Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda del Senado se reunirá este miércoles, desde las 14.30 en el Salón Illia, para tratar el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana en barrios populares.

La iniciativa tuvo media sanción de la Cámara de Diputados la semana pasada, por 227 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

A través del proyecto se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley, en 2018. Se pasa de 4.400 a 5.687.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios “tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. “Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho”, agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser “progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Ricardo Guerra, salió a desmentir un posible rechazo de un sector del Frente de Todos al Presupuesto 2023, proyecto que todavía no llegó a la Cámara alta, pero que ya se analiza en paralelo a su tratamiento en Diputados.

“Frente a inopinados artículos periodísticos, desmiento categóricamente que nuestro sector esté amenazando con rechazar el Presupuesto para el ejercicio 2023”, escribió en su Twitter el legislador riojano.

En ese sentido, el oficialista destacó que “estas dos últimas semanas estuvimos trabajando junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda de @DiputadosAR y el equipo económico con la firme voluntad de tener Presupuesto 2023”. En efecto, él junto a otros senadores del oficialismo participaron de las reuniones que se dieron en la Cámara baja.

Finalmente, Guerra sostuvo: “Siempre hemos considerado al Presupuesto una herramienta fundamental para gobernar con previsibilidad, de ahí que jamás obstaculizamos su aprobación a diferencia del lo que hizo la oposición para el ejercicio 2022”.

Estas dos últimas semanas estuvimos trabajando junto a la comision de Presupuesto y Hacienda de @DiputadosAR y el equipo económico con la firme voluntad de tener Presupuesto 2023

— Ricardo Guerra (@RicardoGuerraLR) October 16, 2022

El oficialismo en la Cámara de Diputados concentrará todos sus esfuerzos esta semana en la búsqueda del dictamen del proyecto de Presupuesto 2023 enviado por el Poder Ejecutivo y el cual, si las fechas se respetan de acuerdo al cronograma inicial, sería debatido en el recinto la próxima semana.

Este lunes, fuentes del bloque Frente de Todos confirmaron a parlamentario.com que no habrá una sesión, pues se había hablado de una posible convocatoria al recinto con temas de consenso, como ocurrió el último miércoles en la jornada que se aprobaron -entre otros proyectos- la prórroga de la Ley del ReNaBaP y la expropiación del predio donde funcionó Cromañón, discusión que terminó con tensión entre el oficialismo y la oposición.

Así las cosas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, retomará el debate del Presupuesto 2023 este martes desde las 13 en el segundo piso del Anexo “C”. Además, se estima que habrá reuniones el miércoles y jueves, con la aclaración que dejó Germán Martínez, jefe del FdT, en la última jornada: si se dan las condiciones para avanzar con la firma del despacho el miércoles, se hará ese día y no el jueves.

También, por estas horas en el oficialismo estudian la propuesta planteada desde Juntos por el Cambio -más precisamente por el radical Julio Cobos– para realizar la sesión los días 25 y 26 de octubre, pasando a un cuarto intermedio por la noche del 25 para que no sea un día entero de debate. Se quiso hacer lo mismo en otras ocasiones y nunca se logró. Se verá esta vez.

El jueves pasado, los diputados de la Comisión de Presupuesto tuvieron su primer análisis del proyecto ya sin invitados. Allí, las principales voces de JxC dejaron plasmadas las propuestas de modificaciones a la letra chica del texto, que tanto Martínez como Heller se comprometieron a analizar durante el fin de semana.

Entre los principales reclamos de la oposición surgen incrementos para los subsidios al transporte del interior, las universidades públicas y la Ley de Bosques Nativos. También advirtieron sobre el costo de CAMMESA; el artículo que faculta al Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2023 para tocar las alícuotas de derechos de exportación (retenciones) -que anticiparon si se mantiene, no lo votarán-; y pidieron incorporar una “cláusula gatillo” por inflación, es decir, para que si los recursos previstos llegan al tope, el Gobierno tenga que enviar el año que viene una ampliación presupuestaria.

El debate del Presupuesto 2023 quedó abierto el pasado 28 de septiembre, con la presentación oficial por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, y su número dos, Gabriel Rubinstein. Además, ese día asistieron los secretarios Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti (Finanzas).

En el desfile de funcionarios, pasaron por la Cámara baja los ministros Jaime Perczyk (Educación), Juan Cabandié (Ambiente), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y Alexis Guerrera (Transporte). También los ahora exministros Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

Asimismo, estuvieron los secretarios José Ignacio De Mendiguren (Producción), Juan José Bahillo (Agricultura, Ganadería y Pesca) y Flavia Royón (Energía); además de Miguel Pesce, presidente del Banco Central; Fernanda Raverta, directora de la ANSeS; Carlos Castagneto, titular de AFIP; Guillermo Michel, titular de Aduanas, entre otros.

El último invitado, a pedido de los legisladores, fue Marcos Makón, titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, siempre fuente de consulta para este tema.

El proyecto prevé un crecimiento del PBI del 2%, con una inflación del 60% y un dólar a 269 pesos en diciembre del año próximo. El déficit primario proyectado es de 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para el presente año, en línea con el compromiso tomado con el FMI.

Por Melisa Jofré

En una sala semivacía del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, pero con un tono armónico en la discusión, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron en el análisis del proyecto de Presupuesto 2023, que se apunta a dictaminar la próxima semana.

En el encuentro, de alrededor de tres horas, voces del oficialismo y la oposición se explayaron sobre las modificaciones que consideran deben hacerse a la iniciativa. De los puntos más recurrentes surgieron reclamos de aumento para las partidas destinadas a los subsidios al transporte del interior y las universidades nacionales. 

Hacia el final, se ratificó que la Comisión trabajará los días martes, miércoles y jueves que viene, con la salvedad de que, si se convoca a una sesión, se harán dos reuniones y no tres. El presidente del oficialismo, Germán Martínez, aclaró que la firma del dictamen podría ser tanto miércoles como jueves, dependiendo de la agenda y de cómo avance el debate. 

Aunque días atrás, ante la abundante participación de invitados, Martínez dejó trascender su intención de adelantar una semana el tratamiento en el recinto, esa idea no fue bien recibida por la oposición y, finalmente, se mantendrá el cronograma que había sido establecido por los jefes de bloques con la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.

De esta manera, se estima que la “ley de leyes” se debata en sesión la última semana de octubre. El tema se tocó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la sesión que se realizó, donde Juntos por el Cambio puso sobre la mesa una propuesta del radical Julio Cobos para que la sesión por el Presupuesto 2023 se realice en dos días, es decir, que por la madrugada no haya debate, y que sea el 25 y 26. El Frente de Todos todavía no confirmó si acepta.

Debate de los diputados

En voz del oficialismo, arrancó la ronda de oradores el entrerriano Marcelo Casaretto, quien destacó que la Ley de Presupuesto es “la más importante que trata el Congreso” cada año y “desde el Frente de Todos vamos a impulsar la aprobación, situación que no ocurrió el año pasado y obligó que la administración tuviera que conducirse por decreto. En esta ocasión esperamos que tenga un trámite favorable”, expresó. 

El diputado resaltó que “todos los funcionarios que fueron requeridos estuvieron presentes” y se dio una “amplia descripción del Presupuesto” con esas exposiciones, las cuales consideró “no tienen antecedentes”. 

En un amplio repaso de la situación económica desde la llegada del Gobierno, el oficialista recordó: “Asumimos un Gobierno en 2019 con una situación complicada y muchos desafíos por delante”. En su exposición mencionó entonces la renegociación de la deuda externa, la aparición de la pandemia -que agudizó la caída- y la guerra entre Rusia y Ucrania; para luego detallar indicadores de recuperación y crecimiento del año pasado y éste. 

Casaretto aseguró que este Presupuesto “establece una recuperación del salario real de los trabajadores”. “Algunos pueden decir que es limitado, pero también plantea una baja de la inflación de más del 90% al 60%”, argumentó y sumó que “al bajar la inflación tendría un impacto positivo” en la fórmula de movilidad jubilatoria. “Es un Presupuesto que sostiene el crecimiento por tres años consecutivos. Este no es un Presupuesto de ajuste, sino que busca el empleo, el crecimiento y la distribución de ingresos”, completó. 

Luego habló el camporista Marcos Cleri, quien comenzó ponderando los presupuestos durante los años del kirchnerismo, y diferenciándolos de los enviados durante la gestión de Mauricio Macri, al considerar que esos proyectos “volvieron a tener prácticas que eran muy parecidas a las del año 2000, 2001. No solo siempre había un proyecto de ajuste, sino que no contemplaba una mirada integral de proyecto de país”. 

Tras remarcar que esta iniciativa plantea inversiones importantes en materia de educación y ciencia y tecnología, el santafesino sostuvo que “un Presupuesto tiene que tener una mirada federal y siempre es perfectible”. En ese sentido, advirtió que a este proyecto se necesita “hacerle algunas correcciones” y explicó su propuesta para que se aumenten los fondos destinados a las dos principales ciudades de su provincia. 

Así, Cleri reclamó que se actualice el Fondo de Emergencia Social para la ciudad de Rosario y la ciudad de Santa Fe en 13 mil millones de pesos, al tiempo que se establezcan asignaciones específicas, de modo que esos recursos sean destinados a seguridad, salud, educación, transporte y servicios públicos, y no puedan ser utilizados para gastos corrientes. 

Desde Juntos por el Cambio el primero en hablar fue el radical Víctor Hugo Romero, quien observó que “en términos generales en este Presupuesto se mantiene la falta de un programa económico”, además de que “plantea una reducción de una inflación del 95% al 60%” pero “no hay pautas claras de qué manera se reduce”. “Estamos asistiendo a múltiples tipos de cambio que marcan una distorsión de esta herramienta que se utilizó hasta ahora”, analizó y añadió que “uno de los problemas graves que vemos, y hay que atenderlo, es la sostenibilidad de la deuda interna”. 

En una detallada enumeración de los artículos que proponen modificar desde su bancada, el cordobés se refirió a un incremento para las partidas de las universidades nacionales; que se contemple la distribución del Fondo Educativo para los municipios; que se aumente el monto destinado a la Ley de Bosques Nativos; y que se elimine Atucha III de la toma de crédito público, pues la secretaria de Energía, Flavia Royón, informó que “no se va a construir”. 

Asimismo, el secretario de la comisión apuntó que comparte la visión del artículo 53 sobre condonación de deudas a municipios, pero solicitó tener una lista detallada. Luego reclamó que es un “número bajo” el que se destina al Fondo de Asistencia para el Transporte del Interior (en 66 mil millones de pesos) y pidió “mejorar el monto”. También se refirió a las cifras destinadas para la provincia de La Rioja; solicitó que se justifiquen los motivos de la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, previsto en el artículo 87; e hizo observaciones sobre los artículos referidos a regularización de deudas de CAMMESA y las facultades al Ejecutivo sobre el tema de retenciones. 

Por su parte, la diputada del FIT-PO Romina Del Plá se refirió a la partida por $752.482.394.720 para las universidades nacionales y advirtió que, aún si se cumpliera la cifra del 60% de inflación, “la transferencia a las universidades crece de 2022 a 2023 en un 54%”. “En los últimos años no se resuelve de manera satisfactoria el presupuesto universitario”, dijo y, por otro lado, reclamó que “en lugar de avanzar en una reducción de exenciones impositivas a distintos sectores empresarios, se ha reforzado el porcentaje y volumen de los gastos tributarios” con “subsidios a los sectores patronales”. 

Al responderle a su comprovinciano Romero, el oficialista Eduardo Fernández remarcó que “ha habido una reunión del ministro de Economía con los rectores de universidades” y que incluso “dentro del Ministerio de Educación hubo un acuerdo sobre la razonabilidad de este presupuesto”, pero que “lo podemos ver”. También coincidió en incrementar los fondos para la Ley de Bosques, ya que “los fundamentos de los diputados de todas las provincias” coinciden “con los del ministro de Ambiente (Juan Cabandié) sobre la gravedad de la situación ambiental” y, en ese marco, ese presupuesto “no está adecuado, es insuficiente”. 

También desde el Frente de Todos, el legislador Sergio Casas se refirió a los subsidios al transporte del interior: “No voy en contra de los de Buenos Aires ni de los que viven en la Capital Federal, al contrario, quiero que se equiparen para arriba los subsidios al transporte y energía. Pero si vivimos en un país federal tenemos que tener la visión de políticas activas para corregir asimetrías”. Además, sobre los recursos para La Rioja, afirmó que esa transferencia “no es extra” sino “una compensación” porque “en el año ‘88 (su provincia) quedó relegada respecto a la coparticipación”. 

En una extensa intervención, el vicepresidente de la comisión, el macrista Luciano Laspina, valoró la “atinada forma en que el Gobierno este año ha presentado el diagnóstico de situación”, de un modo “más realista”, y opinó que es “el primero” de “los presupuestos del kirchnerismo” que “presenta un recorte en el gasto público”.

Gasto público que “en los últimos 20 años en Argentina se duplicó, pasó de 24 puntos del producto a 42” y “eso fundió al sector privado”, además de que “se financió con déficit y deuda”, apuntó el santafesino, y agregó que con “un aumento brutal de los impuestos, sobre todo de los peores, que son los distorsivos, como retenciones e Ingresos Brutos”.

“Celebro que haya un reconocimiento de que este nivel de gasto público es insostenible”, insistió el legislador y sostuvo: “Desde el primer momento hemos tenido una actitud constructiva con este Presupuesto, no porque estemos de acuerdo con la política económica, no porque creamos que es una panacea, sino porque creemos que hay un cambio histórico, que el kirchnerismo está protagonizando un cambio histórico en su forma de interpretar los problemas”.

En su discurso, el opositor habló de un “ajuste de 1,2 del PIB” en este proyecto, del cual se diferenció en las “prioridades”. “Hubiese querido más austeridad en otros programas de gasto, como por ejemplo 27 mil millones en el Previaje”, lanzó y también consideró que hay que “recortar un montón de privilegios que hay en el Estado y en el sistema previsional”.

Al expresar que la cifra de inflación del 60% “es inverosímil”, aclaró que “tampoco le podemos exigir al ministro (Sergio) Massa que venga y diga ‘estoy esperando una inflación de 120%’”. Y sumó que el proyecto “vino con un crecimiento austero”, del 2%.

“Nosotros como oposición queremos que el Gobierno tenga la herramienta del Presupuesto, entre otras cosas porque hay que aprobar obras públicas nuevas que se necesitan”, afirmó. Sin embargo, dijo que también necesitan “garantías” para que “no se le deje una bomba de tiempo fiscal al próximo gobierno”.

En esa línea, se refirió a la propuesta que hiciera Margarita Stolbizer durante la presentación de Massa, para que se incluya “una suerte de cláusula gatillo para que si los recursos fiscales llegan al tope previsto en el Presupuesto, el Poder Ejecutivo deba enviar una ampliación del Presupuesto”. Y él solicitó, además, “una cláusula que explicite que los gastos que fueron devengados en 2023, pero no cancelados, puedan ser cancelados con bonos del Tesoro, a 2033 por ejemplo”.

Finalmente, Laspina sostuvo que debería establecerse por ley “el congelamiento de personal en todos los niveles del Estado y todas las empresas públicas, incluyendo los contratos de monotributo”. Al tiempo que anunció el voto en contra del artículo de las retenciones; e indicó que los artículos 71 y 72 referidos al blanqueo “merecen una discusión aparte”.

Otro de los oradores del debate fue el oficialista Roberto Mirabella, quien destacó que “la inversión directa de la Nación” a su provincia, Santa Fe, “aumenta casi un 400% y esto es un dato sumamente significativo”. En consonancia con otros de sus partes, señaló que en cuanto a los subsidios al transporte “las asimetrías se han agudizado no es que se han achicado” y adelantó su propuesta “no para aumentar” los recursos del Fondo Compensador, sino “para cambiar el criterio de distribución” en función de las unidades computables, los agentes computables y kilómetros recorridos. “Queremos un Fondo Compensador del Transporte que sea equitativo, justo y transparente para toda la Argentina”, cerró.

En cuanto a la educación, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela mencionó que hay un caída de 12,2% en términos reales para las universidades nacional y del 0,5% para la cartera de conduce Jaime Perczyk. “Las becas son disminuidas en un 23,6%”, alertó y añadió que “el 14,23% de los fondos universitarios quedan de manejo discrecional para el Ministerio”. Entre varios pedidos, la legisladora propuso incorporar una deducción en Ganancias hasta el 40% para los gastos educativos.

Al cierre de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller, se mostró satisfecho por el tono del encuentro y, respecto de los pedidos de modificación, expresó: “Si yo agarro todas las cosas que se piden, aisladas, en general tiendo a coincidir en que son todas justas. Pero cuando las sumamos, no da. Y ahí entramos en una complejidad que todos y todas deberíamos hacer el esfuerzo a la hora de las cosas que vamos a acordar”.

“Es complejo pedir bajar impuestos, achicar el déficit fiscal y aumentar subsidios. Generalmente la cuenta no da”, explicó, por lo que pidió hacer “un enorme esfuerzo de racionalidad en nuestro debate”.

También, el porteño analizó que “los escenarios cambiantes” internacionales “nos van a influir más allá de cualquier decisión que nosotros tomemos”, al tiempo que “tenemos que tratar de que el Presupuesto termine ajustándose a las pautas” que hay acordadas con el FMI.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo (La Pampa) y Carlos Heller respectivamente, mantuvieron una reunión breve este martes en la que emitieron dictamen consensuado al proyecto que buscar declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón, donde se produjo en 2004 la tragedia que costó la vida de 194 personas.

De esta manera, la iniciativa de la diputada nacional y secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca, será debatida en el recinto en la sesión convocada para este miércoles a las 12.30, en donde se da por descontada su media sanción, ya que el proyecto está firmado por diversos bloques con representación parlamentaria.

El proyecto de ley establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, predio popularmente conocido como “República Cromañón”.

En los fundamentos, la norma expresa como una de las finalidades de la expropiación la de conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual. Además, para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más.

Al comienzo de la reunión, Pérez Araujo aclaró que se agregó al proyecto -a pedido de las organizaciones de familiares y sobrevivientes de la tragedia- la parcela número 08 ubicada en la calle Jean Jaures 51 lindero al predio, del que han adjuntado el respectivo informe de dominio algo que se había consensuado la reunión pasada.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato (Pro), señaló: “Estamos cumpliendo con el compromiso que todos nos hicimos cuando despachamos este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales faltaba incorporar un informe de dominio, lo que fue incorporado rápidamente, así que habiendo cumplido con esta formalidad y siendo que se trata de un proyecto que tiene, nada más ni nada menos, la firma de casi todos los jefes de bloque de la Cámara. El proyecto de la diputada Penacca creo que estamos listos para despacharlo y mañana tratarlo en el recinto”.

“Vinimos a completar este trámite de un proyecto que es necesario, que es de acuerdo y que viene a saldar un reclamo de los familiares y estamos cumpliendo ese compromiso”, cerró Lospennato.

A su turno, la autora de la iniciativa compartió las palabras de la diputada preopinante y resaltó: “Estamos cumpliendo con ese compromiso”, y señaló: “Hemos trabajado a contrarreloj para poder tener el informe de dominio que era el trámite que nos faltaba cumplimentar”.

También le agradeció a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, porque “se puso a disposición y dio una mano para lograr en el tiempo muy escueto que teníamos para poder tener la información del dominio”.

Por otro lado, reconoció el “trabajo de muchos diputados y diputadas de todos los bloques que sabemos que para llegar a sesiones donde podamos votar leyes, tenemos que construir consensos y este ha sido un tema que, gracias al trabajo y al compromiso de los sobrevivientes y familiares, logró esos consensos y pudimos incorporarlo en el temario de mañana”.

Una de las presencias reclamadas por la oposición en el debate del Presupuesto 2023 era la del presidente de Aerolíneas Argentinas, Luis Pablo Ceriani, quien este martes expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde afirmó que de 2019 a 2021 la empresa registró una reducción del 34% en su déficit.

El titular de la aerolínea de bandera habló de una “recuperación muy fuerte hacia el año 2021, todavía con niveles de pérdida, pero con una recuperación bastante importante respecto a los niveles de 2020”, año de la pandemia.

También señaló que hay “reducciones en los niveles de endeudamiento”, el cual en 2019 estaba en “1.150 millones de dólares” y en 2021 marcó “menos de 800 millones de dólares”. “El déficit es la pérdida real de la compañía y las transferencias del Tesoro Nacional es cómo se financia esa pérdida. En 2019 hubo una fuerte financiación de las pérdidas con deuda”, explicó, y habló de un “nivel de endeudamiento muy fuerte” en 2019.

Sin embargo, “la reducción en la pérdida y la mejora en los números de la compañía se va traduciendo en una reducción de las transferencias del Tesoro Nacional paulatina, medida en dólares”. Para 2022, lo proyectado es de “514 millones de dólares”, indicó, y agregó: “Estimamos reducir las transferencias para el año que viene a 412 millones de dólares”.

En cuanto a la asistencia financiera prevista en el Presupuesto 2023, ésta asciende a 90.000 millones de pesos. No obstante, Ceriani subrayó que “el peso relativo de las transferencias a Aerolíneas Argentinas va cayendo año a año y para 2023 se reduce a un 0,31% del presupuesto”.

Sobre los pasajeros transportados, detalló que “para 2022 estamos esperando sobrepasar los 11 millones de pasajeros; y para 2023 esperamos superar los 13 millones de pasajeros” con un “aumento en la actividad del 18%”. Así, ponderó el camino de “menos transferencia del Tesoro, menos déficit y mayor actividad, con mayor cantidad de pasajeros transportados”.

Respecto a las operaciones de la empresa, actualmente opera 38 destinos domésticos y en 21 es el único operador. Al enumerar los destinos operados solo por Aerolíneas Argentinas, Ceriani lanzó: “Se estuvo planteando esta hipótesis de que Aerolíneas Argentinas no existiera: si no existiera todas estas conexiones no tendrían conectividad”.

Uno de los que consultó al titular de AA fue el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien cuestionó que “la conectividad de la empresa ha disminuido de una manera muy categórica” cuando “casi no tiene competidores”.

“No nos pueden mentir a los diputados, su frecuencia es mala. Y eso que nosotros somos unos privilegiados”, enfatizó sobre los problemas para “organizar las sesiones” por la falta de vuelos. “¿Qué medidas están tomando para mejorar la eficacia en al empresa?”, consultó y se quejó también de que “las tarifas subieron muchísimo”.

Recogió el guante el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien le respondió: “Los diputados tendrían mayores inconvenientes en algunas provincias para llegar a la Ciudad de Buenos Aires si no estuviese Aerolíneas, porque en realidad hay empresas que nunca irían a esas provincias por la falta de competitividad comercial”.

Ceriani aseguró de acuerdo a los indicadores de satisfacción, los que “tienen que ver con la calidad del servicio”, en lo que es cabotaje “se mantienen en niveles razonablemente altos”. Entre las cosas que “estamos haciendo para hacer más eficiente la compañía”, mencionó “la fusión de Aerolíneas y Austral” que “va a redundar en un aumento de la productividad que se va a ver reflejado cuando estemos a tope de la capacidad operativa”.

Uno de los temas que siempre genera debate dentro de la Ley de Presupuesto es el tema de los subsidios al transporte de pasajeros del interior, cuestión por la que no solo reclaman legisladores de la oposición sino también del propio oficialismo. Para el próximo año se prevé una partida de 66 mil millones de pesos.

Como se esperaba, ese fue uno de los ejes del consulta para el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien este martes se presentó ante la Comisión de Prepuesto y Hacienda en la última jornada con invitados para el tratamiento de la “ley de leyes”.

El primero en consultarle al funcionario fue el correntino Jorge Antonio Romero (FdT), quien remarcó que “desde 2018 el interior del país ha venido sufriendo una degradación en su servicio”. Si bien reconoció al “Gobierno nacional por no haberse desligado por completo”, sino haber “tomado como responsabilidad otorgar subsidios”, el oficialista remarcó que el reparto de “no es equitativo ni justo” entre el interior y el AMBA.

“Hay una asimetría muy importante que hace que hoy un ciudadano del interior tenga que pagar cuatro o cinco veces más el boleto que en la Capital Federal”, señaló, y apuntó que a diciembre de 2022, el AMBA habrá recibido “300 mil millones de pesos” en subsidios, mientras que para “el interior en su conjunto, 46 mil millones”.

Romero le preguntó entonces “¿qué posibilidad hay de que se pueda aumentar, por lo menos para cubrir la inflación que está prevista de 60%?” la partida de 66 mil millones. En ese sentido, consideró que una cifra cerca de los 100 mil millones de pesos sería “lo mínimo y la base que necesita el interior del país para subsistir”.

Además, el diputado habló sobre el proyecto que había recibido dictamen en la Comisión de Transportes, pero no llegó al recinto, por el cual se fijaban unos 59.500 millones para este año. Y consultó al funcionario sobre si podía ser que “por DNU se reacomoden los subsidios”.

Al momento de responder, Guerrera aclaró: “No son 300 mil millones, son 125 mil millones. Lo que hacen es sumar lo que destina provincia de Buenos Aires y CABA (a los subsidios que ya otorga Nación). Esa misma cuenta habría que hacerla con el interior. Son dos cuentas distintas la que hace”.

“No va a haber más de 125 mil millones para este año, por eso también estamos haciendo adecuación de tarifas”, subrayó y mostró en gráficos la “evolución de subsidios al interior del país; y no con esto digo que sea suficiente, alcance o tengamos que seguir atendiendo la cuestión”.

Respecto a “materializar a través de un DNU los 59.500 millones”, el ministro contestó: “No puedo confirmar ni garantizar que eso sea posible”.

Así, marcó que de 2019 a lo proyectado para 2023, hubo una suba de 991% en esta partida: en 2019 fue de 6.051 millones; en 2020 de 16.894 millones; en 2021 28.000 de millones; en 2022 (en ejecución) de 46.000 millones; y en 2023 está prevista en 66.000 millones. De 2022 a 2023 representa un 34% de incremento.

Para Guerrera, la implementación de un boleto federal “es muy difícil” porque “deberíamos tener unidad de criterios”. “El Gobierno nacional debiera llegar a todas las jurisdicciones de manera masiva con la SUBE”, abogó.

De nuevo sobre los números de subsidios, el titular de la cartera de Transporte precisó que para el AMBA habrá “una caída de 125 mil millones a 104 mil millones”, la cual “habrá que balancear con adecuación de tarifas”.

Otro de los que preguntó sobre el tema fue el presidente de la Comisión de Transporte, Jorge Rizzotti (UCR), quien pidió “volver a una situación de mayor equidad o justicia”. “No le queremos quitar al AMBA, queremos que haya un incremento al interior”, expresó y reclamó por un esquema de reparto 45%-55% y no de 39%-61% actual (con el mayor número para el AMBA).

A su turno, el diputado Ignacio García Aresca (Córdoba Federal) advirtió que el aumento previsto -del 34% de un año a otro- “no alcanza a la inflación que está presupuestada dentro del Presupuesto”. Y le pidió a Guerrera que responda “si realmente hay intención de modificar esa partida” ya que “no está dentro del artículo 81”. “Es función de ustedes, forma parte de la discusión legislativa”, se desligó el ministro.

En el arranque de su exposición, que se apoyó en filminas, Guerrera precisó que “el presupuesto total del Ministerio de Transporte asume a la suma de 748.507 millones, divido en dos grandes grupos: la administración central reúne 277.403 millones, y las empresas y organismos descentralizados 471.104 millones”. “El presupuesto de la administración central se reparte en 170.594 millones en subsidios; 98.234 millones en obras y adquisición de bienes y 8.574 millones en otros gastos”, abundó.

A su vez, el presupuesto 2023 para la administración central está dividido en cinco grandes grupos: modo automotor con 182.603 millones; modo ferroviario con 72.294 millones; modo portuario con 14.994 millones; administración con 5.847 millones; y modo aéreo con 1.663 millones.

En lo concerniente al modo automotor, se prevén unos 104.500 millones para asistencia con subsidios para 135 líneas nacionales que circulan por el AMBA, beneficiando a 3,7 millones de habitantes; y atributo social y pasajes para personas con discapacidad y trasplantados.

La cifra para la asistencia al transporte automotor del interior asciende a 66 mil millones. Entre otros números, se destinarán 11.500 millones para la modernización del sistema de transporte automotor y 576 millones para la ampliación de localidades con SUBE.

Sobre la inversión del sector ferroviario con financiamiento internacional se habla de 72 mil millones: 48 mil millones para el sistema para pasajeros y 24 mil millones para el sistema de cargas. Mientras que la inversión en el modo portuario asciende a 15 mil millones: 8 mil millones para obras en ocho puertos y 5 mil millones para la construcción del canal Magdalena.

El ministro puntualizó que la inversión en el modo aéreo será de 1.600 millones, de los cuales 745 millones se destinan a la remodelación de la torre de control de Ezeiza, y 901 millones para la modernización del sistema de vigilancia del tránsito aéreo.

En lo que respecta a las empresas dependientes del Ministerio de Transporte, éstas recibirán una asistencia del Tesoro Nacional por 442.035 millones de pesos: 104.052 millones las del sector aéreo; 337.982 millones las del sector ferroviario; y 195 mil millones las del sector portuario.

Guerrera apuntó que Aerolíneas Argentinas tiene previsto recibir una asistencia total de 90.000 millones. “Es la aerolínea que llega a más destinos, conectando 37 localidades argentinas”, destacó y agregó que “en el 2023 serán 20 los destinos donde sólo vuela Aerolíneas Argentinas”.

También, la aerolínea de bandera “cuenta con 45 intertramos, potenciando los vuelos federales sin hacer escala en Buenos Aires y con una mejor eficiencia operativa, reduciendo su pérdida en un 34% respecto a 2019”. “Además, en 2022 incorporó 7 nuevas rutas aéreas internacionales con San Pablo, La Habana y Roma”, dijo.

Más adelante, el titular de la cartera de Transporte detalló que Trenes Argentinos tendrá una asistencia de 270.000 millones. “Reactivamos 14 ramales en todo el país gracias a la recuperación de más de 700 kilómetros de vías, beneficiando a más de 280 mil pasajeros. Además, estamos realizando 570 obras ferroviarias en todo el país”, sostuvo.

Sobre las partidas para los organismos descentralizados, ascienden a 29.068 millones. En el desglose del reparto, está previsto que la Agencia de Seguridad Vial reciba 4.729 millones, de los cuales 300 millones se destinarán para el programa Alcohol Cero al Volante. “Actualmente 40 localidades se sumaron al alcohol cero”, dijo.

En el arranque de su presentación, el funcionario enumeró los objetivos de su cartera, tales como “acelerar la transición energética del sector automotor de cargas y de pasajeros; potenciar los nodos logísticos para hacer más eficaz el sistema de carga; mejorar la eficiencia del sistema de colectivos y de subsidios gracias a la información y las herramientas que nos provee la SUBE; y ampliar el alcance del sistema ferroviario para sumar más pasajeros y cargas toneladas”.

Asimismo, “incrementar los puntos de carga y diversificar los productos transportados; continuar con la transición energética de los ramales diésel al sistema eléctrico en el AMBA y extender la frontera eléctrica nacional; incorporar material rodante; mejorar la velocidad y frecuencia de los trenes y continuar con la recuperación de ramales que conectan el interior del país”.

En cuanto al modo portuario y vías navegables, el Ministerio apunta a “mejorar la infraestructura existente y desarrollar nuevos puertos; extender la vía navegable troncal hacia el norte e iniciar las obras del canal Magdalena; fomentar la flota nacional y el crecimiento de nuestra marina mercante”.

Y sobre modo aéreo, se busca “profundizar la mejora de la infraestructura aeroportuaria en todo el país, conectar más localidades en forma directa con destinos internacionales e incrementar las frecuencias nacionales e internacionales”, señaló Guerrera.

Entre los invitados hablaron también Luis Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas; Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos; y Daniel Vispo, director de Trenes Argentinos Cargas.

En su intervención, Marinucci destacó haber recuperado servicios ferroviarios que no llegaban a todas las localidades, como así también haber recuperado 56 estaciones. “El presupuesto que hoy venimos a presentar tiene que ver con seguir avanzando en la recuperación del sistema ferroviario a nivel federal; ser eficiente en la administración de los subsidios que recibimos y administramos esos recursos para llegar a lograr lo que acaban de ver y estamos planificando”, señaló, en referencia a un vídeo que mostró en principio.

Luego, ponderó que el servicio ferroviario es utilizado por más de un 1.300.000 usuarios, y se refirió puntualmente a un tema ríspido como es el de la incorporación de trabajadores a la planta de la empresa. Algo que atribuyó a la necesidad de “ir cubriendo las mayores demandas en función de la apertura de los ramales”.

En ese sentido, Marinucci dijo que el personal “nos ha dado muestras de la eficiencia de todo el sistema ferroviario”. Ejemplificó mencionado el impacto salarial que ha tenido la incorporación de personal señalando que en 2019, con 14 servicios menos, y menos pasajeros, la comparación daba 68% de entonces contra 54% en la actualidad. “Esto muestra la capacidad desde el Estado de administrar una empresa subsidiada muy fuertemente para todos aquellos que tienen menos posibilidades y eligen el tren, puedan pagar la misma tarifa”.

Destacó el presidente de Trenes Argentinos que el presupuesto es de $270 mil millones, con un fuerte impacto en el sostenimiento de la operación, más la construcción de puentes para eliminar barreras y reducir el índice de siniestrabilidad, destacando a su vez el gasto que hay en la renovación de material rodante.

Tras el fin de semana XXL, se reanudó este martes el debate por el proyecto de ley de Presupuesto 2023, con la participación del ministro de Transporte, Alexis Guerrera.

El funcionario se suma a la extensa lista de invitados del Poder Ejecutivo que estuvieron días anteriores defendiendo la iniciativa ante los diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller.

Además de Guerrera, en la jornada de este martes, la última con oradores invitados, se espera la presencia del director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón.

En el arranque del encuentro, Heller informó que la discusión continuará este jueves a las 11 y el próximo martes 18 de octubre, con la intención de emitir dictamen, para llevarlo al recinto al día siguiente.

NOTICIA EN DESARROLLO

Bien distinto de la experiencia del fallido Presupuesto del año pasado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados continúa con un intenso debate del proyecto enviado al Congreso por el ministro de Economía, Sergio Massa.

Precisamente fue el titular del Palacio de Hacienda el que abrió el fuego con la extensa presentación que brindó el miércoles 28 de septiembre. Tras él, sus funcionarios más cercanos continuaron con sus respectivos informes, y el desfile continuó la semana pasada, con sendas e intensas jornadas el 5 y 6 de octubre.

Ahora se espera que los últimos funcionarios expongan en el seno de la comisión que preside Carlos Heller este martes a las 11 de la mañana en el Anexo C. Visitarían la comisión el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, y también asistirían los presidentes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Sebastián Bonetto; y de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.

Para el día siguiente a las 11 ha sido convocada una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto, pero será seguramente solo para organizar cómo seguirá el debate los días subsiguientes, pues a partir del mediodía de esa jornada está prevista una sesión de la Cámara baja.

El debate formal entre los legisladores arrancará el jueves 13 a partir de las 11 de la mañana y en el oficialismo se ilusionan con la posibilidad de que se pueda firmar el dictamen y llevarlo al recinto el miércoles o jueves venidero. De suceder eso, se estarían adelantando los tiempos una semana, pues originalmente la idea era debatir el Presupuesto el 26 de octubre.

Habrá que ver si el consenso alcanzado es tal, como para justificar semejante adelantamiento.

La diputada nacional Estela Hernández (FdT) presentó una lista de obras públicas para ser revisadas o incorporadas a la Ley de Presupuesto 2023 en beneficio de la provincia de Chubut, y se la hizo llegar al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

En el marco del debate de la “ley de leyes”, la oficialista reclamó que se contemplen los recursos para obras en las localidades de Trelew, Rawson, El Hoyo y Lago Puelo, que no han sido incorporadas.

“Somos conscientes de que el país está atravesando una dura crisis y que debemos ser austeros a la hora de delinear el presupuesto. Es el deseo de todos que esta ley de leyes sea algo real, algo factible de concretar y no un listado de posibles cosas que, debido a la inestabilidad en el contexto económico producto de la pandemia y ahora de lo que está provocando la guerra, luego se torne algo imposible, pero también hay obras que por su urgencia no pueden seguir esperando y que son muy relevantes como las de pavimentación”, subrayó Hernández.

En relación a la propuesta elevada a Heller, señaló que “el pedido es el que le hicieron los intendentes” con quienes se comunicó personalmente para conocer de cerca el estado de las obras anteriormente comprometidas o aquellas que deseaban sumar a lo que previamente ya se acordó entre el gobernador Mariano Arcioni y el equipo del Ministerio de Economía de la Nación.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles, presidida por el oficialista Carlos Heller, tras la presentación que hizo la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona –en representación de la ministra Carla Vizzotti-m un tema que se repitió entre los interrogantes de los diputados giró en torno a la Ley de Salud Mental, respecto de lo cual desde la cartera señalaron que “desde su reglamentación en el 2013 fue muy poco lo que se hizo”.

La primera en hablar fue Tarragona, quien precisó: “Desde esta gestión se creó una subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, y eso ha jerarquizado la estrategia de trabajo con las provincias. La misma incluye muchas partes como la distribución de insumos, de medicamentos, la capacitación, la puesta en valor del trabajo en los centros de atención primaria, las transferencias en dinero para los centros de atención primaria y eso está integrado por varios programas del ministerio, no solo por la estrategia primaria de atención de la salud”.

“A veces se le pide al Ministerio de Salud dar respuestas respecto de las competencias indelegables de las jurisdicciones provinciales en atención de la salud. La atención de la salud no corresponde al Ministerio de la Salud de la Nación, y muchas de las cosas consultadas tiene que ver con esa estrategia de atención directamente a los pacientes”, aclaró y resaltó que “todo lo que discutimos y debatimos desde el nivel central, siempre se discute primero con ministros y ministras de salud de las provincias”.

Sobre los medicamentos para pubertad precoz, explicó: “Los medicamentos que distribuimos desde el Ministerio de Salud de la Nación lo hacemos toda vez que hay una ley que nos obliga a hacerlo. No puede distribuir medicamentos a personas, sino a provincias o a municipios. No tenemos atención a personas porque no es competencia del Ministerio de Salud. Entonces articulamos con las jurisdicciones provinciales para procurarles los insumos para que puedan dar respuesta a los pedidos que siempre llegan”.

“Tenemos infinidad de pedidos de acceso a medicamentos de alto precio que a veces no se pueden comprar porque no están disponibles en el país y, a veces, no tenemos programas que nos permitan comprar estos medicamentos porque no hay leyes que nos obliga a hacerlos. El Ministerio de Salud de la Nación solo compra medicamentos a personas cuando hay una ley o cuando un juez dice que lo tenemos que hacer, sino se trabaja con las jurisdicciones provinciales”, explayó Tarragona.

Sobre la adquisición de las vacunas por la viruela del mono, dejó en claro que “no es una pandemia, no es comparable con la situación de Covid-19. La vacuna que hoy está disponible no cuenta con la suficiente evidencia como para ser utilizada como mecanismo de prevención. Se ha llegado al acuerdo con expertos en vacunas y con la OMS de que no es necesario avanzar por el momento en la compra de ninguna vacuna”.

Por su parte, el secretario en Calidad de Salud, Alejandro Collia, fue el encargado de responder por la Ley de Salud Mental de la cual opinó que “cambia el paradigma de una atención biologicista del problema de salud mental por una atención comunitaria, social y una atención diferente. Estamos absolutamente consustanciados y estamos trabajando fuertemente en eso”.

“Esta ley no solo tiene una mirada de financiamiento sino otras cosas. Fue reglamentada en el 2013 y desde ese entonces hasta 2020 fue muy poco lo que se hizo, pero hay que entender cuestiones que están dentro del marco de la Ley y que están en el contexto general de haber sido degradadas como la CONISMA (Comisión Nacional Interministerial)”, criticó y agregó: “En el CONISMA la participación de cada área del gobierno le da ese abordaje integral, comunitario, social y otras tantas cuestiones que ponen a la persona que padece un trastorno de salud mental de una manera diferente”.

“El CONISMA había sido degradado, no funcionó hasta que nosotros pudimos darle el rango que realmente necesitaba que era la de estar en la jefatura de ministros donde ahí participan todos”, destacó Collia.

Por otro lado, manifestó que “había un montón de cosas que la Ley tiene que no estaban funcionando. Hoy por hoy en cuanto a las acciones que estamos haciendo son muchas, las hicimos en el marco de la pandemia. No impedimos que un paciente con una problemática de este tipo, no pudiera acceder a la continuidad de su tratamiento, por eso avanzamos con la receta digital, la teleconsulta y agregamos 31 prestaciones en el Programa SUMAR”.

“El financiamiento tiene que estar dirigido a resolver parte de las cuestiones que plantea la Ley. La readecuación de los hospitales, terminar con los manicomios, resocializarlos y eso necesita de la inversión.  Estamos trabajando para que se puedan consumar las casas de medio camino en las distintas jurisdicciones, que tiene que tener una ubicación acorde”, precisó.

Otro de los nombres que pasaron este miércoles por la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, quien detalló los objetivos centrales del organismo y resaltó que “este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022”. A su vez, comparó que en la gestión anterior “las jubilaciones y pensiones perdieron un 19.5 y hoy recuperamos un 4.7”.

En su presentación, Raverta recordó que “cuando llegamos a la gestión nos hicimos cargo del organismo en un contexto muy difícil atravesando la primera ola, la curva de contagios por las nubes, pandemia, crisis humanitaria mundial, nos propusimos dos grandes objetivos además de la urgencia de la pandemia, creíamos que teníamos que cumplir con objetivos estructurales porque para eso nos habían votado, para resolver los problemas reales y buscar soluciones definitivitas”.

“Los dos objetivos fueron recuperar tiempo perdido en relación al alcance a la cobertura de nuestras prestaciones, de los derechos que cada argentino recibe por parte del organismo mes a mes y, por el otro lado, recuperar tiempo perdido en relación al poder adquisitivo a la capacidad de compra, al valor de esas asignaciones”, precisó.

En esa línea, indicó que “volver a construir un organismo empático e inteligente nos puso a trabajar con mucho compromiso y muchas horas para asistir los 7,5 millones de jubilados y pensionados, los 8,7 millones de niños y adolescentes de los que 4,4 son de AUH y 4,3 millones de AAFF de chicos cuyos padres no tienen trabajo; 1 millón de personas con otro tipo de prestaciones”.

En ese sentido, sostuvo que “instrumentar la capacidad diaria del organismo puso como objetivo estar a la altura de un tiempo de emergencia”, y detalló: “Asistimos a 9 millones de personas con el IFE aquellas personas que tenían sus ingresos informalizados, también nos ocupamos de trabajadores en relación de dependencia achicando un aporte al sector privado y a las empresas en donde allí trabajaban pagando la mitad del salario a más de 1,8 millones de personas; REPRO II”.

Y siguió: “Bonos de Salud; había que acompañar a los trabajadores de la salud que ponían el cuerpo como todos, pero de manera especial porque era un tiempo en donde quienes trabajan en salud se sacrificaban y se exponían; el Bono de Cultura de 50 mil, porque es una Argentina que atiende a todos porque los trabajadores de la cultura no pudieron trabajar durante la pandemia se instrumentó una política de asistencia económica; bonos a jubilados y pensionados: en nueve oportunidades salimos a poner más dinero en el bolsillo, además de la instrumentación de los aumentos de la fórmula que fue votada en este Cuerpo;  el Refuerzo de Ingresos a trabajadores informales más de 7,5 millones de personas alcanzadas”.

“Estas medidas son medidas excepcionales, hubo que tomarlas en función de garantizar la cotidianeidad de un organismo que asiste, que dialoga prestacionalmente con 17 millones de personas esto sobrecarga nuestra capacidad, pero hemos podido estar a la altura de ese tiempo haciendo lo que había que hacer”, destacó Raverta.

A su vez, señaló que para garantizar esa afluencia diaria “son muchos los millones de ciudadanos que todos los días asistimos, estamos hablando de 90 mil personas por día que asistimos en las oficinas, realizamos 110 trámites por día, es decir, 2 millones de personas por mes y 2.3 millones de trámites mensuales”.

“Además de las más de 200 oficinas que teníamos, construimos 50 oficinas nuevas. Cuando nosotros llegamos en ANSeS eran 13.761 trabajadores, en 2022 estamos trabajando con 13.580 personas (-1,3%). Esto es algo que tenemos que atender porque tenemos más oficinas, más trabajo, más personas por atender, pero con menos empleados”, precisó la funcionaria.

Por otro lado, resaltó que “ANSeS llega a las familias argentinas dos grandes universos: a los chicos adolescentes, niños y niñas y a las personas mayores”. Sobre las personas mayores describió que “el alcance del sistema previsional argentino nos tiene que poner sumamente orgullosos como tenemos a una población en condiciones de obtener una jubilación asistida. El 95% de las personas que están en edad de estar jubiladas reciben una jubilación o pensión mensual”.

