agregó: “Entiendo que deberíamos acompañar para poder transformarlo en ley y que este esfuerzo de mucho tiempo se concrete y podamos tener en las maternidades de la Argentina, del sector público y privado equipos preparados para esta eventualidad dramática que muchas madres viven y pueda ser superada con atenciones especiales”.

Pidió la palabra el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT) quien remarcó: “Por supuesto que es importante esta ley, la hemos trabajado con nuestros asesores. Hubo un consenso mayoritario, hemos tenido dos dictámenes que lamentablemente nunca llegaron al recinto y, por lógica, esta es una situación transversal que nos golpea a todos sin ninguna distinción de bandería política ni religiosas, estamos de acuerdo en que se le dé la celeridad necesaria”, pero cuestionó que envió a la presidencia de la comisión para que incorpore las distintas modificaciones que “son el resultado de una serie de entidades que han trabajado durante todo este tiempo los dos dictámenes”.

“Queremos ser justos de que no se detenga el proyecto, en este año difícil de conformación de las comisiones de llevarlas adelante y que, por supuesto, salgan los dictámenes para el recinto. Nosotros vamos a estar ansiosos esperando que esto sea tratado en la próxima sesión para que se pueda cristalizar y vamos a estar atentos para ver de qué manera se incluyen las modificaciones que en su gran mayoría son coincidentes con las modificaciones en lo que respecta a la redacción. Voy a acompañar la firma para que de esa manera no se detenga el proceso para seguir trabajando y esperando la incorporación que sugerimos”, adelantó Rodas.

Al respecto, Yedlin aclaró: “Cualquier modificación que se le haga al proyecto requiere que vuelva a la Cámara de Diputados, pero me parece bien que lo discutamos y coincide con Rodas porque las modificaciones no modifican tanto el fondo de la cuestión para devolverlo a Diputados al proyecto, es un tema a discutir”.

Luego hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), quien le preguntó a Rodas si “firma el proyecto y pasa al recinto para ver la posibilidad de modificarlo o vuelve a comisión para hacerle las modificaciones pertinentes”. A lo que el chaqueño aclaró: “Vamos a firmar el dictamen y, a su vez, vamos a darle la posibilidad sobre tablas, por supuesto, charlando con anterioridad con los distintos integrantes de la comisión porque entendí en la premuera del caso. Retroceder hace que tengamos una dilatación que creo que hoy por hoy lo que menos queremos los senadores de ambas bancas es frenar los procesos legislativos porque estamos expuestos a constantes agravios y nos marcan como que los senadores no proceden con cuestiones que son problemas de la gente y que la agenda es nuestra del Senado y son distintas a la de la gente”.

“Voy a ser guardián de que las modificaciones que hice entrar por la secretaría correspondiente sean realmente tenidas en cuenta y ejecutadas. Las modificaciones serán cumplidas evitando el retroceso y sigamos para adelante en el proceso legislativo que necesita el país”, cerró Rodas.

También hizo uso de la palabra la vicejefa del bloque FdT, la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien agradeció que en la primera reunión se hayan incorporado el proyecto que “fue trabajado por Rodas atendiendo las demandas de los diferentes colectivos y de familias que han tenido la terrible experiencia de pasar por una situación como la que estamos tratando”.

“Esta comisión como muchas otras se han hecho eco de las problemáticas que se vienen impulsando desde la sociedad y eso me parece fantástico tener un Senado así que no es el mismo desde cuando yo llegué porque es más abierto, de más escucha, de recepción de las demandas que tienen que ver con sectores que vienen luchando hace tiempo porque una ley les garantiza sus derechos”, reflexionó la oficialista.

Así, agradeció a Rodas por la labor realizada y por la convicción para que “esto se acelere y poder consensuar para el recinto lo que haga a una mejor ley siempre pensando en que también está la posibilidad de la reglamentación del Ejecutivo y también que en el recinto podamos ver las diferentes modificaciones y entendamos que hacen a una mejor norma”.

“Estas no son temáticas para especular, son temáticas para ir para adelante. Si estamos convencidos que es una ley importante para la Nación venga de donde venga tenemos que apoyarla”, remarcó Fernández Sagasti y sumó: “Sigamos el ejemplo de Rodas para que esta ley pueda tener dictamen y ojalá pronto tengamos sesión para llevarla al recinto”.

Además, consideró que “solo quien pasó por una situación así, sabe que se necesita un tratamiento específico, un trato humanizado a las familias que tienen que atravesar la tragedia”, y contó que le pasó de “una forma cercana” por lo que comprende que “en estos tiempos la humanización de todas las redes sociales, tenemos que tratar de indicar a través de las leyes cuál es el camino”.

Volvió a hacer uso de la palabra el presidente de la Comisión de Salud quien explicó: “Ambos proyectos tuvieron consulta en la secretaría de presupuesto. Esta no tiene costos fiscales”. Así la iniciativa pasó a la firma.

El proyecto establece procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con 216 votos a favor y solo uno en contra.

El proyecto, bautizado “Ley Johanna”, por el caso de Johanna Piferrer -impulsora de la iniciativa y quien fue víctima de violencia obstétrica-, indica que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus afiliadas/os, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo con carácter obligatorio instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se busca dotar las/os profesionales de la salud, que intervienen al momento del parto, de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal.

También, posibilitar un ambiente de contención y cuidado, con el acompañamiento de especialistas; y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas.

Pubertad Precoz

Respecto del dicha iniciativa, Yedlin recordó que “es un proyecto que se trabajó mucho en Diputados. En alguna sesión se planteó la necesidad de una ley. En ese momento derivamos al colectivo que pedía sobre esta patología al Minsiterio de Salud y eso generó que se incorpore al DMO la medicación para este tratamiento, pero de todas maneras nos llega una ley con amplia mayoría”.

“Es una patología de causa desconocida en la mayoría de las veces por la cual los niños y niñas empiezan su proceso de pubertad en forma temprana, antes de lo normal. Es normal que una nena de 8 años empiece su proceso de pubertad que empieza con desarrollo mamario y dos años después con su primera menstruación, eso es lo más temprano como normal. SI esto empieza antes entonces se considera pubertad precoz. En los varones el signo es el aumento testicular”, explicó el tucumano.

En tanto, sumó: “Además de la importancia psicológica que tiene el desarrollo previo donde todos los demás compañeros no se han desarrollo y lo que ello implica, hay un tema de altura y talla final porque una vez que una niña tiene su menarca ya no crece mucho más, entonces se pierden años de crecimiento, y a partir de la aparición de determinados tratamientos que detienen la pubertad se puede permitir que estos chicos crezcan los centímetros que tiene que crecer y cuando llegan a la edad acorde a que la pubertad se desarrolle, se libera la pubertad y entonces el niño ha crecido 5 o 6 centímetros más”.

“Tiene un tema psicológico, social, de redes, familiar y un tema de talla final que no es menos importante. La ley prevé un programa nacional que garantice para todo el sistema de salud público el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento y la capacitación del equipo tratante y la difusión de esta enfermedad para su conocimiento para que se conozca, se diagnostique y se trate en tiempo y forma”, explayó Yedlin.

Además, afirmó que pasó por la oficina de presupuesto y “tiene un costo cerca de los $900 millones anuales. El costo total entre diagnóstico, tratamiento y divulgación. Es un costo pequeño para el sistema de salud frente al beneficio que genera. Es una enfermedad infrecuente 1 cada 5 mil casos”.

Hizo uso de la palabra Fiad quien aseguró: “Estamos todos de acuerdo con esto. Hay una resolución previa con el Ministerio de Salud”, y puso en valor que “pubertad precoz es una enfermedad poco frecuente de las 8 mil enfermedades poco frecuentes. Es una necesidad el tratamiento”.

“Hay un proyecto que presente sobre la conformación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa de legislativa en salud. Creo que sería bueno tratarlo porque se podría evitar barreras administrativas que tiene las leyes. Pondría en valor cada norma sanitaria”, planteó el radical.

El segundo expediente establece la creación de un programa de prevención, diagnóstico y tratamiento integral de la pubertad precoz en niñas y niños, sancionado en Diputados el pasado 19 de abril con 175 votos a favor.

El proyecto promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la pubertad precoz, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Asimismo, prevé la realización de estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central, que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller –quien no pudo estar presente por un tema de salud y fue reemplazado por Sergio Palazzo vicepresidente de la comisión-, se reunió este miércoles en el Anexo “C” con invitados y pasaron a la firma el proyecto que establece el Régimen de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos respecto a Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).

Sobre 32 presentes, el dictamen obtuvo 27 firmas y hubo disidencia parcial sobre uno de los artículos.

Además, con críticas por parte de JxC dictaminaron sobre el Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales que había sido tratado previamente en la comisión cabecera. También pasó a la firma el proyecto para declarar Monumento Histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sito en la ciudad de Santa Fe, provincia Santa Fe.

Al comienzo de la reunión, hizo uso de la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien aclaró que la reunión había sido convocada para “tratar expedientes, no es informativa” y solicitó que al debatir el proyecto sobre ENOHSA alguno de los directos presentes pudiera “explayarse” sobre el texto en cuestión.

Régimen de refinanciación de deudas con ENOHSA

El primero en abrir el tema fue el subadministrador del Ente, Néstor Álvarez, sostuvo que es un tema “importante”, ya que ENOHSA es el “único ente federal que se encarga de hacer aguas y cloacas en todo el país”.

Al respecto, contó que el 12 de septiembre de 2019 cuando “nos tocó ingresar con el exadministrador a ENOHSA a los pocos días empezamos a recibir a diferentes actores de la política que nos vinieron a plantear una necesidad que había deudas contraídas desde hacía 25 y 30 años atrás, deudas en dólares de créditos BID que el Estado había tomado y los había pasado a las provincias y las provincias a las cooperativas. Que esas deudas no habían sido pesificadas y que hoy estaban siendo impagables”.

Al respecto, ejemplificó que una cooperativa de una localidad de Buenos Aires paga de ese crédito 6.000 dólares por mes y pierde más de un millón. “Es una cooperativa que brinda servicios a toda la localidad y lo que paga con ENHOSA es lo mismo de lo que pierde por mes. Lo mismo pasaba con la cooperativa de Azul. Las deudas equivalían a lo que gasta un municipio por mes. Son obras y créditos contraídos entre el 94 y el 95”, precisó.

Álvarez contó que, junto a su equipo de trabajo y el ministro Gabriel Katopodis, encontraron ocho proyectos a lo largo de los años que planteaban esta necesidad. “Creo que tiene que ver con la coyuntura económica del hoy y lo que significa que las obras estén dolarizadas”.

