En una tercera reunión informativa que se llevó a cabo este miércoles, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Energía y Combustibles de la Cámara baja recibió una nueva tanda de expertos que disertaron sobre el proyecto que propone presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos.

Desde el Salón Delia Parodi, el puntano Carlos D’Alessandro (LLA) comentó que el encuentro fue solicitado por el autor del proyecto Martín Maquieyra (Pro) quien no pudo estar presente por el nacimiento de su primer hijo.

El primer expositor fue el licenciado en ciencias químicas y Gerente Laboratorio y Desarrollos de Meranol, Pablo La Venia, comentó que la empresa argentina está vigente desde 1942 que produce ácido sulfúrico para la industria nacional, químicos para la potabilización del agua y surfactantes.

“Como somos una empresa química estamos tratando hace unos años de migrar a ser lo más verde posible. Por eso tenemos productos de química intermedia que son productos que se utilizan para el cuidado personal o del hogar, petróleo y agro”, explicó y aclaró: “Si bien lo que realizamos no va a aplicar directamente contra evitar las emisiones de metano, si estamos trabajando y creemos que el espacio que debe tener la industria en nuestro caso es colaborar con el desarrollo de productos y tecnologías que ayudaran a la mitigación para cuidar el medio ambiente y mitigar el impacto que genera la actividad humana”.

La Venia informó que desarrollan parafinas sintéticas que reemplazan el uso del diésel en lo que es la perforación y fractura hidráulica. “Estas parafinas no contienen compuestos aromáticos y tampoco tienen azufre. La disposición tampoco genera emisiones de metano como si lo genera el uso del diésel”, aclaró.

El licenciado explayó: “Esto reemplaza al uso del diésel, con lo cual se podrías tener el diésel a otro uso. A su vez, tiene mayor rendimiento, con lo cual se debería utilizar menos y luego la degradación de este compuesto al ser una parafina sintética no va a generar metano y capaz no es tan aplicable en este momento, pero es estos fluidos de perforación son los que están aprobados para utilizarse por ejemplo en el Golfo de México en aguas profundas, ya que pueden ser los recortes pueden ser descartados al mar directamente con lo cual es una gran ventaja todo lo que la parte de biodegradabilidad de estos compuestos”

“En Argentina está aprobado eso y nosotros desde el 2022 hay empresas que lo usan que brindan servicios petroleros. Se utiliza en más de 20 países hace más de 20 años”, finalizó.

Luego fue el turno del licenciado Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol, resaltó que la iniciativa “va en el buen sentido y va a producir efectos ambientales rápidos y mensurables”.

Adam explicó que el bioetanol hoy en Argentina se mezcla con las naftas al 12%, mientras que el biodiesel está al 7%, aunque a veces está el tres o cuatro subutilizado en la Argentina. Así, comentó que el diputado Maquieyra trajo el proyecto a la mesa del Consejo Agroindustrial Argentino, que está conformado por 61 entidades que representan el 16% del PBI nacional, y “tuvo una muy buena recepción”.

En consecuencia, procedió a leer un comunicado que redactaron para la reunión: “Manifestamos el apoyo a que los sujetos obligados puedan generar créditos de compensación, créditos de metano para dar cumplimiento de sus obligaciones y que estos créditos puedan generar, mediante la financiación y desarrollo de proyectos de energía renovable, soluciones basadas a la naturaleza prioritariamente a partir de la restauración de ecosistemas degradados, deforestación evitada, reforestación con especies nativas, agricultura y ganadería regenerativa”.

Además, destacaron que “este tipo de herramientas propuestas en este proyecto ayudan a promover mejoras ambientales y fundamentalmente a promover la eficiencia ambiental de los sistemas productivos en nuestro país”.

También, instaron a los legisladores de las comisiones “para que se pueda estudiar e incorporar a la legislación argentina sistemas como el renovabio de Brasil. Es un sistema de bonos de carbono muy exitoso en Brasil que se podría replicar perfectamente en Argentina, el cual aplica para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en todo el sector hidrocarburífero compensando con créditos emisiones de carbono generado por los biocombustibles y renovables en general”.

“De esta manera se pone en contexto y valor los aportes medioambientales de los renovables promoviendo activamente avances en la transición energética. En resumen, nos encanta esta iniciativa y pensamos que se puede ampliar todos estos mecanismos y esperamos poder trabajar con ustedes para hacerlo”, finalizó el comunicado.

A continuación, disertó el ingeniero Daniel Rellan, presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) quien afirmó: “Es un momento clave que estamos pasando dentro de la industria del petróleo y del gas habida cuenta que, no solamente tenemos el don de tener Vaca Muerta que es una realidad total y absoluta, sino que estamos viendo el lanzamiento de proyectos nuevos vinculados a lo que es la cantidad de recursos que tiene Vaca Muerta”.

“Así es como tenemos las plantas de LNG que está planteando YPF en Rio Negro. También está el proyecto de Panamerican Energy con un barco que están trayendo para regasificar el gas de Vaca Muerta. Todo esto significa que la industria está siendo un motor de desarrollo fenomenal para el país habida cuenta de la necesidad que tiene Argentina de generar divisas y mejorar su situación socioeconómica”, destacó.

Sin embargo, manifestó que también “tiene su lado perjudicial. Hoy que estamos hablando de este tema de las emisiones de metano y cambio climático y la sustentabilidad. Obviamente todo este desarrollo está generando que las emisiones vayan en aumento”.

“Es importante decir que, en tema de emisiones, tenemos dentro del IAPG la Comisión de Emisiones de metano que está conformada por todas las operadoras transportistas y distribuidoras de gas de la Argentina. En esta comisión hemos tenido la oportunidad de poder evaluar distintos y diferentes proyectos que están apareciendo en el país respecto del manejo de las emisiones. Es así que hemos evaluado, a través de la comisión, en proyecto de la provincia del Chubut que ya ha salido como resolución. También hemos evaluado y nos encontramos trabajando en la reglamentación de la resolución 970 de la Secretaría de Energía con respecto a la medición de emisiones”, informó.

Rellan manifestó la necesidad de tener una reglamentación o normativa, pero propuso una serie de aspectos a tenerse en consideración para la nueva regulación.

En ese sentido, señaló que Argentina “no es un país que tenga una relevancia muy grande en el concierto internacional en cuanto a emisiones de metano de gases de efecto invernadero”, y precisó que está en el 0,7% de lo que es el total de las emisiones a nivel mundial y comparó: “Países como Estados Unidos, la Unión Europea, países de Asia que están cerca del 29% del total de las de las emisiones”.

“Casi de 200 países que tenemos en el mundo total, solamente 12 países consumen casi el 90% del carbón que se utiliza en el mundo que, por supuesto, el carbón es algo que genera emisiones tremendamente grandes con respecto al gas si lo consideramos como un elemento de transición que, justamente es lo que queremos nosotros transmitir”.

Por ello, propuso que se tenga a consideración, a modo de integración, las diferentes iniciativas de regulación y las normativas y estrategias existentes a nivel nacional, subnacional y sectorial de manera de “eliminar la inconsistencia por diferentes requisitos objetivos a cumplir o presentaciones a realizar” para no tener “mayores costos en el pedido de información”.

También planteó que la normativa debe tener “flexibilidad para adaptarse al universo de operadoras, dado que tenemos operadoras de diferentes tamaños, complejidades de negocio, compromisos, caminos recorridos en la temática y etcétera”. Además, pidió pensar en “la globalidad, en la implementación, de manera de asegurar la inclusión de todas las operadoras y la incorporación de las mejores prácticas de manera sostenible en el tiempo”.

“Es muy importante que empecemos a hablar de lo que es intensidad de emisiones y no de emisiones per se. La intensidad de emisiones es fundamental que cualquier potencial iniciativo que promueva la reducción de emisiones lo haga en términos de intensidad, es decir emisiones por unidad de producto”, propuso.

En otro punto, también sugirió tener en consideración la gestión previa que se ha tenido de las distintas operadoras que actúan en la industria: “Tener en cuenta la gestión de emisiones ya realizada con anterioridad a la implementación de cualquier potencial norma, de manera de no penalizar a aquellas empresas que desarrollaron acciones de reducción de emisiones previamente y, por lo tanto, están más cerca del límite técnico de reducción”.

A su vez, solicitó considerar “las mejores prácticas que hay en la industria adaptadas a la realidad del país y de la región”, y que se tengan algunas definiciones en cuenta como por ejemplo las emisiones fugitivas: “Una liberación no intencional o esperada desde el punto de vista del diseño. Esto es fundamental en un equipo o instalación y no la debemos confundir con pequeños venteos de proceso que ciertos equipos requieren para su normal operación”.

“Debemos utilizar tecnología apta para la detección sin limitar a un solo tipo ni a una aprobación previa por la autoridad de aplicación, lo cual sumaría burocracia al proceso y podría limitar los programas de reparación de pérdidas. Se debe permitir a las operadoras que realicen sus propias detecciones o, también, que no se nos imponga un consultor o un proveedor determinado. Es importante que toda reglamentación tenga incentivos en lugar de sanciones”, explayó.

Entre otros aspectos mencionó:

• Compensaciones de carácter nacional y no circunscripto a los límites de una provincia, ya que se corre el riesgo de no tener suficientes proyectos y con valores fuera de mercado.
• La reglamentación debería pedir cuantificar a las emisiones. Se debe cuantificar en lugar de medir aún en los estándares internacionales voluntarios más altos las mediciones se emplean solo para obtener factores de emisión propios y o conciliar el inventario calculado.
• No debería existir la imposición de consultoras y o proveedores mediante mecanismo de regulación. Las operadoras ya han llegado a un desarrollo suficientemente importante como para que tecnológicamente puedan decidir cuáles son los mejores elementos para poder confirmar y presentar los distintos registros.

“Argentina necesita rápidamente mejorar su situación socioeconómica y la industria de los hidrocarburos, con sus proyectos de desarrollo de Vaca Muerta, la actividad puede crecer de dos a tres veces y creo que eso se va a ir dando en un futuro cercano”, cerró.