“Personas mayores de 60 años ¿qué hubiera sucedido si en pandemia no tenían la posibilidad de contar con una jubilación en ese contexto? Es la posibilidad de que hombres y mujeres en edad de riesgo que no son población económicamente activa, el sistema previsional garantiza que esas personas mayores tengan un plato de comida”, destacó Raverta.

En ese sentido, precisó: “Actualmente hay 8,8 millones de beneficiarios previsionales de los cuales más de 7 millones contributivos y 1,8 millones no contributivos. Este nivel de cobertura y de alcance es producto de dos decisiones políticas homologadas en este Cuerpo la Ley del año 2005 y otra el 2014 en donde los argentinos tuvieron la posibilidad de pagar su deuda con el Estado a través de una moratoria para poder tener la jubilación que otros con 30 años aportados tenían esa posibilidad”.

“Las jubilaciones de quienes tienen una moratoria son más bajas y las jubilaciones de quienes no tiene una moratoria y han tenido 30 años aportados tienen una jubilación más alta. El sistema previsional sigue garantizando ser un sistema solidario”, agregó.

Otro de los objetivos que se propusieron fue que “había que seguir garantizando el alcance para que todas las mujeres que tuvieran más de 60 años pudieran alcanzar una jubilación  y el tiempo que está vigente para pagar esa moratoria es muy chiquito para que se puedan poner al día , por lo tanto instrumentamos una política que tiene que ver con reconocer los años de aporte por las tareas de cuidado, es decir un año de aporte por cada hijo porque el Estado reconoce que ese tiempo invertido en la familia es tiempo que dedicaron a construir una Argentina mejor”, y resaltó: “Esa política permite que más de 207.000 mujeres accedan a una jubilación”.

“También nos teníamos que hacer cargo de hombres y mujeres que tenían los años aportados y no le debían nada al Estado, pero les faltaba edad y conseguir trabajo cuando sos más grande es más difícil. Con un decreto el 674/2021 se logró instrumentar una política que tenía un antecedente en el 2005 que es la jubilación anticipada para personas que a cierta fecha que se encontraran desocupados y de esta manera poder acceder a una jubilación. Son 20 mil jubilaciones anticipadas, iniciadas 16500 en el bolsillo”, explayó la titular de ANSES.

En suma, destacó que “todos los meses estamos mejorando nuestro funcionamiento, el rendimiento jubilando más gente”, y precisó que de los últimos 6 años en el mes de septiembre fue el mes donde más jubilaciones se tramitaron que fueron “556.992 nuevos beneficios previsionales en los primeros 9 meses del año”.

 “Cuando venimos a discutir un presupuesto, venimos a contarles para qué necesitamos el presupuesto y por qué necesitamos que aumente. Podemos mostrar que nuestro ejercicio cotidiano es mejorar la calidad de vida de los argentinos”, manifestó la funcionaria y retomó lo planteado al comienzo sobre “recuperar el tiempo perdido” explicando que apuntan a “mejorar el sistema previsional”.

Y cuestionó: “Arrancamos la gestión con una jubilación que había perdido 19.5 en los últimos dos años del gobierno anterior, hoy ya llevamos recuperado 4.7”, pero reconoció que “no es suficiente”, anquen señaló que “estamos en el camino correcto con una fórmula de movilidad que se votó en este Congreso para poder seguir recuperando capacidad de compra. No es fácil porque no arrancamos de cero, arrancamos de -19.5 por eso celebramos cada aumento trimestral porque nos permite seguir construyendo ese horizonte de mayor capacidad de compra con las prestaciones, con las jubilaciones y pensiones”.

“Este presupuesto prevé que para las jubilaciones y pensiones haya un 74% más de la proyección de cierre del 2022. Cuando crece el salario de los trabajadores, y la economía argentina, crece el bolsillo de los jubilados porque el presupuesto prevé que se mejore en un 79% la recaudación y un 63% los salarios y por eso necesitamos esa proyección, ese aumento”, explicó Raverta.

En otro tramo de su exposición se refirió a la seguridad social para las niñas y adolescentes que “también tenía que recuperar el alcance de la cobertura”, y enumeró la Ley 1mil días, el Programa Alimentar, el Complemento Mensual al Salario Familiar, el Refuerzo en las Asignaciones Familiares, la ampliación del PROGESAR. Son 8.7 millones de nenes a los que les llega todos los meses una asistencia que permite hace 13 años que los hijos de trabajadores tienen un plato de comida y de quienes no tienen trabajo”.

“La Asignación Universal es un esfuerzo enorme en términos presupuestarios para llegar a los hijos de los trabajadores del pueblo, desocupados, informalizados, pero también el salario familiar es un esfuerzo muy grande en términos presupuestarios”, resaltó la funcionaria.

Sobre la Ley 1000 días precisó que “teníamos 6 meses de asignación por embarazo ahora son 9, eso habla de equiparar a las embarazadas que tiene trabajo con las que no lo tienen. Son 80 mil mujeres”.

Otro de los Programas que explicó es el Alimentar, sostuvo que “son 9 mil pesos además de las AUH para los chicos menores de 14 años, $13.500 para las familias que tienen dos nenes de esa edad, y $18.000 para quienes tienen más de tres chicos. Es una erogación presupuestaria importante que es trascendente en momentos económicos complejos, prever el estimado presupuesto 2023 en $342.066 millones nos preocupa que los chicos del país puedan tener el alimento que necesitan. Además, vamos a invertir lo que sea necesaria para que ese alimento este”.

“La AUH más el Programa Alimentar garantizan un piso de ingresos para las familias más pobres de la Argentina. Recuperamos un 54.5 ese ingreso”, subrayó Raverta y remarcó que “la AUH es una política indispensable que nos pone en el mejor de los mundos en el país donde los hijos de todos tienen la misma oportunidad de ser alimentados. De esa manera construimos un lugar mejor. Va a aumentar en un 71% respecto del crédito vigente lo que representa $684.360 millones”.

Al hablar del Complemento Mensual al Salario Familiar, señaló que en octubre de 2021 duplicaron el valor de las asignaciones de Rango I y II para los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas categorías A, B, C Y D; y prestación por desempleo. “Esto alcanza a 2 millones de chicos”, detalló.

“Hace un mes decidimos aumentar a $20.000 las AAFF para el tramo 1 aumentos para los trabajadores con menos aumentos salariales. El presupuesto tiene que apuntar hacia ese lugar”, contó y comparó: “Cuando llegamos era del 83% y ahora es del 101%”.

Y cerró pidiendo que voten el Presupuesto 2023 porque “tenemos que seguir en este contexto ayudando a las familias de quienes son tiene trabajo registrado y a las familias de los trabajadores y reconocer el esfuerzo que hacen los trabajadores para llevar el país adelante”.

En su participación en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que debate el Presupuesto 2023, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, destacó la tasa de creciente del empleo asalariado como “uno de los niveles más altos de actividad que se han medido”, y señaló el compromiso del Gobierno en impulsar programas de asistencia y formación laboral. 

Al comienzo de su exposición, el ministro advirtió la “absolutamente disímil” estructura del Presupuesto 2023, en comparación a las previas iteraciones, tras la salida de la pandemia de Covid 19. 

“La situación cambió diametralmente, la realidad es que el panorama que tenemos ahora es totalmente distinto”, consideró el funcionario, por lo que en el nuevo Presupuesto “lo que hicimos fue poner más esfuerzo en programas como el Fomentar Empleo; largamos el Portal Empleo; fortalecimos las negociaciones colectivas, y lo que estamos trabajando muy fuerte también es en la asistencia a la regulación del teletrabajo, que es un fenómeno que se va a sostener”. 

En esta línea, señaló que el diagnóstico de la situación sobre el que trabajaron en este proyecto “es otro distinto del 2021 y 2020: la realidad es que los últimos datos que tenemos que son al mes de julio y agosto, es que la tasa de creciente del empleo asalariado privado es del 0,6 y es una tasa muy alta para la Argentina, significa 36 mil puestos de trabajo mensuales. Y esta tasa se viene casi repitiendo, entre el 0,4 y el 0,6 durante los últimos 19 meses. A diferencia del momento anterior que estábamos en una situación de empleo decreciente, hoy estamos en una situación de empleo creciente a tasas altas para lo que es la historia argentina”. 

“Hoy tenemos uno de los niveles más altos de actividad que se han medido, que es 47,9; una de las tasas de desempleo más bajas que es 6,9 y creemos que puede seguir bajando; la mayor cantidad de inscriptos en el sistema de seguridad social; y la mayor cantidad de trabajadores”, agregó en este sentido. 

En este punto, destacó, además que desde que se cuentan con estadísticas, estamos ante la mayor cantidad de mujeres trabajadoras registradas: “Si bien todavía es una población más afectada por el desempleo que los hombres, hoy la reducción de la tasa de desempleo de las mujeres ha sido muy marcada, y hoy es el mayor número de cantidad de mujeres trabajadoras ocupadas”. 

En cuanto a los convenios colectivos, advirtió que, “pese a la aceleración inflacionaria que hemos tenido, al mes de agosto la inflación acumulada estaba en 56,4% y el promedio de los convenios colectivos estaba en 57,1%. La realidad es que frente a un fenómeno como inflaciones altas y poco previsibles como las que tuvimos estos meses, la negociación colectiva viene demostrando que va ajustando salarios con la inflación”. 

Por otra parte, respecto a lo que están viendo para el 2023, consideró que, ante el panorama donde el empleo y la actividad económica están creciendo, “buscamos apuntar a otros aspectos, sobre todo lo que es fomentar, que va a estar apuntado a determinadas poblaciones que son las más afectadas por el desempleo: mujeres, jóvenes, mayores de 45, diversidades sexuales, discapacitados. Vamos a concentrar esfuerzos no en poblaciones generales, si no en específicas”. 

Asimismo, aseguró que concentrará muchos esfuerzos en formación profesional, y advirtió las dificultades que tienen las empresas en contratar trabajadores especializados: “En periodos de crecimiento del empleo como este, la cantidad de empresas que suele declarar tener puestos sin cubrir es aproximadamente el 4%, la realidad de hoy es que estamos casi en el 13% por no encontrar gente con las habilidades necesarias”, y reiteró: “En nuestro presupuesto, una de las principales actividades en el fomentar va a ser insistir en lo que son entrenamientos y formación profesional”. 

Sobre el final de su exposición, Moroni señaló que en 2023 promoverán la inserción de empleo laboral formal productivo de poblaciones vulnerables, priorizando las Medianas y Pequeñas Empresas: “En la actualidad, los programas de inserción laboral alcanzan a 32 mil trabajadores, estamos estimando para diciembre de 2023 elevar esa cifra a 56 mil trabajadores”. 

En este sentido, indicó que los programas de entrenamiento para el trabajo en este momento están en 157 mil, y “esperamos llegar a diciembre del 2023 a 272 mil entrenamientos para el trabajo. En general estos programas han dado muy buen resultado, porque quien pasa por un entrenamiento para el trabajo, que ya es dentro de una empresa, tiene varias veces más probabilidades de ser contratado que quien no ha pasado nunca por una formación de este tipo”. 

“Hoy estamos en 160 mil personas formando parte de cursos de formación y esperamos llegar a través del Portal Empleo llegar a 300 mil en diciembre del 23. En total, lo que engloba el programa FomentAR y todos los programas de empleo esperamos llegar a 500 mil personas”, precisó el ministro. 

En el desfile de funcionarios que asistieron a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó este miércoles que hacia el final de la gestión de Alberto Fernández, es decir, en un plazo de cuatro años, el presupuesto para la obra pública habrá registrado “un aumento del 633%” en comparación con los recursos previstos en 2020.

“Eso definitivamente es una prioridad y una decisión política del presidente de la Nación y nuestro Gobierno”, sostuvo. Además, dijo: “Más de 923 mil millones de pesos es el presupuesto que estamos proponiendo para mi cartera, y que se consolidan en las regiones más pobres”. 

En ambos sentidos, señaló que al culminar el gobierno del Frente de Todos, la obra pública en las provincias del Norte Grande se habrá incrementado en un “750%”.

Sobre los números del Presupuesto 2023, el funcionario detalló que se prevé “una inversión de 295.315 millones para la infraestructura vial, eso es el 32% del presupuesto total” que se distribuye en “1.192 kilómetros de obras en nuevas autopistas; 27.122 kilómetros de obras de mantenimiento; y 351 kilómetros de rutas seguras”. 

Además, se destinarán “298.880 millones de pesos en agua y saneamiento, un 32,3% del presupuesto total, con más de 598 obras y 192 mil beneficiarios directos”. 

También, se proyectan fondos por “34.913 millones para infraestructura urbana y rural; 20.481 millones para infraestructura del cuidado; y 274.095 millones para infraestructura educativa, ambiental, de conservación patrimonial y entramados productivos”. 

En su exposición ante los diputados, Katopodis mencionó la ejecución de “500 centros de desarrollo infantil”; una inversión de “más de 5 mil millones de pesos para que cada provincia tenga su centro de política de promoción de los derechos de género y diversidad”; una inversión de 43.400 millones en obras para poner en valor el sistema de salud pública; la construcción de 107 escuelas técnicas; y 3.312 intervenciones en municipios por más de 131.145 millones de pesos. 

“Vamos a terminar estos cuatro años con 2 millones y medio de argentinos que no tenían acceso al agua segura que lo van a tener; y con 3 millones y medio de argentinos, de los 20 que tenemos todavía como déficit, que no tenían acceso al saneamiento, que a lo largo de estos cuatro años están accediendo”, auguró. 

El ministro resaltó que “este Presupuesto expresa con mucha claridad cuáles son las prioridades que tiene hoy la Argentina”. “Van a ser cuatro años con obra pública ininterrumpida; van a ser cuatro años con obra pública que se asignó de manera absolutamente equitativa, si discriminación de signo político; van a ser cuatro años de obra pública que empujó la economía y generó puestos de trabajo; y van a ser cuatro años con la obra pública como motor para redistribuir oportunidades, reparar deudas y para que, definitivamente, como siempre ocurre cuando gobierna el peronismo, podamos generar desde cada una de estas decisiones la Argentina territorialmente más justa, equitativa e igualitaria que todos nos merecemos”, insistió. 

“Estamos presentado un presupuesto que vuelve en continuidad con lo que viene ocurriendo cada vez que elevamos un proyecto, que es garantizar un incremento de las partidas presupuestarias que nos van a permitir consolidar esta agenda de obras e infraestructura en todo el país”, defendió. 

El funcionario repasó que el Ministerio “ha transitado distintos momentos a lo largo de dos años y medio de gestión”. En primer lugar, al llegar, se tuvo que “reactivar la obra que estaba paralizada”, que era “un 70%”. Luego, vino el “impacto de la pandemia” y “el principal esfuerzo fue reconstruir la capacidad sanitaria”. 

“La salida de la pandemia fue poner como eje la recuperación del empleo. Arrancamos con menos de 300 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción y hoy ya estamos arriba de 450 mil”, subrayó. 

Por otro lado, ponderó el “carácter federal” para la distribución de los recursos de su cartera, lo que permite que se tenga “obra pública cubriendo el 95% del territorio, muy cerca de llegar al 100%”. “Hoy no hay un municipio que no tenga una obra de pavimento, saneamiento”, aseguró. 

Para Katopodis, hoy se está “en condiciones de encarar una nueva etapa” para “definitivamente sentar las bases serias y sólidas para el desarrollo de la Argentina”. “Hoy tenemos 5.400 obras activas en todo el país, de esas 120 son estratégicas”, sumó. 

A la hora de responder las dudas de los diputados, el funcionario explicó que “la meta de poder llevar adelante con el presupuesto 2023 unos 350 kilómetros de rutas seguras y estamos en obras en distintos puentes y túneles de la Argentina. Dos son emblemáticos por lo estratégico y se hacen en provincias que no están gobernadas por el oficialismo. Las obras más importantes de túneles y de puentes en el país están proyectados en la provincia de Corrientes, una obra que ya inició la licitación”, y remarcó que “hace 20 años que la Argentina no hace un puente, el último fue Rosario-Victoria. La otra obra estratégica es en Mendoza que es la duplicación del túnel Caracoles”.

“En 2021 terminamos el año con un 45% más del presupuesto aprobado, en 2020 con un 47% más”, comparó Katopodis y estimó: “Este año vamos a ejecutar el 100% del presupuesto. Vamos a ejecutar un presupuesto con posibilidad de poner a la Argentina en una matriz de desarrollo potente, con bases sólidas, porque una parte muy importante de las obras que estamos desarrollando se van a terminar”.

A su vez, sostuvo que “la agenda de desarrollo se construye y refuerza con la inversión en obra pública. Vamos a arrancar lo que es un ciclo y horizonte de mayor prosperidad y crecimiento con obras estratégicas y terminadas”.

Por otro lado, destacó que “estamos haciendo una inversión histórica en materia de infraestructura universitaria”, y detalló que “tiene que ver con estos 40 mil millones de pesos con estas 167 obras en ejecución con la idea de que las 56 universidades nacionales se terminen”.

Respecto de la inversión en las provincias del norte, indicó que “es del 766% el crecimiento del presupuesto entre el 2020 y 2023, eso se expresa en más de 1100 obras vigentes con 338 municipios alcanzados de los 400 que tienen las 10 provincias, con una inversión de 81.476 millones de pesos para el norte grande. La inversión ha sido sostenida y en la proyección del 2023 vamos a mejorar por encima del crecimiento promedio del país”.

“Vamos a lograr que 11 millones de argentinos mejoren su suministro de agua porque más del 38% del presupuesto está destinado a agua y a saneamiento. Estos cuatro años vamos a mejorar la calidad de los servicios”, bregó y cerró: “Año tras año ejecutamos un presupuesto en obra pública que viene creciendo y consolidando a la obra pública como motor. El año que viene va a haber más obra pública en Argentina como en ninguna, y esa es una definición política del gobierno”.

Tras la exposición del ministro de Defensa, Jorge Taiana, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles, fue el turno del ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, que advirtió la intención de su gestión de “ayudar a pasar de un esquema de programa de asistencia social a programas de incentivo del trabajo y la producción”. 

Al comienzo de su exposición, el ministro señaló el “cuadro social dramático” que se vivía al comienzo de su gestión: “De acuerdo a la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la inseguridad alimentaria en la Argentina pasó de 8,3 millones en el periodo 2014 –2016 a 14,2 millones entre los años 2016 – 2018. Se trató de un incremento del 71% y uno de los saltos más importantes registrados a nivel mundial”, graficó. 

En este sentido, lamentó que el difícil escenario social “se profundizara” por la pandemia del Covid 2019: “Nos afectó desde marzo del 2020 y buena parte del 2021. Sin embardo, desde el Gobierno nacional, junto a los Estado provinciales y municipales, el sector privado y la gran red social que tiene nuestro país, pudimos dar respuesta a la crisis provocada por la pandemia, sostener a las familias, y garantizar la paz social, y hoy seguimos ese camino de salida”. 

En ese marco, explicó que su gestión se apoyó en las ideas que tienen sobre la política y “que se repiten y entrecruzan en todo lo que hacemos: articular sectores diversos, acompañar y cuidar a quienes más necesitan, invertir en trabajo y producción y promover la movilidad social ascendente”, expresó, y sobre esta interrelación de conceptos agregó: “Profundizamos nuestras diferentes políticas para ayudar a pasar de un esquema de programa de asistencia social a programas de incentivo del trabajo y la producción, asociando la transferencia de ingresos a la capacitación laboral y el mundo del trabajo”. 

“Fortalecer estas políticas es fortalecer la distribución de la riqueza, la ampliación de los derechos, la generación de trabajo en el territorio y el desarrollo de programas con perspectiva de género”, consideró el ministro. 

Por otro lado, se refirió a las tareas de cuidado y transparencia que impulsa su cartera: “Como somos también el Ministerio del Cuidado pusimos en marcha un mecanismo para que los titulares del Potenciar Trabajo pudieran solicitar el cambio de unidad de gestión. Fueron casi 260 mil personas que pidieron cambiar y se cambiaron, es el 20% del total que tiene el programa”. 

Asimismo, se refirió a la inseguridad alimentaria que se vive en el país: “Durante el período 2016 y 2019, y agravado por la pandemia Covid 19 se produjo un proceso de deterioro económico y social del país, que puso en riesgo la situación nutricional y el acceso a una alimentación sostenible para una cantidad importante de familias, y en especial de niños y niñas”, señaló. 

Al respecto, indicó que “para dar respuesta a la grave situación social alimentaria en el país”, el Ministerio de Desarrollo Social implementó los programas de Prestación AlimenAR, que alcanza a 4 millones y cuenta con 2,4 millones de titulares. “En el contexto de pandemia y en el marco del aumento de los precios de los alimentos, AlimentAR adquirió un rol sumamente relevante para amortiguar los efectos de la crisis”, sostuvo. 

Además, mencionó el Servicio Alimentario Escolar: “Continuamos acompañando a los gobiernos provinciales para sostener la alimentación a través de comedores escolares en 15.838 escueles en todo el país, en las que asisten 2,3 millones de niños”. 

Seguidamente, se refirió a las políticas de inclusión socio productivas llevadas adelante, y mencionó el Programa Potenciar Trabajo: “Cuanta con 1,3 millones de titulares, distribuidos en todas las provincias del país, la inversión en el último mes fue de 35 mil millones de pesos”. 

Y explicó que se administran a través de Unidades de Gestión, “los convenios relativos a las unidades de gestión consisten en una transferencia de fondos para la ejecución de acciones que garanticen y promuevan la implementación, desarrollo y fortalecimiento de los proyectos productivos, comunitarios, socio laborales y socio comunitarios que se ejecuten en el marco del programa”. 

Estas unidades “son instituciones públicas o de la sociedad civil con las cuales el Ministerio convenia para proyectos socio comunitarios. Pueden ser de distintos tipos, cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, e instituciones públicas como municipios, gobernaciones u organismos descentralizados”, agregó. 

Ya finalizando su exposición, Zabaleta detalló que el Presupuesto 2023 “crece un 59% versus el crédito vigente a septiembre de este año. El 90% del presupuesto se concentra en políticas de inclusión socio-laboral y las políticas alimentarias, principalmente la prestación AlimentAR. El 90% del presupuesto está vinculado directamente con cada uno de los titulares y beneficiarios”. 

Cuestionado respecto al control público sobre los fondos destinados a los distintos programas de asistencia social, y la intervención de organizaciones sociales, el ministro que lejos de estigmatizar un movimiento o a una organización, les agradece: “Porque la mayoría de las veces llegan antes que el Estado. Y Ahí nos permite articular con el Estado y poder resolver”. 

Además, se manifestó en contra de los piquetes y las tomas de calles: “Lo dije y es una forma de trabajar: cortando calles no. Cuando quieran, donde quieran nos sentamos y vemos cómo podemos avanzar en todos y cada uno de los reclamos de una Argentina de 17 millones de pobres, y de una Argentina donde hay 50% de los nenes pobres, esto lo tenemos en claro. Lo que venimos a discutir acá es que nos acompañen para que el Ministerio pueda seguir abordando mucho más todos y cada uno de los ejes que tenemos de trabajo”. 

Asimismo, señaló que “como ministro nunca le he preguntada a nadie como piensa, como ministro me he sentado con todos y cada uno de los intendentes, no importa de qué partido sean, como ministro he ido a cada provincia no importa el espacio político que representen, es la forma y es el trabajo que vamos a seguir desarrollando para adelante”. 

En el arranque de una nueva jornada de debate del Presupuesto 2023, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, abrió la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados de este miércoles. 

En su exposición, el funcionario señaló que el plan de gastos y recursos prevé para el próximo año un total de 160 mil millones de pesos para el FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa). 

“El presupuesto proyectado nos va a permitir cumplir con los objetivos propuestos por el Ministerio para avanzar en la instrumentación que surge de la directiva de política de defensa nacional”, sostuvo y explicó que los “puntos fundamentales para una estrategia de defensa”, que allí se prevén, apuntan a que “la Argentina tiene una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma”. 

Sobre ello, agregó que “Argentina, que es el octavo país en territorio en el mundo, tiene que tener fuerzas armadas y tienen que estar en condiciones de garantizar la integridad territorial, la vida de los argentinos, la justicia de nuestra sociedad frente a una agresión externa, la libertad y las riquezas del país”. 

El ministro destacó que se ha puesto en marcha “un ciclo de planeamiento que no se hacía desde 2011”. “Los recursos siempre son escasos y la utilización de los mismos tiene que tener un sustento basado en una estrategia, de lo contrario desperdigamos esfuerzos”, resaltó. 

Sobre las prioridades de la gestión, Taiana afirmó que se busca “la modernización, el reequipamiento y redespliegue de las FF.AA”, las cuales “han tenido a lo largo de años una situación de mal equipamiento, de desgaste del material”. 

“Si tomamos los últimos 40 años y vamos a Malvinas, se ve ahí un decaimiento de los materiales, los medios e incluso el personal”, ejemplificó. 

Desde un “aspecto geográfico”, el funcionario dijo: “Queremos que las FF.AA. vuelvan a tener un despliegue nacional más alto”. “El Ejército va a volver a tener presencia en Catamarca, que hoy no hay ninguna; y en Tierra del Fuego, en Tolhuin”, informó.  

También, el titular de la cartera de Defensa aseguró que se tiene por objetivo un “aumento del número de los miembros del Ejército”, el cual “tiene menos de 50 mil personas y tiene 20 mil soldados voluntarios”. La idea es “aumentar ese número -de soldados voluntarios- a 30 mil a lo largo de este año”, continuó, para explicar luego que “el tamaño de la Argentina, su mar y el carácter bioceánico” que posee, requiere de que “tengamos fuerzas armadas con un número suficiente para desplegarse”. 

“No están completos los regimientos”, advirtió e insistió: “Necesitamos tener un número mejor y más efectivo de soldados voluntarios. Esto va acompañado de un plan de educación”. 

Por otra parte, Taiana expresó que se trabaja en “la incorporación y búsqueda de mayor participación de mujeres”, ya que “la igualdad de género está lejos de las FF.AA.”. No obstante, ponderó la “importancia de la feminización y creciente participación de las mujeres”, y reveló que este año, en el Colegio Militar de la Nación, “de 1.070 que comenzaron el año, 270 eran mujeres, más del 25%”. De modo que la incorporación de mujeres, “crece, es permanente, van ocupando las distintas áreas”, y aunque “es un proceso que tiene dificultades, se está avanzando bien”. 

En otro tramo de su presentación, el ministro se refirió al objetivo de tener “mayor presencia y control sobre los espacios marítimos y nuestro sur” ya que “ Argentina, como país bicontinental, busca tener una mayor presencia en Antártida”. Así, se aspira a “tener una base naval integrada en Ushuaia para que sea un lugar de proyección y preparación”, al tiempo de recuperar la base Petrel, que “se quemó en 1977 y desde ese año hasta este nunca se la arregló”. “Vamos a fortalecer Petrel”, prometió, de modo que sea “la base más importante del país” con “una pista de aterrizaje y un muelle”. “Va a ser la gran entrada argentina”, abogó. 

“Hemos vuelto a poner un radar en Río Grande, lo que nos ha permitido tener control aéreo en parte de la zona marítima y terrestre”, destacó luego, al tiempo que se mostró a favor de “la licitación y construcción del canal Magdalena, que es lo que le daría a la Argentina una vía propia de comunicación ágil, económica”. 

Además, informó que se “ha aumentado el control y la vigilancia marítima” ya que “a comienzos de este año comenzó a funcionar el Comando Conjunto Marítimo” y “por primera vez en muchos años no tenemos registro alguno de que alguien haya podido violar las 200 millas y entrar”. “Esos barcos que todos vemos en las fotos están en la 201”, añadió. 

Entre otros puntos, mencionó que se proyecta la instalación de radares en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, “y algún radar más en el sur”; volver a abrir una base aérea en Río Gallegos; y que se necesita recuperar la capacidad submarina. 

La cuestión salarial de las FF.AA.

Al momento de las preguntas, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) consultó al ministro sobre “cuál va a ser el proceso de convergencia” salarial y “en qué meses de 2023 las FF.AA. y las fuerzas de seguridad van a percibir el mismo salario”. 

En el mismo sentido, el diputado Alberto Asseff (Pro) señaló que ya “no es un tema de comparar” a las FF.AA. “con las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales”, sino “con el promedio de sueldo de la administración pública”. “Hay una desjerarquización funcional del personal superior y todo el resto del escalafón. Se está alentando la fuga de las FF.AA.”, alertó el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. 

Taiana contestó que “lo que brinda el FONDEF es el horizonte profesional”, pero “no hay en ningún Presupuesto pauta salarial”, sino que “lo que hay” en el mensaje del Ejecutivo es “un compromiso que dice que se va a equiparar a lo largo del año que viene. Lo más probable es que se haga en cuatro trimestres”. “No puede estar con números, porque si no no hay paritarias. Nunca en el Presupuesto están los salarios”, se justificó. 

Los casos Chirino y Verón

La diputada Romina Del Plá (FIT-PO) consultó al funcionario sobre “qué medidas van a tomar, concretas, para evitar lo que ha ocurrido este año no una sino dos veces” con el asesinato de Matías Chirino en Corrientes, y Michel Verón, en Misiones, quien “quedó cuadripléjico por lesiones tremendas”. 

“Son dos hechos por acciones de bautismos”, indicó y sostuvo: “Habiéndose eliminado el Servicio Militar Obligatorio después del caso Carrasco, tenemos situaciones muy serias”. 

Taiana contó que “se tomaron varias medidas. Se prohibió cualquier forma de bautismos. Se reunieron las autoridades. Se trató el tema en el ámbito educativo y se aplicó el código disciplinario de la manera más dura posible. Fueron considerados falta gravísima y se determinó la baja, en el caso de Chirino, de cuatro oficiales que habían participado del hecho y de varios suboficiales, y algunas sanciones menores. Y en el caso de Verón, un oficial y algunos suboficiales”. 

“Está absolutamente prohibido el concepto de bautismo, que es una vieja tradición, y que ya nos había llevado a echar gente antes. El año pasado se dio de baja al abanderado del Colegio Militar por una malteada”, aseveró. 

El ministro agregó que “se hizo una denuncia inmediata ante la Justicia Federal en ambos casos”. Y reveló que esta semana “Verón ha sido operado por tercera vez. Trajimos un médico de México”. “La reacción ha sido positiva, estaba en terapia intensiva, estaba estable y tenía algunas reacciones de sensibilidad. Nos estamos ocupando de esta tragedia. Es un delito gravísimo lo que se ha cometido con él. Se han tomado las medidas más severas que se han podido tomar y se ha hecho bastante; probablemente no sea suficiente, hay que seguir haciendo, porque esos cambios de cultura no se dan de un día para el otro”, completó. 

Compensación para las víctimas del ataque de Montoneros en 1975

En el tramo de las preguntas, el diputado Francisco Sánchez (Pro), quien después tuvo un pequeño cruce con Germán Martínez, recordó que este miércoles es un nuevo aniversario del “ataque del ejército Montonero al Regimiento de Ingeniero de Monte 29 en Formosa en pleno gobierno constitucional”, en 1975, donde “perdieron la vida 13 personas”. 

Al recordar el decreto 829/19, firmado por el expresidente Mauricio Macri antes de dejar el gobierno, en el que estableció que “las víctimas de ese ataque terrorista debían ser compensadas económicamente”, el neuquino dijo que “para eso se requiere una resolución” del Ministerio y preguntó si “está prevista la compensación el Presupuesto”. 

A la inversa, pero en el mismo sentido, el formoseño Fernando Carbajal (UCR), lo consultó: “Por qué razón en el Presupuesto no están previstas las compensaciones?”. 

Sin rodeos, Taiana expresó: “Eso no se ha pagado porque todas las reparaciones, las de Malvinas, las de los crímenes de la dictadura, las del ARA San Juan, todas han estado establecidas por ley. Esa no está establecida por ley. Trátenla en el Congreso, apruébenla, y sin dudas la cumpliremos. Si ustedes quieren esa ley, apóyenla políticamente”. 

En la pasarela de expositores en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller, que se presentaron para explicar el Presupuesto 2023, fue el turno este martes de la secretaria de Energía, Flavia Royón, y de su equipo de trabajo quienes estimaron que “con la segmentación que hicimos prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6”. Además, adelantaron que tiene previsto para julio de 2023 “la terminación del gasoducto Néstor Kirchner”.

En su ponencia, la secretaria de Energía explicó que los lineamientos “fundamentales” de la política energética del Presupuesto “reflejan los objetivos que vemos para la cartera porque el sector energético es fundamental y va a ser uno de los vectores de crecimiento para el país”.

Entre los objetivos que buscan desde el área, enumeró: “Seguridad jurídica y previsibilidad, desarrollo local, soberanía y autoabastecimiento, sustentabilidad, transición energética y desarrollo tecnológico nacional”, y señaló que “se ven reflejados partes en el Presupuesto 2023 y en las acciones que vamos tomando día a día con distintas iniciativas como el Plan GAS que buscamos dar previsibilidad al mediano plazo”.

“Energía, Combustibles y Minería representa el 9,8% del gasto de la Administración Nacional”, precisó Royón donde los principales conceptos son los “giros a CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y a ENARSA”.

Respecto a la incidencia de subsidios al gas y energía eléctrica sobre el total de gastos, precisó que “en este presupuesto 2023 de acuerdo al trabajo que hicimos con la segmentación, prevemos que los subsidios van a pasar del 2,2 del PBI al 1,6”.

“La política energética que estamos trabajando para el próximo año que esta centrado en el presupuesto es primeramente el desarrollo del sector hidrocarburífero, después el desarrollo del sector eléctrico. Después diversificación de la matriz y el tema de eficiencia energética que también va a ser central en las líneas de acción el año que viene. Por último, redireccionar el tema de los subsidios”, describió la funcionaria.

A su vez, indicó que “para el año que viene esto estamos previendo la terminación del gasoducto Néstor Kirchner para la sustitución de importaciones, ya que tenemos en cuenta el contexto geopolítico de alta incertidumbre que ha llevado a un alza de precios”. En ese sentido, explicitó los precios que están previendo de importaciones tanto de gas de Bolivia como de GNL: “Los precios previstos en el Gas de Bolivia es de 9,7 dólares por millones de BTU y de GNL por 25 dólares es el valor que estimamos”.

“En el marco de transición energética, el gas natural es el primer paso hacia la neutralidad en carbono y es lo que nosotros queremos impulsar y dentro de esta política energética, nosotros aspiramos a exportar nuestro gas. Para eso queremos avanzar primero en consolidar el autoabastecimiento que va a garantizar un gas para los argentinos a precios competitivos y para esto necesitamos obras imprescindibles en infraestructura. Es necesario en este presupuesto el Transportar 1 y 2 y todas las obras complementarias”, explayó la secretaria de Energía.

Respecto al Transportar, señaló que en esta primera etapa “tiene previsto la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en la etapa entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), la construcción del gasoducto entre las ciudades de Mercedes y Cardales (Buenos Aires), la ampliación del gasoducto NEUBA con Ordoqui, la Planta Compresora Mercedes, la de Tratayén y la de Saliqueló”, y precisó que “esto va a posibilitar de que en una primera etapa en el mes de julio del 2023 podamos incorporar al sistema 11 millones de metros cubos día con la sustitución de importaciones con 2.400 millones de dólares”.

“Durante el 2023 se prevé construir un récord de 683 km de gasoductos con la generación de más de 45 mil puestos de trabajo, y un impacto positivo en la balanza comercial de 2.440 millones de dólares por año por sustitución de importaciones”, expresaba una filmina de la presentación de la funcionaria.

En otra línea, manifestó que “estas obras de transporte no son una política aislada, sino que están enmarcadas dentro de otras obras de expansión del sistema del gasoducto”, y remarcó que “en los últimos años se han construido 40 kilómetros de gasoducto y en este presupuesto para el año que viene estamos previendo la construcción de un poco más de 500 kilómetros”.

“Esta obra va a posibilitar la mayor evacuación del gas de Vaca Muerta lo cual va a permitir un desarrollo cualitativo y cuantitativo, aumentando la producción en un 30%. También estamos previendo la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la ampliación de la capacidad de compresión en el GNEA y la instalación del gasoducto Norte”, explicó Royón.

En ese marco, remarcó que las obras “son fundamentales” porque “van a posibilitar que el norte del país pueda acceder al gas competitivo de Vaca Muerta, posibilitará la integración de mercados energéticos y la exportación hacia Brasil. Vienen acompañadas de un presupuesto para la expansión de gas en aquellas localidades de las provincias del norte que no tienen acceso al gas natural”.

“El Programa Transportar permitirá aumentar el autoabastecimiento y la sustentabilidad energética, abaratar el costo de la energía, ampliar la capacidad actual del sistema del transporte de gas natural, consolidar la interconexión de los sistemas de transporte existentes, garantizar las condiciones necesarias para el incremento de la producción y generar 10 mil puestos de trabajo directos”, detalló la secretaria.

Por último, Royón aseguró que “todas las acciones contempladas en este presupuesto, van dirigidas al logro de la seguridad, eficiencia y sustentabilidad energética para que Argentina nunca más dependa de importaciones de combustibles para la generación de la energía y se convierta en un exportador neto para los mercados regionales e internacionales”.

Tras los incendios en el Delta del Paraná y los focos activos en Córdoba, palabra esperada para escuchar era la del ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, que se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo de Carlos Heller- para exponer sobre el Presupuesto 2023.

En su ponencia, el funcionario comparó la gestión del expresidente Mauricio Macri con la de Alberto Fernández y señaló que “el Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”. A su vez, responsabilizó -una vez más- a las provincias y a los productores rurales por los incendios.

En su presentación, Cabandié remarcó que “en cuanto al Presupuesto del Servicio Nacional de Manejo de Fuego, que es una de las áreas más sensibles del Ministerio, lo incrementamos 35 veces en relación al ejercicio 2019”.

En ese sentido, destacó que “en nuestra gestión tenemos la política vinculada a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Estamos en proceso de la creación de 8 centros ambientales en distintas ciudades Quilmes, Chascomús, Concordia, Formosa, Villa María, Valle de Uco, Luján y Moreno. Dos de ellas van a inaugurarse este año la de Formosa y luego la de Concordia”.

“El resto las terminaremos de inaugurar durante el ejercicio 2023. Por otro lado, tenemos una planificación de llegar a 15 centros ambientales porque conseguimos una renovación del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento externo”, contó

y precisó: “Hemos creado durante la gestión la Brigada de Control Ambiental que le dimos más competencia a las inspecciones que realiza el Ministerio. Las inspecciones y facultades que tenemos son dos porque son dos leyes anteriores a la reforma del 94. Una es residuos peligrosos y la otra es tráfico de fauna. El resto de las funciones no tienen competencia en el ámbito nacional por el 194 de la Constitución Nacional”.

Sobre la política de cambio climático, el funcionario de ambiente señaló que “es un tema de agenda internacional”, respecto del que “nuestro país se compromete ante el mundo, ante Naciones Unidas, ante la Comisión de Cambio Climático a limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, al asumir compromisos de adaptación y de investigación, poner metas”.

“La última contribución ante organismos internacionales vinculado a cambio climático indica que Argentina se compromete para el 2030 reducir un 27,7 menos en relación a lo que presentó el Estado en 2016. Eso es una meta que tiene un cumplimiento que al mismo tiempo estamos llevando a cabo en una mesa de trabajo con las provincias y en un Plan de Adaptación de Cambio Climático”, informó.

En esa línea, indicó que “de no cumplir esas metas, tendríamos serios problemas a futuro en el desarrollo y en la producción”, debido a que “eso nos impediría acceso a créditos, nos quitaría liderazgo y las consecuencias ambientales. Entre la ecuación de producción y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero es una discusión compleja que tenemos que dar entre todos, que tenemos que ponernos de acuerdo, que va a traer discusiones, que conlleva a tensiones, pero es una discusión que hay que dar porque no queda otro camino, porque es la única opción que tenemos”.

“También juegan otras variables que son la posición de otros países del hemisferio sur frente a los países del norte, por eso siempre buscamos ese equilibrio entendiendo que los países que más han contaminado y degradado al ambiente y que nosotros sufrimos esas consecuencias son los del hemisferio norte”, precisó Cabandié

Sin embargo, sostuvo que “los países del sur en desarrollo no somos ajenos a lo que nosotros también contribuimos en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, pero son insignificantes frente a la degradación ambiental que produjeron los países centrales como China, Estados Unidos”.

“Nuestro reclamo central es que los organismos internacionales brinden lo que se comprometieron hace años como líneas de crédito para países en desarrollo y eso nunca sucedió y es un reclamo que llevamos a cabo en situación de desarrollo”, denunció y explicó que “al no obtener ese financiamiento se hace difícil alcanzar las metas del 2030 o 2050 porque son dos metas una de carbono-neutralidad y la otra no superar la línea de aumento de promedio de temperatura de 1,5 y ahora estamos en 1,1”.

Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”.

En ese contexto, también hizo referencia a la necesidad de la “captación de esas emisiones de carbono que se da a partir de preservar y cuidar los bosques nativos”. “Tenemos una Ley de Bosques que data del 2009 que ha sido importante porque redujo la cantidad de deforestación anual, pero no alcanza y tenemos que ser más proactivos en términos de conservar los bosques nativos, las ecorregiones que tenemos”.

“Si comparamos lo presupuestado en el 2019 frente al ejercicio vigente y al próximo año, hemos multiplicado por 10 los fondos de la Ley de Bosques”, comparó el ministro, pero consideró que “no es lo suficiente porque no se llega al 0,3”. “En ejercicios como 2016 y 2017 la transferencia a las provincias fue 0 para la protección de sus bosques nativos”, reiteró.

Los desafíos en el ámbito legislativo

En otro tramo de su ponencia, el funcionario destacó: “Durante estos dos años hemos tenido leyes importantes como la Ley de Educación Ambiental que fue una iniciativa del Ejecutivo, la Ley Yolanda”, y sumó: “La creación de nuevos parques como el Parque Nacional Ansenuza el humedal más grande de Latinoamérica, la creación el Parque Nacional Islote Lobos, la creación del Parque Nacional Federal San Juan, la ampliación del Pre Delta en Entre Ríos, y falta media sanción en el Senado del Agujero Azul sobre áreas marinas protegidas”.

“En la Cámara de Diputados hay dos temas importantes en cuanto a leyes de la agenda ambiental que tienen que ver con la ampliación de Aconquija y la Ley de Jubilación Anticipada de Brigadistas”, consideró.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”,

Por otro lado, adelantó que están en proceso de gestión “la creación de otros parques como Arrayanes de Concepción primer Parque Nacional de Catamarca que no tiene, Parque Nacional Laguna del Palmar en Chaco, Parque Nacional Jaaukanigás en Santa Fe. Los Parques Nacionales son clave en una industria limpia y de desarrollo para el turismo”.

“Quedan leyes pendientes que son estructurales y que a nadie se les escapa como Ley de Humedales, Ley de Envases serían dos leyes muy importantes que puedan sancionarse”, subrayó Cabandié.

Crecimiento Presupuestario 2019-2023

Sobre este punto, el titular de la cartera de Ambiente profundizó las comparaciones entre la gestión anterior y la actual, al señalar que “pasamos a tener un presupuesto más robusto. Al iniciar el ejercicio vigente, el Ministerio de Ambiente era dentro del Gabinete la jurisdicción que menos presupuesto tenía y el Ejecutivo nos posicionó en ser uno de los Ministerios con más Presupuesto 123% de aumento en relación al ejercicio anterior. Tenemos 35 mil millones de pesos de presupuesto y llevamos ejecutados 20 mil millones de pesos”.

“Tenemos cuotas de 3 mil millones de pesos para distribuir en los bosques nativos distribuidos en los meses del último trimestre, para la protección y conservación, además de compra de bienes de uso de parques nacionales”, comunicó y agregó: “La variación real pasó de ser en el 2019 de $4.359 millones de pesos, se duplicó en 2022 a $8.798 millones”.

A su vez, resaltó que “la distribución del presupuesto es equitativa”, y apuntó: “Lo que nosotros hicimos en estos años es pasar de un ministerio de consultoría de documentos a un ministerio de política pública porque no era adecuada esa manera, teníamos que pasar a la acción e hicimos hincapié en la inversión”.

“Hemos incrementado el crédito externo o donación. La agenda ambiental tiene la posibilidad de tener fuentes como donación. Hemos gestionado importantes créditos, una de ellas fue la del Banco Interamericano de Desarrollo”, ponderó y volvió a cuestionar: “Ese crédito que se consiguió a fines del 2015 en el periodo 2016 a 2019 solamente fue usado en un 18%”.