“Que de una provincia vengan todos los actores políticos esto habla de la importancia que tiene y estamos contentos de exigir de cobrar la deuda. Vinieron desde Córdoba y consensuamos un proyecto que, en tantos momentos de grietas que se vive en la política, esto me parece que es un ejemplo de que cuando hay una necesidad o problemática que no tiene una solución desde el Ejecutivo, el Legislativo permite con este dictamen, si es que se aprueba, la obligación de recuperar esa inversión, cobrarla, pero sabiendo que no estamos fundiendo a municipios, cooperativas o a algunas provincias”.

“La deuda hoy es de aproximadamente 85 millones de dólares. No estamos hablando de condonación, sino que los entes ejecutores de las obras quieren pagar, pero montos que pueden ser pagables”, cerró Álvarez.

En una breve interrupción, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si la deuda con el BID fue pagada y si han estudiado el comportamiento en materia de gestión de las cooperativas y municipios que solicitan la facilidad para pagar porque “no vaya a ser que se termine de pagar sueldos para una actividad política de cada municipio”. Al respecto, el subadministrador contestó: “Hay cooperativas que hoy cumplen, refinanciaron y cumple, la situación es dispar. Las cooperativas en su mayoría son buenas y nos ocupamos de ver eso y vamos a hacer un análisis”.

Como autor del proyecto, el oficialista Eduardo Fernández (Córdoba) hizo hincapié en que es una refinanciación que se les hace a las provincias, a los municipios o al ente prestador del servicio público porque “son garantes con coparticipación”. Ratificó lo dicho por Álvarez de que los préstamos fueron tomados, en su mayoría, entre el 94 y el 98’ y “luego vinieron decretos como el del 2003 que post convertibilidad que estableció cuáles eran las operaciones que se pesificaban y una de las que quedó excluida fue las que el ENOHSA que es un represtamista”.

“Este proyecto tiende a solucionar una clara inconsistencia que es la imposibilidad de afrontar por parte de municipios y provincias que están implicadas 13 provincias. Quizás es Córdoba la que tiene el mayor problema porque fueron de las operatorias que se hicieron y fueron imposibilitadas de negociar o tramitar”, precisó Fernández.

Además, explicó que fue incluido la condonación de la carga que son los intereses punitorios y resarcitorios que significaban que “es imposible de pagar”. “Hay distintas situaciones de incumplimiento, hay una clara inequidad de exigir deuda en dólares y lo que tratamos de solucionar no es algo nuevo”.

“Hubo más de 11 proyectos con firmas de distintos bloques que tuvieron dictamen de comisión y por distintas situaciones no llegaron al recinto. Tenemos la oportunidad de dar tranquilidad y permitirle al ENOHSA de recuperar esos créditos y habilitar a los municipios que están en mora hoy y precisan de créditos para obras de saneamiento y agua”, cerró el cordobés al presentar el proyecto.

Al hacer uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense) sostuvo que “estamos frente a la posibilidad cierta de una solución razonable y equilibrada”.

“Es razonable ponerle exigencias, pero posibilidad de cumplimientos a organizaciones públicas que han quedado dentro de ese nicho de compromiso dolarizado. Con esta decisión también vamos a estar poniendo una cuota de responsabilidad para que los municipios puedan cumplir en más de la mitad de las provincias. Es un proyecto federal”, manifestó.

El radical Víctor Romero (Córdoba) subrayó que se trata de una situación de hace 20 años. “En 2003 se pesificaron las deudas en dólares por un decreto especial varias operaciones financieras quedaron excluidas y ahí vino el gran problema porque no es que los municipios no pagaron nunca, sino que fueron amortizando la deuda hasta que le fue imposible pagar”. En una breve aclaración, remarcó que estamos hablando de 28 años de gestión de todos los partidos políticos “no podemos venir, más allá de las diferencias, es un producto de 28 años”.

“Estamos tratando de adecuar una deuda a un problema que afecta a los vecinos que viven en ese municipio”, indicó el cordobés y sostuvo que “es una obligación nuestra en este Parlamento encontrarle una solución definitiva, no condonando deuda en capital, sino dando la posibilidad de que este dinero que ya lo pagó el Estado tenga la posibilidad de que los vecinos que lo deben lo devuelvan en condiciones accesibles que lo puedan pagar que no impliquen incremento de impuestos o resignación de obra pública”.

Por otro lado, celebró el artículo 3 del texto que plantea: “Se condonan los conceptos de intereses”.

Además, propuso una modificación al artículo 4 respecto al modo de actualización tomando el equivalente al 15% que sea una tasa ajustable por inflación equivalente a la Badlar. “Eso lo saco de los acuerdos que hacen las provincias con Nación en 2017 cuando le devolvieron el 15% de coparticipación y que no habían hecho demanda judicial”, explicó el radical. También pidió modificar el artículo 5 sobre la capacidad contributiva de la recaudación que toma un tope de la cuota inicial establece el 10% de coparticipación anual y 8% del total de los ingresos. “Es un tema de despropósito porque habría una gran injusticia”, planteó y propuso bajarlas al 5 y 4% cada una.

Por último, propuso llevar las actualizaciones de 15 años como plantea el proyecto- a 20 años para que “de esa forma se compense el capital actualizado”.

Régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales

La iniciativa, que prevé una serie de beneficios fiscales, fue presentada por un grupo de diputados oficialistas encabezados por el formoseño Ramiro Fernández Patri, presidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional, quien destacó el tratamiento reciente en dicha comisión y el giro del dictamen a Presupuesto y Hacienda.

En esa línea, el formoseño explicó que “estamos promoviendo un régimen de fomento de este tipo de producción que tiene beneficios integrales para la sociedad. Se promueve la alimentación saludable, pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente, el suelo, el agua, no usar fertilizantes químicos. Significa arraigo para muchos productores, más mano de obra intensiva y profesionalización de la agricultura. También genera divisas en un momento tan duro para el país”.

Así, el legislador detalló que en el país hay “casi cuatro millones de hectáreas en las que se está trabajando en certificación orgánica. Unas 100 mil hectáreas se cosecharon en el último año. Hoy se exporta el 98% de la producción, en un 45% a los Estados Unidos y un 40% a la Unión Europea, el consumo interno es bajo”.

En esa línea, Fernández Patri sostuvo que el proyecto busca “generar un bono fiscal que esté representado por el 70% de todo lo que paguen de masa salarial aquellas empresas que se dediquen a la producción orgánica”.

Al hacer nuevamente uso de la palabra, Martínez aclaró que se realizaron “cambios importantes” en el dictamen que se firmó en la Comisión de Economías Regionales “en algunos elementos que permiten focalizar el instrumento en aquellas empresas medianas que permiten valores razonables sobre el porcentaje de los tributos, estimular y promocionar la actividad y también el piso de presupuesto sujeto a los módulos que son de 8 mil pesos. estaríamos hablando de 12.500 módulos que equivalen a 100 millones de pesos”.

A continuación, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) preguntó si esos 100 millones de monto que se autorizarían: “¿Contemplan el gasto fiscal producido por la reducción de impuestos que estamos generando o solo es para financiar el tipo de programa que aparecen en los capítulos siguientes? ¿Los 100 millones son para financiar los programas y esta institucionalidad nueva que creamos ahora o incluye el gasto fiscal? ¿Cuánto sería el gasto fiscal estimado? ¿Cuál es la elasticidad que esperan que tenga este tipo de incentivos respecto de la actividad?

“Podría tener un gasto fiscal contrafactual que alguien me diga ‘si, claro esta actividad pagaría más impuestos si se hiciera, pero con el esquema de incentivos no se hace’. Podría ser perfectamente que alguien me explique que hay una alta elasticidad, hay muchos proyectos esperando en cola que con esta sanción aparentemente se harían. Entonces el 30% que queda de las cargas patronales o el 40% que queda del impuesto a las ganancias es más que el 0”, planteó Tetaz.

Además, comentó: “Me hace un poco de ruido esta idea de que hay una actividad que agrega valor, pero que nosotros tenemos que sostenerla porque choca con el principio básico de agregación de valor, es decir, que estamos produciendo un bien que cuesta menos que lo que lo valora la sociedad. Sino no estamos agregando valor, estamos agregando costos que lo tiene que pagar otro que no está dispuesto a pagarlo”.

“No estoy seguro de que estén agregando valor. Hay una teoría de valor nueva acá por lo cual la definición de valor la empieza a dar el Congreso. Si vamos a reemplazar sistema de precios para definir qué es valor estamos en un problema que conduce al subdesarrollo y no estoy de acuerdo con ese cambio en la regla de juego y no lo voy a acompañar”, anticipó el economista.

Por último, remarcó que “no es la primera vez que hicimos esto. Estamos convirtiendo en una gran pantomima al funcionamiento del Estado porque le pone un montón de impuestos y trabas burocráticas a las actividades y nosotros y después venimos y llamemos promoción a la remoción de algunas de esas trabas. Eso no es promoción, es el propio Estado que pone los impuestos.  Deberíamos estar debatiendo cómo hacemos para eliminar más impuestos a la producción porque si no favorecen el subdesarrollo”.

“Ustedes asumen en el proyecto que los impuestos frenan ese tipo de desarrollo de las actividades que están queriendo promover. A punto tal que están convencidos que si eliminan impuestos promueven actividades. ¿Por qué no eliminamos los impuestos a la producción?”, cerró Tetaz.

También se expresó el mendocino Lisandro Nieri (UCR) propuso que trabajar las inversiones porque “las cargas impositivas en el país son elevadísimas”, y cuestionó: “Me parece muy poco serio que estemos dando tratamientos particulares a cada uno de los sectores. Son alivios ante la alta carga impositiva. No creo que sea razonable ir por cada uno de los sectores”.

“Tomémosno un tiempo para discutir cuáles son todos los sectores económicos que tenemos voluntad de promocionar y demos tratamiento a una ley única, sino estamos haciendo la misma ley para cada una de los sectores que nos interesan”, planteó.

A su vez, criticó: “No veo que sea para proyectos de escala pequeña como se está presentando. Igual, corresponde indicar cuál es el costo fiscal en materia de beneficios impositivos. El fondo de promoción no me parece que sea un piso si hubo una modificación. Es muy parecido a otros proyectos, pero el capítulo de Régimen sancionatorio no está definidas las faltas leves. Si están definidas las faltas graves. Se estable las sanciones ante faltas leves, pero no ante una grave. Lo mas delicado que de encontrarse faltas leves la autoridad de aplicación podría aplicar multas cosa que me parece que no corresponde porque si encuentra irregularidades debe multarlo. Este capítulo queda desfasado”.