El ingeniero de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Rubén Costamagna, les pidió a los diputados “corregir, en el término de definiciones, para que esta ley se adecue a las normativas internacionales y que tengamos una gran ley en Argentina; además que agreguen el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático, que está obviado dentro de la ley; que sea de alcance nacional para el desarrollo de estrategias y capacidades”.

“La herramienta que proponen lleva a la eficiencia energética que es un ‘ganar, ganar’ si fuera aplicado de forma eficaz. Esto estaba en la parte de transición energética de la Ley Bases de enero que terminaron fuera de la ley. Es importante que empecemos a discutir, y puede ser visto como una amenaza de corto plazo, pero una gran oportunidad”, planteó y también solicitó que se tenga en cuenta un proyecto de marco regulatorio de los mercados.

Costamagna sostuvo que “esta iniciativa no es nada nueva en el mundo”, y precisó que México la tiene desde 2014, Colombia desde 2018, Chile 2022, Paraguay 2023. “El metano es un gas que fura 10 años en la atmósfera y hay que ponerlo en un lugar de relevancia”, alertó.

A su turno, el especialista en cambio climático Juan Casavelo expresó: “Hay que asegurar que los datos sean accesibles y comprensibles a todo nivel, mejorando la transparencia y el acceso a la información. La salida de este proyecto podría generar un incremento en los precios de los combustibles. La propuesta es evitar que ese incremento sea trasladado a los consumidores finales”.

Por vía telefónica expuso el ingeniero Manuel Sánchez Bandini de la Subsecretaría de Energía y Minería de la Provincia de Mendoza quien contó: “Desde la provincia de Mendoza, nuestro principal objetivo es gestionar la emisión de gases de efecto invernadero, pero evidenciamos una falta de información, ya sea porque está desactualizada o contiene incertidumbres. Estamos promoviendo una ley de cambio climático provincial en la cual, con relación a estos gases, brindamos un incentivo fiscal para que las grandes empresas puedan brindarnos información actualizada”.

Por último, el abogado especialista en derecho del Cambio Climático, Gerardo Juara, afirmó: “Estamos a favor del proyecto de ley que creemos viene a cubrir un espacio legal que estaba vacío, innecesaria y peligrosamente vacío, y que va a implicar un avance en la estandarización en términos de controlar y medir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente de Diputados, a cargo del libertario Carlos D’Alessandro, se reunió este martes para iniciar el debate sobre el proyecto “Convenio de creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León”, suscripto entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz el 11 de octubre de 2023 que “no genera asignación presupuestaria”.

También, comenzaron a analizar una iniciativa que busca presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos. Además, pasaron a la firma proyectos de declaración y de resolución. La comisión completó a sus autoridades y estableció un encuentro cada 15 días los martes a las 12.

Antes de iniciar la ronda de expositores, la comisión completó a sus autoridades siendo designado como secretario el radical Pablo Juliano reprodujo el “espíritu de colaboración, las ganas de empujar la agenda fundamental porque tenemos un compromiso”.

De forma breve, la diputada Fabiola Aubone (UP) solicitó retirar momentáneamente de la comisión un proyecto de su autoría que estaba para dictaminar que declaraba de interés la mesa permanente de la gestión integrada del agua en la provincia de San Juan y acotó: “Una gran propuesta que, ante el cambio de gobierno, se ha desarticulado”.

A su turno, el diputado de la CC-ARI Maximiliano Ferraro planteó la posibilidad de pedir la anulación de giro a otras comisiones de algunos proyectos de resolución y pedido de informes. “Esto la verdad es un artilugio que han utilizado todos los oficialismos en Diputados, pero creo que este rompe con el principio fundamental que tenemos los diputados de poder solicitar informes al Ejecutivo y para valorar esta herramienta y no caer en estos artilugios que demoran el trámite parlamentario”, argumentó.

En esa línea, indicó que varios de los proyectos puestos sobre la mesa tienen giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista José Luis Espert, por lo que propuso solicitarle a la Secretaría Parlamentaria y al presidente de la Cámara la anulación del giro a otras comisiones de una segunda competencia que “es para demorar el trámite”.

D’Alessandro le respondió que van a “considerar” el planteo porque “estamos acá para solucionar este tipo de temas” y afirmó: “Entiendo lo de los giros que a veces es molesto. Nosotros tenemos 48 proyectos de los cuales vamos a dictaminar 14 y dos en estudio”.

Al pedir la palabra, la diputada Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) remarcó la importancia de armar “una agenda institucional” sobre los temas de ambiente que “garantice un funcionamiento permanente de la comisión” y pidió tener fecha para tratar los proyectos relacionados con los presupuestos mínimos del metano. También solicitó tratar el mes siguiente la ley de envases que “es importante” para “poder organizarnos”.

Stolbizer adhirió a las palabras de Ferraro y remarcó que el Convenio sobre el Parque Monte León que contempla un giro a Presupuestos siendo que “no hay un adicional de presupuesto solicitado y es el que ya tenía. Esto sería inminente para que no vaya a complicar tener el dictamen y pasar al recinto, ya que tiene un gran acuerdo y empuje y tenemos que facilitarlo tratando de evitar que Presupuesto nos ponga una traba”.

Ampliación del Parque Monte León

La primera oradora fue Martina Sasso, directora Ejecutiva Fundación Por el Mar, explicó que la ampliación sería de la tierra hacia el mar del futuro Parque interjurisdiccional Marino Monte León se da en Santa Cruz. “Este parque tiene 1.023 kilómetros cuadrados y fue creado en el 2004 y fue el primer parque creado en la Argentina en post de conservar el mar. Es el primer parque costero que mira la biodiversidad marina, los valores pesqueros y de conservación y desarrollo para poder proyectar esta área”, informó.

“La razón fundamental, por lo que durante los últimos 3 años los distintos gobiernos, fue el valor de conservación que se intenta proteger son los bosques de macro algas. Es el ecosistema de esta era, es lo que el mundo está queriendo proteger. Estos ecosistemas son fundamentales para la industria pesquera. Si estos bosques de algas no estuvieran, la pesquería de la centolla que es clave para las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego no existiría”, explicó.

Sasso también resaltó la importancia del turismo: “Al igual que un bosque en tierra, tiene un montón de especies asociadas como delfines, tiburones, pingüinos. Estos bosques de algas son fundamentales para las colonias de pingüinos y hoy generan un gran destino turístico para la Patagonia”.

La funcionaria alertó que en el mundo se está perdiendo un 40% de estos bosques de algas y destacó que “gracias a la investigación científica, Argentina generó los primeros mapas de distribución de este sistema. Tenemos el 30% del ecosistema global en nuestro país y la comunidad internacional está muy interesada en nuestros bosques por la genética. Es el único lugar del mundo donde estos bosques están expandiéndose en vez de reduciéndose”.

“Se consume el alga en el mundo, se han desarrollado matrices productivas en el mundo. Este ecosistema de este ser viviente es el organismo que más rápido crece en el planeta, puede crecer 40 cm por día. La viabilidad para producir este ecosistema y poder desarrollar una matriz productiva a partir de él es súper viable”, ponderó.

Sasso recordó que en 2004 se creó el área terrestre de Monte León y que la Administración de Parques Nacionales siguió trabajando en post de ir a proteger el mar.  En el 2012 se presentó un proyecto de ley que “que realmente era irracional por sus tamaños, por cómo cruzaba de jurisdicciones agua nacionales” por lo que se dio de baja.

“Esto se retoma con el trabajo, no solamente nuestra organización, sino Parques Nacionales impulsándolo internamente y otros actores de la sociedad para la investigación y empezar a fomentar la creación. En el 2023 se firma un tratado inédito la interjudiccionalidad un convenio entre la provincia y la nación donde en el 2023 se firma entre la provincia de Santa Cruz y la Administración de Parques Nacionales, representando al Ejecutivo, se ponen de acuerdo y luego fue ratificado por la Cámara a nivel Nacional”, explayó.

La directora ejecutiva de la Fundación Por el Mar resaltó que Parques Nacionales tiene la mayor concentración de algas de Santa Cruz y se presentó una declaración de interés para “poder hacer un manejo activo de este ecosistema y la conservación activa”. También comentó que el COFEMA (Confederación Federal en el Ambiente” se expidió con una declaración de interés de la preservación de los bosques en Santa Cruz.

“Esos bosques se encuentran solo en Santa Cruz y Tierra del Fuego, no tienen otra distribución. Tierra del Fuego el año pasado creó el área protegida Península Mitre que preserva la mayor concentración de algas”

En 2024 la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz aprobó la creación del Parque Mario Monte León: “Fue un hecho histórico porque fue el primer parque que se vota en los últimos 10 años. Eso ha generado motor de desarrollo. Es una provincia que tiene mucha fricción con la generación de áreas protegidas, industria ganadera, la pesca”, y planteó: “El paso que falta es este la ratificación por Ley Nacional”.

Sasso afirmó que el futuro es la interjurisdiccionalidad porque “es la única manera de poder gestionar el mar de una manera correcta y competente es con ambas jurisdicciones. Tenemos tres parques interjurisdiccional: en Chubut que fue el primero Pimcpa, luego Makenke y el Parque Isla Pingüino que fueron versiones mejoradas de esas leyes iniciales. Tenemos modelos de gestión que son diferentes. La interjurisdiccionalidad es algo nuevo y a esta gestión le toca el desafío de implementar”.

Según explicó, en la interjurisdiccionalidad no hay sesión de jurisdicción: “Es algo muy acertado, sobre todo en este gobierno, porque no hay recursos. No podemos pretender que Nación ponga todo o la provincia ponga todo. Hay que trabajar de forma mancomunada, debería ser el formato para poder funcionar”.

“Este proyecto de ley Monte León de ampliación al mar es mejorado a lo que es la gestión al resto de las áreas. Este va a ser el primer Parque Marino que tiene base en tierra”, destacó.

Al hablar de la sostenibilidad pesquera, señaló que Monte León en los últimos 10 años “ha tenido un total de mil horas de presión pesquera. Esto se considera como pesca marginal. La industria pesquera apoya el proyecto porque se preserva un área de especies que les interesa a ellos”.

Respecto de la asignación presupuestaria, subrayó que “ya cuenta con una estructura terrestre, esto es una ampliación. La Administración de Parques cuenta con un total de 14 agentes de conservación, tiene equipamiento".