Y continuó: “Cuando nosotros asumimos nos sentamos con representantes del BID nos dijeron que cerraban el crédito porque no se había ejecutado. Les pedimos que confíen en que nosotros que queríamos ejecutarlo porque la política de gestión de residuos es muy importante para el país porque teníamos que saldar deudas vinculadas a esa situación casi medieval, ya que la mayoría de los residuos se destinan a basurales a cielo abierto, en el peor de los casos se conforman montículos y microbasurales en centros urbanos, y esa política tenía una fuerte convicción de construir plantas, centros verdes”.

“Aquellos que quizás piensan que el estilo de nuestra concepción o cosmovisión está alejado del mundo, es muy por el contrario porque incrementamos las fuentes externas de financiamiento con crédito baldo. Nos pasó muchas veces que esos créditos se devolvían, nos pasó con el Banco Mundial, había para protección y cuidado de bosques nativos había un crédito de 64 millones de dólares que la gestión anterior decidió devolver, nosotros no queríamos devolverlo queríamos usarlo”, disparó.

Y remató: “El financiamiento externo que es para la gente no se usa o se devuelve, y el financiamiento que es para la timba financiera se tiran de cabeza para conseguirlo y después nos traen serios problemas”.

Respecto a la ejecución de la Fuente Externa, Cabandié avizoró: “De efectivizarse todas las gestiones que venimos realizando, Fondo Verde para el Clima, BID, Agencia Europea de Financiamiento, vamos a llegar a casi 950 millones de dólares para la agenda ambiental”.

El balance de gestión: El Manejo Nacional del Fuego

Sobre este punto, el ministro indicó que se incrementó 35 veces el Manejo Nacional del Fuego y destacó que “hoy tenemos 7 mil millones de pesos de presupuesto, pero al mismo tiempo y en modo de agradecimiento a partir del ejercicio 2021 quedó establecido un 0,3 por mil de las pólizas de seguro para el Plan Nacional del Manejo del Fuego que era un acto de justicia porque tiene conocimientos, misiones y objetivos específicos que tiene que ver con bosques nativos, pastizales, con los bienes naturales”.

“Eso nos permitió incrementar la cantidad de brigadistas nacionales que de 67 pasamos a 133, 395 que pertenecen a parques nacionales. Estamos en proceso de construcción de 11 bases de fuego de parques nacionales, triplicamos la cantidad de bases para cubrir las distintas zonas”, informó. Asimismo, precisó que “lo presupuestado para el 2023 esta en el orden de los 10 mil millones de pesos”.

Por otro lado, explicó: “Nuestro país alquila aviones para combatir el fuego, el Estado Nacional nunca ha tenido medios aéreos propios y estamos haciendo esfuerzos para comprar, pero las licitaciones internacionales son complejas. Cerramos este lunes la compra con Canadá de dos helicópteros de gran porte de 15 mil litros de disparo que se multiplica por 5”.

“Recién para 2026 hay entrega de aviones hidrantes y eso es una dificultad. No abocamos a dos helicópteros. Al mismo tiempo para este verano vamos a tener 2 helicópteros uno de Francia y otro canadiense de gran porte, también en modo de alquiler para complementar los medios aéreos que tenemos 22”, manifestó.

Además, señaló que “esto es responsabilidad de Nación, triplicamos las bases, superamos la cantidad de brigadistas”, pero remarcó que “los recursos naturales les pertenecen a las provincias es el 124 de la Constitución Nacional y tienen la responsabilidad, además de tener el beneficio de hacer uso de sus recursos naturales, eso conlleva obligaciones y derechos”.

Y se preguntó: “¿Por qué la Nación es la única responsable contra el fuego y no las provincias? siendo que en Jujuy el litio es de Jujuy, el fuego también”. Por consiguiente, sostuvo que “así como hay provincias que en el último tiempo han alcanzado un nivel optimo de conformación de combate de fuego, hay provincias que están en proceso y otras todavía tiene que mejorar para tener combatientes”.

“¿Quién rige el accionar? Existen las normas, la 26.815 es la que rige y establece que la Nación solo actúa en requerimiento de las provincias”, subrayó Cabandié.

Asimismo, resaltó que “estamos en contextos de aumentos de temperaturas, de sequías, que el combustible de los pastizales de bosques esta acumulado, ante situaciones de extremidad es complejo por eso estamos realizando inversiones, entregando 50 millones de pesos a las provincias, vamos a mandar 50 aviones a demanda de insumos específicos para el combate de fuego a cada provincia, un camión autobomba, un camión volcador”, y destacó: “La inversión del manejo nacional del fuego a las provincias representa el 30%”.

“El 95 % de los incendios son por causas humanas. La que tiene que cambiar es la justicia, porque ninguno de los gobiernos ejecutivos, tenemos poder de policía para perseguir, imputar y dar con aquellos que prenden. ¿Dónde esta la justicia? es lo que nos preguntamos en la situación del Delta”, denunció.

Al cierre de su presentación, apuntó contra la oposición y los reiterados mensajes en Twitter: “Más allá de los 124 caracteres que tienen para escribir lo que quieran, tienen que entender que la situación del Delta es estacional y que tiene que ver con algo productivo. Les guste o no les guste pueden escuchar declaraciones de la sociedad rural del 2018 donde ellos decían lo que estaban haciendo que queman pastizales para ampliar la zona de pastoreo”.

“La actividad agropecuaria es estructurante para la economía del país, pero tenemos que pedir que no se haga de esa manera, es ahí donde tenemos que reclamar que la justicia actúe”, cerró el ministro de Ambiente responsabilizando, una vez más, a los productores.

Solicitado por el interbloque de JxC, se hizo presente este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados -a cargo del oficialista Carlos Heller– el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, para explicar algunos aspectos del proyecto de Presupuesto 2023 respecto del que adelantó que “habrá “un proceso de desaceleración inflacionario”.

Previo a la exposición del funcionario, Heller aclaró que el Banco Central “no es parte del Poder Ejecutivo” y que “tampoco es un punto preciso del presupuesto, pero las cuestiones financieras tienen un punto de amplitud que lo ameritaban tener su presencia”. “Hemos hecho todo el esfuerzo y hemos contado con la colaboración teniendo en cuenta las dificultades de la gestión y los horarios, así y todo, logramos que el presidente del BCRA venga”.

Al tomar la palabra, Pesce remarcó que el directorio del Banco Central “ha fijado públicamente los lineamientos de la política monetaria, cambiaria y financiera. Lo hicimos al comienzo de la gestión en enero de 2020, luego en octubre revisamos esos puntos y ene Nereo de este año volvimos a revisarlos, pero no en el fondo de la cuestión”.

“Lo que planteamos es que el Banco Central tiene que tener un rol activo en la economía comenzando por el tema financiero”, resaltó el funcionario y recordó que en la gestión anterior en el BCRA “se había desarrollado una línea de inversión productiva orientado a las PyMes que en el 2016 se abandonó y la recuperamos en el 2020, lo que ha permitido desembolsos  de financiamientos a las PyMes por 2.8 billones de pesos y hoy cuenta con un saldo de 900 mil millones de pesos lo que representa más del 30% el financiamiento comercial a empresas”.

A su vez, indicó que plantearon “la necesidad de que la economía argentina contara con tasas de interés que remuneraran al ahorro, de tal manera, que se pudiera compensar la inflación y también que era necesario evitar atrasos en el tipo de cambio para mantener la competitividad del país”.

En ese sentido, reconoció que esos planteos “cambiaron con la presencia de la pandemia”, al criticar la gestión de Cambiemos porque “veníamos de un proceso inflacionario fuerte entre los años 2018 y 2019 acompañado de un proceso recesivo. La pandemia la recibimos en esas condiciones”, y agregó: “Con la necesidad de reestructurar la deuda privada externa del país y también con el FMI con el cual teníamos vencimientos en el 2022 y 2023 que eran absolutamente inabordables”.

“El modo de afrontar la pandemia en esas situaciones era solo uno: a través del financiamiento monetario por eso alcanzó un récord en el 2020, pero superada la situación de pandemia al superar la situación de pandemia volvimos a plantear la posibilidad de que el Estado se financiara a través del mercado de capitales y menos a través de la emisión monetaria”, explicó Pesce y precisó que el financiamiento monetario “se redujo” en el 2020 y adelantó que “se reducirá en el 2022 y está previsto reducirlo en el 2023 en niveles que son más bajos que se presentaron en el 2015 con excepción del 2018, la monetización del déficit va a ser menor”.

Por otro lado, destacó que el tema inflacionario y volvió a recordar que “recibimos la gestión con niveles de inflación altas del 53% en el 2019 y cerca del 50% en el 2018”. “Cuando uno ve las experiencias de reducción inflacionarias hay dos mecanismos clásicos: uno es generar procesos recesivos y otro es la apertura económica y otra, más complejo de abordar, es el crecimiento económico en un país que tiene 36% de pobreza, niveles de desocupación de 6,9%. El camino de contraer la demanda a través de procesos recesivos tiene consecuencias sobre el tejido social que en nuestro país es muy delicado y el camino de la apertura económica es imposible de recorrer para la argentina porque no cuenta con financiamiento externo”, explicó.

En esa línea, Pesce señaló que el camino que queda por recorrer “es el sendero del crecimiento y en el corto plazo ir revisando aquellos impulsores de la oferta y de la demanda y, también, buscar acuerdos de precios con aquellas empresas que son proveedores de bienes salarios de consumo masivo. Este es el camino para resolver el problema inflacionario en la Argentina, es difícil de llevar adelante, pero los otros dos caminos clásicos utilizados no podemos recorrerlos incluso cuando quisiéramos por las dificultades sociales que traería y que tenemos que tener presente”.

“El problema económico mas grande que tiene el país es la pobreza y la desigualdad y no podemos tomar políticas económicas que afecten aún más esa situación”, planteó el presidente del BCRA. Asimismo, avizoró que para el 2023 “no esperamos shocks externos en el tema inflacionario, lo que sufrimos en el primer trimestre del 2021 y 2022 no hay previstas modificaciones bruscas del tipo de cambio que es otro elemento que potencia la inflación en el país. Va a haber un proceso de desaceleración inflacionario que esta reflejado en el presupuesto con esa estimación del 60% de inflación y una devaluación acorde con esos niveles de inflación”.

Por otro lado, sobre el crecimiento sostuvo que “hay que hablar de las limitaciones que presenta” al señalar que desde la década del 50’ el país “presenta restricciones desde su balanza de pagos y desde el sector energético”, y siguió: “Siempre que se iniciaron procesos de crecimiento, han chocado contra la barrera de provisión de energía o de la balanza de pagos, o combinación de ambas situaciones. Esto fue lo que dificultó el crecimiento del país a partir de principios de la década pasada cuando pasamos de exportar 85 mil millones de dólares a exportar 60 mil millones de dólares y a partir de allí se inició un proceso de crecimiento y caída del producto año contra año, salvo lo que ocurrió en el 2018-2019 y 2020 donde tuvimos tres años seguidos de caída del producto”.

“Argentina esta exportando ahora 70 mil millones de dólares el año pasado y este año seguro llegaron a los 90 mil y el próximo año lo superaremos”, estimó Pesce y subrayó que este año “se nos presentó una situación compleja porque no se había desarrollado la infraestructura para la provisión de energía a través de gas e hidrocarburo en Vaca Muerta y tuvimos que importar con la guerra de Ucrania mediante que disparó los preciso generando importaciones adicionales”.

En esa línea, avizoró: “El año que viene en la primera etapa de desarrollo de gasoductos y oleoductos va a estar terminada, seguramente vamos a tener una importación de energía, va a permitir que la economía pueda crecer y contribuir a la desaceleración de la inflación”, y remarcó: “El año que viene vamos a tener el índice más bajo de monetización fiscal desde el año 2015”.

En otro tramo de su ponencia, hizo referencia a la expansión de las herramientas de esterilización del BCRA que “han cambiado de significado a partir de nuestra gestión. Anteriormente se había permitido que fondos de inversión extranjeros comprar las lebacs letra del banco llegando a un pico de instrumentos de más de 11 puntos del producto en el primer trimestre del 2018”.

El debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023 se reanudó en la Cámara de Diputados con la participación del ministro de Educación, Jaime Perczyk, quien fue el primero -de una larga lista de funcionarios- en exponer este martes. 

Durante su paso por la sala del segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja, el titular de la cartera educativa negó un recorte presupuestario en las partidas destinadas a universidades nacionales. “No hay una disminución de transferencia de los fondos a las universidades”, aseguró. 

Además, apuntó que “la paritaria universitaria el año pasado recuperó tres puntos respecto de la inflación” y esta semana se reabrirá la paritaria, de modo que los nuevos aumentos -no proyectados en el plan de gastos y recursos- se incorporarán el año que viene. 

El ministro arrancó su presentación hablando de “las principales líneas de inversión” que apuntan a “poder integrar cada vez más a todos los chicos del país, de todos los sectores de la sociedad, reduciendo los niveles de desigualdad”. 

En ese sentido, Perczyk se refirió a la ampliación de la jornada escolar, con “al menos 25 horas de clases semanales en la escuela pública”, medida sobre la cual ya se firmaron convenios con 18 provincias y están en trámite otros tres. Esta decisión apunta a recuperar las horas perdidas en dos años, producto de la pandemia.

“El año que viene tendríamos un 71% de las escuelas primarias públicas con al menos 25 horas de clases, eso significa 38 días más de clases a fin de año, mayor tiempo para la enseñanza y fundamentalmente el aprendizaje”, resaltó.

Asimismo, precisó que “el 80% del financiamiento de esta política es del Gobierno nacional” y asciende a unos “casi 48 mil millones de pesos”. Esto alcanzará a unas 9.100 escuelas con extensión horaria el año que viene.

Al igual que en el caso de los docentes universitarios, el funcionario señaló que “el presupuesto de la extensión de jornada de clase el año que viene lo vamos a tener que aumentar”, de acuerdo a lo que se resuelva por las paritarias.

En su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el ministro de Educación expresó que “la segunda inversión relevante es en Conectar Igualdad”. “Este año distribuimos más de 600 mil computadoras a chicos de segundo año de secundaria” y a alumnos de primero, segundo y tercero del secundario de las escuelas rurales, indicó. Además, hay un millón de netbooks adjudicadas y “ya está el pago del 60% de esas computadoras, por 30 mil millones de pesos”. 

A continuación afirmó que, junto a un trabajo con ARSAT, el objetivo es llegar a fines de 2022 con el 90% de los alumnos conectados desde sus escuelas. 

En cuanto a la inversión en el programa “Libros para aprender”, se distribuye en 3,2 millones para nivel inicial; 8,5 millones de libros de lectura y 11 millones de literatura para nivel primario; y 5 millones de libros de texto y 7,5 millones de literatura para nivel secundario. 

Sobre becas, Perczyk apuntó que Progresar abarcó a 1.600.000 alumnos. “Las becas Progresar han aumentado del año pasado a este 109%, más que la inflación. Y seguramente las volveremos a aumentar” el próximo año, prometió. También informó que este año se otorgaron a “chicos de 16 y 17 para que terminen la escuela”. 

Entre otros puntos, el funcionario detalló que se prevé una “inversión de 300 millones de pesos en el desarrollo de la Educación Sexual Integral”, la cual es “una demanda muy importante por parte de los chicos y las chicas de las escuelas secundarias”. 

En lo referido a infraestructura, habló de una inversión de “35 mil millones de pesos” para 176 obras de ampliación en escuelas de todo el país; 150 obras en escuelas nuevas; y 555 obras menores, como refacciones. “El 16% corresponde a obras iniciadas este año y que terminan la ejecución el año que viene”, agregó. 

Sobre la construcción y refacción de jardines de infantes, informó que hay 185 jardines nuevos en procesos de licitación y 68 ampliaciones de jardines, que corresponden a la incorporación de sala de 3 años. 

“Estamos licitando 100 escuelas técnicas”, afirmó y sostuvo que estiman que al finalizar este año haya “150 edificios universitarios, entre terminados y en ejecución”. “Hay una política de infraestructura en universidades muy importante”, destacó. 

La partida para las universidades nacionales asciende a 700 mil millones de pesos y, en tanto, unos 7.400 millones de pesos se destinarán a los hospitales universitarios con los que cuentan las universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Cuyo. 

Entre otras cifras, el ministro puntualizó que se destinarán 125 mil millones de pesos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensación Salarial. 

Polémica sobre Formosa y reproche por el Presupuesto que no fue

Al momento de responder preguntas de los legisladores, el porteño Maximiliano Ferraro (CC-ARI) consultó al ministro por los “ 500 mil chicos que no volvieron” a la escuela tras la pandemia. “Es un dato de febrero”, remarcó Perczyk, quien valoró que en estos meses “hubo un esfuerzo muy grande de las escuelas, de los municipios, de los credos, de los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional”. “Hoy tenemos mucho menos chicos que están fuera de la escuela”, manifestó y apuntó que está próximo a publicarse el registro de matrículas. 

Entre otras de las preguntas que realizó, Ferraro también reclamó: “¿Por qué se está destinando solamente al Instituto Provincial Universitario de Formosa la suma de 460 millones? El gobernador (Gildo) Insfrán perdió el control sobre la Universidad Nacional de Formosa y la viene bastardeando desde más de un año, y ahora ha creado la universidad provincial de Formosa con este instituto, entonces nos gustaría que nos aclare si el Ministerio no ha transferido otro tipo de recursos al instituto o a esta universidad provincial y cuáles son los motivos para eso”. 

En el mismo sentido, el formoseño Ricardo Buryaile (UCR) aclaró que “este instituto no tiene reconocimiento nacional” y, por lo tanto, “no puede estar incluido dentro del presupuesto de las universidades nacionales”. Está mal incluido”. Además, consideró que “da pie a que cada uno en sus provincias comience a destruir universidades nacionales” y de esta manera “se la desfinancia” a la Universidad Nacional de Formosa, dijo. Por eso, el radical le exigió un compromiso de que “no se va a intervenir por DNU, porque tengo la impresión que eso es lo que se está buscando”. 

“Nosotros no intervenimos universidades”, contestó Perczyk y señaló que los recursos que se le transfieren a ese instituto se realizan “a través de la Universidad”. 

“Estamos transfiriendo a las universidades un presupuesto, perdón que lo diga, que este Congreso no votó y el Ejecutivo asumió una planilla que no votó el Congreso. Eso implicó un esfuerzo presupuestario muy importante”, aprovechó para reprochar. 

Pasadas las 11 de este martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados reanudó el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023 y, en ese marco, expone el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

Esta es la primera vez que el funcionario se presenta ante una comisión del Congreso. El año pasado, sin éxito, la oposición había pedido escucharlo en la discusión por el Presupuesto 2022, que tuvo un trámite exprés.

A diferencia de lo ocurrido en diciembre último, este año desfilarán varios representantes del Poder Ejecutivo. Tras la presentación de Perczyk, la jornada continuará con la participación de los ministros Daniel Filmus (Ciencia, Tecnología e Innovación) y Juan Cabandié (Ambiente).

Además, estarán los secretarios Flavia Royón (Energía), José Ignacio de Mendiguren (Producción) y Juan José Bahillo (Agricultura), como así también los titulares de CAMMESA y ENARSA, Sebastián Bonetto y Agustín Gerez, respectivamente.

De acuerdo al mensaje enviado por el Ministerio de Economía en el proyecto del Presupuesto 2023, el próximo año se dará continuidad a las becas Progresar con una inversión prevista de $138.240 millones.

También se proyecta conectar cerca de 51.400 escuelas y distribuir cerca de un millón de unidades de equipamiento tecnológico, con una inversión en Conectar Igualdad que supera los $121.000 millones; y se estima que se alcanzarán cerca de 68.900 metros cuadrados construidos de jardines, destinando un monto de casi $37.500 millones en este concepto.

Después de haber remitido a la Legislatura el proyecto, el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Mura, se reunirá con los diputados porteños este miércoles a partir de las 10 para explicar el Presupuesto 2023 y responder a las inquietudes de los legisladores.

Según pudo saber parlamentario.com el funcionario explicará los pormenores del proyecto y hará especial hincapié en aquellas áreas que incrementarán sus partidas presupuestarias, cómo por ejemplo, educación, seguridad e infraestructura.

Cabe recordar que el Presupuesto 2023 ha respetado, como referencia para la planificación presupuestaria, las pautas macroeconómicas y el cuadro macro fiscal que establece el presupuesto nacional. Es por ello que se estima un gasto de 2.154.964 millones de pesos, totalizando el gasto primario 2.066.109 millones de pesos.

De esta manera, producto de las acciones e iniciativas desarrolladas durante los últimos años, la Ciudad de Buenos Aires proyecta, para el 2023, un Resultado Financiero levemente superavitario, es decir con Déficit Cero.

Por lo tanto, de acuerdo a lo anunciado por el Gobierno nacional en la presentación del presupuesto, para el 2023 se espera un crecimiento del Producto Bruto Geográfico del 2%, una inflación en el orden del 60% y un tipo de cambio de 269,9 pesos por dólar para fines del próximo año.

El texto en cuestión establece que los gastos corrientes previstos ascienden a 1.825.276 millones, mostrando un crecimiento nominal del orden de los 854.238 millones y representando el 84,7% del gasto total. En lo que respecta al gasto de capital, el monto presupuestado para el plan de obra pública es de 329.688 millones, lo cual representa un incremento de 150.509 millones y representa el 15,3% del total.

En tanto en la composición de los gastos corrientes, el concepto de mayor incidencia es el correspondiente a las remuneraciones del personal, que representa el 45% del total del gasto. Tiene una previsión de 966.869 millones, que refleja la anualización del gasto en personal para el próximo ejercicio, teniendo en cuenta la paritaria para el año 2022 y un proyectado de futuras negociaciones paritarias.

El diputado nacional Héctor Stefani (Pro-JxC) presentó un proyecto de ley para que los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada, incorporen a la currícula una materia referida al “Emprendedurismo”, tanto para enseñanza primaria como secundaria. El fin de la iniciativa es “darle herramientas a los alumnos para que aquellos que inicien un negocio autogestionado cuenten con herramientas que los ayuden a desarrollarse”, explicó el legislador.

El fueguino señaló que lo que se busca es que el Consejo Federal de Educación “establezca los criterios y modalidades para la incorporación en forma gradual y progresiva en los diseños curriculares de la asignatura ‘Emprendedurismo’. Esta materia brinda herramientas para mejorar y facilitar la inserción al mercado laboral de los más jóvenes”.

“Argentina es uno de los países con mayor desempleo juvenil en la región y cada vez vemos más jóvenes que se lanzan al mercado con proyectos independientes”, observó el opositor y remarcó que “el emprendedurismo puede ser un vehículo para mejorar la empleabilidad y la movilidad social en nuestro país”.  

Además, Stefani argumentó que “actualmente, el uso de las redes sociales y la globalización en general han impulsado los proyectos independientes. Abre puertas, facilita la difusión y genera contactos que pueden potenciar los emprendimientos. Por eso, si logramos que las instituciones educativas también formen a los jóvenes en esa asignatura, los preparará para los desafíos que tengan por delante”.

El proyecto ya fue girado a las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda. El mismo cuenta con el aval de más de 15 diputados del interbloque, entre ellos Fernando Iglesias, Gerardo Milman y Soher El Sukaria.

En un tramo de su exposición al presentar el Presupuesto 2023 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que “en las próximas semanas” enviarán proyectos sobre “plantas de GNL, hidrógeno verde, azul y gris, y también en lo que tiene que ver con las reservas hidrocarburíferas”.

El funcionario sostuvo que Argentina tiene que darse como “los nuevos jugadores” que se presenta como oportunidad la geopolítica, políticas de Estado de largo plazo y pidió a la oposición “acordar con el Gobierno un rumbo de 10 años con sectores que son los ganadores de la economía del próximo decenio y que, si le fijamos reglas claras desde el Congreso, estabilidad fiscal, proyección respecto a la disponibilidad de divisas y mecanismos para ir agregando valor a la economía para fortalecer al industria y el mercado interno”.

A su vez, el tigrense remarcó que “esto nos van a permitir ser grandes jugadores en el proceso global de disputa de cuatro cuestiones centrales: las proteínas porque la agenda global propone la seguridad alimentaria y Argentina, Brasil y EE.UU producen el 80%  y en la discusión de la seguridad alimentaria tenemos un enorme papel que tiene que tener dos miradas, una en el abastecimiento del mercado interno a precios competitivos y accesibles para los ciudadanos; y la segunda mirada puesta en la enorme capacidad de crecimiento de los agronegocios”.

Respecto al segundo “gran jugador de la economía global”, indicó que “es el de la energía. Cuando avancen las inversiones energéticas, sin duda tener 170 años las reservas de Shell-Gas del mundo, nos da una enorme oportunidad”, pero reconoció que “necesitamos infraestructura, pensar a largo plazo, pero tenemos la enorme posibilidad de transformar a la Argentina en un jugador no solo regional sino global a largo plazo y en eso el Congreso tiene un papel central”.

En ese marco, anunció que en “las próximas semanas vamos a estar enviando un proyecto de ley”, y pidió que “tenga amplio consenso para darnos, de alguna manera, en materia de plantas de GNL, en proyectos de hidrógeno verde, azul y gris, y también en lo que tiene que ver con las reservas hidrocarburífera, un régimen a 10 años que nos permita que Argentina se transforme en un gran jugador global en la materia energética”.

En ese sentido, prosiguió: “El tercer gran jugador son los minerales. Todos hablan de la revolución del litio, debo confesarles que tengo una mirada más amplia que la vinculante al litio. El cambio del proceso industrial nos pone en la necesidad de mirar al litio, porque seguramente la tecnología encuentre en el reciclado un reemplazo más barato, sino en otros minerales raros como el cobre”.

Y cerró: “Hay proyectos en esa materia para los próximos 12 meses que quedan sentados para los próximos años, gobierne quien gobierne en el país”.

A dos meses de haber renunciado a la presidencia de Diputados, el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió este miércoles al Congreso para presentar de manera formal el Presupuesto 2023, que proyecta un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60% y destacó que “es la herramienta para el funcionamiento del Estado”.

El tigrense pisó el Salón de Pasos Perdidos a las 14.35 con una sonrisa y abrazando a cuanto diputado se le cruzara por delante para luego, dar inicio a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el oficialista Carlos Heller, acompañado de los integrantes de la Comisión, como así también jefes de bloques y funcionarios.

En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.

Al comienzo del encuentro, fue la presidenta de la Cámara baja, la oficialista Cecilia Moreau, quien tomó la palabra al destacar que “estamos dando tratamiento al proyecto de ley más importante del Estado Nacional como es el Presupuesto”. Asimismo, agradeció a los distintos bloques por “haber acordado una metodología de trabajo que permita hacerlo en el marco de la búsqueda de consensos y acuerdos”

“Le quiero agradecer al ministro por la disposición que tiene ante los distintos planteos que surgen sobre modificaciones, explicaciones”, sumó a su discurso y aseguró que “discutir esta herramienta no es sencillo, pero desde esta Casa y desde el Ministerio de Economía hay coordinación política y de acción como para poder llevar adelante este debate en el marco de las normas democráticas”.

El Presupuesto 2023

En este tramo de su exposición, Massa señaló que “el proyecto de Presupuesto de alguna manera viene a cumplir los objetivos que se ha planteado este propio Parlamento cuando Argentina decidió renegociar el acuerdo en el 2018 con el FMI y llevar adelante un acuerdo de facilidades extendidas”

“La meta presupuestaria establece 2.5 de déficit”, informó y aclaró que respecto a la proyección del programa de 1,9% “tiene que ver con la forma de medir que, de alguna manera tiene el Estado respecto del presupuesto. Nosotros medimos el presupuesto sobre la base del programa y el Fondo mide los resultados del programa en base a la caja. Esa es la diferencia”.

A su vez, sostuvo que se busca como primer objetivo “abordar un primer proceso de 90 días” con 3 ejes y describió: “Uno es estabilizar la macroeconomía porque tenemos contradicciones, ya que la economía real nos muestra el crecimiento del empleo, un interesante nivel de consumo, nos muestran la capacidad instalada con números muy alentadores, pero desde el punto macro nos encontramos con dificultades que tenemos que resolver que no las desconocemos y asumimos la responsabilidad como Gobierno de resolverla”.

El segundo objetivo, explicó que está relacionado con la “estabilización macroeconómica que es buscar la recomposición de ingresos. Ha sido muy importante y tenemos que trabajar, y buscar mecanismos y acordar políticas que, de alguna manera, nos permitan empezar a recorrer un proceso de recomposición medio de la Argentina porque enfrentamos dificultades, básicamente, porque las pandemias y las guerras el primer fenómeno que genera es el de acumulación de renta”.

“También un proceso de fortalecimiento del mercado interno y también con un objetivo de cara al 2023”, indició y expresó: “Siento que estoy dando mis últimas pisadas en la vida política. Entiendo que es importante que tengamos la capacidad de poder proyectar un trabajo que nos permita en el 2023 cerrar un proceso en el que las metas que vayamos consiguiendo sean acorde a los resultados del presupuesto y acordes a los resultados que, como dirigentes, nos tenemos que poner para mejorar la vida de la gente”.

En resumen, precisó que los cuatro pilares son el orden fiscal, el segundo vinculado al crecimiento del superávit fiscal, el fortalecimiento de las reservas que “nos da fortaleza en nuestra moneda y que recorramos un camino que no va a ser ni de un año ni de dos, sino que tiene que estar planteado de largo plazo, de generar un desarrollo con inclusión social para la Argentina”.

“Este presupuesto cumple con los objetivos que nos hemos planteado en el Congreso al aprobar el programa de acuerdo con el Fondo tiene en los próximos días el vencimiento de reservas que estamos convencidos que vamos a cumplir”, bregó Massa.

Además, detalló que el Presupuesto tiene el objetivo de un déficit fiscal primario de 2,5% y un déficit caja de 1.9%. Trae además un fortalecimiento de la política tributaria y crecimiento del gasto primario. “El Presupuesto es prudente y realista. Está planteado con una enorme responsabilidad respecto al rol que tiene el Parlamento a la hora de aprobar el Presupuesto”, describió.

Por otro lado, señaló que “venimos de un 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos después de una caída enorme producto de la pandemia. Tuvimos un 2022 de 4 puntos de crecimiento proyectado. Va a estar alrededor de 4.2 de crecimiento dependiendo del funcionamiento de algunas actividades”.

“El Presupuesto es prudente y realista. Está planteado con una enorme responsabilidad respecto al rol que tiene el Parlamento a la hora de aprobar el Presupuesto”.

Por otro lado, señaló que “venimos de un 2021 en el que la Argentina creció 10 puntos después de una caída enorme producto de la pandemia. Tuvimos un 2022 de 4 puntos de crecimiento proyectado. Va a estar alrededor de 4.2 de crecimiento dependiendo del funcionamiento de algunas actividades”.

“Para el año que viene tenemos un crecimiento de 2 puntos porque entendemos, además de la situación internacional, la situación local en el marco de la política fiscal, monetaria y de acumulación de reservas tiene que tener un objetivo conseguible para que cuando el Congreso lo vota, siente que está votando una meta que es posible de ser llevada adelante”, explayó.

Respecto a la inflación proyectada para el 2023 Massa adelantó que es del 60% y el tipo de cambio va a tener un promedio de 218,90. Sobre el sector externo, reconoció que “apuntamos al crecimiento de un 7,1%”.

“Los grandes jugadores en exportaciones van a ser el sector de la economía del conocimiento, la minería, el sector agro, porque de alguna manera van a funcionar como motores de la realidad global”, precisó el funcionario. Además, contó que “el consumo privado va a seguir creciendo a una tasa similar al producto 2.2% y la inversión va a continuar recuperándose vemos proyectado un crecimiento del 2.9% con el turismo receptivo, la construcción y las telecomunicaciones”.

Sobre la presión tributaria que tiene el Presupuesto, Massa señaló que establece una “reducción del 0,18% para el año que viene. El 2022 va a dar 23,5% del porcentaje de producto tributario, mientras que el 2023 proyectados dará 23,77% salvo que se modifique alguna cuestión sobre tributos en el debate Parlamentario. La presión cae un 0,18% el año que viene”.

“Los recursos tributarios en 2022 representan 19.5 billones de pesos y en 2023 van a representar 34,4 billones de pesos, un crecimiento del 78,8%”, precisó en otro tramo de su ponencia.

Sobre seguridad social el ministro indicó que “por el crecimiento del empleo la variación termina siendo 84.6%. Crecimiento de empleo y de salario por impacto de paritaria. El 2022 va a cerrar con 4 billones de pesos y el 2023 7.4% de lo proyectado”.

Inversión por áreas: las 5 más importantes

En este punto, Massa se refirió al programa de infraestructura donde “la inversión total asciende a 1.98 billones de pesos, obra pública y vivienda como dos sectores importantes. Es clave mantener la inversión pública para sostener los más de 50 mil empleos que lleva generado la construcción o que tiene el régimen de construcción que viene teniendo una tasa sostenida de crecimiento que se va a ver complementada por la inversión privada”.

En materia educativa, informó que “la inversión va a rondar en 1.75 billones de pesos”, mientras que para salud 1.8 billones de pesos. Asimismo, sobre la asignación en ciencia y tecnología va a llegar a “una meta que se propuso este Congreso que es el 0.34 del producto”, y los programas de protección social como las jubilaciones van a estar en “14.74 billones de pesos”.

“Son números que son importantes transmitirles porque de alguna manera muestran dónde está puesto el Presupuesto para el 2023”, recalcó el ministro de Economía.

A su vez, en materia de financiamiento transmitió la decisión de “seguir un camino de reducción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Con el objetivo de mostrar un sendero de cumplimiento de la meta de asistencia monetaria”.

“Tenemos para el 2023 en términos de desembolsos un programa de asistencia de organismos multilaterales que es muy fuerte porque de alguna manera, esos programas vinculados a la economía real y al apoyo presupuestario suponen un ingreso muy fuerte”, recalcó y adelantó que intentarán extender los plazos de financiamiento público.

También comentó que van a buscar “una desaceleración de la inflación”, a intentar incrementar la participación de tasas fijas con mayores tiempos de vencimiento, a incorporar nuevos actores del sector privado y a “una reducción continua de las necesidades de financiamiento, para eso es clave una dinámica de endeudamiento sostenible”.

“Es clave que, en algún momento, el Parlamento defina cuál es el mecanismo de cómputo del monto de inversión y gasto de financiamiento externo. Debería estar en el Presupuesto 2024 es un tema que debe definir con seriedad por el Congreso”, opinó Massa.

Por otro lado, destacó que “se están llevando a cabo programas que son claves para la inversión en los cinco sectores en materia de ejes estratégicos: obras de vialidad, inversión de infraestructura de salud, programas de vivienda, de asistencia social, obras de energía, de ciberseguridad, inversión agrícola e infraestructura para el transporte”, y agregó: “Los desembolsos brutos superan os 3.800 millones de dólares, pero son parte de un programa global”.

“Estamos en negociaciones con el Club de París para normalizar la situación. Argentina en términos de negociación esta en una situación de stand by, buscamos extender plazos y aliviar los pagos”, contó Massa.

Al fallido Presupuesto 2022 lo llevo como una cruz porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazan un presupuesto”.

En otra línea de su discurso, el funcionario informó que “aumentamos los programas de emergencia porque era un tema central y hay 14.500 millones de pesos y 3 mil adicionales sobre desastres agropecuarios una de las discusiones alrededor del fallido Presupuesto 2022”, y contó que “lo llevo como una cruz porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazan un presupuesto. Espero que como ministro tenga más éxito que como presidente de la Cámara”.

Y siguió: “El apoyo del Fondo Fiduciario con más de mil millones, el Plan de Desarrollo Sustentable para la industria algodonera con más de 500 millones, y regímenes de promoción de actividad ovina. Programas forestales y la renovación que vamos haciendo sobre la Ley de Bosques”.

Gasoducto Néstor Kirchner

Massa indicó que “estamos en un programa que tiene una fuerte reducción del gasto de la energía par el 2023 que tiene dos caras. Una vinculada a lo que va a representar la finalización del primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner”, y sumó: “La finalización del Gasoducto nos va a permitir ahorrar importaciones energéticas por más de 2.300 millones de dólares porque entran al sistema energético argentino de la mano del Plan Gas 5 11 millones de metro cúbicos por día que en vez de ser importados a valor GNL, la diferencia es abismal”.

“La Argentina va a producir en el 2023 a 3,70 el millón de BTU e importarlo en el mejor de los escenarios cuesta 14 dólares”, resaltó y sumó: “Ese ahorro es muy importante”.

Y agregó que el segundo tramo del Gasoducto es para “dejar de abastecer a Salta o a Córdoba desde Bolivia y empezar a abastecerlo desde Vaca Muerta”.

Cambios en las licencias para importar

En tanto, Massa adelantó que el viernes habrá novedades respecto del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) y las licencias automáticas y no automáticas.

“Estamos frente al absurdo de que las máquinas tragamonedas, las motos de agua, las hidrolavadoras o las máquinas para minar criptomonedas tienen licencia automática, mientras que las piezas de ensamble para las pymes tienen licencias no automáticas”, explicó el ministro, y sostuvo que “claramente esos errores que tenemos se deben corregir”.

En esa línea, adelantó que el viernes anunciará “medidas para el régimen de licencias automáticas y no automáticas”.

Además, anunció que incorporarán al SIMI un “régimen de accesibilidad y de trazabilidad” que permita que “en el momento en que una pyme accede a la aprobación de una SIMI sepa la fecha de pago que el Banco Central va a hacer de esa autorización de importación”.

Las reflexiones de Massa

Antes de abocarse al tratamiento del tema, Massa reconoció que es “una sensación extraña porque hace solo 56 días hacía el trabajo de Cecilia y venir en esta condición de alguna manera me resulta extraño porque tengo los mejores recuerdos del trabajo compartido en dos años y medio con la gran mayoría de ustedes”, y les agradeció a los legisladores de “poder trabajar juntos en la construcción de un presupuesto, en la búsqueda de acuerdos”.

“Estoy convencido que el Congreso es el lugar de debate y de búsqueda de acuerdos políticos y creo que, si podemos hacer una contribución a la calidad democrática, convivencia democrática y trabajo de cara a la sociedad argentina, es buscar mecanismos de acuerdos más allá de las diferencias y de las distintas visiones de país reflejadas en el Congreso”, consideró.

En otra línea, les brindó un aprendizaje a sus excolegas de lo que “representa la herramienta del presupuesto para el funcionamiento del Estado”. En ese sentido, informó que “en el mes de julio el desborde fiscal fue de 12,4% en el primario”, y señaló que “cuando no hay una hoja de ruta, lo que termina pasando quien tiene mayor capacidad de gestión, de presión o de influencia a la hora de definir el gasto es quien consigue, sin que haya una hoja de ruta de parámetros y metas claras, imponer dentro del ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo su idea o su objetivo”.

“Lo que termina pasando cuando no hay una hoja de ruta predefinida por el Congreso es que indudablemente se producen situaciones de tensión dentro del Ejecutivo y dentro del funcionamiento social que terminan influyendo en el funcionamiento del Estado y en el ordenamiento del gasto público”, cuestionó Massa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”.

En ese marco, insistió: “Es importante que el 2023 transcurra con un mecanismo de funcionamiento ordenado del Estado y con metas que fije el Congreso. Que nos den al Estado y a su conjunto previsibilidad”.

Cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”.

Respecto del funcionamiento del Ejecutivo, indicó que “en esos malos mecanismos de funcionamiento es donde aparecen además las distorsiones que terminan lastimando las cuentas públicas, las reservas, lastimando el funcionamiento del Estado y la previsibilidad que la sociedad pretende de cada uno como funcionarios”.

Por otro lado, explicó que el presidente de la Nación tomó la decisión de unificar los ministerios teniendo en cuenta el contexto y para “mejorar el funcionamiento del Ejecutivo” porque las áreas “se dedican a mirar solo sus metas y no el conjunto”, y remarcó que “es clave en el funcionamiento del Estado la unificación de las áreas para tener una visión integral”.

El contexto y la influencia en la economía

En este aspecto, Massa planteó que las pandemias y las guerras “producen fuertes cambios en las economías, geopolíticos y además concentran las economías y generan distorsiones fuertes en la distribución de ingresos”.

“Al impacto de la pandemia sobrevino una guerra, que nos resulta lejana, ajena, pero que de alguna manera está influyendo enormemente en la economía global”, sumó y explicó cuáles fueron las consecuencias en el país sobre las metas fiscales, la acumulación de reservas.

“Cuando uno mira los precios internacionales uno ve para nuestro país una condición de mejora que es consecuencia del resultado de esa guerra. Cuando uno mira el contexto global y el impacto en la energía y el funcionamiento del sistema energético argentino vinculado a la economía en lo macro y micro, ve un impacto que nos terminó generando dolores de cabeza”, observó el funcionario.

Y contó que “la guerra a la Argentina le lleva costado 4. 900 millones de dólares que además tiene su correlato en términos ficales, en pesos básicamente por el aumento del precio de la energía porque Argentina tiene la necesidad, para sostener los niveles de actividad, de producción, el funcionamiento energético en los hogares, en el periodo invernal de importar energía”.

“Argentina pudo en el mes de agosto tomar la decisión de redireccionar barcos, de reemplazar energía de GNL por hidroeléctrica de Brasil y eso nos permitió un ingreso y un ahorro por redespacho de barcos que dejó de comprar el país y que fueron vendidos a un precio mayor a los países europeos, pero nos dejó un daño enorme en términos de resultados fiscales y de reservas”, lamentó el ministro de Economía.

“Vamos a tener la mayor recesión que se conozca desde la segunda Guerra mundial en Europa. Nos generó una situación de la geopolítica de la retracción que suspendió para la Argentina la posibilidad de acceder algunos beneficios que fortalecían las metas de acumulación de reservas, se suspendió el otorgamiento de un préstamo de giro por 200 millones de dólares que estaba acordado con Rusia”, explayó y planteó que “la geopolítica terminó impactando en términos de funcionamiento multilateral, a la Argentina la guerra le lleva costado 20 mil millones de dólares”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda inició su jornada de mucha actividad y protagonismo poco después de las 10.30, con una reunión para tratar cuatro expedientes, que se inició con la reincorporación del diputado Marcelo Casaretto (FdT-Entre Ríos) como secretario de la misma.

En primer lugar se abordó un proyecto que modifica el artículo 20 bis del impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), modificación del artículo 20 bis, referido a las exenciones a trabajadores de la Salud por los ingresos que excedan las cuatro guardias mensuales en servicios de emergencia.

La iniciativa fue defendida por su autor, el  oficialista Daniel Gollan, quien agradeció en primer lugar la rapidez con la que fue abordado ese proyecto que “intenta resolver  un problema serio”. Planteó en ese sentido que “en la Argentina tenemos 4.600 centros de salud, que tienen internación” y advirtió que las guardias “no se están cubriendo, y es un problema sanitario de salud pública serio, que afecta a todos los sectores. Sobre todo las instituciones pequeñas y medianas. Todas las obras sociales son afectadas”.

Al respecto precisó que profesionales y técnicos, al cubrir más de cuatro guardias comienzan a pagar impuesto a las Ganancias, o bien cambian de categoría. “Entonces no las quieren hacer y no se pueden cubrir las guardias”, explicó. Recordó que esta situación se subsanó durante la pandemia, cuando se eximió de pagar impuestos a ese personal.

Ahora, “hay ausentismo; los directores de los hospitales se quedan sin cubrir las guardias, nadie quiere reemplazar; aparecen prácticas de pagar en negro, algo que tampoco es nada sano, pero a veces no queda otra alternativa”.

Gollan aclaró también que el proyecto “prácticamente no tiene ningún impacto, porque hoy no se están haciendo esas guardias”. Y concluyó: “Este proyecto es un pedido y una demanda que hemos recibido en todo el país”.

El diputado de Evolución Radical Martín Tetaz celebró que el diputado Gollán hubiera descubierto “cómo funcionan los impuestos, que desalientan la actividad profesional. Ese efecto que está denunciando particularmente para el caso de los médicos se verifica en todas las actividades, las fábricas donde los trabajadores no quieren hacer horas extras porque empiezan a pagar ganancias; algunos docentes que no quieren tomar una hora adicional… En todas las actividades económicas se verifica esa misma situación: el impuesto desalienta la actividad”.

Tetaz agregó lo que definió como “un problema adicional”, el del monotributo. Y precisó que “muchos de los médicos que están haciendo guardia, son monotributistas: no quieren hacer guardia porque al facturar un poco más se pasan del mínimo y automáticamente se van a Ganancias. Razón por la cual nosotros presentamos un proyecto hace varios meses para modificar el monotributo”.

En ese sentido, el diputado Tetaz expresó su sospecha respecto de que “son más los monotributistas que hacen guardias que los que pagan Ganancias”. Y en ese marco le expresó su reproche al presidente de la comisión, Carlos Heller, por no haber querido tratar el proyecto de JxC sobre monotributo.

Propuso entonces en lugar de hacer un dictamen en ese momento, traer también “el proyecto nuestro del monotributo y hagamos algo más general”.

