La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizará este miércoles 25 de octubre una reunión informativa para comenzar a considerar una parte del proyecto de Presupuesto Nacional 2024 enviado al Congreso por el Palacio de Hacienda el pasado 15 de agosto.

Concurrirán a la comisión Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

Puntualmente comenzarán a analizar la separata enviada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Presupuesto, donde consta una serie de beneficios impositivos y fiscales que podrían ser eliminados para contribuir a lograr el superávit fiscal.

Entre esos beneficios figuran por ejemplo la exención del pago de Ganancias por parte de jueces, asociaciones civiles y cooperativas, regímenes diferenciales de IVA, e incluso el sistema de Promoción Industrial para Tierra del Fuego.

Ganancias de magistrados de los poderes judiciales nacional y provinciales equivale a un 0,16% del PBI; Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas es un 0,11%; en tanto que las  alícuotas reducidas de IVA son un 0,62%; y el régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego 0,33%.

No es para nada frecuente que las comisiones del Congreso se activen en vísperas de una elección nacional. Es sin embargo lo que sucederá este miércoles, para cuando ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra para tratar uno de los proyectos “estrella” que impulsó personalmente el ministro de Economía y -sobre todo- candidato presidencial Sergio Massa.

Hablamos del proyecto que crea el Programa “Compra sin IVA”, que tuvo media sanción el martes de la semana pasada en la Cámara baja, con 134 votos a favor, ninguno en contra 107 abstenciones.

Para su tratamiento en comisión, los senadores han sido convocados para las 16 en el Salón Illía del Palacio Legislativo, y la intención es darle dictamen con el fin de darle un rápido tratamiento en el recinto y convertirlo en ley.

¿La semana que viene? Resultaría más que sorpresiva semejante premura, pero seguramente será para la semana siguiente, el primero o segundo día del mes de noviembre.

Mediante la iniciativa se crea un sistema de devolución del IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

Asmismo estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

Contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, el reintegro del IVA se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Con la intención de avanzar con el dictamen sobre este tema -otro de los impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa– fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 11 de la mañana. El proyecto a debatir es el enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, por el cual se crea el Programa Compra sin IVA.

El tema comenzó a ser debatido el jueves pasado, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quienes dieron detalles del proyecto que busca r educir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

En ocasión de realizarse esa reunión informativa, el oficialismo se mostró dispuesto a escuchar sugerencias para hacer modificaciones, pero tal cual adelantó Germán Martínez, titular del bloque oficialista, era intención de ellos armar una nueva reunión para la próxima semana y, de ser posible, dictaminar ese día.

La idea del oficialismo sería incluir el tema en una próxima sesión, para la cual se está trabajando para la próxima semana.

El programa previsto en este proyecto está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Con invitados a exponer, la Cámara alta puso en marcha el tratamiento del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que ya cuenta con media sanción de Diputados desde abril de este año.

Fue debatida este martes en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los oficialistas Oscar Parrilli (Neuquén) y Ricardo Guerra (La Rioja) respectivamente. En la reunión disertaron Ricardo Casal, secretario de la Secretaria Legal y Administrativa del Ministerio de Economía; Juan Carlos Otero, presidente de la Unidad de Información Financiera; y Martín Breinlinger, director de la Comisión Nacional de Valores.

La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo hace casi un año atrás -en mayo de 2022-, es exigida desde el Fondo Monetario Internacional, de manera de que el país se pueda adecuar a los estándares internacionales. Además, para el Gobierno urge su aprobación, a raíz de que en septiembre de este año Argentina comenzará a ser evaluada por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

La palabra de los invitados

Al inicio del encuentro, Parrilli aclaró que “no es intención emitir dictamen, sino que se hará en una próxima reunión”. “Nos parece que este es un tema lo suficientemente delicado e importante como para que lo debatamos ampliamente y que todos los senadores puedan tener la información disponible para apoyar o no el dictamen o hacer las sugerencias que entiendan que deban llevarse adelante”, agregó.

De forma breve, el senador Guerra aclaró que hubo un reemplazo de su bancada para “lograr el quórum de la comisión”, de tal manera que la fueguina María Eugenia Duré ingresó en lugar de Lucía Corpacci.

El primer orador fue el doctor Ricardo Casal quien remarcó que el GAFI, como organismo internacional, “permanentemente dicta recomendaciones para los tres ejes que son lavado de activos, lucha contra el terrorismo y destrucción de armas”.

“En ese sentido el Ejecutivo nacional el año pasado ha hecho dos evaluaciones importantes respecto al riesgo sobre estos tres ejes tan importantes de tratamiento universal. Es una evaluación, el segundo una actualización que han sido aprobados por decretos del Ejecutivo y por ende van en sintonía con este proyecto de ley”, destacó.

Casal sostuvo que “esta actualización de la legislación penal y de la Ley orgánica de la UIF tiende a cumplir con los estándares básicos que está planteando el GAFI que casualmente ha fijado como fecha de evaluación al país a partir de septiembre. Obviamente que aspiramos como país que esta evaluación sea positiva y podamos estar dentro de la nómina de países que responden a los estándares internacionales sin mencionar que su resultado negativo traería consecuencias desagradables para nuestra patria y, fundamentalmente, del sector financiero y otros sectores que están vinculados al mercado financiero en el caso de que el país no lograra cumplir con esos objetivos que no depende de que esta ley sea aprobada, sino de un montón de circunstancias que hacen al cumplimiento de estos estándares”.

El funcionario, contó que el proyecto de ley fue tratado con diversos organismos institucionales públicos que han contribuido desde la Suprema Corte, la AFIP, el Banco Central, pero “han logrado la redacción de un texto de común acuerdo que fue presentado en Diputados en la cual, en dicha Cámara, ha tenido algunos ajustes o modificaciones no sustantivas sino para clarificar algunas cuestiones”.

“Consideramos que este no es solo un instrumento de adecuación a los estándares internacionales, sino también, que es un instrumento de utilización fundamental en la prevención del lavado de activos y del terrorismo”, opinó y recordó que Argentina tuvo dos atentados “gravísimos” entre la AMIA y la Embajada de Israel que “aún no se han esclarecidos”.

Por último, Casal remarcó que “este instrumento convertido en ley va a permitir que el Estado argentino, a través de los órganos jurisdiccionales y los órganos administrativos con competencia suficiente como es la UIF, puedan llegar al beneficiario final que es uno de los ejes de la ley pasando por todos los estadios de la circulación del dinero para el financiamiento de actos que sean considerados como actos de terrorismo”.

Casal contó que “hace poco se realizó la apertura de una sucursal en Rosario que pareciera que fuera el epicentro de la brutal y sangrienta actividad del narcotráfico. Este instrumento va a permitir también que esa agencia UIF en Rosario y en cualquier otro punto del país pueda bucear y profundizar en el movimiento de activos que derivan de actos ilegales del narcotráfico para poder llegar a cortar este perverso circuito económico que desalienta aquellos que sanamente ejercen el comercio”.

 Luego fue el turno del titular de la UIF, Juan Carlos Otero, quien resaltó que luego de 12 años “estamos proponiendo una reforma sustancial de sistema, lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. “El proyecto nos va a otorgar mayores herramientas a las autoridades públicas competentes para el combate del crimen organizado y en especial el narcotráfico”.

“A su vez nos va a permitir aumentar la efectividad del sistema preventivo y represivo contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Va a profundizar el enfoque basado en riesgo para poder hacer una asignación de recursos tanto para el sector público y privado para el combate de todo tipo de delitos”, detalló Otero.

En esa línea, siguió: “Va a promover el cumplimiento de las obligaciones por parte del sector privado en las inter resoluciones. Además, vemos la regulación de nuevas tecnologías. Si bien son muy importantes que van a la inclusión financiera e innovación, también hay que tener en cuenta que los delincuentes usan la tecnología para otros delitos de dinero y financiación del terrorismo, entonces es muy importante regularlas”.

“Otro aspecto importante es que las actuaciones realizadas por el GAFI las recomendaciones se modificaron en forma sustancial en el 2012. Tenemos que actualizar mucho las recomendaciones de estándares internacionales”, sostuvo.

Al hacer hincapié en el proyecto, el titular de la UIF afirmó que el objetivo que se tiene con dicha iniciativa “aspira a mejorar el cumplimiento técnico -la regulación de las leyes- y la efectividad del sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo” que será evaluado por el GAFI. Así, recordó que la última evaluación fue en el 2010 con las recomendaciones anteriores donde “no se evaluó efectividad”.

“Tuvimos en cuenta los tratamientos de la primera evaluación de lavado de activos que se desarrolló en forma unánime con el Poder Judicial, Ministerio Público, distintas agencias del comité que encabeza el Ministerio de Justica, AFIP, Banco Central, entre otras. Argentina hizo el año pasado su primera evaluación nacional de riesgo de lavado de activos que fue de forma unánime con la metodología del GAFI. Se actualizó la evaluación nacional de riesgo de financiamiento y terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El país hizo una estrategia nacional para mitigar esas amenazas y vulnerabilidades con distintos objetivos que están en el proyecto de ley”.

Además, precisó que el proyecto está estructurado en cinco ejes que son modificaciones al Código Penal, reformas a la Ley 25.346, creación de un registro público centralizado de beneficiarios fiscales, Comisión Bicameral Permanente y el registro de proveedores de servicios activos virtuales.

Sobre las modificaciones al Código Penal, explicó: “Con respecto al artículo 303 se aumenta el monto de la condición objetiva de punibilidad. Antes era de 300 mil pesos y en la media sanción que se dio en Diputados se pone una fórmula automática de 150 salarios mínimos vital y móvil que serían ahora 13.198.000 pesos y se implementa una unidad de medida a los fines de su actualización periódica”.

También, incorporaron en el inciso primero el verbo “adquirir” y una modificación la pena del tipo penal atenuando multa en lugar de prisión. Sobre el artículo 306 respecto del financiamiento del terrorismo se incorporó el tema de los combatientes de terroristas extranjeros y se incluye el término “bienes u otros activos”.

Respecto de la reforma a la Ley 25.346 Otero explicó que “se incorporan definiciones relevantes para el sistema de activos y financiamiento del terrorismo”. Sobre la UIF, contó que se le dará autarquía funcional, administrativa y económica, además de la financiera; el enfoque basado en riesgo se incorporó por ley al sistema preventivo a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la misión de regulación por parte de la UIF.

Al hablar de que los sujetos obligados al sistema preventivo, tanto del sector financiero como no, “no pueden oponer secreto. Pueden colaborar en el marco de una declaración voluntaria o análogas”. También se incorporan facultades: “Con respecto a las sanciones financieras dirigidas se prevé en la ley el congelamiento administrativo de fondos u otros activos mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al Ministerio Público”, agregó.

“Sobre las contramedidas, se ponen medidas específicas de mitigación en riesgo a las relaciones comerciales e interacciones con personas humanas y jurídicas e instituciones financieras de mayor riesgo que el GAFI va denominando”, sumó. También se incorpora un artículo que regula la correcta utilización de la información proveniente de organismos análogos extranjeros y se garantiza el secreto de identidad de sujetos reportantes de operaciones sospechosas.

Por su parte, el titular de la Comisión de Valores, Martín Breinlinger, explicó que en su área “detectamos que la publicidad engañosa y la falta de información adecuada es un problema clave para la protección de la inversión en criptoactivos, que se desarrolla principalmente sin un marco normativo específico”.

“No contamos con legislación en el país que diga que los abogados que intervienen en actividades específicas son sujetos obligados a informar a la UIF, por eso lo agregamos al proyecto conforme a lo que se exige a nivel internacional”, planteó Luciana Trincheri del Consejo Asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Aspectos del proyecto

El proyecto modifica el artículo 5 de la Ley 25.246, de modo de establecer que la UIF funcionará como “organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera”.

El texto original del Poder Ejecutivo tuvo numerosos cambios. Uno de ellos fue que se modificó lo referido a la pena prevista para el lavado en el artículo 303 del Código Penal: se aumentará el monto de la condición objetiva de punibilidad de 300 mil pesos a 8.600.000 y se implementará una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil) a los fines de su actualización periódica.

A su vez, se incorpora un nuevo tipo de penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en el artículo 306; y se agrega el artículo 4 bis a la Ley 25.246 para incorporar el concepto de operación inusual y sospechosa de conformidad con la recomendación 20 del GAFI.

Sobre la UIF, se refuerza el mecanismo de audiencia pública previo a la designación de las autoridades.

Se aclara que los abogados, quienes se suman como sujetos obligados a reportar situaciones sospechosas, no serán sujetos obligados cuando se desempeñen en actividades consistentes en asesoramiento, consultoría legal, así como también el patrocinio, representación o defensa en litigios judiciales, administrativos, arbitraje o mediación.

Se suprime el párrafo referido al secreto profesional toda vez que la aplicación de dicho apartado podía dar lugar a interpretar que toda actividad de los abogados está protegida por el secreto profesional, y ello implicaría que nunca deberían realizarse reportes de operaciones sospechosas.

Respecto a los contadores, se suprime como actividad comprendida la confección de informes de revisión limitada en estados contables.

Además, se contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

También se prevé la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores va a ser el organismo que se va a encargar del registro, su evaluación y supervisión. Este aspecto apunta a detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales (criptomonedas). Entre otros puntos, se estima la creación de un Registro de Beneficiarios Finales, como registro centralizado que contenga información adecuada, precisa y actualizada de los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, cuya autoridad de aplicación será la AFIP.

En el día de la vuelta a la actividad en las comisiones del Senado, la única comisión que tenía previsto analizar este miércoles un proyecto era la de Presupuesto y Hacienda. Nada menos que el que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y que cuenta con media sanción de Diputados.

Se esperaba entonces un rápido dictamen, para incluir la cuestión en una próxima sesión; sin embargo eso no sucedió.

En primer lugar, la comisión pasó a ratificar a sus autoridades: el riojano Ricardo Guerra seguirá siendo presidente; el radical chaqueño Víctor Zimmermann vice; y la bonaerense Juliana di Tullio secretaria. Tras ello, Guerra señaló que correspondía tratar el proyecto que crea un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. “Pero lo vamos a continuar analizando… Vamos a pasar a cuarto intermedio para en una reunión posterior tratarlo”, dijo el senador oficialista.

A continuación, intervino el vicepresidente Zimmermann, quien coincidió en que “es importante poder seguir debatiéndolo, porque es un tema trascendente; pero tenemos algunas diferencias e interrogantes, fundamentalmente desde el punto de vista cambiario, algún artículo específico que le da una preferencia a quienes están en el mono-tech, que no tienen que cumplir con cambiar los dólares y crea una cuenta especial”.

“Creo que hay ahí una inequidad con respecto al resto”, observó Zimmermann, que comentó que había recibido un documento firmado por la industria del software, donde varias cámaras empresariales de todo el país hacían “varios planteos”. “Están muy preocupados y no coinciden con el proyecto como está”, remarcó.

Asimismo sostuvo que se trata de “cuestiones centrales”, pero también pidió el giro del proyecto a la Comisión de Ciencia y Tecnología. “Porque nosotros debatimos mucho y votamos casi por  unanimidad el Programa de Desarrollo de Ciencia y Técnica 2030, que habla de crear 400 mil puestos genuinos en el sector. Y este documento cree que el mono-tech como está va en contra de cómo está el esquema de la planificación de ciencia y técnica”.

En ese marco, sugirió que podían invitar al ministro Daniel Filmus, “que ha tenido la deferencia de venir tantas veces, y a cada uno de los que integran el sector, para que vengan a fundamentar, para sacar el mejor proyecto”.

Cabe recordar que durante el tratamiento de este proyecto en Diputados, el oficialismo se resistió a convocar a las cámaras del sector, con la intención de lograr un tratamiento más rápido. Al cabo, el proyecto fue aprobado con un bajo nivel de votos: 111 positivos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Desde hace meses el Senado se encuentra en un parate inédito, producto de la fractura que tuvo el oficialismo a partir de la salida de cuatro legisladores, que dejaron al Frente de Todos convertido en segunda minoría, con 31 senadores. Este año solo tuvo su sesión preparatoria de febrero y luego dos sesiones, una de las cuales se quedó sin quórum a poco de iniciarse.

Ahora parece haberse destrabado la situación, pues para este jueves se ha anunciado la realización de una sesión informativa en el Senado, adonde por primera vez en el año concurrirá el jefe de Gabinete, para dar su primer informe ante el Cuerpo.

Y para este miércoles se anunciaron ya tres reuniones de comisiones, que en primer lugar deberán designar a sus autoridades, un trámite que por el artículo 92 del reglamento del Senado debe llevarse a cabo cada año, y que precisamente por haber perdido el oficialismo su condición mayoritaria, generó este parate.

Para las 11 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el riojano oficialista Ricardo Guerra, y que tratará el régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos, proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Para las 11.30 está prevista una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, y que no tiene previsto el tratamiento de ningún tema, solo la designación de sus autoridades y la propuesta del plan de trabajo para el presente año.

A las 12.30 la Comisión de Legislación General, que encabeza el pampeano Daniel Bensusán, cumplirá el mismo trámite.

Finalmente comienza a desperezarse la Cámara alta. No solo abrirá las puertas del recinto este jueves para recibir al jefe de Gabinete, sino que también este miércoles a las 11 reunirá a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que p reside el riojano Ricardo Guerra, para tratar el proyecto de ley en revisión que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos.

Se trata de un proyecto que ya fue aprobado por la Cámara baja el 28 de marzo, con un bajo nivel de votos: 111 positivos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

En el temario previsto para este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados está incluido el proyecto de ley de capacitación obligatoria de funcionarios públicos en prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (Ley Lucio). Pero como le falta todavía tener dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la misma ha convocado a reunirse este martes a las 14 para tratar ese tema, entre otros.

Entre esos otros proyectos figura el referido a procedimientos médico-asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, el de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios (Ley 26.835), que establece una capacitación obligatoria de la comunidad educativa, y el régimen para la detección, atención temprana y cobertura integral de la pubertad precoz, entre otros temas.

La ley nacida de un caso atroz

El proyecto para capacitar sobre la detección de violencia en niños tuvo dictamen en la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes el pasado 13 de octubre. Ese día se avanzó con el dictamen de una norma fue impulsada a raíz del asesinato de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa por su madre y la compañera de la misma.

El proyecto, denominado originalmente como “Ley Lucio”, no se llamará así pues los legisladores acordaron que la iniciativa no llevará el nombre del niño.

El frondoso temario de reuniones de comisión de esta semana en la Cámara baja incluye una convocatoria a la de Presupuesto y Hacienda, que suele concitar la mayor atención. Y en este caso el encuentro previsto para este miércoles a partir de las 14 promete no defraudar. Por el contrario, se prevé que la reunión convocada por Carlos Heller (FdT – CABA) sea de alto voltaje.

Es que la reunión será para tratar nada menos que la prórroga de una serie de impuestos nacionales. Así lo establece la convocatoria, que alude al proyecto de ley de fecha 1 de agosto de 2022, por el cual se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive, los plazos establecidos en el artículo 2°, en los incisos a), c), d), f), g), h) y j) del primer párrafo del artículo 4° y en el artículo 5°, de la Ley 27.432 – de impuestos nacionales, tal el anuncio que puede leerse en la convocatoria.

Lo cierto es que el proyecto en cuestión fue enviado por Silvina Batakis durante su efímero paso por el Palacio de Hacienda, e incluye impuestos como el de Ganancias; Bienes Personales; los incluidos en la Ley de Competitividad; el de cigarrillos; y el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, entre otros.

Asimismo se prorroga la vigencia del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, que no se encuentra supeditada a una fecha concreta sino que esta ha sido fijada en períodos fiscales.

En el texto del proyecto suscripto también por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, se explica que la prórroga de la vigencia de los impuestos y asignaciones específicas obedece a que “los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para dotar al Estado nacional y a las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas”.

El proyecto pide tener en cuenta además “las difíciles circunstancias que atraviesan los mercados internacionales con motivo de la persistencia de los efectos desatados por la pandemia ocasionada por el Covid-19 y con la situación de guerra en Ucrania”, razón por la cual se indica que “resulta imperioso que tanto la Nación como las jurisdicciones locales accedan a niveles de ingresos equivalentes o aproximados a los que derivan del esquema tributario que rige actualmente”.

Fuentes de Juntos por el Cambio adelantaron a parlamentario.com su rechazo a la prórroga de varios de los impuestos. “Ya hemos dichos que no vamos a aprobar más impuestos”, aclaró un legislador. Otro de los diputados consultados planteó el rechazo puntual a Bienes Personales y la prórroga del impuesto al Cheque. Y advirtió también que “el Gobierno pretende incluir un paquete con impuestos de todo tipo, para aprobar todo junto, pero no lo vamos a permitir”.