"El parque está preparado para no absorber ni generar ninguna asignación presupuestaria, es casi nula”, y destacó: “La gestión e implementación del futuro Parque Marino Monte León puede llevarse adelante sin recursos adicionales”.

Además, indicó que la extensión del parque hacia el mar “es un avance crucial para el desarrollo del turismo de naturaleza. Modelos de desarrollo de siembra de algas en el país que tiene cero impactos”. Por último, sostuvo que el proyecto toca cuatro pilares que son turismo naturaleza, gobernanza, conservación activa y jerarquización del sistema de áreas protegidas.

A continuación, expuso Cristian Larsen, presidente de Parques Nacionales, quien contextualizó que “parques nacionales tiene cinco millones de hectáreas terrestres que equivale a la provincia de Jujuy y administra trece millones de hectáreas marinas que equivale a la provincia de Córdoba”. Con respecto al Parque Monte León, el funcionario aclaró que “tiene sesenta y dos mil hectáreas y lo que se quiere ampliar es a 1023 km cuadrados más”.

Al referirse a la interjurisdiccionalidad, Larsen sostuvo que “la relación entre parques nacionales y la provincia, específicamente a la conservación, no ha sido la mejor”. “Si bien el impacto presupuestario es menor, no podemos dejar de ver que existe un impacto y en caso de que se dañe el tema de las macroalgas va a tener que hacerse un trabajo de restauración, y esto hay que tenerlo en cuenta al evaluar el proyecto en general”, especificó.

“Estoy a favor del proyecto, de que cada vez conservemos más espacios y, sobre todo, cuando hay un valor tan importante como la macroalga. Pero, habría que definir si esto es un Parque Nacional, que lo sea en su conjunto y sumarlo a Monte León; o bien, que esto quede para la provincia”, manifestó y, en ese aspecto, añadió: “La coadministración presenta un desafío muy importante para Parques, sobre todo cuando hay que preservar tantos millones de hectáreas; seguir agregando terreno y parques nacionales nos invita a pensar con qué recursos vamos a contar, con qué personal y cuál es la infraestructura que se necesita”.

La diputada Sabrina Selva (UP) destacó que es un proyecto que “tiene consensos entre el Estado, la provincia, desde distintos partidos políticos. El mayor desafío de Parques Nacionales serían las dificultades que traen las interjurisdiccionalidad en un momento donde escasean los recursos”, y criticó el Presupuesto 2025 donde “parques nacionales no ha sido beneficiada con el presupuesto del Gobierno. La ampliación de un parque con los recursos que hoy tiene va a ser un desafío enorme”, y sugirió “exigirle al Gobierno” que haya recursos para este tipo de proyectos porque “es importante la conservación del ambiente”.

“Tenemos que encontrar una forma para que la administración de parques pueda asumir el desafío y continuar con el proyecto. El Parque Nacional está capacitado para encarar estos desafíos con los recursos que tiene, con el personal profesional, es un parque con un potencial enorme. La articulación con las provincias para la preservación del ecosistema en el país es fundamental”, cerró Selva.

A su turno, Ferraro se distanció de la idea de “retrotraer la posibilidad de crear el parque si debe ser nacional o provincial” porque “estamos en un país federal”, y planteó encontrar una solución “armoniosa” y reiteró: “No comparto la idea de retrotraer o demorar una expresión del Poder Legislativo de Santa Cruz que ratificó una parte del convenio y que nosotros demos marchas atrás porque se perdería la cuestión del parque por entrar en discusión con el actual gobernador por la cesión o no de jurisdicción entendiendo que los recursos son finos”.

Así, solicitó tener “la buena voluntad” de avanzar en el dictamen del parque y “ver de qué manera el aporte está restructurado”. Desde la presidencia de la comisión le respondió que “es voluntad avanzar sobre la ratificación del acuerdo entre Santa Cruz y Nación”.

Protección ambiental de gestión de emisiones de metano

En la continuidad, expuso Martín Maquieyra (Pro), autor del proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental de gestión de emisiones de metano en el sector de hidrocarburos, quien explicó que el fin es “poder regular y mitigar las emisiones de metano, que es uno de los que más impacto tiene en la industria energética”. “La idea es poder detectar las fugas y repararlas, avanzando en tecnología que permita una mayor identificación de las emisiones de metano”, agregó.

Sobre el proyecto, Maquieyra informó que en primer lugar se apunta a trabajar con “la industria de los hidrocarburos que es la que más rápida se pueda adaptar ya que no tenemos tiempo por el calentamiento global”. El pampeano planteó que vengan funcionarios y ONG’S en reuniones informativas para que sumen sus aportes para “poder producir con el menor impacto posible”. En ese sentido el diputado socialista Esteban Paulón sugirió que esas reuniones se hagan en conjunto con las comisiones de Energía y de Presupuesto para “acelerar el dictamen” y fijar un listado de invitados. A modo complementario, Stolbizer pidió que se cite a la secretaria de Ambiente para que informe cuál es el plan de Gobierno atendiendo el recorte del presupuesto en materia ambiental para el 2025.

El presidente de la comisión mostró preocupación de que la secretaría de Ambiente sea subsecretaría porque “nos juega en contra mundialmente”, y afirmó que asume el compromiso de hablar con la jefatura de Gabinete y solicitarle una reunión.

Proyectos de resolución y declaración

Luego, fue el turno de los proyectos de resolución y declaración. En primer término, se avalaron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre el derrame de hidrocarburos y aceites frente al Glaciar Perito Moreno; con la implementación de la ley 26331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos; con los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba durante el mes de septiembre de 2024 (en este caso se unificaron dos iniciativas); y para que disponga las medidas necesarias para la elaboración e implementación de un “Glosario Ambiental Federal”, confeccionado por especialistas idóneos en la materia.

También, los legisladores le dieron el visto bueno a los proyectos para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el “2° Congreso Internacional de Educación Ambiental e Innovación Inclusiva, infanto juvenil hacia la resignificación del aprendizaje y su relación post pandemia, desde la tecnológica y la transversalidad”, a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2024 en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; el II aniversario de la Ley de Humedales de la provincia de Misiones, a conmemorarse el 9 de junio de 2024; y a la “Alianza Verde Argentina”, conformada el 22 de abril de 2024, destinada a priorizar el cuidado ambiental.

Asimismo, se avalaron cuatro iniciativas para expresar beneplácito por el Día Internacional de la Diversidad Biológica, a celebrarse el 22 de mayo de cada año; por el Día Provincial de la Selva Misionera, que se celebra el 7 de mayo de cada año; por el Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año; por el Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas, a conmemorarse el 12 de junio de cada año en la provincia de Misiones; y por la conmemoración del Día Nacional del Agua, a celebrarse el 31 de marzo de 2024.

Por último, el proyecto que apunta a expresar repudio y rechazo a la caza ilegal del ejemplar de yaguareté en la provincia de Formosa, acaecida en julio de 2024.

A casi un año de la media sanción de la creación del área marina protegida "Agujero Azul" -que todavía está sin tratarse en el Senado-, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la protección de otra zona, denominada "Frente Valdés", precisamente lindera a la Península Valdés.

La iniciativa fue girada el pasado 23 de junio y se giró a las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda.

En los fundamentos, el Gobierno señaló que “la creación de una nueva área marina protegida contribuye a la consideración de la sostenibilidad del desarrollo en un indispensable juego armónico con la conservación de la biodiversidad”.

Las áreas marinas protegidas son espacios naturales establecidos para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluyendo al subsuelo, los fondos y columnas marinas asociadas, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad merecen una protección especial para el aprovechamiento, educación y goce de las presentes y futuras generaciones.

Según compromisos internacionales asumidos por Argentina, para 2030 un 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales y costeras y marinas deberán estar conservadas.

En la actualidad, el 7,11% de los espacios marinos bajo jurisdicción de la República Argentina se inscriben bajo la figura de áreas marinas protegidas.

“La protección de una zona de alta productividad y con importantes características” como la que se propone “repercutirá en beneficios ambientales, económicos y sociales” para el país, “reforzando la intención de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en materia de conservación de la biodiversidad marina”, sostuvo el Poder Ejecutivo.

Entre los beneficios que traería, además de incrementar el porcentaje de superficie protegida y fortalecer el SNAMP, favorecerá a la mitigación al cambio climático y contribuirá al desarrollo de actividades relevantes para las economías regionales de la costa patagónica, entre otros beneficios que estimó el Gobierno en su proyecto.

Uno de los artículos establece que “hasta tanto la autoridad de aplicación apruebe el Plan de Manejo para el Área Marina Protegida, la actividad pesquera en el área que se crea se desarrollará en los términos establecidos por el Consejo Federal Pesquero.

El área, que abarca la Zona Económica Exclusiva Argentina, se ubica lindera a la Península Valdés, en la provincia de Chubut y se localiza en su totalidad por fuera de las 12 millas marinas.

En lo que constituye la primera reunión de una comisión en período de sesiones extraordinarias, diputados analizarán este miércoles la creación del Parque Nacional y Reserva Natural El Palmar, en la provincia de Chaco.

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, se reunirá desde las 14 en la Sala 2 del Anexo de la Cámara baja.

En disconformidad con el impulso del Gobierno al juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, se espera que Juntos por el Cambio no dé quórum en la comisión, pues se resiste a tratar cualquier otro tema mientras el oficialismo insista con ese pedido que, cabe recordar, se comenzará a tratar este jueves. ¿Qué harán una vez que haya quórum? Si eso sucede, una fuente de JxC consultada por parlamentario.com aclaró que ahí sí se sumarán al debate.

Por su parte, la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño anunció a través de Twitter que asistirá. "Mañana tratamos una Reserva Natural en la que hay un humedal Ramsar entre otras cosas. Por supuesto que voy a estar en mi lugar de representación. El tema lo amerita sobradamente", escribió la bonaerense en la red social.

El proyecto a tratar fue votado por unanimidad en el Senado el pasado 30 de junio de 2022. Además de la Comisión de Recursos Naturales, en Diputados tiene giro a Legislación General y Presupuesto y Hacienda.

