En el marco de un nuevo plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara baja, diputados analizaron este martes la situación de la industria láctea con representantes del sector.

En dicho marco, el presidente de FunPel (Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina), José Di Nucci, explicó: “Las dificultades que compartimos con la mayoría de las actividades productivas del país son la muy intensa presión tributaria y una pérdida de calidad en la infraestructura, sobre todo nos afecta mucho el tema de los caminos y rutas, y en algunos casos la provisión de energía eléctrica, que está débil en varios lugares”.

Luego, Di Nucci señaló que “la exportación nos plantea una serie de desafíos que es competir con otros proveedores mundiales, que nos exigen una calidad para la que debemos prepararnos, invertir y mejorar”. “Esto va a servir también para que nuestros consumidores internos tengan una mejora de la calidad, tanto en la materia prima como del proceso industrial”, agregó.

Sobre las exportaciones, Gustavo Mozeris, gerente Ejecutivo de FunPel, destacó que llevan “19 meses consecutivos de crecimiento interanual”. Luego, enumeró los desafíos de la industria lechera: “Mejorar la productividad promedio de la mano de obra; inversión en plantas con destino exportable; mejorar la capacidad de secado; mayor escala de plantas; renovar el parque industrial que presenta una alta obsolescencia; bajar costos de producción de commodities con colaboración de los tres estamentos de gobierno; insertar más PyMEs en el comercio mundial; y fomentar y desarrollar productos de alto valor agregado”.

Aníbal Schaller, gerente del Centro de Industria Lechera, entidad que representa aproximadamente el 50% de la producción nacional, el 75% de la exportación del país y entre el 30 o 35% del mercado interno, ponderó que “si tenemos más leche y leche con más sólido mejora la productividad y eso baja los costos”.

Por su parte, Patricia Gorza, titular de Mujeres de la Ruralidad Argentina, cuestionó que “sólo el 5% de las mujeres recibe asistencia técnica en el territorio”. “Dar las herramientas para las mujeres que están en la actividad láctea y en las pequeñas actividades lácteas puede ser una generación de arraigo importante además del desarrollo de esa economía”, enfatizó.

El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), Pablo Villano, solicitó el apoyo legislativo para implementar el Convenio Colectivo Pyme del sector lácteo, que permite, entre otras cuestiones, negociar condiciones laborales específicas para empresas de menor escala, la eliminación de aportes y contribuciones al sindicato y producción estacional, para que se pueda tomar gente para el pico de trabajo.

Desde la Cámara de Productores de Leche de Cuenca Oeste de Buenos Aires (Caprolecoba), Guillermina Más, afirmó que “la lechería necesita mantener reglas de economía de mercado y libertad de comercio”, e hizo hincapié en que “la lechería argentina tiene mucho para crecer, pero necesitamos reglas claras, estables, menos cargas fiscales en la medida que se pueda, y una infraestructura real”.

También expusieron Eduardo Jorge García Maritano, ingeniero agrónomo; y Nicolás Welschen y Guillermo Cavallero, de INTA Santa Fe.

Antes de las exposiciones del sector lácteo, hicieron uso de la palabra representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario: Pablo Bortolato, su titular; Guido D'Angelo, jefe de Mercado de Capitales y Sectores Estratégicos en la Dirección de Información y Estudios Económicos (DIyEE); y Fernando Luciani, director Ejecutivo del Mercado Argentino de Valores (MAV). Este último, al señalar que “Argentina hoy tiene un financiamiento vinculado al crédito privado que no supera el 11%”, aseguró que “el financiamiento es una herramienta para crecer y no el remedio a un problema”.

En ese sentido, Luciani agregó: “El mensaje más importante que como mercado podemos dejar es que, como empresas o como políticas públicas, internalizar estas opciones de financiación y de desarrollo es ayudarnos a nosotros a difundir el mercado de capitales como una estrategia de crecimiento”.

Representantes del sector de la industria de biocombustibles expusieron este martes en un plenario de las comisiones de PyMEs y Comercio de la Cámara de Diputados, donde hubo contrapunto entre distintas propuestas que buscan establecer un nuevo marco regulatorio para la actividad.

En el arranque, el presidente de la Comisión de PyMEs, el santafesino Pablo Farías (Provincias Unidas), señaló que el encuentro había sido programado antes que apareciera en escena un proyecto de ley presentado en el Senado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

Al referirse también a la iniciativa del diputado cordobés Carlos Gutiérrez (Provincias Unidas), Farías indicó que "proponen dos esquemas claramente diferenciados sobre la regulación"; mientras el de la senadora "propone derogar la actual Ley 27.640 y establecer un marco distinto", el del cordobés "plantea establecer la elevación de cortes obligatorios, regulaciones diferenciadas y escalonadas".