0012-PE-2022

Una de las 18 cuestiones incluidas en el temario de extraordinarias, que como todos saben quedaron sin tratar este año, fue el Consenso Fiscal. Ese pacto fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y desde entonces espera su rúbrica, no solo en las legislaturas provinciales, sino por supuesto también en el Congreso.

Esa deuda comenzó a ser saldada este miércoles, al emitirse dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que dejó el tema entonces listo para ser incluido en la próxima sesión de la Cámara alta.

Fue en el marco de una reunión encabezada por el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), quien al iniciar la reunión aclaró que habían sido designados en la comisión los oficialistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Daniel Bensusan (La Pampa), en lugar de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde. Por tratarse de un reingreso a la comisión, Di Tullio volvió a su cargo original de secretaria de la comisión.

A continuación, Guerra habló sobre el Consenso Fiscal, recordando que fue suscripto por 20 provincias. Hay dos que no lo hacen nunca, La Pampa y San Luis -aclaró-, agregando esta vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no envió ningún representante a firmar el pacto.

El acuerdo pretende “tratar de consensuar políticas en materia de tributación en todo el territorio nacional, para trabajar mancomunadamente, que haya ciertos equilibrios y a su vez haya tareas inherentes al control de la elusión”, comentó el presidente de la comisión.

Luego hizo referencia a una serie de compromisos que se asumen al suscribir el Consenso, que son en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos que asume el Gobierno nacional con las jurisdicciones, y ciertos compromisos comunes.

Luego detalló cada uno, citando en materia tributaria límites o techos en lo que son las alícuotas de los distintos impuestos provinciales. Respecto de endeudamiento responsable, “se procura que no se repita la historia reciente de tomar deuda por encima de las efectivas posibilidades que se tienen, y que no se tome deuda para gastos corrientes, sino que tienen que tener como contraprestación, por ejemplo, obras de infraestructura”.

En materia de responsabilidad fiscal, puso el ejemplo de que “la economía luego de la pandemia ha comenzado un proceso de recuperación, y es necesario retornar a los compromisos asumidos oportunamente en esa materia”.

El senador riojano señaló en referencia a los procesos judiciales los acuerdos a los que se pueda arribar previamente a las instancias de juicio en sí, y hacer un compás de espera por un año para no avanzar en esos procesos.

“También hay compromisos del Gobierno nacional, que tienen que ver con algunas deudas que tenía el Fisco nacional con las provincias, y que se compromete a pagarlas en determinados plazos”, explicó Guerra, concluyendo que “este es en esencia el contenido que tiene este Consenso Fiscal, que para que tenga operatividad debe ser aprobado por las legislaturas de todas las jurisdicciones y el Congreso nacional”.

Habló a continuación el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien es vicepresidente de esa comisión, y recordó que dicho acuerdo firmado en diciembre de 2021 “prevé una nueva relación del Gobierno nacional con las provincias y con sugerencia a los municipios. Desde el punto de vista fiscal permite inclusive algunos incrementos en impuestos como Ingresos Brutos, con un límite por actividad; también en el caso de Impuesto a los sellos; también una adecuación del impuesto automotor e inmobiliario, y la posibilidad de que cada una de las provincias puedan reglamentar y cobrar el impuesto a la herencia, como ya lo está haciendo la provincia de Buenos Aires”.

Entonces hizo algunas observaciones puntualmente respecto de los gastos, por cuanto fue suscripto antes del acuerdo con el Fondo. Según el mismo, las provincias no van a poder tomar endeudamiento para gasto corriente, tampoco van a poder incrementar el gasto público por encima del PBI, y también puede llegar a haber alguna limitación para las transferencias a las provincias por financiamiento, observó el legislador, que en ese sentido adelantó el deseo de conocer la opinión del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.

Como sea, aclaró en nombre de Juntos por el Cambio que “nosotros vamos a acompañar, porque entendemos que en las provincias ya está siendo operativo. Pero quedemos dejar sentada nuestra inquietud respecto de poder cumplir con el Fondo”.

Como es habitual de su parte, el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, intervino a continuación para resaltar la importancia de ese tipo de acuerdo. “Este es un acuerdo general con respecto a la percepción de los tributos en todo el territorio, teniendo en cuenta que son 5 o 6 los más importantes. Primero está el IVA, después las contribuciones para la Seguridad Social; Ganancias; después transacciones comerciales, como el impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles, y estos son los tributos que se recaudan en todo el territorio”, comentó el formoseño.

A continuación sumó “los derechos de importaciones y exportaciones, que también son una parte importante de los recursos del Estado nacional, que a través de la coparticipación se distribuyen”. Ese punto merecería más tarde una observación de parte de una senadora de Juntos por el Cambio.

Mayans apuntó que esos acuerdos permiten lograr “una mejor relación e información entre los estados nacional y provinciales”, y a continuación se preocupó de hacer hincapié en la cuestión de los gastos provinciales. En el caso de su provincia, dijo que le hacía gracia que siempre se dijera que Formosa “está llena de empleados públicos”.

“Desconocen los datos -se quejó-. Nosotros tenemos 700 mil habitantes y hay menos de 50 mil empleados públicos. 47 mil. Menos del 10%. ¿Dónde están esos empleados públicos? El 50% son docentes; le sigue el sistema de salud, y el sistema de seguridad, las fuerzas policiales, está tercero. Esto pasa en todas las provincias. Y después la justicia, y obviamente los municipios. En esto consiste el gasto”.

Advirtió en ese sentido que la Seguridad Social se lleva el 70% del Presupuesto nacional, que aseguró que se queda en 4 o 5 provincias. “Y uno de los más beneficiados es la Ciudad de Buenos Aires. En el sistema previsional, el 30% de la ciudadanía de la Ciudad está dentro del ANSeS”, aseguró. Agregó que el 67% del gasto público nacional es gasto social, y después hay un 18% que representan los subsidios.

Mayans concluyó considerando “muy importantes” los consensos, y aseguró que “esto ayuda, porque tenemos un sistema que algunos dicen que es injusto, pero es importante que nosotros ratifiquemos el Consenso, porque esto respalda la acción del presidente de la Nación con los gobernadores y hace certero el sistema de recaudación del país”.

Intervino entonces la senadora de JxC Carmen Alvarez Rivero, quien dijo venir a “defender los recursos de Córdoba, porque Córdoba está muy pobre”, y advirtió entonces un error de parte de Mayans, que había mencionado que las retenciones se coparticipaban, cosa que no sucede. “Creo que es un excelente momento para revisar la coparticipación y ordenar los impuestos directos e indirectos; simplifiquemos y quedémonos especialmente con esos impuestos que recaudan y no aquellos que distorsionan las actividades económicas”, concluyó.

Mayans le contestó admitiendo que los derechos de exportación no se coparticipan. “Son de jurisdicción nacional; desde la guerra de la Triple Alianza que es así, para financiar los gastos de la guerra”, apuntó.

Pero como para quedarse con la última palabra aclaró que las provincias grandes en general y Córdoba en particular “es una de las grandes receptoras de los impuestos nacionales. No es lo que ella dice –afirmó-. Por ejemplo, en el caso del ANSeS, prácticamente el 20% de la población (de esa provincia) está dentro del gasto del ANSeS. Las provincias grandes son las más beneficiadas por el ANSeS, por eso digo que si se va a hacer justicia, se tiene que hacer con la inversión pública, que es lo que están reclamando los gobernadores”.

“Es un tema para discutirlo en la Comisión de Coparticipación, y la provincia de Córdoba es una de las más beneficiadas por el Presupuesto nacional, después de Buenos Aires”, concluyó.

Otro radical, Julio Martínez (La Rioja), ratificó los dichos de Zimmermann respecto del acompañamiento que harían con el Consenso Fiscal, “porque nuestros gobiernos lo firmaron”, dijo. Pero hizo una salvedad: “Esto implica la posibilidad de subir algunos impuestos, y nuestros gobernadores acompañaron con el compromiso de no subir impuestos y no ajustar las tasas de ingresos brutos, y otros impuestos”.

Agregó Martínez que el Consenso Fiscal se firmó en diciembre de 2021. “Van casi 8 meses y yo viendo cómo en estos tiempos los compañeros juegan a la payana con granadas, me llama la atención el apuro”, observó con ironía, agregando que “hoy tenemos dos realidades a tener en cuenta: esto fue antes del acuerdo con el Fondo, no sé si requiere una adenda; y la otra es que hoy tenemos un mega-acto, se inicia de nuevo un gobierno, hay un nuevo ministro que refunda el Gobierno… Parece ser que antes (Sergio Massa) no estaba, no sé si tiene que ver con una marcada de cancha, no sé si tendríamos que esperar la opinión del nuevo ministro…”.

Desde el oficialismo salieron al cruce de su tono irónico, y Martínez insistió: “Pero ahora hay un nuevo gobierno, un nuevo presidente… Ah, bueno, no, me parecía”.

Para dar por cerrada la reunión, Ricardo Guerra volvió a tomar la palabra y dio por cerrada la polémica incipiente señalando que “yo valoro que en el sistema democrático tenemos derecho a opinar cualquier cosa, están en su derecho”. Y con respecto al acuerdo con el Fondo y las prevenciones expresadas desde la oposición, aclaró que “no hay nada que se contradiga con los compromisos asumidos con el FMI”.

La celeridad con la que venía analizándose la reforma de la Ley de Alquileres se frenó a la hora de emitir dictamen. Finalmente hubo no uno, sino tres -uno del oficialismo y dos de la oposición-, pero la iniciativa no quedó habilitada para llegar al recinto, pues se estableció que debía pasar antes por la Comisión de Presupuesto y Hacienda para convalidar la introducción de medidas de orden fiscal introducidas en dos de los dictámenes.

En efecto, cuando en los primeros días de mayo Legislación General emitió los distintos despachos para modificar la norma vigente, dos de ellos incluyeron beneficios impositivos, materia en la cual la comisión dirigida por Cecilia Moreau no tiene competencia para dictaminar.

El dictamen de Juntos por el Cambio era el único que no incluía un capítulo en ese sentido, pero habida cuenta de que hay legisladores de ese espacio que habían presentado iniciativas por separado para establecer ese tipo de beneficios fiscales para los propietarios de viviendas, también estaban dispuestos a abrir su dictamen para sumar esos cambios.

Fue así que a la espera de que fuera convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para dar el paso final previo a la llegada del tema al recinto, diputados de la oposición enviaron al presidente de la Cámara, Sergio Massa, una nota pidiéndole que “en miras a poder observar y cumplir con el tiempo acabadamente con los términos acordados en el acuerdo parlamentario sobre el tema Ley de Alquileres, arbitre y disponga todos los medios necesarios y conducentes para concretar en el menor tiempo posible la realización de una reunión conjunta en la que intervengan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General” de modo de “completar el trámite unificado y dictaminar respecto de todos los expedientes referidos al tema”.

La misiva fue suscripta el pasado 31 de mayo por los diputados de Juntos por el Cambio Juan Manuel López, Carla Carrizo, Alejandro Cacace, Karina Banfi, Pablo Torello y Pablo Tonelli; mientras que por el interbloque Federal suscribieron Graciela Camaño e Ignacio García Aresca.

Finalmente se anunció este miércoles la convocatoria a las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para el miércoles que viene a las 13, en el Anexo C, segundo piso, y según pudo saber parlamentario.com, la oposición buscará suscribir un dictamen conjunto. Esto es, unificar el de Juntos por el Cambio con el que firma Graciela Camaño, pero que fue impulsado por el diputado rionegrino Agustín Domingo (lo firma la diputada de Identidad Bonaerense pues el hombre de Juntos Somos Río Negro no integra la comisión). El dictamen conjunto contemplaría contratos de 2 años; precios libres y aumentos semestrales en lugar de anuales.

En la recta final de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para el tratamiento del proyecto de ley que permite un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el senador radical Martín Lousteau (CABA) le pidió al ministro de Economía, Martín Guzmán, que explicara “qué pasaría si no se cumple con el vencimiento del próximo 22 de marzo y qué es lo que pasaría si Argentina cayera en default con el FMI”.

Antes de comenzar con sus preguntas, el senador lanzó: “Quizás si hiciéramos un trabajo acumulativo encontraríamos las soluciones de muchos problemas que tenemos”, por otro lado, repudió las agresiones del jueves de la semana pasada -mientras se debatía ene l recinto de la Cámara baja el proyecto- que sufrió “la persona de la vicepresidenta y su integridad física al igual que el resto de los legisladores que estaban. La agresión hacia su investidura, pero también la agresión a todo el Cuerpo y por eso a quienes no nombramos que son los policías que sufrieron heridas por bombas molotov”.

Por consiguiente, resaltó: “El ministro destacaba el trabajo colectivo que se hizo en Diputados entre las distintas fuerzas para resolver un problema mayúsculo. Eso es muy valorativo y creo que acá si todos hiciéramos el mismo esfuerzo, ante muchos problemas encontraríamos mejores soluciones”.

“Ya pasó este amague en plena pandemia, cuando parecía que se podía trabajar junto y de un día para el otro a la Ciudad de Buenos Aires le sacaron la plata. Mientras hablamos de trabajar en conjunto otra vez se mencionan cosas que me gustaría entender un poco mejor”, cuestionó el legislador radical.

Y procedió a enumerar: “Primero cuando se habla del boleto de colectivos en distintos puntos del país, los que creemos en el federalismo, tenemos que creer que el boleto tiene que valer lo mismo en distintos lugares, lo que pasa es que el que regula el precio en el AMBA es el Gobierno nacional y cuando llegó no había subsidios y atrasó el boleto un 60%”, y criticó: “Así que tratar de tirárselo por la cabeza a la Ciudad y hacer diferencia con el Conurbano, no parecen manera de trabajar en conjunto”.

“Usted destacó el trabajo que se hizo en Diputados, pero el cronograma que nos trajo es muy exigente porque el programa vino a último momento, tan exigente que en Diputados se lo tuvo que trabajar en una semana, y acá si lo trabajamos como se hace habitualmente no llegamos al vencimiento del 22. Nos esta exigiendo un cronograma muy intenso que obviamente hubiese funcionado mejor si estas discusiones se daban antes”, cuestionó Lousteau.

Luego de ese panorama, el senador les pidió, tanto al ministro Guzmán como al presidente del Banco Central (Miguel Ángel Pesce) que describan “lo más crudamente para el público en general qué es lo que pasaría si no se cumple con el vencimiento del 22 y que es lo que pasaría si Argentina cayera en default con el FMI”, porque es importante que todos conozcamos las consecuencias.

A su vez, apuntó contra el oficialismo porque en el memorando de entendimiento dice que “el Ejecutivo espera que lo que envié al Congreso tenga amplio apoyo político y social”, y destacó la actitud de JxC: “En visto de la oposición unanimidad”, y apuntó contra el FdT: “Desde el oficialismo no hay apoyo unánime y seria importante que los senadores que deben tener una decisión, se les explique”.

Por otro lado, cuestionó que en el memorándum no está especificado las fechas de desembolsos y pidió saber si existen esas fechas y, de ser así, que se den a conocer.

Acto seguido, sobre el cronograma de trabajo Guzmán reconoció que es “exigente” y lo vinculó con que la “negociación con el Fondo fue altamente demandante cuya historia es bien conocido y sabemos las implicancias que puede tener para la Nación alcanzar un resultado u otro resultado, es decir, que nosotros nos tomamos todo el tiempo que hizo falta para poder llegar a un acuerdo en condiciones que, desde nuestra perspectiva, la Argentina siguiese en el camino de la recuperación económica, que pudiera alcanzar los objetivos económicos y sociales que hemos planteado”.

“Al mismo tiempo es una negociación que es conducida por el Gobierno nacional del Estado-Nación con el resto del mundo y en ese sentido ese trabajo colectivo y exigencia es necesario y valioso para traer estabilidad al país”, sumó.

Por otro lado, se sinceró y contó: “La realidad es que hoy no se cuenta con los recursos necesarios para hacer frente de los pagos de la semana próxima y si no se llega a un acuerdo, Argentina entraría en una situación de mora o atrasos, para que pueda haber un programa el país necesita otra fuente de financiamiento para regular los atrasos. Por supuesto que, desde el punto de vista de construir previsibilidad, lo mejor para el país sería poder cumplir con el proceso previo a hacer frente a los pagos y en ese sentido todas las acciones que contribuyan a eso serán de valor”.

Respecto al default, marcó una diferencia de “situación impaga con el FMI con respecto a las deudas en la forma de títulos púbicos”, y sugirió: “Deberías formularnos una pregunta sobre las distintas formas de pagos ¿qué consecuencias conllevan en términos de financiamiento externo neto para la argentina? Acá es muy diferente la situación que se presenta en un momento de impago con los acreedores privados de deuda en la forma de títulos públicos en moneda extranjera que con el FMI, es claro verlo en el contexto que llevamos adelante en nuestro Gobierno”.

“Cuando Argentina no cumplió con un vencimiento en el 2020, hubo una caída con el riesgo país y se perdió el acceso a los mercados internacionales, las consecuencias de la relación de deuda insostenible y los acreedores privados de bonos se dieron antes en el 2018, momento que Argentina perdió el acceso al mercado internacional. En cambio, con el resto de los organismos internacionales con los bancos multilaterales, Argentina si tiene acceso al crédito, hoy hay acceso al crédito”, resaltó Guzmán.

En otra línea, señaló: “Una situación disruptiva de default con el Fondo lo que implicaría es perder el acceso al crédito por eso el impacto no es como el que ya se dio, buena parte del impacto del endeudamiento insostenible con el Fondo se dio porque hay consecuencias reales de la incertidumbre asociada, los 44 mil millones de dólares que se tomaron ya le hicieron daño, pero hay una parte significativa del impacto potencial que ese endeudamiento tiene y no se materializó y para evitar eso hay que evitar el default”.

“Lo que se logró es un acuerdo que no tiene como alternativa al ajuste que se da en la economía si hay default con el Fondo Monetario, sino que se logró llegar a un acuerdo en el cual el Estado puede seguir cumpliendo un rol para apuntalar a la recuperación económica y para contribuir a condiciones de desarrollo económico y social”, ponderó el funcionario.

Por otro lado, sobre las fechas de desembolsos del memorando: “Establece que cada tres meses en cada revisión ocurren los desembolsos, hay que cotejar ese cronograma con las fechas que ocurren los desembolsos, es decir a partir de la fecha en que se aprueba”.

En un tramo de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado durante el tratamiento del proyecto de ley de refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió al tema subsidios en política energética ante la consulta de la senadora de JxC Gladys González, a lo que explicó: “Hay un objetivo firme de poder ir reduciendo los subsidios, pero también hay que tener en cuenta que hay velocidades que se tornan factibles en función de las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el internacional”.

A su turno, la senadora Gladys González (JxC -Buenos Aires) consultó al titular de la cartera de Economía, sobre los compromisos en materia de política energética que se estaría asumiendo con el acuerdo: “Me preocupa mucho cómo va a ser el abastecimiento de energía de este año para la producción”.

En ese sentido, se refirió a las propias declaraciones de Guzmán sobre “las metas de reducción de subsidios en un 0,06 % del PBI para el 2022”, y relató que “hicimos con nuestro equipo los cálculos y son números que no nos cierran considerando el aumento de los precios internacionales, la incorporación de nuevos usuarios a los subsidios luego de la Ley de Zona Fría, los compromisos sobre la importación del gas. El dato que tenemos es que los subsidios a la energía mayorista darían un crecimiento del 0,8 % del PBI, eso no solo nos plantea una situación en el que usted no podrá con los compromisos, pero ¿Cuáles son sus alternativas frente a esto? ¿van a poder afrontar la importación del gas o la reducción de los subsidios va a ser junto a la reducción de la importación?”.

“Se han votado una serie de decisiones políticas en materia de energía que claramente lo dejan sin alternativas para morigerar la situación actual, ¿cómo van a cumplir ese compromiso?”, preguntó González y agregó: “Hemos perdido dos años en materia de política energética, ¿cómo piensan llegar a ese 0,6 %, va a ser a costa de reducción de importaciones?, ¿Habrá problemas de abastecimiento? “.

Por consiguiente, Guzmán explicó que “cuando hablamos de la política energética estamos refiriéndonos a múltiples dimensiones de la política económica. En primer lugar, tenemos la cuestión productiva, la matriz energética es de una importancia singular para la determinación de toda la matriz productiva y en ese sentido apuntamos a una política energética que permita darle más competitividad a toda la estructura”.

“Hay una dimensión macroeconómica que es la balanza de pagos. En la argentina la energía es una cuestión macroeconómica y por último está la cuestión fiscal”, enumeró el funcionario y precisó: “En contexto con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que se ha trazado como objetivo, desde el punto de vista general, son objetivos de corto y mediano plazo que tiene que ver con esas dimensiones productivas, macroeconómicas y fiscal”.