Por medio de la iniciativa se acepta la cesión efectuada por la provincia de Chaco el 10 de noviembre de 2021, sobre una superficie aproximada de 5.600 hectáreas, ubicada en el departamento de Bermejo.

Este lunes se inició el período de sesiones extraordinarias a las que convocó el Ejecutivo y con ello la agenda parlamentaria de Diputados comenzó a cargarse de reuniones. Todos hablan de la reunión de la Comisión de Juicio Político, que previsiblemente se lleva toda la atención, pero también la de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano volverá a encontrarse para tratar el proyecto que crea el Parque Nacional Laguna El Palmar en Chaco, que ya tiene media sanción del Senado.

La comisión que preside el diputado oficialista Leonardo Grosso se volverá a reunir este miércoles 25 de enero a las 14 en la Sala 2.

La iniciativa se encuentra ubicada en el puesto 12 del temario que envió el presidente de la Nación y reza: “Proyecto de ley de creación del Parque Nacional y de la Reserva Nacional Laguna El Palmar (Exp Senado 2553-S-2021 – Exp. Diputados 23-S-2022)”.

La misma obtuvo la media sanción del Senado el 30 de junio de 2022 por unanimidad y logró despacho de la Comisión de Legislación General de la Cámara baja el 21 de septiembre, pero desde ese momento la de Recursos estuvo abocada a debatir la Ley de Humedales que, paradójicamente, no se encuentra en el temario.

La creación del Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar en la provincia del Chaco estuvo en la agenda de la comisión para debatirse en dos oportunidades, pero ambas reuniones fueron suspendidas. Una estaba convocada para el 14 de diciembre, y la otra para el 20. Así, la última vez que la comisión se reunió fue el 15 de noviembre de 2022 cuando recibió a autoridades nacionales y especiales que expusieron sobre la Ley de Envases.

Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar

El proyecto propone aceptar la cesión de jurisdicción realizada por la provincia del Chaco mediante ley provincial sobre una superficie aproximada de 5600 hectáreas conformada por los inmuebles de propiedad del Estado Nacional, ubicados en el departamento Bermejo, cuyos límites y distribución se describen.

En ese sentido, se aceptan las condiciones y cargos establecidos por la provincia del Chaco en la ley 3458-R, respecto a la retrocesión de la cesión contemplada en la citada ley. Se crea el Parque Nacional y Reserva Nacional Laguna El Palmar, bajo los términos de la ley 22.351 de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, en el área descripta en el primer párrafo.

En suma, establece que los gastos que demande el cumplimiento de esta ley serán imputados a la jurisdicción presupuestaria de la Administración de Parques Nacionales en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Con la participación de varios expositores, representantes de todos los sectores, la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, reflotó la discusión del proyecto de la ley de envases, enviada por el Poder Ejecutivo y que el año pasada quedó trabada en su tratamiento. 

Arrancó la reunión como primer expositor el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, quien destacó que en casi tres años de gestión se comenzaron a planificar “ocho centros de tratamiento de residuos” que harán al “cierre de basurales a cielo abierto”. “La primera de esas ocho obras fue formalmente inaugurada en Formosa”, informó y reveló que “Argentina tiene otorgado para los próximos cuatro años un préstamo de 450 millones de dólares que va a permitir poner en marcha una docena de centros de tratamiento de esta envergadura”. De esta manera, se dará “un paso sustancial para que en un lapso de cinco, seis, siete años más los basurales a cielo abierto sean parte del olvido”. 

En segundo lugar, advirtió por “la importación cada vez más creciente de residuos como insumos industriales”, alcanzado desde 2020 a esta parte “las 800 toneladas de importación de PET”. 

En ese contexto, el funcionario resaltó que “la ley de envases no es un fetiche, la ley de envases es la respuesta a esas dos cuestiones que señalaba y que son visibles, y que no pueden completarse de la manera adecuada en tanto no exista una normativa que favorezca seriamente y de manera contundente” el reciclado. “Ni la reducción de importación de PET o el cierre de basurales a cielo abierto van a tener éxito” sin esta norma, insistió. 

En su exposición, Federovisky ratificó la intención del oficialismo de que se cree la “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)”, prevista en el proyecto: “Seguimos creyendo en la necesidad de una tasa, pero nos sorprendió de manera bastante fuerte que incluso aquellos con los que habíamos conversado hasta el día antes y le habíamos explicado cuál era el propósito de esa tasa, al día siguiente la calificaran de impuesto extorsivo, de impuesto inflacionario, de un montón de adjetivaciones que no solamente no están en nuestro interés, sino que no están en el proyecto”. 

Así, explicó que “a lo que se aspira es que coexistan dos sistemas y que la ley pueda reflejarlo, un sistema privado pero con control, supervisión y aprobación de la autoridad competente, que para nosotros inevitablemente tiene que ser el Ministerio de Ambiente; con otro sistema financiado con la recaudación de una tasa por parte de aquellos que no adhieran a un sistema privado o que no presenten sus propios sistemas de tratamiento”.

“¿Por qué insistimos en la permanencia de la tasa?”, se preguntó, para señalar luego: “Básicamente porque todos los ejemplos de funcionamiento estrictamente privados en el mundo, y también en la Argentina como la Ley de Fitosanitarios, tienen una renguera, una parte a la cual no se alcanza y siempre tienen, y en el caso de los envases de plástico con mayor potencia, el riesgo de quedar fuera del sistema, fuera de cualquier control y terminar en basurales a cielo abierto de manera sistemática”. 

“Debemos cerrar esa brecha y darle a las empresas que no tienen deseo, convicción o exigencia de su casa matriz la decisión de poner en marcha un sistema administrado por ellos mismos, la posibilidad de que lo haga el Estado con la recaudación correspondiente”, expresó. 

Finalmente, pidió que “haya antes de fin de año una ley de envases” porque “sabemos que el año que viene es un año electoral y muy probablemente muchas cuestiones se tensen y sea más complejo llevar adelante debates de este tipo”. “Nos debemos en materia ambiental normativas que hagan a políticas públicas”, sumó. 

A continuación, Candela Nassi, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente, se refirió en primer lugar al “diagnóstico inicial a nivel global” de “cuánto representan los plásticos”. “Se compran aproximadamente un millón de botellas cada minuto y se usan hasta cinco billones de bolsas plásticas cada año”, detalló, además de que “el 80% de los residuos plásticos en los océanos provienen de fuentes terrestres y 13 millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año”. 

“Solo se ha reducido un 9% de todo el desecho de plásticos que se ha producido a lo largo de la historia”, indicó la funcionaria, apoyada en filminas, y alertó que “se espera que para 2040 los niveles de plástico en el mar se triplicarán, con una cantidad de entre 23 y 27 millones de toneladas”. 

Nassi apuntó que “diariamente en nuestro país se generan 45 mil toneladas de Residuos Sólidos Urbanos”; que hay 5.000 basurales a cielo abierto en más de 2.000 municipios y que “en esos basurales el 40% de los residuos son reciclables”. Sin embargo, “solamente recuperamos el 10% de los envases que se ponen en el mercado local”, en una cifra “sumamente baja”. 

La jefa de Gabinete de la cartera que conduce Juan Cabandié defendió que se necesita de una ley de envases “por todas las consecuencias que esto ambientalmente genera, pero también por las consecuencias que genera para los trabajadores que están involucrados en la gestión diaria de los residuos”. 

Sobre la iniciativa, explicó que tiene “tres ejes centrales”. El primero de ellos es “mejorar el diseño de los envases” a través del ecodiseño, de modo que “se generen menos y mejores envases”. El segundo consiste en “sistemas de gestión de envases” con el “desarrollo y fortalecimiento de todo tipo de sistemas”, no solo los provinciales o municipales, sino también los privados. Y el tercero es el de la economía circular, porque “necesitamos fortalecer la cadena de valor, generar inversión, desarrollo y tecnología”. 

Puntualmente se refirió a la cuestión de la tasa Manuel Mateu, coordinador de Residuos Sólidos Urbanos, quien expresó que “la ley propone tres opciones de asumir la responsabilidad extendida del productor”. Una es a través del “depósito de devolución y el retorno a un sistema virtuoso que impacta en el medioambiente”; otra es “el plan de gestión de envases, presentado por las empresas privadas y aprobado por la autoridad de aplicación, que tiene que ser con objetivos y metas”; y la tercera opción “es el pago de la tasa que va a un fideicomiso de administración específica, lo que quiere decir que solo se puede utilizar para recuperar materiales”. 

“Esto le da muchísima flexibilidad a la ley”, consideró y sostuvo que la tasa se pensó con una orientación sobre la fabricación de los envases, de modo que aquellos que sean más “amigables” con el ambiente “paguen menos que un envase que es difícil de reciclar”. “La tasa no depende del valor del producto ni tiene que ver con el costo”, aclaró, sino que se define en función de factores como “reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño, e inclusión de material reciclado”. 

“Pusimos que esta tasa cuando se calcule no puede ser nunca superior al 3% del valor del producto”, afirmó el funcionario, y dijo que fue en base a “simulaciones de cuánto daría la tasa con criterios técnicos”. Pero “para todos los productos que simulamos, para ninguno esta tasa nos dio por encima del 3%”, remarcó. Entonces, avaló que ese porcentaje se debe “exclusivamente porque no podemos analizar todos los envases que están en el mercado y podría llegar a haber un producto que por ahí es muy muy barato y la tasa nos da por encima del 3%”. 

En el final, el coordinador de RSU comparó que “a nivel internacional se está avanzando en estos lineamientos” y puso como ejemplo que “España a partir de este año está implementando una tasa de 0,45 euros por kilo de plástico que se pone en el mercado”. “Lamentablemente nosotros estamos llegando muy tarde”, añadió. 

En el encuentro también habló María Castillo, directora Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, quien se refirió al programa Argentina Recicla. “El sistema de gestión de residuos de nuestro país, y del mundo también, está en crisis, por ende necesitamos que se pueda sancionar una ley de gestión de envases”, manifestó. Además, precisó que en hay 320 cooperativas en todo el país, donde se estima que hay 150 mil cartoneros trabajando en esos lugares, donde se llegan a “recuperar 10 mil toneladas de residuos reciclables”. 

Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “la Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”. “El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo.