A su vez, el legislador apuntó que el presentado por Bullrich "propone una elevación de corte menor al 10%", y, en tanto, el de Gutiérrez impulsa "un15% para el biodiésel y bioetanol".

Al iniciarse la ronda de expositores, Marcelo Kuszniersz, director de Doble L Bioenergías S.A. y presidente de la CASFER (Cámara Santafesina de Energías Renovables), dijo que "el mito" de que los biocombustibles "rompen los motores" es "una mentira". "En Brasil hay 30% de corte en bioetanol. El biodiésel está en 15% y se está conversando para pasar a 16%", comparó.

"Las plantas de Rosario están paradas hace un montón de tiempo, pero no solo porque la ley no les permite acceder al mercado interno, están paradas porque la comunidad europea está protegiendo su industria del biodiésel, poniendo cupos y un precio mínimo", resaltó.

Kuszniersz subrayó que el proyecto de Bullrich habla de "la paridad de importación": "Nosotros ponemos un precio máximo y Europa pone un precio mínimo, y Estados Unidos un arancel".

Por el contrario, a favor del proyecto de la senadora libertaria, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), sostuvo que "estamos en un momento histórico y, por lo tanto, es muy oportuno que estemos discutiendo un nuevo proyecto de biocombustibles. La mayoría estamos de acuerdo en que hay que cambiar la ley actual".

"Es importante que, como en todo el resto de los países que hay cortes, haya libertad de mercado y la posibilidad de que el comprador y el vendedor puedan negociar, y ponerse de acuerdo en el precio", consideró y agregó que "hay que salir de la regulación que genera cupos y precios definidos por la burocracia".

En el mismo sentido, Patrick Adam, CEO de DS Ingeniería y Proyectos y director Ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, expresó: "Hace 10 años que la industria del bioetanol está estancada, que no crece, que está bajo un régimen muy duro, que no le permite aumentar el corte, nuevas inversiones y el desarrollo regional".

Para Adam, "hay un mecanismo de regulación que está absolutamente agotado, la Ley 27.640 está agotada, fue mal pensada, mal hecha. No diría lo mismo de la 26.093, que sí dio lugar a que se desarrolle una industria. Pero lo subsiguiente fue cada vez peor".

Tras cuestionar la norma sancionada en 2021, reveló que fueron recibidos en la Secretaría de Energía para la redacción del proyecto presentado por Bullrich y "muchos de los puntos que sugerimos fueron tomados". "Las PyMEs del bioetanol acompañan este proyecto y entienden que tienen que competir", aseguró y contó que "en el fondo no están del todo contento ni las petroleras, ni el Gobierno, ni las cámaras", pero el proyecto "es muy superador a la ley actual".

Con una opinión distinta, Federico Martelli, director Ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), arrancó: "Entre todas las compañías que represento se elabora el 65% del biodiésel destinado al mercado interno. Estas compañías existen, viven y funcionan gracias a dos leyes previas, la 26.093 y la 27.640. Suelo escuchar que la 27.640 está agotada, no sirve y es una mala ley. Sin embargo, gracias a esa ley la Argentina produce alrededor de 850 mil toneladas de biodiésel para el mercado interno".

"Por supuesto es una ley perfectible y apuntamos a más, pero podemos discutir una nueva ley sin perder los avances que las anteriores representaron", remarcó y le reconoció al proyecto de Gutiérrez estar pensado "desde el sector productivo vinculado a los biocombustibles". "Tenemos diferencias pero se puede trabajar para alcanzar consensos", dijo.

Sin embargo, la iniciativa de Bullrich "senadora por la Ciudad de Buenos Aires, donde tengo entendido no hay ni un metro cuadrado de soja, ni ninguna planta de biodiésel, condena a la quiebra a las 25 compañías que producen biodiésel para el mercado interno", aseveró y advirtió que "no es una ley de desregulación, sino una ley de concentración. Va a concentrar en poco tiempo toda la producción en cinco o seis compañías, que no están hoy fuera del negocio".

Por otra parte, sobre GNC, Leonardo Moroziuk, director Financiero de Agrale Argentina S.A., resaltó que "estamos en un momento único del mundo en el cual Argentina se puede destacar" en materia de combustibles. "El GNC no es un producto que se haya desarrollado como se necesita. Creemos que el GNC hoy es la oportunidad que tenemos para salir adelante", no obstante, "es asimétrica la competencia que tenemos con el resto del mundo", señaló.