Sobre los subsidios, enmarcó la cuestión en el contexto mundial: “Hay un objetivo firme de poder ir reduciendo los subsidios, pero también hay que tener en cuenta que hay velocidades que se tornan factibles en función de las contingencias que se vayan presentando en el escenario nacional climático y en el internacional”, y ratificó: “Hay factores que quedan fuera del control del Gobierno una es la situación hidráulica la situación de las sequías esta por fuera, otra es la situación internacional, en el contexto de la geopolítica con el gas, el precio del gas natural licuado, el mundo vive una crisis energética y es uno de los principales problemas de la matriz productiva energética para los consumidores”.

A su vez, aclaró que “cuando negociamos con el Fondo se dio un contexto que ha ido cambiando y que irá cambiando y presentará distintas contingencias porque no hay forma de tener certezas de lo que va a pasar, de modo que la capacidad de adaptación de la política económica es importante entendiendo que hay un firme compromiso de alcanzar el objetivo de los subsidios”.

“Es un objetivo estructural y lo importante es ir lográndolo y no tiene que ver nada más con la política tarifaria, sino que es solo una parte. En Argentina tenemos una gran oportunidad de desarrollar el sistema energético y más aún en el contexto mundial, pero hace falta distintas condiciones”, reconoció Guzmán y detalló: “Mayor estabilidad macroeconómica que son las que estamos construyendo; la infraestructura, que es fundamental contar con una mayor capacidad para desarrollarla en todos los sectores; las regulaciones de capital que tienen un sentido y han ido evolucionando con un sentido de carácter defensivo”.

Sobre las energías renovables destacó que “ha crecido la producción” y es algo que “vino creciendo desde el 2018 y nuestro objetivo es que siga creciendo y hay que apuntalar las inversiones sobre ello. Argentina junto a otros países firmó la iniciativa ‘Emisiones 0’ y está sumamente comprometida sobre los cambios climáticos”.

Para cumplir con dar inicio al debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se presentó este lunes en el Senado, donde alertó sobre las consecuencias “desestabilizantes” que tendría caer en default, debido a la carga récord de vencimientos que la Argentina tiene para este año y el que viene, de alrededor de 40 mil millones de dólares.

En el marco del imponente Salón Azul del Senado, donde fueron dispuestas de manera rectangular las mesas donde se ubicaron los funcionarios e integrantes de la Comisión de Presupuesto del Senado, los funcionarios se presentaron puntuales para dar inicio a la discusión, apenas dos minutos después de la hora pautada. Y como una semana atrás en Diputados, fue el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el primero en hacer uso de la palabra. Tras su extenso discurso, pasadas las 15.30, arrancó Guzmán remarcando la importancia de que se discuta en el Parlamento un acuerdo entre el Gobierno nacional y el Staff del Fondo Monetario Internacional “Es un proceso que nos enriquece como república”, resaltó.

Tras repudiar en el inicio de su exposición “el acto de violencia contra las oficinas de la vicepresidenta de la Nación” registrado el jueves pasado, el funcionario comenzó explicando qué se busca con este acuerdo, y señaló en primer lugar “poder abordar el problema que se presenta en la balanza de pagos de la Argentina para el año corriente y los próximos dos años”.

“Argentina tiene una carga récord para el corriente año de 19.000 millones de dólares, y de 20 mil para 2023. Estos son montos de niveles tales que no hay ninguna posibilidad de hacerles frente sin financiamiento”, explicó el ministro de Economía, que alertó sobre un “potencial desestabilizante con consecuencias potenciales cambiarias, inflacionales, de producción, de empleo y sociales severas”.

Así las cosas, Guzmán sostuvo que “la Argentina necesita tener la capacidad de evitar un shock desestabilizante que constituiría no poder hacer frente a estos pagos programados”. Y agregó: “Buscamos evitar que la Argentina tenga una situación de profundo estrés con consecuencias negativas sobre el empleo, la pobreza y la distribución de los ingresos”.

Todo esto es producto del programa stand by acordado en 2018, por el cual se desembolsaron 44.500 millones de dólares, lo que consideró un “récord histórico para el FMI. Nunca se dio una situación en la cual una nación recibiera un financiamiento de esos montos”, remarcó.

Al ser acordado, sostuvo, se hizo sobre la base de un esquema de políticas que se argumentaba que iban a ser efectivas para “restablecer la confianza en la Argentina y atacar el problema inflacionario. Nada de eso ocurrió”, afirmó, enfatizando que el propio Fondo “indicó que el programa falló en alcanzar todos los objetivos que se habían planteado. El propio Fondo Monetario Internacional reconoció que los distintos pilares en los que se basó el programa fueron inconducentes en el sentido del programa que se había trazado”.

Guzmán señaló que el financiamiento otorgado “fue utilizado en buena medida en financiar la formación de activos exteriores y salida de capitales. Se utilizó otra parte del financiamiento para afrontar pagos de deuda privada que luego fueron clasificados de insostenibles”, por lo que la totalidad del préstamo de 44.500 millones de dólares “fue para hacer frente a pagos de deuda con acreedores privados que muchos considerábamos que eran insostenibles y a financiar la salida de capitales de la Argnetina”.

“Las consecuencias se ven en estos momentos cuando comienzan a vencer las cuotas de amortización de capital”, remarcó.

A continuación planteó el contexto internacional “sumamente delicado y complejo” que se vive hoy en el mundo. A la pandemia agregó ahora el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania “que ha implicado impactos significativos en los precios a nivel internacional”, con impacto en la canasta alimentaria argentina, agregó.

“Hoy se ve en los precios que se pagan en los commodities, con un aumento significativo de precios” y puso el caso de alimentos que insumen trigo, huevos, aceite. “Esto está afectando la situación económica de la Argentina”, advirtió, considerando que en este contexto “es responsabilidad de nuestro gobierno construir certezas en un contexto de incertezas”.

Por eso consideró necesario “resolver las tensiones en la balanza de pagos”, y por ello habló en primer lugar del objetivo de poder contar con el financiamiento para hacer frente a los financiamientos establecidos en el programa stand by de 2018.

Para ello, dijo, “se requiere acordar un programa que incluye una serie de compromisos y metas de policía económica. Lo que el Gobierno nacional ha hecho es negociar un conjunto de condiciones que san conducentes con los objetivos económicos y sociales que apuntamos”.

Guzmán contó que con el Fondo se negocia en dos niveles. Con el staff, en construir condiciones que dén lugar a un programa con los objetivos dados; y con los accionistas, que son los países del mundo, para construir condiciones financieras que protejan las distintas economías del mundo, en especial la Argentina.

Desde el punto de vista estructural del programa, el ministro señaló que “ha ido dándose un proceso de construcción de entendimientos. “Se considera que la principal restricción al crecimiento es la externa, la restricción de divisas”, dijo, por lo cual “es fundamental contar con la capacidad de dar desarrollo a los sectores con capacidad de generar divisas”.

Habló de la necesidad de profundizar el desarrollo del mercado de capitales y de la deuda pública en nuestra propia moneda, para que haya mayores capacidades de financiamiento.

Resaltó que se ha logrado establecer un esquema diferente de lo que históricamente han sido los programas del FMI, que se han enfocado en reformas del tipo laboral, jubilatoria… No hay en este programa acordado “reformas que desde lo estructural quiten derechos”, aseguró nuevamente Guzmán.

En otro pasaje el ministro de Economía habló del objetivo de lograr un crecimiento de reservas que sería del orden de los 5.800 millones de acumulación para este año y 15.000 para el período 2022/2024.

Luego habló del sendero fiscal, persiguiéndose objetivos de corto y mediano plazo. En ese sentido destacó el rol que para el Gobierno nacional cumple el Estado en la economía, para “apuntalar la recuperación económica en curso y contribuir condiciones que den lugar a un mayor dinamismo de la economía”.

Tras señalar la necesidad de evitar ajustes del gasto real que “desestabilicen la recuperación en curso”, se refirió a la reducción radual del déficit fiscal para poder fortalecer el crédito publico y la moneda en un contexto en el que las restricciones crediticias son operativas en Argentina.

Martín Guzmán planteó la necesidad de reducir la emisión monetaria y dijo que se plantea un objetivo de resultado primario fiscal de 2,5% en 2022; 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024; y financiamiento del Banco Central al Tesoro del 1% del producto en 2022; 0,6 del producto en 2023, convergiendo a 0 en el 2024.

El ministro de Economía cerró valorando la herramienta que dispone requerir la aprobación del Congreso “porque son decisiones que tienen impacto en la vida de los argentinos y las argentinas por generaciones. Entonces no es sano que un gobierno de turno pueda actuar en una forma que sin un amplio respaldo implique la posibilidad de seguir un camino muy nocivo para la Argentina”.

La discusión en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre oficialismo y oposición es tal que no amerita descuidar ningún detalle. Todo vale a la hora de evitar que al oficialismo le pase como el año pasado con el Presupuesto, malogrado por el tono de un discurso inoportuno en el momento más inadecuado; o en el caso de la oposición, que ausencias inesperadas le hagan perder votaciones.

Atento a todos los detalles, la mira hoy no está puesta solo en la votación trascendental que se dará el viernes en horas de la madrugada, o bien antes del mediodía, sino en lo más inmediato por venir: el dictamen de mayoría que saldrá del plenario de comisiones que discutirá el proyecto. Es que sobre ese tema la oposición se propone impulsar un dictamen propio y al cabo de la reunión de este domingo mostraron sus cartas al advertir sobre la paridad que existe en el plenario de Presupuesto y Finanzas. Así las cosas, señalaron voceros del espacio opositor, que el oficialismo no deberá tener fugas si quiere imponer el texto que envió el ministro Martín Guzmán.

En efecto, el plenario que analizará el proyecto de la deuda cuenta con 39 firmas del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 PRO, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC); 2 firmas del interbloque Federal y una firma de Provincias Unidas (el diputado Diego Sartori, de Misiones).

A propósito de las fugas que no deberá tener el oficialismo, un repaso de los nombres de los miembros del Frente de Todos permite observar que hay al menos dos diputados que tendrían fuertes reparos hacia el acuerdo y que -de hecho- difícilmente lo voten en el recinto. Uno es el camporista Marcos Cleri y otro el economista Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, al que decididamente se lo sabe contrario al acuerdo. Ambos serán relevados, como así también un par más que tendrían problemas para estar en tiempo y forma en el plenario esta semana.

Todos ellos serán reemplazados por otros diputados convencidos de votar el acuerdo, tal cual dio a entender el domingo por la noche el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Interrogado sobre ese tema puntual, el legislador santafesino admitió esa posibilidad y la relativizó: “Yo integré por un día la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para poder aprobar el Protocolo de Sesiones Remotas, allá en el arranque de la pandemia; yo participé un día como integrante de la Comisión de Salud para poder aprobar el dictamen de la ley de VIH, la ley de cannabis y cáñamo industrial -recordó-. Es normal que haya ese tipo de cambios”.

“Tienen que ver muchas veces con la logística propia de participación de los diputados y diputadas”, detalló, agregando que “además hay un montón de diputados y diputadas que quieren colaborar para que este proyecto salga, que tenga las firmas suficientes, así que iremos haciendo los ajustes en función de eso… Pero no tiene que ver con ningún criterio de orientación política”.

Como sea, los cambios se conocerán este mismo lunes y consistirán en relevos de los dos legisladores citados y tal vez también quienes no han podido llegar el domingo, para evitar sorpresas inoportunas a la hora del dictamen, cuestión en la que se sabe que estará atento JxC.

Durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presida por Carlos Heller, el diputado nacional Martín Tetaz (UCR Evolución-CABA) cuestionó la veintena de modificaciones introducidas al Presupuesto 2022 y tildó de “vergüenza” el tratamiento exprés de la iniciativa. En suma, denunció que “están comprando el quórum” de legisladores.

“Me parece una vergüenza que un Presupuesto tenga tratamiento exprés”, expresó el economista y le preguntó al presidente de la comisión: “Usted que está hace muchos años ¿hay antecedentes de un Presupuesto que se haya tratado en menos de una semana?”.

Por otro lado, consultó sobre los costos totales de las modificaciones que previamente Heller leyó y consultó: “¿Cómo se financian? ¿Está la determinación? ¿Puede proporcionarme un número? ¿Lo tiene?”.

En ese momento, el titular de la comisión recogió rápidamente el guante y le respondió en un tono elevado y con chicana de por medio: “No, pero usted tiene que intervenir, no forma parte de una comisión investigadora. Hace sus intervenciones todo el tiempo y actúa como si fuese de una comisión investigadora en este Parlamento o con algún poder superior”. “Usted es uno de los diputados que integra el cuerpo, tiene derecho a hacer uso de la palabra no de interpelar e interrumpir no investigar”, advirtió.

Inmediatamente, el diputado de Evolución le agradeció “su juicio de valor”, y le remarcó que “hasta mi lectura del reglamento tengo derecho a hacer las preguntas que quiera y usted debería responderlas”, y denunció: “Usted está metiendo por la venta una serie de modificaciones que usted no sabe, le acabo de preguntar y no sabe, es un dato de la realidad”.

“Está comentando que reparten 20 mil millones de compensación automotor, no sabemos por qué aparece eso y quién lo negoció; tira 25 mil millones para La Rioja, 20 % de educación, tira un régimen de regulación tributaria nuevo, tira una eximición de combustibles, no se sabe de dónde va a salir el dinero, y más grave aún no se sabe por qué esas cosas entraron y cuando preguntamos nos dijeron que el presupuesto no estaba desactualizado”, detalló Tetaz.

Y siguió: “El segundo problema es que ya sabemos que no se cumplen las estimaciones del año 2021 porque apareció el dato oficial de la inflación es el 45,4%, es el dato de la realidad de los primeros 11 meses, no se cumple lo estimado para el 2021”.

En ese preciso momento, Heller lo interrumpió: “Me extraña diputado usted es economista, no es cierto”.

Sin quedarse callado, el legislador opositor siguió: “Todos los legisladores de su partido le han dicho que los datos no reflejan la realidad en algunos casos los han incorporado ahora”, y denunció: “Evidentemente están comprando quórum con provincias y están comprando el quórum de las provincias repartiendo dinero que no sabemos cómo van a financiar porque tenemos déficit”.

“Hicimos un papelón cuando vino el ministro de Economía (Martín Guzmán) porque en las fuentes financieras figuraban 12 mil millones de organismos internacionales, mintió cuando dijo que había enviado una nota al Congreso oportunamente y comprobamos que no fue enviada. Lo corrigieron entre gallos y medianoche y apareció una fuente de financiamiento del propio intrasector que nadie sabe muy bien cómo salió”, acusó Tetaz.

En suma, señaló que “el Presupuesto tiene un montón de problemas, por un lado, el de Bienes Personales. Es muy importante y no tiene sentido discutirla el año que viene, la modificación tiene que ser sí o sí antes del 31”. Y le apuntó a Heller: “Usted se niega y está aumentando los impuestos por inflación y no tiene atribución ahora hacerlo estamos pidiendo una solución”.

Por último, solicitó que se retiren los artículos que les “confieren atribuciones y facultades extraordinarias por cuatro años al Poder Ejecutivo”, y cerró: “Esos artículos es todo lo que está mal”.

Durante la presentación del Presupuesto 2022 que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el legislador Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) cuestionó fuertemente el proyecto presentado porque “es ficticio”. También le consultó sobre la inflación, jubilaciones y posibles escenarios ante el pago del FMI. En tanto, el titular de la cartera de Economía remarcó que “la inflación es un objeto central en la política economía y es una ambición del Gobierno”.

Tras explicar los puntos principales del Presupuesto 2022, Laspina agradeció la presencia de Guzmán y cuestionó: “Tenemos una total discrepancia respecto al diagnóstico que usted plantea respecto de la situación de la economía argentina, lo cual es difícil pensar un cuadro de crecimiento y estabilidad como plantea el presupuesto cuando vemos una inflación que se está acelerando”.

En ese sentido recordó que “la ley del 2001 tenía una proyección de presupuesto de inflación del 29% y vamos a terminar en un 50% este año y se hizo a expensas de un atraso en la política de cambio”, y agregó: “Es difícil imaginar que si las herramientas no están presentes el próximo año es difícil pensar en una desaceleración de la tasa de inflación más aun aplicando las mismas herramientas que se aplicaron este año”, haciendo alusión del congelamiento de precios porque “acumula un problema más que una solución”.

“Las reservas están en franco caída”, advirtió el legislador del Pro y manifestó que “todo esto se da en una situación social desesperante y con un Gobierno que sacó un 32% de los votos. Presentaron un proyecto idílico en donde todo sale bien el próximo año, donde todas las correcciones no tienen ningún impacto, me parece un poco irreal o ficticio para encarar una discusión sería el presupuesto”.

En ese contexto, criticó: “Creo que gran parte de lo que pasa hoy es haber dilapidado los cuatro colchones macroeconómicos que se habían generado que, a mi juicio también, le costaron a Mauricio Macri. Se consumieron en una cuarentena larguísima imposible de financiar para la economía”, y agregó: “No quiero que los ajustes recaigan sobre los jubilados y pensionados”.

A su vez, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo: “El producto no crece hace 10 años, hay que debatir cuáles son las reglas de juego para que Argentina pueda exportar, invertir, generar trabajo”, y apuntó: “Algo que sucede desde que los kirchneristas dinamitaron la base del crecimiento generando sesgo anti inversión, anti empleo, sobre eso el presupuesto tampoco dice nada. Tampoco sobre reformas de austeridad del gasto”.

“El crecimiento no llega a tiempo, la pagan los pobres porque la política no quiere hacer las correcciones y lo tiene que hacer el sector privado, es lo que pasó este año. El Estado siguió emitiendo dinero y generó una inflación más que el PBI”, criticó y advirtió que “si no generamos una actualización del presupuesto, estamos votando un ajuste porque la proyección de gastos y recursos da una caída de casi 0,8 de prestaciones y un ajuste fiscal del 5%”.

“Es viejo lo que estamos votando respecto a la proyección del año que viene”, ratificó el referente del Pro.

A su vez, cuestionó que “este presupuesto es muy difícil de financiar porque los supuestos que tiene en materia de mercado superan los de este año, se duplica el endeudamiento neto del mercado. También un supuesto heroico en materia de financiamiento con organismos internacionales”.

“La tasa de expansión monetaria del año que viene es muy alta”, apuntó en otra línea y manifestó: “La falta de un programa presupuestario, creo que necesitamos saber si hay algo que modifique el escenario de este año respecto del que viene. No hay más nada, solo las mismas herramientas que se aplicaron que no han funcionado ni ahora ni nunca”.

Por último, opinó que “se necesita un programa de estabilización y de financiamiento para salir de esto”, y concluyó: “Si no nos podemos poner de acuerdo en aprobar este presupuesto, más difícil será aprobar el programa plurianual. Necesitamos el diálogo entre oficialismo y oposición”.

Por consiguiente, Guzmán ante todo agradeció las preguntas y comentarios porque “dan lugar a un debate de valor”. Respecto a la discrepancia sobre el cuadro de situación de la economía argentina explicó que “los números que presenté se verifican en la realidad con un crecimiento que estará en el 10%, el empleo creciendo, la inversión, las exportaciones, y es correcto el dato que la inflación fue superior a lo que se proyectó el año pasado”.

“Hay un progreso importante en la economía real. La inflación es un objeto central en la política economía que va a poder establecer una dinámica descendiente, esperamos para noviembre una reducción de la inflación intermensual e interanual. Tenemos el cuadro financiero, la economía argentina va por dos canales, por la economía real que hay claro progreso y el de la financiera que muestra otra situación que no está alineada con la economía real de la argentina”, precisó.

Asimismo, remarcó que “la Argentina es un país de ingresos medios y queremos seguir atacando todos esos problemas para que el país vaya por el carril del progreso”.

Respecto de las políticas, expresó: “En 2020 hubo un crecimiento de déficit fiscal y de emisión monetaria, pero ¿cuál era la alternativa en un contexto de pandemia? ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado el programa ATP, el programa familiar de emergencia, si no hubiese habido la reducción de contribuciones patronales, la asistencia de bonos para mantener las jubilaciones?”, y sugirió: “Tenemos que ver siempre las consecuencias de los dos caminos, hubiese habido una mayor destrucción de la capacidad productiva que no hubiese permitido que el país se recupere como ahora”.

“Hay que ir en un sendero sostenible donde trabajo y producción sean los ejes centrales para tener un país con mas previsibilidad y un Estado con más fuerza”, subrayó el ministro de Economía.

Sobre el tema de la inflación, precisó: “Busqué otorgar realidad sobre los desvíos que se dieron sobre el escenario que se construyó hacia el septiembre del 2020 y el que se registró este año donde había factores imposibles de tener en cuenta”.

“Para pensar en el 2022 tengamos en cuenta que la proyección es formulada al 15 de septiembre de este año y pasaron tres meses, es una dinámica inflacionaria que añade un factor de mayor persistencia que buscamos atacar. En este proceso de negociaciones internacionales buscamos que haya mayor financiamiento para reducir la emisión monetaria”, aclaró Guzmán.