El tema se llevó buena parte de la discusión, en cuyo marco Gollan defendió primero su propuesta original diciendo que alcanzaba un tema de “salud pública que afecta a todos”. Y ejemplificó: “En una fábrica puede conseguir un reemplazo si no se hacen horas extras, pero acá es muy limitado, y cuando no hay (personal), no hay. Por otro lado también lo hemos conversado con los gremios que tienen obras sociales: no puede ser que después todos salgan a pedir lo mismo”, dijo, y aclaró que el tema estaba saldado.

El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, aclaró que estaba “fuera de discusión la pertinencia y justicia del proyecto que se plantea. Ha quedado claro, incluso aun desde una mirada distinta como es la del diputado Tetaz, que no ponía en discusión”. Y agregó que “estamos trabajando acotadamente sobre trabajadores vinculados a la salud, no sobre otras actividades, pero me parece que tenemos que ser un poco prácticos: si tenemos un proyecto que aborda un tema específico, avanzar y que no nos impida discutir otros temas en particular”.

Más adelante intervino la diputada del Pro Germana Figueroa Casas advirtió un cambio en la redacción original del artículo 27, que disparó una gran polémica. Es que originalmente se hablaba de “zonas desfavorables” y luego se agregaba “para todo el país” a partir de la quinta guardia. “Las primeras cuatro guardias quedarán exentas, yo pensé que eran para todos los casos”, advirtió la diputada santafesina, ante lo cual Heller planteó que si era un tema de redacción se ajustaría en el camino al recinto.

Lo cual no fue aceptado y finalmente varios legisladores se apartaron para darle precisión a la redacción, antes de pasar a la firma el dictamen.

Mientras tanto, Martín Tetaz siguió insistiendo en la necesidad de incluir la cuestión de los monotributistas, y ante el rechazo oficial, advirtió que analizaría la posibilidad de presentar un dictamen de minoría.

Otros temas

Luego se avanzó con los proyectos de ley por los cuales se transfiere a título gratuito diversos inmuebles propiedad del Estado nacional a la municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz.

A continuación, también se pasó a la firma el proyecto que declara  Monumento Histórico nacional, a la reserva natural El Destino de la provincia de Buenos Aires.

Y por último también pasó a la firma el proyecto venido en remisión por el cual se acepta la cesión de jurisdicción de diversos inmuebles efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para integrar el Parque nacional Aconquija.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia Y tecnología de Diputados, a cargo del oficialista Carlos Heller y del radical Facundo Manes respectivamente, se reunirán este martes a las 15 en el Anexo “C” para continuar con el análisis del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificaciones a la Ley 23.877, de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva.

Las modificaciones a la Ley 23.877 apuntan a “mejorar la actividad productiva y comercial, a través de la promoción y fomento de la investigación y desarrollo, la transmisión de tecnología, la asistencia técnica y todos aquellos hechos innovadores que redunden en lograr un mayor bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, jerarquizando socialmente la tarea del científico, del tecnólogo y del empresario innovador”.

Las mismas, según establece la iniciativa, redundará “especialmente en beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas, piezas fundamentales en la economía nacional, siendo estas las mayores creadoras de empleo privado en la República Argentina”.

A través de esta ley, el Poder Ejecutivo Nacional fija anualmente un cupo de créditos fiscales para ser utilizados sólo por las empresas beneficiarias para imputar al pago de impuestos nacionales, en un monto no superior al 50% del total del proyecto y deben usarse en partes iguales en un plazo de tres años, con excepciones donde puede otorgarse hasta el 80% según pautas como tamaño, sector, región y primera solicitud.

Según plantean, el límite establecido por la Ley vigente es de 10% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el pago de impuestos nacionales, lo que es considerado como “sumamente bajo y notablemente menor a los porcentajes otorgados por el resto de los países de Latinoamérica para el fomento de las actividades en cuestión”.

El debate de esta iniciativa se inició a fines de agosto en una reunión informativa que contó con la presencia del presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, Fernando Peirano, quien presentó los lineamientos principales del proyecto del Poder Ejecutivo.

En ese marco, Peirano manifestó la importancia de “avanzar en un país con más ciencia y tecnología, tendiente a lograr un protagonismo público y, también, una presencia y acción privada”.

Además, el funcionario explicó que “las modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva se vienen elaborando desde hace 18 meses y contarán con aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador. No vamos a malgastar ni un solo peso del país para administrarlo de manera correcta”.

Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.

En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.

Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.

Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto “ampliamente debatido, consensuado”, dijo: “Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto”.

Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que “tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar”; y al coincidir con que se trata de “una ley trascendente”, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado”.

“No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby”, aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.

Con todo, Buryaile valoró la “buena voluntad” por debatir el tema “aún cuando hay diferencias”. “Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos”, señaló y propuso trazar un “esquema de trabajo” porque “tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo”. “Las leyes se trabajan, no se despachan”, completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.

Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que “con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible” y “coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo“.

De esa manera, se pasa a “un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado”, completó el oficialista.

“Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos”, agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.

La introducción de la reunión

Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay “acuerdos” y “desacuerdos”, pero “no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema”. “El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo”, expresó.

El oficialista recordó que la Convención Ramsar, “una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional” se aprobó en 1971 y “estaba destinada a proteger estos ecosistemas” con el objetivo de “preservar la vida de las aves migratorias”. Argentina adhirió a la misma en el ’75 y fue ratificada por ley en 1991.

Este viernes 23 de septiembre “se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado” a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: “Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales”.

Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados “juntó polvo en un cajón”; y “lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando ‘Pino’ Solanas“, señaló Grosso.

Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que “semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales”. “Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes”, detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.

“Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina”, remarcó y precisó que “el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%”.

Finalmente, Grosso advirtió que “en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos”, lo que “amerita la intervención y regulación del Estado”. “No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos”, concluyó.

La voz de los autores de proyectos

Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó “la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión” que se dio gracias a “la movilización popular, la movilización de los pueblos”. Al cuestionar el “lobby del agro-power”, tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: “Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente”.

En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen “realmente a todos” los humedales existentes, “que ocupan más de 20% de nuestro territorio”. También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con “organismos especializados en ambiente” y “no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio”. Asimismo, reclamó que la norma incluya “la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante”.

Por su parte, la radical Ximena García destacó que “es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad” y enfatizó que “una ley de estas características” requiere de “una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces” y así, “de una vez saldar esta deuda del Congreso”. Para ello, recomendó “salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas” y avanzar bajo el concepto de “desarrollo sostenible” para “equilibrar la producción y el ambiente”.

Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que “en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento”, e incluso “los inventarios en los que algunas provincias han avanzado”.

Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: “Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía”. Pero solicitó por un debate “serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país”.

“Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información”, señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que “los ordenamientos se aprueben por ley provinciales” y “se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales”. “La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas”, aclaró.

Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: “Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios”. “Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias” para la gestión de humedales, al tiempo de “abrir espacios participativos” en provincias y municipios, dijo la bonaerense.

Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar “sobre la potestad de las provincias” al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que “esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución” y si se avanza en ese sentido “va a terminar todo en la Corte”.

El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con “fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación”.

“Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido”, aseveró y pidió “medir el impacto para que no salga el tiro por la culata”.

En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: “Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico”. Al mostrar mapas del país, subrayó que “Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido” y esto “afecta alrededor del 30% de la población”. “El 87% del Parque Chaqueño está desforestado”, sumó.

“Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres”, expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático”. “Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”, abogó.

Más adelante, la legisladora insistió: “El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica”. “Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable”, indicó.

Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, “viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste”; además de que “la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa”. En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que “todos” tiendan a “bajar la autorreferencia” y “ceder” en posiciones para sacar un texto consensuado.

“Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente”, manifestó el oficialista, que pidió “salir de la dicotomía”.

Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su “alegría” de “estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década”. Sin embargo, manifestó que “lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión”.

En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que “no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro”, sino desde “una mirada de dónde estamos parados”. “Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales”, comparó y enfatizó que “cada vez va a haber más” incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a “establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar” porque “lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos”.

Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar “el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo”. Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que “en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010”.

Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de “un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica” y legisladores de distintos bloques; además cuenta con “el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas”. “No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”, garantizó.

Incluso destacó que “retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del ’71”.

El Frente de Todos en el Senado buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ley que establece la prórroga por el término de cinco años de seis impuestos nacionales, que representan un tercio de la recaudación total y tienen directa incidencia en las proyecciones del Presupuesto del año próximo.

La iniciativa, que con el número justo -una mayoría absoluta de 129-, fue aprobada la semana pasada en Diputados, se debatirá este miércoles desde las 15.30 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT). El encuentro será en el Salón Illia.

El proyecto, que había sido girado a la Cámara baja en agosto pasado, propone extender hasta el 31 de diciembre de 2027 un conjunto de impuestos, que caducan en diciembre de este año conforme se había establecido en la reforma tributaria de 2017, aprobada bajo la gestión de Mauricio Macri.

A partir de la iniciativa, se prorroga la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.

Previo al tratamiento de esta iniciativa, Presupuesto y Hacienda tendrá un plenario con Educación y Cultura para tratar un proyecto que establece por ley el programa de becas Progresar.

La Comisión de Industria y Comercio, que preside por Roberto Basualdo (Juntos por el Cambio) se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Ricardo Guerra, este miércoles, en el Salón Arturo Illia, a efectos de tratar el proyecto de ley sobre el régimen de promoción de la maquinaria agrícola industrial argentina.

Estuvieron presentes en la reunión Eduardo Borri, de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (CAFMA), y Leandro Brito Peret, de la Asociación de Fábricas y distribuidores Argentinos de Tractores y otros equipamientos agrícolas, viales, mineros, industriales y motores (AFAT).

Los proyectos que hay al respecto son los de Dionisio Scarpin (UCR – Santa Fe); y de los exsenadores Roberto Mirabella (actualmente diputado nacional) y María de los Ángeles Sacnun, ambos del Frente de Todos.

Dionisio Scarpín aclaró que su proyecto fue presentado en conjunto con el senador Alfredo De Angeli (Pro – Entre Ríos), y enfatizó: “La maquinaria agrícola es sinónimo de empleo y desarrollo”.

En ese sentido, Scarpín destacó que “es parte de la cadena de valor que tiene el agro y el campo. Este proyecto, bien elaborado, hace al desarrollo de varias empresas nacionales e internacionales”.

El santafesino expuso: “En el interior hay fábricas de maquinarias agrícolas, por ejemplo, en San Vicente, una localidad pequeña, pero con valor fundamental, los fabricantes han hecho mucho esfuerzo para ir evolucionando y poder competir en el campo nacional e internacional”.

Además agregó que “este proyecto busca fortalecer a la cadena de fabricantes de maquinaria agrícola y declararla de ‘interés nacional’ e ‘industria estratégica’, remarcó Scarpín.

El senador explicó que “dentro de la iniciativa, diferenciamos tres categorías: maquinaria de arrastre, autopropulsada y de alta tecnología. Las últimas dos son importados y buscamos que si en un  60 por ciento de sus partes están compuestas por piezas nacionales, se la considere industria nacional”.

Para finalizar su idea, Sacrpín habló respecto de los beneficios económicos y argumentó: “El beneficio será para que los bancos nacionales puedan dar financiación a los que van a comprar maquinaria nacional y establecer reducción en estabilidad fiscal, contribuciones patronales, reducción al impuesto a las ganancias, derechos de exportación y generar empleo y dinamismo económico que le da vida a los pueblos”.

El senador nacional Julio Martínez (UCR – La Rioja) fue el primero en hacer preguntas acerca del alcance de sectores agrícolas que entrarían dentro del proyecto de ley. Scarpín le respondió que “en el reglamento de la ley, las tres grandes categorías y sus respectivas reglamentaciones deberán ser puntillosas, con la complejidad necesaria de precisarlo”.

Brevemente, el senador nacional Alfredo De Angeli afirmó que “el proyecto beneficiará a las economías regionales en desarrollo”, y Scarpín precisó: “El desarrollo con la maquinaria es extraordinario”.

Luego, el senador nacional Eduardo Vischi (JxC – Corrientes) aportó sobre la clarificación de categorización de las actividades, por lo que manifestó que “son de producción agraria”.

Cuando fue el turno del primer invitado, Eduardo Borri, presidente de CAFMA, explicó: “Se fabrica principalmente en estas tres provincias (Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires), donde generamos 40.000 puestos de trabajo y hemos ganado 20 por ciento por año en los últimos dos años”.

“Buscamos competir todos con las mismas reglas de juego, estamos acostumbrados a construir con situaciones adversas. Fabricamos en el país y marcamos como asimetría el financiamiento, a pesar de la conflictividad laboral, costos y acceso al crédito”, desarrolló Borri.

Sin embargo, el presidente de CAFMA sostuvo que “Argentina tiene ventajas en la cadena agro y bio industrial porque hay 25 fábricas nacionales de cosechadoras”.

Borri concluyó su exposición subrayando que “en 2017 fue el mayor año de ventas en dólares de maquinaria agrícola y el 60 por ciento era de origen importado, pero en 2021 estuvo a punto de igualar a 2017, y ese 60 por ciento era de origen nacional. El 90 por ciento de los empleos los produce el 60 por ciento de la maquinaria, con una ley podríamos agregar a lo nacional ese 40 por ciento restante”.

Luego de Borri, Leandro Brito Peret, director ejecutivo de AFAT, aportó que “hay 600.000 metros de planta fabril con 9.000 puestos de trabajo de su sector que apoyan este proyecto”.

“Entendemos que tener una ley que apoye el desarrollo beneficia a todos los que acompañamos el concepto de lograr cada vez más maquinaria agrícola como industria nacional”, consideró el representante de AFAT.

Además expresó: “Nos gustaría profundizar sobre detalles de maquinaria y desarrollo tecnológico de cada sector porque estamos a favor de que la integración debe incentivar las inversiones y la generación de empleo”.

Cuando ambos invitados expusieron sus apoyos a la iniciativa, la senadora nacional Silvia Sapag (FdT – Neuquén) cuestionó: “Quisiera saber por qué se deberían otorgar beneficios a un negocio tan próspero y cuál sería el motivo por el que el país debería dejar de recaudar”. Brito Peret le respondió: “La necesidad de incorporar tecnología es para aumentar la productividad del país, renovar el parque automotor que necesita incentivar maquinaria agrícola. Actualmente es un mercado con escala muy pequeña, pero con inversión podemos crecer cinco veces más que Brasil para generar un crecimiento de exportaciones y del país”.

El senador Vischi planteó que “está claro que se puede resignar impuestos, con el tiempo se verá si la ley sirvió o no para generas puestos de trabajo”. Por otro lado, el correntino pidió que “se realicen informes de la industria para darle seriedad y base estratégica para que sea política de estado”.

En contraposición con lo expresado, la senadora Lucía Corpacci (FdT – Catamarca) preguntó: “¿Hay un estudio claro y concreto de cuanto le costaría al Estado este costo fiscal de resignar un dinero que iría a la industria?”.

Después, Carmen Álvarez Rivero (JxC – Córdoba) sostuvo que “los sectores de industria nacional deben ser apoyados y que se necesita invertir en la Argentina”.

Y por último, María Teresa González (FdT – Formosa) consultó si “debería incluirse en la ley a las economías regionales de pequeñas y medianas empresas porque movilizan área de influencia”.

Borri contestó las inquietudes de Corpacci y González: “Creemos que hay empresas que dejan de ser pyme y hay que continuar alentándolas. Debemos pensar un proceso de llevar fabricas a donde haya gente. En este proyecto se trata de encontrar la manera de agregar valor, la gente que actualmente no tiene trabajo debe acercarse porque seguimos demandando mano de obra”.

Para finalizar, tomó la palabra el senador Scarpín quien concluyó: “Es importante mejorar la definición y la rápida reacción a los incentivos y oportunidad al crecimiento. Estamos ante un proyecto que beneficia 1200 pymes de marca argentina”, cerró el legislador.

Dieciocho invitados del sector tecnológico del país tomaron parte este martes de un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara baja, convocadas para analizar un proyecto de ley por el cual se introducen modificaciones a la Ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación productiva, como así también la creación de un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo.

En el inicio de la reunión, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT), Fernando Peirano, agradeció a los presidentes de las comisiones y afirmó: “Es un gusto contribuir a la construcción de políticas de Estado en conjunto del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, para nosotros es una enorme satisfacción presentar la reforma a Ley 23.877 con áreas pertinentes del Estado, que además es acompañada con la firma de personas importantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”.

Además explicó que “las modificaciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Productiva se vienen elaborando desde hace 18 meses y contará con aportes en becas y créditos para el desarrollo tecnológico e innovador. No vamos a malgastar ni un solo peso del país para administrarlo de manera correcta”, enfatizó Peirano.

La primera legisladora en preguntar fue Susana Landriscini (FdT – Río Negro), quien pidió por el “reconocimiento del espacio para discutir este recurso, crédito fiscal”, y planteó: “¿Cuánto avance hay en los acuerdos interjurisdiccionales entre provincias para acompañar desarrollo?”

Peirano le explicó que junto al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación Daniel Filmus quieren que se reconozcan “avances en federalización, con una estrategia como prioridad política”.

“Federalizar es descubrir y potenciar en cada lugar, lo mejor que se está haciendo. Hacemos evaluaciones locales con 17 provincias que dialogamos en Ciencia y Tecnología. Si una provincia pone 100 millones, nosotros acompañamos con 200 millones para avanzar con compromiso. En este 2022, hay 40 eventos de acciones, cada buena idea es escuchada y presentada”, relató Peirano.

Luego, el diputado nacional Eduardo Fernández (FdT – Córdoba) consultó acerca de las modificaciones de personal con respecto a la ley, por lo que Peirano le respondió que “la agencia tuvo jerarquización en febrero 2020, más de la mitad de los vocales son del interior, mitad hombre y mitad mujeres, buscando saldar la deuda que había con la perspectiva de género”.

Cuando fue el turno de la intervención de los invitados, el primero fue Pablo Giannavola referente de Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), quien manifestó que “las PyMEs que representa crearon 300.000 puestos de trabajo y 600.000 puestos indirectos con impronta federal”. Además añadió: “La industria metalúrgica tiene complejidad y heterogeneidad con alto desarrollo federal. Celebramos que somos de los pocos países con políticas tecnológicas”.

Luego fue el turno de Carlos Pallotti, de la Fundación Clementina, quien mencionó que “Argentina debe impulsar estas cosas, salir adelante a través de la producción de bienes y servicios tecnológicos que tenemos e abundancia en el país”.

“La industria tecnológica a partir de leyes, está generando un empleo nuevo cada 10 minutos registrados, y personas que contratan del exterior con el formato ‘freelance’ de lo cual no tenemos cifras. Esto está pasando; estos instrumentos vienen a potenciar el desarrollo científico y tecnológico”, señaló Pallotti.

En representación de la Unión Industrial Argentina (UIA) estuvo Graciela Ciccia, quien afirmó: “Apoyamos proyectos de Peirano y (Facundo) Manes porque modernizar la Ley 23.877 es muy importante sobre todo porque beneficia a grandes empresas con el incentivo del crédito fiscal y para las pymes hay upgrade del 65 por ciento que es muy importante.”

Respecto del proyecto de Manes, sostuvo que “es una muy buena conformación de proyecto porque es buen elemento perfectible y gran ayuda Para todas las empresas que deseen invertir en desarrollo nanobiotecnológico”.

Sin embargo, Ciccia pidió que “se revea el tema rembolsos”, donde argumentó que “debe haber mayor coordinación con AFIP a la hora de devolución de reembolsos por la tardanza y la inflación que disminuye los valores”.

El presidente de Argencon Luis Galeazzi apoyó a ambas iniciativas y explicó:  “La economía del conocimiento tiene motor en Innovación más Desarrollo en valores exportables”. Además pidió que “las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) por la Ley 23.877 porque da la sensación que administran más de lo que gestionan”.

“Llevar a UVT a su máxima expresión, es un recurso esencial en el desarrollo productivo. Queremos que las UVT participen de resultados de innovaciones productivas con premiación económica, y así estarán mejor remuneradas para generar actividad mucho mayor con enfoque productivo”, explicó Galeazzi.

Gustavo Barragán, representante de la Federación Industrial de Santa FE (FISFE) agradeció la invitación e informó que “desde Santa Fe, aplauden que todo el arco político este pensando en innovación de PyMEs porque generará más políticas de desarrollo para la Nación potenciando las capacidades tecnológicas del interior”.

En tal sentido, el santafesino explicó que “Santa Fe tiene 5.600 PyMEs, 300.000 empelados, es decir 1.200.000 de familias beneficiadas, lo que da un 30 por ciento de la sociedad santafesina que obtiene medio de vida con estas normativas. No es un gasto es una inversión”.

En modalidad virtual, Rolando Pomar de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) fue el primero en cuestionar los proyectos cuando argumentó que “tener crédito fiscal en un país con exceso de impuestos es contraproducente”, y agregó: “La ciencia y la tecnología son parte de la infraestructura de los países, pero se va aplicar en un país con una economía fallida, así lo observó como ciudadano que hace ciencia”.

“Las PyMEs apenas sobreviven con el agua en la nariz, esto es un banquito, hay que analizar los costos laborales restringen la creación y además la dependencia directa con importaciones”, consideró Pomar.

Javier Viqueira de ADIMRA, José Lousau de la Cámara de la Industria Argentina del Software de Argentina (CESSI), Agustín Campero de la Fundación Alem y Luciano Galfione de la Fundación Pro Tejer coincidieron en que “estos proyectos son muy importantes para ampliar a todas las industrias, y que el corazón de la industria es la innovación. El mundo se dividirá a futuro entre productores y usuarios de tecnología, si queremos tener destino como país debemos invertir en desarrollo científico, tecnológico e innovador”, señalaron los representantes.

Por último Sergio Drucaroff, de la Cámara Argentina de Biotecnología, y José Tamborenea, de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), señalaron que “el acceso del crédito fiscal a empresas jóvenes y combinarlo con diferentes institucionalidades es muy importante”, además afirmaron: “Queremos ser de los países que producen y ganan”.

Una vez finalizada la exposición de cada uno de los invitados, el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical – CABA) manifestó su preocupación sobre los costos de estos créditos fiscales, y explicó: “El dinero es fungible, pero se podría usar para pagar deudas, no solo como crédito de inversión”.

Además cuestionó que el crédito fiscal solo se use por dos años, por lo que expresó que “no tiene sentido limitarlo”. Para cerrar concluyó: “¿Queremos favorecer a las PyMES o a la innovación tecnológica?”, dando por aludido que ambas ideas, según su parecer, van por caminos separados.

Peirano aclaró las dudas de Tetaz: “Ampliamos soluciones para que más empresas operen en Argentina y brindamos herramientas para que esto se vea en la práctica”, respondió brevemente el titular de ANPCyT.

Presente en el encuentro, el titular del bloque oficialista, Germán Martínez, recordó que “la Ley 23.877 avanzó sobre una hiperinflación en el año 1990 durante el menemismo arrastrando los problemas de Alfonsín”, y agregó: “Este escenario actual es mucho más favorable que aquel de hace 32 añós”, refutando las ideas de Pomar y Tetaz.

Para finalizar, Peirano advirtió: “Trabajamos un fondo de inversión para Desarrollo científico, innovador y tecnológico, pero no somos un banco”.

La reuniónfinalizó con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, agradeciendo a los presentes y despidiéndolos hasta la próxima reunión.

Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Ciencia, Tecnología e Innovación de Diputados comenzará con el debate de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. La reunión se realizará este martes, desde las 12.30, en el Anexo “C” de la Cámara baja.

Además, se tendrá también a la vista un proyecto del radical Facundo Manes -presidente de la Comisión de Ciencia- sobre creación de un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo.

En los considerandos de la iniciativa, el Poder Ejecutivo señaló que “deviene necesario introducir cambios al régimen, por cuanto se advierte, entre otros aspectos, que el límite establecido por dicha norma del 10% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo e innovación tecnológica para el pago de impuestos nacionales, resulta sumamente bajo y notablemente menor a los porcentajes otorgados por el resto de los países de Latinoamérica para el fomento de las actividades en cuestión”.

“Las modificaciones que se proponen implicarán un mejoramiento de la Ley N°23.877 que redundará, especialmente, en beneficios para las micro, pequeñas y medianas empresas”, se sostuvo en los argumentos, a la vez que se indicó que “resulta necesaria la adecuación de la magnitud del Certificado de Crédito Fiscal, quedando en la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación el diseño de las condiciones específicas y los procesos de los llamados, recepción, evaluación, monitoreo e instrucción para la emisión del incentivo tributario”.

El Gobierno recordó que a partir de la reforma tributaria de 2017 (Ley 27.430) se “desvirtuó al instrumento del crédito fiscal para la promoción y fomento de la Investigación y Desarrollo (I+D)”, ya que se “redujo el porcentaje que puede ser solicitado como certificado fiscal en el marco de proyectos de I+D, impuso condiciones para su acceso que acotan aún más el universo de actores que pueden acreditar estas acciones para obtener apoyo del Estado y desmanteló los esquemas de supervisión y orientación que las políticas públicas tienen que ejercer para que estas ayudas públicas concilien los objetivos particulares, pero también los sociales”.

“Como consecuencia de los nuevos parámetros definidos por la Ley N°27.430 y a pesar de contar con crédito presupuestario en los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021, el instrumento de crédito fiscal para I+D nunca pudo ser implementado, destacándose que en el período señalado no se registraron adjudicaciones”, se agregó.

De esta manera, el objetivo principal del proyecto es “reactivar el referido instrumento al modificar los destinatarios y la ecuación entre cantidad de beneficiarios e intensidad del apoyo”. De esta manera, se propicia un instrumento donde se premie a las MiPyMEs sobre las grandes, se recupere el análisis ex ante de los proyectos y se reconozca el 50% de la inversión en I+D como crédito fiscal con excepciones donde puede otorgarse hasta el 80% según pautas como tamaño, sector, región y primera solicitud.

El Ejecutivo detalló que las empresas MiPyMEs podrán obtener un certificado de crédito fiscal de hasta el 80% de los gastos elegibles realizados en investigación, desarrollo, innovación y modernización tecnológica. Una segunda presentación de las MiPyMEs para la obtención del beneficio fiscal permitirá obtener un certificado de hasta el 65% de los gastos elegibles. A partir de la tercera presentación podrán obtener un beneficio fiscal del 50%. Y, sin perjuicio de ello, se contempla que grandes empresas puedan acceder a la franquicia en cuestión, considerándose, dada su envergadura, una magnitud de beneficio menor.

Los certificados de crédito fiscal podrán ser utilizados por sus beneficiarios para la cancelación del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, en concepto de anticipos o saldos, por el término de hasta dos años a partir de la fecha de su emisión, establece.

Un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de los oficialistas Blanca Osuna y Carlos Heller, respectivamente, debatió y pasó a la firma los proyectos para crear tres universidades: una en el Delta, otra en Pilar y en Saladillo.

El debate estuvo marcado con picos de tensión en el discurso de algunos diputados del interbloque de Juntos por el Cambio que le enrostraron al Frente de Todos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncio un recorte en educación. De 70 presentes, 46 miembros acompañaron con su firma los proyectos.

La explicación de los proyectos: Delta, Pilar y Saladillo

Al inicio de la reunión, Osuna explicó: “Son proyectos que vienen gestándose hace un tiempo largo, hablo de varios años cuya construcción ha tenido idas y vueltas. Algunas tienen que ver con el propio funcionamiento de la Cámara, ya que se materializaron en proyectos y por la dinámica de nuestro propio funcionamiento los proyectos cayeron y fueron representados”.

“Las condiciones que la legislación tiene para la creación de universidades que es un plano, el otro plano tiene que ver con una gesta muy particular que se da en las propias comunidades donde los debates, las necesidades, la puja y la fortaleza que cada uno de los sectores va, de manera concurrente, coordinando hace que esta tarea corone ese esfuerzo”, destacó y sumó: “Es una tarea maravillosa de las comunidades, de las organizaciones comunitarias, de instituciones educativas que están en las comunidades y vienen coordinando y trabajando la formación superiores de los jóvenes. Estamos dando un paso importante”.

En ese contexto, Osuna explicó que previo al acuerdo plenario hay un trabajo de equipos técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que analizan los proyectos y, respecto a la iniciativa que propone la creación de la Universidad del Delta, explicó: “El CIN señala que el informe de factibilidad resulta en términos generales completo y plantea una propuesta formativa ligada al sector productivo local y propone, además, una propuesta de formación integral desde cursos de pregrado, grado, post grado”.

En ese sentido, el CIN también pondera que la iniciativa tiene “un acento a la formación de temáticas asociadas a la biotecnológica, la tecnología, ingeniería, a las ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de gestión”.

Por otro lado, sobre el proyecto de creación de la Universidad de Pilar el acuerdo plenario del CIN señala que “el partido de Pilar registra niveles de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, en materia de viviendas, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Dadas las particularidades de la realidad, en la región se da una serie de características productivas que el proyecto de esta universidad incluye un detallado punteo de la misión fundacional”, y señaló que también “hace referencia a la existencia de un polo educativo y una red de instituciones de docencia y de instalaciones que vana a ser uso de un predio que se evidencia en el texto del proyecto y tiene trascendencia emblemática que es el Carlos Pellegrini. El proyecto y el CIN destacan el aporte que el Gobierno municipal realiza respecto a la iniciativa”.

A su vez, Osuna destacó las condiciones sociales y económicas del lugar que “hay como meta el objeto de la contribución a resolver problemas sociales de Pilar y su zona de influencia”.

Por último, sobre la creación de la Universidad de Saladillo y la resolución del CIN, la diputada oficialista procedió a leer: “La elección de su emplazamiento responde a la importancia que representa para sus actores la conectividad existente dentro y fuera del partido. Hay un destaque muy particular en cuanto a la cobertura poblacional porque no solo está en la meta de los proyectos sino también nos motiva a todos a acompañarlos el hecho de que hay un fuerte compromiso a atender a una población que debe permanecer a sus propias comunidades, la baja movilidad esa particularidad exigencia que hay que implica inversión económica y desprendimiento de jóvenes que deben trasladarse a otros pueblos para cursar sus estudios, en este caso es parte de las tres universidades planteadas como objetivo de ley y de aprobación, y nos motiva a nosotros”.

A su vez, la titular de la Comisión de Educación sumó: “Hay un desafío en esta etapa en particular de la Argentina tiene que ver únicamente con la calidad de la propuesta educativa vinculada, no solo a la eficiencia, sino también al acompañamiento e inclusión de jóvenes y adultos mayores”.

“Estas nuevas universidades deberán tener la tarea de fuerte y firme compromiso de vinculo con las comunidades donde estarán asentadas”, indicó Osuna y expresó: “Todos los necesitamos porque una universidad crea valor en una comunidad”.

Por último, manifestó: “Este Congreso fue testigo de la creación de muchas universidades, y la creación de esas instituciones siempre trae debates, tensiones previas y luego uno las ve caminar. La creación de nuevas universidades, además de las históricas que ya hay, han demostrado el valor que tiene la posibilidad de acceder a una carrera de educación superior”, y cerró: “Hay cuestiones pendientes, en algunas regiones del país, en materia universitaria”.

La palabra de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada oficialista Alicia Aparicio solicitó una modificación en el artículo primero del proyecto de creación de la Universidad del Delta especificando que “la sede central se encontrará en el Partido de Tigre”, y explicó: “La modificación no altera el espíritu del proyecto que es especificar la sede central y las dos regionales en el partido de San Fernando y Escobar”.

En ese sentido, procedió a leer cómo quedaría redactado el artículo: “Créase la Universidad Nacional del Delta que atenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. La Universidad contará con su sede central en el Partido de Tigre, y regionales en San Fernando y Escobar”.

Hoy dimos un paso muy importante. En la reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto, dimos dictamen a la creación de tres nuevas universidades nacionales: Pilar, del Delta y Saladillo. Es movilidad social ascendente, desarrollo local y trabajos del siglo XXI. pic.twitter.com/XZDuJqUX3T

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 24, 2022

A continuación, su compañero de bloque Daniel Arroyo consideró que “los tres dictámenes que estamos firmando son de suma importancia. Una Universidad es algo distinta a todo el resto porque combina educación e investigación porque la Argentina tiene que desarrollarse en base a industria y desarrollo que tiene investigación, producción. las universidades generan esa situación. Me parece que estar aprobando tres universidades es un salto importante, un momento significativo”.

“Crear estas tres universidades significa tres cosas: primero es movilidad social ascendente, en las nuevas universidades que se crearon en los últimos años más del 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, porque para que a la Argentina le vaya bien uno tiene que estudiar y trabajar y para eso es necesario que haya una universidad cerca, este es un avance claro. Las universidades implican desarrollo local, afianzar capacidades productivas, conocimiento, fortalecer a los actores locales porque el país se reconstruye de abajo hacia arriba. Por último, esto es promoción de trabajo”, describió Arroyo.

También se expresó la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá quien reflexionó: “Una universidad no solamente es un edificio, que es un detalle importante, pero uno de sus componentes fundamentales son sus docentes”, y contó: “En muchas universidades no se respeta el convenio colectivo de trabajo. Es fundamental que la tarea docente se pueda desempeñar respetando los derechos laborales de ese convenido colectivo conquistado que no se respeta como por ejemplo en la UBA, pero tampoco en muchas otras. Debe respetarse el libre pensamiento, la estabilidad laboral y los derechos vertidos en el convenido colectivo de docentes”.

En su intervención, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) expresó su “alegría” por la segunda reunión de la Comisión de Educación “desde que se inició el año legislativo”, y expresó su preocupación porque “la primera reunión fue para tratar el tema de enfermería y, en esta ocasión, estamos discutiendo la creación de universidades nacionales en el contexto catastrófico de la educación obligatoria en el país”.

Y bregó para que “en la tercera reunión que tengamos podamos hablar de otras cuestiones porque la realidad es que estamos en un país donde solamente 16 de cada 100 estudiantes terminan el colegio secundario en tiempo y forma”, y subrayó que la “atención” tiene que estar puesta en “los que dejaron las escuelas, en los que perdieron saberes que no van a recuperar, en los saberes docentes, en la evolución de los estudiantes. Hay muchos temas que son prioritarios para la educación argentina y para el futuro de los niños y jóvenes argentinos”.

A su vez, ratificó su respaldo a la creación de nuevas casas de altos estudios, pero lamentó que “no forme parte de los temas que tratamos los problemas actuales de la educación obligatoria”. Respecto a los proyectos remarcó la necesidad de un estudio estructurado sistémico sobre qué lugares, qué careras, se necesitan crear en la Argentina porque “desde 2009 hasta la actualidad se crearon 13 universidades nacionales y 9 se crearon en la provincia de Buenos Aires y ahora van a ser 12. Tenemos que tener una discusión sobre qué necesidades federales tiene el país sobre las universidades nacionales”.

“Al mismo tiempo que se decide crear nuevas universidades, el Gobierno hizo recortes en la educación. Este no es un Gobierno que apoye la calidad educativa, a que el futuro de los chicos este asegurado a través de la educación y esfuerzo y aprendizajes. Son los temas que necesitamos discutir de forma urgente”, cuestionó Ajmechet.

En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien celebró tener “un segundo encuentro de la Comisión de Educación, un plenario con Presupuesto, porque hay en agenda para poder debatir donde creemos que están incluidos los temas que hacen a las necesidades prioritarias que atraviesa el sistema educativo nacional y, particularmente, lo de educación obligatoria”.

“Estamos generando un toma y daca con respecto a la construcción de universidades nacionales o tirándonos a la marchanta la construcción de instituciones y queda reflejado en los últimos 12 años de las 13 universidades, vamos a tener 12 que vana  estar en la provincias de Buenos Aires y este planteamiento de la educación superior no está haciendo un camino virtuoso con previsibilidad y con la suficiente asignación de recursos que sea sostenible en el tiempo y que incluya los componentes y procesos que tiene la educación superior”, detalló.

El Ministerio de Economía ajusta $70.000 millones de educación después de una crisis educativa sin precedente. Pero hoy en @diputados se proponen dictaminar 3 nuevas universidades nacionales, una de ellas en Tigre. El despilfarro lo pagan nuestros chicos.

— maxi ferraro (@Maxiferraro) August 24, 2022

En esa línea, precisó: “No se trata de crear más instituciones, sino de qué manera nos ponemos a trabajar seriamente para mejorar los indicadores, al calidad y lo que es la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, y agregó: “Ahí entra lo que es el estudio de factibilidad, estamos mirando para otro lado lo que establece el artículo 48 de la Ley de Educación Superior porque establece el estudio de factibilidad que ninguno de nosotros cuenta en esta Comisión, el informe del CIN y la asignación presupuestaria correspondiente, pero no podemos dejar de lado que el ultimo informe de ares de vacancia es del 2018”. En tanto recordó que en otras oportunidades se quiso aprobar la ceración de universidades sin tener la aprobación del CIN y denunció que es un “aspecto violatorio del artículo 48 de la Ley de Educación Superior”.

Además, disparó contra el oficialismo: “Tenemos que ver cuál es el sendero de prioridades que están estableciendo en esta Cámara porque no podemos dejar pasar por alto el contexto de reducción presupuestaria en la educación obligatoria, reducción que nos tienen que interpelar a cada uno de nosotros para poder repensar las prioridades en lo que es la reasignación de recursos y en una política central como es la educación”.

“La resolución del ministro de economía reduce casi a 70 mil millones de pesos el presupuesto de educación que es más del 50% de la reducción que ha determinado con esta decisión administrativa que asciende a casi 130 mil millones”, denunció Ferraro y expresó la exigencia de “discutir en este Congreso políticas educativas que ubiquen en un lugar central a la educación y al debate estructural y una reforma de la educación superior sancionada en los 90”.

“Solo 16 de cada 100 alumnos terminan el secundario, tentemos las desigualdades socioeconómicas donde está el ingreso tardío, a la repetición, la deserción en los primeros grados que influyen en la no conclusión de la educación”, informó el legislador de la CC y sumó: “También se dan desigualdades en los aprendizajes, lo hemos visto en las pruebas Aprender en el retroceso de esas evaluaciones. Un poco más de 3 de cada 10 asisten al último año del secundario en el sector privado. El 63,7% culminan en tiempo y forma con los conocimientos necesarios de escuelas privadas y el 36,3% escualos estatales del país. Solo 1 de cada 10 jóvenes de sector pobres asiste a la universidad, el 12,4% cursa estudios universitarios en el país, en los segmentos más altos el 46% asiste a la universidad. La desigualdad educativa de todos los niveles se traslada y persiste cuando se analizan los trayectos posteriores”.

Adhirió a estas expresiones la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) quien describió a la educación superior como “una estrategia calve para el desarrollo individual y social del país”. Sin embargo, señaló que “está faltando entender el contexto, las circunstancias que están pasando en la Nación cuando en el día de ayer se anunció la reducción de 70 mil millones de pesos al sistema educativo obligatorio y estar debatiendo esto, una medida tomada por el superministro que se puso la capa de Superman, pero se transformo en el peor villano que le metió la mano en la lata al futuro de los pibes”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista María Rosa Martínez coincidió en el diagnóstico de la desigualdad que “nos lleva a discutir en la redistribución de la riqueza que va a ser un aporte significativo”. Sobre el proyecto del cual es coautora para crear la Universidad de Pilar explicó que “es una posibilidad de complementación con las instituciones de la zona, no se produjo una superposición de carreras, sino de articulación, vinculada al desarrollo científico y tecnológico que va a ayudar el desarrollo de la ciudad”.

“Está pensada en institutos y en los alumnos porque permite articular la educación secundaria y la superior. Es una manera de abordar la problemática de no terminar el trayecto universitario, por eso va a haber un acompañamiento para que no dejen. Crear universidades tiene que ver con los derechos humanos y poder terminar con las desigualdades”, agregó.

En su intervención, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) ponderó poder coincidir con el pleno con el diagnóstico respecto a la educación, aunque “con matices”, y planteó que “la agenda que sigue en materia educativa tiene que ver con la inclusión, la calidad e innovación”. “Voy a apoyar la creación de las tres instituciones universitarias, porque estamos hablando de la provincia más grande, la que reúne la mayor cantidad de población y la que mayores desigualdades tiene. También me llena de orgullo la creación de la Universidad de Saladillo”, adelantó y cerró: “Los tres proyectos alientan las condiciones de igualdades, tienen vinculación con el territorio, se observa con claridad que no piensan avanzar sobre carreras ya formadas, que trabajan con el contexto socio productivo y generan oportunidades de distintos tipos de niveles en la formación profesional de los jóvenes y adultos”.

El titular del bloque del FdT, Germán Martínez (Santa Fe), se encargó de cerrar la reunión con su ponencia en la cual cuestionó a la oposición porque “en tiempos de pandemia puso las políticas educativas dentro de la grieta. Hubo una decisión de empezar a debatir las cuestiones políticas desde un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ exagerado”.

“Me encontré en la Ciudad de Buenos Aires con dos candidatos del Pro haciendo campaña electoral con los temas educativos”, denunció el santafecino y consideró que “no se le hace ningún favor a la Argentina tratar los temas educativos de esta manera”.

Respecto a los proyectos ponderó que “siempre es una buena noticia crear universidades porque es continuar ampliando derechos y acercando la posibilidad de acceso a esos derechos de argentinos que lo tienen más distantes”, y añadió: “Nosotros queríamos tener estas tres leyes aprobadas el año pasado y no pudimos”.

“Estamos tomando una buena decisión, ampliando derechos, creando nuevas universidades, sabiendo que el camino no empezó con nosotros y no va a terminar tampoco. Es el deseo de poder seguir avanzando en el debate en la creación de universidades en el interior que también hace mucha falta”, precisó Martínez y tiró un palito hacia la oposición: “Pasa que acá no se escucha cuando se habla”.

El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con un dictamen de mayoría -con 25 firmas sobre 44 presentes- de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para prorrogar por cinco años un total de seis impuestos. Durante la reunión realizada este miércoles, funcionarios del Ministerio de Economía advirtieron que, en caso de no aprobarse, el Estado podría perder un 32% de recaudación.

La iniciativa, que ingresó el pasado 1ro. de agosto -incluso fue firmada por la exministra Silvina Batakis– establece la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.

Durante el encuentro, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez (FdT), consultó a la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, “cuánto se perdería de recaudación si nosotros no prorrogamos” estos impuestos, a lo que la funcionaria contestó: “Solamente a lo que es prórroga de vigencia, no hablamos ahí de Valor Agregado, si esto no se prorroga estaríamos alrededor de un 32% de pérdida de recaudación sobre el total”.

También, tras una consulta del chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT), la representante de la cartera económica señaló que solo en relación a Ganancias se vería afectado un 13% de lo destinado a las provincias.

Durante su exposición, Balestrini sostuvo que los impuestos contemplados “son pilares del sistema tributario argentino y de la recaudación” y “gran parte son coparticipables o son distribuidos en base a la coparticipación”.

La recaudación de los mismos hace al “financiamiento de políticas públicas”, por lo que “mantener la integridad de esos recursos tributarios” contribuirá a elaborar “los supuestos del próximo Presupuesto”, indicó e insistió: “Es fundamental contar no solamente con una claridad en cuanto a políticas públicas” sino “cómo se van a financiar” y de allí la necesidad de prorrogar la vigencia de estos tributos.

Al detallar la incidencia de cada uno, la funcionaria expuso que el impuesto a las Ganancias “representa 5 puntos del PBI”. En cuanto al impuesto sobre los Bienes Personales, precisó que más de 90% es coparticipable; mientras que el impuesto al cheque o el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tienen asignación específica destinada a la ANSeS.

Apoyada en filminas, la subsecretaria explicó que el IVA se reparte un 11% a ANSeS y el 89% es coparticipable; en cuanto al Capital de Cooperativas, el 50% es coparticipable y el otro 50% va la Fondo de Promoción de Educación Cooperativa.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales tiene una detracción mensual destinada al INCUCAI, que anualizada es alrededor de 3 millones de pesos, mientras que el 90% se distribuye por coparticipación y el resto va a las cajas previsionales no transferidas.

En cuanto al impuesto a los pasajes al exterior, el 40% va al Instituto Nacional de Promoción Turística y el 60% a la Secretaría de Turismo; el impuesto sobre el precio final de la venta de cigarrillos tiene un destino 100% a la seguridad social; en relación al régimen de monotributo, en lo que refiere al componente impositivo, el 70% va a ANSeS y el 30% a las provincias; y en cuanto al impuesto interno con relación a seguros, el 100% tiene destino al Tesoro Nacional.

Al momento de las preguntas, el diputado porteño Martín Tetaz (Evolución Radical) consultó sobre los efectos económicos. “Ningún impuesto es neutral. Hay impuestos que provocan distintos efectos económicos y que tienen que ver con una mayor o menor progresividad o regresividad”, expresó Balestrini, que añadió: “No son neutrales, pero no son perjudiciales”. Y, ante el requerimiento de cifras, la funcionaria dijo que no podía contestar sobre el nivel de cumplimiento de cada tributo.