Y sumó que "per cápita, Argentina es número uno en estaciones de servicio en el mundo, con provisión de GNC, y eso no lo estamos aprovechando".

Al momento de la intervención de los diputados, la cordobesa Belén Avico (La Libertad Avanza) destacó que "en Córdoba los biocombustibles son un sector estratégico para el futuro energético y productivo de Argentina" y se mostró a favor de elevar los pisos de corte "para que las energías limpias ganen cada vez más terreno".

"El bioetanol de maíz es competitivo, eficiente y es nuestro", dijo en una intervención leída. En ese sentido, la legisladora lo calificó como un "amortiguador para que las crisis externas no se trasladen directamente al surtidor". "El camino para fortalecer a las PyMEs del sector no es volver al viejo esquema de fijación artificial de precios ni al dirigismo estatal", opinó y abogó entonces por "una regulación inteligente y ambiciosa".

En defensa del proyecto de Bullrich, Avico afirmó que "el camino es ensanchar el mercado, subiendo los cortes obligatorios al 15% para el bioetanol, permitiendo las mezclas libres superiores y los motores flex fluel".

A su turno, Gutiérrez lamentó "cuántos años hemos perdido el tiempo sin poder lograr una Ley de Biocombustibles" acorde, y pidió pensar en el contexto de transición energética: "O nos adaptamos rápido e inteligentemente o el mundo nos va a dejar atrás". A su vez, abogó a que "de una vez por todas se asuma una discusión fuera de la grieta" en este tema.

El cordobés observó que "en la primera ley, todos a su modo, ganaron", mientras que "con la segunda, ganaron los de siempre". "Esta es una nueva oportunidad que no podemos perder", enfatizó.

"Es imprescindible ir hacia un nuevo marco regulatorio", expresó Farías en el cierre y agregó que "en materia de energía el país tiene un gran futuro y podemos realmente ser protagonistas en el mundo, pero para eso tenemos que tener la capacidad de desarrollar al máximo todos los sectores". En esa sintonía, Germán Martínez (Unión por la Patria) cerró: "Somos un solo país y necesitamos un proyecto nacional que nos permita que todos tengamos lugar".

En el cierre se informó que los integrantes de la Comisión PyMEs se reunirán el martes que viene con la Unión Industrial Argentina, mientras que en "las próximas semanas" se convocará para dictaminar sobre los proyectos de emergencia de PyMEs.

En una reunión conjunta de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por el diputado Juan Brügge (Provincias Unidas), representantes de la industria autopartista y metalúrgica asistieron a exponer sobre la situación del sector.

Gerardo Acosta, presidente del Clúster Automotriz y Movilidad Sostenible de Córdoba, describió el potencial de la industria automotriz en el país. “Estamos generando alrededor de 130 mil puestos de trabajo, la proyección de exportaciones que tenemos entre este año y el 2027 es de 10 mil millones de dólares”, señaló.

Sin embargo, advirtió que “la competitividad de la cadena está comprometida”, lo que “pone en riesgo la continuidad de la cadena de valor, afectada por una carga fiscal alta y por los costos laborales no salariales”. “Se está trabajando en disminuir ese impacto, pero no es suficiente”, agregó.

“Es necesario generar una prórroga a las leyes de modernización del régimen autopartista que genere mayor previsibilidad en la inversión en la industria automotriz”, concluyó Acosta.

A su turno, Marco Malagnini, representante de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC), coincidió en el diagnóstico y sostuvo: “No pedimos protección sino competitividad, para ello, debemos abordar cuestiones laborales, tributarias, financieras y regulatorias”.

También participaron Juan Cantarella, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); Analía Pellegrino, representante de Iveco; Sergio Klaut, integrante de la Cámara Empresaria Autopartista; y Ciro Guillermo Fabián, presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires.

Un plenario de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio de la Cámara de Diputados recibieron a representantes del sector, quienes advirtieron por la caída del consumo, el cierre de PyMEs y el alto costo impositivo, sobre todo a nivel provincial.

En primer lugar, Ricardo Diab, presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), agradeció la invitación a exponer: “Ustedes para nosotros son muy importantes, no importa cómo piensen, sino la posibilidad que tenemos de dialogar, de expresar lo que nosotros necesitamos y sentimos”. “Esperamos reciprocidad. Nosotros los vamos a valorar a ustedes por lo que significan como legisladores y espero que ustedes valoren a CAME como lo que significamos en representación de las pequeñas y medianas empresas”, agregó.