A su vez, destacó que “desde el punto de vista del 15 de septiembre el 2021 se planteó un escenario de reducción de la inflación que busca y muestra la ambición del Gobierno de atacar este problema que daña el funcionamiento económico. Hay factores que ha ido evolucionando”.

“El Gobierno nacional reconoce la ambición en la reducción de la inflación, pero tiene que ver con la centralidad que se le da a ese objetivo”, resaltó el funcionario.

En suma, sobre los colchones disintió con la idea de un “colchón externo que nadie se querría acostar ahí porque es muy grave la situación que quedó el sector externo. Desde el punto de vista fiscal hubo una reducción del déficit, pero se hizo sobre la base de una contracción de la política de gasto que contribuyó a una profundización de la recesión”. “La carga de deuda que le quedo en materia extranjera al país era insostenible y lo estamos atacando”, ratificó.

Sobre los escenarios ante el pago al FMI explicó: “Un escenario implica es eliminar a cero el gato de capital, eliminar los subsidios de energía y transporte, otro es eliminar completamente las AUH y las asignaciones familiares, el potenciar trabajo, el progresar, eliminar todas las políticas alimentarias, no comprar vacunas Covid-19 y el financiamiento a universidades. Desde el punto de vista externo es lo contrario a un colchón, se le hizo un grave daño a la Argentina”.

“Tenemos que lidiar con una doble crisis, económica y sanitaria, entonces es importante tener en cuenta las disyuntivas asociadas”, destacó y sobre el punto de vista del sesgo anti inversor comparó que “hay datos que la inversión esta por encima de la inversión de fines del 2019. Nos importa que crezca la inversión en la Argentina. No se registró un influjo de inversiones”.

Respecto de los gastos aseguró que “una política que conlleve un ajuste del gasto no sería apropiada en las condiciones actuales porque detendría el crecimiento”, y sobre jubilaciones y pensiones, consideró que “vemos una economía de crecimiento del gasto previsional como de las jubilaciones y además el compromiso pleno del Gobierno es evitar una caída de las jubilaciones y para fortalecer el incremento ha ido implementando bonos para reforzar el poder adquisitivo de los jubilados”.

La próxima semana estará dedicada enteramente en la Cámara de Diputados al postergado tratamiento del Presupuesto 2022. Comenzando por la visita del ministro de Economía, Martín Guzmán, que tendrá lugar este lunes a partir de las 13.

Para las 11 de la mañana de ese día fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para realizar su reunión constitutiva y proceder a la elección de autoridades. Se descuenta que para el cargo principal será designado nuevamente Carlos Heller.

El día siguiente se presentaría a las 11 de la mañana el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis. No se descarta que concurran más funcionarios, pero no hay demasiado tiempo como para que sean muchos.

Es que para el miércoles se presume que se procederá a la firma del dictamen y el jueves se realizaría el debate en el recinto de Diputados.

En un extenso debate de un plenario de las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que se reunió este jueves de forma remota, se avaló el proyecto de ley de la senadora Nora Giménez (FdT -Salta) que establece la creación de los observatorios regionales Pymes y quedó sujeto a modificaciones.

La autora de la iniciativa explicó que “la idea de la creación del observatorio como una herramienta que permita garantizar el acceso a todas las provincias del país a las políticas públicas impulsadas por el Poder Ejecutivo para favorecer al sector Pymes y en beneficio de las economías regionales, el cooperativismo, el asociativismo y los pequeños y medianos productores”.

“Tiene el objetivo de proveer herramientas, capacitación, y conocimiento que permitan responder a las necesidades de los actores que conforman las economías regionales, la producción local de las Pymes en las distintas provincias del país, las diferentes áreas de cooperativismo y asociativismo, desde una visión federal”, indicó.

En suma, Giménez detalló que “estarían distribuidos en todo el país”, y destacó que “cuando se discutió en las comisiones hubo muy buenos aportes y se definió que sea un organismo descentralizado de carácter técnico y con autonomía funcional y de gestión”. También aclaró que “desarrollará un sistema unificado de información y análisis, cuyo objetivo consistirá en la investigación, seguimiento, análisis y estudio de acciones, proceso relacionadas con las diversas problemáticas Pyme”.

Entre los alcances leyó que “se regirán en las diferentes áreas de las economías regionales, cooperativismo y asociativismo, producción y desarrollo del Estado Nacional y de las jurisdicciones provinciales”.

“Hay convenios firmados con el Banco Nación para llevar a cabo este proyecto, pero lo que no hay es la accesibilidad, es decir alguien que no esta entro del circuito del banco le resulta difícil acceder como Pyme o como emprendedor a la burocracia del Banco Nación ante las exigencias que plantean esos convenios cuando la bajad es a través de la provincia”, explicó la legisladora salteña y consideró a estos observatorios como “centros de información, de atención y de orientación para un emprendedor porque hace falta un conocimiento de la realidad local”.

Respecto de las funciones enumeró: “Promoción y difusión de las políticas Pymes; generar un Centro de consulta y asesoramiento, facilitando el alcance de las políticas nacionales; recepcionar, ordenar y compartir la información de la Región y las provincias; generar información accionable para empresas, organismos y diversos promotores; dirigir y buscar soluciones a los reclamos; entre otros”.

“Centralmente la creación de esos observatorios está pensada como la construcción de herramientas que garanticen la productividad y el apoyo a Pymes, cooperativas en el interior del país, y que sean herramientas con más equidad que sirvan en todas las provincias”, ratificó.

Por su parte, pidió la palabra la senadora Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) quien criticó: “Casi a fin de año analizando el proyecto que no es oportuno porque los propietarios de Pymes después de 2 años estaban esperando otra cosa, créditos para poder volver a la economía formal. Desde el tiempo de pandemia escuchamos cifras estremecedoras informando la cantidad de Pymes que cerraron”, y definió: “Las Pymes son industrias familiares, pequeños emprendimientos que durante la pandemia no pudieron seguir y el Estado poco y nada pudo aportar”.

“Respecto al observatorio, el propio Estado, provincias y municipios tienen organismos destinados al trabajo y acompañamiento, por eso no es oportuno hablar de más burocracia y presupuesto y no contempla la cantidad de recursos que deberían destinarse para el funcionamiento y el alcance para el desarrollo del proyecto. Creo que debemos seguir trabajándolo. Tenemos que sumar alivio y los dueños de las Pymes deben sentirse acompañados porque mayor burocracia es mayor tributación. Este país se va a levantar y a superar con mayor cantidad de emprendedores”, enfatizó Vega y adelantó el voto negativo.

En tanto, el legislador misionero Maurice Closs (FdT) ponderó el proyecto porque “tiene buena intención y va en buen rumbo”, y destacó que “se está planteando que con toda la burocracia que hay los beneficios terminan siendo no muchos los que acceden porque la gente no los conoce, para acceder hay que tener una calificación que a veces resulta de los bancos o de la AFIP y mucha gente no sabe cómo se maneja eso, también hay contradicciones para determinar una Pyme y la categoría”.

En el mismo sentido, María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe) resaltó que “el objeto del planteo es tendiente a la accesibilidad de la información que deben tener las Pymes en todo el país. Muchas veces el lugar donde se ubicó la Pyme hace que se restringa esa información por lo tanto creo que puede ser una herramienta muy importante”, y agregó: “No es necesario generar nuevas estructuras burocráticas ni que generen un mayor impacto presupuestario, pero el proyecto habla de un sistema unificado de información”.

Juliana Di Tullio (FdT -Buenos Aires) acompañó los argumentos de sus pares y destacó que “es una herramienta que va a fortalecer las economías regionales. Es súper interesante no sólo en términos de información sino como gestión”, y señaló que “hay cosas que se pueden mejorar, pero no veo algo que lo impida”. “Es importante acompañar y no desmerecerlo con definiciones como ‘exceso de burocracia’ porque no es el objetivo”, cuestionó.

A su vez, contradijo los dichos de la legisladora Vega porque “se olvida que durante la pandemia se crearon herramientas para ayudar a las Pymes, le faltó hacer un análisis de qué pasó económicamente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri donde se destruyeron miles de Pymes, algo que responde a un modelo económico para concentrar el capital en pocas empresas”.

“Siempre es una buena oportunidad debatir temas que tengan que ver con las pequeñas y medianas empresas. Siempre es oportuno y más aún en la situación del país”, manifestó el senador radical Víctor Zimmermann (Chaco), aunque destacó que “hay que seguir trabajando el proyecto y proponer modificaciones” porque “es insuficiente” y sugirió agregar cuestiones de “reforma impositiva” y sobre “cómo abordamos el acceso al financiamiento”.

Y agregó: “Este proyecto tiene su proposición de estructura porque considero que hay organismos provinciales y municipales que hacen esta tarea, y se necesita mayor coordinación y difusión de la información con la que se cuenta”, y consultó sobre: “La conformación del observatorio y la selección de los integrantes”. Respecto al artículo 3 cuestionó que “no se le da participación ni a las provincias ni a los municipios” y, por último, consultó si “hay un costo estimado del impacto presupuestario”. “Es un proyecto que tiene que tener otras cuestiones y que no se vea solo como la creación de una estructura”, cerró.

Por su parte, Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) señaló: “No dudo que se busquen soluciones a las Pymes”, pero advirtió que “hay cosas que no vamos a solucionar con el proyecto. Las provincias tienen áreas que se dedican a ese tema, hay organismos públicos o privados también se dedican al tema. Comprendo que lo que se busca es desburocratizar porque es un problema que tienen las Pymes, pero no se hace creando otros organismos porque se estaría metiendo en lo que ya hacen otras entidades”, y sugirió que el observatorio se encargue de “coordinar la información”.

Norma Durango (FdT -La Pampa) expresó de forma breve su apoyo porque “las Pymes son herramientas importantes para el crecimiento de las provincias”, por lo tanto “son importantes para el desarrollo económico”, y remarcó que “las Pymes creadas por mujeres en el último tiempo hay que apoyarlas”.

“Va a permitir focalizar la problemática que existe y hay que darle un sesgo de realismo. Sabemos que hay un gran impacto del proceso pandémico acompañado de un proceso tarifario que destruyó a las Pymes por los altos intereses”, señaló el senador chaqueño Antonio Rodas (FdT).

Por consiguiente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda Carlos Caserio (Córdoba – FdT) cuestionó que “se usan los proyectos de ley para hacer manifestaciones políticas y no voy a venir a debatir eso. Nuestro Gobierno debe ser uno de los que más ha hecho en el tema Pymes”, y aclaró que “es un observatorio regional de Pymes que busca por medio de la investigación, el trabajo en conjunto en encontrar un camino para que provoquen un análisis, un proceso de las distintas problemáticas sin hacerlo de forma burocrática”.

“Nadie puede sacar el costo por esta ley, pero los proyectos se hacen para que sean lo menos gravosos para el Estado”, respondió Caserio ante la pregunta de Zimmermann y finalizó: “No estamos armando un organismo burocrático que traiga costos y no resuelva cosas”.

Al terminar el plenario, la comisión de Economías Regionales presidida por la senadora Nora Giménez pasó a consideración diversos proyectos de declaración y de comunicación.

El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Heller (FdT – Ciudad de Buenos Aires) se refirió al tratamiento parlamentario del proyecto presupuestario del 2022 del cual aseguró que “prevé un déficit total de 4.9 por ciento que es muy similar al de este año”, y señaló que Argentina tiene que “desendeudarse”.

En diálogo por la 107.3 AM, el legislador oficialista se refirió al proyecto de presupuesto del año siguiente y analizó que “en los próximos días vendrá el ministro y hará una presentación y responderá preguntas a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y a otros invitados que habrá. Luego lo trataremos en la Comisión de Presupuesto. Esto es un proceso lento porque es complejo 4.800 páginas tiene y tratan de cosas que son importantes para alguna actividad, para algún lugar, alguna provincia”, y ratificó que “es un tema arduo el análisis presupuestario”.

“A pesar de que es un envío del Poder Ejecutivo, es habitual que los ministerios pidan ampliaciones por determinadas cuestiones. Ahora mismo no descartaría que en función de las medidas económicas que se anunciaran, algunas tengan repercusión en los números que mando el Ejecutivo. No me extrañaría que antes de tratarlo haya correcciones en algunas proyecciones de las medidas que se planteen”, avizoró Heller.

A su vez, manifestó: “Estamos hablando del presupuesto del año que viene y el objetivo es que esté terminado antes que finalice el período parlamentario ordinario que es el 30 de noviembre. Después de que lo trate Diputados lo tiene que tratar el Senado por eso hay que dejar un tiempo”. No obstante, remarcó que “el año pasado venimos trabajando con la Comisión de Presupuesto del Senado, estuvimos trabajado en paralelo y coordinados, es decir cuando les llegó a ellos ya habían avanzado y era más sencillo el tratamiento en la cámara revisora”.

“Ha habido años en donde se tuvo que extender el período y se convocó a extraordinarias”, recordó el diputado del FdT, aunque se mostró optimista porque “creo que vamos a terminar en tiempos normales, pero no es que dentro de dos semanas va a estar aprobado. El año pasado hicimos 8 reuniones de la Comisión de Presupuesto antes de emitir dictamen y mandarlo al recinto”.

Por otro lado, en relación a la carta que publicó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, aclaró que “no habló de déficit, habló del ritmo de ejecución de este año de presupuesto de la aplicación de los recursos”. En suma, señaló que “el proyecto de presupuesto prevé un déficit total de 4.9 que es muy similar al de este año”, por lo que consideró que “trataremos de trabajar dentro de esos parámetros”.

“Argentina tiene que desendeudase”, enfatizó Heller y cuestionó: “En el presupuesto se detalla que si hubiera que pagar los 19 mil millones del Gobierno anterior se deben suprimir partidas”. Por último, opinó que “si la actividad económica sigue recuperándose y aumentan los ingresos fiscales, hay más margen para gastar porque tenes ingresos, sino tenes que emitir o endeudarte, que esta descartado porque tenemos que desendeudarnos”.

Luego de que las Comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieran dictamen favorable a dos proyectos que buscan avanzar con 16 convenios urbanísticos, parlamentario.com le acerca este informe en el que le explica punto por punto cómo son estas dos normas impulsadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y cómo fue la discusión en torno a los mismos.

Ambos proyectos ingresaron a la Legislatura porteña el lunes pasado, horas después del triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y tras un tratamiento exprés ya se encuentran listos para ser debatidos en el marco de una sesión ordinaria en los próximos días.

Uno de los textos presentados contempla 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.

Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. De esta manera, estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.

De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas “deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.

Mientras que en relación al segundo proyecto, el mismo define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.

Al igual que ocurrió con el convenio urbanístico por la Costanera Sur, donde se encuentra la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, la presidenta de la Comisión de Espacio Público y legisladora del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, insistió en que es necesario contar con mayor tiempo de debate en comisión. “Estos convenios no contienen, a nuestro modo de ver, un detallado y pormenorizado análisis  técnico, dominial y administrativo sobre el impacto que tendrán en la Ciudad. Hoy podemos decir que en la Ciudad no existe la más mínima voluntad de planificación.  La Ciudad ha abandonado la pregunta sobre el modelo de Ciudad que queremos”, aseguró en diálogo con parlamentario.com.

Además planteó que “los convenios urbanísticos se han convertido en la única herramienta de planificación urbana del oficialismo.  Esto demuestra lo que venimos sosteniendo: que estamos diseñando una Ciudad de las excepciones” e indicó que “los convenios urbanísticos, en definitiva, son un impulso del privado por generar una normativa especial que le permita construir por fuera de los patrones establecidos por el Código Urbanístico y que la Legislatura acepta a cambio de alguna contraprestación.  Un retroceso frente al compromiso del Nuevo Código urbanístico que ofrecía una certidumbre respecto a un crecimiento más homogéneo en toda la Ciudad. Así termina primando la excepción y no la regla”.

“Por ese motivo estamos pidiendo que la Comisión de Planeamiento Urbano trate nuestro proyecto donde solicita información sobre la metodología que utiliza el Ejecutivo para la evaluación de este tipo de Convenios. Porque ninguno de ellos se enmarca en una planificación de la Ciudad que atienda los intereses colectivos de los vecinos y vecinas de las diferentes comunas”, sentenció.

Al mismo tiempo, la peronista presentó en la Legislatura un pedido de informes al respecto de estos convenios, en los que le exige al Gobierno de la Ciudad que brinde precisiones al respecto de cómo se evalúan las diferentes propuestas de los privados y los criterios de selección a la hora de ser remitidos al Parlamento.

Audiencia-Informativa-Santa-Catalina

¿Cómo son los convenios?

Según informó el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, “los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse”.

Al mismo tiempo que indicó que en enero de este año el GCBA lanzó una “convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes” y precisó que este tipo de iniciativas propician “la cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan”.

La primera de las normas a evaluar contiene 15 convenios urbanísticos: Campichuelo 664, Hurgo Azopardo, Pinzón 1258, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Av. Del Libertador 5723, Arcos 1865/83, Arcos 3631, San Juan 2502, Corrientes 5761, 11 de septiembre 1535, Corrientes 3410, Díaz Vélez y Virasoro, Virrey Liniers 2301 y Álvarez Thomas 401.

La parcela de la calle Campichuelo cuenta con 2.135 metros cuadrados y actualmente se está utilizando como un centro médico privados y generará una contraprestación para la Ciudad de 3.358.399 UVAS.

En el caso de Hurgo Azopardo, la parcela cuenta con 1.218 metros cuadrados y la contraprestación será de 2.209.189 UVAS. Mientras que en Pinzon 1258 la parcela tiene 1.035 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, generará una contraprestación por 580.092 UVAS.

El de Amenabar 1501 cuenta con un predio mucho más pequeño de 583 metros cuadrados y actualmente se utiliza como comercio y la contraprestación será de 1.595.243 UVAS. A la vez que en Lafinur 3126 el predio cuenta con 1.590 metros cuadrados, en la actualidad es una vivienda y generará una contraprestación por 7.109.227 UVAS.

En Libertador 5723 hay actualmente unas canchas de futbol que cuentan con un predio de 1.558 metros cuadrados y generará una contraprestación de  3.770.044 UVAS; mientras que en Arcos 1885 hay un complejo de viviendas de 720 metros cuadrados, en el que se construirá una torre que generará una contraprestación de 3.405.235 UVAS. En Arcos 3631 el predio es amplio dado a que cuenta con 1.491,71 metros cuadrados, actualmente funciona en el lugar unas oficinas y generará una contraprestación de 4.853.515 UVAS.

A su vez el predio de la calle San Juan 2502 tiene una de las parcelas más amplias con 2.155 metros cuadrados, allí también se avanzará con la construcción de una torre y se generará una contraprestación de 1.802.674 UVAS. En Corrientes 5761 la parcela es de 1071 metros cuadrados y le dará a la Ciudad 3.652.052 UVAS. En tanto en 11 de septiembre 1535 actualmente hay una vivienda con 882 metros cuadrados, se prevé la construcción de una torre de más de 59 metros de altura y generará una contraprestación por 3.130.413 UVAS.

En lo que respecta a Corrientes 3410 la parcela cuenta con 1.212,61 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, le generará a la Ciudad una contraprestación por 1.908.798 UVAS. Mientras que en el caso de Díaz Vélez y Virasoro el predio también tiene un uso residencial y cuenta con 616 metros cuadrados, la contraprestación será por 1.478.690 UVAS.

Asimismo en Virrey Liniers 2301 se encuentra la parcela con mayor superficie: 3.204 metros cuadrados, y se prevé una contraprestación de 46.624 UVAS. Mientras que en Álvarez Thomas 401 el predio cuenta con 733 metros cuadrados y generará una contraprestación por 3.442.046 UVAS.

En lo que respecta al predio de Santa Catalina, el CUR establece una constructibilidad de 39.440 metros cuadrados y la altura máxima permitida es de 38 metros. Mientras que la propuesta del convenio que actualmente se encuentra en debate prevé una constructibilidad de 46.637 metros cuadrados y una altura máxima de 72 metros.

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Después de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, presentara en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que contienen 16 convenios urbanísticos, firmados entre su administración y empresas privadas, que requieren cambios en las normas de edificación para permitir construcciones en altura en diferentes barrios del distrito.

La medida será analizada este miércoles a las 16 en una reunión conjunta entre la Comisión de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)- y la Comisión de Planeamiento Urbano –presidida por el oficialista Daniel Del Sol (VJ)-.

Son dos iniciativas las que se pondrán en debate en esa reunión, pero uno de los texto presentados contempla 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.

Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. De esta manera, estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.

De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas “deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.

Mientras que en relación al segundo proyecto, el mismo define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.

Durante la sesión ordinaria de esta semana, la Legislatura de la Ciudad sancionó con 37 votos a favor y 18 en contra el pedido del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para ampliar el presupuesto general del distrito por un total de 81.764.969.738 de pesos.

La medida contó con el aval de Vamos Juntos, GEN, PS y UCR-Evolución y el rechazo de FIT, AyL y FdT.