Las respuestas de la subsecretaria provocaron la queja de Tetaz, quien cuestionó que no había “escuchado un solo número”. “No tienen la menor idea de cuál es el efecto económico de cada impuesto” y “los niveles de evasión de cada uno de los impuestos”, enfatizó. “¿No ameritaría que cuando tengan la información podamos decidir con los datos sobre la mesa?”, se preguntó.

Entonces, la funcionaria procedió a dar ciertos datos, que recomendó podían chequearse en una web oficial, como que “la presión tributaria del impuesto a las Ganancias con relación a 2021 estamos hablando de 5,07, y con relación a 2022, en cuanto a lo estimado y lo efectivo, de 5,41. De eso para las provincias tiene una atribución directa del 63,12%”.

En tanto, el IVA tiene “una presión tributaria de 6,87 neto de reintegro con relación a 2021, y 7,07 para 2022”, del cual “el 51.35% va directamente a las provincias”, apuntó. Sobre el impuesto al cheque, indicó que en 2021 tuvo una recaudación de 750.414 millones de pesos, que representan un 1,52% del PBI para 2021.

A su turno, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) cuestionó que “el destino cuando hay asignaciones específicas nos pasa de costado a las provincias” que “se ven menguadas en su capacidad de receptar los fondos de estos impuestos que sistemáticamente tenemos que pagar”. Al referirse al Consenso Fiscal, la cordobesa fustigó que “por un lado dicen que las provincias suban (impuestos), pero por otro, que sigan pagando impuestos y los recursos se los queda la Nación”.

En tanto, el secretario de la comisión, Víctor Hugo Romero (UCR), subrayó que la prórroga de los tributos se puede votar por mayoría simple, pero “la asignación específica requiere mayoría absoluta”, al reclamar por cambios en el texto, algo a lo que se sumó su par Fernando Carbajal (UCR).

Pero desde el oficialismo, Martínez aclaró: “Estamos discutiendo las prórrogas de los impuestos y las asignaciones específicas, no nos estamos metiendo en las estructuras internas de cada uno de ellos. No se está afectando ni modificando nada de lo que ya existe. Yo creo que hay que dictaminar como está (el texto)”.

En el tramo final, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), anticipó la postura del interbloque Juntos por el Cambio. “Nosotros filosóficamente estamos de acuerdo en que los impuestos tradicionales que han financiado al Estado deben prorrogarse: Ganancias, IVA y algunos impuestos internos que tienen que ver con la salud. Como es de usos y costumbres, como pasó por última vez en 2017”, dijo al referirse a la última reforma tributaria de 2017 (Ley 27.432). “En ese sentido nuestra intención bajo ningún concepto es tratar de desfinanciar al Estado nacional, mucho menos a las provincias”, remarcó.

Sin embargo, el macrista aseguró que “no” pueden “avalar con una prórroga lisa y llana la contrarreforma tributaria que se ha hecho en estos últimos dos años”. Y consideró que durante este gobierno hubo “una contrarreforma salvaje, que ha aumentado el impuesto al trabajo, congelando el mínimo no imponible de contribuciones patronales”.

También se “ha aumentado el impuesto a la reinversión de utilidades”, se “ha subido salvajemente el impuesto a los Bienes Personales” y “se ha aplicado una violencia inusitada sobre el contribuyente argentino”. “En estos años ha habido una inflación impositiva”, criticó.

En esa línea, anunció un dictamen de minoría, donde plantearán “la prórroga en general de muchos impuestos”, pero también “algunas correcciones en los que nosotros creemos han sido algunos de los puntos centrales de la contrarreforma impositiva que se ha dado durante el gobierno de Alberto Fernández”.

“Esto en un mensaje de responsabilidad. No vamos a hacer la demagogia de no votar impuestos, porque sería ridículo. Pero sí al mismo tiempo plantear una posición clara de hacia dónde tiene que ir la Argentina en materia de reducir impuestos”, completó.

Por último, Martínez anticipó que buscarán votar el proyecto en sesión la próxima semana y defendió que se propone “una prórroga totalmente prudente en el tiempo”. “Hay que buscarle mucho el pelo al huevo para estar en contra de este proyecto”, manifestó y advirtió por “una situación de colapso de financiamiento de las economías provinciales” en caso de no prorrogarse esos tributos.

Finalmente, el santafesino pidió “tener un gesto de responsabilidad y compromiso” ya que “no le estamos pidiendo nada extraño a nadie”.

El proyecto de promoción y desarrollo de la enfermería completó su trámite parlamentario en comisiones de la Cámara de Diputados, tras obtener aval en Presupuesto y Hacienda, durante una breve reunión que se realizó este martes.

Al encuentro se llegó con dos dictámenes, que antes habían sido despachados en un plenario de Educación y Salud, los cuales se mantuvieron, pues desde Juntos por el Cambio se plantearon las diferencias con el texto de la mayoría. No obstante, los legisladores abogaron por “seguir conversando” hasta que la iniciativa se trate en el recinto, de modo de poder salvar las diferencias.

El proyecto, presentado el año pasado por el oficialista Pablo Yedlin -hoy senador-, tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios para favorecer la formación de calidad de enfermeros y enfermeras, incrementar el número de estos y promover el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Además, declara de interés público la carrera y regula criterios sobre la evaluación, formación continua y acreditación del título. También tiene un capítulo dedicado a las becas y los incentivos económicos, donde hay diferencia entre los dictámenes.

En primer lugar, la diputada Blanca Osuna (FdT) sostuvo que este “es un tema altamente sensible en términos del desarrollo de las políticas sanitarias y de reivindicación laboral de quienes eligen esa carrera”. “Creemos que como Congreso Nacional vamos a aportar algo que es una reivindicación en términos integrales”, insistió.

La presidenta de la Comisión de Educación señaló que “la categorización de esta carrera” en “su historia arrancó con limitaciones”, pero en el tiempo “fue ganando terreno y posiciones”. Sin embargo, “aún hoy existen profesionales que en su desempeño son excelentes y en su formación requieren y merecen la opción de poder completar sus estudios académicos y poder acceder a las titulaciones”.

“El Ministerio de Educación anunció en marzo de este año un incremento del monto de las becas que implica un aumento del 78% anual” para este sector, detalló la entrerriana, que agregó que el proyecto contempla “la vocación y la obligación de que el Estado y la autoridad de aplicación tengan responsabilidad en la actualización de las becas”.

Puntualmente se destinan unos 9 mil millones de pesos. Osuna explicó que haber contemplado partidas por 40 mil millones de pesos, como algunos plantearon, “no solo tensionaría el objetivo y las prioridades de inversión al interior del Progresar, sino que desequilibraría lo que son las prioridades no solamente en materia de becas, sino de inversión en educación”.

A su turno, la legisladora Graciela Ocaña (Pro) consideró que con esta ley “vamos a fundar cuán importante es esta política que todos entendemos que debe llevarse adelante” de modo de “poder resolver un tema que es histórico”.

“Hoy en Argentina hay una baja cantidad de enfermeros”, apuntó, y precisó que de acuerdo a los parámetros de la OMS y la OPS es conveniente tener “como mínimo dos enfermeros cada un médico, y lo ideal serían tres. En Argentina tenemos medio enfermero por cada médico”.

Respecto a las diferencias entre el dictamen de la mayoría y la minoría, la macrista resaltó que “no hay políticas públicas sin fondos”, por eso desde su espacio proponen “la creación de un fondo especial dedicado a la formación de enfermeros y enfermeras profesionales” con “un monto que sea adecuado a la necesidad que Argentina tiene”.

También aseguró que hay que “promover una educación continua y mejora en calidad” porque “se necesita de enfermeros universitarios”. Sobre el monto de las becas, que consideró bajo, opinó: “Nosotros creemos que es necesario ajustar”.

Otra de las voces del debate fue la diputada Danya Tavela (Evolución Radical), quien reclamó que “la autoridad de aplicación corresponde al Ministerio de Educación. No es el Poder Ejecutivo quien tiene que decidir cuál es la autoridad de aplicación”.

Además, planteó que hay que “establecer cuáles son los requisitos mínimos y quiénes son los que los van a discutir, para poder implementar un proceso de acreditación y validación de las carreras”. “Aquella carrera de enfermería que no cumpla con esos estándares no puede tener validación nacional”, dijo, al tiempo que pidió “establecer un proceso de articulación entre la formación técnica universitaria y no universitaria”.

Por su parte, el legislador Alejandro Finocchiaro (Pro) celebró: “Estamos trabajando de buena fe tanto política como intelectualmente. Queda un tiempo de acá hasta que esto llegue al recinto y confío en que podamos discutir. Nosotros estamos abiertos”.

En cuanto a las diferencias, el exministro de Educación ratificó que “la autoridad de aplicación tiene que ser el Ministerio de Educación porque estamos formando al capital humano”. Mientras que las becas “tienen que tener un monto importante”. “Nosotros hemos cuidado mucho el gasto público y estamos empeñados en seguir cuidándolo, pero finalmente el Estado invierte y gasta. El problema no es que gaste sino cómo gasta”, observó.

Finalmente, el presidente de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), destacó que “hay voluntad de seguir trabajando” en un consenso. “Estarán los dos dictámenes, pero se seguirá conversando”, afirmó, de modo de alcanzar “un mejor proyecto que cumpla el objetivo que todos estamos compartiendo”. “Deberíamos poder avanzar y mejorar el acuerdo final”, concluyó.

Luego del plenario que mantuvo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (FdT), con la de Industria y Comercio en la que pasaron a la firma el proyecto de promoción de la industria automotriz, se mantuvo reunida para emitir dictamen favorable al proyecto que prorroga de los fondos con asignación específica para la promoción y desarrollo de la actividad turística hasta 5 de enero de 2025 iniciativa del senador por Misiones, Maurice Closs (Frente Nacional y Popular).

Guerra explicó que “es un proyecto corto que consta de un solo artículo en el cual lo que propicia restituir la vigencia en su origen los fondos de asignación específica destinadas a la actividad turística”.

“No vamos a crear nuevos proyectos”, comenzó su explicación la senadora oficialista Ana María Ianni (Santa Cruz) y agradeció a las autoridades de la comisión el debate sobre el proyecto.

En esa línea, explicó: “Esta ley de asignaciones específicas tiene su vencimiento este año y justamente la Ley 27.432 en su artículo 4 inciso F determina que lo que se recauda en conceptos de venta de pasajes al exterior en todo tipo de transporte es el que fondea el Fondo de Turismo que fue creado por Ley en el año 2005 cuando, a través de la Ley Nacional de Turismo, se pone en marcha este Fondo de turismo”.

A su vez, detalló que el Fondo de Turismo “lo que hace es darle un plan integral para las decisiones políticas públicas destinas al sector turístico, de previsibilidad, de fomento, de posicionamiento y de promoción del país a través del Institución Nacional de Promoción en el Exterior para que la Argentina sea un destino visitado y esos turistas extranjeros, además de visitarnos, traigan divisas”.

“¿Por qué es importante entonces prorrogar esta asignación específica que se vende en diciembre? el objeto del proyecto es prorrogarlo hacia el 5 de enero 2025 porque el Fondo Nacional de Turismo esta prorrogado por Ley a ese mismo día y año”, precisó Ianni.

Estos fondos provienen de los impuestos a los pasajes al exterior (7%), según explicó la senadora santacruceña, quien, junto con la senadora por Jujuy, Silvia Giacoppo (UCR), acompañaron este proyecto.

Hizo uso de la palabra el vicepresidente de la Comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), quien adelantó el acompañamiento del proyecto que es “muy importante darle financiamiento al sector turístico. Esta asignación hay que prorrogarla”, pero pidió: “Entiendo y comparto el criterio de lograr la marca país, es acertado, pero eso no quita solicitarle que ese Fondo también sea distribuido a otras provincias”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, retomará el tratamiento del proyecto de Formación y Desarrollo de la Enfermería, que tuvo despacho de mayoría en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Educación.

La cita será el próximo miércoles a las 12 en el “Anexo C” de la Cámara de Diputados, con el objetivo de dejar listo el dictamen para debatirlo en el recinto.

La iniciativa que tiene por objetivo “mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua”.

Según el texto original presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procura “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

Se retomará este miércoles en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de ley que propone un plan de pago de deuda previsional, de modo de garantizar la jubilación a aquellas personas que no cuentan con los aportes suficientes.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a tratarse a principios de julio -antes del receso invernal-, durante un encuentro al que asistieron expositores, entre ellos funcionarios de la ANSeS. Pero en esa ocasión solo había sido parte la comisión cabecera, la de Previsión y Seguridad Social, que comanda la camporista Marisa Uceda.

Para la reunión de este miércoles, a la que también está previsto que asistan invitados, se convocó a un plenario con Presupuesto y Hacienda, que se realizará desde las 13.30 en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

El proyecto, impulsado por el kirchnerismo, tuvo media sanción en la Cámara alta dos días antes de la sorpresiva renuncia de Martín Guzmán. Durante ese debate, la jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, admitía que no habían consultado al ministro de Economía por la propuesta.

A diferencia del trámite en el Senado, donde la Comisión de Presupuesto no tuvo parte, en Diputados el expresidente del cuerpo y ahora ministro, Sergio Massa, giró el texto a la comisión que preside Carlos Heller.

Conocedor Massa de este tema, por presidir hasta hace pocos días la Cámara baja, se estima que esta convocatoria al tratamiento del proyecto cuenta con la anuencia del Ejecutivo. Además, luego de asumir en reemplazo de Massa, Cecilia Moreau informó a la prensa acreditada en el Congreso que la iniciativa formaba parte de la agenda del Frente de Todos para el segundo semestre.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Ante la realidad de que los tiempos “no daban” para que se sancione la ley antes del vencimiento de la moratoria vigente, el pasado 20 de julio el Poder Ejecutivo oficializó por decreto la prórroga del régimen actual hasta el 31 de diciembre de este año o hasta cuando entre en vigencia uno nuevo, que sería el que plantea este proyecto.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, retomará el tratamiento del proyecto de Formación y Desarrollo de la Enfermería, que tuvo despacho de mayoría en un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Educación.

La cita será el próximo miércoles a las 12 en el “Anexo C” de la Cámara de Diputados., con el objetivo de dejar listo el dictamen para debatirlo en el recinto.

La iniciativa que tiene por objetivo “mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua”.

Según el texto original presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, la ley proveerá de “recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país”. Asimismo, procura “avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes”. También, a través de la iniciativa se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación.

Luego de haberse aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 15 de junio con 132 votos a favor, 5 en contra y 92 abstenciones, el proyecto que prorroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales comenzará a ser debatido en el Senado con la visita del vicepresidente de Enacom, Gustavo López.

Será en el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda presidida por el riojano Ricardo Antonio Guerra; y de Educación y Cultura, a cargo de la sanjuanina Cristina del Carmen López Valverde. La reunión se realizará este martes 5 de julio en el Salón Arturo Illia a las 16.

Luego, la Comisión de Educación y Cultura se mantendrá en reunión para analizar proyectos de ley y de declaración.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto propone que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, previsto en la Ley de Medios.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

Con la voz de tomadores de créditos UVA, quienes reclamaron por una ley que dé solución a la engorrosa situación que atraviesan, un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una segunda reunión informativa sobre el tema.

La ronda de expositores se abrió con Sebastián Saúl Ignacio, representante de hipotecados UVA Necochea, invitado por la oficialista Jimena López, quien relató que tomó el crédito mediante el Banco Provincia en marzo de 2017 por 1.500.000 pesos, a 15 años, para poder comprar su casa. Empezó “pagando una cuota de 11 mil pesos” que “hoy, en la cuota 73, deberíamos pagar 85 mil pesos, algo imposible de hacer”, precisó.

Además, “al día de hoy debemos más de 9.500.000 millones de pesos, los cuales se conforman de más créditos otorgados por el banco en pandemia sin haberlos solicitado”, contó.

“Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario”, remarcó y aclaró: “No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita poder cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación”.

A su turno, Ernesto Páez, representante de hipotecados UVA de Mendoza, invitado por el radical Julio Cobos, lamentó que “desde hace 21 años seguimos con la misma historia” en torno a la problemática de los créditos hipotecarios y “hoy estamos otra vez con la gente con la espada de Damocles en la cabeza”.
“La vivienda es un derecho humano, basta de la usura que instrumentan todos los bancos”, enfatizó y añadió: “Seguimos atados a la ley del sistema financiero, porque nunca se tocó el sistema financiero”.

El expositor advirtió que aunque “haya una solución de suspensión de remate, los intereses y la inflación siguen adelante”. Por eso, reclamó que “haya una solución definitiva y de fondo” porque “siempre compensaron a los bancos y no a los deudores”, y en esta situación actual “los tomadores UVA nunca podrán honrar sus deudas”.

Invitada a propuesta del socialista Enrique Estévez, Daniela Funez, representante de tomadores prendarios y personales UVA, señaló que “somos casi 450 mil deudores con esta modalidad; somos los grandes olvidados y discriminados cuando se habla de créditos UVA”.

“La tasa de interés en nuestra modalidad es del 25%”, informó, y ejemplificó que por diferir una cuota en abril de 2020, que “era de 30 mil pesos por un vehículo para trabajar; si hoy queremos abonarla es de casi 100 mil pesos”. Además, “nos sumaron 33 cuotas más al final del crédito original”, con lo que “somos deudores de por vida, esclavos de los bancos hasta el final de nuestros días”.

Funez apuntó que “a muchos deudores ya le remataron el vehículo” pero “como no cubrieron sus deudas siguen debiendo a los bancos”. “Los bancos fueron los grandes ganadores con este sistema y más aún en plena pandemia”, denunció y pidió “recalcular la deuda desde el principio, bajar la tasa de interés y ser incluidos en cualquier dictamen”.

Entre la docena de oradores que se presentaron, el exdiputado mendocino José Luis Ramón consideró que el tema se trata de “un tremendo problema” ante el cual “las familias de la Argentina están buscando la paz social” y “en eso tiene que intervenir el Estado”.

En defensa de una iniciativa de su autoría, explicó que tenía “como objetivo el principio equitativo del esfuerzo compartido”. “Tenemos que establecer, por el Banco Central, que el índice sea de variación salarial y/o el que le fuere más conveniente al usuario desde el inicio del crédito en adelante”, sostuvo.

Bajo esa línea, el legislador provincial explicó que “alguien que sacó un 1.000.000 de pesos en el 2018, hoy debe 8.000.000 de pesos con el sistema UVA”, mientras que con esa propuesta “sería un deudor de 2.700.000 de pesos”.

Ramón recordó que el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, “derogó la ley de los créditos UVI y creó este espanto de los créditos UVA”.

Para el mendocino, también es necesario que “las entidades financieras resignen esto de seguir cobrando el UVA y que al final del crédito el Estado de la Nación le reconozca la pérdida a los bancos, pero a los 30 años, cuando ya termina”.

“Este no es un tema de hipotecados UVA, este es un problema de usuarios y consumidores”, subrayó y agregó que “es una obligación constitucional” la protección de los usuarios.

Por su parte, la abogada Mariela González, invitada a propuesta del oficialista Eduardo Fernández, expresó que “es muy difícil para una familia de clase media acceder a un crédito hipotecario y hay un problema habitacional en Argentina que viene de antaño”.

“Nos encontramos frente a una deuda de valor pensada y proyectada por el Estado argentino con el fin de paliar los efectos negativos de la devaluación de nuestra moneda, por eso hay unidades de valor, las UVI o las UVA. Sin embargo, en este intento de promover el acceso a la vivienda de la clase media y lograr que las entidades financieras otorgaran créditos en condiciones que les permitieran garantizar una rentabilidad en el largo plazo, el Estado ha generado un sobreendeudamiento a los tomadores hipotecarios que los ha colocado en riesgo inminente de perder sus hogares”, relató.

En ese sentido, González sumó que “actualmente se ha colocado en cabeza de estos tomadores las consecuencias negativas del proceso hiperinflacionario que atraviesa nuestro país, y como contrapartida de lo expuesto los bancos y entidades financieras están obteniendo un rédito que supera cualquier proyección normal”.

Convocada a instancias de la oficialista Gabriela Pedrali, la doctora Malvina Vilte, de hipotecados UVA La Rioja, remarcó: “La Justicia ya se expresó, ahora le falta al poder político expresarse. Yo les pido, les imploro, que tomen en cuenta este problema y que lo resuelvan. No queremos no pagar nuestra casa. La queremos pagar, pero con una cuota accesible, coherente, con un porcentaje acorde a nuestros ingresos”.

La expositora recordó que cuando recurrió a pedir el préstamo, el Banco Nación le pedía como requisitos “que sea una persona económicamente solvente, que tenga un buen registro en el Veraz”, sin embargo “el Banco Nación devolvió de mi persona un estropajo financiero, hoy estoy con la dignidad por el piso”.

En el cierre de la ronda, la abogada Gabriela Spatari, invitada por propuesta del jefe del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseveró que “esto es responsabilidad del Estado Nacional” que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri “puso en práctica esta falsa política de acceso a la vivienda aprovechándose de la necesidad que había en nuestro país de ella”.

“Eso es usura y la usura en nuestro país es un delito”, manifestó, al insistir que el gobierno anterior “a través del Banco Central generó el andamiaje para que miles de familias ingresáramos en esta trampa”. Mientras que la gestión actual, tomó “medidas unilaterales de la pandemia” como “congelamientos, diferimientos, convergencias, una trama compleja que ni los bancos entendieron”.

Spatari cuestionó que “los bancos mal informaron, desinformaron, maltrataron, engañaron a los deudores y hoy son los grandes ausentes”. “Nosotros no accedimos a una vivienda, la casa es del banco, no es nuestra, de lo único que somos dueños es de una deuda gigante, impagable e ilegal”, completó.

Luego de las exposiciones, el radical Julio Cobos comparó que hoy día, el Banco Provincia “da un crédito de 12 millones de pesos con tasa al 41%”, con una cuota inicial de “410.915 de pesos” y solicita más de un millón de pesos para el ingreso. “Es imposible tomarlo”, indicó, para decir luego que “por un crédito UVA el Banco Francés ofrece hoy 12 millones de pesos a 20 años, a una tasa del 5% y la cuota inicial es de 80 mil pesos” y el ingreso más de 200 mil pesos.

El legislador, autor de un proyecto para la renegociación de los créditos UVA, opinó que “más allá de la solución que tenemos que brindar desde el Congreso” lo que hay que hacer es “recuperar el crédito a largo plazo o corto plazo para capital de trabajo”.

“El problema que tenemos es cómo resolvemos a los actuales beneficiarios de crédito”, reconoció y apuntó que “la evolución del salario hasta diciembre de 2018 superó a la inflación”, pero “a partir de ahí cae el salario con respecto al valor de la UVA”.

Cobos vio con buenos ojos que “hay mucha coincidencia entre los diputados, hasta el propio Poder Ejecutivo, de encontrar una solución”, pero se habían fijado un acuerdo para llegar a un dictamen en 30 días y “ya llevamos casi 60 días y todavía no podemos ni siquiera discutir un dictamen”.

Por eso, reclamó que “la semana que viene se invite a los bancos y al Poder Ejecutivo” y luego avanzar en una iniciativa consensuada, donde “seguramente vamos a tener muchas coincidencias”.

Al cruce le salió el diputado Itaí Hagman, quien enfatizó que el crédito UVA “es accesible pero es impagable”, y la discusión debe darse en “cómo hacemos accesible el crédito que es inaccesible”, ya que el UVA “es una trampa de la cual es después muy difícil de salir”. “La solución no es continuar presentando como mejor créditos que son accesibles pero después impagables”, insistió el legislador del Frente de Todos.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Finanzas, la oficialista Alicia Aparicio, afirmó que este “es un tema al que debemos llegar a un acuerdo y ojalá podamos hacerlo, por el bien de las familias argentinas”. “Venimos solucionando muchísimos problemas que han tenido su origen en el anterior gobierno”, añadió.

Se completó la Comisión de Finanzas

En la previa del plenario, la Comisión de Finanzas completó la designación de sus autoridades y fueron nombrados Itaí Hagman (Frente de Todos) como vicepresidente segundo; Martín Tetaz como secretario primero (Evolución Radical); Emiliano Estrada (Frente de Todos) como secretario segundo; y Matías Taccetta (Pro) como secretario tercero.

Con la participación de funcionarios, sindicalistas y empresarios comenzó a tratarse este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley, impulsado desde el Poder Ejecutivo, sobre promoción de inversiones en la industria automotriz.

La ronda de expositores se abrió con la palabra de Julieta Loustau, subsecretaria de Industria, quien señaló que este sector representa “el 10% de la producción industrial, empleando más de 65 mil puestos de trabajo, y siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial”.

“En el país tenemos más de 11 terminales automotrices y más de 19 modelos producidos en el país”, precisó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo, que explicó que “el proyecto viene a potenciar los resultados ya obtenidos en el marco de la Ley 27.263” de Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino. Además, la iniciativa busca “acompañar un proceso de modernización que está atravesando el sector”.

Loustau detalló luego los aspectos principales, que se dividen en dos capítulos: la creación de un régimen de incentivos para el fomento de nuevas inversiones y la creación del Instituto de la Movilidad “con la idea de coordinar entre las diferentes cámaras, sindicatos, entidades tecnológicas y el Estado Nacional este proceso de transición que está atravesando el sector”.

Desde la cartera económica, María Sol Pasqualini, subsecretaria de Tributación Internacional, defendió que “este proyecto de ley tiene una mirada estratégica para el sector”. “Lo fundamental es incentivar las exportaciones y que se radiquen nuevos modelos y plantas en el país”, sostuvo.

Luego apuntó que los beneficios que se contemplan son “muy similares a los que buscamos implementar en la ley agroindustrial”. Así, enumeró que se trata de “la devolución anticipada de IVA” que “se iría a devolver cuando las inversiones empiecen a dar fruto y las empresas a hacer ventas o exportaciones”. “Lo que se devuelve no tiene un costo fiscal, sí financiero, que lo va a absorber el Estado”, agregó.

También establece la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, que consiste en “un beneficio financiero” y “los derechos de exportación van a ser 0”. “Los beneficios se pueden dar de forma recurrente”, aclaró.

Desde el sector sindical, Mario Manrique, secretario adjunto de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), recordó que la iniciativa comenzó a conversarse en diciembre de 2019, con la intención de “poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación, porque es una empresa multiplicadora de empleo. Así como la construcción, es una industria que desparrama hacia las PyMEs y hacia las autopartes”.

“Para poder construir el futuro debemos sentar las bases del presente”, observó y afirmó que, en ese sentido, “esta ley apunta a darle a nuestra industria esa base fundamental para que las empresas que hoy existen en el país tengan la previsibilidad a la hora de hacer inversiones”.

En tanto, Abel Furlán, secretario general de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), consideró que la iniciativa “suma beneficios muy importantes para la industria y fundamentalmente para este sector”. Puntualmente, el exlegislador destacó “la conformación del Instituto de la Movilidad” para “poder estar cumpliendo un rol importante no solo en las transformaciones”, sino también “en la formación profesional, en la capacitación de los recursos humanos”.

Desde ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina), Isabel Martínez ponderó el consenso de todos los sectores involucrados en la elaboración de cuatro proyectos de ley. “No estamos pidiendo nada que en el mundo no exista, como que no se pague para exportar”, señaló y, sobre los beneficios, indicó que “la devolución del IVA a las automotrices es algo que naturalmente debería ocurrir”.

“Hay algunas terminales automotrices que ya han hecho inversiones pensando en la posibilidad de contar con estos beneficios”, reveló.

Una de las voces del sector empresario fue la de Martín Galdeano, presidente de Ford y ADEFA (Asociación de Fabricantes de Automotores), quien resaltó que “Argentina está en un grupo de 25 o 30 países que producen automóviles en una escala superior a las 500 mil unidades. Estamos en el puesto 28. Y ocupamos el sexto lugar en producción global de pick-ups”.

“Es una industria exportadora de productos de alto valor agregado”, aseguró, por eso valoró “la importancia de esta ley y la competitividad para exportar”. “El sector lo integran 13 terminales, más de 600 autopartistas, más de 800 concesionarios y cuando combinamos empleo directo más el empleo indirecto, estimamos que generamos algo así como 500 mil puestos de trabajo”, enumeró y agregó que es “el segundo sector industrial en inversión extranjera directa”.

Antes de pasar a la ronda de preguntas, el presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT), comparó que en 2019 “la producción nacional de vehículos fue de 314 mil vehículos y las exportaciones de 224 mil vehículos”.

En 2020, producto del impacto de la pandemia, “la producción cayó un 55% y las exportaciones un 50%”; mientras que “la recuperación de 2021 lo llevó por encima del valor anterior: la producción de 2021 llegó a 434 mil unidades, un aumento del 69% y en lo que hace a exportaciones pasaron de 137 a 259 mil unidades, un aumento del 88%”.

“En lo que va de este año hay una producción acumulada a mayo de 195 mil unidades, un 27% por encima de lo que fue el mismo período del año pasado, y en cuanto a exportaciones 108 mil unidades, también un 27% más que los mismos meses del año pasado”, completó.

En la ronda de preguntas, Martín Tetaz (Evolución Radical) comentó que en la convocatoria de invitados falta la voz de los consumidores para saber “el criterio que priorizan”. Por consiguiente, preguntó por qué la ley no es de carácter general para todas las inversiones y por qué no se eliminan todos los impuestos de las empresas que exportan.

 “Este Congreso se ha convertido en un botín que vienen a buscar los distintos sectores con sus distintos lobbies. No tiene que haber impuesto a las exportaciones, es una contradicción”, expresó

Por otro lado, cuestionó la creación del Instituto de Movilidad: “¿Es necesaria? ¿Para qué está el Ministerio de Producción entonces? Si vamos a crear una estructura aparte, burocrática, ¿para qué tiene que pasar por el Congreso y piden una ley para una mesa de diálogo, si es una función del Ministerio de Producción?”.

A su turno, el santafesino Luciano Laspina (Pro) planteó si “no habría que mejorar, derogar o reformar la Ley de Autopartes del 2016” porque “da beneficios planos e incentivos a las grandes multinacionales”, y consultó también sobre el componente impositivo total en los autos.

De la vereda de enfrente la subsecretaria de industria, Julieta Lousteau, explicó que “no es una ley como para cualquier sector en virtud de las inversiones que estamos considerando y de los diferentes datos que se comentaron del sector automotor en Argentina y la vinculación que tiene en materia de valor agregado, en la generación de empleo de calidad”.

Sobre las iniciativas de inversión aclaró que “son grandes proyectos de inversiones que requieren en virtud del tratamiento diferencial al ser proyectos que acumulan una gran cantidad de IVA”, y cerró: “Este proyecto no es incompatible con la Ley 27.263 sino que se busca articular un proyecto que en definitiva ha generado un círculo virtuoso en relación a las exportaciones del sector, al contenido nacional, un sector que tiene un valor agregado más del 60% cuyas inversiones tienen un contenido nacional del 40% ha generado una gran seri de importaciones, y este proyecto viene a acompañar ese proceso”.

Por otro lado, el presidente de Ford, Martín Galdeano, contestó sobre la consulta del diputado Laspina respecto a la Ley de Autopartes sostuvo que “era algo que históricamente a la industria automotriz se le reclamaba que nos costaba llegar a contenidos razonables de componentes argentinos. Tenemos 5 proyectos que están en un piso del 30% y otros superan el 40%. La ley claramente esta funcionando y ha viabilizado esa localización de autopartes”. Sobre la carga impositiva, señaló que “tenemos cómo mirar la de la producción y la comercialización, si miramos la carga completa estimamos que tenemos un 11,6% en la producción, cuando Brasil tiene la mitad y México la tiene sobre la comercialización. Cuando exportamos es sin impuestos, buscamos acá no exportar impuestos”

El proyecto

La iniciativa apunta a promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.

Entre los beneficios fiscales plantea: devolución anticipada del IVA; amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura; y que los derechos de exportación van a ser de 0% hasta el 31 de diciembre de 2031.

Además, el proyecto declara a la Industria Automotriz-Autopartista como Industria Estratégica en la República Argentina.

Se crea el “Programa de Fomento a Nuevas Inversiones de la Industria Automotriz-Autopartista”, que comprenderá las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura realizadas por empresas industriales radicadas en Argentina.

Los beneficiarios podrán ser aquellas empresas que cuenten con proyectos de inversión aprobados por la autoridad de aplicación, mientras que no podrán acogerse al programa quienes estén declarados en quiebra, se encuentren en otro régimen de promoción o tengan morosidad.

Los bienes producidos en el marco de los proyectos de inversión deberán alcanzar un Contenido Mínimo Nacional (CMN), que se define en escalas progresivas de acuerdo a los vehículos o autopartes.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

Tras el debate sobre la reforma de la Ley de Alquileres, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con el despacho del proyecto para la creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI a partir de la recuperación de “dólares fugados”, que fue aprobado en mayo pasado en el Senado.

Con el acompañamiento del misionero Diego Sartori, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría -que reproduce la media sanción- con 41 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de rechazo, con 36 firmas. Por su parte, la diputada Graciela Camaño del interbloque Federal presentará este jueves por la mañana su propio despacho.

Según el proyecto, impulsado por el kirchnerismo, este Fondo se constituirá por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

La iniciativa introduce la figura del “colaborador”, que será “cualquier individuo, sea persona humana o jurídica, residente en el país o en el extranjero, que actuando en forma personal o conjuntamente, proporcione información relacionada con una violación de las leyes impositivas y de lavado de activos”.

El monto a partir del cual se considerará como acreditada la información del colaborador no deberá ser inferior a U$S 500.000 en concepto de activos no declarados. Asimismo, prevé una recompensa del 30% del monto total efectivamente recaudado e ingresado a las arcas estatales.

Por más de media hora, defendió el proyecto el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien explicó que la iniciativa “pone en el centro la cuestión histórica de la fuga de dólares, la evasión impositiva y cuáles pueden ser las formas posibles de afrontar el pago de la deuda con el Fondo”.

“El objetivo es obtener los fondos para hacer frente a la deuda heredada sin que eso afecte las posibilidades que el país tiene de utilizar sus recursos para mejorar la calidad de vida de la población”, resaltó y precisó que debería verse como una “doble expresión, porque en la negociación de la deuda heredada se obtuvo un amplio plazo que hace que hasta el 2026 esta deuda no genere erogaciones, por lo cual tendremos bastante tiempo, una vez sancionada la ley, para que los mecanismos allí dispuestos vayan generando resultado que permitan acumular recursos para que cuando lleguen los vencimientos podamos hacerlo sin afectar la políticas de crecimiento, de desarrollo”.

A su vez, el oficialista remarcó que “lo interesante del proyecto es que lo hace a partir de gravar a aquellas personas residentes que no cumplieron con las leyes impositivas del país, que evadieron el pago de impuestos que les correspondía efectuar al haber obtenido importantes ganancias en nuestro territorio y que las mandaron al exterior”.

“La oposición podría muy bien acompañar este proyecto sin entrar en contradicción con su postulado de no crear nuevos impuestos ni aumentar alícuotas, porque no se habla de eso, sino de que cumplan con las obligaciones contraídas y con la plata que ganaron bajo leyes vigentes, porque la que se llevaron afuera primero la ganaron acá”, enfatizó el porteño.

Y agregó: “Se la llevaron sin declarar y entran en todas las variantes de contrabando, fuga, todos los ilícitos que queramos imaginar y que permitieron que esos fondos estén en otros destinos habiendo eludido cumplir con las leyes vigentes en la Argentina”.

Tras leer el informe del Banco Central sobre la fuga de capitales durante la gestión anterior, el diputado insistió que se trata de “cobrarle a quienes fugaron dólares, no crearle ningún nuevo cargo, para quienes se han beneficiado con políticas de endeudamiento contribuyan a cancelar los montos adeudados con el FMI sin que lo pague el pueblo”.

Desde la oposición, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró que el proyecto debía ser girado a la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias -que él preside-, porque “es una cuestión de incumplimiento de normas tributarias”.

“Si entendemos que el dinero es fungible nos vamos a ahorrar un montón de discusiones. No tiene mucho sentido el destino de los fondos”, opinó y se preguntó: “¿Por qué no recuperamos el dinero de todos los evasores como los locales? ¿A esos no los vamos a buscar o su dinero no sería útil? ¿Por qué solo a los fugadores que se la llevaron a una cuenta off-shore y no a los que la tienen en cajas de seguridad?”.

En esa línea, el economista lanzó que “no se entiende por qué hay fugadores buenos y malos”, y reiteró que “no tiene sentido que queramos usar la plata depositada en una cuenta afuera y no queramos usar la plata de una caja de seguridad local”.

Cargando contra la gestión anterior, el oficialista Sergio Palazzo aseguró que el préstamo tomado por Mauricio Macri con el FMI “fue una gran estafa en la Argentina”. Por eso, expresó su apoyo “firmemente” al proyecto, ya que “pone en clave de justicia el interrogante más grande sobre quiénes tienen que pagar la deuda; y para nosotros la tienen que pagar los evasores”.

“(La deuda) no se la tenemos que hacer pagar a los trabajadores y a los sectores productivos, sino a los evasores. Y mucho menos me quedó con el discurso de que los argentinos nos tenemos que enamorar de Christine Lagarde porque nos prestó la plata, en todo caso los argentinos nos enamoramos de Yrigoyen, Belgrano, Moreno, Alfonsín, Illia, Perón, Evita, Kirchner y Cristina”, agregó.

En contra del proyecto, desde el interbloque Federal, la legisladora Graciela Camaño señaló que “por supuesto que no se puede estar en desacuerdo en perseguir a los evasores”. “El Estado debe poner todos los esfuerzos en esa persecución y que esa persecución sea eficaz, algo que evidentemente no está ocurriendo desde hace muchos años”, resaltó, al tiempo que explicó: “No advierto que con este proyecto de ley vaya a ocurrir. Se le está pidiendo a un texto una función que no la va a poder cumplir”.

“Estamos frente a un impuesto”, afirmó y aclaró que “en tanto norma impositiva, debió haber ingresado por la Cámara de Diputados”. Al subrayar que la iniciativa “es absolutamente inconstitucional” y también “vulnera el Pacto de San José de Costa Rica”, la bonaerense dijo: “Estamos dejando abierta una ventana para una objeción que pueda hacer la Justicia”.

Por Melisa Jofré

Tras un largo camino, que comenzó a principios de abril con un acuerdo parlamentario para debatir una reforma en 30 días hábiles -plazo que claramente no se cumplió-, un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó con los dictámenes sobre la reforma de la Ley de Alquileres (N°27.551).

Con 40 firmas, el Frente de Todos se alzó con el despacho de mayoría, mientras que el de Juntos por el Cambio y los bloques federales alcanzó 39. Sin embargo, el escenario de cara al recinto aparece adverso para el oficialismo, dado que la oposición lo superaría en número para imponer su texto. Podrían pedir incluso sesión para debatir el tema en los primeros días de julio.

Igualmente, resta definir la postura que tendrán, por ejemplo, los cuatro diputados libertarios, quienes pujaban directamente por la derogación de la ley. Teniendo en cuenta los acompañamientos en comisión, el dictamen de minoría contaría con 116 legisladores de Juntos por el Cambio, 8 del interbloque Federal y 4 del interbloque Provincias Unidas.

Luego de varias jornadas informativas, por las que pasaron más de cien expositores de todos los sectores, y habiéndose sumado a la discusión la Comisión de Presupuesto, no hubo luz verde para un consenso. Aunque sí ambos proyectos avanzan en beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades.

El dictamen del Frente de Todos revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para los inquilinos en la presentación de garantías.

En el capítulo de incentivos fiscales, propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorpora al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y exime del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

Por su parte, el dictamen de minoría vuelve a dos años el plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre 3 y 12 meses”.

Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” elaborados por el INDEC, “o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

En relación a los beneficios fiscales, similares a los del oficialismo, la iniciativa contempla una reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan tres unidades de explotación, “en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados” se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma”.

También exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y contempla una modificación al impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”.

Durante el plenario, el diputado Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) reveló: “Desde la última reunión hemos continuado trabajando con los interbloques con los que teníamos una mirada parecida respecto de cuáles eran los cambios que había que hacerse en la Ley de Alquileres y de los incentivos fiscales. Viendo los dictámenes que habíamos sacado de Legislación General, nos pusimos de acuerdo en unificar un solo proyecto”.

Al explicar los aspectos de esa iniciativa, el legislador argumentó que se modifica de tres a dos años el plazo de los contratos, porque ese cambio que se dio con la ley sancionada en 2020 “generó un impactó negativo en la oferta”. Además, ahora buscan que haya “una mayor libertad entre las partes” para la actualización del precio de los alquileres.

A continuación, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace destacó el “diálogo fructífero entre distintos bloques”. “La intervención del Estado en la regulación de los alquileres no debe darse a través de los precios, sino de los incentivos para garantizar la oferta”, argumentó ya sobre el proyecto.

Y señaló que la ley sancionada en 2020 “ha generado consecuencias no deseadas”. Si bien se aprobó con “un pretendido objetivo de ayudar a los inquilinos”, el puntano analizó que su implementación falló en un contexto de “economía de alta incertidumbre y con alta inflación también”. En esa línea, explicó que es lógico que los propietarios “busquen cubrirse de ese riesgo con la única variable que sí controlan, que es la del precio inicial”, por eso el aumento de los alquileres.

Desde el oficialismo, el salteño Lucas Godoy lamentó que los legisladores de la oposición “hayan soslayado completamente la voz de unos de los actores fundamentales de la relación, que son los inquilinos”, de quienes “no he escuchado a ninguno de ellos que hay que retornar a un plazo mínimo de dos años, a una actualización semestral o que no tenga ningún tipo de regulación”. También resaltó que “es incomprobable” que los precios “hayan aumentado producto de esta ley”.

En tanto, su par Susana Landriscini cargó: “No respetan nada de lo que han pedido y solicitado fuertemente los inquilinos, las mujeres cabeza de familia, los sectores vulnerables, los representantes del interior, los jóvenes”. “La palabra ‘libremente’ en los pactos entre oferentes y demandantes surge de la doctrina liberal económica, que cree que uno y uno de las partes son iguales, cuando no lo son”, fustigó y agregó que la iniciativa de la oposición se trata de “una legislación que solo beneficia a propietarios e inmobiliarias”.

En la misma línea, el sanjuanino José Luis Gioja consideró que “está claro quién va a ganar, está claro quién va a imponer. Esto es como poner a un zorro con una gallina”. “El sector más perjudicado son los inquilinos. Como legisladores lo que tenemos que hacer mínimamente es defender los derechos de los inquilinos. ¡Acá hasta escuchamos llorar a una mujer!”, enfatizó. Y, más tarde, completó: “¡Vamos a hacer que rija la ley del gallinero, el de arriba caga al de abajo! Y así no debería ser”.

Desde el interbloque Federal, la diputada Graciela Camaño observó que “los salarios de los trabajadores están en paritaria permanentemente” porque “el gravísimo problema que tenemos es el problema de la inflación”. Entonces, cuestionó hacer discursos como si se creyera que “sí se escucha, cuando en realidad no se está viendo cuál es el problema que tiene nuestro país”.

“El problema que tenemos es que no hay oferta para alquilar”, sostuvo, al tiempo que admitió que “desde una ley no vamos a resolver el terrible problema habitacional que tenemos” porque, entre otras cosas, “este país no tiene crédito hipotecario hace muchísimos años”. “Este problema es mucho más importante, más profundo”, dijo.

Avanzada la discusión, el diputado del Pro Luciano Laspina cuestionó que “este Gobierno está acostumbrado a echarle la culpa a los anteriores, a echarse la culpa entre ellos, a patear los problemas para adelante y nunca resolverlos. Este es un ejemplo más, de negar la realidad, como niegan la inflación”.

“Hay un problema estructural en lo macroeconómico que esta ley no va a solucionar”, apuntó el macrista, que expresó que hay “una caída muy grande del salario medido en dólares o en metro cuadrado en el mercado inmobiliario”. Para el santafesino, con este proyecto “vamos a solucionar los problemas micro que se generaron con la ley votada (en Diputados) en 2019”, ante “un colapso de la oferta de propiedades”. “Venimos a intentar revertirlo, generando incentivos a que haya más oferta. Si hay más oferta, el precio baja”, sumó.

En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, recordó el trayecto que tuvo la ley -que se votó por amplia mayoría en Diputados en noviembre de 2019- y rechazó que “le hemos cargado casi toda la responsabilidad de los problemas que existen” a esa norma, que “entró en vigencia aproximadamente hace un año y dos meses”.

“Razón, convicción y también corazón hacen falta cada vez que aprobamos las leyes”, manifestó y planteó a continuación: “No venimos con una superioridad moral, pero tampoco queremos dejar instalada la idea de que acá hay algunos que tienen superioridad intelectual respecto a los proyectos que se tratan de impulsar”.