“La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”, agregó.

A su turno, José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo.

Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó.

De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió.

Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo. Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”.

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados buscará este jueves emitir el dictamen de la ley de humedales, sobre la cual habrá dos textos distintos impulsados por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Mientras organizaciones ambientalistas -entre ellas la Multisectorial de Humedales- se congregarán en las afueras del Congreso, el encuentro entre los legisladores arrancará a las 13 en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja.

La firma del dictamen se vio demorada luego que la semana pasada la Comisión de Agricultura y Ganadería, presidida por el radical Ricardo Buryaile, desconociera la convocatoria alegando cuestiones reglamentarias, y solo asistieran tres diputadas de JxC.

A raíz de las recurrentes quemas en el Delta del Paraná el tema de la protección de los humedales volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública y, el 15 de septiembre pasado, el pleno aprobó en sesión emplazar a las comisiones para avanzar con el debate de los diferentes proyectos.

De las 10 iniciativas que estaban sobre la mesa, este jueves llegarán dos textos para ser dictaminados y hay un final abierto sobre cuál logrará la mayor cantidad de firmas.

Por un lado, el proyecto que encabeza Leonardo Grosso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y es similar al que obtuvo dictamen el año pasado -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. Hay quienes dudan que el oficialismo se imponga con las firmas, dado que hay diputados que responden a gobernadores de provincias que no están de acuerdo con la ley, como aquellas que tienen actividad minera. Sí se plegaría a la propuesta de Grosso el socialista Enrique Estévez, que reemplazá a Graciela Camaño en la comisión cabecera.

En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio pondrá sobre la mesa un texto unificado. Contarían con el apoyo de los cordobeses Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, ambos dentro del interbloque Federal como Estévez.

Con fuertes críticas a Juntos por el Cambio y, más precisamente, al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, diputados a favor del proyecto de la ley de humedales reclamaron no dilatar más el tema. Además, en el final de la reunión, Leonardo Grosso, titular de Recursos Naturales, informó que se convocará el próximo jueves 10 de noviembre a las 13 para emitir dictamen. 

Pese a que la Comisión de Agricultura y Ganadería desconoció, alegando cuestiones reglamentarias, el llamado a un plenario para este jueves, las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto y Hacienda llevaron adelante un encuentro en el que recibieron a invitados: estuvieron la ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, e intendentes de Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, faltaron a la cita representantes de los gobiernos de Catamarca y La Rioja.

Tras escuchar a los expositores se pasó a una discusión entre los legisladores que giró en torno a la actitud que tuvo JxC al considerar que no se podía retomar un cuarto intermedio porque la reunión que había quedado suspendida el pasado 29 de septiembre, cuando los jefes de bloques pidieron postergar el debate para escuchar a gobernadores, había quedado caduca. 

En nombre de JxC, la radical Soledad Carrizo explicó “los argumentos reglamentarios que claramente no compartimos” para la reanudación del plenario, porque “entendemos que no todas las comisiones están citadas”. “Se pretende dar continuidad a una reunión de las tres comisiones que se inició hace 42 días” y ya “se cayó y se terminó”, consideró. Además, cuestionó el “agravante” de publicar en la página web que la reunión de este jueves era un plenario de las tres comisiones. 

“Desde nuestro bloque hay una voluntad de ordenar esta discusión para que tenga un curso cumplimentando el reglamento”, dijo la cordobesa, que recordó que desde su interbloque apoyaron el emplazamiento e incluso, de los 10 proyectos sobre protección de humedales, tres son de autoría de miembros de JxC. 

La opositora reclamó que desconocían “el tema de las citaciones a los gobernadores”, cuando “es importante tener la manifestación de los gobiernos provinciales”. “Sería muy importante transparentar y conocer cómo se ha procedido”, pidió. 

Inmediatamente después tomó la palabra el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien afirmó que iba a “transparentar todo” y comenzó recordando la nota que firmaron la mayoría de los presidentes de bloques para que se postergara la reunión del pasado 29 de septiembre, entendiendo que “ese día se nos iba a complicar tener un trámite que nos lleve a una resultante positiva”. “Asumimos una decisión no fácil”, admitió, y reveló que Leonardo Grosso “imagínense que no estaba de acuerdo con la decisión que yo tomé y lo discutimos intensamente”. Pero se tomó el compromiso de “retomar la continuidad del cuarto intermedio como corresponde”. 

En ese sentido, el santafesino explicó: “Si tomamos esa decisión, vulnerando las facultades que tienen las presidencias de las comisiones, como dijo la diputada Camaño (durante una cuestión de privilegio en sesión), después no le podemos negar a la presidencia cabecera que retome el cuarto intermedio. Por lo tanto, para mí esta reunión es absolutamente válida”. 

Al contar que “desde la semana pasada” está en diálogo con Ricardo Buryaile, Martínez dijo que el radical tenía “preocupación de si hoy íbamos a dictaminar, y yo siempre le dejé claro que hoy no íbamos a dictaminar”, algo que también le transmitió a los jefes de bloques de JxC, aseguró. “No le tengo miedo a los acuerdos políticos, a las negociaciones políticas, y lo hago en voz alta”, enfatizó.

Enfurecida con los miembros de JxC y Buryaile, la diputada Graciela Camaño apuntó que “es inaceptable la excusa del artículo 174” que se tomó por parte del interbloque para objetar el plenario, porque ese artículo se refiere al cuarto intermedio de las sesiones. “Este es el artículo que el presidente apropiador de la Comisión de Agricultura toma para decirnos que nosotros estamos incumpliendo”, lanzó. 

La legisladora de Identidad Bonaerense se quejó de que Buryaile “no es el dueño de la comisión; este es un cuerpo colegiado” y consideró que el radical “no solamente faltó el respeto, por no estar acá, sino también a todos los integrantes de la comisión a los cuales arbitrariamente no citó a esta reunión”. “La comisión debería verificar si está en condiciones de seguir presidiendo la comisión, porque se ha comportado como un patrón de estancia, olvidándose de que es elegido por el resto de los miembros de la comisión. Ejerce la presidencia para ordenar la comisión, no para hacer lo que se le cante”, exclamó. 

Luego dijo lamentar que “los colegas de JxC hayan abandonado la agenda ambiental” y analizó: “No le encuentro otra explicación de la que sea que ‘la unidad va por arriba de todo’; si hay un tema que los divide no lo tratan. Ahora, esto es una institución, esto tiene que seguir funcionando. Bajo ningún punto de vista podemos estar atados a una estrategia electoral de una facción política, porque es eso lo que está ocurriendo”. 

“Muchas posiciones que se toman se referencian en ‘vamos a hacer la contra porque es lo único que nos une’. La verdad dan lástima muchachos”, disparó, y defendió que “esta reunión, a pesar de la maniobra del presidente de la Comisión de Agricultura, está absolutamente legitimada por nuestro reglamento”. 

En el final, Camaño rogó tomar “en cuenta de que tenemos que terminar antes del 20 de noviembre para que no dejemos pasar un año más”, en alusión al último día en el que se puede dictaminar dentro del período ordinario de sesiones. 

Antes de seguir con la ronda de oradores, Grosso habló y pidió “ser sinceros entre nosotros y nosotras y dejar la guerra epistolar para tratar de dilatar una vez más la ley de humedales en el Congreso”. El oficialista recordó que el tema se debatió gracias a un emplazamiento, porque justamente en ocasiones anteriores “pasaba esto que vuelve a pasar ahora” sobre la dificultad para los plenarios. E incluso, el dictamen que sacó solamente la Comisión de Recursos Naturales el año pasado se firmó “el 20 de noviembre porque las presiones que había para que no lo hagamos eran enormes”. 

El diputado mencionó que el 22 de septiembre pasado, pese a la idea de emitir dictamen, se postergó porque Buryaile “era el único presidente de comisión que pedía más tiempo y accedimos a una semana más”. Pero en esos días, “los gobernadores del Norte Grande, desde Washington, comandados por Gerardo Morales, hicieron un comunicado, y a los pocos días se jactaban de haber suspendido la reunión”. 

Luego de confesar que “por supuesto” estuvo “en contra” de la decisión de los jefes de bloques de suspender la reunión del 29 de septiembre, Grosso detalló que a los gobernadores tanto opositores como oficialistas se los citó “en tres oportunidades vía nota”, los días 6 de octubre, 13 de octubre y 27 de octubre. 

“Hemos trabajado para alcanzar acuerdos incansablemente, y muchos diputados que son grandes detractores de esta ley de humedales lo saben”, señaló, para revelar luego que el día de la sesión por el Presupuesto le comunicó a Carlos Heller y Buryaile que se iba a convocar nuevamente al plenario, atento de que había invitados que querían participar. “No hay problema, yo no voy a ser obstáculo, convocá”, relató Grosso que le dijo el presidente de la Comisión de Agricultura. Sin embargo, “el domingo empieza el boicot epistolar”. 

El legislador aseveró que “están ganando tiempo para llegar al 20 de noviembre, no solo los diputados de JxC, sino también algunos gobiernos provinciales que no quieren que esta ley salga”. Pero remarcó: “Tenemos que avanzar en este debate y dejar de dilatar la ley de humedales”. 

En contra de ambos espacios mayoritarios, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman cuestionó el “espectáculo bochornoso”. “No se aguanta una ausencia más, una maniobra más”, dijo y se preguntó: “¿Cuántos negocios más quieren proteger? Porque a este ritmo, si se aprueba alguna vez una ley de humedales, no va a quedar planeta”. 

“Teníamos todo para avanzar” pero “se pusieron de acuerdo los dos bloques mayoritarios, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, dejando por fuera a los otros bloques, y decidieron dilatar la cuestión. Y ahora desde el Frente de Todos patalean y dicen ‘ay Juntos por el Cambio nos hace trampa’. ¿Y qué creían? ¿Para qué les pidieron tiempo? ¿Tan inocentes son?”, reprochó la bonaerense. 

Una de las pocas diputadas presentes por JxC, junto Carrizo y Danya Tavela, fue la porteña Dolores Martínez, quien a pesar de ser una especialista del reglamento, admitió: “Desde mi punto de vista el problema no es netamente reglamentario. El problema es político y como tal lo resuelve la política”. “Lo que está faltando hoy es la voz de los gobernadores, que han pedido venir a expresarse”, sostuvo y solicitó “intentar salir de esta situación” porque “tenemos muy poco tiempo”. 