El texto recientemente aprobado propone una ampliación de 25.888.999 de pesos en los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad. “Esta mayor erogación tiene su origen en los acuerdos salariales llevados a cabo hasta la fecha con las distintas organizaciones gremiales que representan a los trabajadores de la Ciudad”, explicó el alcalde local en los fundamentos.

Por otra parte, en concepto de bienes de consumo, es necesario incorporar al presupuesto vigente 4.812.677.060 pesos principalmente a la adquisición de medicamentos y otros insumos para el Sistema de Salud, en función de la mayor demanda como consecuencia de la pandemia, de productos lácteos destinados al Ministerio de Educación, y de combustibles y lubricantes destinados al Ministerio de Justicia y Seguridad.

En cuanto a los servicios no personales, se propone incorporar 15.498.454.31 de pesos en concepto de mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida destinados a hospitales, escuelas, hogares, el Instituto de Seguridad Pública y la Policía de la Ciudad; del mismo modo, se incluyen las erogaciones correspondientes a la limpieza de hospitales, la recolección de residuos, la seguridad privada y los servicios de mantenimiento y reparación de equipos médicos, entre otros.

Por el lado de los bienes de uso, se incluye la ampliación de las erogaciones por 4.348.324.324 de pesos, destinados a atender los requerimientos de inversión en obras y equipamiento de diversos ministerios. “Entre las principales erogaciones que se refuerzan se encuentran las destinadas a hospitales y la puesta en valor de establecimientos educativos y del espacio público”, añadió Larreta.

Se contempla, además, el acrecentamiento de las transferencias por 15.691.596.241 de pesos. Estas mayores erogaciones se originan, esencialmente, en la compensación tarifaria a los servicios de transporte subterráneo y transporte automotor de pasajeros del área urbana cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en la Ciudad, la transferencia para la provisión de alimentos para programas sociales y el subsidio a la educación de gestión privada, para atender el acuerdo paritario del ejercicio.

Finalmente, en lo que respecta al servicio de la deuda, es necesario dar reflejo presupuestario a un incremento de 15.524.918.561. “Este aumento se origina, por un lado, en mayores erogaciones por intereses, generados por los títulos emitidos conforme la Ley N° 6.385, por la mayor colocación de Letras del Tesoro y por la operación de recompra de títulos en el mercado local. Por otra parte, se incorporan nuevas erogaciones en concepto de amortizaciones, originados en la operación de recompra de títulos con vencimiento original en 2022, efectuada en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, como parte de la estrategia de administración de pasivos y con el fin de mejorar el perfil de vencimientos a corto plazo de la deuda pública”, sentenció.

El debate en el recinto

Al respecto de la medida, la diputada del FIT Mercedes De Mendieta afirmó que “no vamos a acompañar esta ampliación del Presupuesto, nuestra pelea es por la ampliación del presupuesto pero de manera real que se destine a las necesidades reales de la población. No nos parece ampliar el presupuesto para  seguir pagando la deuda” e indicó que “en ningún momento de esta ampliación se hace mención o se apunta a ampliar el presupuesto para la crisis habitacional, tenemos gran parte de la población viviendo en villas y eso nos preocupa”.

Mientras que Amanda Martín (FIT) señaló que “uno de los argumentos es el nivel de inflación que fue trazado para el Presupuesto 2021, donde se planteaba que iba a ser del 29%. Desde el año pasado se sabía que esta pauta inflacionaria no iba a ser real, ya ha sido superada y eso que estamos a mitad de año… el único objetivo que tenía era llevar los salarios a la baja”.

A su turno el oficialista Claudio Cingolani (VJ) explicó que “no es la primera vez ni la última que se van a pedir ampliaciones presupuestarias, lamentablemente la Argentina es célebre por su inflación. No se trata de un capricho de la administración porteña, siempre se toma como parámetro la inflación nacional que del 29% pasó al 50% y que se prevé que llegará a un 55%”.

“Esto pasa porque subió la emisión monetaria, la inflación, el déficit, la deuda… se sigue endeudando. Hay una creencia de que la deuda en dólares es deuda y si es en pesos no es deuda, eso es una mentira y hace que aumente la pobreza”, precisó e indicó que “a nivel nacional se amplió ocho veces el Presupuesto 2021”.

Mientras que el diputado del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade destacó que “la realidad es que vemos como argumento principal la modificación que se hizo en materia de coparticipación. Está claro que las proyecciones del Gobierno de la Ciudad siempre está muy lejos de la realidad, la inflación puede tener que ver pero esto sucede siempre, es algo constante en este Gobierno”.

A raíz de la nueva normalidad que instaló la pandemia del Covid 19, la Legislatura de la Ciudad avanzó con un proyecto de ley que busca regular la incorporación de firmas y recetas electrónicas o digitales para las prescripciones médicas de medicamentos, estudios o tratamientos.

La iniciativa fue debatida en una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Presupuesto,  presididas por la diputada María  Patricia Vischi (UCR-Ev) y el diputado Claudio Romero (VJ) respectivamente, donde obtuvo  despacho.

La normativa local en tratamiento se determinará “según lo regulado en la parte pertinente por la ley nacional 27.553” y será de aplicación “para toda receta, prescripción médica, odontológica o de otros profesionales de la salud legalmente facultados a prescribir, en los respectivos ámbitos de asistencia sanitaria y atención farmacéutica pública o privada, que ejerzan su actividad dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El proyecto impulsado por María Inés Gorbea (UCR-Ev) busca definir las nuevas alternativas de prescripción electrónica, receta digital y receta electrónica, el proyecto ordena a la autoridad de aplicación metropolitana “articular con el Ministerio de Salud de la Nación y/o otras jurisdicciones un sistema de colaboración en red que posibilite y facilite el uso” de los nuevos procedimientos.

Al respecto del proyecto despachado, Vischi se refirió a la  “importancia de esta iniciativa que en el ámbito nacional fue aprobada en la Ley número 27.553” y remarcó que “de esta forma la Ciudad adhiere a la Ley Nacional y detalla a su vez las particularidades propias para la aplicación en la Ciudad”.

Asimismo indicó que “la incorporación de las nuevas tecnologías en el sentido del mejoramiento de la salud de la población y el uso más racional de los recursos destinados a los medicamentos así como la posibilidad de la interacción de los distintos integrantes de la cadena de la dispensación de los principios medicamentosos en beneficio de quienes lo  reciben  para su tratamiento” y sentenció que “la  receta electrónica se había implementado a partir de la pandemia y hoy muchas entidades de salud y obras sociales incluso el Pami ya autorizaron su uso; en su momento también impulsamos el proyecto de Historia Clínica Electrónica”.

El inicio del proceso legislativo del proyecto de ley del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para dar una respuesta a los reclamos del sector de monotributistas tiene fecha: será este jueves a las 15.

Así lo decidió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por Carlos Heller, que convocó a una reunión virtual para tratar dos temas vinculados en cambios al sistema impositivo para “aliviar” la carga tributaria de un sector pequeños contribuyentes en el marco de la pandemia.

Uno de los temas incluidos en la orden del día de la Comisión de Presupuesto es el Mensaje Nro. 0127/20 y proyecto de ley del 16 de octubre de 2020 del Poder Ejecutivo sobre medidas relativas a impuesto a las Ganancias e impuesto sobre los bienes personales.

En tanto, el proyecto de ley de Massa y de Máximo Kirchner, buscan dar un nuevo impulso al sector de monotributistas y gira en torno a tres cuestiones principales: se crea un programa de “Fortalecimiento y alivio fiscal para pequeños contribuyentes”; y se complementa el reciente Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes impulsado por el Gobierno Nacional.

En general, tiene por objetivo primordial dar mayor “alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas”, según los fundamentos de la iniciativa.

El Programa propuesto a debate en la Cámara de Diputados prevé la implementación de cuatro medidas principales:

1. El sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar: En general se prevé que el valor de las cuotas de enero a junio de 2021 sea el que se encontraba vigente a diciembre de 2020; es decir, la actualización de la cuota regiría recién a partir de julio de 2021.

2. Un Esquema progresivo de actualización de escalas: duplicando para las categorías más bajas el incremento (del 35%) ya previsto para este año (el aumento de la Categoría “A” sería del 77% respecto de diciembre 2020).

La propuesta fija a partir del 1º de julio de 2021, nuevos parámetros de ingresos brutos anuales que complementan el régimen vigente desde enero de 2021, sin aumentar el valor mensual de la categoría (“cuota mensual”) del monotributo.

3. Un programa específico de alivio fiscal para pequeños contribuyentes: el proyecto pretende complementar, con un mecanismo simple, el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

Este nuevo esquema tiende a permitir que los contribuyentes se puedan mantener en el monotributo a pesar de haberse excedido en la facturación.

Con el fin de “dotar a la propuesta de progresividad y llegar con el programa a los contribuyentes que realmente requieran el alivio fiscal –evitando que el mismo beneficie a contribuyentes que utilizan el régimen simplificado de manera abusiva- se establece que podrían acceder quienes:

– Registren ingresos que no superen el monto equivalente a 1,5 veces los ingresos brutos máximos de la Categoría “K” ($5.550.000 anuales).

– Que el total de bienes del país y del exterior no superen el monto de $6,5 millones ($6.500.000).

Asimismo, los monotributistas de las categorías más altas deberían pagar una cuota especial para poder mantenerse en el régimen.

4. Un régimen de regularización para deudas de monotributistas que permitiría a los contribuyentes adheridos al régimen regularizar su situación fiscal, permitiéndoles generar un esquema de previsibilidad económica y financiera.

El nuevo régimen propuesto condonaría intereses y multas y permitiría cancelar la deuda en función a los siguientes parámetros:

i) Hasta sesenta (60) cuotas mensuales.

ii) Un interés de financiación no superior al 1,5% mensual.

2513-D-2021

0007-PE-2020

Inmediatamente después de la media sanción alcanzada en la Cámara de Diputados a las 2.30 de la madrugada del jueves pasado, el Senado comienza a analizar este miércoles 26 de mayo el proyecto que establece nuevas alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas.

Si el proyecto queda en condiciones para ser tratado en el recinto la próxima semana dependerá de que este mismo miércoles se firme el dictamen correspondiente de una iniciativa que en la madrugada del jueves obtuvo 124 votos a favor y 104 en contra en la Cámara de Diputados.

El texto será analizado de manera virtual en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado que encabeza el cordobés Carlos Caserio, siendo el horario de la convocatoria a las 16 de este miércoles.

Dicha iniciativa del Gobierno establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.

Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 50.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 50.000.000 de pesos pagarán el 35%, siempre con el criterio escalonado y progresivo, ya que si una empresa supera los 50 millones, pagará por los primeros 5 millones, el 25 por ciento, luego el 30 y por el resto de lo que supere los 50 millones, recién abonará el 35 por ciento.

En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.

Tal y como lo anunció días atrás parlamentario.com, la Comisión de Presupuesto –conducida por Claudio Romero (VJ)- dio dictamen favorable a dos proyectos de ley impulsados por el oficialismo porteño que buscaban eximir del pago de Ingresos Brutos a centros médicos que presten servicios de internación para pacientes con coronavirus y a los locales gastronómicos.

Las iniciativas despachadas sostienen que la eximición del pago regirá durante los meses de mayo y junio de este año.

La iniciativa en relación a los centros médicos fue impulsada por la oficialista Ana María Bou Pérez (VJ) y prevé eximir “del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, correspondientes a los anticipos de los meses comprendidos entre mayo y junio del año 2021, ambos inclusive, a los contribuyentes o responsables que desarrollen la actividad de ‘Servicios de internación excepto instituciones relacionadas con la salud mental’ contemplada en el Código N° 861010 del Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES)”.

 Mientras que la de los locales gastronómicos fue impulsada por el radical Marcelo Guouman (UCR-Ev), aunque se le sumaron otros proyectos en idéntico sentido, y busca darle un respiro a los restaurantes, cantinas, locales de comida rápida, foodtrucks, bares, heladerías y expendios de comida. Buscando así llevar un alivio fiscal a estos comercios que, a raíz de las últimas medidas adoptadas para contener el avance de la pandemia, volvieron a ver afectada su actividad.

Al respecto del dictamen, el legislador del GEN Sergio Abrevaya manifestó que “hace meses, presenté un proyecto para que el sector gastronómico de la Ciudad pague menos Ingresos Brutos, ahora los eximimos junto a los legisladores Guouman, Romero y la Comisión. Son más de ocho mil comercios los que se vieron afectados por las restricciones” y remarcó que “lamentablemente, todos conocemos algún caso de quien tuvo que bajar la persiana o reducir su personal”.

“A las complicaciones financieras que están teniendo desde el año pasado se le suma el cierre a las 19 hs, que en muchos casos significa perder la parte más importante de la facturación del día. Durante el año pasado solicitamos que diferentes actividades pudieran volver a trabajar con protocolos. Hoy reiteramos el pedido por los gastronómicos, porque las Pymes son las que dan trabajo y mueven la economía de la Ciudad”, sentenció Abrevaya.

Con fuertes cuestionamientos a la decisión del presidente Alberto Fernández de reducir por decreto los recursos coparticipables que recibe la Ciudad, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Mura, se reunió este miércoles con la Comisión de Presupuesto –a cargo del oficialista Claudio Romero (VJ)- para explicar el proyecto que establece un presupuesto de contingencia de 587 mil millones de pesos que establece una fuerte reducción del gasto público, suspensión de obras, revisión de grandes contratos y medidas transitorias.

En ese sentido, el funcionario aseguró que “somos un Gobierno que funciona planificando, las grandes transformaciones que hemos visto son en gran parte por esa planificación minuciosa, la cual se ve reflejada en el Presupuesto. Así lo hacemos hace años, desarrollando un Presupuesto riguroso”.

Al mismo tiempo que explicó los motivos por los cuales la presentación de la norma se demoró casi dos meses, al señalar que “este Presupuesto 2021 surgió condicionado por la pandemia que azota a nuestro país y el mundo, pero el pasado 9 de septiembre de manera intempestiva e inconstitucional el Gobierno Nacional avasalló los derechos de la Ciudad y le quitó más de un punto de la coparticipación”.

“Es un gran error (la decisión del Ejecutivo Nacional), la transferencia de recursos por el traspaso de la Policía fue el establecido por la propia policía y solo cubría los gastos generados por el mismo”, manifestó en función de los dichos del presidente, quien había asegurado que se habían entregado más recursos de los que correspondían. Asimismo Mura indicó que “para hacerse cargo del servicio, la Ciudad debió contratar más personal y hacer una inversión en otras cuestiones, algo que tampoco fue contemplado”.

Sobre esa misma línea, el ministro consideró que “el Gobierno Nacional busca perjudicar las finanzas de la Ciudad, es por ello que presentamos una medida cautelar para defender nuestros derechos. Desde aquel día hasta hoy la Ciudad dejó de recibir 9 mil millones de pesos” e insistió en que “la reducción en la coparticipación no se trata de una medida aislada, sino que forma parte de una decisión de afectar la autonomía financiera de la Ciudad”.

“Estamos revisando todos los contratos para poder hacer este recorte de gastos sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado”, dijo el ministro.

Es por ello que remarcó que “además de analizar un escenario post pandemia, la Ciudad tuvo que volver a revisar su presupuesto para evaluar el impacto de esta decisión del Gobierno Nacional”.

Por otra parte en función del presupuesto de contingencia presentado, el funcionario señaló que “estamos planteando debido a la reducción de gastos se refleja en tres grandes ítems: el primero, la postergación y ralentización de obras (esto afectará a más de 20 obras que se estaban desarrollando en la red de subterráneos, la cárcel de Devoto, no se construirán 52 kilómetros de plan hidráulico) y en cuanto a equipamiento podemos decir que no se comprarán más de ocho mil cámaras de seguridad, 500 patrulleros y 200 motos”.

“En segundo lugar se revisarán los contratos, estamos revisándolos todos para poder hacer este recorte de gastos sin poner en riesgo el funcionamiento del Estado. El tercer punto tiene que ver con una reducción en la administración del Gobierno, se buscará promover el teletrabajo y reducir los alquileres; esto también afectará a la discusión paritaria del próximo año”, añadió y concluyó recordando que “es el segundo año consecutivo que este Presupuesto cuenta con una perspectiva de género”.

En la reunión estuvieron presentes de manera presencial y virtual los diputados Agustín Forchieri, Diego García Vilas, Daniel Del Sol, Facundo Del Gaiso, Matías López, Paola Michielotto, Cristina García, María Sol Méndez, María Luisa González Estevarena, Natalia Fidel, Victoria Roldán Méndez, Carolina Estebarena, Esteban Garrido (VJ), María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Santiago Roberto, Cecilia Segura (FdT), Inés Gorbea, Diego Weck, Marcelo Guouman (UCR-Ev), Sergio Abrevaya (GEN), Alejadrina Barry (FIT) y Gabriel Solano (PO).

El debate en Comisión

Tras la exposición del ministro, el trotskista Gabriel Solano (PO) manifestó que “hay cosas que nos preocupan mucho, hay algo que es central: la situación de los trabajadores que tienen al Gobierno de la Ciudad como jefe, ellos ya vienen sufriendo un ajuste y tuvieron una perdida en su salario que ronda el 20%” y remarcó que “ahora con este proyecto se plantea una paritaria del 27%, pero los estadistas calculan una inflación del 51%; es decir, los trabajadores perderán 52 mil millones de pesos, lo cual coincide –justamente- con lo que va a perder la Ciudad con la quita de la coparticipación”.

En tanto la diputada del Frente de Todos (FdT) Cecilia Segura recordó que “el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, nos dijo que la mejor manera de salir de esta situación de crisis, profundizada por la pandemia, es con el trabajo” y precisó que como bloque “analizamos que en el Presupuesto, la función trabajo es de las que más cayó de cara al 2021. ¿Por qué si el eje para recuperarnos es el trabajo, es lo que más cae en el presupuesto? Son las PyMEs las mayores generadoras de trabajo en blanco y deberían recibir más asistencia”.

Por su parte Sergio Abrevaya (GEN) manifestó que “es una situación extraña, estamos ante un Presupuesto que está atado a un fallo judicial debido a la quita de recursos coparticipables por la presión que han ejercido el propio presidente y algunos gobernadores” y consideró que “se nos transfiere un servicio como la Policía y el mensaje que nos envía la Nación es ‘páguenlo ustedes’”.

“Estoy de acuerdo con que se piense un plan de contingencia, me preocupa el tema del sello a las tarjetas de crédito”, advirtió.

Mientras que la vicepresidenta segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños (FdT), argumentó que le “llama mucho la atención que haya tanto perjuicio, con algo que solo es el 9% y que correspondía al traspaso de la Policía… ahora dicen que no se harán las obras. Ahora se está revisando en el Congreso y en la Corte Suprema, son dos instituciones democráticas” y afirmó que quiere “saber que es un presupuesto de contingencia a futuro, si la Corte Suprema no falla en función de lo que el jefe de Gobierno tiene previsto. ¿Volverá a la Legislatura para que lo revisemos nuevamente o si el Gobierno tomará la decisión unilateralmente?”.

A lo que el ministro precisó que “si la Corte falla a favor de la Ciudad o si el Gobierno Nacional decide dar marcha atrás, este paquete de leyes quedaría desactivado”.

El proyecto en cuestión

La iniciativa remitida al Parlamento sostiene las partidas presupuestarias destinadas a las áreas esenciales como educación, salud y desarrollo social, así como también lo destinado a seguridad. También obliga al Gobierno porteño a “suspender, ralentizar o postergar obras, planes y proyectos”, pasa a un mantenimiento mínimo y esencial del espacio público, se eliminan exenciones impositivas a operaciones financieras, entre otras medidas.

Además en la normativa se aclara que se “se trata de un presupuesto de contingencia y con medidas transitorias ya que, si no hay un fallo favorable en la Corte y/o si se avanza con el proyecto de Ley en el Congreso, se deberán realizar nuevos ajustes de impacto”.

El texto explica que debido a la quita por decreto del 1,18% de coparticipación, la Ciudad dejará de percibir este año más de 13 mil millones de pesos, cifra que ascendería a 52 mil millones para el 2021. “A un ritmo de 150 millones de pesos menos por día, desde el 10 de septiembre a la fecha, la Ciudad dejó de percibir 8.400 millones de pesos”, señaló Larreta.

“Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzó con un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados. De ser aprobado, el impacto para las finanzas de la Ciudad sería aún peor: significarían otros 13 mil millones menos, es decir 65 mil millones en total para el año próximo”, sostiene el proyecto.

Más allá de esto, el proyecto de la Ciudad se formuló con las mismas variables macroeconómicas que figuran en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional: variación de la actividad económica del 5,5%, tipo de cambio de $ 102,4 hacia fin de año y variación en el nivel de precios del 29%.