Luego leyó noticias sobre aumento de alquileres en otros puntos del mundo, como en New York o Barcelona. “Esta situación (internacional) que se está dando la tenemos que tener en cuenta. Inclusive aquellas economías más estables y que les dan mayor certidumbre a los mercados están teniendo problemas en los alquileres”, señaló. Finalmente, en su discurso, coincidió que “el camino va por los incentivos”, pero alertó que “no por reducir derechos de los inquilinos”.

Una semana después de que la Comisión de Salud de la Cámara baja emitiera despacho sobre ese tema, este martes fue debatido en Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), y por unanimidad quedó listo para llegar al recinto para ser convertido en ley.

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

EL DEBATE

Sin ser miembro de la comisión, el diputado Daniel Gollan estuvo presente a pedido de Heller para que explique el contenido del proyecto. En ese sentido, en su carácter de médico definió al proyecto como “anti grieta” porque salió con el aval de todos bloques “sin ningún tipo de modificación” porque “viene a dar respuesta a una situación de vacancia dentro de la salud”.

“Es un tema que se extiende en escala mundial”, señaló y relató que “en la década del 80’ en Gran Bretaña aparece la idea de cómo contener y dar respuesta en un sistema de salud robusto cómo dar respuesta a esa situación a aquellos pacientes que entran en un tramo de su vida con esta enfermedad que es invalidante, que tienen un sin números de problemas para la calidad de vida para él y su entorno familiar, no tenían respuesta adecuada, integral interdisciplinaria”.

Y siguió: “Es así que empezaron a surgir en el mundo hace 25 años ha ido tomando cada vez más fuerza en particular en nuestro país”, y remarcó que aparecieron muchas asociaciones de médicos que “tomaron este problema y fueron realizando asociaciones de profesionales que tendían a resolver este tema”.

“Las respuestas del Estado quedan cortas respecto a las necesidades. Es así que salió este proyecto de ley”, señaló Gollan e indicó que la idea es dar una respuesta integral, interdisciplinaria en “todos los órdenes, no solamente en la parte medica y provisión de medicamentos, sino también habla a nivel psíquico social-espiritual para la persona y su entorno familiar”. De esta manera, consideró que “es difícil manejar esa situación por ejemplo de una persona con un cáncer terminal, y todo lo que eso genera”.

En ese sentido aclaró que “no solo es el tratamiento paliativo del dolor que por supuesto constituye uno de los principales objetivos de esta ley que es garantizar que toda persona pueda transitar esos momentos difíciles sin padecer de forma continua el dolor”.

Por otro lado, Gollan advirtió que “hay deficiencia a escala mundial de datos sobre cuántos pacientes en total son, qué necesitarían, qué les faltan”, pero destacó un informe realizado por la Asociación Latinoamericano de Cuidados Paliativos, la Asociación Universal y la Universidad Navarra: “Si tomamos nuestro país, vemos que el 14% de las personas que necesitarían tratamientos paliativos lo tienen, pero en Bolivia es el 1,1%; en Brasil es el 7%, los mejores países son Colombia y Chile”.

“En el sector privado que pagan una cuota, hay un déficit importante en este sector”, denunció el diputado bonaerense porque “no se trata solamente de dar una medicación sino dar una contención general y saber que en el país podemos tener una respuesta que llegue a mucha mas gente, pero ver qué calidad de respuesta se dan, tener datos, un registro, porque sin eso no se puede gestionar”.

Y cerró que este proyecto de ley “da posibilidades a desarrollar una serie de acciones que tienen que ver con dar una respuesta integral y que salga más barato de lo que hoy sale porque se ponen en terapias intensivas a dichas personas, y la idea es dar múltiples opciones”.

En el uso de la palabra, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) ponderó el informe de su predecesor y destacó que el proyecto en el Senado tuvo un “altísimo grado de consenso con 70 votos a favor”.

“Hay una necesidad de que el país regule esto, si bien no es exclusivo de las personas mayores por lo que dice el artículo 6, la Convención Interamericana establece el derecho a los cuidados paliativos y pide a los Estados medidas para garantizarlo por lo cual sancionar una ley en esa dirección lleva a cumplir la misión para la Convención”, indicó y cerró: “Todo lo que ha dicho el diputado es suficiente para llevar nuestro acompañamiento”.

A su turno, el diputado neuquino Guillermo Carnaghi (FdT) resaltó que el proyecto es muy “esperado” desde el sector de cuidados paliativos “con ansiedad” y contó que en su provincia hay dos hospitales nada más con dicho servicio y destacó que esta ley “viene a generar una herramienta para todos los médicos que están llevando adelante a pulmón un sistema que no tienen en lo público y en privado y se viene a cubrir eso”.

“Esta ley se tiene que adherir las provincias, pero por lo que me dicen que la ley es imperiosa en lo que va a generar en capacitación y en el marco normativo. No solo sirve para pacientes, sino también son servicios para todas las familias y el entorno. No alcanza con un médico, se requiere servicios interdisciplinarios”, cerró y celebró la unanimidad que se logró para emitir dictamen.

Por último, Heller expresó: “Nos sentimos reconfortados de sacar por unanimidad el dictamen”, y bregó para que “sea un germen que prospere”.

EL PROYECTO

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

En el caso de cuidados paliativos, el proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Por Melisa Jofré

Luego de más de un mes de parálisis sobre el tema, las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados retomarán el debate de reforma de la Ley de Alquileres. Será este miércoles, desde las 13, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja.

A principios de mayo pasado, se habían firmado tres dictámenes en la Comisión de Legislación General, de los cuales dos establecían beneficios impositivos -con el objetivo de promover la oferta de inmuebles-, cuestión que derivó en que las iniciativas fueran giradas a Presupuesto.

El dictamen de mayoría, del Frente de Todos, revindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE. Asimismo, otorga más facilidades para las garantías de los inquilinos.

En el capítulo de incentivos fiscales, el oficialismo propone una reforma en el régimen de monotributo para beneficiar a monotributistas que tengan más de tres unidades de explotación; incorporar al régimen de la Ley de Incentivo a la Construcción a los inmuebles que durante 12 años estén destinados al alquiler y “siempre que dichos contratos de locación se encuentren registrados”; y eximir del impuesto a los Bienes Personales a aquellas propiedades que cuyo valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos, el mínimo no imponible para esa categoría.

En tanto, Juntos por el Cambio y el interbloque Federal -cuya propuesta tiene detrás como autor al diputado de Juntos Somos Río Negro Agustín Domingo– trabajan desde hace días en arrimar posiciones para arribar a un dictamen consensuado. Es que, en lo que hace a las modificaciones a la Ley de Alquileres, los despachos de ambos espacios eran muy similares.

De esta manera, se estima que la iniciativa proponga regresar al plazo de dos años para la duración de los contratos, y que los aumentos sean semestrales y acordados “libremente” por las partes.

También, en base al texto del interbloque Federal, se contemplarán beneficios impositivos para promover la oferta de propiedades, en aspectos similares a lo que propone el Frente de Todos en cuanto a monotributo y Bienes Personales.

En lo que hace a la cantidad de firmas para los dictámenes, el Frente de Todos cuenta con mayoría en ambas comisiones, llegando a 40 entre ambas, pero sí toda la oposición se une también alcanza ese mismo número.

Si bien se estima que Juntos por el Cambio y el interbloque Federal se unirán bajo el mismo texto, habrá que ver qué postura toma el diputado Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, dentro del interbloque Provincias Unidas, quien, por ejemplo, en el caso de boleta única de papel se diferenció de sus pares de Juntos Somos Río Negro.

De acuerdo pudo saber parlamentario.com, Sartori se encuentra “analizando” su postura, que definirá este miércoles antes de la reunión de comisiones, cuando participe de un encuentro con su interbloque.

En caso que el misionero se acople a las otras bancadas de la oposición, ambos dictámenes -con asistencia perfecta- quedarían en la misma cantidad de firmas. Pero, en ese caso, según el artículo 112 del reglamento: “Si hubiera dos dictámenes con igual número de firmas, el dictamen de la mayoría será el que lleva la firma del presidente de la comisión o de quien presida el pleno de las comisiones”. En ese caso, se trata de la vicejefa del bloque oficialista, Cecilia Moreau, que conduce Legislación General.

Creación de un “Fondo Nacional” para pagarle al FMI

En la reunión también se tratará el proyecto que crea el “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, que tiene media sanción del Senado. Pese que estaba en agenda recibir una segunda tanda de especialistas, fuentes del oficialismo confirmaron a parlamentario.com que no habrá expositores durante el plenario.

La iniciativa prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”.

Los alcanzados por esta norma deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares. En el caso de declarar los bienes pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, comandada por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT) se reunirá este miércoles por la tarde para tratar el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, que se debatiría en sesión la próxima semana.

Primeramente, a las 17, la comisión realizará una reunión conjunta con Ambiente y Desarrollo Sustentable para dar despacho al proyecto que crea el Parque Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y el que amplía el Parque Nacional Pre-Delta en Entre Ríos. Ambos fueron aprobados la semana pasada por la Cámara baja.

Luego de ese plenario, Presupuesto y Hacienda se abocará al debate de la iniciativa sobre alivio fiscal, que se votó el miércoles pasado en Diputados, donde cosechó una unanimidad por 237 votos a favor.

El proyecto, que sufrió modificaciones antes de la votación con el objetivo de sumar más apoyos, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D del monotributo se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De acuerdo al texto, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tiene otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.

La medida busca que los contribuyentes no tengan que saltar hacia una escala mayor, y se estima que serán beneficiados unos 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% en el AMBA y el 61% en el resto de las provincias.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, se estableció una suba de las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia, beneficiados en la última actualización del “piso” de este tributo.

El incremento en la deducción especial, que impactará en 140 mil autónomos, pasa a 2,5 veces, mientras que para nuevos profesionales se eleva a 3 la ganancia no imponible.

Una semana después de que la Comisión de Salud de la Cámara baja emitiera despacho sobre ese tema, el proyecto sobre cuidados paliativos será abordado este martes en Presupuesto y Hacienda. De firmarse el despacho en esa reunión, quedará listo para llegar al recinto para ser convertido en ley.

El proyecto asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La iniciativa, que fue aprobada en el Senado en octubre de 2020, define a los cuidados paliativos como “un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales”.

El proyecto será debatido este martes a partir de las 17.30 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller. El martes pasado fue debatido en la Comisión de Salud, de manera conjunta con un proyecto para declarar de interés público nacional la prevención y el control de la resistencia antimicrobiana. Se trata de un texto similar al que había presentado el exdiputado -hoy senador- Pablo Yedlin, y que había tenido dictamen el año pasado, pero no llegó al recinto. Había sido incluido en el temario de extraordinarias, y no se trató. En mayo pasado, los diputados Mónica Fein (PS), Daniel Gollan (FdT) y Rubén Manzi (CC/ARI) presentaron nuevamente la iniciativa que obtuvo despacho el martes y quedó listo para llegar al recinto, aunque antes se le harán cambios.

En el caso de cuidados paliativos, restaba que la iniciativa pasara por Presupuesto y Hacienda y es entonces lo que sucederá este martes. El proyecto tiene como objetivo “desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria centrada en la persona que atienda las necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes”.

También se busca “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles y basadas en la evidencia científica para la atención paliativa”, e impulsar “la formación profesional de grado y posgrado, la educación continua y la investigación en cuidados paliativos”.

El texto con media sanción ordena a las obras sociales y entidades de medicina prepaga a cubrir los cuidados paliativos, aunque estos tratamientos ya están incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Los principios establecidos son los del respeto por la vida y bienestar de las personas; la equidad en el acceso a las prestaciones; las intervenciones basadas en “la mejor evidencia científica disponible”; y el respeto de la dignidad y autonomía del paciente en las decisiones sobre los tratamientos y cuidados que ha de recibir a lo largo de su enfermedad.

Además, se crea un Observatorio Nacional de Evaluación de Cuidados Paliativos, de carácter interdisciplinario y multisectorial.

Durante un plenario de las comisiones de Salud, Población y Desarrollo Humano, y Presupuesto y Hacienda del Senado, recibió este jueves dictamen unánime el proyecto de ley de oncopediatría con media sanción de la Cámara baja.

Asimismo, las comisiones de Salud y Presupuesto avanzaron luego con el despacho favorable -también por unanimidad- del proyecto de la nueva ley de VIH, votado en Diputados en el 5 de mayo pasado.

Oncopediatría

Al abrir el encuentro realizado en el Salón Illia, el tucumano Pablo Yedlin (FdT) manifestó que “esperábamos y, sobre todo la comunidad de familiares de niños con cáncer de toda la Argentina, que este proyecto se pudiera transformar en ley en el corto plazo”.

Al aportar cifras, el presidente de la Comisión de Salud detalló que “en 2020 hubo en Argentina cerca de 1.919 casos de cáncer infantil. Es un número que se repite lamentablemente todos los años”. Mientras que “578 niños mueren por año, entre 0 y 19 años” y “la prevalencia de casos -en cinco años, a 2020- es de casi 6.643”. No obstante, rescató que “más del 60% del cáncer infantil hoy tiene tratamiento y curación”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, María Belén Tapia (UCR), aseguró que se trata de “un tema que por su sensibilidad merecía que escuchemos a la sociedad y lo pongamos en pronto tratamiento”. “Es un tema que nos toca transversalmente, deja de lado las grietas, las diferencias ideológicas y partidarias”, agregó.

La santacruceña dijo que se trata de “darles herramientas concretas a las familias” y destacó que “esta iniciativa es fruto de la militancia de diferentes colectivos que se organizaron a lo ancho y largo del país”.
El texto plantea la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario.

El Instituto Nacional del Cáncer, que será la autoridad de aplicación, deberá extender una credencial a los pacientes que se hallen inscriptos en el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, cuya sola presentación le servirá para acreditar la condición de beneficiario de la ley. Dicho certificado se renovará automáticamente cada año, y sólo cesará su vigencia con el alta definitiva del paciente, hasta los 18 años de edad inclusive.

De acuerdo a la iniciativa, el sistema público de salud, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal de las universidades, deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del 100% en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.

Por otra parte, el Estado nacional tendrá que otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad a aquellos progenitores o representantes legales que se encuentren en situación de desempleo y no cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional. Se aclara que esta asignación no durará más allá del plazo de duración del tratamiento estimado según indicación médica.

Además, el proyecto contempla el beneficio de estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas y la gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre.
En lo que respecta a la vivienda, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social la autoridad de aplicación deberá promover ante los organismos pertinentes la adopción de planes y medidas que faciliten “el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande”.

Pero también, en caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes cuyo tratamiento se realice de manera ambulatoria y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a una distancia mayor a los 100 kilómetros de su lugar de residencia para dicho tratamiento, el Instituto Nacional del Cáncer en coordinación con las respectivas jurisdicciones, “garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional que les permita facilitar y cubrir los gastos de locación de vivienda durante el plazo que dure el tratamiento”.

Sobre la educación, la autoridad de aplicación en conjunto con las provincias tendrá que “diseñar y ejecutar políticas destinadas a garantizar el acceso a la educación” y “arbitrar las medidas pertinentes para fortalecer las trayectorias educativas” de los niños, las niñas y adolescentes que se encuentren en esta situación.

Otro punto saliente es que uno de los progenitores o representantes legales podrá gozar del derecho de licencias especiales que permita acompañar a sus hijos en los estudios, rehabilitaciones y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, “sin que ello fuera causal de pérdida de presentismo o despido de su fuente de trabajo”.

“Durante la licencia el/la trabajador/a percibirá de la Administración Nacional de la Seguridad Social, las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia, de conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones respectivas”, agrega el texto.

Nueva Ley de VIH

Durante la reunión, la senadora Silvina García Larraburu (FdT) recordó que “desde el año 2016 que he presentado la primera iniciativa que fue fruto del trabajo mancomunado con más de 50 organizaciones”. “Esta ley ya tenía 30 años de vigencia, se necesitaba la actualización”, consideró. La rionegrina sostuvo que “la ley siempre es perfectible y mejorable, pero luego de 30 años esta es muy superadora”.

A su turno, el vicepresidente de la Comisión de Salud, Mario Fiad (UCR), ratificó el apoyo de todo el interbloque y celebró “la rapidez y celeridad con la que se ha tratado”. El radical apuntó que en el país “hay un 30% de un diagnóstico tardío” en el caso del VIH y “un 50% de subregistro de las hepatitis”. Por eso, remarcó la importancia que tendrá la “reglamentación e implementación” una vez sancionada la ley, para llevar a cabo “campañas de incentivo para que se pueda hacer la prevención necesaria”.

El proyecto con media sanción deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Además del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La iniciativa prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas.

La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Por otra parte, el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia.

Asimismo, se crea una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

Entre otros puntos, la iniciativa plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.

También, todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a la firma el proyecto de ley impulsado por Sergio Massa sobre alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos, a partir del ajuste de los montos máximos de facturación, para el primer caso, y de beneficios en las deducciones, en el segundo caso.

El oficialismo se alzó con el dictamen de mayoría, pero desde la oposición el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) anticipó que de no negociarse cambios en un artículo referido a los autónomos, presentarían un dictamen de minoría.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, lo invitó a acompañar el mayoritario con disidencias, pero Cacace señaló: “Si acordamos (las modificaciones) votaremos todos el dictamen mayoritario”.

Primeramente, estaba previsto que el proyecto se vote esta misma semana en el recinto, pero el viaje de Massa junto al presidente Alberto Fernández a la Cumbre de las Américas movió los planes. Así, la sesión se hará el próximo martes al mediodía, con este tema como uno de los principales.

En el arranque de la reunión, la diputada oficialista Mónica Litza -quien firmó el proyecto junto a Massa, Leandro Santoro (FdT) e incluso los opositores Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal) y Margarita Stolbizer (EF-JxC), mencionó que la suba del “piso” del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia fue buena, pero “había quedado un universo muy importante fuera de esa mejora”, como son “4 millones y medio de monotributistas y un universo más pequeño, pero no menos importante, de autónomos”.

La massista explicó que, en el caso del monotributo, “las escalas de las categorías tienen que ver con los ingresos brutos y podrían, por efecto de la inflación, tener un valor nominal más alto”. Con la intención de evitar que se provoque un salto al cambio de categorías es que “necesitamos una ley de este Congreso para generar un equilibrio que les permita no tener que cambiar de categoría o tributar de una manera injusta”.

“Estamos protegiendo la integridad de los salarios”, aseguró y dijo que también se apunta a “un incentivo para los emprendedores, para que puedan invertir, para que se pueda gastar dentro de nuestro mercado interno”. Asimismo, se le solicita al Poder Ejecutivo que la actualización no sea anual, sino semestral.

En relación a los autónomos, se busca “duplicar la deducción especial que hoy tienen” y “un guiño especial para los nuevos profesionales, que se incrementa de 1,5 a 2,5 el monto de la ganancia mínima no imponible”.

“Argentina está mostrando señales muy fuertes de crecimiento, pero creemos que tenemos que fortalecer la integridad de los salarios y la redistribución de la riqueza. Creemos que estas medidas son urgentes e importantes”, expresó Litza y abogó por que “pueda ser ley antes de julio de este año”.

A su turno, Cacace se explayó sobre el planteo relacionado a los autónomos. El puntano consideró que el proyecto “no logra la igualdad de trato” entre los trabajadores, porque “si uno toma un trabajador en relación de dependencia, un trabajador que es monotributista y un trabajador autónomo y tienen ellos el mismo ingreso”, como por ejemplo, 280 mil pesos -que es la cifra a partir de la cual, para abajo, no se paga Ganancias-, un monotributista pagaría al año 150 mil pesos en impuestos y “el autónomo más de 750 mil de pesos de impuestos en un año”.

“No es equitativo el tratamiento”, reiteró el legislador, y aseveró que “tiene que la ley disponer que alguien, a igual capacidad contributiva, a igual ingreso, independientemente de lo que sea, pague lo mismo”. “Lograr esa equidad en autónomos se hace con modificación muy sencilla”, señaló y apuntó que se trata de llevar la deducción especial a 3,8% y no a 2%, como prevé el texto.

En coincidencia, el radical Víctor Hugo Romero sostuvo: “Siempre tuvimos una mirada en encontrar en el tema de autónomos un equilibrio. Falta todavía para dar equidad porque quienes tienen un sueldo bruto menos de 280 mil pesos no pagan Ganancia; y autónomos, partiendo de la base que esta comisión va a aprobar el incremento a 3,8%, el mínimo tampoco llega a los 280 mil. Entendíamos que la equiparación total era llevar a 3,8% la deducción especial, igualando la cuarta categoría, y hacer una deducción especial por la diferencia que falta”.

“Es buena la actitud del presidente de la Cámara de rever la situación de equidad de autónomos respecto a los de relación de dependencia, pero creemos que es insuficiente. Para igualar el tema de la deducción especial la propuesta actualmente es uno y ahora se quiere llevarlo a dos veces, la nuestra es querer una equidad para los de cuarta categoría es 3,8 veces el mínimo. Pero también para hacer una equidad general e integral hay que contemplar una deducción especial extra a que los autónomos a partir del 280 mil paguen como hacen los de cuarta categoría, siempre pensando en los autónomos que han tenido ingresos superiores a las escalas achatadas del monotributo que es un pequeño emprendedor”, explicó Romero y ratificó la propuesta de “llevarlo a 3,8%”. Sobre las escalas del monotributo, pidió “trabajar en un sistema más profundo en el régimen, porque tiene que convertirse en una herramienta de inclusión, social y financiero para quienes están en el trabajo informal”.

Más tarde, el oficialista Itaí Hagman lanzó: “Si estamos discutiendo un proyecto que establece un alivio fiscal para una gran cantidad de contribuyentes, en vez de embarrar la cancha, que luego se contradicen cuando discutimos déficit fiscal, pongamos un manto de racionalidad”.

“Hay una brecha entre los trabajadores en relación de dependencia y autónomos que con este proyecto tratamos de achicar. Los autónomos también tienen derechos que los trabajadores en relación de dependencia no tienen: pueden hacer deducciones, gastos de representación, vestimentas y también que pueden optar por una carga fiscal baja en algunos casos. No podemos comparar peras con manzanas. Si bien son todos trabajadores, vamos a tratar de achicar esa brecha, no creo que lleguemos a un 100%”, retrucó Litza.

El proyecto propone, para el caso de monotributistas, adelantar al 1ro. de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

Según los autores, se estima que estos cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39% de AMBA y el 61% de las provincias del interior.

Respecto a los autónomos que están alcanzados por el impuesto a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplica a los empleados en relación de dependencia.

Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.

Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las Ganancias. Para esos independientes se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $52 mil anuales producto del alivio fiscal.

Hacia el final del encuentro, Heller informó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado -que se puso a la vista en el temario- sobre “Creación del Puente de Inclusión Fiscal al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes” se tratará en otra reunión con la invitación a funcionarios.

Durante la reunión también pasó a la firma el proyecto por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la inversión y el desarrollo de la Provincia de Tierra del Fuego-Fideicomiso para el desarrollo Austral”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que fue defendido por las diputadas de ese distrito Carolina Yutrovic y Rosana Bertone, del Frente de Todos.

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La diputada nacional Victoria Tolosa Paz se refirió este martes al proyecto de alivio fiscal para autónomos y monotributistas, que impulsa el Ejecutivo junto al presidente del cuerpo Sergio Massa, como un “puente de inclusión fiscal y social” que –sostuvo- va a permitir “sostener la vida en la actividad laboral formal” de millones de argentinos y argentinas.

La legisladora se pronunció así en el marco del debate de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que preside Carlos Heller, donde esta tarde se presentaron los principales lineamientos de la iniciativa de alivio fiscal para 1,6 millones de contribuyentes.

“Estamos hablando del 68% de los que hoy están inscriptos en el régimen simplificado en las categorías más bajas, esto es A, B y C, que a partir de lograr la votación de estas nuevas tablas que plantea el diputado Massa, son aquellos que tienen hoy la posibilidad de facturar hasta un monto de $100 mil”, precisó Tolosa Paz.

En concreto, las escalas referidas por la legisladora, de acuerdo al texto impulsado por el presidente de la Cámara, son los siguientes: quienes se inscriban a partir de ahora en las categorías A, B y C tendrán una exención de 4 años en el componente impositivo, y de 24 meses en el componente previsional; mientras que quienes lo hagan en la categoría D en adelante, van a tener 2 años de exención impositiva y 1 año en el componente previsional, luego de cual recién comenzarán a pagar.

Tolosa Paz adelantó además que los inscriptos en esas categorías, además de acceder a la exención del componente impositivo, “también serán beneficiados vía el componente de acceso a la salud, y en todo caso –y progresivamente- también en el componente previsional”.

“En definitiva –completó- es el Estado el que va a salir a sostener a las familias que hoy están trabajando y que están en las categorías de inscripción más bajas”.

En esa línea destacó además la matriz progresiva que plantea el proyecto: “Los que menos tienen en este país menos tiene que pagar, y los que más tienen en términos económicos y de su capacidad contributiva, más tendrán que pagar”, dijo.

Por último, subrayó el espíritu y alcance de la norma sobre la economía popular, que –sostuvo- “viene bregando por buscar justamente que lo que se conoció en una época como fue y es hoy el monotributo social, no ponga un techo en la posibilidad de facturar sin tener que escalar en la presión fiscal”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados completó este martes el trámite parlamentario de proyectos vinculados a la creación de Parques Nacionales, que ya contaban con el aval de Legislación General y Recursos Naturales, con lo cual quedaron listos para ser tratados en el recinto.

Uno de ellos tiene que ver con la creación del Parque Nacional y Reserva Islote Lobos -con media sanción del Senado-, mediante el cual se acepta la cesión de terrenos efectuada por la provincia de Río Negro al Estado Nacional y se transfieren el total de los sectores fiscales (intermareal y marino). Asimismo, se acepta la cesión sobre un conjunto de parcelas de propiedad privada (sector terrestre).

El área natural se sitúa sobre el golfo San Matías, en la costa atlántica de Río Negro, en cercanías a la localidad de Sierra Grande. Posee 18.000 kilómetros cuadrados y es el segundo golfo más extenso de Argentina, caracterizado por una importante producción biológica, amplitud de mareas y buena renovación de las aguas.

Con la creación de este Parque se busca proteger a 19 especies de reptiles, 27 especies de mamíferos terrestres nativos, 61 especies de aves marinas y costeras, y 94 especies de aves terrestres.

Por otra parte, tuvo dictamen el proyecto que busca crear el Parque Nacional Anseunuza y Bañados del Río Dulce, al aceptar la cesión de los terrenos que la provincia de Córdoba otorga en favor del Estado Nacional. Se trata de la jurisdicción ambiental y dominio sobre un sector de los Bañados de Río Dulce (475.477 hectáreas) para la creación de una Reserva Natural; y del sector de la Laguna de Mar Chiquita o Ansenuza (185.936 hectáreas) para la creación del Parque Nacional.

Este gran humedal presenta el 66% de todas las especies de aves migratorias y playeras registradas para Argentina, concentra casi el 36% de la avifauna del total del país (380 especies de aves registradas) y el 85% de las 447 especies de aves citadas para la provincia de Córdoba. Además, la región alberga las tres especies de flamencos existentes en Sudamérica.

Existen otras especies registradas, que comprenden alrededor de 32 mamíferos, 16 anfibios, 37 reptiles, 50 peces aproximadamente y un número de insectos que aún no han sido precisado.

Finalmente, se despachó favorablemente también un proyecto para la ampliación del Parque Nacional Pre-Delta, por el cual se acepta la cesión de terrenos por parte de la provincia de Entre Ríos con el objetivo de ampliar el Parque ubicado en el departamento de Diamante. Con esta ampliación, la superficie que será protegida pasará a tener 2.604 hectáreas.

Durante un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió dictamen favorable el proyecto de ley -con media sanción del Senado- que propone la formación obligatoria sobre la cuestión Malvinas para funcionarios públicos.

Además, tuvo también despacho una iniciativa que propone colocar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos de todo el país, indicando la distancia desde ese punto hasta las islas.

Miembro informante del oficialismo, la diputada Rosana Bertone celebró estar tratando ambos proyectos en la previa del 10 de junio, Día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. “Creo que con respecto a Malvinas necesitamos una verdadera política de Estado que tenga sistematicidad, compromiso, responsabilidad y, sobre todo, permanencia en el tiempo y durabilidad”, sostuvo la exgobernadora de Tierra del Fuego.

Para la oficialista, el proyecto de formación en la función pública en esta cuestión es una “muestra cabal” del “interés” de tener una política en este sentido, y consideró que “debemos trabajar de manera transversal” y “sostener el reclamo de manera imprescriptible”. “Necesitamos sensibilización sobre la causa. Necesitamos políticas que trasciendan a los gobiernos”, agregó.

Por su parte, el santafesino Marcos Cleri se refirió a su proyecto para instalar señalética alusiva a Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas del mundo, de modo de “poder potenciar la causa Malvinas para lograr, a través de los medios pacíficos, la soberanía plena” en las islas. Destacó que la iniciativa tuvo “más de 60 firmas de diputados y diputadas de manera transversal” y “tiene antecedentes en legislación de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Río Negro”.

El legislador del Frente de Todos aclaró que la versión original tuvo cambios, en consenso con bloques de la oposición, y explicó que se trata de que la señalética esté ubicada en “lugares visibles”, que indiquen la distancia que existe desde ese lugar al Puerto Argentino, contenga los colores celeste y blanco y la frase “Las Malvinas son argentinas”. Además, en su colocación participarán veteranos de guerra.

Desde el Pro, el diputado Alberto Asseff aseguró que en Juntos por el Cambio “esta cuestión, que no solamente está en la cláusula transitoria de la Constitución y, por lo tanto, es una manda para todos los argentinos, sino que es una convicción profunda que tenemos, sostenemos y planteamos permanentemente e inalterablemente acerca de la soberanía”.

“Es transversal a todos, ultrapasa cualquier sector político, cualquier generación”, sostuvo el bonaerense y añadió que la cuestión Malvinas “definitivamente tiene que ser una política de Estado, no es cuestión de vaivenes, de idas y vueltas, de zigzagueos”.

Durante el plenario, entre otros, tomó la palabra la fueguina Mabel Caparrós, quien opinó que el proyecto sobre señalética “significa trabajar en el proceso de malvinización que necesitamos” y “aquellos que sienten tan lejos el tema Malvinas se apropien de este reclamo”. Al recordar que han pasado 40 años de la guerra, la oficialista resaltó la necesidad de “llevar a las nuevas generaciones (el tema), que a veces desconocen lo que pasó”.

La oposición reclamó tratar una serie de proyectos

Al ser la primera reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del año -tras su constitución-, la oposición reclamó tratar una serie de proyectos, algunos sobre temas en los que tienen marcadas diferencias con el oficialismo. Arrancó con los pedidos la vicepresidenta de la comisión, la cordobesa macrista Soher El Sukaria, quien recordó que hay proyectos de declaración vinculados a “la violación de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Honduras”.

También urge “una manifestación de esta casa sobre la guerra en Ucrania”, señaló y mencionó la intención de discutir “proyectos sobre libertad religiosa y personería de culto” y sobre “el voto de los argentinos residentes en el exterior”.

Por su parte, la diputada de Evolución Radical Dolores Martínez solicitó discutir sobre pesca ilegal, mientras que su par de la UCR Karina Banfi llamó a tratar la ratificación de un convenio internacional sobre protección de datos personales.

Sobre el proyecto de formación sobre la causa Malvinas para funcionarios públicos

La iniciativa establece la capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

La capacitación se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional; y la formación de las máximas autoridades de los tres poderes de la Nación estará a cargo de la autoridad de aplicación.

El contenido de la capacitación deberá incluir “las dimensiones de sensibilización” como “la transmisión de conocimientos”; y tener libre disponibilidad.

En la confección del material participará el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, las instituciones del sector académico y científico especializados en la materia y las de la sociedad civil y sus organizaciones.

Los lineamientos generales deberán contemplar, como mínimo, información referida a los argumentos históricos, geográficos, ambientales, jurídicos y políticos. También deberá poseer información relativa a la normativa nacional e internacional vigente.

La autoridad de aplicación, en su página web, deberá brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de la ley.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal reclamaron que “en el menor tiempo posible” se convoque a un plenario de comisiones para completar el trámite referido a la Ley de Alquileres.

Sucede que en los primeros días de mayo la Comisión de Legislación General emitió los distintos dictámenes -hubo tres- para modificar la actual norma, pero dos de esos despachos incluyeron beneficios impositivos, materia en la cual esa comisión no tenía competencia para dictaminar.

Además, aunque Juntos por el Cambio no incluyó un capítulo en ese sentido, sí hay legisladores de ese espacio que han presentado proyectos por separado para establecer beneficios fiscales para los propietarios de viviendas, los cuales también estarán en debate.

Así, el trámite quedó sin completar, dado que debe intervenir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que todavía no fue citada para abordar el tema, y de esta manera ya se ha excedido el tiempo del acuerdo parlamentario alcanzado hace dos meses, que tenía como objetivo resolver el tema en 30 días hábiles.

Incluso, Juntos por el Cambio había advertido que si no se alcanzaba un consenso iban a insistir con una sesión especial para derogar la ley.

En la nota dirigida a Massa, los diputados pidieron que “en miras a poder observar y cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General” de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.

La misiva lleva las firmas, por Juntos por el Cambio, de Juan Manuel López, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Karina Banfi, Pablo Torello y Pablo Tonelli; mientras que por el interbloque Federal suscribieron Graciela Camaño e Ignacio García Aresca.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado tratará este martes, desde las 15, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio decretado por el expresidente Fernando De la Rúa.

En los fundamentos de la iniciativa, el Gobierno recordó que “el Estado accionó de manera represiva” en esa ocasión y fueron 39 las personas que “perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos”. En ese sentido, la propuesta contempla también a quienes hayan resultado “gravemente heridos” por esos hechos.

Similar a otras leyes reparatorias, el proyecto establece “un beneficio extraordinario, a percibir por única vez, en concepto de indemnización, para los herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto N°1678 del 19 de diciembre de 2001; y también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes”.

El texto, que indica que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación, estipula que la indemnización será equivalente a la remuneración mensual de los agentes Nivel A-Grado 0 del Escalafón del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), multiplicado por 100. Asimismo, aclara que en el caso que el beneficio correspondiere a las personas que hubiesen sufrido lesiones gravísimas, ese monto será un 30% menor.

También se establece la gratuidad de todos los trámites y que la indemnización estará exenta de gravámenes, y de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.

“Si existieren acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos a que se refiere la presente ley, quienes pretendan acogerse a dicho beneficio, y al tiempo de solicitarlo, deberán desistir de la acción y del derecho ejercitados en los respectivos procesos y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por la misma causa”, prevé.

Financiamiento de las industrias culturales

Por otra parte, el temario de la reunión, que se realizará en el Salón Illia, contempla un conjunto de proyectos en relación al financiamiento de las industrias culturales, ante el vencimiento en diciembre de 2022 de las asignaciones específicas a través de distintos impuestos. Algunas iniciativas buscan prorrogar esas asignaciones hasta 2025, otros hasta 2030 o incluso hasta 2042.

Los textos que se pondrán sobre la mesa, y podrían concluir en un dictamen consensuado, fueron presentados por las senadoras del oficialismo Cristina López Valverde y Teresa González, Silvia Sapag, María Inés Pilatti Vergara, Anabel Fernández Sagasti; y de la oposición Alberto Weretilneck, Daniel Kroneberger y María Victoria Huala.

A principios de mayo, en la Cámara de Diputados tuvo dictamen en comisión un proyecto que establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072. No obstante, todavía no fue tratado en el recinto.

Tras varias reuniones y luego de que el oficialismo accediera a establecer modificaciones al proyecto del del Ejecutivo denominado “Compre Argentino y desarrollo para proveedores”, no arribó a un consenso con Juntos por el Cambio en la reunión plenaria de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda este martes, e irán al recinto de la Cámara baja con dos dictámenes.

A las firmas del oficialismo se sumó la del misionero Sartori con un total de 40 firmas, mientras que JxC firmó un dictamen de rechazo con 38 firmas. El legislador Ignacio García Aresca (Interbloque Federal) no acompañó al oficialismo.

Una de las modificaciones más drástica fue la anunciada el martes pasado, cuando se accedió a sacar al PAMI del texto original. Pese a eso, Juntos por el Cambio está más cerca del rechazo que de la aceptación, según han reconocido desde esa bancada. En principio, rechazaban la necesidad de una nueva ley, habida cuenta de que la anterior se redactó durante la gestión Cambiemos y no está claro que no haya cumplido sus objetivos.

🇦🇷 COMPRE ARGENTINO. Firmamos dictamen de Comisión en plenario de Industria y Presupuesto y Hacienda. Estuve como Presidente del Plenario, impulsando la aprobación de este proyecto del Poder Ejecutivo. A favor 40 Diputados del FDT, rechazo de 38 de JxC. A la próxima sesión pic.twitter.com/jVWjwrTqfq

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) May 24, 2022

El debate

Previo a la ronda de expositores, el presidente de la Comisión de Industria, el entrerriano Marcelo Casaretto, hizo un resumen del proyecto de Compre Argentino: “La ley de Compre Argentino tiene como antecedente el decreto de Ley 5.340 del 1ro de julio de 1963 que fue modificado y ampliado por la Ley 18.875 de 1970, fue modificado por la ley 23.697 de 1989 que suspende el compre nacional y reglamenta una preferencia del 5%. Luego se derogó esa disposición por el 2284 del año 1991 derogando las preferencias y subsistiendo solo a igualdad de precios o de ofertas”.

“Luego en 2001 se sanciona en el Congreso la Ley 25.551, y fue promulgada en medio de los recambios institucionales del momento, se establece una preferencia del 7% para las PyMes nacionales en el 5% para el resto de las empresas. Luego se trata la Ley 27.437 que es la Ley vigente hasta el momento del 2018 en la presidencia de Mauricio Macri para la preferencia del 15% para MiPymes y al 8% para el resto de las empresas”, explayó Casaretto.

Y siguió: “En cuanto la iniciativa del actual gobierno de Alberto Fernández presentó la iniciativa del Compre Argentino el 21 de septiembre del 2021 y lo presentó formalmente como proyecto en el Congreso el 27 de diciembre y comenzó el tratamiento en comisiones este año. Hemos convocado a distintos plenarios para tratar el tema con la presencia de invitados que escuchamos tanto cámaras empresarios como movimientos obreros”.

En ese sentido, describió: “En cuanto a la ley que estamos en tratamiento, y que proponemos del bloque del FdT pasar a la firma, contiene cuatro títulos el primero es Compre Argentino y desarrollo de proveedores que mejora la preferencia planteada por la ley vigente, llevándola al 15% para todas las empresas nacionales ampliada al 20% para las MiPymes. Se agrega una preferencia adicional del 3% para empresas que tengan representación de mujeres en su gerenciamiento y personal y cumplan la pauta de desarrollo ambiental sostenible y de asimetrías regionales; el título dos tiene el Fondo Fiduciario para el Compre Argentino; el título tres las compras para la innovación y promoción de la industria y la investigación, desarrollo”.

“Sobre lo que es del texto remitido por el Ejecutivo se mantiene esa estructura en estos cuatro títulos planteados en el dictamen de mayoría. En cuanto a las modificaciones realizadas las hemos ido analizando: en primer lugar, se planteó la precisión de la definición de bienes estratégicos del artículo 16; adicionalmente vamos ampliar los conceptos por los cuales se incluyen la preferencia adicional del 3%; planteamos la exclusión del PAMI y planteamos la incorporación de un artículo 3ro que no se le darán preferencias a ciertas empresas con delitos o que estuvieron en falta”, explicó Casaretto respecto a las modificaciones aplicadas al proyecto original. En tanto, adelantó que habría una idea del FdT de un dictamen y uno de JxC.

Pidió la palabra el puntano Alejandro Cacace quien en principio destacó el relato que hizo su predecesor porque “nos permite ubicar qué estamos discutiendo”, pero remarcó que “estamos discutiendo las compras y contrataciones del Estado”.

“Nosotros tenemos un régimen de contrataciones del Estado que pone como principio central de las compras que sean hechas al menor costo posible”, señaló Cacace y explicó que “la compra más barata me da eficiencia en el sentido de que uso los recursos del Estado bien de que ahorro porque lógicamente en un Estado que tiene restricciones presupuestarias y el nuestro las tiene y profundas porque es un estado deficitario, los distintos objetivos del Estado compiten entre sí. Hay un costo de oportunidad en cada decisión que tome en el gasto”.

“El objetivo central, bajo las contrataciones, es la eficiencia”, remarcó el puntano y agregó: “Contratar al menor costo posible, eso lo dice nuestra ley, es el principio rector en materia de contrataciones del Estado”. En ese marco, comparó: “Con la reforma de Cambiemos se amplió el margen de preferencia que en lugar de 5% admitimos que se pague hasta 8% más y en caso de pymes puede ser hasta un 15%, bajo el régimen vigente nosotros admitimos que puede haber pagos pro encima del precio del mercado de hasta un 8% para favorecer a la industria nacional”.

A su vez, criticó que “la propuesta que hace el Ejecutivo es ampliar ese margen de preferencia y eso no lo encontramos justificado y no obtuvimos respuesta frente a los interrogantes de por qué hacerlos”, y aclaró que “nosotros hablamos del compre caro porque con lo que se está proponiendo efectivamente podemos terminar pagando mucho más en las licitaciones de lo que son los precios del mercado”.

En suma, advirtió: “Es admitir que el Estado compre con un sobreprecio de más de la tercera parte en las contrataciones sin fundamentación alguna cuando ya tenemos una ley que admite las preferencias y lo hace con un margen amplio y no hay demostración de que eso no tenga utilidad”.

“Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.

Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.

A su turno, de la vereda de enfrente la oficialista Victoria Tolosa Paz celebró el marco en el que se debatió el proyecto que es “defendida tanto por las cámaras empresarias y los empleados”. “Hay que leer la norma que rige sobre el Estado Nacional en materia de contrataciones”, apuntó y agregó: “Si bien este marco de preferencias tiene una búsqueda clara y concreta de beneficiar a la industria nacional por sobre las multinacionales, en una distinción clara entre las PyMes y las empresas nacionales de gran tamaño, para el Estado en las compras de volumen y magnitud casi no hay esta posibilidad que muchas veces se manifestó como una preocupación, de empresas nacionales compitiendo con pequeñas PyMes”.

“¿No sé por qué dicen que es compre caro? en todo caso en el 2018 también era compre caro”, preguntó la diputada del FdT y señaló que “nadie habló del precio testigo que estamos obligados a consultar a la ONC y que marca el límite hasta que el Estado debe y puede comprar. Este margen de preferencia no quita   del medio la responsabilidad de los funcionarios que tiene la obligación de enviar formalmente cuando las licitaciones pasan el monto de los precios testigo”.

A su vez, aclaró que “no es un compre más caro en ninguna de las dos leyes. Es importante señalar que los márgenes de preferencia se ampliaron tanto a las PyMes y a las empresas nacionales, pero no existe competencia entre ellas porque cuidamos el empleo nacional y tratamos de protegerlas”.

“El Estado invierte en compras de distintas magnitudes y estamos para defender el Compre nacional para que las industrias puedan ser desarrolladores de empleo formal y de una visión estratégica”, remarcó Tolosa Paz.

Por otro lado, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es un proyecto de ley que viene a dos comisiones, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Analizar un instrumento de ponderación en mejorar de la industria y en beneficio de la industria local, viene a presupuesto porque tenemos una segunda obligación de ver cómo compra el Estado y cómo cuida los fondos nacionales en los bienes y servicios de los cuales se provee”.

“No se trata de una ley que solo pretende beneficiar a un sector, sino que, además, genera detrimento en perjuicio de todos los argentinos que pagan con sus impuestos un compre nacional extremadamente caro. Cuando sancionamos un sobre precio estamos no solamente perjudicando al estado nacional y a quienes nos confían sus impuestos, sino a toda la gente. No disfracemos un subsidio a las pymes con un beneficio que se llama de compre caro, porque si queremos beneficiar a las pymes debemos buscar políticas que beneficien a todas. Esta ley genera un sobreprecio en detrimento de la sociedad toda”, señaló Rodríguez Machado.

Contrariamente, la diputada Carolina Yutrovic respaldó la iniciativa quien disparó contra JxC porque “califican el proyecto como ‘compre caro’”, y manifestó: “Tenemos que plantearnos cuál es el motivo de la eficiencia en la compra del Estado que es tratar de ahorrar recursos y mejorar el sistema de gasto público. No nos olvidemos de hablar de eficiencia en un sistema productivo porque genera muchísima más riqueza, la cual también vuelve al Estado, porque cuando las empresas y las PyMes son eficientes esas riquezas, que son mucho más valiosas, vuelven al Estado”.