Desde la comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo afirmó que lo que se “está necesitando es una reforma fiscal, tributaria y previsional”. En ese sentido, remarcó que “hay situaciones que realmente nos están afectando mucho, como es el capital de trabajo que hoy queda en manos de las provincias y de los municipios, porque hoy el impuesto que estamos padeciendo fuertemente es el de Ingresos Brutos, que es muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

Al respecto, Lourenzo ahondó: “Estamos proponiendo un nuevo consenso fiscal para que replantee todo este sistema de pagos, que se hace a través del convenio multilateral, y que lo que más perjudica a las PyMEs es el régimen de retención y percepciones en la fuente, lo que nos sacan antes de que se devengue el impuesto, mediante las tarjetas de créditos, plataformas digitales, etc.”.

El representante de CAME se refirió a “las urgencias” derivadas de “la caída de ingresos y pérdida de capital de trabajo, y obviamente pérdida de rentabilidad”; al tiempo que “las tasas municipales están siendo cada vez más y con sistemas de tributación que nada tienen que ver con la contraprestación de servicios que la municipalidad tendría que dar”.

“Lamentablemente una gran cantidad de provincias están generando un sistema perverso de quedarse con el capital de trabajo de las PyMEs”, denunció y añadió que “hay provincias que están generando aduanas internas, donde el contribuyente tiene que pagar por adelantado Ingresos Brutos para que la mercadería entre a esa provincia. Misiones fue la primera, pero ahora otras la están imitando”.

Por su parte, el secretario de Hacienda de CAME, Juan Blas Taladrid, brindó un mirada técnica y federal para “describir un problema real y concreto que tenemos en las empresas, que tiene que ver con el empleo y la formalidad, y lo que termina siendo el consumo”. “Queremos hacer foco en ver cómo construimos un puente de la informalidad a la formalidad, porque si mejoramos los poderes adquisitivos tenemos mayor consumo, y si tenemos mayor consumo tenemos mayores ventas, y si tenemos mayores ventas tenemos progreso”, subrayó.

Fabián Castillo, de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires, manifestó: “Buscamos que cada uno de ustedes puedan ser nuestra voz en las provincias y puedan transmitir, también, a los gobernadores e intendentes qué es lo que nos está pasando para elaborar el país que necesitamos y los planes específicos de acá hacia adelante”.

Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs (Foto: HCDN)

A su turno, Daniel Cassiet, de la Federación Económica de Corrientes, se refirió a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y advirtió que “hay un segmento importante de las PyMEs que no van a poder utilizar este beneficio”. En ese sentido, pidió que “puedan entrar la mayor cantidad de empresas al programa”. “El RIGI tiene 30 años de estabilidad y el RIMI, 2”, explicó y solicitó una extensión de 5 años “para tener más previsibilidad”.

“El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener la mejor normativa, las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar absolutamente nada”, enfatizó Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones; mientras que Fabián Hryniewicz, de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, alertó sobre la ilegalidad de mercadería y el contrabando.

Guillermo Polke, de la Federación Económica de Santa Cruz, señaló que en su provincia llevan “ocho meses de caída del consumo” y se declaró la emergencia comercial PyME a nivel local. “Es un paliativo para tratar de que no sigan cerrando negocios, no se siga yendo gente de Santa Cruz”, indicó y reclamó que “se haga también a nivel nacional, al menos hasta diciembre”.

Avanzado el plenario, Santiago Laugero, de la Federación Económica de Mendoza, remarcó que el buen momento que atraviesan sectores como energía, minería, agro y servicios financieros “no necesariamente llega a todas las economías regionales, que son generadoras importantísimas de mano de obra y empleo”.

Finalmente, Claudia Fernández, de la Cámara de Comercio y Actividades Empresarias de Ushuaia, sostuvo: “Esto hace sentir que sí es posible la Argentina que todos queremos; nosotros queremos PyMEs fuertes, activas; queremos tener a los mejores empleados, pero también queremos que haya consumo. No tenemos rentabilidad, perdimos consumo, no podemos seguir creciendo. Hay muchas PyMEs que se cierran”.

Durante las exposiciones de los diputados, Sabrina Selva subrayó que “cerraron 24.180 empresas desde diciembre de 2023. Es el proceso de destrucción de unidades productivas más rápido de la historia, incluso más rápido y acelerado que la crisis de 2001 y la pandemia”.

“Hoy las PyMEs atraviesan una crisis simultanea de ventas, de consumo, de producción, de ganancias, de rentabilidad, de empleo, de informalidad. Y no vemos que haya una política pública del gobierno de (Javier) Milei mirando ahí, y por eso estamos convencidos que desde el Congreso tenemos la responsabilidad de avanzar en una ley que les dé respuesta”, aseguró la legisladora de Unión por la Patria.