Con el escenario de los efectos de la pandemia aún vigentes, la Ciudad decidió continuar priorizando la inversión en áreas sociales, ya que lo destinado para Salud, Educación y Desarrollo Social, entre otros servicios, alcanzará al 51,4% del total del presupuesto. Además, se mantendrá la inversión en el gasto en Seguridad (una de las mayores preocupaciones de los vecinos), con el 16% del total del presupuesto.

Las estimaciones para el próximo año presentan un total de gastos estimado en 612.643,5 millones y un total de recursos por 587.568,9 millones, lo que proyecta un Resultado Financiero deficitario en 25.074,6 millones. Esto representa un 64% menos que al cierre del 2020, esperando alcanzar para el ejercicio 2022 nuevamente el equilibrio presupuestario.

No obstante, el presupuesto para el ejercicio 2021 muestra un Resultado Económico Primario de 111.892,7 millones y un Resultado Primario superavitario de 22.925,4 millones, revirtiendo el déficit del 2020.

En cuanto a los recursos totales estimados para el próximo año se incrementan en un 40% con respecto al 2020, con una previsión de 587.568,9 millones, correspondiendo 585.649,8 millones (99,7%) a recursos corrientes y 1.919 millones (0,3%) a recursos de capital. Los ingresos tributarios se calculan en 549.148,2 millones (+39,2% con respecto a este año), con una estimación de ingresos tributarios propios de 447.317 millones (81% del total), en tanto que los recursos provenientes de la Coparticipación Federal se estiman en 101.831,2 millones (19% restante).

Mientras que sobre los impuestos que reflejan la actividad económica en la Ciudad, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el tributo que mayor participación registra en la composición total de los recursos tributarios con el 61,3%, alcanzando los 336.626,5 millones para el próximo año. Por su parte, el Impuesto a los Sellos refleja el 6,9% del total, con una participación de 37.772,2 millones para el 2021.

El total de gastos estimado para el 2021 equivale a 612.643,5 millones, siendo el gasto primario de 564.643,5 millones, con un crecimiento del 25% con respecto al corriente año.  Los gastos corrientes ascienden a 521.757,1 millones, significando un 85,2% del gasto total, en tanto que los créditos previstos para el gasto en capital se estiman en 90.886,4 millones.

A partir de las 15 de este viernes volverán a presentarse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados los funcionarios de Economía que ya se presentaron el martes pasado. Hablamos de los secretarios de Hacienda, de Política Económica y de Finanzas, Raúl Rigo, Haroldo Montagu y Diego Bastourre, respectivamente, quienes ese día expusieron ante la comisión durante casi cinco horas.

Dado que las presentaciones se extendieron tanto, los diputados acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta este viernes a las 15 para poder formularles preguntas a los funcionarios.

Ese día Haroldo Montagu sostuvo que “la idea de este Presupuesto es construir un puente entre la economía que tenemos ahora y la que queremos alcanzar”, por lo que se trata de “un esquema de transición”. El funcionario señaló que el proyecto “refleja la visión de este Gobierno sobre las prioridades estratégicas, y por cada una de esas prioridades hay partidas que respaldan esa visión”.

Además, destacó que la iniciativa oficial “pone el foco en la economía real como motor de la recuperación”, y añadió que “no hay estabilización posible sin reactivación de la economía y sin un Estado que acompañe”.

Al detallar este panorama, precisó que el PBI “registró en el segundo trimestre de 2020 la caída más grande de la historia reciente”, al igual que la caída de la tasa de inversión, y asimismo el consumo privado “alcanzó valores similares a los de 2015 en términos del PBI, es decir, hemos retrocedido casi cinco años”.

En base a indicadores del EMAE (Estimador Mensual de la Actividad Económica) del INDEC, enumeró cuáles fueron los sectores más afectados por la pandemia: hoteles y restaurantes; construcción; industria; comercio; transporte y comunicaciones, entre otros.

Por su parte, Raúl Rigo resaltó que el Presupuesto “pretende ser una respuesta sólida y prudente a los enormes desafíos que tenemos en la economía derivados del desequilibrio macroeconómico” heredado de la anterior gestión “y empeorado por la pandemia”.

El secretario de Hacienda sostuvo que el proyecto “propone un nivel y una composición de gasto primario tal que permita al Gobierno llevar adelante una política fiscal expansiva”.

Entre las medidas tomadas en materia de salud por la pandemia, destacó la construcción de 12 hospitales modulares; las más de 3.500 camas de cuidados intensivos; los más de 4.000 respiradores; y el bono extraordinario para los trabajadores de la salud.

En cuanto a la asistencia económica, ponderó los resultados del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), con “una inversión de más de 270.000 millones de pesos a través del Presupuesto para llegar a 9 millones de beneficiarios”.

Asimismo, realzó el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción), que se compone de tres ejes: una inversión de 270.000 millones de pesos en el pago del salario complementario -que benefició a seis de cada diez empresas, casi la totalidad pymes-; la postergación o reducción de las contribuciones patronales por casi 23.000 millones de pesos; y el crédito a cuentapropistas por un total de 500.000 millones.

El debate formal del Presupuesto 2021 arrancó en realidad la semana pasada con la presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, ante las autoridades legislativas, en el seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. Porque a diferencia de lo que venía sucediendo en los últimos años, esta vez el titular del Palacio de Hacienda respondió preguntas de los diputados  presentes.

El debate continuará entonces este martes, tal cual anticipó el viernes el presidente de esa comisión, Carlos Heller, durante la reunión en la que se emitió dictamen para el proyecto de aporte solidario y extraordinario. Será con la visita de funcionarios de la cartera de Economía.

Es así que a partir de las 15 se espera la visita del secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Política Económica, Haroldo A, Montagu, y el secretario de Finanzas, Diego A. Bastourre. Tras la presentación de estos funcionarios, se aguardan más, antes de emitir dictamen para el tratamiento de la ley de leyes en el transcurso del mes de octubre.

En el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto -a cargo de Claudio Romero (VJ)- , la Legislatura porteña analizó este lunes dos proyectos de ley que buscan establecer una serie de beneficios económicos para los sectores no esenciales que han visto afectadas sus actividades a lo largo de estos casi seis meses de aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid 19.

De esta manera, uno de los textos que se sometieron a consideración de los diputados fue impulsado por los bloques UCR-Evolución y Vamos Juntos. El texto prevé eximir del pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos entre septiembre y febrero del 2021 a los responsables que desarrollen las actividades codificadas de acuerdo con el Nomenclador de Actividades Económicas del Sistema Federal de Recaudación (NAES).

Dicho beneficio alcanzaría a restaurantes, cantinas, fastfood, locales de venta de comidas y bebidas al paso, de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador, bares y heladerías.

La iniciativa que se sometió a consideración tiene como autor al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Marcelo Guouman (UCR-Ev), pero también lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ), y de los diputados Diego García Vilas, Hernán Reyes, Claudio Romero (VJ) y María Inés Gorbea (UCR-Ev). Cabe destacar que el legislador del Frente de Todos (FdT) Manuel Socías también presentó un proyecto que iba en la misma línea, aunque por el momento no fue incorporado al mismo.

Por otro lado, la otra medida –de autoría de Forchieri- contempla exenciones para el Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, para aquellas obras que inicien y obtengan el Permiso de Obra entre el 1 de septiembre de este año y el 31 de agosto de 2021 y que inicien su ejecución hasta el 31 de diciembre del 2021.

También plantea un diferimiento en el pago del Derecho de Delineación y Construcción y en el gravamen por la Generación de Residuos Áridos y afines no reutilizables de doce meses contados a partir de la fecha de obtención del permiso de obra, o un descuento por única vez del 20% por el pago por adelantado al momento de iniciar la solicitud del mencionado permiso para aquellas obras que lo inicien con el objetivo de estimular las obras en el ámbito de la Ciudad.

Se prevé que ambos textos sean debatidos en el marco de las próximas sesiones ordinarias.

Luego de que la medida fuera aprobada en primera lectura, la Comisión de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- realizó una nueva audiencia pública virtual para ratificar en segunda lectura un proyecto de ley que busca otorgarle al Club Nueva Chicago, del barrio Mataderos, el permiso de uso gratuito de unos predios por un lapso de 20 años, dándole la posibilidad a la institución de extenderlo por otros diez años.

Cabe destacar que ya rige una ley del 2009 de uso precario a favor de esa entidad deportiva en los terrenos donde funciona su sede social, un natatorio y canchas de fútbol y otras del denominado Polideportivo Juan B. Alberdi. No obstante, el proyecto urbanístico en marcha, vinculado a la futura erradicación del Mercado de Hacienda, obliga a modificar plazos y determinar nuevas delimitaciones parcelarias.

De esta manera, los cambios parcelarios y catastrales son para permitir la apertura de calles (como la unión de Tandil, desde Lisandro de la Torre hasta Murguiondo), obras hidráulicas de desagüe en prevención de inundaciones por desbordes del arroyo Cildáñez, más la creación de áreas parquizadas e infraestructura de espacios públicos.

El club mantendrá su sede social, el natatorio y otras dependencias anexas, pero deberá devolver a la Ciudad terrenos que hoy usa como cachas de fútbol y otros deportes. En compensación, recibirá prestado por 30 años nuevos y amplios terrenos en parte de lo que hoy es el Mercado de Hacienda, sobre la avenida Eva Perón.

Durante la audiencia pública expusieron los funcionarios de la Ciudad Fernando Galetto, Matías Vitalli y Gabriel Rosales y manifestaron sus puntos de vista una docena de vecinos, a ante la presencia por remoto de una decena de legisladores.

Otro asunto sometido a audiencia pública y donde también expusieron tres funcionarios del Poder Ejecutivo y otros tantos vecinos, refiere a una ley que busca aprobar un acuerdo entre la Nación y la Ciudad por el uso de un amplio y tradicional inmueble en la recova de Avenida Leandro Alem 852.

Históricamente en ese lugar funcionaba un parque de carruajes y luego fue dependencia para estacionamiento, guarda y reparación del parque automotor de la Presidencia de la Nación. Últimamente en desuso, fue transferido a la Ciudad que, a cambio, construirá en subsuelos estacionamientos para la Casa Rosada. Hacia arriba, se prevé levantar un complejo cultural, gastronómico y turístico para funcionar en fines de semanas y horarios nocturnos, manteniendo el patrimonio arquitectónico existente. La ley que debe ratificarse en segunda lectura es para aprobar el acuerdo Nación – Ciudad y el plan que incluye la concesión de espacios.

Con algunas modificaciones respecto del proyecto original, el Frente de Todos se alzó este jueves  con el dictamen favorable de la ampliación presupuestaria, que será debatida este viernes en sesión especial de la Cámara de Diputados.

Con 27 firmas, la iniciativa fue avalada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en una breve reunión donde el presidente, Carlos Heller, repasó los cambios introducidos, aunque aclaró que se mantendrá tanto la suba del IVA a la leche común como la dolarización de la deuda en pesos.

Esos eran dos de los puntos más criticados por Juntos por el Cambio, que se inclinó por el rechazo, mientras que el misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia) acompañó el dictamen y el schiarettista Paulo Cassinerio (Córdoba Federal) firmó en disidencia.

La principal modificación consistió en asignar al Fondo de Compensación de Transporte Público Automotor urbano y suburbano de pasajeros la suma de 9.500 millones de pesos, que serán transferidos a las provincias y municipios según lo determine el Ministerio de Transporte en la reglamentación.

A su vez, se asignarán 300 millones de pesos al Hospital Posadas “para complementar la cobertura de sus necesidades operativas”, puntualizó Heller, y agregó que el jefe de Gabinete estará facultado para reasignar partidas con el fin de cumplir con estas modificaciones.

En nombre de Juntos por el Cambio, José Cano, titular de la Comisión de Transporte, consideró insuficientes los 9.500 millones adicionales que se otorgarán hasta fin de año, al considerar que “no se contempla la caída de recaudación de las empresas” por la merma de pasajeros producto de la pandemia.

Sin embargo, Heller explicó: “Todos somos conscientes de que todo va a ser insuficiente. Le estamos sacando jugo a las piedras para tratar de resolver la situación”.

El diputado reconoció que “es comprensible” el planteo de la oposición, pero advirtió que “podríamos hacer una lista interminable de necesidades a cubrir”, aunque no descartó que el Gobierno acepte nuevas modificaciones de aquí a la sesión.

Respecto del IVA en la leche común -cuyo gravamen pasará de 0% a 10,5%-, Heller reiteró el informe oficial que explica que esa reforma “no debería tener un efecto en el precio final de la góndola ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”.

Por eso, el oficialismo decidió mantener esa propuesta, como así también la posibilidad de dolarizar la deuda en pesos.

En ese sentido, el titular de la comisión indicó que se busca “normalizar una anormalidad preexistente” y que “los nuevos títulos que se están ofreciendo son por una pequeña porción de la cartera”.

“Los tenedores son gente que entró en la época de las Lebac a hacer calesita; no eran inversores genuinos, sino que venían a hacer especulación financiera”, justificó el legislador, y remarcó la posibilidad de que esos tenedores “que hoy ejercen una gran presión en el contado con liqui encuentren una solución razonable” con “títulos que vencen en 2030”.

Por otra parte, el oficialismo modificó el artículo cuarto del proyecto, que contempla una asignación de 7.100 millones de pesos para La Rioja y 340 millones para los municipios de esa provincia.

De ese último monto, 170 millones se destinarán a la ciudad de La Rioja y el monto restante se repartirá entre el resto de los municipios según un determinado criterio.

La ampliación presupuestaria será por un monto de 1.859.583 millones de pesos, un aumento de gastos equivalente al 6,5% del PBI.

De este monto, el 80% se origina principalmente en las prestaciones de la seguridad social; subsidios económicos (energéticos y de transporte); los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo); asignaciones familiares y AUH.

Si se sanciona la ley de ampliación, el incremento de recursos (corrientes y de capital) será del 17,2%, y el de los gastos será del 33,6%. A su vez, habrá un crecimiento del 53,9% en las transferencias corrientes y del 41,6% en los gastos de capital.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio para este jueves a las 14.30, antes de la visita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De esta manera se retrasó el dictamen del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno, que el oficialismo aspira a aprobar en el recinto el próximo viernes.

Tras un debate de tres horas, donde hubo pedidos de la oposición e incluso el oficialismo para incorporar modificaciones a la iniciativa, el presidente de la comisión, Carlos Heller, propuso postergar la firma del despacho 24 horas más.

“Tendría la aspiración que tengamos un dictamen único”, dijo y apostó por tratar de “ver qué cosas de las que aquí se han planteado pueden tener solución o acuerdo, o encontrar un punto intermedio”.

Al comienzo de la reunión, Heller defendió los cambios en el IVA respecto a la leche y detalló que la ampliación es por un monto de “1.859.583 millones de pesos”, un aumento de gastos “equivalente al 6,5% del PBI”.

“El 80% de las modificaciones presupuestarias tienen que ver con aumento a la seguridad social -que ocupa una parte sustancial-; con subsidios económicos; con el IFE y el ATP; asignaciones familiares; gastos de capital; desarrollo social; políticas ambientales y de apoyo al empleo; educación y salud”, precisó.

El oficialista consideró: “Tenemos que hacer un esfuerzo todos por entender que estamos en una situación no solo inédita, sino que a veces es indescifrable, porque cualquier plan que se plantea tiene la incertidumbre de cuánto va a durar esto”.

“Estamos en el peor de los cruces, una drástica caída de los ingresos fiscales producto de la menor actividad económica y un notable incremento del gasto producto de la pandemia”, agregó y remarcó que “no tenemos margen, porque si no lo apuramos con celeridad habría dificultades operativas para agosto para poder cumplir con cosas que hacen al sostenimiento social de Argentina”.

Durante el debate, el oficialista Jorge Romero planteó su inquietud respecto a los subsidios al transporte para el interior y pidió que se tenga en cuenta “la posibilidad de contemplar el achicamiento de la asimetría que existe con el AMBA y el resto del país, porque realmente es muy grande”.

En el mismo sentido coincidió el radical José Cano, quien anticipó que desde Juntos por el Cambio iban a proponer “la creación de un Fondo Federal de Transporte, un fondo compensador para los últimos meses del año que ponga equidad”.

También se refirió al tema el diputado de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, quien resaltó que “para cubrir el déficit de transporte del AMBA hay subsidios y para el transporte del interior hay préstamos. Esto marca sin lugar a dudas una desigualdad”.

Por eso, solicitó que se incorpore al proyecto una partida de “13 mil millones de pesos adicionales” para “continuar con el mismo sistema de subsidios hasta el mes de diciembre”, más “4 mil millones de pesos para poder compensar los déficit de las empresas de transporte”, que registran una pérdida de pasajeros a raíz del aislamiento.

Otro de los puntos donde puso el foco la oposición fue el artículo 7 del proyecto, el cual “permite dolarizar deuda en pesos”, subrayó Jorge Sarghini, y advirtió que “es absolutamente negativo desde todo punto de vista y es absolutamente innecesario”.

“Es negativo para fortalecer el mercado doméstico, para la discusión que se está dando con los bonistas en dólares y para la macro. Además es discrecional y genera una terrible distorsión”, añadió el diputado de Consenso Federal.

En esa línea, el macrista Luciano Laspina cuestionó el artículo que “incluye la posibilidad de dolarizar bonos en pesos” y “se dice que se le quiere dar salida a inversores poco colaboradores”. “¿Cómo va a hacer el Ministerio de Economía para discriminar entre un inversor poco colaborador y uno que se llama Juan Pérez? Nos preocupa que exista esta discrecionalidad”, señaló.

Por su parte, el radical José Luis Riccardo pidió que en la ampliación presupuestaria, donde se destina una partida de 196 mil millones de pesos para las universidades públicas, se realice una distribución detallada de los recursos que le corresponden a cada una de las casas de estudios, algo que no está contemplado. También pidió que, de ser posible, esa partida se aumente a 216 mil millones de pesos.

Uno de los temas más polémicos del proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Gobierno al Congreso es el que propone la aplicación del 10,5% del IVA para la leche común, cuestión sobre la que salió a alertar la oposición, mientras que el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, negó que esa medida vaya a tener un efecto en el precio final del producto.

Durante este miércoles, en la reunión que se citó para dictaminar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió este punto, basado en un informe del Ministerio de Economía.

El legislador del Frente de Todos leyó el documento -en formato de preguntas y respuestas-, donde se afirma que el precio de la leche “no subiría y en un contexto normal incluso podría llegar a bajar”. También señala que la medida “no aumenta la recaudación tributaria” y “de hecho tiene costo fiscal, ya que hay leches que pasan de tributar 21% a 10,5%”.

Para la cartera que dirige Martín Guzmán, esta propuesta “corrige iniquidades en el sector lácteo, generadas por el gobierno anterior”. “Dichas iniquidades se reflejan en los eslabones de la cadena láctea que afectan el precio al consumidor”, remarca el texto, al tiempo que niega que vaya a peligrar “el consumo de leche en los sectores más vulnerables” y, asimismo, destaca que “el Estado destina recursos a suplir el consumo de leche en estos sectores”.

“Cuando se produjo la rebaja del IVA en el eslabón final, que es el consumidor, el sector industrial siguió pagando el 21% en la compra del insumo a los tambos, pero comenzó a acumular créditos fiscales sin poder descargarlos en otros eslabones de la cadena productiva”, explicó Heller, siempre haciendo referencia al informe.

Y amplió que en enero de este año volvió el IVA del 21% para las leches con aditivos, pero “mediante el decreto 418/2020 se estableció la compensación de IVA a las ventas por menor en hipermercados, supermercados y autoservicios para mantener estable el precio al consumidor”.

“Hoy en día existen distintas variedades de leches que están exentas de IVA; para estos casos el aumento de 0% al 10,5% no debería tener efecto en el precio final de góndola, ya que los comerciantes deberían dejar de cargar como costo el crédito fiscal que no podían descargar por la excepción del IVA en la venta al consumidor final”, se argumentó en el documento del Ministerio.

En ese sentido, el diputado indicó que “el comerciante recibía el IVA y no lo podía poner como IVA, lo ponía como precio”. “No es una medida para aumentar la recaudación o que tiene como objetivo una meta fiscal”, insistió y precisó que el costo fiscal es de “1.800 millones de pesos por año”.

“La medida que importa es la reducción del IVA de las leches que sí pagan el 21%, pero que el Estado Nacional complementa con compensaciones”, dijo el titular de la Comisión de Presupuesto y completó que la medida servirá para “evitar las distorsiones de acumulación de crédito fiscal, eliminar el régimen de compensación y mantener el precio al consumidor”.

En contra de este tema, el radical Luis Pastori enfatizó que “la leche común, en polvo o fluida, está exenta desde siempre”, por lo cual el año pasado “nunca podría haber bajado de precio, porque simplemente no hubo ningún descuento; no era así con las llamadas leches aditivadas”.