Hacia el final del encuentro, el socialista Enrique Estévez, quien fue el protagonista del pedido de emplazamiento de las comisiones, manifestó: “Todo este proceso me termina dando bastante vergüenza. Me preocupa mucho por los humedales, pero sobre todo por todas las discusiones que por delante vamos a tener sobre el cuidado del ambiente”. 

“Hoy Juntos por el Cambio mostró la hilacha”, expresó y consideró que Buryaile “debería estar al menos acá dando la cara, dando su opinión”; pero recordó que “hace un mes atrás la hilacha la mostraron todos juntos”. Por eso, el santafesino interpretó que “no tiene que ver con que hay buenos y malos” sino que hay “un problema político de tener doble discurso, gritar relatos y buscar culpables”. 

A un mes de que se suspendiera el plenario de comisiones de Diputados que iba a dictaminar sobre el proyecto de la ley de humedales y, ante las reiteradas críticas y pedidos por parte de algunos legisladores para que el debate se reanude, este viernes se dio a conocer que el tratamiento del tema se retomará la próxima semana.

En una nota suscripta por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, el oficialista Leonardo Grosso, convocó a la continuación del cuarto intermedio sobre humedales, cuyo tratamiento se inició el día 22 de septiembre de 2022 con las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Presupuesto y Hacienda, que se llevará a cabo el próximo jueves 03 de noviembre a las 11, en el 2º piso, Edificio Anexo “C”.

La duda gira en torno a si se emitirá o no dictamen ese mismo día, ya que el motivo por el que se suspendió el plenario el pasado 29 de septiembre, en un común acuerdo entre los jefes de los principales bloques, fue con la intención de escuchar a los gobiernos provinciales antes de avanzar con el dictamen correspondiente.

En ese sentido, según pudo saber parlamentario.com para este jueves “están convocados representantes de las provincias de Catamarca y La Rioja. Con lo cual restarían muchas para ser escuchadas”, lo que hace pensar que el dictamen volverá a postergarse.

Cabe recordar, que la Comisión de Agricultura y Ganadería, a cargo del radical Ricardo Buryaile, había mantenido una reunión por su cuenta - a fin de no darle un tratamiento exprés al tema- con más de una veintena de expositores de distintas provincias que coincidieron en que “la ley de humedales no va a prevenir, ni va a apagar incendios”.

Por otro lado, este mismo viernes fue el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien reclamó al Congreso para que avance con la norma al remarcar que “contar con esta norma permitiría enfrentar la problemática de las quemas intencionales que se hacen en el Delta del Paraná y en otras áreas del país. No es una salida inmediata, pero es de suma importancia tener esta ley y sería propicio que el proyecto ingrese pronto en el recinto para ser tratado”.

“La ley de humedales es fundamental, es una de las principales leyes que nos va a garantizar vivir en un mundo sostenible. Es una norma que nos permitiría darle un marco de protección a los humedales”, destacó.

Con cientos de militantes de organizaciones ambientalistas y movimientos sociales en las afueras del Congreso, la Cámara de Diputados avanzó en el debate del proyecto de ley de humedales y se acordó que se emitirá dictamen el próximo jueves 29.

En una nutrida sala del Anexo de la Cámara baja, el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda -emplazado en la última sesión-, pasó a un cuarto intermedio luego que oficialismo y oposición negociaran cómo continuaría la discusión.

Fue después del pedido que planteó el radical Ricardo Buryaile, ante las fuertes intenciones de algunos sectores para que el proyecto viera la luz este mismo jueves.

Cuando el debate llevaba alrededor de tres horas, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, tomó la palabra. En referencia a que se hablaba de un proyecto "ampliamente debatido, consensuado", dijo: "Quiero dejar algo en claro y sin polemizar con nadie. Presido la Comisión de Agricultura hace cinco meses y nunca llegó este proyecto".

Al mencionar que efectivamente se había tratado en Recursos Naturales, el formoseño remarcó que "tenemos una responsabilidad como diputados de estudiar lo que vamos a tratar"; y al coincidir con que se trata de "una ley trascendente", consideró "una irresponsabilidad legislativa tratar a tontas y a locas, a libro cerrado".

"No respondemos a ningún lobby, ni a los agronegocios, ni a los mineros, ni al lobby ambiental. Respondemos al mandato de nuestros representados. Y yo no acuso a nadie de estar respondiendo a algún lobby", aseveró el exministro de Agroindustria luego de una acalorada intervención de la diputada de izquierda Romina Del Plá.

Con todo, Buryaile valoró la "buena voluntad" por debatir el tema "aún cuando hay diferencias". "Dentro de nuestro interbloque tenemos tres proyectos", señaló y propuso trazar un "esquema de trabajo" porque "tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo". "Las leyes se trabajan, no se despachan", completó y pidió un cuarto intermedio para acordar los pasos a seguir.

Luego de más de media hora, los diputados retomaron sus lugares y el conductor del debate, el presidente de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, informó que "con la voluntad de poder construir un dictamen del mayor nivel de acuerdo posible" y "coincidiendo todos en la necesidad de que este Congreso dictamine y tenga a bien poder lograr la media sanción que nos corresponde, hemos acordado que los bloques van a ir arrimando durante el transcurso de estos días propuestas concretas de modificaciones o sugerencias a los proyectos que estamos discutiendo".

De esa manera, se pasa a "un cuarto intermedio hasta el próximo jueves que viene, a las 10 de la mañana, con el objetivo de dictaminar el mismo jueves y sin la presencia de ningún invitado", completó el oficialista.

"Nosotros manifestamos nuestra disconformidad, pero entendemos el funcionamiento, en cuanto a la ausencia de invitados que nosotros proponíamos, que entendíamos que después de escuchar a los invitados debíamos tener una reunión más. Primó la posición de la mayoría, que nosotros no estamos de acuerdo, pero respetamos", agregó Buryaile y se dio por concluida la jornada.

La introducción de la reunión

Tras la lectura de los diez proyectos en tratamiento en el comienzo del encuentro, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales reconoció que hay "acuerdos" y "desacuerdos", pero "no se puede decir que no hay ningún diputado que no está en tema". "El debate lleva unos cuantos años en Argentina y en el mundo", expresó.

El oficialista recordó que la Convención Ramsar, "una de las primeras convenciones ambientalistas en materia internacional" se aprobó en 1971 y "estaba destinada a proteger estos ecosistemas" con el objetivo de "preservar la vida de las aves migratorias". Argentina adhirió a la misma en el '75 y fue ratificada por ley en 1991.

Este viernes 23 de septiembre "se cumplen 9 años de que este Congreso de la Nación le dio la primera media sanción en el Senado" a una ley de humedales, mencionó Grosso, para continuar: "Hace una década que este Congreso viene debatiendo la necesidad de establecer presupuestos mínimos de protección a los humedales".

Ese proyecto alcanzó la unanimidad, pero luego en la Cámara de Diputados "juntó polvo en un cajón"; y "lo mismo pasó en 2016 con un proyecto entonces impulsado por el senador Fernando 'Pino' Solanas", señaló Grosso.

Al hacer un racconto de los antecedentes, el legislador dijo que "semanas después de asumir, el mismo (Mauricio) Macri había establecido la necesidad de una ley de humedales". "Entre 2015 y 2018 se presentaron ocho proyectos. En el 2020, con los fuegos del Delta del Paraná, se presentaron 15 expedientes", detalló, para mencionar finalmente el dictamen de mayoría que se logró el año pasado en la comisión, pero que no se trató en las otras a las que tenía giro.

"Hay un debate que no empieza cuando nosotros llegamos acá. Hay un debate en la sociedad argentina", remarcó y precisó que "el 80% de los humedales del mundo a lo largo de la historia fueron destruidos. Desde la Convención de Ramsar hasta acá, el 30% fue destruido y en América Latina tenemos el triste récord de superar ese 30% y haber destruido el 56%".

Finalmente, Grosso advirtió que "en los últimos años se aceleró por tres el ritmo en el que venían siendo destruidos", lo que "amerita la intervención y regulación del Estado". "No perdamos esta oportunidad, asumamos la responsabilidad que tenemos", concluyó.

La voz de los autores de proyectos

Arrancó la ronda la diputada del FIT Myriam Bregman, quien destacó "la enorme lucha que se viene dando para llegar a esta reunión" que se dio gracias a "la movilización popular, la movilización de los pueblos". Al cuestionar el "lobby del agro-power", tras leer expresiones de federaciones agropecuarias, apuntó: "Parece que ni con el dólar soja preferencial se tranquilizan, siempre quieren un poquito más, incluido el ambiente".

En cuanto al proyecto, la legisladora de la izquierda pidió que se contemplen "realmente a todos" los humedales existentes, "que ocupan más de 20% de nuestro territorio". También opinó que la autoridad de aplicación debe articular con "organismos especializados en ambiente" y "no que quede en manos de organismos estatales que tengan la presión del agronegocio". Asimismo, reclamó que la norma incluya "la participación de las organizaciones socio-ambientales, y que su opinión tenga carácter vinculante".

Por su parte, la radical Ximena García destacó que "es la primera vez que nos reunimos en un plenario para discutir en profundidad" y enfatizó que "una ley de estas características" requiere de "una profunda discusión para que efectivamente logremos la mejor ley, de consenso, que logre equilibrar a los diferentes sectores y voces" y así, "de una vez saldar esta deuda del Congreso". Para ello, recomendó "salirnos y despejarnos de las posiciones fundamentalistas" y avanzar bajo el concepto de "desarrollo sostenible" para "equilibrar la producción y el ambiente".

Al explicar su iniciativa, la santafesina sostuvo que "en el desarrollo del inventario tienen que ser contemplados los avances que ya tenemos hasta el momento", e incluso "los inventarios en los que algunas provincias han avanzado".

Coautor del proyecto junto a García, el diputado Maximiliano Ferraro consideró: "Tenemos la oportunidad de zanjar una deuda histórica con la ciudadanía". Pero solicitó por un debate "serio, previsible y de una agenda de trabajo basada en los instrumentos de esta norma que pretende reservar el uso de los humedales en nuestro país".