De la vereda de enfrente, Martínez respaldó la iniciativa y recordó que “ya tuvo una media sanción de Diputados hace una década. Aquellas iniciativas que buscan promover una actividad son todos muy parecidos”.

Al respecto, destacó el trabajo “sistemático” de quienes están organizados alrededor de la producción orgánica porque “no han bajado los brazos ante la necesidad de promover la actividad”. “Nosotros creemos en la promoción de las actividades y lo hemos hecho a lo largo de los años y creemos que cuando estamos hablando de agregar valor este tipo de herramientas sirven”, manifestó el santafecino.

En tanto, sostuvo que “siempre nos quedan cosas por hacer y entramos en una especie de inconformismo permanente que nos deja atados de pies y manos. Sabemos que la cuestión impositiva se habla como una cuestión de cliché. No nos cabe la menor duda de que este proyecto beneficia claramente”.

Ante la duda de Nieri, el jefe oficialista explicó que agregaron un párrafo en el artículo 3 que “justamente enfoca mucho más en lo que son los montos máximos de facturación planteando el tope de las empresas medianas tramo 1”. Asimismo, Martínez lamentó que no se pudo realizar un plenario de comisiones para tratar el tema porque “hubiese permitido hacer un análisis más integral”. Sin embargo, subrayó que se incorporaron “varios aspectos presupuestarios” en la discusión en la comisión anterior “para acelerar el tratamiento”.

Y se comprometió a “que si hay elementos a revisar en el capítulo 5 lo hacemos y lo incorporamos en el recinto. No hay ninguna dificultad. Lejos está que no podamos tener un régimen sancionatorio”.

Sobre el costo fiscal, recordó que en la reunión informativa dijo que “en lugar de ponernos a pensar tanto en el presupuesto que contamos para poner en marcha la ley, no nos olvidemos que en Diputados tenemos que la posibilidad de discutir todos los años la ley de presupuesto y allí podemos agregar en función del cumplimiento de una determinada ley”.

“Estos montos apuntan a poner en marcha la ley bajo todos los objetivos de la ley y hay que tener en cuenta cuándo se pone en funcionamiento. Lo vamos a actualizar porque hemos hecho cambios”, expresó Martínez e informó que le pedirán a un organismo especializado en producción orgánica que funciona dentro de la órbita del Ministerio de Economía.

En síntesis, destacó que el proyecto “mejora”, es claramente “un paso respecto a lo que veníamos teniendo. Es un estímulo a aquellos que ven en la producción orgánica un desarrollo territorial inclusivo para promover el arraigo y que se produzca empleo local. Es un proyecto federal”.

En su intervención, el jefe del bloque CC-ARI, Juan Manuel López, cuestionó que en el sector de producción de alimentos orgánicos la “tasa de asistencia del Estado es negativa del -25%, es una ridiculez”. “El presupuesto que rige este año tenía una separata que hablaba del gasto tributario, algo que nunca se discute, que Argentina tiene del más del 2%. El Congreso tendría que revisar todos los gastos tributarios y que esos números estén disponibles siempre, sino estamos legislando sobre un tema sin saber, a ciegas”.

“Nuestra economía asiste a un montón de sectores distintos, no solo con gasto tributario, sino con otras medidas como arancelarias. En estas condiciones no puedo acompañar el dictamen”, anticipó López.

De forma breve, el entrerriano Pedro Galimberti (UCR) solicitó, a los efectos de ver el alcance de la promoción que se tiene en el proyecto, ver la redacción final del artículo 3 al ser modificado a los efectos de tener una real magnitud de quién se pretende ir porque “más allá de los módulos de 100 millones que es lo de menos, tenemos que ver que en la conjugación con la Ley 25.127 hay un beneficio impositivo que está disponible para cualquiera con la redacción que hay en la norma”.

La catamarqueña Silvana Ginocchio (FdT) ponderó la iniciativa porque “cuando se habla de producción orgánica también se habla de los conocimientos que tienen las poblaciones donde se necesita innovación. Teníamos que agregar un marco regulatorio y también crea un fondo. Es un sector de gran potencial para las economías regionales. Son pequeños productores que le estamos dando un beneficio que estaban solicitando”.

Y enumeró que en su provincia hay producción orgánica en miel, naranja, vid, soja, pasas de uva, arándanos. “Es todo una economía importante, trascendente e incipiente que sin estas políticas es muy difícil”, planteó.

En el mismo sentido se expresó la rionegrina Susana Landriscini al destacar que se trata de una política pública que “favorece a un sector diferenciado, a determinados territorios que buscan una especialización e innovación. Van en la misma línea con la Ley de etiquetado frontal por el tipo producción”.

“Cuando se cuestiona a una política pública orientada específicamente a una rama o sector de actividad quiere señalar que el estado esta para hacer esas políticas específica cuando quiere orientar una región y tiene la legitimidad de diseñarlo con un costo fiscal y con ingresos complementarios de una producción que tiene la mejor cotización de mercados internacionales”, respaldó la oficialista.

Por último, Martínez respaldó la propuesta de López respecto de que la Oficina de Presupuesto del Congreso para ver con qué nivel de actualización se puede hacer el informe. Al cerrar el tratamiento del proyecto, Palazzo informó que de los 32 miembros presentes de la comisión firmaron el dictamen 24 y giró a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tal y cómo lo anunció días atrás Cecilia Ferro (VJ) en diálogo con parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició esta semana el debate acerca de un paquete de iniciativas que buscarán ayudar a resolver la crisis habitacional que atraviesa el distrito capitalino.

Se trata de tres proyectos en concreto: el régimen de co vivienda; exención de plusvalía para la construcción de viviendas y exenciones al ABL e IIBB a los contratos registrados.  Los mismos fueron discutidos en una reunión conjunta de la Comisión de Vivienda, a cargo de Ferrero, y la de Presupuesto, presidida por Claudio Romero (VJ).

“Somos conscientes de que la crisis de alquileres y vivienda en la ciudad de Buenos Aires es una preocupación cada vez mayor. Por eso comenzamos a debatir medidas concretas y a trabajar activamente para llevar alivio a los vecinos frente a esta problemática”, aseveró la legisladora.

Al mismo tiempo que explicó: “los proyectos que impulsamos son las herramientas que desde la ciudad podemos brindar para generar un alivio frente a la crisis: exenciones de IIBB y ABL a los contratos registrados; exención de plusvalía para la construcción de vivienda; y el régimen de co vivienda”.

De esta manera, el proyecto que propone las exenciones en el pago de ABL e Ingresos Brutos en los contratos registrados, de forma tal que constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler.

En cuanto al régimen de co vivienda, se trata de una propuesta que ya está rigiendo en otros países del mundo, y que busca pensar el acceso a la vivienda por fuera de un sistema de compra y el de alquiler. De acuerdo a la iniciativa, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años.

En tanto sobre la iniciativa en relación a la exención de plusvalía para la construcción de viviendas, el Gobierno de la Ciudad propuso que la misma sea del 80% para los desarrolladores urbanos.  El mismo busca eximir del pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable –conocido como plusvalía urbana- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.

Este último proyecto fue uno de los puntos de mayor conflicto en la reunión de comisiones, dado a que los legisladores del Frente de Todos calificaron de “vergonzoso” y “criminal” a la propuesta del Ejecutivo. De hecho el legislador Manuel Socías (FdT)  sentenció: “es ridículo y vergonzoso ya que se construyeron 11 millones de metros cuadrados en los últimos cuatro años”, por lo tanto considero que “no necesitamos darle más incentivos a la industria de la construcción”.

Un plenario de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó este miércoles el debate sobre los distintos proyectos que buscan dar una solución a la situación que aqueja a los tomadores de créditos UVA, que son más de 100 mil.

El plenario se desarrolló el mismo día en el que había sido solicitada el pasado 28 de febrero una sesión especial a pedido de 41 diputados, encabezados por Julio Cobos, a quien acompañaron miembros de la UCR, el Pro, el Partido Socialista e incluso el Frente de Todos. Sin embargo, esa solicitud quedó sin efecto a la espera de buscar acuerdos. Además, sin haber dictamen, se hubieran necesitados los dos tercios de los votos para votar el tratamiento de alguna de las iniciativas. 

Las comisiones competentes en la cuestión habían realizado un plenario por última vez en septiembre del año pasado; mientras que Finanzas puso a consideración el tema el 16 de noviembre de 2022. 

Al abrir la reunión de este miércoles, la presidenta de la comisión, Alicia Aparicio (FdT), recordó que el año pasado se realizaron tres reuniones informativas y, puntualmente en la que participaron los deudores, expresó que se escuchó “la gran angustia que tienen las familias argentinas que han tomado este crédito”. “Hay proyectos que tienen punto de coincidencias, otros discrepancias”, reconoció sobre las 11 iniciativas presentadas por los distintos bloques, pero dijo que el objetivo es llegar a un proyecto unificado “a través del diálogo”.

Impulsor del debate del tema, el diputado Julio Cobos (UCR-JxC) dijo que “hace tiempo que venimos trabajando esta temática” y defendió que su propuesta “contempla un principio de solución para los que hoy tienen el crédito, pero también para el futuro, porque lo cierto es que hoy no hay crédito hipotecario en Argentina”. 

El mendocino apuntó que este sistema, implementado durante la gestión de Mauricio Macri, “funciona en otros países”; y luego detalló que “se otorgaron 75 mil créditos en 2017, 80 mil en 2018, solo 9 mil en 2019 y 20 mil en el 2020”. “Hay quienes dicen que no hay morosidad”, señaló, pero recordó que “hubo cinco congelamientos y el último una convergencia”, por eso “a mediados del año pasado recién (los tomadores) están pagando la cuota en toda su magnitud”. “No hay morosidad porque la gente lo último que deja de pagar es su vivienda”, agregó. 

El radical consideró que “lo ideal es que hay que resolver la inflación, sin inflación no tendríamos estos problemas”. En esa línea, subrayó que “hasta septiembre de 2018 estuvo por encima la evolución del salario”. 

Sobre el camino hacia un acuerdo, el exvicepresidente expresó: “Lo que sí tenemos que tener claro es que hay alternativas viables, pero lo que no tenemos es tiempo. Nos tenemos que organizar metodológicamente”. Respecto del cambio del índice, para “pasar la cuota a CVS o RIPTE”, opinó: “Creo que en eso nos vamos a poner todos de acuerdo”. 