“No es cierto que la leche común sea menos consumida que las leches aditivadas, que seguramente las consume un sector de la población, pero no es el consumo más generalizado de los sectores populares”, expresó el misionero, quien planteó que un comerciante tendrá dos opciones: “Con el 10,5%, o absorbe el impuesto o lo carga al consumidor final”. “Lo va a trasladar al consumidor final porque es lo que todo el mundo hace”, pronosticó.

El legislador pidió entonces que “no nos mientan, no nos traten de engañar” y lanzó: “No nos parece que un Gobierno que venía a gravar con un impuesto a los recontra, recontra ricos de la Argentina termine gravando la leche común”.

“Quédese tranquilo diputado, dentro de pocos días va a tener la posibilidad de opinar, espero que a favor, de ese gravamen que le vamos a poner a los ricos, recontra ricos, de la Argentina y su ansiedad como la de tantos otros se va a ver satisfecha y espero que un sentido positivo”, le respondió Heller, autor de esa iniciativa -hasta ahora no presentada- junto al jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner.

Por su parte, durante el debate, el radical José Cano recordó las propuestas de campaña del presidente Alberto Fernández en relación al hambre y citó al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, cuando declaró: “Bajó el consumo de leche porque a las familias no les alcanza la plata, hay que bajar el IVA a los productos de la canasta básica”.

El tucumano consideró que “es muy difícil interpretar o creer que los precios vayan a bajar a partir de gravar con el 10,5%”. Y mencionó “números del INDEC” que indican que “en marzo las leches de larga vida tuvieron una caída interanual del 30,1%, frente a una baja del 3,3% de la leche en sachet”, además de que, en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el precio de la leche “se incrementó en un 31,5%”.

Por Melisa Jofré

Tras haber incorporado una serie de cambios al texto original, el Frente de Todos avanzó este martes con la firma del proyecto de moratoria, enviado por el Gobierno, y buscará aprobarlo este mismo viernes en el recinto.

El dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda reunió 27 votos a favor, mientras que Juntos por el Cambio presentó un despacho propio que alcanzó las 22 firmas.

Al Frente de Todos lo acompañó Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón; y Pablo Cassinerio (Córdoba Federal), del Interbloque Federal comandado por Eduardo “Bali” Bucca.

Precisamente desde el Interbloque Federal, los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño (Consenso Federal) -quienes no forman parte de la comisión- manifestaron sus diferencias con lo propuesto por el oficialismo y anticiparon que presentarían sus observaciones. Por lo tanto, se avecina para la sesión una votación dividida dentro de este espacio, que reúne 11 legisladores.

Aunque el Frente de Todos introdujo modificaciones, tales como incorporar beneficios a los contribuyentes cumplidores o eliminar que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de prorrogar el régimen sin pasar por el Congreso, el hecho de mantener el beneficio de moratoria para empresas en quiebra sin continuidad de actividades mantuvo el rotundo rechazo de Juntos por el Cambio.

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Desde el principal interbloque opositor denunciaron nuevamente una “ley de amnistía”, a medida de los empresarios Cristobal López y Fabián de Sousa, dueños de la petrolera OIL Combustibles, en proceso de quiebra y con una deuda millonaria investigada por la Justicia.

Además de quedar afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART, en los cambios se excluyó también del régimen a las personas humanas o jurídicas que posean activos financieros situados en el exterior; a las entidades financieras; y a las empresas telefónicas, “en la medida de que se verifique que han tenido un aumento en su facturación, en los términos y condiciones que determine la reglamentación, quedando exceptuados de esta exclusión las Cooperativas y MyPYMEs”.

Antes de detallar las modificaciones, Carlos Heller, presidente de la comisión, expresó: “Hemos recogido una cantidad de cosas que entendemos pueden tener consenso y han sido consultadas con el Poder Ejecutivo. No todas las cosas que se plantearon fueron incorporadas, porque tenemos diferencias concretas y profundas; pero hemos logrado un avance en relación a lo que era el proyecto original”.

En tanto, el radical Luis Pastori señaló que había modificaciones “sustantivas” y “en muchos casos recogen pedidos de la oposición”, pero insistió en el desacuerdo absoluto con “incluir a los quebrados sin actividad, en lo que es central OIL Combustibles. Este punto por si solo amerita que presentemos dictamen de minoría”.

En el mismo sentido, su par José Cano remarcó que “todas las coincidencias que podemos tener con el oficialismo quedan en las antípodas de nuestra visión cuando se incorpora a la empresa OIL Combustibles de Cristóbal López, con conclusiones lapidarias por parte de la AFIP durante nuestra gestión y la del actual oficialismo, y con un avance de causas en la Justicia”. “No podemos con una ley garantizar impunidad”, agregó.

En tanto, el macrista Luciano Laspina afirmó que “la moratoria es necesaria, probablemente sea la más justa y necesaria de la historia de las moratorias”. Sin embargo, se preguntó los “criterios” de las nuevas exclusiones y pronosticó que podrían traer “problemas en materia de fallos judiciales”.

“Alguien podría decir, ¿por qué las telefónicas no y las minerías sí?”, subrayó y también planteó “qué va a pasar con las empresas vinculadas al comercio exterior”, en referencia a la no inclusión de las empresas con activos financieros fuera del país.

El vicepresidente de la comisión celebró que “se haya incorporado un premio al contribuyente cumplidor”, aunque “falta la cuestión del incentivo hacia adelante”.

“La diferencia más grande que tenemos es respecto al artículo 11, que el Gobierno no ha modificado, que es la inclusión de las empresas en quiebra sin continuidad de actividades”, dijo y recordó que hay casos de “quiebras fraudulentas” que “han defraudado al Estado”, por lo cual este punto “representa una enorme injusticia y una afrenta al principio de legalidad”.

El santafesino resaltó: “No estamos a favor de la ley de amnistía para OIL Combustibles, que incluye esta moratoria de manera excepcional”. “Jamás en la historia de las moratorias se ha incluido tamaña injusticia”, continuó y consideró que avanzar con esto “es una señal tremenda” y “una vergüenza para este Congreso de la Nación”.

Recogió el guante Heller, quien lo invitó a Laspina a dar un día “un debate público y abierto” sobre “alguna de esas cosas que usted ha dicho”, y recordó entonces que cuando durante el macrismo se debatió el blanqueo tuvo “una enorme indignación cuando vi que se le permitía blanquear a gente que había cometido delitos, había dejado de tributar y se había llevado plata de Argentina”.

“El kirchnerismo también tuvo blanqueos y ahora se está evaluando otro”, retrucó Laspina, a lo que agregó que eran casos “provenientes de evasión tributaria”. “La evasión tributaria es un delito, es una defraudación al fisco”, contestó el oficialista y completó: “Y la plata que se fuga, como se fuga, muchas veces tampoco se sabe cuáles son sus orígenes y de dónde viene”.

Es una vergüenza para el Congreso votar el artículo 11. El mensaje que damos a futuro es: “quédate con la plata de los argentinos, estafá al Estado, quebrá tu empresa que total nosotros te damos un cómodo plan de pagos para salvarte“. Un antecedente nefasto e inédito.

— Luciano Laspina (@LaspinaL) July 28, 2020

A su turno, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, reiteró que “estamos ante una quiebra en plena ejecución, la jueza de la quiebra acaba de ordenar seguir adelante la liquidación de los bienes. En enero de 2020, OIL Combustibles pidió un avenimiento a la moratoria, pero los abogados de AFIP dijeron no a lugar por la defraudación y la causa judicial”.

“Todos sabemos que en esa quiebra hay 100 millones de dólares en bienes. Es una quiebra sin continuidad, ya no hay actividad alguna de la empresa. El 90% de las acreencias las tiene el Estado argentino, es decir que es el primero para cobrar. Sin embargo, le abren la ventana para que tenga doce años para pagar, los eximen a sus dueños de las causas penales y, además, interrumpen el camino judicial. Este es un antecedente gravísimo. Tiene nombre, apellido y domicilio. Les están poniendo a los procesos concursales una mancha negra que ningún gobierno antes se animó”, lanzó.

El cordobés recordó que en la moratoria de diciembre, a través de la Ley de Solidaridad Social que incluyó únicamente a las PyMEs, “no se incorporaron a los combustibles ni a los juegos de azar”. “OIL Combustibles cobró entre 2010 a 2015 el impuesto y no los derivó a la AFIP, sino que hizo nuevas unidades de negocios”, añadió.

Este es un antecedente gravísimo. Tiene nombre, apellido y domicilio. Les están poniendo a los procesos concursales una mancha negra que ningún gobierno antes se animó. #CristobalLopez #MoratoriaSiImpunidadNo pic.twitter.com/77Bt7NwEOx

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 28, 2020

En el cierre, el oficialista Dario Martínez manifestó: “Con respecto a las particularidades que plantean, de los trajes a medida: el Gobierno no toma ninguna decisión en ese sentido. El Gobierno toma decisiones en función de seguir movilizando la rueda de la economía”.

“Aquellos que entendían al Estado como una herramienta para beneficiar a un sector, a una persona, poner a un familiar en un decreto… este no es este el espíritu de esta moratoria”, defendió de las críticas el legislador del FdT y sostuvo que se trata de que “una deuda con el Estado, con la AFIP, no sea una traba para que esa rueda gire con dificultades u obligue a cerrar una ventana o despedir un trabajador”.

La nueva moratoria permitirá incluir deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. En tanto, se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre.

El oficialismo en la Cámara de Diputados buscará dictaminar este miércoles el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo el fin de semana, y llevarlo al recinto este viernes. Así lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

Al comienzo de la reunión de este martes, el legislador dijo que a partir de las 15 expondrán funcionarios del Ministerio de Economía -entre ellos el secretario de Hacienda, Raúl Rigo- y el titular de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makón.

“La propuesta de trabajo es muy acotada para la complejidad del tema”, enfatizó el radical Facundo Suárez Lastra, que además planteó la falta de tiempo para poder “evaluar” el proyecto. “No hemos tenido el tiempo de reflexionar como para saber qué preguntas vamos a hacer a los funcionarios”, agregó y reclamó “más tiempo para el tratamiento de la ampliación presupuestaria”.

En tanto, Heller respondió: “No es propósito de esta presidencia apurar el tratamiento, pero sí quiero decirle que esta ampliación presupuestaria tiene urgencia desde el punto de vista de las necesidades del Poder Ejecutivo”.

El titular de la Comisión de Presupuesto remarcó que el Gobierno necesita de esta ampliación “para poder enfrentar las obligaciones del mes de agosto” referidas “al IFE, al ATP”, entre otros gastos en el marco de la emergencia sanitaria.

Finalmente, el diputado del Frente de Todos le pidió a la oposición que acepten “el criterio” y “entre mañana (miércoles) y la sesión del viernes nos podamos permitir debatir y analizar las cosas que tengamos que analizar”.

El Frente de Todos en el Senado avanzó este martes con el proyecto de ley para reestructurar la deuda bajo legislación local, enviado por el Poder Ejecutivo, que propone un tratamiento similar a la oferta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.

Los legisladores de Juntos por el Cambio manifestaron su acompañamiento al tema, pero anunciaron que firmarían el dictamen con disidencias parciales, a raíz de que no se haya aceptado esperar una semana más para afinar la redacción de la iniciativa.

Luego de la presentación de funcionarios del Ministerio de Economía, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, consideró que este “es un tema estratégico para la economía del país” y “es central arreglar el tema de la deuda” antes de “empezar con el tema presupuestario”. En ese sentido, y asegurando que hay en torno a la cuestión “muchas especulaciones”, sostuvo que “la respuesta del Parlamento tiene que ser inmediata” y pidió emitir dictamen.

Desde JxC, el radical Martín Lousteau expresó: “Yo entiendo que se trata de un tema vital para el futuro de la Argentina, pero también entiendo que estamos hablando de un universo de 42 mil millones de dólares distribuidos en un montón de tenedores argentinos, organismos del sector público”.

“Lo que hagamos nosotros, si está bien o mal hecho, puede condicionar de una u otra manera la reestructuración de deuda extranjera”, advirtió y, tras señalar que el proyecto ingresó “hace muy poco”, explicó: “En la exposición detectamos algunas falencias, por ejemplo el de la cláusula RUFO, que es importante porque, supongamos que sancionamos la ley, y la invitación al canje ocurre después. Si entre que nosotros empezamos a tratar la ley, la sancionamos y la invitación al canje, hay otra mejora en la oferta a los tenedores extranjeros, entonces los tenedores locales no estarían contemplados, estarían desfavorecidos”.

Por eso, pidió “tener una redacción trabajada como corresponde, en conjunto con el Ministerio de Economía” y despachar la iniciativa la semana próxima.

Sin embargo, el presidente de la comisión, el cordobés Carlos Caserio, ratificó la voluntad del oficialismo de avanzar con el dictamen y manifestó el “compromiso” de que, si en el Ministerio de Economía consideran esta modificación, “nosotros el día de la sesión estamos dispuestos a incorporarlo”.

La exposición de los funcionarios

A la reunión de este martes asistieron -de manera remota- Diego Bastourre, secretario de Finanzas; Ramiro Tossi, subsecretario de Financiamiento; y Sergio Chodos, director por el Cono Sur ante el Directorio del FMI.

Bastourre arrancó detallando los antecedentes de esta ley que fijó en tres decretos, comenzando por el 346, del 4 de abril, que estableció el diferimiento de los pagos de toda la deuda pública nacional bajo legislación argentina, de títulos denominados en dólares pero pagaderos en pesos. El mismo estableció el diferimiento de pagos hasta el 31 de diciembre del presente año.

Otro decreto es el 391, donde se aprueba la reestructuración de los títulos emitidos bajo ley extranjera mediante una invitación al canje de títulos. El secretario explicó que se brindó una cantidad de títulos que ingresaban a esa oferta de canje y se establecieron también las bases para la emisión de los nuevos títulos.

“Ese es el antecedente del último decreto, el 582, donde se aprueba la enmienda a la propuesta que había sido iniciada por el decreto 391 -precisó-. Es el que establece el marco de la oferta vigente y sobre esa base hemos planteado los términos y condiciones para lo que es esta operación que hoy venimos a pedir autorización para llevar adelante”.

El funcionario defendió el proyecto como “una oferta que está diseñada en sintonía, en un marco de equidad con la propuesta que la República tiene vigente en el marco del decreto 58”. “Vamos a permitir que aquellos inversores que deseen cambiar sus tenencias por títulos en dólares, puedan optar por instrumentos en pesos, por títulos ajustables en CER”, continuó.

¿Qué títulos entran bajo esta ley? “Son títulos denominados en dólares y algunos también denominados en dólares pero pagaderos en pesos. Hay un artículo que establece que para aquellos que no deseen participar en la oferta, vamos a diferir los pagos hasta el 31 de diciembre 2020”, detalló y agregó que “estamos planteando un informe final que nos comprometemos a presentar en 90 días una vez finalizada la operación”.

Por otra parte, Bastourre señaló que aquellos tenedores de títulos elegibles podrán optar según un menú de opciones. ¿Cuál es la familia de títulos elegibles? Suma en su totalidad 41.714 millones de dólares. “Van a notar que el monto que figura en el proyecto es 45.818 millones de dólares, y acá hay una pequeña salvedad -apuntó-. Es que la semana pasada condujimos una operación de administración de pasivos que nos permitió el canje de distintas letras y bonos y dos notas que fueron pesificadas, por 4.108 millones de dólares. Así que hicimos esta operación que reduce el monto total de la operación”.

A la hora de hablar de los intereses, el secretario explicó que “dependiendo de la fecha original de cada vencimiento, se va acumulando una cantidad de intereses que fueron diferidos. Lo que planteamos es el mismo tratamiento; reconocer esos intereses a partir de la emisión de un nuevo título, con vencimiento 2030, que se haría en ocho cuotas amortizables, con una tasa de interés del 1%”.

Agregó que “independientemente de cuál es el título de entrada, el interés se va a reconocer en un único bono, lo que facilita la liquidez para el inversor”.

En su exposición, Bastourre hizo hincapié en los incentivos para atraer a los bonistas. Al detallarlos, indicó la determinación de un período de participación temprana, que va a estar ligada a un incentivo, que se alinea con los intereses devengados en cada capítulo.

“Aquel tenedor que participe de la oferta en un período de participación temprana, va a tener sus intereses devengados en su bono correspondiente hasta el 4 de septiembre; los que participen después, van a tener un reconocimiento de los intereses devengados, pero solo hasta el día 6 de abril. Entonces se establece una ventana de unos 4 meses de mayor reconocimiento de intereses por parte del sector público como incentivo a aquellos que voten afirmativamente la propuesta”, dijo.

“¿Por qué 6 de abril?”, se preguntó, respondiendo: “Porque es esa fecha en la que se resolvió discontinuar los pagos de legislación local con el decreto 346”.

Respecto al pago de intereses, los primeros pagos se harían desde el 2021 y el primer pago se plantearía para septiembre; y en el caso de los instrumentos en pesos, habría un pago en mayo para incentivar esa excepcionalidad. Los pagos en capital, dependen de cuáles sean los instrumentos de salida, que comienzan a pagar capital en 2025.

Más adelante, el funcionario remarcó una particularidad de la reestructuración, que figura en el artículo 3°. Allí “prevemos un mecanismo a través del cual se van a poder evitar litigios, pensamos, gente que por alguna razón no pudo ingresar, porque no se enteró, o porque estaba en una sucesión, o algo así, que tienen voluntad, pero que por distintas razones no alcanzan a ingresar. No van a tener el incentivo de los intereses, pero la autoridad de aplicación, el Ministerio de Economía, va a tener la facultad de ir recibiendo esas ofertas, y en vistas de ese procedimiento van a poder acceder a esta oferta en algún punto futuro”, sostuvo.

“Esperamos que ese mecanismo de premios y castigos nos ayude a lidiar con los remanentes, ya que no existe la cláusula de acción colectiva, ese mecanismo no está vigente en este caso”, añadió.

Por otra parte, subrayó otra particularidad, la que tiene que ver con los derechos a los que acceden los que aceptan, derecho que tendrán los acreedores a mejoras hipotéticas futuras que pudiera hacer el Estado a futuro a los tenedores de la ley externa. “Si entre el 4 de septiembre y 5 años después, la República voluntariamente diera una mejora financiera a la propuesta, los que acepten esta propuesta van a tener derecho a esa mejora equivalente”, apuntó.

Sobre el final de su explicación, Bastourre detalló la composición de la deuda pública. Contó que “el universo del endeudamiento a diciembre de 2019 totalizaba 323 millones de dólares, en la actualización más reciente se compone con un 14% de la deuda del Fondo Monetario; casi 10% con otros organismos multilaterales y bilaterales; deuda bajo legislación extranjera, 21%, no es la porción más sustantiva; bajo ley local, 34%, no toda corresponde a este proyecto alcanzada, y después deuda en pesos, 22% de la deuda local”.

A la hora de la intervención de los senadores, el economista Martín Lousteau celebró la “autolimitación” que impone el proyecto, por cuanto -dijo- “esperábamos que el tenedor local iba a ser sometido a una ley diferencial y peor, así que nos parece que este proyecto de ley es positivo desde el punto de vista de la autolimitación para tratar al tenedor y al inversor local de la misma manera que va a tratar al inversor extranjero, porque en general ese no ha sido el caso en la Argentina, que ajusta al tenedor local porque tenemos más instrumentos jurídicos acá para imponerle otro tipo de tratamiento”.

“Con respecto al espíritu, estamos de acuerdo”, señaló Lousteau, que expresó una serie de dudas, entre ellas la redacción de la cláusula RUFO, que sugirió hacer más clara. En ese sentido recomendó redactarla poniendo “desde la sanción de la presente”, ya que no está clara todavía la fecha de invitación al canje. Bastourre se mostró abierto a introducir una modificación, “a los efectos de redactarla de alguna mejor manera. Podríamos trabajar en una redacción alternativa”, admitió.

Por Melisa Jofré

Luego que el oficialismo en la Cámara de Diputados aceptara postergar una semana el dictamen del proyecto de moratoria ampliada -enviado por el Gobierno-, la oposición pidió este martes introducir una serie de modificaciones al texto, durante una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Legisladores de Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo coincidieron en solicitar cambios, entre los que se destacan la exclusión de las empresas en quiebra, la ampliación del plazo para acceder al régimen y un premio a los contribuyentes cumplidores.

Al comienzo del encuentro, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), anunció que la firma del despacho se realizaría el martes próximo y sostuvo que “esta moratoria tiene un doble propósito”.

“Por un lado, facilitar el ingreso de quienes han quedado afuera por distintas situaciones del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, previsionales y aduaneras; pero al mismo tiempo, generar un incremento significativo de la recaudación, que se ha caído de manera notable”, señaló.

El oficialista subrayó también que la moratoria “le permite a quien está en una situación irregular, regularizar su situación, pero al mismo tiempo esa regularización tiene una condición que es cumplimiento hacia adelante de las obligaciones”.