"Es importante tener un buen inventario para contar con la mejor información", señaló el legislador de la Coalición Cívica, al tiempo de que "los ordenamientos se aprueben por ley provinciales" y "se puedan organizar con claros criterios toda la variedad y complejidad de actividades que hoy se llevan adelante en los humedales". "La ley que buscamos no debe obstaculizar las actividades productivas", aclaró.

Desde el Frente de Todos, la diputada Alicia Aparicio aseguró: "Nuestro bloque tiene el firma propósito de arribar al dictamen y a la ley de humedales con los consensos necesarios". "Necesitamos una ley que imponga una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto Nacional hacia las provincias" para la gestión de humedales, al tiempo de "abrir espacios participativos" en provincias y municipios, dijo la bonaerense.

Con una mirada particular sobre la cuestión, el correntino Jorge Vara observó que la discusión hay que enmarcarla en cuatro artículos de la Constitución Nacional -41, 124, 28 y 17-; y resaltó que no se debe avanzar "sobre la potestad de las provincias" al referirse al federalismo. Respecto a la propiedad privada, el radical dijo que "esto puede gustar o no gustar, pero está en la Constitución" y si se avanza en ese sentido "va a terminar todo en la Corte".

El exministro de Producción correntino analizó que hay proyectos que plantean la regulación del uso de los humedales con "fuertes restricciones que pueden afectar desarrollos productivos, inversiones, fuentes de trabajo y generación de recursos para las provincias, los municipios, y en algunas zonas para la Nación".

"Nosotros vamos a defender a muerte el inventario que ya tiene hecho la provincia. Vamos a defender el federalismo en ese sentido", aseveró y pidió "medir el impacto para que no salga el tiro por la culata".

En una extensa intervención, la diputada Graciela Camaño consideró: "Estamos ante el debate más trascendental, esto es más importante que el Presupuesto Nacional, que es coyuntural, mientras esto es estratégico". Al mostrar mapas del país, subrayó que "Argentina tiene el 72% del territorio desertificado; nosotros somos un país árido y semi-árido" y esto "afecta alrededor del 30% de la población". "El 87% del Parque Chaqueño está desforestado", sumó.

"Cuando hablamos de humedales hablamos de las famosas tierras pobres", expresó la bonaerense, que habló entonces de la paradoja de que "las tierras despreciadas del siglo de la industrialización, hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta frente al colapso del cambio climático". "Si todos podemos pararnos en ese lugar, yo no tengo la menor duda que vamos a tener la inteligencia de legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible", abogó.

Más adelante, la legisladora insistió: "El punto desde el cual debemos pensar la ley de humedales es el desastre ambiental y no las conveniencias, porque la producción y la habilitación de poder vivir en los humedales tiene que estar. Pero lo que tenemos que enseñarles a nuestros empresarios y a los habitantes de los humedales es que deben tener conciencia ecológica". "Esta ley no va a impedir la producción, esta ley les va a exigir que produzcan de manera sustentable", indicó.

Luego fue el turno del pampeano Hernán Pérez Araujo, quien reveló que el proyecto lo presentó al ver que su provincia, La Pampa, "viene padeciendo la lamentable extinción de sus humedales en el oeste"; además de que "la militancia social que ha sido fundamental para que arribemos a esta etapa". En cuanto al tratamiento de la ley, recomendó que "todos" tiendan a "bajar la autorreferencia" y "ceder" en posiciones para sacar un texto consensuado.

"Esta no es una ley antiproductiva, que vaya contra los sectores económicos. Todo lo contrario. Tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente", manifestó el oficialista, que pidió "salir de la dicotomía".

Protagonista del pedido de emplazamiento a las comisiones, el socialista Enrique Estévez confesó su "alegría" de "estar debatiendo responsablemente un tema que se viene tratando en este Congreso desde hace por lo menos una década". Sin embargo, manifestó que "lo negativo de estos últimos días es que todavía hay sectores que siguen negándose a la posibilidad de dar esta discusión".

En la misma línea que Camaño, su compañera de interbloque, el santafesino argumentó que "no podemos analizar este tema desde el punto de vista de un sector u otro", sino desde "una mirada de dónde estamos parados". "Hace 10 años no existía todavía la magnitud que vemos hoy de catástrofes ambientales", comparó y enfatizó que "cada vez va a haber más" incendios, inundaciones y sequías. Por eso, llamó a "establecer normas y pautas de cómo nosotros vamos a cambiar" porque "lo que no podemos hacer es tapar el sol con las manos".

Finalmente, Grosso retomó la palabra, al hablar del proyecto de cual es autor y que fue dictaminado el año pasado. El presidente de Recursos Naturales convocó también a mirar "el contexto global, de crisis ecológica, de límite al que estamos llegando como sistema mundo". Respecto de los incendios en el Delta del Paraná, informó que "en lo que va del año se registraron al menos 16.500 focos de calor en las zonas del Delta, que incendiaron algo así como 300.000 hectáreas, convirtiendo al 2022 en el segundo peor año en cantidad de incendios desde comenzaron los registros en 2010".

Sobre la iniciativa, aseguró que se trató de "un proceso de lucha, organización de muchísima gente, de aportes de la comunidad científica" y legisladores de distintos bloques; además cuenta con "el apoyo de más de 500 organizaciones, de 190 científicos y científicas". "No viene a prohibir nada, viene a establecer estándares de nuestra propia actividad", garantizó.

Incluso destacó que "retoma la definición de humedales que se consensuó en el año 2017 en un taller impulsado por el gobierno de Mauricio Macri en la Secretaría de Ambiente de ese momento. No es una definición que escribí yo; y que por supuesto supera a la definición de Ramsar que es del '71".

La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano mantuvo un encuentro para tratar proyectos de ley de aceptación de cesión de jurisdicciones provinciales al Estado para la creación de diversos parques nacionales, entre otras iniciativas. 

Se trata de los proyectos de cesión de terrenos para la creación del Parque nacional Islote Lobos, en Río Negro; de creación del Parque nacional Ansenuza, la Reserva nacional Ansenuza y los bañados del Río Dulce, en la provincia de Córdoba; la aceptación de la transferencia de jurisdicción efectuada por la provincia de Entre Ríos al Estado nacional para la ampliación del área protegida ya constituida, y designada como Parque nacional Pre-Delta, ubicado en el departamento de Diamante; y sobre el cambio del nombre del Parque nacional Traslasierra del noroeste cordobés, por el de Parque nacional Pinas. 

Al respecto, el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Lautaro Erratchu, expositor convocado, señaló la importancia de la creación y ampliación de estas áreas protegidas “en el entendimiento de que sigue siendo una estrategia fundamental para la creación de los recursos naturales y culturales en nuestro país”. 

En este sentido, explicó que la creación de áreas protegidas “brinda servicios ecosistémicos que son muy importantes para toda la población. Nos planteamos como objetivo de gestión incrementar en un 20% las áreas protegidas terrestres del país, y duplicar las áreas marinas protegidas. Creemos que con este paso que estamos dando hoy, más otros proyectos que tenemos en trámite, vamos a poder cumplir ese objetivo”. 

Finalmente, sobre la modificación del cambio de nombre del Parque Traslasierra por el de Parque nacional Pinas señaló que “hubo un error al momento de la sanción de la ley de creación de ese, por un lado, porque no coincide la ubicación del lugar, no es en el valle de Traslasierra, es un parque que está ubicado en el noroeste de la provincia de Córdoba, en el departamento de San Carlos Minas; pero además de la cuestión meramente geográfica, tiene que ver con el respecto de la identidad, y reconocer a la Estancia Pinas como un lugar histórico”. 

Tras su exposición, tomó la palabra uno de los dos intendentes cordobeses invitados a la reunión de Comisión por la diputada Gabriela Estévez, el jefe comunal de San Carlos Minas, Cristian Frias, que destacó la necesidad del reconocimiento de la identidad: “Imagínense la importancia que es para la zona más pobre de la provincia de Córdoba como es el NOC este tipo de emprendimiento, que es una industria que realmente va a generar un impacto social y económico muy importante. Muchos actores, que culturalmente viven de lo que cosechan, de lo que siembran van a ser beneficiados. Hace falta y lo necesita toda la zona. Para nosotros este reconocimiento de parte de la Nación es magnífico”.

Seguidamente, Estévez se refirió a la creación del Parque nacional Ansenuza y la necesidad de traer a los actores involucrados en el territorio a la Comisión: “Con esta construcción de trabajo articulado entre las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas quiero destacar al movimiento campesino, y los intendentes, y los técnicos de Parques Nacionales que han trabajado arduamente en este proyecto. Además, la transversalidad política de los distintos bloques parlamentarios, que habla de que en cosas importantes para nuestra provincia nos ponemos de acuerdo y llevamos iniciativas de manera conjunta”, expresó.

Tras su introducción, la diputada le dio la palabra al intendente de Marull, Juan Gabriel Faletto: “Es muy importante darle la máxima protección a este ecosistema. Y también lo es, porque la creación de este Parque nacional nos visibilizada a todas las pequeñas comunidades que lo integramos. Nos pone en el mapa provincial y nacional, porque significa un nuevo corredor turístico en la provincia de Córdoba”.

Respecto al tema Ansenuza, el presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, explicó que hay una discusión que viene impulsando el movimiento nacional campesino indígena, y con asociaciones civiles respecto a la actividad de transhumancia de los productores vinculados a los bordes de la laguna, y que existe un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de incorporar una resolución al respecto en el recinto.

Sobre esto mismo, la diputada Estévez agregó que existen pequeñas comunidades, productoras de carne que “llevan adelante su tarea ocupando tierras que han ocupado ancestralmente sus familias, que llevan adelante un modo de producción que tiene que ver con una cuestión muy arraigada en la identidad, que tiene que ver con la transhumancia. El problema que tienen en esa zona es que se iba a declarar parque nacional a la laguna y los terrenos que están al borde del río están siendo alambrados y nos les permiten que con sus animales lleguen al agua. Lo que piden es que se cuide ese modo de producción ancestral, y que se proteja como parte de la identidad cultural de la zona”.