“Hay proyectos que hablan de un fondo compensador, otros no. Otro punto a discutir es la fecha de corte (para la actualización)”, explicó Cobos. Asimismo, manifestó que en la medida de “suspender los desalojos, creo que todos vamos a compartir” y sugirió que “hay que actualizar el mínimo imponible de intereses para deducir Ganancias” porque “hoy tributan Ganancias los intereses que pagan los beneficiarios”. 

A su turno, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical-JxC) opinó que “no tenemos que buscarle una solución a un problema que no existe”, al respaldar que “el mecanismo UVA es un gran mecanismo que funciona muy bien y que tenemos que cuidar. Lo que sí creo es que lo tenemos que mejorar”. 

Para el economista, “no hay romper contratos” ni “establecer regulaciones que terminen como la Ley de Alquileres”, que se sancionó por “buena voluntad” de los legisladores, pero “terminó generando más problemas que soluciones”, resaltó. 

“Todos los temas que son atribuibles a UVA no son por UVA, sino por la inflación y la caída de los salarios”, enfatizó el radical e insistió en que “la caída real de los salarios afectó a toda la economía y no tiene que ver con los UVA”. Luego, propuso: “Una equiparación en términos del tratamiento del impuesto a las Ganancias de los que alquilan con los UVA; la apertura de un mecanismo para que la gente que quiere salir del crédito pueda vender su crédito; y crear un mecanismo de competencia entre los bancos a través de la figura de portabilidad de crédito”. 

En su intervención, Tetaz advirtió: “Si rompemos el mecanismo, empezamos a cambiar tasas o condiciones, o cambiamos los contratos vamos a generar mucho daño. Por eso no estoy de acuerdo con el reajuste de los créditos con anterioridad, sería una violación de los contratos que nosotros no vamos a acompañar. Lo que tampoco me gusta y genera mucho ruido es la figura de un fondo compensador”. 

Por su parte, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) manifestó que “tiene cierto sentido que este Congreso dilate tanto buscarle una solución real a la estafa que significaron los créditos UVA” porque “este mecanismo se votó en el Congreso”. “Nuestro bloque no lo votó y denunció en ese momento que iba a ser un mecanismo confiscatorio”, mencionó y denunció que “alrededor de las viviendas se está produciendo una especulación financiera fenomenal”. 

Para la legisladora de la izquierda, “sí hay que salir del mecanismo UVA y reconvertir todos los créditos a créditos tradicionales” de modo de tener “un sistema donde el capital va disminuyendo a medida que se paga” porque “sino es imposible de sostener para los asalariados”. 

“La dificultad no está en el grueso de la cuota, sino en todo lo que se endeudan para poder pagar”, alertó y planteó: “Nosotros hacemos un planteamiento integral, con la conversión de los créditos, con la fijación de un criterio de actualización de la cuota que no puede exceder el 50% de la variación salarial, y que no pueda elevarse la cuota a más del 25% del ingreso familiar”. Además, consideró que el tema debe trabajarse en conjunto con la cuestión de “alquileres, vivienda ociosa y construcción de viviendas”. 

Durante la reunión, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez (IB-Interbloque Federal) cuestionó que “se niegue que no existe un problema”. Al recordar las medidas que se tomaron sobre UVA en el Boletín Oficial, por parte del Poder Ejecutivo, y los fallos que hubo por parte de la Justicia en algunos casos, reflexionó que “no es que aquí hay una opinión, se trata de una realidad; se trata de un problema de relevancia social que ya ha merecido la actuación de los poderes públicos y que corresponde que el Congreso tome con prioridad para decidir hacer”. También dejó sentada su postura a favor del proyecto de Cobos y abogó por “unificar criterios que le permitan a esta situación una salida justa, razonable y sustentable en el menor tiempo posible”. 

Desde el oficialismo, el diputado Juan Manuel Pedrini (FdT) admitió que en un principio él quería “la suspensión de esta operativa”, pero ahora está “dispuesto a rever esta posición”, aunque aclaró que no está de acuerdo en que “las UVA hayan sido una medida acertada”. “La idea de este sistema de actualización es demoníaca. Lo único que produce es la descapitalización de estos tomadores de crédito”, sostuvo. 

El chaqueño precisó que la cotización de la UVA al 30 de junio de 2017 era de 19,33 pesos y hoy está en 214,25 pesos. “El aumento es de 1.108%”, resaltó y aseveró: “Esto no es ni bueno ni malo, es demencial”. Además, diferenció que “los que tomaron los créditos hipotecarios tienen un bien que se cotiza en dólares; ahora, los que tomaron créditos prendarios, por ejemplo para comprar un auto, hoy tienen una deuda impagable y el auto vale el 30% o 40% de lo que valía en ese momento, por lo tanto la situación es muchísimo peor”. 

Avanzada la reunión, Cobos retomó la palabra para pedir que la semana que viene los asesores trabajen en un acercamiento de las propuestas y se pueda convocar nuevamente al plenario en la primera semana de abril para sacar dictamen. 

Entonces, recogió el guante la diputada Liliana Paponet (FdT), quien pidió no acelerar los tiempos. “Cuando estas más de 100 mil familias ingresaron al crédito UVA no fue porque ellos quisieron endeudarse y con ese mecanismo, fue porque le generaron una expectativa. Y esa expectativa fue la misma que algunos diputados tuvieron al pedir una sesión especial, y entonces a partir de ahí uno va jugando con el problema de la gente, pareciera que vamos corriendo y apurando los plazos”, criticó.

La mendocina avaló que los asesores se reúnan, pero pidió que el tratamiento se haga “de manera responsable, no poniendo fechas y que se haga a las apuradas, porque a lo mejor tenemos una ley que no favorezca a las familias y nosotros lo que tenemos que ver es darles soluciones”. “No tenemos que ser irresponsables ni vender expectativas, cuando hace tres años estamos tratando de darle soluciones”, completó y con su intervención se dio por finalizado el encuentro. 

En medio de la emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario por las balaceras, amenazas y crímenes cometidos por bandas narco, la Cámara de Diputados acelera el tratamiento del proyecto que busca fortalecer la justicia federal de la provincia de Santa Fe, con el objetivo de agilizar las investigaciones contra el narcotráfico y otros delitos de competencia federal.

La iniciativa ya fue debatida en el seno de las comisiones de Justicia y Legislación Penal el pasado 8 de marzo y solo resta su tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller.

La reunión fue convocada para este miércoles 22 a las 10 en la sala 2 del “Anexo C” de la Cámara baja, luego de que este viernes por la tarde se conociera el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal del proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer la justicia federal de Santa Fe.

Lo que propone el proyecto: 

• La creación de 27 cargos de Fiscal Federal Penal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 15 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 7 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto; y 1 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires.
• La creación de 9 cargos de Defensor Público Oficial Federal con jurisdicción en el Distrito Federal Rosario, de los cuales 3 tendrán asiento en la ciudad de Rosario; 2 en la ciudad de Santa Fe; 1 en las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de garantía, con asiento en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto.
• La creación de 3 cargos Juez Penal Federal con funciones de revisión, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe. 
• La creación de 1 cargo de Juez Penal Federal con funciones de ejecución, con asiento en la ciudad de Rosario y Santa Fe.
• Otro de los artículos establece que la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General de la Nación, la Defensoría General de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional “en ejercicio de sus respectivas competencias, tomarán las medidas administrativas y presupuestarias conducentes para la puesta en funcionamiento de los organismos conformados a partir de lo dispuesto en la presente ley, creando los cargos inherentes necesarios y garantizando de igual manera el normal funcionamiento para la conclusión de las causas radicadas con anterioridad a la implementación de la presente ley”. 
• Asimismo, se expresa que “las causas que se encuentren iniciadas al momento de entrada en vigencia de la presente ley continuarán siendo tramitadas ante los órganos jurisdiccionales actuales hasta su efectiva conclusión”. 

Luego de un año en el que se intentó sin éxito avanzar en Diputados con el tema de los créditos UVA en comisión, legisladores de todos los sectores habían solicitado una sesión especial para el próximo 22 de marzo a fin de abordar la problemática en el recinto. Sin embargo, este viernes se conoció la convocatoria de plenario de comisiones para ese mismo día.

La reunión de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, y de Finanzas, presidida por Alicia Aparicio, fue fijada para el próximo miércoles 22 a las 12 en la sala de reunión del 2do piso del edificio “Anexo C”.

El pedido a sesión especial, realizado el pasado 28 de febrero, fue suscripto por 41 legisladores, entre ellos de la UCR, del Pro, socialistas y cuatro del Frente de Todos. Al respecto, el radical Julio Cobos –impulsor de una de las iniciativas- señaló que “durante todo el año pasado intentamos lograr una solución a la problemática de los créditos UVA; hicimos un acuerdo con las autoridades de la Cámara, logramos que se realizaran las reuniones de comisiones, escuchamos a las distintas partes y, aun así, no logramos tener un dictamen y que baje al recinto”.

Una de esas reuniones se llevó a cabo el 1ro de septiembre, precisamente el mismo plenario que se sentará a debatir la próxima semana. En esa ocasión, escucharon las opiniones de representantes de entidades bancarias, funcionarios, exfuncionarios y tomadores de créditos con el fin de alcanzar acuerdos tendientes a solucionar los reclamos de los deudores. La última vez que el tema fue puesto a consideración fue el 16 de noviembre de 2022 en una reunión de la Comisión de Finanzas.

El oficialismo se alzó con el dictamen del proyecto que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller, que se realizó este martes en el Anexo “C”.

El debate tuvo dos jornadas nada más. En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.

Allí, desde Juntos por el Cambio solicitaron invitar a más especialistas, entre ellos abogados representantes de emprendedores, pero el oficialismo no aceptó, lo que derivó a que la principal bancada opositora no acompañe el texto con su firma.

Previo al debate, Heller recordó que el objetivo de la reunión es “producir dictamen” del proyecto entendiendo que “la información que fue suministrada y dada en el desarrollo de la reunión informativa y enviada a todos los diputados con los informes que presentaron los funcionarios del Poder Ejecutivo, entendemos que están dados los elementos informativos suficientes como para poder avanzar en el debate y cumplir con el objetivo de la comisión que es generar el dictamen”.

A su vez, informó que la presidencia les hizo llegar una nota que envió la presidencia de la Cámara del Software que “había pedido concurrir a la reunión y expliqué que la reunión ya había sucedido y no había voluntad de otra informativa y que íbamos a avanzar en el tratamiento del tema y, por consiguiente, les ofrecí que nos hagan llegar sus consideraciones para poder hacerles llegar a todos los integrantes”.

El primero en hacer uso de la palabra fue el secretario de la comisión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT), quien explicó que el “Mono-Tech” es un monotributo tecnológico, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que ingresó con la firma del presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía.