En tanto, desde La Libertad Avanza, Julio Moreno Ovalle dijo que se hacían “eco de la realidad de nuestro país”, pero pidió recordar “cómo recibió el país el presidente en 2023”. También solicitó “apoyar al presidente en combatir la inflación”. “Es necesario empezar a creer que este país va a crecer, las cifras macroeconómicas nos están dando un éxito tremendo. Obviamente somos conscientes que hay que empezar a mejorar la microeconomía; pero en dos años no se pueden resolver todos los desbarajustes que se hicieron en los últimos 40, 50 años”, aseveró el salteño.

En último lugar, el presidente de la Comisión de PyMEs, el socialista Pablo Farías, recordó que el próximo martes 28 habrá otra reunión conjunta con Comercio para recibir a representantes de la industria textil; mientras que se programará otra con la Cámara de la Construcción, posiblemente con Obras Públicas y Vivienda.

En cuanto a los proyectos de declaración de emergencia de PyMEs, el diputado informó que “se les han dado diversos giros a comisiones a proyectos que se tratan de lo mismo” y, por eso, pedirán cambios en los giros. Además, propuso conformar una mesa de trabajo conjunta con CAME.

Durante este jueves, el Senado de la Nación llevó adelante la constitución de cuatro comisiones permanentes de Industria y Comercio; Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; Economías Regionales, Economía Social y Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y Deporte, en cuyas reuniones se procedió a la designación de autoridades, la determinación de días y horarios de funcionamiento y la presentación de un plan de trabajo para el presente período parlamentario.

Comisión de Industria y Comercio

La primera en conformarse fue la Comisión de Industria y Comercio en la que fue designado como presidente de la misma el senador santafecino Marcelo Lewandowski (FNyP), mientras que la vicepresidencia quedó para la macrista Guadalupe Tagliaferri y en la secretaría el radical Eduardo Galareto.

De acuerdo al artículo 103 del Reglamento que establece fijar días y horarios de reunión, se acordó que sea los martes a las 15.

Al hacer uso de la palabra, el santafecino expresó: “Esta comisión es fundamental y muy importante, es un ejemplo y alternativa que nosotros, desde esta cámara que representa a las provincias, debemos dar a un sector que es fundamental y básico que es la industria y el comercio, la producción genuina que tiene nuestro país y debemos atender más que nunca”.

“Esta comisión va a tener un trabajo arduo por todo lo que representa la industria y cada año trae sus preocupaciones. Tenemos que hacer un calendario de invitaciones para que expongan el problema de la industria y el comercio en el país”, planteó el jefe del bloque de UP, José Mayans.

Lewandowski comentó que van a girar todos los informes y proyectos presentados que tienen estado parlamentario para empezar a debatir muchos de ellos que “es una comisión que lamentablemente recién se conforma y hay muchas alternativas. Somos cabecera de muchos proyectos, otros se superponen con la Comisión de PyMES. Creo que podemos tener un trabajo mancomunado y hacer un plenario sería importante. Quiero que esta comisión apure proyectos”.

Foto: Comunicación Senado

A continuación, pidió la palabra la senadora chubutense Edith Terenzi quien, pese a no integrar la comisión, quien comentó que tiene un paquete de proyectos sobre inclusión referidos al autismo y uno de ellos está en la comisión. Se trata de un proyecto que establece la obligatoriedad para el rubro gastronómico para adaptar sus cartas con pictogramas. “Los pictogramas son dibujos que permiten que quienes tienen dificultades cognitivas, sobre todo a la condición del espectro autista, tengan la posibilidad de tener en sus manos una carta que puedan leer. Esto significa inclusión y libertad de elegir, de independencia”.

Terenzi se mostró decepcionada porque “es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Este proyecto ingresó en el 2021. En 2022 obtuvo dictamen unánime en las dos comisiones que fue girado. En el 2022 no pudimos lograr que se lo tratara en el recinto y perdió estado parlamentario. Cuesta un montón que lleguen al recinto”.

“Lo volvimos a presentar que tiene cabecera en Población e Industria. La última vez que esta comisión se reunió fue en diciembre de 2022. Le voy a poner todas las fichas a esta comisión a ver si funciona y si en algún momento se trata. Me duele no poder hablarnos y tratarlos y que luego no llegan al recinto”, manifestó.

El presidente de la comisión le respondió: “Queremos ponerle todas las ganas y yo no podía entender cómo esta comisión no estaba conformada. Lo que depende de la producción, venimos de provincias vinculadas al comercio y en el momento en que estamos transitando, no tener una respuesta desde estos lugares ni siquiera desde una comisión que toque esos temas, no estamos respondiendo al mandato”.