Por el lado de la oposición, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que “ya hay una ley” y preguntó: “¿Por qué no nos dan los resultados de esa ley? ¿por qué no nos explican porqué hay que pasar del 8 al 15%? ¿Cómo sabemos que esto es lo correcto si no tenemos los números?”. “Estamos hablando de generar empleo y de ayudar a las PyMes y sin embargo se les dan más margen a las empresas más grandes, pero solo ayudan a las PyMes que contratan con el Estado mientras hay un montón de PyMes que están sufriendo la alta presión tributaria, la falta de crédito de la inflación. Que es Estado gaste más o compre más caro, implica que le falte dinero para otras cosas”.

“Si queremos beneficiar a las PyMes, ¿por qué no damos beneficios tributarios? y beneficiamos a todas en lugar de beneficiar solo a las que van a contratar a través del Estado. ¿Por qué hacemos un nuevo Fondo Fiduciario si el que esta funciona bien? Hay que analizar todos esos temas antes de derogar o modificar una ley, hay que ver la información antes, si está todo registrado”, precisó la diputada del Pro.

Su coterráneo, el legislador José Carlos Núñez se pronunció en el mismo sentido al reclamar que nunca les han mandado la información para poder trabajar mejor en el proyecto: “Nunca nos llegó la información, la pedimos varias veces. Nunca nos escucharon”, y adelantó: “Estamos dispuesto a debatir una mejora de la ley vigente, no queremos que nos lleven de prepo, no es un placer ir con un dictamen de rechazo porque temas puntuales los podríamos haber mejorado”.

Las leyes se hacen siempre con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado“, afirmó Heller

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, cuestionó los argumentos de la oposición porque “pareciera que nosotros vinimos con un proyecto inflexible, lo pusimos, si les gusta bien y sino otra cosa. Sin embargo, en la primera reunión tenia que ver con la exclusión del PAMI, lo sacamos para tratar de encontrar puntos de coincidencia para que tenga el mayor consenso posible”.

“Se me complica entender, dicen una cosa y después otra. Hablan de caro y hay que explicar qué es caro. Las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado porque ganan con el mercado y la única manera de recortar diferencias, de achicar brechas es con leyes que protegen a los más débiles”, explicó Heller.

Y comparó: “Por eso en realidad lo que tenemos que cada uno de los proyectos es una discusión de fondo que esta entre los que creemos que en el sistema capitalista debe regir un Estado que regule y defienda los intereses de los más débiles, y los que creen que el mercado debe ser el que regule y el gran ordenador de los recursos. Esa es la discusión que atraviesa cada uno de nuestros debates. Es una barbaridad pensar así la economía porque se destruye el empleo local, las empresas locales”.

“No es un tema de fobia contra la riqueza, sino que es un proceso de acumulación a costa de que en el otro extremo se acumula pobreza, lo que hay que hacer es legislar para proteger a esos sectores más débiles para que puedan desarrollarse y tener empleo digno”, señaló y expresó: “Cuando se discute una ley para que el Estado privilegie el Compre Argentino no se puede hacer algo tan siempre de que es la ley de compre caro, porque se crea trabajo argentino que es a su vez consumo argentino, que genera ingresos fiscales, las ecuaciones son mucho más complejas”, y cerró que “esta ley sola tampoco va a resolver los problemas, sino que debe verse en un conjunto de iniciativas. Esto es una ley de compre argentino para poder ayudar a salir de la encerrona a la que fue llevado el pueblo argentino y la Nación como consecuencia de ese tipo de aplicación de políticas y nosotros queremos aplicar otro tipo de políticas”.

El riojano oficialista Sergio Casas celebró que se haya incorporado al proyecto que “cada provincia tenga su representante en la mesa de Compre Argentino”, y apuntó: “Tenemos una oposición un tanto hipócrita porque desde el comienzo apelábamos al consenso, de hecho, muchos legisladores de la oposición están deseosos que la ley salga. ¿quién no va a querer cuidar lo argentino antes que lo extranjero? Queremos beneficiar a las pequeñas empresas y luego tratan de incluir un dictamen de rechazo, fomentan que las pequeñas empresas no crezcan ni se desarrollen porque están acusando de que es una ley de compre caro, es una falacia lo que ustedes dicen porque están tratando de aniquilar a las PyMes como ocurrió en el gobierno de Cambiemos que las hizo desaparecer”, e invita a una reflexión para llegar a los consensos porque “este es un instrumento que favorece el federalismo donde el Estado cumple un rol fundamental en el desarrollo del país y protección de la industria nacional”.

El radical Miguel Ángel Bazze sostuvo que “hay que resolver un problema grave que tiene la argentina que está vinculado con la situación económica del país que es distinta a la que relata el oficialismo”, y señaló que la realidad de la pequeña y mediana empresa es “diferente a la que plantea el oficialismo”. “Estamos cayendo en una discusión casi surrealista”, precisó Bazze y sumó, pidiendo respeto, “me parece que describen un país en el que no estamos viviendo, están tratando de justificar con un relato algo que ya es casi injustificable o si están realmente engañados. Todos los argentinos estamos atravesando una situación económica muy complicada que no existe la recuperación el trabajo que plantean y de la pequeña y mediana empresa, muy por el contrario, nos tratan de llevar a discusiones antiquísimas”.

Detalles del proyecto

La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas según el siguiente detalle:

Del 15% al 20% para las MiPyMEs.

De 8% al 15% el resto.

Hasta 12% para empresas extranjeras con capital nacional.

+3% a las empresas compuestas mayoritariamente por mujeres.

El proyecto crea un fondo fiduciario público, como así también un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.

Entre las modificaciones aceptadas se propone sumar un 3% para empresas “sustentables” y otro 3% para las provincias que tienen “asimetrías regionales”.

Más de una veintena de invitados pasaron este martes por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizan los proyectos de boleta única de papel. De acuerdo al cronograma votado en el emplazamiento impulsado por la oposición, la próxima semana se dará el debate propiamente dicho entre los legisladores de cara al dictamen.

El rechazo del Poder Ejecutivo

La jornada, que duró más de cuatro horas, arrancó picante con la participación de la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien dejó sentado el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

“El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”, continuó y enumeró las desventajas que considera de la boleta única.

Además, en alusión a su posible implementación en 2023, advirtió que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura”.

Cerró las exposiciones el actual director nacional Electoral, Marcos Schiavi, quien expresó que tenía “más dudas que certezas” respecto de lo escuchado, por cuanto encontraba contradicciones entre las propias exposicioines.
A su juicio, “estamos en una discusión apresurada, exprés. Me parece que necesitamos más tiempo para hablar, pensar, diagnosticar sobre algo que es el corazón del sistema electoral, que es cómo se vincula el ciudadano con el voto”. Así las cosas, estimó que discutir este tema en menos de un mes le parecía “complejo”. Recordó que el sistema vigente es centenario, por lo que insistió: “Resolverlo parlamentariamente en un mes, me parece complejo”.

“La discusión tiene que ser más informada”, resumió, enfatizando que “no es una reforma más, estamos hablando de una discusión central para el sistema, porque impacta en el sistema de partidos, la logística, la elección”.
“Me parece que perdimos la oportunidad de ver qué boleta única estamos hablando”, insistió Schiavi, preocupado por “la cuestión de la previsibilidad. Nos genera ruido, porque ya empezamos el proceso administrativo de la elección del año que viene. Para nosotros es importante pensar cómo es el equilibrio entre los tiempos parlamentarios necesarios para que la discusión sea madura y tiempos administrativos de implementación”.
Asimismo consideró que en la discusión faltaron algunos actores importantes, destacando que existen 700 partidos y este martes estuvieron solo 2 o 3 apoderados. “Es una reforma que impacta directo sobre ellos”, destacó, por lo que estimó que “una presencia de apoderados hubiese sido importante”. Aclaró que también hubieran tenido que estar “otros sectores importantes fundamentales, como son el Poder Judicial” y las provincias.
Además, sostuvo que “no es una discusión que genere una demanda social, no creo que esté en la agenda de la gente”, y advirtió que hubiera sido necesario llegar a consensos, pero “estamos discutiendo con consensos fracturados”.

La opinión de exlegisladores

Autor de uno de los tantos proyectos presentados sobre boleta única, el radical Gustavo Menna, diputado nacional hasta diciembre pasado, consideró que a la discusión “hay que abordarla desde una perspectiva de derechos; acá lo que está en juego es un derecho humano central que es el derecho de elegir y ser elegido, pero sobre todo el de elegir”.

El chubutense reconoció que sobre el faltante de boletas no hay estadísticas, y se ha dicho que “no afecta el resultado electoral”, pero observó que “hay elecciones donde una cantidad pequeña de votos puede dirimir un escaño”. En ese sentido, recordó que en 2011 en su provincia “estuvimos tres meses sin saber quién era el gobernador” y “hubo mesas en las que hubo que votar de nuevo”.

Sobre el diseño de la boleta única, más precisamente cuando se pone el foco en que no estarán presentes todos los candidatos, como puede pasar para la categoría de diputados nacionales, Menna señaló que “en el 84% de los 24 distritos electorales esto no es un problema” ya que se eligen poca cantidad de legisladores, “y en los otros cuatro restantes es un problema hasta por ahí no más, porque son muy pocos los que van a quedar fuera de la boleta y, como contrapartida, van a estar en los afiches de difusión en cada centro de votación”, completó.

Desde Córdoba, el exdiputado Paulo Cassinerio defendió que en su provincia el cambio en el sistema electoral “nos ha dado calidad institucional, la posibilidad de contar con el sistema electoral más utilizado en el mundo, y que además la opinión de los expertos sobre sus ventajas es contundente”.

El actual ministro de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación de Córdoba opinó que el cambio “permitiría ahorrar varios miles de millones de pesos” al Estado nacional, además de que “otorga transparencia, la posibilidad de generar una mejor fiscalización, que tiene que ver con los tiempos, pero también con la igualdad de oportunidades que deben tener los partidos más chicos, que a veces no tienen la posibilidad de poner fiscales”.

También desde la provincia mediterránea, Antonio Hernández, exdiputado nacional y exconvencional constituyente, recordó que en la elección a gobernador de 2007 “para el nivel de gobernador había 9 candidaturas, pero 32 boletas electorales por el tema de las colectoras”.

“¿Quién puede decir que el sistema de boletas múltiple, que posibilita decenas de boletas, realmente posibilita un ejercicio serio de la oferta electoral y de la posibilidad de que el pueblo pueda elegir?”, se preguntó el dirigente, que formó parte de la comisión consultiva de la reforma electoral en Córdoba.

Al enumerar los beneficios de la boleta única, habló de una “disminución del gasto electoral”, al tiempo que “la justicia electoral se convierte en garante de que la sociedad pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa”. “No hay posibilidad de listas colectoras y se pone fin a la distribución previa de boletas”, sumó.

La voz de la izquierda

En representación del Partido de los Trabajadores Socialistas, Christian Castillo cuestionó que en las elecciones provinciales “no hay financiamiento” para los partidos más chicos, al tiempo que los sistemas de colectoras, acoples o ley de lemas son “claramente fraudulentos”. También mencionó que el reparto en espacios de publicidad y los porcentajes de los pisos para pasar a las elecciones generales son otros temas que deberían “debatirse primero”.

Yendo a la boleta única, el dirigente reconoció que “tiene una ventaja en cuanto a que esté la boleta” en el cuarto oscuro, pero argumentó que será “complicado identificar a la lista” porque la cuestión de la “visibilidad” no está “para nada resuelta en los modelos que se presentan”. “La fiscalización se hace más compleja”, añadió y alertó que “podés tener la boleta y que después no te puedan votar”.

Por su parte, desde el Partido Obrero, Gabriel Solano criticó que “no estamos discutiendo una verdadera democratización del sistema electoral. Los recursos económicos que se derivan del uso del Estado y la relación con las distintas empresas privadas condiciona de manera directa el proceso electoral y eso acá no se está discutiendo”, denunció.

Si bien aclaró que “no defendemos el régimen actual”, el legislador porteño dijo que con la boleta única “se le sustrae al electorado un derecho a saber a quién está votando” ya que “al no presentar a todos los candidatos” se trata de “una manipulación al electorado”. Además, opinó que “la identificación de los partidos o los frentes tiene que estar nítida, no puede llevarse el sistema electoral a un sistema de personas”.

Más opiniones a favor y en contra

Extitular de la Dirección Nacional Electoral hasta marzo pasado, una de las últimas oradoras en hablar fue Diana Quiodo, quien afirmó que el proceso electoral de 2021 “fue muy bueno” y “en ningún momento las fuerzas políticas han planteado como un problema la falta de boletas”.

Apoyada en filminas, la politóloga basó su exposición en torno a los costos, una de las aristas que atraviesa el debate, ya que los impulsores de la boleta única sostienen que se ahorraría dinero. Al explicar cómo se calcula el aporte del Estado por boleta, de acuerdo a las leyes vigentes, la actual secretaria de la embajada argentina en Chile precisó que en las PASO del año pasado se gastaron $827 mil millones, con una liquidación complementaria de $290 mil millones; y en las elecciones generales $929 mil millones.

Esos cálculos se realizaron en base a lo que implicó la impresión de dos boletas y media por elector, a partir de la reforma de 2019. Pero Quiodo enfatizó que se podría haber tenido incluso un ahorro del 33% si se imprimiera una boleta y media por elector registrado, como era antes de esa reforma.

Al exponer los gastos en la provincia de Santa Fe, donde hay boleta única, la exdirectora nacional Electoral detalló que en las elecciones locales hubo un costo por elector de $169,30, mientras que en las elecciones nacionales el costo por elector fue de $119,70, e incluso hubiera bajado a $59,85 si se volviera al 1,5 elector para la impresión.

Otro exdirector nacional Electoral que se presentó fue Alejandro Tullio, quien en su caso enfatizó que “este es el momento de hacer una reforma”. “Esta reforma es oportuna, estamos en un año no electoral. En la primera mitad del año electoral hay tiempo para las adaptaciones, para darle espacio a los operadores del sistema”, consideró y citó en ese sentido a “la Justicia Electoral, la Dirección Nacional Electoral, todos los que tienen que participar en el diseño y la implementación de este tipo de cambio”.

“Estamos en tiempo de hacer esto y para explicarle a la ciudadanía cómo se vota. Porque, con mucho respeto, disiento de los que dicen que la boleta es un instrumento de los partidos políticos: la boleta es un instrumento de los ciudadanos para manifestar su opinión”, aseveró.

Entre los más de veinte expositores que se presentaron este martes, Eduardo López, apoderado del PJ bonaerense, se manifestó en contra del cambio: “Nosotros adherimos a la boleta partidaria porque ha sido el elemento que ha permitido el desarrollo de un sistema democrático, prácticamente desde la Ley Sáenz Peña, y ha dado muy buenos resultados”.

“No es que los que estemos a favor de la boleta partidaria seamos fraudulentos o mantengamos el status quo“, aclaró y defendió el sistema actual diciendo que “podrá ser anticuado pero ha sido muy efectivo y garantiza el resultado de la voluntad popular”. “Es confiable, transparente y gana el que mayor ascendencia tiene en la ciudadanía”, insistió.

A su turno, Víctor Ibáñez Rosaz, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, donde se aprobó en la Legislatura la boleta única en marzo pasado, se mostró a favor de “la ventaja respecto a la equidad de la competencia electoral para todas las fuerzas políticas; la disminución del gasto electoral; la eliminación de prácticas distorsivas electorales; y la mayor libertad del elector”.

El funcionario admitió que este cambio “no soluciona todos los problemas” en cuanto a lo electoral, pero “es un debate sobre una herramienta electoral, que nos lleva necesariamente al debate sobre el sistema electoral y el régimen electoral”. “Los cambios institucionales sí mejoran las prácticas cotidianas y sí resultan positivos para los ciudadanos”, agregó.

Tal como se acordó la semana pasada, este martes arrancaron en la Cámara de Diputados las reuniones informativas, con la participación de invitados, para debatir sobre la implementación de la boleta única de papel a nivel nacional, aunque el formato permite las exposiciones sin intercambio de preguntas con los legisladores.

El encuentro de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda se dio en el marco del cronograma que la misma oposición impulsó, al lograr emplazar a las comisiones a partir de una votación que se realizó en el recinto el pasado 5 de mayo, y contó con los votos a favor de Juntos por el Cambio, bloques federales y los libertarios.

La primera expositora que habló en la jornada -de tres horas- fue Julia Pomares, jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad, quien consideró que la boleta única “les asegura a los votantes que al momento de votar pueden tener todas las opciones” y así “el mismo derecho a votar esté en un cuarto oscuro en Balvanera, Trelew o González Catán”.

Asimismo, “garantiza que todos los partidos y alianzas estén en igualdad de condiciones” y se respete “el derecho a elegir y ser elegido”. “El sistema actual de boletas partidarias no lo garantiza y eso es lo que viene a garantizar la boleta única”, ratificó su posición.

Pomares advirtió que el cambio “hay que hacerlo bien” y “diseñar bien el instrumento”, pero resaltó que “más de 180 países pudieron hacer esta transición”. En referencia al modelo de la provincia de Córdoba, señaló que “permite que una persona pueda votar de manera más fácil para un mismo partido por todos los cargos”. “Tenemos una oportunidad inmensa de subirle la vara a la democracia”, agregó.

Luego fue el turno del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, quien observó que “en Occidente estamos atravesando una muy fuerte crisis en nuestro sistema representativo”. En ese marco, “esta reforma o cualquier reforma que se plantee debe entender de qué manera nosotros logramos amigar este sistema representativo, que está francamente en crisis, para que el ciudadano pueda realmente sentirse representado por nosotros”. Aunque reconoció que una eventual ley de boleta única de papel “no es la única solución al problema”, sí subrayó que se trata de “un avance”.

Exsecretario de Asuntos Políticos durante la gestión de Cambiemos, y quien fue uno de los impulsores del proyecto de reforma electoral en esos años, Adrián Pérez defendió el cambio del instrumento de votación, aunque admitió que “hay que encontrarle una vuelta” en el caso de simultaneidad de elecciones nacionales con provinciales, dado que los distritos tienen sus propios sistemas.

“Ahí lo que yo creo es que hay que dividir la lista por orden. Dividir una boleta única para los cargos nacionales y una boleta única para los cargos provinciales, desde mi punto de vista, es la mejor opción”, sostuvo. Además, en el final de su exposición, enfatizó que “el instrumento de votación nuestro es arcaico, viejo, no va más en el mundo y tenemos que cambiarlo”.

A su turno, Alejandra Pericola, del Observatorio Electoral UBA, resaltó que la boleta única ya se utiliza para que voten quienes están privados de la libertad y los argentinos que residen en el exterior. “Desde el año 2007 la Cámara Nacional Electoral ha reiterado en varias oportunidades la necesidad de abrir el debate”, recordó, y añadió que “en algunos fallos y varias acordadas” se ha referido a “la multiplicidad de candidatas y candidatos que se proponen para cada elección” y “la inconmensurable cantidad de boletas que se oficializan”.

Para la expositora, el sistema actual trae “inconvenientes y problemas no solo durante la campaña electoral”, sino también en “la tarea de las autoridades de mesas” y “la fiscalización de los partidos políticos”.

Pericola defendió que la boleta única de papel “elimina el robo de boletas; disminuye el gasto electoral; se reduce el consumo de papel; fortalece la transparencia de los procesos electorales; esperamos que pueda eliminar algunas prácticas clientelares”, al tiempo que se puede implementar la plantilla en braille y agiliza las tareas de escrutinio.

También a favor de los proyectos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, recordó que “en Argentina ha habido famosos haciendo política desde mucho antes” de que se implemente la boleta única. Para refutar a quienes argumentan que este sistema permite la “farandulización” de la política, el jefe comunal señaló que “el fenómeno de la crisis de la representación política no tiene nada que ver con el medio de emisión del voto. Es otra discusión que tenemos que dar quienes hacemos política en relación a cómo logramos asegurarnos la representación popular”.

Desde el CIPPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Carolina Tchintian expresó que la boleta única “lo que hace es permitir al votante traducir su preferencia en un voto de manera fácil y fiel”, mientras que “asegura que la experiencia de votar sea uniforme, consistente a través de los distritos entre votantes” y “equipara y nivela la cancha entre partidos políticos”.

De acuerdo a encuestas realizadas por la organización que representa, en la provincia de Santa Fe, donde ya se utiliza este sistema, “9 de cada 10 votantes lo calificó como un instrumento bueno o muy bueno” y “6 de cada 10 dijeron que es más fácil que la boleta partidaria”. “Solamente el 5,5% de todos los votantes encuestados consideraron que es más fácil la partidaria”, agregó.

De los 20 expositores que se presentaron este martes, también hubo quienes hablaron en contra del cambio del sistema electoral. Uno de ellos fue el politólogo Andy Tow, quien consideró que la boleta partidaria permite “construir de coaliciones multinivel” y “unir y sumar fuerzas de diversos niveles de gobierno mediante una oferta unificada”.

“Las ofertas electorales multinivel fortalecen los partidos políticos”, señaló y opinó que “las trampas son más difíciles cuando en las elecciones hay cargos diversos y enlazados en juego; y cuando hay presencia de autoridades federales y provinciales”.

Para Tow, el cambio en el instrumento de votación alentará que “las provincias y la Ciudad de Buenos Aires hagan sus elecciones separadas de las nacionales”, lo que “consolida la tendencia de desdoblar” que tiene “como consecuencia un calendario extenso que fastidia y confunde al electorado”.

Por su parte, Dolores Gandulfo, de la COPPPAL (Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe), negó que la boleta única “no requiera la fiscalización”. “Los partidos políticos aún con boleta única requieren de una fiscalización constante durante el proceso electoral y especialmente en el recuento”, apuntó.

Entre varios puntos, manifestó que este instrumento “presenta riesgos en la gobernabilidad” y exige de un “proceso de capacitación electoral” amplio. “No contamos con evidencia que muestre las virtudes de este instrumento para poner en riesgo un sistema legitimado por todos los actores y el pueblo argentino”, completó.

Facundo Cruz, de la UBA y UTDT, dijo que “las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o cuando se quiere mejorar algo. Actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación”. Y consideró que, de acuerdo a las iniciativas presentadas, “algunas cosas puede que comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha”.

“Los actores, la ciudadanía y la justicia tienen confianza en el sistema”, continuó y aseveró que “se tiene que discutir una reforma política-partidaria más integral” si se quiere cambiar el sistema, porque “vamos a estar tal vez cambiando una sola parte de un auto y vamos a estar generando problemas en el motor”.

Finalmente, Tomás Aguirre, de la Agencia de Comunicación Monteagudo, defendió que “tenemos un sistema electoral confiable en Argentina”, donde ha habido “elecciones libres, limpias, transparentes y sobre todo legítimas” y “hay mucha evidencia al respecto”.

“En los últimos 15 años hicimos ocho elecciones de las cuales nada menos que cinco, con este sistema electoral, con este instrumento de votación, la ganó una fuerza opositora al oficialismo de ese momento, lo cual debería darnos una idea de que el sistema de votación funciona, es transparente y es competitivo”, argumentó.

También sugirió que, si se quisiera cambiar el sistema se puede “usar la elección del año que viene para plantear un estudio serio, sistemático, hecho por el Estado, que nos diga dónde está en problema y en qué distritos”.

El Frente de Todos en la Cámara de Diputados postergó por segunda vez la firma del dictamen sobre el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La iniciativa se debatió este jueves en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, pero las marcadas diferencias con la oposición, que objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso, hicieron que el oficialismo ceda a retrasar la firma del despacho.

En el arranque, el titular de Industria, Marcelo Casaretto, anunció que, tras sugerencias que fueron pedidas durante la exposición de los funcionarios, se incorporaría al proyecto una preferencia adicional del 3% para empresas que cumplan con pautas de desarrollo sustentable y también a las que estén en “provincias que tienen asimetrías regionales”.

Asimismo, el entrerriano anticipó la inclusión de una definición sobre los bienes estratégicos, como “aquellos que se traten de productos innovadores o que tengan potencial para promover empleo de calidad, mejoras en la balanza comercial o generar impactos significativos sobre una determinada cadena de valor”.

En primer lugar, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, observó que en la reunión pasada “no había impugnaciones globales, rechazos generales” por parte de la oposición, sino “una cantidad de dudas, de preguntas, que no modificaban en general una mirada positiva sobre esto”.

Pero al apuntar que habría un dictamen de rechazo, por parte de Juntos por el Cambio, el santafesino señaló que “nos podemos llegar a quedar sin una valiosa herramienta, cada vez más necesaria en las economías en desarrollo”. Además, cuestionó que la presentación de dictámenes de minoría responda a “una zona de confort legislativa, donde no nos terminamos de meter en el fondo de las cuestiones”.

Martínez también criticó que se trate de “encapsular esta iniciativa a un único aspecto”, como es el de Compre Argentino, lo que opinó “le baja calidad al debate”, y enfatizó que el proyecto abarca “el desarrollo de proveedores”.

Desde Juntos por el Cambio, el diputado Víctor Hugo Romero recogió el guante: “No lo planteamos del punto de vista de una posición de confort”. El radical explicó que hay “un Estado que viene pasando hace mucho tiempo por una situación difícil, donde ha incrementado el déficit fiscal, que ha generado una situación crítica en la economía argentina” más un “fuerte costo fiscal a todas las PyMEs y el entramado productivo”.

Al mencionar también el aumento de emisión monetaria y la “gran inflación”, el cordobés resaltó que “no hay un plan que genere previsibilidad y certezas”, por eso “nos preocupa sacar leyes que influyen en el gasto. Si se incrementa el gasto lo terminan pagando los argentinos”.

Romero expresó además que los funcionarios que asistieron a defender la ley “no nos despejaron las dudas” ni explicaron “el motivo de una modificación de la ley de manera clara”.

En su intervención, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sumó que “se perjudica a las PyMEs y se beneficia a las grandes” porque la brecha de diferencia pasará de ser del 7% al 5%. “Necesitamos tiempo y no un tiempo limitado, sino un análisis profundo para tratar el tema. Acá no hay confort, acá hay responsabilidad”, concluyó.

Tras la palabra de Romero y antes de continuar con la lista de oradores, Casaretto aclaró que “cuando se habla de aumentar ese margen de preferencia al 15% y 20% se habla de la competencia entre las empresas que proveen bienes de origen nacional frente a los que proveen bienes de origen extranjero”.

Con los cambios “se favorece a todas las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero”, insistió el oficialista y subrayó que las PyMEs “no es que ahora quedan desprotegidas, quedan más protegidas”. Y en cuanto al aumento de preferencia para las grandes empresas, el entrerriano dijo que “es frente a las extranjeras pero no frente a las PyMEs nacionales”.

“Sí cambia la protección relativa entre las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas”, le devolvió el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacace.

Después fue el turno de Carlos Heller, quien consideró que hay “un error de concepto” porque “el tema de las preferencias está referido a la competencia externa”. “Cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras”, sostuvo y apuntó que “hay rubros en los que las PyMEs no pueden competir”.

“Yo a lo que le tengo miedo es a la silla de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y creo que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que ‘si es más barata la importada, no me importa, que venga la importada’. A nosotros nos importa que se desarrolle la industria nacional”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto manifestó que “no es verdad que hay unos que quieren el compre argentino y otros que no lo queremos. No generemos una antinomia”. “En temas tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos”, consideró y explicó que “tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo” porque “no es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada dos por tres”.

En cuanto a la incorporación del PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, la porteña indicó que “por su capacidad de compra es un regulador del mercado de medicamentos” y al advertir por la concentración de los laboratorios, solicitó que “no hagamos una ley que termine beneficiando a los mismos de siempre, a los laboratorios de siempre” porque “terminan perjudicando a los jubilados y condicionando a todos los gobiernos”.

Avanzado el debate, la macrista Silvia Lospennato se quejó de que “el Congreso no puede seguir funcionando en torno a intuiciones y lindas consignas. El Congreso necesita datos. Cuando uno cambia una ley que es tan reciente tiene que tener los motivos claros”.

“Ustedes que todo el tiempo están diciendo que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo”, disparó.

Y, tras rechazar la creación de un fideicomiso que no es “transparente”, la opositora afirmó que la ley actual, sancionada en 2018, “funciona y funciona bien, y si no funciona traigan los datos”.

Luego que Casaretto le recordara a Lospennato que el régimen de Compre Argentino no nació en 2018, sino que antes regía la Ley 25.551, tomó la palabra la oficialista Victoria Tolosa Paz, que defendió: “Busca beneficiar no solamente la cadena de valor de los proveedores locales, el empleo y la producción, sino también por supuesto nuestra balanza comercial y la utilización de las divisas, siempre pensando en que las divisas sean parte del entramado industrial del país”.

“Yo no sé qué piensa la diputada preopinante, pero pareciera que cuando la fuerza opositora gobierna y crea fideicomisos y los firman cinco días antes de irse del Gobierno, son fideicomisos que no tienen ningún manto de duda o de falta de transparencia”, le devolvió la diputada a Lospennato, encendiendo el clima de la reunión.

Hacia el cierre, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, celebró que no se fuera a firmar dictamen, como era la idea original del Frente de Todos, y “poder discutir una ley que sea mejor y, lo más importante, que tenga un consenso general para poder ser una política de Estado a largo plazo”.

Además, el macrista pidió que no haya despacho el próximo martes: “No hay apuro. Podemos tomarnos unos días y hacerlo seriamente, si de verdad queremos sacar una ley que beneficie a los argentinos”.

“¿Vieron qué feo es ser emplazados?”, chicaneó Martínez en el final de la reunión, en alusión a la metodología que la oposición tuvo para imponer el debate de boleta única. Y agregó que “por lo menos nosotros intentamos darle celeridad a algunos temas en el ámbito de las comisiones sin apelar a ninguna de esas cosas”.

Tras defender los puntos del proyecto, el jefe de la bancada oficialista pidió pasar a un cuarto intermedio para que en lo posible sea el próximo martes, ya que “queremos dictaminar y llevar este tema al recinto lo antes posible”.

Durante un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, que debatió sobre el proyecto de Compre Argentino, el diputado Alejandro Cacace aprovechó para reclamar que el dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo para modificar la Ley de Alquileres -firmado el día anterior- debe pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Luego que en la Comisión de Legislación General se plantearan tres despachos -uno del Frente de Todos, otro de Juntos por el Cambio y el restante del interbloque Federal-, el puntano explicó que el texto del oficialismo se refiere en uno de sus capítulos a “incentivos a la oferta de bienes inmuebles con destino habitacional”.

En ese sentido, en sus artículos 11, 12 y 13 “modifica leyes tributarias sobre lo que no tiene competencia” Legislación General, apuntó el legislador de Evolución Radical, y planteó que “deben ser dictaminados por la Comisión de Presupuesto”.

“Se dictaminó sobre un tema que no era competencia de la Comisión de Legislación General”, insistió y solicitó que “esto se subsane y que los diputados de la Comisión de Presupuesto podamos tener la oportunidad de discutir sobre este proyecto”.

Tomó entonces la palabra Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, quien le recordó a Cacace que, como le había explicado en privado, tras emitirse ese dictamen le envió una nota al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para que gire el proyecto a Presupuesto.

Y luego que alguien le soplara que el giro ya estaba confirmado, Heller confirmó: “Convocaremos a la Comisión de Presupuesto. Mi idea es convocar a un plenario”.

Cabe destacar que en la reunión de Legislación General todos los sectores se manifestaron a favor de otorgar incentivos fiscales para garantizar la oferta de propiedades, pero solo los incluyeron en sus dictámenes el Frente de Todos y Graciela Camaño, del interbloque Federal.

Se realizó este martes un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente Nacional y Popular), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo del riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular), en la cual obtuvo dictamen dos proyectos sobre acuerdos internacionales referidos a tributos y a materia impositiva.

“Estos dos tratados internacionales son puestos a consideración por el especial pedido de los gobernadores de las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Chaco y Santiago del Estero, que necesitan de estos instrumentos para que las inversiones puedan llegar a sus provincias apra generar empleo y crecimiento”, explicó Rodríguez Saá con el apoyo de su par, Ricardo Guerra, al comienzo de la reunión y remarcó que “los gobernadores pidieron que sean tratados con urgencia”.

Específicamente, obtuvieron dictamen dos convenios con Japón y la República de Turquía para evitar y/o eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión, elusión fiscal y su protocolo con el fin de fomentar las inversiones y el desarrollo productivo y económico en nuestro país.

Luego, continuó reunida la comisión de Relaciones Exteriores y Culto para brindar dictamen a dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo sobre acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones entre nuestro país, Japón y Emiratos Árabes.

En una reunión que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizó este martes el proyecto enviado por el Gobierno sobre un nuevo régimen de Compre Argentino.

Durante un encuentro de más de dos horas, los representantes del Ejecutivo respondieron preguntas por parte de legisladores de la oposición, que plantearon sus dudas sobre varios aspectos de la iniciativa.

El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, día en que el oficialismo tiene intención de sacar dictamen, pero desde Juntos por el Cambio reclamaron más tiempo.

En primer lugar habló la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien afirmó que “el objetivo de esta ley es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado”. Destacó que se incorpora la posibilidad de “generar sectores estratégicos e innovadores”, algo que “no tiene la ley hoy”.

Además, resaltó que se busca “potenciar incentivos que ya posee la ley” y “dos aspectos claves que no estaban incorporados” como “generar herramientas financieras a través de la generación de un fideicomiso; y generar espacios, como un Observatorio y Mesas de Compre Argentino, para mejorar el acceso a la información sobre la planificación de las compras que poseen los diferentes sujetos alcanzados por la ley”.

La funcionaria subrayó la inclusión de PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, “en función de la capacidad y poder de compra que tiene”.

“Estamos mejorando la preferencia que otorgaba la ley, ampliándola de 15% a 20% para las PyMEs y de un 8% a 15% para las empresas grandes”, detalló, y añadió que se incorpora la perspectiva de género, a partir de otorgar “un margen adicional del 3% a empresas que estén dirigidas por mujeres o que tengan altos cargos gerenciales en sus empresas, o que más del 50% de su nómina sean mujeres”.

Al momento de las preguntas a los funcionarios, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) consultó “por qué la ampliación de la preferencia”, ya que con ese cambio “estamos tomando una decisión de que el Estado gaste más”. “Merece una justificación”, aseguró, al explicar que la modificación representaría que se “gaste hasta un 20% más a lo que correspondería a los precios de mercado” cuando el “objetivo en las compras y contrataciones” es “adquirir bueno y barato”.

En su intervención, el puntano observó que se incorporó la perspectiva de género, pero no la preferencia para empresas que cumplan con la pauta de desarrollo sostenible, cuando nuestro país en compromisos internacionales ha abogado por “la producción y el consumo responsable”.

Luego fue el turno del secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Hugo Romero, quien analizó: “Se incrementa la preferencia porque seguramente las PyMEs y las empresas nacionales han perdido competitividad. ¿No creen que la pérdida de competitividad viene por haber incrementado el costo fiscal y haber tenido una política monetaria con atraso cambiario?”.

Al observar varios puntos del proyecto, el cordobés habló de delegación de facultades y alertó por la eliminación del “artículo 22 de la ley actual, que habla de la responsabilidad penal de los funcionarios”. También planteó sus dudas por “cuál va a ser la magnitud” del nuevo fondo fiduciario que se crea, y pidió poder tener al respecto “un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y “la ampliación de información por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo”.

En la misma línea que sus pares, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se preguntó “qué sucedió con la ley desde que funciona” porque “estamos yendo por más sin saber por qué le vamos a decir a la gente que el Estado está pagando más, si verdaderamente está funcionando (la norma). O si no está funcionando, ¿por qué creen que por aumentarlo va a mejorar?” la situación de las empresas, señaló entre varias preguntas.

En respuesta a las dudas de los legisladores de la oposición, Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino, explicó que “no necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato”.

Y defendió que el aumento de los porcentajes es para “darle más posibilidades a las industrias argentinas para poder ganar en diferentes licitaciones”, al tiempo que comparó los regímenes en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde “el margen de preferencia es de 30% y en algunos casos llega al 55%”.

Tras admitir que no tenía “datos precisos” sobre el impacto que tuvo la ley actual, Hecker argumentó por qué se incorpora al PAMI: “Para ampliar el efecto multiplicador del compre nacional y que eso tenga impacto en empleo, en más producción de laboratorios, en empresas de equipamiento médico y productos médicos, como prótesis, descartables”.

“El PAMI hoy ya es parte del compre argentino, con el decreto 50 de 2019 el PAMI es parte del Ministerio de Salud, es parte de la administración pública nacional. Además recibe fondos del Tesoro”, sostuvo.

Sobre la creación de un fondo fiduciario, el funcionario dijo que “está planteado como un fondo para atacar problemas específicos de acceso al financiamiento” y “no pretende este fondo atender a todos los oferentes ni tampoco a todos los potenciales oferentes”. Entre otros puntos, agregó que se eliminó el artículo referido a las responsabilidades de los funcionarios porque las sanciones “ya están contempladas en el Código Penal”.

Tras la exposición de Hecker, la diputada del Pro Graciela Ocaña aclaró: “El PAMI no es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal”. “El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución”, añadió.

Además, reveló que “si uno hoy analiza cuáles han sido todas las compras del Ministerio de Salud se va a llevar una sorpresa” porque “los reactivos que compraron no fueron de desarrollos nacionales, fueron de la empresa internacional Abbott”. “Por muchas leyes que se establezcan, si no tenemos claros cuáles son los intereses que tenemos que defender, muchas veces esto no se produce”, resumió.

Entre los oradores del debate, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró: “Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando nosotros compramos más caro eso requiere más impuestos que recaen sobre la actividad productiva, hace más ineficiente la actividad productiva, y eso hace que Argentina necesite un tipo de cambio más alto. Cuando el Estado compra más caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos”.

Por el oficialismo, el riojano Sergio Casas afirmó que “esta ley es beneficiosa” y apunta a “promover la industria nacional”. Ante los funcionarios, el diputado propuso que se incorpore “el concepto de regiones estratégicas” ya que ” no es lo mismo producir en Buenos Aires o en Santa Fe que en La Rioja o Catamarca” donde “se incrementan los costos del transporte”. También solicitó que en las Mesas de Compre Argentino que se crean puedan participar miembros de “los distintos ministerios de Industria de las provincias”.

En el tramo final, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, defendió la ley votada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre este proyecto expresó: “No no se puede sacar dictamen el jueves, salvo que lo quieran hacer de prepo. La idea es consensuar algo que sea mejor para todos los argentinos”.

Sobre la norma votada hace cuatro años, recordó que “nosotros mejoramos las preferencias”. “Espero que nadie se ofenda, pero ¿vamos a jugar a ver quién es más populista industrialmente?”, lanzó el legislador macrista, que rechazó la creación de un fondo fiduciario, al afirmar que “el impacto fiscal va a ser muy alto”. “Esto una discusión un poco más profunda”, insistió y agregó que la anterior ley “tuvo un consenso impecable y ahora no lo hay”.

En el cierre, la oficialista Victoria Tolosa Paz remarcó que “el 13% de las compras del PBI las realiza el Estado argentino” y esto “se aleja del principio de que esta ley la hacemos porque somos funcionarios que queremos que el Estado compre mal, caro y de mala calidad”. Defendió que sin la creación de un fondo fiduciario habría PyMEs e industrias nacionales “que sin ese financiamiento quedan afuera”.

“No es una ley que busca comprar caro, sino busca que la proporción del compre nacional en la estructura nacional sea cada vez más importante, porque queremos generar trabajo y empleo”, sumó.

Por Melisa Jofré

El oficialismo volvió a sufrir un revés en la Cámara de Diputados la semana pasada cuando casi toda la oposición se unió y aprobó el emplazamiento de tres comisiones para comenzar con el tratamiento de los proyectos referidos a la boleta única de papel.

De las tres comisiones que deberán intervenir en ese debate, la única conformada hasta ahora es la de Presupuesto y Hacienda, donde el Frente de Todos cuenta con 24 miembros, Juntos por el Cambio con 23, el interbloque Federal con uno y el interbloque Provincias Unidas con uno también, con el dato a resaltar -ya veremos por qué- de que ese lugar lo ocupa el Frente de la Concordia Misionero.

La encargada de pedir el emplazamiento, y también el cronograma que deberá tener la discusión, fue la macrista Silvia Lospennato, quien además el jueves pasado detalló en el recinto cuántos miembros le corresponden a los interbloques en cada comisión según “los acuerdos parlamentarios alcanzados”.

Así, la secretaria parlamentaria de la bancada opositora aseguró que en Asuntos Constitucionales el oficialismo tendría 17, JxC también 17, y el interbloque Federal, 1; mientras que en Justicia, al FdT le corresponden 15, a JxC también 15, y al interbloque Federal, 1.

De acuerdo a esos números -que se confirmaron este lunes por la tarde-, el oficialismo podría perder por uno el dictamen de mayoría en el plenario de las tres comisiones, en caso de que JxC y el interbloque Federal vayan con un dictamen único, pues en ese caso sumarían 58 firmas; en tanto, el oficialismo llegaría a 57 si tan solo contara con el respaldo del misionero Diego Sartori, integrante de Presupuesto y Hacienda, quien está dentro del sector de Provincias Unidas que no acompaña el tema, ya que en ese interbloque los dos legisladores de Juntos Somos Río Negro sí están a favor.

En realidad, durante la sesión del jueves pasado, en la votación del emplazamiento, Sartori estuvo ausente, pero su compañero de bloque Eduardo Fernández fue uno de los pocos opositores que votó en contra, junto al FdT.

La discusión por el reparto de los lugares en las comisiones llevaron un largo tiempo en Diputados, y aún no terminan de conformarse todas. Incluso, las que ya se han puesto en marcha muestran la paridad de integrantes entre las principales bancadas.

La importancia del dictamen de mayoría es que es el primero que se somete a votación en la sesión.

En un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, y la de Presupuesto y Hacienda, a manos del oficialista Carlos Heller, se retomó este martes el debate sobre el proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y que cuenta con media sanción del Senado, con voces a favor y en contra la iniciativa pasó a la firma.

Al comienzo de la reunión, en defensa del proyecto la diputada entrerriana Carolina Gaillard (FdT) sostuvo que “es un tema muy importante para muchas familias argentinas porque están esperando este marco legal que les va a permitir acceder al tratamiento con cannabis”.

En ese sentido, recordó que en el 2017 se sancionó la Ley 27.350 que fue un “gran paso y un avance en materia de cannabis, pero se limitó a declarar de interés la investigación y estableció algunas cuestiones que permitieron que haya ciertos desarrollos en todo el país, aunque fueron cultivos experimentales y la ley no permitió el cultivo para comercializar, producir y exportar que es lo que viene a hacer este marco legal”.

“La Ley generó muchas expectativas, pero no cumplió. Fue insuficiente porque estableció que se garantizaban los tratamientos, pero no brindaba una autorización para que se pueda producir productos de cannabis medicinal”, sostuvo la entrerriana.

Además, destacó: “El cannabis medicinal está considerado un estupefaciente y por eso se necesita una autorización para cultivar, para producir, para exportar. Lo que viene a hacer el proyecto es darle un marco legal al desarrollo productivo. Crea una agencia que va a expedir las autorizaciones para cultivar, generando una industria nacional que garantice que se puede producir sustancias seguras y de calidad que es lo que necesitan las familias que hacen uso del cannabis para distintos tratamientos de salud”, y subrayó que “hoy la única manera de acceder es con el autocultivo lo cual no es suficiente porque falta el marco legal”.

“El tema del cannabis se trata de un mercado global emergente y se presenta como una ventana de oportunidad para el país, permite generar empleo de calidad y por supuesto se prevé que el escenario hacia el 2025 la creación de 10 mil puestos de empleos nuevos, 500 millones dólares de ventas al año. Permite un desarrollo productivo que tiene un universo prominente. Viene a complementar la ley anterior, ya que permite el desarrollo productivo. La creación de la agencia es necesario porque hay que pensar la producción del cannabis como una industria que requiere de una estructura como la agencia que pensará toda la política del desarrollo productivo y de salud”, explayó la legisladora del FdT.

“Es importante que haya un registro de semillas de cáñamo y cannabis para no tener que estar importando, la ley 27.350 no fui suficiente porque conseguir el aceite de cannabis no es una posibilidad, las familias lo consiguen con un cultivador solidario porque no hay un marco legal que permita el desarrollo productivo”, puntualizó Gaillard y cerró: “El cannabis es un producto vegetal, pero falta un amor legal para que todo aquel que quiera exportar, desarrollar o producir lo pueda hacer. Que las familias que hacen tratamientos con cannabis puedan acceder a un producto de calidad”.

A su turno, la legisladora Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio, plástico; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros. “Son infinitos los usos que tiene esta planta. Esta ley prevé un régimen simplificado”, resaltó.

En su uso de la palabra, la diputada Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical – Córdoba) manifestó: “Creemos que es importante crear un marco regulatorio, la industria porque puede ser un potenciador de empleo, es necesario desarrollar el cannabis medicinal”. Sin embargo, señaló que “el presente proyecto tiene aristas a marcar”, y precisó: “Se crean estructuras nuevas del Estado que son innecesarias porque ya hay estructuras que pueden cubrir eso. Hay una delegación legislativa muy amplia a este ente ARICCAME que sería una delegación a la discrecionalidad de las discusiones del Ejecutivo. Es una normativa que debe ser sustancial para marcar una regulación de un tema muy sensible. El Congreso debería establecer los requisitos, procedimiento de la producción, los productores. También se están creando nuevas tasas y es algo que no pregonamos en el interbloque. Además, debería reverse la cámara de origen”.