“En la reunión informativa tuvimos la posibilidad de escuchar a funcionarios que brindaron detalles del proyecto de ley que tiene dos partes. Por un lado, un cambio en las condiciones impositivas y, por otro lado, un cambio en el régimen cambiario relacionado con los exportadores de servicios al exterior por hasta 30 mil dólares anuales”, explicó el entrerriano.

En esa línea, remarcó que “lo que plantea es una carga de un monotributo por lo que es la exportación de servicios hasta este nivel que le da la opción al contribuyente de coexistir con el actual régimen del monotributo con lo que es el actual régimen de pago tanto en su obligación impositiva previsional y de obra social como un régimen cambiario especial”.

“Básicamente estimularía la exportación de servicios tanto de empresas tecnológicas como de personas físicas que se ocupan de este tipo de servicios como en general fuera de lo que es el concepto de economía del conocimiento, la exportación de servicios de carácter general. Eso le permitirá abrir una cuenta en dólares donde se acreditarán los dólares provenientes de esa exportación de servicios y esos dólares serán de libre disponibilidad para operar tanto en el país o extraerlo”, explayó Casaretto.

A su vez, estimó que generará “mayor venta de servicios del país al estimular los pequeños emprendimientos que se hacen de carácter general y esto va a permitir aportar dólares que Argentina necesita. Todas las leyes en esta materia apuntan a exportar servicios, exportar conocimientos, trabajo calificado y que ingresen divisas”.

A su turno, el santafecino Marcos Cleri (FdT) remarcó que “es importante la incorporación de los gamers o ciber atletas donde, en el caso de los menores, los responsables del monotributo son los padres”.

“Esto tiene que ver con la mirada integral de las nuevas relaciones de construcción de comunidad en donde la Argentina está dando un paso muy importante en ese sentido reconociendo que la revolución tecnológica 4.0 es lo que viene para lo cual tenemos que tener leyes que acompañen este desarrollo que permitan ser un polo de exportación de conocimiento, que ponga en valor todos los profesionales que ha formado la universidad pública y, principalmente también, el resto de las políticas que siguen sumando con esta mirada integral para tener un modelo de desarrollo donde todos los argentinos podamos tener el bienestar general de la comunidad”, sostuvo el santafecino.

Cleri calificó el proyecto como “excelente” que en un fututo puede ser “perfectible” y propuso tratar en paralelo un proyecto que contemple el “derecho de formación” que está solicitando la Cámara de Software y pidió a la oposición que “acompañen una mirada de futuro de la Argentina y dejen de poner palos en la rueda”.

De la vereda de enfrente, la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) consultó por las modificaciones al proyecto, a lo que Heller respondió de forma breve con un “no” y lanzó: “El Ejecutivo quiere legislar sobre situaciones excepcionales e ir manejando diferentes categorías de beneficiados de este problema económico que ha generado en el país. Este proyecto, entiendo que, para muchos, pueda o no llegar a ser beneficioso, pero gestiona los desequilibrios existentes en la Argentina producto de la brecha cambiaria”.

“En vez de mirar los motivos de esa brecha, va beneficiando de acuerdo a su propio criterio, porque no se discute el texto, no nos permitieron traer oradores de distintos sectores de la economía para hablar, hemos propuestos la presencia de instituciones y ha sido rechazada la participación, sin embargo, el Ejecutivo dice que a cada sector le da un beneficio distinto para que, de esa manera, tratar de equilibrar de una forma desequilibrada el gran problema cambiario”, enfatizó la cordobesa.

“Esto es una forma de gestionar el fracaso económico de este gobierno. No hubo posibilidad de escuchar a miembros de organizaciones del espacio, no voy a firmar el despacho”, adelantó con fuertes críticas la diputada del Pro.

En el mismo sentido se pronunció el economista Martín Tetaz (Evolución Radical) manifestó su “disconformidad” de estar debatiendo en extraordinarias un proyecto particular de monotributo habiendo presentado varios proyectos de monotributo para reformas integrales que deberían beneficiar a todos los trabajadores y deberían estabilizar el funcionamiento del sistema de monotributo”.

En esa línea, Tetaz comparó: “Los proyectos que nosotros presentamos apuntan a una resolución integral del monotributo sin discriminaciones de ningún tipo. Todos los trabajadores tienen el mismo derecho. Presentamos los proyectos durante el año, hicimos pedidos a la comisión, nos dijeron que cuando dispusieran lo iban a tratar. Ahora el Ejecutivo envía este proyecto parcial porque es un parche a la problemática puntual”, y solicitó que corrija o mande un proyecto que incluya los expedientes presentados para dar un debate integral.

En el uso de la palabra, el radical Víctor Hugo Romero (Corrientes) subrayó que “se profundizó la desigualdad de distribución de los ingresos”, e informó que de los argentinos que trabajan e 75% perciben salario, el resto es informal y de ese 25% que no percibe sueldo “hay 2,3 millones de monotributistas, pero el monotributo no es empleo de calidad”.

“Este proyecto pretende corregir una situación de informalidad que hay en un sector de la economía donde tenemos argentinos con talento, exportamos servicios y que hoy están en una situación informal porque hay un achatamiento de las escalas en el monotributo y dar más derechos”, planteó Romero.

A su vez, opinó que si el proyecto se aprueba “va a haber una nueva inequidad en el sistema de recaudación tributaria que va a tener un límite de 30 mil dólares”.

A su turno el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (Santa Fe) le contestó a la oposición y sostuvo que “no podemos invalidar una herramienta que, a nuestro criterio puede ser muy útil, porque falte alguna reforma integral”.

“El monotributo ha sido una herramienta muy útil para no estar fuera del sistema en épocas muy difíciles con políticas económicas lesivas para los trabajadores”, respaldó el santafecino e insistió: “No nos invalidemos este esfuerzo porque estamos dando un paso importante”.

Y remató: “Abrir este debate no genera la posibilidad de que salgamos de esta situación a la que nos lleva JxC de que no podamos tener ni comisiones ni recinto. Es una muy buena iniciativa del Ministerio de Economía”.

Al cierre, Heller informó: “De 39 diputados presentes, el dictamen tiene 24 firmas con eso estaría consagrado que se ha generado ese dictamen que estará en condiciones de ser tratado en el recinto”.

El proyecto

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes, a las 17, en el segundo piso del Anexo “C”, el debate sobre el proyecto de ley que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”.

En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.

Desde Juntos por el Cambio solicitaron invitar a más especialistas, entre ellos abogados representantes de emprendedores, pero el oficialismo no aceptó. Desde la oposición adelantaron además que propondrán cambios al texto. El Frente de Todos apuraría el dictamen.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomará este martes, a las 17, en el segundo piso del Anexo “C”, el debate sobre el proyecto de ley que busca establecer un “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”.

En un primer encuentro, la iniciativa fue defendida por el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de Recaudación, José Bianchi.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

El texto establece la compatibilización con el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y un Régimen Cambiario que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, tuvo una reunión informativa este miércoles para presentar el proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, que apunta a “freelancers” con ingresos anuales de hasta 30 mil dólares.

Al cabo de la exposición de todos los funcionarios, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que no emitirían dictamen, sino que por el contrario, como muestra de buena voluntad, la próxima semana habría una nueva reunión a la que invitarán a Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, y en cuyo marco se anunciarían los cambios a implementar en el texto original según las recomendaciones de los diputados.

La reunión contó con la presencia del subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el subdirector general de recaudación, José Bianchi.

Esta iniciativa fue incluida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el 20 de enero pasado, por pedido del ministro de Economía, Sergio Massa. Recién este miércoles se conocieron detalles del mismo.

El debate de la comisión más numerosa de la Cámara baja -49 diputados-, comenzó con la palabra del subsecretario Kutner, quien explicó que la iniciativa es parte de ampliar la economía del conocimiento: “Este proyecto forma parte de una serie de medidas para generar empleos e ingresos de divisas al país. Es un ecosistema que crece”.

En tal sentido, el funcionario del Ministerio de Economía agregó: “Este desarrollo ha incrementado el cupo fiscal para los beneficios de la ley de la Economía del Conocimiento llevando el número a 70.000 millones de pesos, en el último presupuesto”.

“Este año buscamos lograr la formación de 70.000 programadores para generar empleos con salarios de calidad. Hay programas de apoyo con altísimo potencial”, detalló.

Asimismo, manifestó que hay una convocatoria para las industrias aeroespaciales con una inversión de “950 millones de pesos” para promover la actividad. “En 2022 hubo un crecimiento del 8,1 interanual con la ganancia de 600.000 puestos de trabajo de calidad”, amplió.

En el cierre del relato de los logros de la gestión del ministerio, Kutner afirmó que Argentina “es el segundo país exportador de software y servicios informáticos de la Sudamérica y el número 32 en el ranking mundial”, y añadió: “Argentina es uno de los ocho países autorizados por la NASA para enviar satélites”.

Con relación al monotributo tecnológico, detalló que “es un nuevo esquema tributario para que los profesionales puedan facturar en dólares e incorporar al mercado formal a muchos más”. Del mismo modo, consideró: “La iniciativa genera una política general para los que los beneficiarios tengan ingresos justificados”.

En ese sentido, Kutner explicó que “no tiene costo fiscal, amplía la base de contribuyentes y es un incentivo para adquirir bienes con ingresos percibidos en el exterior”. “Los informales tendrán acceso a tarjetas de crédito y está hecho con una perspectiva federal, ya que hay 13 provincias que accedieron al monotributo unificado para ampliar registro de bases tributarios”, amplió.

Respecto al universo comprendido, explicó: “se incluyen a sujetos humanos, que residan en Argentina y en los últimos 12 meses hayan logrado ingresos desde el exterior no mayores a 30.000 dólares”, y desarrolló: “También comprende a periodistas que trabajen para un medio extranjero. Ellos podrán inscribirse en el Mono – Tech”.

En referencia a las cuestiones técnicas del proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, la contadora Claudia Balestrini indicó: “Están los aspectos tributarios y los aspectos cambiarios”.

“En cuanto al IVA y las Ganancias, cada contribuyente que este en condiciones de anotarse en ‘Mono – Tech’ puede compatibilizarlo con otras actividades, es decir el monotributo general”, señaló. Al igual que Kutner, afirmó que está dirigido a los sujetos residentes en Argentina, y agregó que “es optativo (no obligatorio)”.

Luego dividió al objeto en dos: sujetos que exportan servicios y competidores de deportes electrónicos (eSports) -denominados gamers-. “El nuevo contribuyente estará dentro de la economía formal”, afirmó Balestrini.