También se expresó la senadora fueguina Eugenia Duré quien se refirió a la cuestión de Tierra del Fuego: “Quiero recordar a lo que refiere al Régimen de Promoción Industrial de la provincia. Tenemos un proyecto de declaración por los 53 años que cumplimos el pasado 16 de mayo de la industria fueguina. Tierra del Fuego es el polo industria del país y ha sufrido en este año y medio taques a la industria por parte del presidente de la Nación. Queremos tratar este tema que refiere a la soberanía industrial y a los trabajadores que tienen en sus contratos y no saben qué va a pasar”.

En el mismo sentido se pronunció el radical Pablo Blanco quien propuso realizar un evento donde puedan asistir sectores vinculados a Tierra del Fuego a que expliquen lo que significa la industria electrónica a efectos de tratar de traer claridad porque “hay afirmaciones tanto de sectores políticos y de la prensa que nada atine que ver con la verdadera industria radicas en el sur y la importancia es la misma”.

Al cierre, se pronunció la vicepresidenta de la comisión: “Es importante empezar a escuchar a la industria y poner en tratamiento los proyectos y escuchar a los diferentes sectores industriales de cada región”.

Comisión de Medios y Libertad de Expresión

Luego fue el turno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que eligió por unanimidad como presidenta a la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal). Quedaron en reserva las designaciones de la vicepresidencia y secretaría.

Durante el encuentro, senadores manifestaron su preocupación y repudio a los reiterados agravios del presidente de la Nación, Javier Milei, contra periodistas. y plantearon la necesidad de “generar protecciones ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente”.

Comisión de PyMEs

A continuación, se reunió la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que ratificó por unanimidad a la senadora Nora Giménez (Unidad Ciudadana) como presidenta. Las designaciones para vicepresidencia (UCR) y secretaría (Pro) quedaron en reserva. Se acordó que la comisión se reunirá los miércoles a las 12.

La senadora Giménez expresó: "Agradezco el fuerte acompañamiento durante los años anteriores. Fue una gran responsabilidad y es un honor poder seguir presidiendo esta comisión donde se defiende a sectores comprometidos con el trabajo y la producción".

“Con esta gestión tenemos cifras alarmantes, y preocupantes y convocantes para que podamos desde el Senado hacer un aporte trascendente a través del trabajo parlamentario. Desgraciadamente nos ha quedado de la gestión anterior proyectos tratados y aprobados en comisión, y que no fueron tratados en el recinto. Venció el plazo y perdieron estado parlamentario. Será parte de la gran tarea que tenemos que llevar delante de la comisión que es amplia, que tiene que ver con economías regionales”, expresó.

“Es un sector del país que hoy cruje”, alertó Del Valle Giménez a fin de convocar una fuerte y comprometida acción y bregó para que “trabajemos con el mismo impulso y lleguemos a concretar con las iniciativas para que sean ley”. Por último, la legisladora reafirmó su compromiso con el desarrollo de las PyMEs y señaló que trabajará para concretar la reforma integral de la ley pyme, que es un importante anhelo del sector.

Al pedir la palabra, el radical Víctor Zimmermann afirmó que “hay un enorme desafío, sobre todo para nuestras provincias del norte, necesitamos de la mano de emprendedores y medianas y pequeñas empresas para dinamizar la economía. Hay un tema central donde tenemos que acelerar la discusión que tiene que ver con un RIGI para las PyMEs”.

“Cuando se votó el RIGI para grandes inversores, había un compromiso de un RIGI para pequeños emprendedores, es un programa de apoyo. Tenemos un desafío enorme para esto”, concluyó.

Comisión de Deportes

Por último, se llevó a cabo la reunión constitutiva de la Comisión de Deporte cuya presidencia quedó en manos de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), la vicepresidencia para el bonaerense Maximiliano Abad (UCR); y la secretaría vacante. Se definió que la comisión funcionará los días jueves a las 14.

Al asumir la presidencia, la senadora Fernández Sagasti agradeció la confianza depositada y destacó su intención de imprimirle una "fuerte impronta de acción" a la comisión que “hace tiempo no está en funcionamiento”.

Foto: Comunicación Senado

“Sabemos que el deporte en el país está en discusión. Quienes creemos que es una inversión en salud y valores y también está quienes creen que solo es un negocio. Estamos discutiendo en el país qué clase de política deportiva queremos tener. Estoy segura que desde nuestros diversos puntos de vista vamos a encontrar puntos en común para trabajar. También recibir a las diferentes voces de clubes de barrio que son el corazón del deporte y también al deporte de alto rendimiento que está pasando una crisis muy importante por el desfinanciamiento que están atravesando y al deporte paraolímpico y de inclusión”, explayó.