A su turno, el neuquino Pablo Cervi coincidió en “la necesidad y potencial que tiene el cannabis porque es usado para uso medicinal tanto en humanos como veterinarios, eso no se discute”. Pero, también apuntó sobre las tasas que se crean, la Cámara de origen, la delegación de facultades del nuevo ente y el “centralismo de la ubicación de la agencia en CABA”, por lo que sugirió que puede ser “más federal”.

A continuación, el radical Jorge Rizzotti (Jujuy) lamentó que el tema haya sido puesto en la agenda de extraordinarias, pero que nunca se trató. En tanto, sostuvo que es “una ley que no es la ideal”, y ejemplificó con la situación actual de su provincia que “es la que más ha avanzado en el cultivo” y enumeró los beneficios que traería la sanción de la ley en cuanto a empleo e ingresos.

Sin pertenecer a la comisión, el rionegrino Luis Di Giacomo adelantó el voto negativo del bloque y criticó que en el Senado solo hubo dos sesiones informativas donde “el 95% de los expositores eran autocultivadores y muy pocos advirtieron de la situación que pasa el país y América de lo que significa la legalización de la marihuana”.

“Este proyecto tiene una visión sesgada a la aprobación este tipo de uso recreativo o narcótico de la marihuana. Es totalmente fuera de lugar que se ponga en la misma ley el cáñamo con el cannabis. El cáñamo es una variedad del cannabis, la marihuana, porque así se llama en un discurso donde tratan de tapar la peligrosidad ahora la llamamos cannabis, es otra variedad. Coincidimos en todos los aspectos del cáñamo, lamento el proyecto del Ejecutivo porque aborda dos temas que quedan al servicio de la industria cannábica de multinacionales que desarrollan un camino hacia la legalización y uso recreativo de la marihuana quitando la peligrosidad que tiene”, criticó el rionegrino y pidió “debatir en profundidad el tema”.

De la verdad oficialista, el misionero Héctor Bárbaro celebró el proyecto de ley porque “hay muchas familias esperando el tratamiento del cannabis medicinal”. En segundo lugar, también remarcó la creación de puestos de trabajo y la reglamentación que la iniciativa propone.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productoras y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados dio dictamen de mayoría a un proyecto de ley que tiene como objetivo el financiamiento de las industrias culturales, a través de la prórroga de ciertos impuestos con asignación específica.

La iniciativa, impulsada por el oficialista cordobés Pablo Carro, había tenido dictamen el año pasado pero no había llegado a tratarse en el recinto.

El proyecto establece que la vigencia de las asignaciones específicas previstas en tres incisos del artículo 4 de la Ley 27.432 -reforma tributaria de 2017- se extiendan hasta el año 2072.

Se trata del gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; el impuesto a las entradas de cine e impuesto sobre los videogramas grabados; y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual.

A través de estos tributos se destinan fondos en beneficio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, las Bibliotecas Populares, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el ENACOM, el Fondo FOMECA, y la Defensoría del Público.

El autor de la iniciativa recordó que desde Juntos por el Cambio, con el diputado Luciano Laspina a la cabeza, se había presentado un dictamen de rechazo en noviembre pasado. Sin embargo, consideró que “hay una amplísima mayoría en esta Cámara que entiende que la cultura no es algo que nos viene como un derecho cuando tengamos la guita suficiente para poder acceder a ella; la cultura atraviesa a todo nuestro pueblo”.

El diputado detalló que en cine, radio y televisión hay “más de 700 mil puestos de trabajo” directos e indirectos, lo que representa “el 3,1% del empleo en Argentina” y “el 3,6% del PBI”, por lo que defendió que “estas asignaciones específicas son multiplicadoras del trabajo, no solo de la cultura en general”.

Para Carro, si no se prorrogan estas asignaciones, “solamente van a ser viables aquellas producciones que tengan sentido en el mercado”. “Si nosotros no le damos la asignación a nuestra cultura lo que perdemos es pluralidad y diversidad, lo que perdemos es democracia, y lo que nos van a quedar son discursos únicos”, alertó.

“Una cultura potente es una cultura que va a estar en mejores condiciones de mejorar el autoestima que necesita nuestro pueblo para salir adelante”, sostuvo y agregó que “negarnos al financiamiento de nuestra cultura de alguna manera es hacerle el juego a las grandes plataformas transnacionales”.

En apoyo al financiamiento específico de las bibliotecas populares, la diputada de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning señaló que éstas “cumplen una función sumamente importante”. “Hay bibliotecas de norte a sur, de este a oeste, y en los lugares más vulnerables, a las que van niños, adolescentes y adultos, y encuentran un lugar donde pueden hablar, compartir sus inquietudes, realizar diferentes actividades culturales, donde hay talleres de educación artística, de cultura, de lectura. Es un lugar donde se propaga la cultura argentina”, graficó, por eso subrayó: “Las queremos defender porque sabemos que si estas instituciones no tienen la ayuda del Estado es muy probable que terminen desapareciendo y su función también”.

Desde la Frente de Izquierda, la porteña Myriam Bregman enfatizó que este “es el reclamo de los propios trabajadores y trabajadoras de la cultura”. “Apoyamos la lucha que estos trabajadores tienen y, por eso, nos parece importante que se apruebe evitar el desfinanciamiento para la producción nacional del cine, del teatro, de la música, de los medios comunitarios y las bibliotecas populares”, expresó y consideró que “es urgente”.

Por el interbloque Federal, el cordobés Ignacio García Aresca manifestó su apoyo al proyecto y mencionó que en su provincia se “ha realizado un trabajo importantísimo en lo que significa la producción audiovisual” a partir de una ley impulsada por el gobernador Juan Schiaretti sobre beneficios impositivos al sector. “Es fundamental el acompañamiento del Estado nacional, provincial y también municipal”, dijo.

Al anunciar un dictamen de minoría, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, apuntó que los impuestos con asignación específica “suelen ser una calamidad”, aunque “esto no quiere decir que la cultura deba ser desplazada de las discusiones”. Para el macrista, estos tributos deben ser discutidos en cada Presupuesto “y no una vez cada 75 años; no tiene ninguna lógica presupuestaria”.

Además de plantear que estos impuestos “no son lo más eficiente”, el santafesino opinó que debería debatirse “cómo se van a distribuir”. Y reveló que desde el interbloque presentarían un dictamen de minoría que establezca un plazo de dos años de prórroga, al tiempo de estipular “requisitos, condiciones o topes legales a la asignación de los recursos” de manera que “el gasto en personal no supere el 10%”, como sucede en el INCAA, donde es del 27%.

Los fondos “deben ir a la cultura no a la burocracia”, apuntó Laspina, que confesó haberse reunido con trabajadores de la cultura, quienes “estaban asustados que estos recursos desaparezcan” y “no era esa la idea, la idea no es que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar”.

A su turno, el macrista Gerardo Milman se manifestó en contra de “las presidencias vitalicias” o de “financiar de manera vitalicia a un trabajador o expresión cultural” porque “la dinámica de las sociedades se va renovando”. Filoso, mencionó que el actor Pablo Echarri cumple años el mismo día que él, el 21 de septiembre, pero a diferencia de él, que tiene mandato por cuatro años, comparó: “Yo tengo 55 años y si la Constitución Nacional diría que me tendría que financiar por 50 años, sería hasta los 105 años. Pablo Echarri tiene 52 años, si aprobamos este plazo, quizás debería financiarlo hasta los 102 años”.

También desde el Pro, el diputado Hernán Lombardi señaló que con el oficialismo “como siempre hay un problema de los fines y los medios”, ya que podía estar de acuerdo en lo primero, pero no en lo segundo. Coincidió con Laspina en que la asignación específica es “una mala práctica presupuestaria”, pero “aceptamos que son necesarios en esta coyuntura”, reconoció.

El exsecretario de Medios Públicos aseveró que se “requiere una mirada profunda para que (los fondos) lleguen a donde tienen que llegar” y, en ese sentido, rechazó que se financie con “600 millones de pesos por año” a la Defensoría del Público, hoy a cargo de Miriam Lewin, que definió como “un lugar de persecución y odio”.

Comenzó agitada la jornada de reuniones de la Cámara de Diputados este martes, cuando en el primer encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) cuestionó la agenda y denunció que no había sido acordada con la oposición.

El temario de la convocatoria incluía un proyecto referido a las industrias culturales y otro sobre beneficios impositivos para la flota de taxis, pero en el arranque de la reunión, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), informó que se había recibido “un pedido de inclusión en un orden del día que fue acordado entre los distintos espacios políticos” para tratar la modificación del régimen de monotributo, con lo cual se iban a tratar solamente los temas que ya habían sido acordados.

“No participó nadie del acuerdo, ¿con quién acordó?”, interrumpió Tetaz, a lo que Heller le devolvió: “Yo le estoy diciendo lo que me han notificado, yo no estoy en todas las reuniones y usted tampoco”.

Sobre el proyecto relacionado a monotributo, el oficialista señaló que no cuenta “con algo que habitualmente desde la oposición se reclama, la opinión de la Oficina de Presupuesto respecto del impacto fiscal que una medida de estas características tendría” ni tampoco un informe de la AFIP. “Esta presidencia considera que esto debe ir a estudio, a fines de obtener los elementos suficientes para su oportuna consideración”, sostuvo y afirmó que no se iba a incluir al debate “en uso de las facultades que son propias de la presidencia de la comisión”.

Al tomar la palabra, Tetaz denunció que su bloque no había participado de ningún acuerdo y que la agenda “fue impuesta”, además de que los proyectos a considerar “no tienen que ver con los problemas de la gente”, opinó. “¿Cuál es el artículo del reglamento que le confiere a usted la facultad de no tratar un tema?”, interrogó a Heller, y reclamó que el artículo 109 del reglamento establece que “deben ser incluidos en el orden del día los temas que cuentan con el pedido de tres firmas de los miembros de la comisión”.

Heller reiteró que “un tema que entró de ayer para hoy, esta presidencia considera que no está en condiciones”. “El 109 lo que dice es que debe ser puesto en consideración, en ningún lado dice que debe ser puesto en la primera reunión”, agregó para darle luego la palabra al jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, que pidió pasar a tratar las iniciativas.

Pero la discusión no se saldó, porque después Tetaz leyó el artículo 109 y pidió que se ponga a votación “si la comisión quiere o no quiere considerar el tema”, porque “usted no tiene ninguna atribución para considerarlo”, le apuntó a Heller.

Entonces, el presidente de la comisión le salió a responder que de esa misma forma actuaba Luciano Laspina durante la gestión anterior, cuando presidía esa comisión. “Su capacidad interpretativa excede los límites de esta comisión”, le dijo el oficialista a Tetaz, y añadió que “el 109 establece que en una próxima reunión, no dice en la primera reunión”.

Fuera de micrófono y a los gritos, el radical advirtió: “Si usted va a violar el reglamento abiertamente, me retiro y le voy a hacer una denuncia penal”. “Señor presidente, yo me retiro si no van a respetar mi derecho como legislador. Usted no puede pasarse el reglamento por donde se lo está pasando. Hay un reglamento, lo tiene que respetar, no puede hacer con el reglamento lo que usted quiere”, reclamó.

La situación se cerró con la intervención del puntano Alejandro Cacace, compañero de bancada del propio Tetaz, quien admitió que “con este tema del 109 hemos tenido discrepancias en la interpretación”, pero en esta oportunidad “aceptamos que no sea tratado en esta instancia”, pero le solicitó a Heller que le pida a la Oficina de Presupuesto que dé un informe sobre el proyecto.

“Me comprometo a pedirle a la Oficina de Presupuesto que nos dé su opinión sobre el costo fiscal y también a la AFIP”, cerró Heller.

En la primera reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, tras la discusión del proyecto sobre refinanciación de la deuda con el FMI, volvieron a integrarla cuatro diputados del Frente de Todos que habían sido reemplazados durante ese debate.

En el arranque del encuentro de este martes, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), informó que los camporistas Marcos Cleri y Emiliano Estrada; el porteño Itaí Hagman, del Frente Patria Grande; y el “dipusindical” Sergio Palazzo reasumirían como miembros.

En marzo pasado, con la intención de obtener el total respaldo a la iniciativa del Gobierno, el oficialismo había realizado cambios para garantizar el dictamen de mayoría. En esa ocasión, habían ingresado a la comisión Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez, Pamela Calletti y Carolina Moisés.

Además, Palazzo fue reelegido como vicepresidente segundo, el cargo que asumió en diciembre, pero que había quedado vacante con su salida en marzo. En tanto, el Frente de Todos continúa sin designar a un/a secretario/a.

En la sesión donde se aprobó el proyecto para refinanciar la deuda con el Fondo, Cleri y Estrada votaron en contra, mientras que Hagman y Palazzo se abstuvieron.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para el tratamiento del proyecto de ley que permite un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila advirtió que ve “contradicciones en el Gobierno”, y que “el ajuste siempre pasa por el pueblo argentino”. 

“Usted, ministro, ha dicho que el gobierno se ha comprometido con el Fondo a reducir el déficit fiscal. Me pregunto quién va a pagar el ajuste porque en la realidad hemos visto que el Gobierno ya está tomando medidas, por ejemplo, el aumento de los combustibles, el aumento de la inflación, el cierre de exportaciones y también el incremento de valuaciones de inmuebles”, expresó la legisladora tucumana y agregó al respecto: “Va a ser un duro golpe para el sector privado y para muchos argentinos”. 

Además, la legisladora advirtió que ve contradicciones en el Gobierno: “Mientras el equipo económico pide un compromiso de reducir el déficit fiscal, por otro lado, vemos el déficit que tiene Aerolíneas Argentinas y nos enteramos que en el PAMI van a incorporar 206 trabajadores a planta permanente. Me parece una contradicción”, y concluyó: “El ajuste siempre pasa por el pueblo argentino”. 

En una reunión express que duró 12 minutos, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT), emitió dictamen favorable este martes por unanimidad al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ese organismo internacional. La iniciativa que viene con media sanción de la Cámara de Diputados, sería debatida el este jueves en el recinto si se logra los dos tercios.

Según informó Guerra durante la reunión, el dictamen contaba con 15 firmas sobre 17 integrantes de la comisión y el radical Martín Lousteau había avisado que lo firmaría luego. Pero culminado el encuentro, fuentes de la comisión aseguraron que se completaron todas las rúbricas, resultando el dictamen por unanimidad, con la firma en disidencia de las oficialistas Juliana Di Tullio y Ana María Ianni.

En un trámite rápido, la jornada para el tratamiento de la iniciativa comenzó este lunes con la visita al Salón Azul del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios, quienes respondieron preguntas de los senadores.

Este martes, ya sin invitados y con el respaldo de la oposición, tal como ocurrió en Diputados, el proyecto pasó a la firma. Sin embargo, se aguarda la decisión de JxC de dar los dos tercios para que pueda ser debatido esta misma semana sobre tablas – la cual saldrá de la reunión que el interbloque mantendrá este miércoles– debido a que el reglamento del Senado establece que desde la firma del dictamen deben pasar siete días para su tratamiento en el recinto.

Cabe recordar que en la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

La palabra de los legisladores

En el arranque de la reunión, el presidente de la comisión destacó la reunión de este lunes con los funcionarios, donde “se han evacuado muchas dudas, inquietudes” y “el ambiente de respeto en el cual se desarrolló”. “Interpreto que estamos en condiciones de firmar el dictamen”, dijo.

Por su parte, el jefe del FdT, José Mayans, ponderó que el proyecto “viene con un respaldo muy importante de Diputados” y, tras la presentación del equipo económico, “todos estamos debidamente informados de lo que ha sido el cambio en el proyecto y de la posición que ha tomado la oposición”.

“Vamos a hablar con los distintos bloques a ver si podemos darle tratamiento inmediato, obviamente que para eso vamos a necesitar los dos tercios”, señaló. Y a continuación advirtió que “hay que tener en cuenta las fechas en la que estamos y la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo por el tema de los vencimientos que se tienen”.

Sobre el despacho, Mayans aclaró: “Nuestro bloque va a acompañar, algunos en forma disidente, pero obviamente se va a acompañar la firma del dictamen”.

A su turno, pidió la palabra Víctor Zimmermann (UCR -Chaco) quien destacó la “actitud del Poder Ejecutivo Nacional de normalizar la situación financiera del país como así también la voluntad de permitir que los mas altos funcionarios hayan venido y luego de más de cinco horas pudimos sacarnos dudas con un proyecto de tanta importancia

“Quiero poner en valor la enrome responsabilidad de la oposición que trabajaron y pudimos encontrar una salida y votar un proyecto que estamos considerando en esta reunión. Creo que esta muy claro esta en juego entrar o no en default con las implicancias que trataría al país cuyas consecuencias fueron explicadas de forma muy clara por el ministro”, resaltó el senador radical y cerró adelantando el voto favorable.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero (Interbloque Federal – Salta) también adelantó el acompañamiento al dictamen “valorando el trabajo en la Cámara de Diputados tanto del oficialismo como de los miembros de la oposición. No estamos en condiciones de comprometer el número para un pronto tratamiento para acompañar al país para arreglar la deuda pública”.

En el mismo sentido se expresó el senador de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, pero discrepó por las respuestas brindadas por Martín Guzmán “el ministro no dio ninguna certeza”, y ponderó el marco de “respeto” en el que se llevó a cabo la reunión de este lunes. “Fue una de las reuniones de mucho nivel, pero después de cinco horas no tuvimos ninguna certeza en energía, ni pautas para reducir el déficit ni de los próximos pasos del Gobierno, perdimos una oportunidad de tener certezas nosotros, el mundo económico y financiero y los argentinos”, cuestionó el rionegrino.

Siguiendo los pasos de un trámite rápido, y tras una jornada en que se recibieron a funcionarios, la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado comenzó a las 14.12 de este martes en busca de emitir dictamen al proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ese organismo internacional.

En la Cámara alta no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados. Sí estuvieron este lunes respondiendo preguntas de los senadores el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios.

Tras ese encuentro en el Salón Azul, la comisión presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) se aboca a la discusión y para pasar a la firma el despacho, que está previsto se trate en el recinto el próximo jueves.

A partir del acuerdo alcanzado en la Cámara baja, se descuenta que la oposición acompañe la iniciativa. Justamente por ese respaldo es que se puede contar con los dos tercios para debatirlo esta misma semana en el pleno. Pese a que la polémica por las retenciones parecía poder empañar el apoyo de Juntos por el Cambio a la ley, el interbloque opositor garantizó que no cambiará su posición y ayudará a que el país no caiga en default.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI. En la bancada que conduce el formoseño José Mayans se dio “libertad de acción”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Siguiendo los pasos de un trámite rápido, y tras una jornada en que se recibieron a funcionarios, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se encamina este martes a emitir dictamen del proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, en el marco del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y ese organismo internacional.

En la Cámara alta no se programó una reunión con invitados de otros sectores, pues se consideró que ese debate se saldó en Diputados. Sí estuvieron este lunes respondiendo preguntas de los senadores el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, entre otros funcionarios.

Tras ese encuentro en el Salón Azul, la comisión presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) se abocará este martes desde las 14 a la discusión y pasará a la firma el despacho, que se trataría en el recinto el próximo jueves.

A partir del acuerdo alcanzado en la Cámara baja, se descuenta que la oposición acompañe la iniciativa. Justamente por ese respaldo es que se puede contar con los dos tercios para debatirlo esta misma semana en el pleno, aunque esa decisión la bancada que preside Alfredo Cornejo recién la definirá este miércoles. Pese a que la polémica por las retenciones parecía poder empañar el apoyo de Juntos por el Cambio a la ley, el interbloque opositor garantizó que no cambiará su posición y ayudará a que el país no caiga en default.

Al igual que ocurrió en Diputados, dentro del propio Frente de Todos se estima que un grupo de senadores no acompañe el proyecto oficial, en contra del acuerdo con el FMI. En la bancada que conduce el formoseño José Mayans se dio “libertad de acción”, pues los cálculos estiman que igualmente la ley saldrá con apoyo mayoritario.

En la madrugada del viernes pasado, la Cámara baja dio media sanción a la iniciativa por 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones.

A instancias de la oposición, el oficialismo debió retirar del proyecto el artículo que hacía referencia al programa económico de Guzmán y solo habilitar la autorización al Poder Ejecutivo para que refinancie la deuda.

Así, el proyecto quedó compuesto por tres artículos, estableciendo en el 1ro. que se apruebe “de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Y agrega que “el Poder Ejecutivo nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

En el cierre de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde expuso el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el proyecto que autoriza al Gobierno a refinanciar la deuda con el FMI, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo: “Yo no escuché a ningún gobernador que se oponga a esto”.

El formoseño afirmó que este martes se buscará el despacho de la iniciativa que tuvo media sanción en la madrugada del viernes pasado en la Cámara de Diputados, mientras que el próximo jueves se convocará a la sesión, donde “creo que va a tener respuesta favorable”, pronosticó.

“Llegar tarde no sirve, demostraría que el Parlamento está trabajando atrasado” cuando en realidad “hay una celeridad en el trabajo”, remarcó el legislador. En ese sentido, argumentó por qué no se convocaron a más invitados, además de los funcionarios que concurrieron este lunes. “Ya fue escuchado por todo el país el debate”, dijo.

Mayans se mostró a favor de “definir esta situación que tiene preocupado a todo el país”. “Hay gobernadores que tienen endeudamientos que son fuertes y títulos externos. Hay gobernadores que me expresaron su preocupación por esto”, agregó.

El presidente de la bancada oficialista, donde se espera que un puñado de integrantes del sector K no acompañe el proyecto, destacó el “acompañamiento importante” que hubo en Diputados y agradeció a los jefes de la oposición del Senado por acceder a darle un rápido tratamiento.

“Estamos atravesando una situación compleja. Acá estamos tratando prácticamente el 11% de la deuda”, apuntó. También se refirió al contexto internacional y sus implicancias en la economía: “En el mundo no sabemos qué va a pasar, Dios quiera que exista sensatez”. “Tenemos que estar alerta porque tampoco sabemos cómo termina lo de la emergencia sanitaria”, sumó.

“La actividad económica no es fácil por el contexto mundial que tenemos”, insistió.

Al igual que sucedió en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos en el Senado también realizó cambios entre sus miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el marco del debate del proyecto para refinanciar la deuda con el FMI, un tema que divide aguas dentro del propio oficialismo.

Ante una consulta del radical Julio Martínez, durante un momento de la reunión que se realizó este lunes en el Salón Azul, el presidente de la comisión, el oficialista Ricardo Guerra, confirmó que “en función de las atribuciones naturales que se tiene hubo adecuaciones en los integrantes de la comisión; es un trámite administrativo”, aunque no detalló esos reemplazos.

Los cambios, en realidad, se oficializaron hace casi dos semanas atrás mediante el decreto 12/22 firmado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, más precisamente el pasado 2 de marzo, un día después de la Asamblea Legislativa y antes de que ingrese el proyecto al Congreso. Sin embargo, los relevos, sobre todo dos de ellos, hacen pensar que el oficialismo quiso asegurarse los acompañamientos necesarios.

No obstante, tras el acuerdo que hubo en Diputados y ya con los resultados conocidos de la media sanción, se presume que el dictamen va a ser acompañado también por los miembros de la oposición.

Uno de los ingresos fue el de la santacruceña Ana María Ianni por la camporista Anabel Fernández Sagasti, la senadora más cercana a CFK. De los tres diputados del FdT por Santa Cruz, dos se abstuvieron y una voto a favor. Fue Paola Vessvessian, que al igual que Ianni responde a la gobernadora Alicia Kirchner, quien valoró el acuerdo entre el Gobierno y el FMI.

El segundo cambio fue el del misionero Maurice Closs el lugar de otro legislador de La Cámpora, el porteño Mariano Recalde. Y el tercero fue el del santafesino Marcelo Lewandowski, cercano a su gobernador Omar Perotti, a favor del acuerdo, por el correntino Carlos “Camau” Espínola.

En medio de la polémica por el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja, y el estado de alerta por una posible suba de las retenciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos”.

Al recordar que en 2020 se creó el Consejo Agropecuario Argentino, al momento de las preguntas el senador entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) arrancó: “Anoche nos despertamos con la noticia de que aumentaron dos puntos las retenciones. Primero clausuran las exportaciones, para cumplir con el trámite administrativo para subir dos puntos los derechos de exportaciones tanto de la harina de soja como del aceite de soja. ¿Tuvieron en cuenta a ese organismo? ¿El Consejo Agroindustrial estuvo de acuerdo en aumentar los dos puntos de retenciones?”.

Y entonces el hombre de campo fue al hueso: “¿Van a aumentar las retenciones o no? Porque ahí tenemos que saber si seguimos sembrando y dejamos de planificar o seguimos trabajando”.

Al contestar, Guzmán apeló al contexto mundial: “Es importante tomar una plena consciencia de lo que conlleva la guerra para la Argentina, porque la guerra está presente y se manifiesta en los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy sufre las consecuencias de la guerra: la crisis energética y la situación en el precio de los commodities”.

“Hay una parte de todo esto que para la Argentina implica una oportunidad”, resaltó y, en ese sentido, explicó que “dado que somos exportadores netos se presenta la posibilidad de tener una dinámica en la balanza de pagos más favorables, pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo con mucha claridad en las últimas tres semanas”.

Sobre esa línea, el funcionario argumentó que “no hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo es profundamente regresivo en el país. El Gobierno cuenta con limitados instrumentos y siempre se busca llegar a acuerdos a efectos de poder lograr de que este shock pueda resultar positivo, no resulte una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinos”.

“Hemos venido trabajando con los esquemas de fideicomiso, buscando que haya contribuciones voluntarias que se puedan utilizar para lograr una brecha en la evolución del precio internacional y la evolución del precio interno de los alimentos”, continuó.

Guzmán señaló que “enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil de encontrar precedentes en mucho tiempo”, por eso “las decisiones que se tomen tienen que ver con la naturaleza de los problemas que enfrentamos. Entendiendo que se buscan alcanzar equilibrios de incentivos a la producción y el impacto de la inflación interna”.

“No se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos”, aseguró, y aclaró que “hay que buscar instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también hizo hincapié en la cuestión bélica. “No se pueden tomar las decisiones que se tienen que tomar en tiempos normales, hay eventualidades externas que nos obligan a actuar de maneras diferentes. Esto tiene que ver con lo que sucede en esos países productores de granos”, sostuvo.

“Hay decisiones que se tienen que tomar como la que tomó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que está en permanente contacto con las entidades, pero lo tenemos que inscribir dentro de la absoluta excepcionalidad que hay en este contexto”, remarcó. “Estas decisiones no son nuestras, son consecuencia de las externalidades”, cerró.

Más temprano, ante una pregunta del senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), Guzmán expresó que “no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones”.

Al recordar que en la Cámara de Diputados se dio una “discusión fructífera” sobre la cuestión del programa económico -que se retiró del proyecto-, el ministro indicó: “El programa establece un conjunto de compromisos, metas, compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del Gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa”.

Por otra parte, el titular de la cartera económica afirmó que “hay un compromiso de adecuar el Presupuesto (prorrogado), a efectos de que sea consistente con los objetivos de política fiscal que se están trazando en el contexto del acuerdo”.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el senador oficialista Guillermo Snopek consultó al ministro de Economía, Martín Guzmán, la opinión que tenía sobre la modificación que se realizó en Diputados al proyecto de ley, al retirarse los anexos que contenían el programa económico.

“De los dos artículos que usted había remitido, solo uno le corresponde hoy a este Senado: aprobar o rechazar el acuerdo”, señaló el legislador jujeño en relación al artículo 1ro. que habilita la refinanciación de la deuda con el organismo internacional, único punto que la oposición en la Cámara baja accedió a votar.

Entonces, en relación a las preguntas de sus pares de la oposición, Snopek sostuvo: “En aquel entonces el oficialismo endeudador y hoy acá el oficialismo pagador estamos discutiendo cuáles van a ser las políticas del Estado nacional, qué van a hacer con la suba de tarifas, qué van a hacer con la inflación, discutimos qué se va a hacer con la energía… creo que eso hoy no es materia de discusión ni de análisis” ya que no se incluye el programa.

Esquivo, Guzmán rescató que “fue de mucho valor y fructífero el debate que se dio en la Cámara (baja)”. “Se pudieron aclarar ciertas cuestiones sobre qué quiere decir que haya un programa, qué se está votando a la hora de votar un acuerdo entre el Gobierno nacional y el FMI”, consideró.

En esa línea, el ministro insistió que “lo que se está votando es justamente el conjunto de compromisos de política económica que se plasman en el acuerdo, reducción del déficit fiscal de una forma que no desestabilice la recuperación económica en curso, y a la vez fortalezca el crédito y la moneda, la posibilidad de acumular reservas internacionales y que ello fortalezca la situación cambiaria y calme las expectativas, ir reduciendo el financiamiento monetario, eso es lo que se aprueba”.

“Después hay un conjunto de detalles, un largo número de cuestiones que son responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional, tanto en su diseño como en su ejecución”, agregó.

Finalmente, el funcionario expresó que “el debate en la Cámara de Diputados enriqueció al proyecto de ley y sienta condiciones que le permiten a la Argentina dar un paso adelante en construir mayor estabilidad”. “Es un articulado que consideramos es un paso adelante para la Argentina”, reiteró.

Reclamos críticos

En su intervención Snopek cuestionó la ausencia del ministro de Desarrollo Social, porque “esto va a afectar a los argentinos”. “¿Cuántos argentinos duermen en la calle?”, preguntó y al relatar una vivencia que tuvo en la provincia de Tucumán, el senador advirtió que “la situación argentina es muy dura y no he escuchado en las exposiciones (de los funcionarios) cuáles van a ser las respuestas que le vamos a dar a los argentinos”.

También pidió conocer “qué políticas fuertes” habrá en materia de inflación, un tema que mencionó especialmente el presidente Alberto Fernández durante la Asamblea Legislativa del pasado 1ro. de marzo; al tiempo que cuestionó que “se habla de reactivación, pero no se habla de un plan real del Gobierno nacional de inclusión laboral”. “¿Qué políticas va a haber hacia los jubilados?”, agregó.

Al contestarle, Guzmán enfatizó que “todo el esquema de políticas económicas que llevamos adelante, todo lo que hacemos, justamente busca generar una situación social de mayor protección en la Argentina, busca resolver los problemas más profundos, el problema de la pobreza, de la indigencia, y construir condiciones para que eso se resuelva de una forma estructural; que haya mejor educación en nuestro país, que haya más oportunidades de trabajo, de modo que cada niño y niña que nace en Argentina crezca en un ambiente de mayor tranquilidad, de mayores oportunidades”.

“Y para eso es muy importante poder resolver los distintos problemas macroeconómicos, incluyendo los problemas de la deuda que tanto daño hacen en nuestro sistema productivo y social y mucho más daño a millones de personas en Argentina”, añadió.

Por eso, el ministro defendió que “lo que estamos haciendo aquí justamente es actuar con responsabilidad para lograr eso. Lo que estamos buscando es evitar que se materialice en mayor medida una situación de enorme daño que generaría mayores problemas sociales”.

“El último dato de indigencia es un dato por supuesto preocupante, 10,5%”, mencionó y, apoyado en su celular, informó que según datos del Gobierno porteño 2.573 personas viven en situación de calle solo en la Ciudad de Buenos Aires.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, negó este lunes un “impuestazo” ante los senadores, al explicar los cambios que tendrá el revalúo de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y que impactará en el impuesto sobre los Bienes Personales.

Al exponer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la funcionaria subrayó que el objetivo de “reducir de forma progresiva el déficit fiscal no está en este programa pensado desde la forma de ajustes tradicionales del FMI” sino “a través de una recuperación de los ingresos”, de manera de “seguir sosteniendo el crecimiento económico” y que sea éste “el que genere mayores ingresos tributarios”.

“La mejora en los ingresos la estamos pensando no a través de cambios en los impuestos indirectos o en los impuestos que caen sobre los sectores más vulnerables, sino mejorando la base imponible de los sectores con mayor capacidad contributiva”, insistió.

Respecto a Bienes Personales, y ante la consulta del senador radical Víctor Zimmermann sobre “¿cuál es el criterio que se tiene para la evaluación de inmuebles urbanos que se hacen en el territorio?”, Marcó del Pont recordó que “la Ley de Bienes Personales dice cuáles son los criterios de valuación que se deben utilizar para medir la base imponible de los inmuebles y siempre se tiene que elegir el mayor de los distintos criterios”.

Antes de la reforma tributaria de 2017 había dos y ahora hay tres, apuntó. A continuación, recordó que “en el año 2012 la Ciudad de Buenos Aires modifica el Código Fiscal y crea el impuesto inmobiliario” además de otros conceptos, por lo que se “introduce un multiplicador por cuatro”.

La titular de la AFIP explicó entonces que en 2013 se determina que se utilice el mismo método de valuación que la Ciudad utiliza para determinar el impuesto inmobiliario. Sin embargo, en 2018 se publica “un dictamen, a nuestro juicio, arbitrario y casi caprichoso donde dice que para Bienes Personales se vuelve a la medición anterior, o sea que no se utilizaba el multiplicador por cuatro sino la valuación fiscal únicamente. Y eso impactó fuertemente”.

“A partir de este cambio el peso que tienen los inmuebles dentro de los que son los bienes gravables se redujo sensiblemente después de esa modificación, pasó del 42% al 21%”, señaló.

Entonces, defendió: “Nosotros no estamos planteando ningún impuestazo, ningún cambio de reglas. Estamos desandando esa modificación de 2018 y asumiendo el mismo criterio que se utilizó entre 2013 y 2018, es decir utilizar la misma base imponible que la Ciudad de Buenos Aires para el impuesto inmobiliario”.

Además, la funcionaria dijo que el cambio estará “focalizado únicamente para los inmuebles de la Ciudad que no sean casa-habitación, solamente para aquellas casa-habitación que pasen 270 mil dólares, ahí sí van a tener que pagar por la diferencia. De acuerdo a nuestras estimaciones esto incluiría aproximadamente a 1.500 personas más que van a tener que pagar este impuesto”.

Y en un segundo y tercer orden, “estimamos que va a haber aproximadamente 220 mil inmuebles de la Ciudad que van a tener que pagar en base a esta nueva base multiplicada por cuatro”, precisó.

Finalmente, Marcó del Pont consideró que “el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad tienen que trabajar en conjunto en el marco del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles” para “definir los procedimientos y metodologías” que lleven a una armonización de “las formas en que se van a valuar los inmuebles urbanos a lo largo y ancho del país”.

“Es muy inequitativo que un inmueble en la Ciudad de Buenos y Aires y otro en la provincia de Santa Fe con el mismo valor de mercado, en una provincia sea valuado al 2% del valor de mercado y en otra provincia al 20%”, completó.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, asistió este lunes a la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde ratificó que el acuerdo con el FMI “no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral”.

“Tampoco tiene ninguna pauta de reforma previsional. Lo único que habla es de hacer estudios, cosa que ningún país serio del mundo se niega a hacer, los estudios de cómo funciona su sistema previsional y cuáles son las consecuencias”, agregó.

Al exponer en el Salón Azul, el funcionario defendió que “este es el mejor acuerdo posible” y “se enmarca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo”, sostuvo en relación a los datos que aportó sobre empleo.

Para Moroni, el acuerdo permite “un esquema de recuperación que necesitamos que se sostenga; si nosotros sostenemos eso vamos a poder sostener un proyecto de desarrollo inclusivo”.

“Este acuerdo se inscribe dentro de la política general llevada adelante por el Gobierno, que es la de un proyecto de desarrollo”, insistió.

Al recordar que la pandemia “nos provocó la caída de 10 puntos del producto”, valoró las “soluciones ingeniosas” que “mostraron ser eficaces, porque Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo: perdimos 3 puntos de empleo frente a una caída de 10 puntos del PBI”.

En alusión a los ATP y Repro, además de la prohibición de despidos, el ministro señaló que “son medidas pasadas pero los efectos de esas medidas es lo que está pasando ahora. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso hoy no tendríamos la recuperación que tuvimos”.

En esa línea, informó que en 2020 había “700 mil trabajadores suspendidos”, de los cuales “190 mil volvieron al trabajo” y además “durante 2020 se crearon más de 200 mil puestos de trabajo”.

“Hoy estamos en niveles de empleo por encima de lo que estábamos antes de la pandemia y un 0,2% arriba de lo que era diciembre de 2019”, afirmó.

Sobre los salarios, el titular de la cartera laboral ponderó las negociaciones paritarias y apuntó que “durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1%; y saliendo de la pandemia el salario ha crecido 3,4%”, lo que representa “un crecimiento no sólo respecto de 2020, sino 3 puntos respecto de 2019”.

Por otro lado, Moroni ponderó que “a fin de 2021 tenemos la mayor cantidad de trabajadoras mujeres ocupadas en el sector privado asalariado”. “Ha crecido la población activa de mujeres, está en 50,4%, cuando sus niveles normalmente eran cercanos al 46%”, detalló.

También indicó que “el desempleo en general es del 8,2%” y “el desempleo en mujeres estaba en más de 10 puntos y ahora está en 9 puntos”.

“Todos los indicadores en materia de empleo son buenos. Por supuesto quisiéramos que fueran mejores, pero la verdad que venimos de las circunstancias de las que venimos”, completó.

En el inicio del tratamiento del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manzur, ponderó la iniciativa y remarcó que “nuestra obligación es abocarnos a resolver este problema acuciante para la argentina con una mirada constructiva y visión de futuro”.

“Este proyecto, que busca la aprobación, es un programa de facilidades extendidas alcanzado con el FMI que ya fue tratado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y obtuvo la media sanción con 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones”, recordó el funcionario en el inicio de su exposición en el Salón Azul.

Seguido a eso, expresó su “profunda preocupación y rechazo” a los hechos de violencia ocurridos en el Congreso el día jueves que “han afectado directamente a la presidenta del Senado, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, y repudió: “La violencia de ningún modo y de ningún tipo puede ser aceptado como un modo de acción, cuando vivimos en Argentina y respiramos una rica democracia que permite la más amplia y profunda discusión sobre cada una de las iniciativas y de cada espacio político existentes”.

Y reiteró: “En nombre del Gobierno nacional ratifico mi profundo rechazo a toda violencia como la suscitada aquí el jueves pasado”.

En tanto, destacó que “es la primera vez en la historia parlamentaria que un proyecto de refinanciación de deuda con el FMI es estudiado y debatido con tantos detalles por nuestros señores legisladores para luego recibir su aprobación”, y ponderó que “esto realmente a dotado a este proyecto de la legitimidad democrática y popular que se buscaba”.

También destacó que “no solo lo han discutido los señores diputados, sino también nos hemos presentado al recinto de Diputados los miembros del Gabinete aquí presentes, gobernadores de las provincias, miembros de la sociedad civil, actores representantes de los trabajadores, empresarios, todos han podido manifestar su visión en el marco del proyecto que se está debatiendo”.

Y sumó: “Hay que valorar y reconocer la determinación de nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, de darle la mayor transparencia y legitimidad a lo que tiene que ver con lo que es la deuda externa. En efecto esta ley de fortalecimiento de sostenibilidad de la deuda pública es un proyecto enviado por nuestro espacio político y aprobado en ambas cámaras por amplio consenso”.

“Nuestro Gobierno no hubiera recurrido al Fondo, nuestro espacio político siempre se ha caracterizado de modo crítico al acuerdo stand by del 2018, nuestra posición siempre estuvo en desacuerdo con lo obrado por el gobierno anterior como lo actuado también por el Fondo Monetario”, cuestionó Manzur.

No obstante, sostuvo que “hubiéramos preferido estar en otra posición, ahora nuestra obligación es abocarnos a resolver este problema acuciante para la argentina con una mirada constructiva y visión de futuro. Debemos resolver una situación de endeudamiento no deseada que se interpone entre el presente y los objetivos de desarrollo económico con inclusión social que nos hemos planteado”.

“Este acuerdo es el mejor acuerdo posible”, resaltó el jefe de Gabinete de ministros y subrayó: “La determinación de nuestro presidente en momentos difíciles sentó las bases de la recuperación económica que hoy estamos verificando. La Argentina dio otro paso importante cuando logró concluir favorablemente la reestructuración de la deuda con sus acreedores privados, esta deuda fue la mayor en la historia argentina”.

En ese sentido, sostuvo: “Ahora tenemos que superar esta espada que tiene el país con estos vencimientos próximos en 2022 y 2023, objetivamente imposibles de cumplir. Todo este proceso negociador estuvo animado por la convicción de que era necesario establecer un sendero posible y por todos los medios evitar el default, cuyas consecuencias serian nocivas para la argentina, para el empleo, para la economía y para la proyección que buscamos en el marco internacional”.

“El acuerdo nos fortalece para seguir profundizado el crecimiento, el potencial del país es enorme. Este acuerdo nos da tiempo, nos permite crecer, estar más fuerte para un futuro cercano y nos permite la negociación y acercarnos a mercados”, ponderó Manzur.

Y añadió que “desde le punto de vista fiscal, este acuerdo prevé un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación con una expansión moderada del gasto real donde el Estado tendrá un rol clave”, y remarcó que, al igual que desde la óptica monetaria y financiera, se programa una reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro Nacional.

“Este acuerdo nos permite garantizar la continuidad de los programas sociales focalizados y el manteniendo de los derechos previsionales de jubilados y derechos de trabajadores, contribuye a la reducción de brechas sociales”, resaltó el funcionario.

Asimismo, reconoció que “estamos en un momento bisagra” porque este acuerdo “nos permitirá consolidar el proceso de crecimiento de la economía argentina y al mismo tiempo nos permite dar un mensaje a la sociedad y al mundo en conjunto del sistema político que asume una actitud verdaderamente responsable y prudente. Tenemos una mirada al futuro de diálogo para llegar a un acuerdo”.

En otro tramo de su exposición se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania y señaló que el proyecto de acuerdo “normaliza la relaciones económicas y financieras con el Fondo y evitar el default”, lo cual “permitirá una articulación virtuosa entre la capacidad de producción y las demandas crecientes a nivel mundial”.

“La política es el arte del consenso y del diálogo. Todos tendremos una respetable opinión sobre el rol del Fondo, sus objetivos, sus funciones, entre otras lecturas. Sin embargo, estamos en una instancia en donde necesitamos dar cierre a la negociación para evitar la interrupción de los compromisos de la argentina con el organismo”, opinó Manzur y cerró con una reflexión: “Una mirada crítica sobre el rol del Fondo no es razón para alentar el voto en contra en esta particular coyuntura, estamos en una situación que nos llama a pensar por fuera de las divisiones políticas, con el mayor grado de responsabilidad y vocación de futuro”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT), comenzó a las 15.05 este lunes, en el Salón Azul, el tratamiento del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que obtuvo media sanción en Diputados la semana pasada.

Al igual que hace una semana en la Cámara baja, participan de la reunión el ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, entre otros funcionarios. En esta oportunidad también está el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14, ya sin invitados y para ir avanzando hacia el dictamen.

La idea es que esta misma semana se vote en el recinto, para lo cual será necesario contar con los 2/3 para el tratamiento del proyecto sobre tablas. Diversos integrantes del interbloque Juntos por el Cambio adelantaron su disposición a brindar el número.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que, en el Senado presidido por Cristina Kirchner, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley para refinanciar la deuda con el FMI, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FdT) arrancará con su tratamiento el próximo lunes.

La reunión, que fue citada oficialmente a las 15 en el Salón Azul, contará con la participación del ministro de Economía, Martín Guzmán; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. La segunda jornada de debate continuará el martes a las 14.

El proyecto consensuado entre el oficialismo y la oposición en la Cámara baja recibió en la madrugada de este viernes 202 votos a favor, 37 en contra y 13 abstenciones. La mayoría de los rechazos y todas las abstenciones fueron desde el propio Frente de Todos, con Máximo Kirchner a la cabeza, quien apareció solo al final de la sesión.

Se sabe que en el Senado, presidido por Cristina Kirchner, quien tras la votación difundió un vídeo con críticas al FMI en referencia a los destrozos que sufrió su despacho por las protestas en la calle, también habrá legisladores que no acompañarán el proyecto del Gobierno. No obstante, dentro de la bancada que conduce el formoseño José Mayans la mayoría se predispone a aprobarlo.

Además, la posición de Juntos por el Cambio, que votó casi unánime en Diputados -pues el único que lo hizo en contra fue el socio liberal Ricardo López Murphy-, vislumbra que la iniciativa pueda tener un tratamiento rápido e incluso obtener los dos tercios para su tratamiento sobre tablas y no tener que esperar así los siete días entre el dictamen y su discusión en el recinto, como es habitual en Senado.