Otra condición que remarcó fue que “los ingresos provengan desde el exterior, dentro de los últimos 12 meses y que no superen los 30.000 dólares”. “Son actividades sin fronteras y transnacionalizadas, y el dólar es la medida en caso de cobrar en otra moneda proveniente del extranjero”, detalló.

Además, Balestrini explicó los pagos a realizar por las tres categorías (1, 2 y 3): “Los exportadores de servicios tienen que evaluar en que categoría van a estar. La primera -comprendida hasta los 10 mil dólares, abona 9.247 pesos; la segunda -de 10.000 a 20.000 dólares- 15.712; y la tres – entre 20.000 y 30.000-abona cerca de 31.000”.

En el caso de los ‘eSports’, Balestrini explicó que “no aportan seguridad social u obra social”, y agregó que “los montos quedan en: 2.965 para la categoría 1; 7.036 para la categoría 2; y 20.460 para la categoría 3”.

En el final, explicó que las recategorizaciones son “semestrales”, y quienes accedan al “Mono – Tech” queda “exceptuado” de liquidar las divisas obligatoriamente – a pesos- en el Banco Central”.

En tercera instancia, José Bianchi -funcionario de la AFIP- afirmó que “los trámites son a través de la web -durante julio y enero-, al igual que la recategorización y la variabilidad en la categoría”, aunque aclaró que “a excepción de la inscripción, los demás tramites pueden ser en cualquier momento”.

Respecto a la información del BCRA, Bianchi confirmó que “habrá una automaticidad hacia el Banco Central a los efectos de los temas cambiarios”. En esa línea definió que la entidad bancaria tendrá la información al día sobre quienes estén inscriptos en el Mono – Tech.

Las consultas de los legisladores

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) fue el primero en consultar dudas cuando planteó la diferencia de ingresos por “género”, respecto al pago del monotributo y se basó en un censo virtual de ‘eGamers’ que arrojó que “el 92 por ciento son hombres y el ocho mujeres”.

La diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe) cuestionó que esta ley se da por las restricciones cambiarias que existen. “Generamos restricciones, pero después creamos ventanitas de estas restricciones”, señaló.

Además, consultó si menores de 16 años podrían inscribirse en el ‘Monotributo Tech’, tras el caso de un joven de 13 años que obtuvo ganancias en dólares por deportes electrónicos. En la misma línea, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical – Buenos Aires) opinó respecto al proyecto.

Del mismo modo, el diputado Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó estimaciones de la cantidad de personas que realizan estas actividades.

El diputado Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) sostuvo que el proyecto “es bienvenido”. Sin embargo, planteó que relación existe entre el desarrollo de juegos electrónicos y la económica del conocimiento. Por otro lado, el diputado Lisandro Nieri (UCR – Mendoza) preguntó sobre la existencia de estudios de competitividad.

La contadora Balestrini respondió las dudas de los diputados y aclaró que trabajan con el Ministerio de Género y Diversidad para atraer al mercado laboral -generando políticas y medidas- para que se “valore” a las mujeres en cuanto a ingresos, en alusión a la consulta del diputado Cacace. Del mismo modo, José Bianchi aclaró que menores que no estén emancipados “podrán acceder al Mono – Tech” .

Con la participación de funcionarios, comenzará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de ley sobre “Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”, más conocido como “Mono-Tech”, apuntado a freelancers con ingresos anuales de hasta 30 mil dólares. 

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de enero, será analizada desde las 15 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller. La cita se realizará en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. 

Asistirán el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini; y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. 

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline, “contemplando así el tratamiento tributario integral de dichas prestaciones de vanguardia en nuestro país y en el mundo”, rezan los fundamentos del proyecto.

Serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares. 

“Para atender a la realidad de la capacidad contributiva de estos contribuyentes, la base por la que deberán categorizarse se expresa en dólares estadounidenses y los montos de tributo integrado a ingresar son aquellos que se correspondan con determinadas categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), dispuesto en el Anexo de la Ley N° 24.977, sus normas modificatorias y complementarias”, explica la iniciativa. 

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”. 

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Poco a poco la Cámara de Diputados comienza a tratar los proyectos incluidos en el temario de extraordinarias que envió el Ejecutivo. Así, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Carlos Heller, convocó a los miembros de la misma a reunirse para debatir el proyecto del Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, una de las leyes que solicitó el ministro de Economía, Sergio Massa, cuando asumió su cargo.

Según reza la citación, la reunión será de carácter informativa a celebrarse el día miércoles 1 de febrero a las 15 en la Sala del 2º piso del “Anexo C” de la Honorable Cámara de Diputados.

💵 MONOTECH. Lo tratamos el Miercoles 1 de Febrero. Alberto Fernández y Sergio Massa presentaron el proyecto de Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos de hasta U$S 30.000, para fomentar la exportación del conocimiento y talento argentino. pic.twitter.com/7VZb3PFTAY

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) January 27, 2023

El expediente es el 0016-PE-2022 “proyecto de ley, de fecha 20 de enero de 2023, por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos y un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos”. Se trata del Mono-Tech, una iniciativa que apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera.

“Asistirán como invitados/as el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, coordinador Edgardo Rubén Kutner; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia F. Balestrini; y Carlos Castagneto, titular de la AFIP”, informa la citación.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados logró el dictamen de mayoría del proyecto de ley de pago de deuda previsional, que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes. 

El oficialismo avanzó con el texto que reproduce la media sanción del Senado, donde el kirchnerismo ideó esta iniciativa a mediados de este año. 

El plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda comenzó retrasado ya que la oposición no estuvo desde el arranque. Los legisladores de Juntos por el Cambio ingresaron recién una vez que el oficialismo logró quórum. 

Del encuentro participaron 19 miembros de Previsión y Seguridad Social y 32 de Presupuesto y Hacienda. El dictamen de mayoría alcanzó las 39 firmas entre los integrantes de las dos comisiones. 

Durante el debate, el jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, consideró que la propuesta era “mucho más razonable del populismo macrista de dar pensiones del 80% de una jubilación mínima con el cero de aportes, así que en principio nos parece superador”. Sin embargo, “a esta propuesta le falta algo”, dijo y le reclamó al oficialismo: “Ustedes tienen que garantizar que si esta norma se aprueba tiene que ser aplicable”. 

En ese sentido, el bonaerense opinó que debería informarse “son las finalidades, las funciones y/o las partidas presupuestarias que serán redefinidas para cumplir con el eventual impacto fiscal, que oscila desde el 0,28 hasta eventualmente el 0,48 en su segundo año de implementación”.

Encargado de explicar el dictamen de minoría de Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace recordó que entre todos los expositores que pasaron por las reuniones informativas “hubo un diagnóstico en común en señalar que nosotros en Argentina tenemos un severo problema respecto de la informalidad laboral”. 

Para el puntano, este plan “no deja de ser una solución transitoria” ante “el problema de la informalidad laboral, que no lo vamos a resolver hoy”, aclaró. 

“La única forma de que haya solución para los que no aportaron y los que aportaron los 30 años” es “establecer una prestación proporcional que reconozca el esfuerzo contributivo que se ha hecho y que permita a mujeres de 60 años y hombres de 65, que hayan aportado entre 10 y 29 años, otorgarles una prestación proporcional que consistiría en el 70% de la prestación básica universal más el 1,5% por año aportado”, señaló sobre la iniciativa de su bancada. 

El legislador subrayó que esto “no es que esté exento de gasto fiscal”, pero “es más modesto respecto del dictamen que está planteando la mayoría”. “Nuestro Presupuesto 2023 está ya aprobado y esto no está incluido”, advirtió. 

En el medio de su exposición, el presidente la Comisión de Presupuesto, el oficialista Carlos Heller, admitió que “es un parche como todas las cosas que estamos haciendo para resolver la situación de crisis que tiene la Argentina” pero “es un parche que se puede hacer, que tiene base seria de que se puede cumplir, porque si uno mira el conjunto de las variables estamos en una perspectiva de que se va a poder cumplir y esto que estamos aprobando se va a poder financiar”, aseguró. 

“Permítame dudar de que se den esas pautas y podamos financiarlo sin ningún incremento en el déficit fiscal”, le respondió Cacace, quien completó su alocución apuntando, respecto al dictamen, que “en el caso que el cálculo sea por debajo de la PUAM, los beneficiarios podrán optar por la PUAM”; y agregó: “Estamos proponiendo en este dictamen la modificación a la PUAM para que las mujeres también puedan acceder a ese beneficio a partir de los 60 años”. 

Nuevamente tomó la palabra Heller, quien insistió en que “claramente esto es una solución parcial a un problema de fondo que no lo estamos resolviendo con esto, pero cuando no estamos en condiciones de resolver la cuestión de fondo, las soluciones parciales adquieren toda la importancia que corresponde. Se trata de no dejar desprotegidas a las víctimas, porque acá estamos hablando de las víctimas que son las personas que han llegado a la edad de jubilarse y no tienen aportes”. 

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás Del Caño lamentó que “hoy solamente una de cada nueve mujeres que está en condiciones de jubilarse tiene los aportes necesarios, y en el caso de los varones son tres de cada diez”. “La responsabilidad no está en los trabajadores y las trabajadoras que fueron víctimas de estafa laboral, sino en las patronales y los gobiernos”, cargó.  

“La moratoria es una situación transitoria que en realidad le pone la carga al trabajador de algo que no fue su responsabilidad”, continuó, y denunció que el año que viene “hay un recorte para 2023 de la seguridad social de 600 mil millones de pesos”. “Si bien es una salida transitoria que va a permitir que muchos puedan acceder a una jubilación, haciéndose cargo de algo que nos les corresponde, eso va en desmedro después del conjunto del sistema jubilatorio”, cerró.

A su turno, la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado indicó que “esto no es una moratoria; este proyecto permite lamentablemente comprar años a costa del Estado y de los jubilados”. “Este proyecto lo que dice es que cualquier persona se puede jubilar y no lo paga la persona”, alertó, para cuestionar que “estamos liquidando el sistema previsional argentino” porque se crea “un sistema mercantilista” para que “se pueda jubilar cualquier persona”. 

Recogió el guante la presidenta de Previsión y Seguridad Social, la camporista Marisa Uceda, quien aclaró: “Nunca dijimos que era una moratoria”. Y, en medio de una discusión picante con la cordobesa, la oficialista afirmó que en el proyecto se “exige tener una base de aportes previsionales”. 

Último orador en la reunión, el oficialista Marcelo Casaretto precisó que del total de los jubilados actuales, un 36% accedió a la jubilación gracias a cumplir con todos los aportes, mientras que el 64% lo pudo hacer a partir de las diferentes moratorias que hubo.