El libertario Bartolomé Abdala y el radical Pablo Blanco solicitaron que la comisión se reúna cada 15 días para “analizar los proyectos a favor de los chicos del país que tanto esperan de nosotros”.

En una nueva reunión informativa, la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, que preside Mónica Fein (HCF), recibió a representantes del sector que expusieron sobre distintas problemáticas y propuestas. Al igual que en otros encuentros, surgió el pedido por una ley para las PyMEs. 

“Queríamos completar esta serie de reuniones que venimos haciendo en la comisión escuchando a distintas entidades que nos traen sus propuestas y preocupaciones en relación al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país”, arrancó Fein y adelantó que comenzarán a trabajar en proyectos con estos aportes. 

Al exponer, Elio del Ré, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), consideró que es “muy importante poder compartir las problemáticas y es el punto de partida de las soluciones; creemos fuertemente en estos espacios de diálogo”. “La industria metalúrgica genera 300 mil empleos de manera directa y más de un millón en forma indirecta. El sector es 95% PyMEs y de capital nacional; esto es un rasgo fundamental”, precisó.

Luego señaló que “la economía no está acompañando: a mayo tenemos una caída del 17% en promedio” y los sectores “más resentidos son los del consumo”, pero a los sectores que les “está yendo mejor es a los proveedores de petróleo, gas y minería”. “Estamos pidiendo en la ley PyMEs una reducción tributaria sobre la producción, esto implica reducir las percepciones, retenciones; aplicar tasa de interés más reducida en ingresos brutos; una cuenta única tributaria; simplificación tributaria y de trámites”. 

“Tienen que tratar de solucionar esos bolsones de impuestos y para el Estado es simplemente ayudarnos, no tiene costo”, agregó Del Ré, luego de referirse a la necesidad de un régimen de incentivos a la inversión con una diferenciación, disminuir la brecha tecnológica y una internalización en reducción tributaria a los exportadores. 

En tanto, Ángeles Naveyra, presidenta de la Fundación Barbechando, presentó un informe en el que destacó a las PyMEs como “el motor para una Argentina posible y mostrarle al Congreso la importancia y la clave de la agrobioindustria para el desarrollo del país”. En ese sector hay 250 mil productores agropecuarios y 150 mil son PyMEs. “Hoy en Argentina el 77% del empleo privado viene del empleo que brindan las PyMEs”, dijo. 

A su vez, manifestó que “la fuerza laboral que hay detrás de las PyMEs es lo que tracciona el trabajo en el país. Venimos a poner sobre la mesa la necesidad de que tengan políticas públicas, igualdad de condiciones y que se les permita seguir trabajando”. 

Por otro parte, habló del enorme impacto de la bioagroindustria, que genera 2 de cada 10 puestos de trabajo y, por ello, consideró a la “presión tributaria como una mochila un poco difícil para emprender, ya que existen 155 tributos entre impuestos, tasas, registros, contribuciones”. Los derechos de exportación son, sin duda, una de las mochilas más pesadas que tiene la producción, aseveró. 

Por último, Naveyra sostuvo: “Necesitamos estabilidad y previsibilidad en ciclos productivos y climáticos; competitividad con más exportaciones; incentivos a la inversión con herramientas de amortización acelerada de inversiones, de saldo técnico IVA a favor, certificado de crédito fiscal; y federalizar el desarrollo de infraestructura”. 

Referentes del mundo PyME expusieron este jueves en la comisión homónima de la Cámara de Diputados, presidida por la socialista Mónica Fein, sobre la apremiante situación que atraviesa el sector y reclamaron por la declaración de una "emergencia" y una "ley integral" con beneficios desde lo impositivo. Dentro de dos semanas se realizará una nueva reunión informativa.

El primer expositor fue Mauro González, presidente de la Confederación Federal de PyMEs, quien afirmó: "No tenemos un sólo índice positivo en la actividad económica, productiva, menos en la pequeña y mediana empresa". "¿Ustedes piensan que paralizando la obra pública, devaluando, aumentando tarifas, aumentando alquileres y cerrando dependencias del Estado la actividad económica va a reactivarse? Bueno, yo les digo que no", planteó.

El referente del sector, que expuso la semana pasada en el Senado en el marco del debate de la ley de Bases, precisó datos del INDEC respecto de que "la actividad industrial cayó entre un 20% y 40% entre marzo de 2023 a marzo de 2024; y la capacidad instalada se redujo a niveles casi pandémicos, entre un 20% y 30%. El último dato del día de hoy es 8,1% de caída de la actividad económica".