Tras la lectura por parte del secretario de la comisión de todos los proyectos presentados sobre el tema, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro), defendió la iniciativa de Juntos por el Cambio y aseguró que el proyecto del Ejecutivo “se trata de dos leyes” en un único texto.

“La moratoria es algo en lo que todos coincidimos”, expresó el santafesino y, aunque consideró que quizás no sea un “buen momento”, es “una de las moratorias más justificadas que yo recuerde”. A continuación, propuso “dar un premio al contribuyente cumplidor” como sucedió en la moratoria de 2016 y resaltó: “Además del premio queremos generar un incentivo”.

Pero, por otra parte, el macrista cuestionó que “lo que tiene también el proyecto adentro es una ley de amnistía; un traje a medida de las necesidades de OIL Combustibles”, la petrolera en proceso de quiebra de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza.

Laspina indicó que se trata de “una cuestión inédita” incorporar a “los quebrados sin continuidad de actividades”, por lo que el artículo 11 del proyecto sería “un precedente muy negativo” y “podría generar gran perjuicio para la hacienda pública”.

En ese sentido, solicitó que la AFIP remita a la comisión “un dictamen técnico” respecto a “la conveniencia” de avanzar con ese punto, además de “un listado de todos los expedientes susceptibles de ser alcanzados por el beneficio”.

“En lugar de darle un salvavidas a una empresa que ya no tiene continuidad de sus actividades, deberíamos estar discutiendo una reforma a la Ley de Quiebras”, opinó y pronosticó que después de la pandemia habrá “una catarata de quiebras”.

En tanto, Luis Pastori (UCR) pidió introducir “una cláusula que incorpore expresamente el impuesto a los Bienes Personales y el impuesto a las ganancias de las personas humanas” para “poner en pie de igualdad a las personas humanas y jurídicas”.

“También deberían estar incorporadas las obras sociales, que tienen una morosidad bastante elevada; y proponemos que tanto el impuesto a los combustibles como el impuesto a las apuestas permanezcan excluidos”, agregó.

El radical sostuvo que habría que “ampliar la ventana temporal de acceso a la moratoria” porque hasta que se apruebe la ley y la reglamente la AFIP, “el 31 de octubre suena muy próximo”, por lo que señaló que “el 30 de noviembre” sería una fecha adecuada de corte para acogerse al régimen, además de “un plazo de espera de tres meses para el pago de la primera cuota”.

Por su parte, Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) planteó que se puedan regularizar las deudas acumuladas hasta el 31 de octubre -en el proyecto original el plazo es hasta el 30 de junio-, y que haya tiempo para adherirse hasta el 31 de diciembre -en la versión oficial es hasta el 31 de octubre-, es decir, un mes más de lo propuesto por Pastori.

También, el legislador del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo apuntó que “más que invitar” a las obras sociales, hay que “proponerles planes de pagos”, al igual que a las ART. Finalmente, manifestó que “algo que reclaman muchos contribuyentes que están al día” es “algún beneficio” para “seguir cumpliendo con el fisco”.

Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “No estamos de acuerdo con este tipo de moratorias porque son eternas”. Y se quejó de que “grandes empresas” puedan ingresar a una moratoria cuando “han recaudado dinero de terceros, que se lo han quedado en lugar de transferirlo de forma inmediata al fisco”. “Estamos en presencia de un salvataje y un nivel de subsidio a las patronales que es infernal”, enfatizó.

Desde el Interbloque Federal, Jorge Sarghini, autor de otra iniciativa, dijo que habría que excluir “a aquellas deudas que corresponden a los impuestos indirectos en las apuestas online” y, por otra parte, incluir un artículo “en defensa del Estado” para que los beneficiarios de esta moratoria deban “desistir de toda acción o derecho contra el Estado Nacional por causas relacionadas a este régimen”.

Asimismo, el bonaerense coincidió con lo planteado desde Juntos por el Cambio en eliminar el artículo 11 que permite el ingreso de las empresas en quiebra, las cuales “sus causas nada tienen que ver con la pandemia”, porque se produjeron anteriormente, y además “dentro de ésas, hay quiebras fraudulentas”. Y remarcó que tras la crisis económica provocada por la pandemia, “va a haber un pedido de quiebras en cascadas” y “de eso sí nos tenemos que hacer cargo”.

Sarghini también propuso “incorporar un artículo que premie a los buenos contribuyentes” y “que haga de incentivo para la continuidad del cumplimento de estos contribuyentes hasta fin de año”. “Todas las moratorias son injustas”, expresó el legislador de Consenso Federal, al tiempo que reconoció que “es necesaria” en el contexto actual, pero advirtió que hay que “darle mucha equidad interna, tratar igual a los iguales. No hay que beneficiar a nadie en detrimento de otro”.

En representación del oficialismo, Marcelo Casaretto apuntó que en 2018 y 2019 “cayó la actividad económica en Argentina” y hubo, en ese mismo período, más de tres mil concursos preventivos. “Venimos de una situación en la cual quebraron seis empresas por día en 2018, y siete empresas por día en 2019”, recordó.

“Desde el Gobierno tenemos que permitir que esas empresas puedan normalizar su situación impositiva”, defendió y consideró que “tenemos que tenderle la mano a todos”, abarcando “todos los impuestos”.

El entrerriano subrayó que “todos los sectores de la actividad económica y todos los sectores de la sociedad están pidiendo un régimen de moratoria para enmarcarse dentro de la ley”, e insistió: “Todos necesitan la mano tendida del Estado para volver a crecer”.

Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos (FdT), solicitó que se mencionen específicamente como beneficiarias de la moratoria a las organizaciones comunitarias, que “han tenido un rol tan notable en el propio desarrollo y contención de diferentes acciones que han permitido mitigar el impacto de esta crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables”.

Finalmente, Heller sintetizó las cuestiones planteadas y envió un mensaje a la oposición al decir que “el consenso no puede ser una trampa que le da a la minoría la posibilidad de impedir que se aprueben las cosas. El consenso tiene que ser una cosa flexible e inteligente, y una búsqueda del acuerdo”.

“Cuando no hay consenso, vale la voluntad mayoritaria”, sostuvo y añadió: “Sigamos buscando aquellas cosas que podamos dialogar con el Poder Ejecutivo, y podamos ir incorporando y tratar de llegar al mayor consenso posible. Y en las cosas que no tengamos consenso, tendremos que resolverlo como se resuelve democráticamente, construyendo mayorías para una u otra posición”.

El Frente de Todos decidió postergar una semana más el dictamen del proyecto de moratoria ampliada, enviado por el Poder Ejecutivo, según lo informó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller.

Al comienzo del encuentro de este martes, el oficialista reveló que hay cuestiones planteadas por la oposición -a través de otras iniciativas- que se están “considerando” y “hablando” con el Gobierno “para ver cuáles de esas cosas pueden ser modificadas”.

Heller reconoció que “aquellas cosas que podamos incorporar” facilitarán los acuerdos y la aprobación de la ley. Por eso, aclaró que esta reunión sería “para exponer, pero no es nuestro objetivo sacar dictamen”, y afirmó que se convocará a una nueva cita el martes que viene.

“Nos tomamos una semana para habilitar la posibilidad de seguir discutiendo, analizando diversos aspectos y tratando de lograr las mayores coincidencias posibles”, dijo.

Y agregó: “Creemos que, más allá de las cosas que hay que perfeccionar, este es un buen proyecto, que viene a atender un reclamo generalizado. Es imperioso y necesario que nos aboquemos a esta situación”.

Sorteados finalmente la última semana los problemas para sesionar, el Parlamento se mete de lleno, ahora sí, en el trabajo legislativo en este contexto de pandemia que obliga a reuniones virtuales. De esa manera es que esta semana sesionarán para emitir dictamen para los dos proyectos aprobados de manera remota por los diputados durante la sesión del miércoles pasado.

Es así que este lunes, a partir de las 11, se reunirán conjuntamente y de manera virtual las comisiones de Salud (que preside el radical Mario Fiad) y de Presupuesto y Hacienda (encabezada por el oficialista Carlos Caserio) para tratar el proyecto de ley aprobado el miércoles en Diputados que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus Covid-19.

Se trata de la Ley Silvio, un proyecto que lleva el nombre de Silvio Cufré, en honor al enfermero fallecido por Cobid-19 en la provincia de Buenos Aires, a poco de cumplir 48 años, sin saber que se había contagiado de coronavirus. Su autor es el diputado Eduardo “Bali” Bucca, quien pretendió con el proyecto hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud que han perdido la vida y a los 900 trabajadores de la salud que ya han sido contagiados en este contexto.

Se descuenta que obtendrá dictamen este mismo lunes y por lo tanto será la primera vez en la historia del Congreso de la Nación que se registre ese procedimiento de manera remota con un proyecto de ley. Ya había habido dictámenes, pero en la Bicameral de Trámite Legislativo para 20 DNU firmados por el presidente.

La iniciativa, que consta de 11 artículos, declara “prioritaria para el interés nacional la protección de la vida y la salud del personal del sistema de salud argentino y de los trabajadores y voluntarios que cumplen con actividades y servicios esenciales” en el marco de la pandemia.

El principal objetivo del programa será la prevención del contagio del coronavirus y alcanza a “todo el personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se efectúen prácticas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de muestras y tests, y/o atención y tratamiento de Covid-19, cualquiera sea el responsable y la forma jurídica del establecimiento”.

A continuación del plenario con Presupuesto y Hacienda, la Comisión de Salud analizará una serie de otros proyectos correspondientes a los senadores Sergio Leavy, Oscar Castillo, Silvia Giacoppo, Víctor Zimmermann, Emilio Neder, Antonio Rodas, Mario País y Julio Cobos.

Exención de Ganancias

Al día siguiente, también a las 11, habrá otro plenario en el que estarán los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda junto con los de la Comisión de Trabajo que encabeza el pampeano Daniel Lovera, a los efectos de tratar en revisión el proyecto de ley que establece beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros trabajadores ante la pandemia de Covid-19.

El proyecto es el otro aprobado el miércoles en la Cámara baja por unanimidad para eximir del pago del impuesto a las Ganancias a trabajadores esenciales y otorgar, a su vez, una pensión graciable a familiares de servidores que hayan fallecido por Covid-19 en ejercicio de su labor.

Ambas reuniones serán transmitidas por el canal oficial del Senado en Youtube y el Canal 20 digital de Telecentro.

Luego de que Gobierno porteño presentara la medida en la Legislatura de la Ciudad, la Comisión de Presupuesto -presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)- se reunirá este lunes con funcionarios del Ministerio de Hacienda, a fin de que brinden mayores precisiones sobre el “plan de emergencia económica y financiera” para hacerle frente a la lucha contra el coronavirus.

La iniciativa prevé declarar esa emergencia hasta el 31 de diciembre de este año y que lo autorice a introducir modificaciones en las partidas presupuestarias a fin de “lograr mejores resultados en la inversión de los recursos y a fin de resguardar el funcionamiento y la calidad de los servicios públicos”.

De esta manera el poder legislativo, el judicial y la Defensoría del Pueblo “podrán modificar la distribución funcional, económica y por objeto del gasto, en tanto que el monto total anual de dichas modificaciones por cada categoría enunciada no supere el 5% del total del presupuesto asignado a cada Órgano”; entre otras cuestiones.

Tal y como lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura porteña prevé reunirse este martes para llevar a cabo una sesión especial en la que podrán a consideración de los diputados esta iniciativa.

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Anticipándose a la sesión que se realizará este martes, la Comisión de Presupuesto se reunió por teleconferencia con funcionarios del Gobierno de la Ciudad, quienes brindaron precisiones acerca de los dos proyectos de ley relacionados a la toma de deuda y garantizar la cadena de pagos a los proveedores, en el marco de la pandemia por el Covid 19.

El encuentro estuvo presidido por el presidente de dicha Comisión, Claudio Romero (VJ), y contó con la presencia del subsecretario de Finanzas, Abel Fernández, y el subsecretario de Hacienda, Gustavo Arengo.

En ese contexto, Fernández explicó que “uno de los proyectos es la ampliación de un bono proveedor, que ya hemos colocado completamente que tenía un monto de nueve mil millones; ese monto ha sido colocado exitosamente entre los proveedores de la Ciudad” y destacó que “lo que solicitamos ahora es la ampliación de dicho monto y el cambio de la fecha valor, que nos permita tomar deudas anteriores al 15 de abril del 2020”.

Al mismo tiempo que precisó que “el bono proveedor es un bono que sirve para mantener el funcionamiento de la cadena de pagos, es decir, le permite al proveedor hacerse de la liquidez inmediata en un momento de estrés financiero en la caja de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Cuando cada proveedor presenta una factura en la Tesoreria de la Ciudad se le entrega un porcentaje en bonos y otro en dinero. Con el Banco Ciudad creamos un producto que es espejo a la estructura del bono, esto quiere decir que si el bono tiene una estructura de vencimiento de un año y medio, devuelve un porcentaje en capital cada seis meses y tiene una tasa de interés; el Banco Ciudad replica esa misma estructura y le da un préstamo equivalente al proveedor”, detalló y añadió que “entonces el proveedor recibe el bono, lo entrega en garantía al Banco Ciudad y el banco le da el dinero”.

Además precisó que “Este un producto que nos va a permitir a nosotros, en esta restricción de caja que tenemos por la caída en la recaudación, mantener la cadena de pagos con nuestros proveedores. La mayoría de ellos son PyMEs y esta es una solución que varias provincias están adoptando”.

En cuanto a la otra iniciativa, mediante la cual se prevé que se autorice al Gobierno de la Ciudad a contraer empréstitos por hasta 150 millones de dólares, Fernández precisó los montos que los distintos organismos internacionales están dispuestos a otorgarle al distrito capitalino.

“Hoy por hoy, debido a la situación en la que estamos, no me permite asegurar si el financiamiento que obtendremos será en pesos o moneda extranjera. Estamos intentando priorizar el financiamiento en moneda local, pedimos estas garantías no para endeudarnos en dólares sino para intentar hacerlo en pesos”, completó.

Por su lado, Romero indicó que “los dos proyectos son muy importantes. Uno de ellos porque fija poder duplicar a 18 mil millones lo que es la deuda a proveedores, para que puedan tener liquidez a la emergencia que hay” y remarcó que “el proyecto del endeudamiento es importante para poder salir a buscar fondeo. Todas las provincias lo están haciendo y esto va a permitir poder tener equilibradas las cuentas de la Ciudad”.

En el encuentro virtual estuvieron presentes los legisladores Claudio Romero, Lucía Romano, Claudio Cingolani, Victoria Roldán Méndez, Paola Michielotto, Natalia Fidel, Matías López, Cristina García, Esteban Garrido, Diego García Vilas, Agustín Forchieri (VJ), Marcelo Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Diego Weck, Martín Ocampo (UCR-Ev), Diego Abrevaya (GEN), Javier Andrade y María Rosa Muiños (FdT).

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A tres años de la firma del Consenso Fiscal, la Comisión de Presupuesto -encabezada por el oficialista Claudio Romero (VJ)- firmó este miércoles el despacho de un proyecto que envió a la Legislatura porteña el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual buscaran cancelar temporalmente ese acuerdo y suspender por el plazo de un año la baja de Ingresos Brutos en el distrito capitalino.

Dicho pacto había sido firmado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el alcalde local, quienes acordaron “suspender hasta el 31 de diciembre del año 2020” lo relativo “a la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Sellos entre otros”, asumidos en 2017 y 2018.

De esta manera, una vez que la Legislatura apruebe el dictamen recientemente firmado, el Ejecutivo porteño se pondrá en consonancia con el Gobierno nacional que había suspendido dicho acuerdo en diciembre pasado. Cabe destacar que a pesar de ello, se cobrará este año las mismas alícuotas que percibió durante 2019.

Según se desprende de la iniciativa presentada en el Parlamento, este mecanismo de revisión ya se encontraba previsto en el artículo 2 de la Ley Tributaria, la cual había sido votada en 2019 por los legisladores de esa misma Casa.

Cabe señalar que la semana pasada el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Andrés Gustavo Ballotta; el responsable de la Dirección General de Rentas (DGR), Demian Eliel Tujsnaider; y la representante de subsecretaria de Finanzas, Nereida María Laura Delgado, brindaron precisiones al respecto de la medida ante la Comisión de Presupuesto.

“No habrá suba en medicina prepaga y se generará mayores ingresos brutos que estimamos en 14.700 millones de pesos, de los cuales 5.400 millones serán por servicios financieros y 4.000 millones por industria”, afirmó Ballotta en aquella ocasión. Respecto a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) aseguró que “la actualización seguirá siendo en función de la inflación con cinco meses de antigüedad”.

En el marco de la que fue la primer audiencia pública del año, la Legislatura porteña analizó un pliego que se impulsó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se postula a las nuevas autoridades del Banco Ciudad, cuya máxima autoridad -en caso de que el cuerpo parlamentario apruebe la normativa- será Guillermo Laje, quien es primo y asesor del senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.

La audiencia estuvo a cargo de la Junta de Ética -presidida por María Luisa González Estevarena (VJ)- y la Comisión de Presupuesto –encabezada por el oficialista Claudio Romero (VJ)-, allí los candidatos a integrar el nuevo Directorio del Banco Ciudad expusieron sus antecedentes curriculares y visión institucional sobre la entidad bancaria.

El primero en exponer fue Laje, quien fue entre 2016 y 2017 representante especial para la promoción comercial en la Embajada argentina ante los Estados Unidos. Luego tomó la palabra el candidato a vicepresidente Fernando Jorge Elías, licenciado en Relaciones Internacionales (USAL) que desde abril de 2016 ocupa ese cargo en la entidad pública.

Además, hablaron los candidatos a vocales, el licenciado en Economía (UBA) Franco Moccia, quien se desempeñó hasta el 9 de diciembre pasado como ministro de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno porteño; Delfina Rossi Silvano, licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona que en 2015 ocupó la dirección del Banco Nación; Gastón Leonardo Rossi, licenciado en Economía (UBA) actual vocal de directorio del Banco Ciudad y Nicolás María Massot, licenciado en Economía (UTDT) y presidente del Bloque PRO en la H. Cámara de Diputados de la Nación entre 2015 y 2019. Cerró las exposiciones la Contadora Pública (UBA) y ex legisladora porteña Paula Beatriz Villalba, propuesta como síndica.

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Una vez concluida la Audiencia se efectuó una reunión conjunta de diputados en la que se firmó el dictamen que será elevado al Pleno en las próximas sesiones ordinarias.

Cabe señalar que antes de que se realice la audiencia pública, la Legislatura porteña conformó la Comisión de Presupuesto, que hasta entonces no había sido constituida. “Ratifico mi compromiso con todos los vecinos para seguir transformando nuestra ciudad. Agradezco a mis compañeros de comisión y del bloque Vamos Juntos por elegirme”, manifestó Romero al momento de asumir la presidencia de la misma.

Si bien la conformación de las distintas Comisiones suele definirse en los últimos días de febrero, la Legislatura porteña deberá apurar la conformación de la Comisión de Presupuesto debido a que este martes se realizará una audiencia pública en la que se definirán las nuevas autoridades del Banco Ciudad,  la cual será encabeza en una reunión conjunta entre la Junta de Ética y dicha Comisión.

Según le informaron diversas fuentes a parlamentario.com, la reunión en la que se evaluará a los miembros que formarán parte de la Comisión de Presupuesto -que hasta el año pasado fue presidida por la oficialista Paula Villalba (MC), quien actualmente aspira a un cargo en el directorio de esa entidad bancaria- se llevará a cabo este viernes a las 12 en la Legislatura porteña.  Las prisas en determinar esa conformación se debe a que la convocatoria de los diputados a la audiencia pública debe realizarse con un mínimo de 48 horas hábiles.

En lo que respecta a la conformación de la misma, es el legislador de Vamos Juntos Claudio Romero quien tendría más chances de convertirse en el presidente de la Comisión; sin embargo, aún resta confirmar quienes serán el resto de los legisladores que formarían parte  de ella.

De acuerdo al pliego presentado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en diciembre pasado, la máxima autoridad del Banco Ciudad sería será Guillermo Laje, quien es primo y asesor del senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau. A la vez que la vicepresidencia seguiría en manos de Fernando Elías, uno de los hombres de confianza del presidente de la Legislatura porteña, Diego Santilli.

Al mismo tiempo que Gastón Rossi seguiría desempeñándose como vocal; mientras que se sumarían en esa posición el exministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Franco Moccia; el exdiputado Nicolás Massot; así como también la hija del ministro de Defensa y exdirectora del Banco Nación, Delfina Rossi.

En tanto Villalba aspira al puesto de “síndico”, teniendo a su cargo las tareas la fiscalización de la administración de la entidad y la verificación de la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran la cartera.

Cabe destacar que tras la realización de esa audiencia pública, la Legislatura porteña deberá darle a la medida sanción definitiva durante una de las primeras sesiones ordinarias del año.