“Debido a que hay trabajo informal cada vez menos argentinos pueden acceder a un beneficio”, explicó y argumentó que “por eso es que se tomó la decisión de prorrogar la moratoria vigente y ahora es que se toma este tema a nivel parlamentario”. En tal sentido, el entrerriano advirtió que si no se toma esta decisión, “empezaríamos a caer del 95% de cobertura previsional” que hay y sostuvo: “Por eso es que nosotros planteamos la necesidad de avanzar con una ley de estas características”. 

Al referirse a las menciones que hubo en la comisión sobre quienes aportaron y quienes no aportaron, el legislador enfatizó que “siempre el trabajador y la trabajadora quieren trabajar en blanco, cobrar un salario digno y hacer aportes jubilatorios. Si alguien no lo ha hecho a lo largo de su vida laboral no ha sido por voluntad propia, sino por las condiciones imperantes en el sistema y que nosotros como Estado lo tenemos que reconocer y resolver”. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado dio dictamen favorable este martes a tres proyectos de ley, dos de ellos que ya cuentan con media sanción de Diputados. A la reunión pegaron un nuevo faltazo los senadores de Juntos por el Cambio, aunque recién en el final se hicieron presentes Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Pablo Blanco (UCR). 

En el encuentro, en el que estuvieron los senadores del oficialismo y el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN), se trató en primer lugar una iniciativa sobre reintegro impositivo para la adquisición de taxis. “Es un proyecto muy demandado, por lo tanto espero que podamos aprobar el dictamen en esta reunión para luego ser tratado ya en el recinto”, expresó el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT). 

La iniciativa, aprobada en junio pasado en la Cámara baja, crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro, con el objetivo de fomentar “la modernización de este servicio, así como la industria automotriz nacional”.

Al beneficio podrán acogerse “las personas humanas y jurídicas que cuenten con la respectiva licencia y certificación que acredite la prestación del servicio”, así como “una antigüedad no menor a un año en la misma”.

El reintegro será de “un monto equivalente a la suma abonada en concepto del impuesto al valor agregado y el impuesto establecido en el capítulo IX, del título II, de la Ley de Impuestos Internos, texto sustituido por la ley 24.674 y sus modificaciones, que recaigan sobre la unidad adquirida en condiciones de contado”.

Serán elegibles los vehículos que posean un contenido mínimo nacional de: 20% para las adquisiciones que se efectúen desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de diciembre de 2024; y de 30% para las adquisiciones que se efectúen desde el 1° de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

El beneficio podrá ser utilizado para la adquisición de una unidad por persona humana y/o jurídica, una vez al año. Asimismo, los vehículos adquiridos deberán mantenerse afectados al servicio de taxímetro como mínimo tres años contados a partir de la fecha de adquisición. “Durante dicho período no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso”, aclara el texto.

El proyecto fija un cupo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2022 de $3.600.000.000 que, a partir del 1ro. de enero de 2023, se deberá fijar un cupo fiscal mediante la Ley de Presupuesto Nacional que se apruebe cada año.

Finalmente, se invita a las provincias y la Ciudad “que tuvieran previstas en sus legislaciones locales gravámenes para la adquisición de automotores 0 km., a adoptar disposiciones análogas a la que se establecen en la presente ley”.

También establece que la reglamentación deberá prever criterios objetivos para la asignación de los beneficios y una distribución federal de los mismos.

Por otra parte, se dio despacho al proyecto que establece exenciones en el impuesto a las Ganancias para profesionales y auxiliares que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias.

Al respecto, el senador Pablo Yedlin (FNyP-FdT) señaló que este “es un tema complejo” porque “definitivamente los sistemas de salud dependen de su recurso humano, y más allá de la tecnología, la infraestructura o el equipamiento, la atención médica tiene que ver con la presencia” de los profesionales. 

“En un país como el nuestro, tan extenso y muchas veces tan inequitativo, hay una distribución muy despareja de su recurso humano”, resaltó e indicó que la OMS recomienda “cuatro médicos cada mil habitantes”. “La Ciudad de Buenos Aires tiene 16 cada mil habitantes, pero la gran mayoría de las provincias, les diría todas, salvo Santa Fe y Córdoba, están por debajo de cuatro, y Santa Fe y Córdoba están en cuatro”, precisó el presidente de la Comisión de Salud. 

Finalmente, el tucumano sostuvo: “Lo que estamos haciendo es darle una herramienta al sistema de salud para poder usar de la mejor manera posible el escaso y crítico recurso humano”. 

En tanto, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) consideró que este es un proyecto “para que los médicos tengan un ingreso suficiente y la tranquilidad de poder trabajar y no tener costos que le impidan hacer su trabajo en forma tranquila”. 

A través del texto se modifica el artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, de modo de establecer la exención en “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud, cuando la prestación del servicio se realice en centros de salud públicos o privados ubicados en zonas sanitarias desfavorables así declaradas por la autoridad sanitaria nacional, a propuestas de las autoridades sanitarias provinciales”.

Asimismo, “las remuneraciones percibidas en concepto de guardias, ya sean activas o pasivas, por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal de salud, siendo la prestación realizada en centros públicos o privados de todo el territorio nacional, que excedan el número de cuatro guardias mensuales de 24 horas, realizadas por el trabajador o la trabajadora”.

“El beneficio de este apartado debe indicarse, en el recibo de haberes correspondiente al sujeto que tenga a su cargo el pago de la remuneración y/o la liquidación del haber, identificándolo con la leyenda ‘Exención segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para las trabajadoras y trabajadores de la salud’”, establece el proyecto.

Finalmente, pasó a la firma un proyecto que busca garantizar el acceso a una cuenta corriente para entidades civiles sin fines de lucro, libre de costos de apertura y mantenimiento. Guerra lo calificó como “un proyecto muy útil” para las entidades que “son tan importantes en nuestra sociedad y contienen a tantas personas en nuestros entornos”. Se trata de instituciones religiosas, cooperativas de trabajo escolares, entidades de bomberos voluntarios, clubes de barrio, bibliotecas populares, centros de jubilados, enumeró. 

“Es una ley simple pero muy interesante y valiosa”, dijo el oficialista, que explicó les permitirá “tener un ordenamiento en sus administraciones y que los fondos que reciben, muchas veces de donaciones, tengan una trazabilidad”. 

Autor de la iniciativa, el senador Pablo Bensusán (FNyP-FdT) reveló que nació “de la inquietud de las asociaciones civiles sin fines de lucro que existen en las localidades más pequeñas de las provincias argentinas”, a quienes además de requerirles que tengan la personería jurídica también se les solicita una cuenta bancaria. “El costo se les torna bastante engorroso” ya que “tienen poco aporte de socios, porque en su mayoría son voluntarias o benéficas”, explicó el pampeano, que destacó que “estas entidades llegan muchas veces donde el Estado no llega”. 

“Es un reconocimiento a estas entidades y una mano más que les podemos dar desde la legislación”, afirmó y completó diciendo que a las entidades financieras “no les va a significar absolutamente nada en sus ingresos”. 

“Ojalá todas las reuniones fueran así”. Esas fueron las palabras del diputado Carlos Heller (FdT), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando este miércoles transitaba una reunión por aguas calmas, que terminó con cruces picantes entre Martín Tetaz (Evolución Radical) y Marcelo Casaretto (FdT).

Fue precisamente durante el tratamiento del último punto del temario, un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aprobar el Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las Bases Imponibles y el traslado de beneficiarios. 

Encargado de explicarlo, Casaretto dijo que “lo que busca el G-20, y luego la OCDE, es tratar de generar el intercambio de información para evitar la erosión de las bases imponibles y que los impuestos se paguen función de donde se genera la actividad económica y donde están radicados efectivamente los domicilios de las personas”. “Es en contra de los paraísos fiscales que permiten la evasión impositiva”, sumó. 

No conforme con la explicación, Tetaz pidió aclaraciones, a lo que Heller le contestó que “no es un proyecto de ley para discutir. Es la ratificación o no de un convenio vigente, que fue firmado por el gobierno anterior y ratificado por éste, que entiende que hay que seguir adelante en el marco de los convenios internacionales. No caben modificaciones ni debate”. 

Pero Tetaz no la cortó y reclamó que Casaretto “habló sobre evasión y no es sobre evasión el convenio, es sobre elusión, que no tiene nada que ver con la evasión”. 

“Algo tiene que ver, las dos tratan de no pagar impuestos”, expresó Heller, a lo que el radical retrucó: “No, son dos bichos distintos”. 

Retomó entonces la palabra Casaretto, quien señaló que “estamos hablando de un tratado multilateral a nivel internacional; estamos hablando de que la evasión tiene que ver con el incumplimiento de una ley nacional”. “Lo que se discute a nivel internacional es cuando a la caracterización del organismo de recaudación de cada país hay una empresa o una persona que evade pagar el impuesto en virtud de una elusión que pretende hacer trasladando la base imponible a otro lugar”, agregó. “¡Marcelo está mal lo que estás diciendo, es un disparate!”, intentó exponerlo una vez más Tetaz, y Casaretto lo desafió a que si no le parecía “razonable” lo podían discutir “en La Nación o TN cuando vos quieras, yo voy a cualquier lugar”. 

Más tarde habló la diputada Germana Figueroa Casas (Pro) para tratar de profundizar en la explicación del convenio, pero Tetaz siguió: “Es insólito que están aprobando algo que ni siquiera han leído”. 

“Diputado sea un poquito más respetuoso”, le pidió Heller, pero el porteño insistía en que Casaretto “no sabe de qué es”. “Creo que es otra vez un exceso de su parte, pero voy a pedirle al diputado Casaretto que no conteste”, intentaba cerrar Heller. 

Desde el oficialismo salió a hablar la diputada Carolina Moisés (FdT), quien resaltó que “más allá de los miembros informantes todos tenemos acceso a los expedientes, a los proyectos, tenemos un equipo de asesores, por lo tanto no es necesario que cada miembro informante sepa hasta el último detalle” sino que “cada diputado con su responsabilidad lo conozca”.

“La próxima vez vamos a proponer que sea Figueroa Casas quien explique los proyectos”, tiró Tetaz y Heller, ya visiblemente molesto, lo retó: “Diputado usted habla cuando le da la gana, hay que pedir la palabra, le pido que no sea mal educado. ¡Cómo no me voy a enojar si insistentemente usted viola todas las reglas de funcionamiento!”. 