"Con este escenario es inviable cualquier proyecto productivo; hoy la situación de las PyMEs es caótica, estamos camino al abismo", sostuvo González, que sumó que en el sector hubo 120 mil despidos en lo que va del año y pidió a los legisladores "que por favor se declare la emergencia en las MiPyMEs".

Luego habló Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien resaltó que "las políticas PyMEs de parte del Poder Ejecutivo son nulas; sabemos que el subsecretario de PyMEs duró 20 días en el cargo y no fue repuesto. Los programas de fomento para el sector se suspendieron, aún aquellos que tenían fondos asegurados de organismos internacionales".

"El nivel de actividad que estamos teniendo es realmente paupérrimo", dijo y precisó que "el índice de producción industrial a marzo de este año daba indicadores propios de una catástrofe: el asfalto cayó 64,4% respecto del año anterior, el cemento 39,6%, la industria siderúrgica 47,3%, la maquinaria agropecuaria 48,7%, equipos electrónicas/informática 64%, carrocerías/remolque 46,4% y muebles 46,5%".

Moreno cuestionó que "en la búsqueda del equilibrio fiscal, el Estado se retiró de manera abrupta de responsabilidades que había asumido la gestión anterior. No sólo dejó de comprar, sino que dejó de pagar lo comprado, algo bastante similar a un delito".

Al cruce de los oradores salió el diputado del Pro José Núñez. "He notado una descripción de la realidad y cero propuestas. Muchas cosas de la que declaman las tenían y nos llevaron a esta situación en la que estamos. Todos sabíamos que esto iba a pasar, porque las fiestas se pagan, no son gratis", lanzó el aliado del oficialismo. Además, se quejó de que "nos pasó el kirchnerismo" y les exigió a los invitados una "propuesta". Desde Unión por la Patria Mario "Paco" Manrique dijo que prefería no contestar en ese momento, pero remarcó que los que "necesitan las respuestas" son los empresarios PyMEs. El debate quedó ahí, más tarde no se retomó.

Se le dio la palabra entonces a Alejandro Bestani, presidente de Alimentos INCA, quien arrancó: "Todos estamos de acuerdo que había que hacer una corrección macroeconómica y que el ajuste del gasto del Estado era necesario. El proceso inflacionario desbocado hacía un presente infernal y un futuro inimaginable. Ahora bien, los efectos sociales que estamos contabilizando son lapidarios".

En ese sentido, consideró que "es imprescindible un plan de acción en la microeconomía; no es primero la macroeconomía y después la micro, es en simultáneo". Y reclamó la sanción de de una ley integral para PyMEs que "tiene que ser tan potente y profunda como la corrección que estamos viviendo".

Esa iniciativa está planteada en tres ejes: laboral, impositivo y financiero. Propone la reducción de las cargas sociales, pero a su vez también la prohibición absoluta de los bloqueos en las PyMEs, entre varios puntos.

A su turno, Eduardo Maradona, de Monapy (Movimiento Nacional PyME), subrayó: "Hace años que estamos postergados sin financiamiento, abatidos por cargas impositivas desmesuradas y como si esto fuera poco tenemos un sistema perverso, antiguo y oneroso en materia laboral".

"Proponemos no tocar los derechos adquiridos y sueldos de los trabajadores ya formalizados, sí modificar los aportes y contribuciones laborales para incorporar al sistema varios millones de trabajadores informales. Por cada trabajador hoy pagamos casi un 55% más de carga; cada dos trabajadores estaríamos en condiciones de generar un nuevo puesto de trabajo. Nuestra propuesta sería 4% de jubilación, 8% de obra social, 1% PAMI, 2,4% ART y 2% sindicato", planteó.

Finalmente, Martín Bocco, del Comité de PyMEs, Emprendedores y Productores (PEP), pidió que "se apruebe la ley laboral, que es lo que necesitamos; las PyMEs necesitamos reglas claras". "Los que somos emprendedores nos gusta ser emprendedores y ustedes nos tienen que ayudar. Necesitamos que se pongan a trabajar en esta ley para que podamos emplear gente", expresó.

Sobre eso último, el vicepresidente de la comisión, Emiliano Estrada, solicitó "ver experiencias del pasado" porque "en el '94 hubo una reforma de aportes patronales y subió el desempleo". "El empleo no va de la mano de la legislación, va de la mano de la economía. Entiendo que tiene que haber una legislación para distintos contextos, pero el empleo no va a aumentar por una ley. Tampoco digo que no haya que bajar costos, pero la economía es la que tracciona", argumentó el diputado de Unión por la Patria.