Fuera de micrófono, pero ya casi gritando, Casaretto lanzó: “Tetaz vaya a la escuela a estudiar tributación. Maestro ciruela te venís a hacer acá, burro, sos burro vos. Sos solamente parecido a la televisión. No te hagas el canchero acá, burro”. 

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dejó listo este miércoles el dictamen del proyecto que amplía el Programa de Protección Integral de personas con Cardiopatía Congénita, que está incluido en el temario de la sesión prevista para este jueves. 

El presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), explicó que la iniciativa “tiene por objeto garantizar que todas las personas con cardiopatías congénitas tengan el derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondiente” y que “todas las personas embarazadas y/o personas gestantes tengan derecho a un control prenatal que incluye la detección precoz”.

A partir de esta jerarquización del programa que se inició en 2008, se deberá incorporar en el Programa Médico Obligatorio, como estudio de rutina obligatorio, entre la semana 18 y 24 una ecografía de calidad que incluya la evolución cardíaca fetal, apuntó el legislador. 

Por su parte, la diputada Pamela Calletti (FdT) precisó que “uno de cada diez nacidos presentan este tipo” de enfermedad que, “con una detección a tiempo, incluida en el PMO, y con una ecografía, se pueden evitar muertes de bebés antes de nacer”. En ese sentido, dijo que se pueden prevenir “los dos tercios” de los casos. “La gran mayoría de estos niños tienen que ser operados en el primer año de vida”, agregó. 

A su turno, el diputado Marcos Cleri (FdT) destacó que el proyecto es “una construcción de las asociaciones de familiares de pacientes que han sufrido cardiopatías congénitas”, y señaló particularmente un punto de la iniciativa, que prevé la conformación de un consejo consultivo, donde “además de lo que es el Ministerio de Salud” estarán “las mismas asociaciones y familiares” de modo de dar “continuidad a las acciones de la sociedad civil”. 

Las diputadas Germana Figueroa Casas y Laura Rodríguez Machado (Pro) pidieron mejorar la redacción en ese artículo, ya que habla de “asociaciones de usuarios”, más allá de aclarar que coincidían “con el fondo”. “Lo corregimos en el recinto”, garantizó Heller, con visto bueno de Cleri.  

Luego, el diputado José Luis Gioja defendió su proyecto para declarar Monumento Histórico Nacional al Solar Sarmiento ubicado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay. La iniciativa ya cuenta con dictamen de las comisiones de Cultura y de Relaciones Exteriores y Culto. 

El sanjuanino recordó que ese fue “el lugar donde falleció Domingo Faustino Sarmiento”, quien en sus últimos días “aguantó lo que puedo y el 11 de septiembre de 1888, de madrugada, fallece Sarmiento en el Solar humilde”. Gioja mencionó que cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Sarmiento, Paraguay le donó el Solar a la Argentina. También apuntó que un proyecto similar había tenido media sanción del Senado pero perdió estado parlamentario en Diputados. 

Además, la comisión avanzó con un proyecto -con media sanción- para declarar Poblado Histórico nacional a la Comisión de Fomento Jaramillo, Fitz Roy, provincia de Santa Cruz; y otro para aprobar un Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados Fiscales para prevenir la erosión de las Bases Imponibles y el traslado de beneficiarios, que tuvo un cruce de chicanas entre los diputados Marcelo Casaretto (FdT) y Martín Tetaz (Evolución Radical). 

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado mantuvieron una reunión este martes en la que emitieron dictamen sobre dos proyectos, uno propone la creación de la Universidad Nacional “Madres de Plaza de Mayo”, y el otro crea el “Programa Nacional libros para aprender”.

Desde el Salón Arturo Illia, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), y autora del proyecto “Programa Nacional libros para aprender”, sostuvo que “en el país siempre se ha tratado de llevar libros, tanto textos de estudio como de índole literaria a las escuelas, muy especialmente en estos últimos 20 años”.

“Es una política que no siempre ha sido la misma porque ha tenido su perfil según el ministro actuante. Política que se ha visto interrumpida porque no han llegado ni un libro a las escuelas”, lamentó la sanjuanina.

En esa línea, contó que el Programa Libros para Aprender fue creado por resolución del Ministerio de Educación en noviembre del año pasado y tiene por objeto la entrega individual de libros de texto y de literatura a estudiantes y docentes del nivel inicial, primario, secundario de escuelas públicas y de los Institutos de Formación Docente.

Este programa tiene objetivos dentro y fuera del espacio áulico. Promover el hábito de leer permite no solo la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también facilitar la apropiación de los bienes culturales y trasladar esta práctica a las familias, se argumentó.

“Todos sabemos la importancia que tiene la lectura para poder llegar a la comprensión, para ordenar nuestro pensamiento. Quien lee, seguramente le va a costar mucho menos escribir y exponer, va a tener una mejor ortografía. Se abre la cabeza a un mundo de conocimiento, de fantasía, de lírica, de cuestiones que nos enriquecen desde otro aspecto la intelectualidad”, ponderó López Valverde.

Además, bregó para que se convierta en ley para que tenga “estabilidad en el tiempo” y aclaró que esto “está contemplado para el presupuesto que viene”, e informó que “este Programa se ha acordado con el Concejo Nacional de Educación”.

En suma, sostuvo que en el Programa se pretende que se incorporen libros de editoriales de las provincias, ya que “tiene una mirada distinta de las cosas, de la realidad de los chicos, tanto en textos de estudio que pueden describir su geografía, su historia que a veces en los textos más generales no está pormenorizada, y conocer a los poetas y cuentistas de las provincias”.

“Se ha venido trabajando muy bien, se han entregado 7 millones de ejemplares en más de 19 mil colegios en todo el país y para el 2023 se pretende entregar 3 millones de libros de cuento para el nivel inicial, 8 millones de libros de texto y 11 millones de libro de literatura en escuelas primarias y 13 millones de ejemplares para alumnos y alumnas de las escuelas secundarias”, informó y cerró: “Es importante que se haga porque no siempre los textos están al alcance de todos”.

La Universidad Nacional “Madres de Plaza de Mayo”

Como autor del proyecto, el senador oficialista Oscar Parrilli (Neuquén) explicó que crear esa universidad tiene que ver con “poner en rango universitario un tema que es fundamental y esencial en la vida democrática que es precisamente la defensa de los derechos humanos y para eso hay que conocerlos, hay que enseñarlos, hay que capacitar, hay que formar. Tiene que haber una sociedad toda que comprenda la importancia y la vigencia de los derechos humanos, el respeto y que esto sea así como hoy”.

“La democracia es un valor que todos acogemos y que todos defendemos y que, más allá de las diferencias políticas que tenemos, podemos decir que todos estamos sometidos a la voluntad de la democracia donde el pueblo, a través de elecciones, define quiénes lo conducen y gobiernan”, explayó.

Y siguió: “En el caso de los derechos humanos creemos que es una política que nos tiene que englobar a todos, que unifique a todos los argentinos, a todas las dirigencias y sectores políticos. Creemos que la formación o creación de una universidad que va a estar dedicada a la enseñanza e investigación, difusión, capacitación sobre los principios de los derechos humanos es por demás un principio auspicioso”.

Parrilli explicó que la Universidad realizó los trámites pertinentes porque “era un instituto que dependía del Ministerio de Justicia, pero también creemos que este instituto en su momento fue una solución en lo que era la existencia de la Asociación Civil Madres de Plaza de Mayo, hoy se muestra como incapaz de poder darle la garantía, la estabilidad y la permanencia que tiene que tener una universidad”.

Además, contó que cuando se presentó el proyecto se tomaron los recaudos que establece la Ley Nacional que regula las universidades y el Concejo Interuniversitario Nacional “hicieron el dictamen correspondiente aconsejando la sanción de la universidad, aprobó el informe que se anexaba el plan de estudio. No solo crear una universidad de nombre, sino también en cuanto a la capacitación y excelencia que tiene que haber en un tema como los derechos humanos”.

El senador informó que actualmente hay 2.354 estudiantes regulares, 2.047 en la sede de la Ciudad de Buenos Aires y 307 en la sede de Marcos Paz, hay 250 docentes y 78 no docentes. Respecto al presupuesto estimado para cuando comience a funcionar es de aproximadamente 200 millones de pesos.

El proyecto establece la creación de la Universidad Nacional ‘Madres de Plaza de Mayo’ que tendrá la sede en la Ciudad de Buenos Aires y se constituye sobre el actual instituto universitario. Las áreas dedicadas están orientadas a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

En el uso de la palabra, la monobloquista riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) sostuvo que “siempre que se habla de educación hay que acompañar las iniciativas” porque en la comisión “no se han tratado este tipo de proyectos”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann, se refirió al proyecto de la senadora sanjuanina y destacó que “es muy importante entregar libros de textos a los estudiantes tanto a la escuela pública como al privado”, pero consultó si han hecho alguna evaluación a los programas existentes y si hay opiniones del Ministerio de Educación al respecto y si hay un costo presupuestario “en un momento en el que en el país hay restricciones presupuestarias y una de ellas es sobre educación”.

López Valverde explicó que forma parte del Concejo Nacional educativo por lo que están al tanto del desenvolvimiento de los distintos programas y afirmó que “los resultados de este programa son positivos. Esto fue creado por una resolución ministerial y al Ministerio le pareció bien”. Respecto al tema presupuestario, sostuvo que “no ha bajado tanto. No va a haber inconveniente”.

Por otro lado, el catamarqueño Flavio Fama se refirió al proyecto de Parrilli y expresó: “Veo que no hay dentro del Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo condiciones académicas que estén justificando ser una universidad. Y el Consejo Interuniversitario Nacional lo dice en su dictamen. Las designaciones de docentes y no docentes se hacen sin el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo. Estas condiciones académicas me hacen pensar que no estamos en un momento de autorizar este crecimiento a una universidad”.

“Tendríamos que hablar de planes de alfabetización para tener ciudadanos libres. Ese debería ser nuestro norte para garantizar los derechos humanos. Tener niños que no saben leer y escribir, los excluye en un futuro de tener trabajos formales y de calidad”, sostuvo la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro).

De la vereda de enfrente, la oficialista Ana María Ianni expresó: “Hoy pongo en valor que estos proyectos no están tomados en una decisión basada en el ajuste, sino que tienden fortalecer la inclusión y que todos y todas podamos acceder al derecho a la educación”.

“No hablamos de gastos sino de inversión cuando hablamos de educación. Ya vivimos cuatro años de recortes y con estos proyectos incentivamos a que cualquier ciudadano, ciudadana tenga el acceso gratuito a la educación”, manifestó la fueguina María Eugenia Dure (FdT).