Además de estos temas, se aprobó la declaración de “monumento natural” a la especie animal conocida como “águila Coronada” (buteogallus coronatus), a la especie Aguila Harpia –Harpia Harpyja– y a la especie Aguará Guazú –Chrysocyon Brachyurus–. 

Al cierre de la reunión, el presidente de la Comisión, Leonardo Grosso, trajo a colación el proyecto de ley de Humadales, aún sin tratamiento: “El Pre-Delta y Ansenuza son humedales, y parte importante de nuestra responsabilidad es construir acuerdos entre nosotros para avanzar en una legislación que está pendiente, y que la sociedad viene reclamando, para que no nos tenga que agarre el fuego de vuelta para discutir Hhumedales. No miremos para otro lado y veamos como avanzamos. Vayamos construyendo los acuerdos”, concluyó. 

El diputado nacional Leonardo Grosso (FdT) fue reelecto este jueves al frente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. "Es una alegría para mí, un orgullo y una responsabilidad que espero llevarla como corresponde", expresó al asumir la conducción de la reunión.

En la designación de autoridades, el pampeano Martín Berhongaray (Evolución Radical) fue designado como vicepresidente primero; la misionera Cristina Britez (FdT), como vicepresidenta segunda; y las diputadas Camila Crescimbeni (Pro), Natalia Zaracho (FdT) y Ximena García (UCR), como secretarias.

Grosso destacó que "esta comisión ha trabajado mucho en los últimos años" gracias al haber construido "acuerdos transversales entre los distintos bloques" a partir de "discusiones importantísimas". Asimismo, consideró que "el espíritu que tenemos que tener para adelante" es el de "mucha responsabilidad y compromiso".

El legislador observó que la agenda ambiental "ha avanzado a pasos agigantados" en la sociedad y dentro de "los principales partidos políticos que son los que tienen representación parlamentaria". "Aprovechemos esta realidad para hacernos cargo de construir un programa ambiental", pidió.

Sobre los temas que debe abordar la comisión, el oficialista resaltó: "Si hay un nombre y apellido en temas ambientales se llama ley de humedales. Tenemos que afrontar esa discusión en esta comisión, y en el conjunto del Parlamento y con la sociedad argentina. No podemos seguir esperando a que se vuelvan a prender fuego en septiembre de este año nuestro humedales".

También enumeró "envases, plásticos de un solo uso, ley de bosques, agroquímicos, cinturones verdes, fomento a la agroecología" y "desafíos nuevos que aparecieron en países hermanos con mucha fuerza", como "los derechos de la naturaleza o el derecho al agua".

Por su parte, Berhongaray expresó que es "un enorme desafío trabajar en esta materia que no tiene tanta historia y que está en permanente evolución en Argentina y en el mundo". En cuanto a la normativa vigente sobre ambiente, advirtió que "es una legislación dispersa, asistemática y multijurisdiccional", al tiempo que existe además una "permanente superposición de jurisdicciones y funciones que genera crisis de competencia, porque permanentemente se mezcla lo técnico con lo político". "Hay que trabajar en la legislación pero también en políticas de coordinación y de cooperación federalista", completó.

Por el Frente de Todos integran la comisión Fabiola Aubone, Lisandro Bormioli, María Cristina Britez, Carlos Cisneros, Gabriela Estévez, Federico Fagioli, Eduardo Fernández, Leonardo Grosso, Máximo Kirchner, Florencia Lampreabe, Mónica Litza, María Rosa Martínez, Alejandra Obeid, Leandro Santoro y Natalia Zaracho.

Desde Juntos por el Cambio son miembros Martín Arjol, Martín Berhongaray, Sofía Brambilla, Soledad Carrizo, Virginia Cornejo, Camila Crescimbeni, Maximiliano Ferraro, Federico Frigerio, Ximena García, Martín Maquieyra, Marilú Quiroz, Ana Clara Romero, Pablo Torello, Jorge Vara y Pamela Verasay.

La integrante que completa la nómina de 31 diputados es la bonaerense Graciela Camaño, del interbloque Federal.

En la reunión se ratificó que la comisión se reunirá los días martes a las 14.30.

La Comisión de Recursos Humanos y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja emitió dictamen favorable de un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo, que apunta a actualizar los montos de las multas que prevé la Ley de Residuos Peligrosos para los infractores.

La iniciativa se trata de una modificación del artículo 49 de la Ley 24.051, el cual en el inciso "b" habla actualmente de "australes convertibles".

En los fundamentos del texto, el Gobierno señaló que "la evidente desactualización de estos valores lesiona el carácter ejemplar y disuasivo de la medida sancionatoria, resultando para los eventuales infractores o las eventuales infractoras menos oneroso afrontar la multa que cumplir con la normativa".

A partir de esta reforma, se toma como referencia una Unidad Fija (UF) que será equivalente al valor de la unidad retributiva del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), fijado actualmente en 81,04 pesos y, a partir del 1ro. de diciembre, en 83,74 pesos.

Así, las multas para quienes violen la ley irán de 900 a 900.000 UF, esto es de 72.936 pesos a 72.936.000 pesos. Además, se estima que la suspensión de la inscripción en el Registro Nacional de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos pasará de 180 días a tres años -actualmente es de 30 días a un año-.

Presente en la reunión para exponer sobre la ley de envases, Sergio Federvisky, viceministro de Ambiente, lamentó lo "barato que es contaminar en Argentina" y señaló que "a lo largo de 30 años han pasado prácticamente gobiernos de todos los signos políticos" y no se realizó una actualización de la ley.

Por otra parte, la comisión dio aval a un proyecto consensuado entre oficialismo y oposición sobre un régimen de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de evaluación de impacto ambiental.

Además, este martes se despachó un proyecto presentado por la diputada Blanca Osuna (FdT), por el cual se acepta una transferencia realizada por la provincia de Entre Ríos al Estado Nacional para ampliar las hectáreas del Parque Nacional Pre-Delta.

También otra iniciativa de la diputada Soledad Carrizo (UCR), que propone la modificación del nombre del Parque Nacional Traslasierra por Parque Nacional Pinas; otro proyecto del diputado Martín Berhongaray (UCR) para declarar Monumento Natural a la especie animal conocida como “Águila Coronada” (buteogallus coronatus); y proyectos de resolución y declaración.

Tras un intenso debate, de casi tres horas, el oficialismo en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, pasó a la firma el proyecto de ley de gestión integral de envases, enviado por el Gobierno.

Pese a las fuertes críticas de la oposición, por parte de Juntos por el Cambio y también de la diputada Graciela Camaño de Consenso Federal, el Frente de Todos avaló el texto original, que fue defendido por funcionarios.

Además de los representantes del Poder Ejecutivo, este martes expusieron especialistas, titulares de cámaras empresarias y una recicladora urbana.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, paradójicamente, teniendo como antecedente una propuesta impulsada años atrás por legisladoras del Frente para la Victoria.

Ahora resta que el proyecto sea debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y eso será este miércoles a partir de las 13, ya que fue incluido en la agenda.

El punto más objetado fue la creación de una "Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)" que prevé la iniciativa, más allá de que el viceministro de Ambiente, Sergio Federvisky, defendió que se aplicará a aquellos productores que no implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado el Ministerio.

Entre los objetivos, el proyecto busca aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos; al tiempo de alentar a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos.

El destino de la TAREP irá a crear un fideicomiso que será administrado por la banca pública y será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
Al cierre de las exposiciones de los invitados, Federvisky valoró el "compromiso del Poder Ejecutivo" en esta materia, porque "habla de la intención de que haya una política de Estado en materia ambiental", política que "no se configura apenas con una ley".

En ese sentido, criticó a la gestión anterior: "Para combatir el flagelo de los 5.000 basurales a cielo abierto, flagelo cuya responsabilidad le cabe a todos los gobiernos de los últimos 20 años, este Gobierno tuvo que levantar desde el fondo del mar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares que la gestión del rabino Sergio Bergman había subejecutado a un 18% de su total".

Para el viceministro de Ambiente, "el nudo de la discusión es cómo se financia una política pública de estas características, y creo yo que la palabra tasa ahuyenta a determinados sectores y provoca urticaria y también dificultades para la lectura". Entonces, aclaró que esa tasa será "obligatoria para aquellos que no tengan un sistema de gestión", por lo que "claramente la opción está dada".

"Se dijo que la tasa funcionaría como algo que exime de responsabilidad. Yo interpreto que el productor que paga la tasa no se estaría sacando el problema de encima", consideró, al tiempo que rechazó un sistema de gestión privada: "Nos parece que la condición de un sistema mixto es central para esto".

Durante el encuentro, la diputada radical Brenda Austin cuestionó que el proyecto no haya sido girado a la Comisión de Industria y que "al llegar aquí nos anoticiamos con que había una lista de invitados", teniendo que convocar en muy poco tiempo a expositores que tienen una opinión distinta sobre la iniciativa.

Sobre la tasa que prevé el texto, la vicepresidenta de la comisión advirtió que "hay sectores que prefieren pagar la tasa, este nuevo impuesto que está promoviendo este dictamen que someten a discusión, antes que realmente entablar un compromiso con gestión integral". "Pareciera ser que con solamente pagar la tasa el productor está exento de responsabilidad", agregó.

Austin anticipó que desde el interbloque opositor presentarían un dictamen de minoría que reúne "un trabajo muy extenso, muy profundo, en el que se escucharon todas las voces" y que comenzó años atrás, porque "consideramos que es importante que el Congreso avance en una legislación" y "tengamos un marco normativo", pero no en los términos que propone el Ejecutivo.

Muy crítica, la diputada Graciela Camaño destrozó el proyecto y afirmó que "no pasa el test de constitucionalidad". La diputada de Consenso Federal se expresó a favor de "una ley de responsabilidad extendida de los productores", pero "con esto no lo estamos resolviendo".

"Se va a crear una tasa que va a desincentivar la posibilidad de que tengamos un ambiente sano; pero además va a vulnerar a las provincias", enfatizó. Sobre ese último punto, se refirió a que los recursos del fondo fiduciario que se crea los repartirá Nación a los municipios "pasando por arriba a las provincias".

Al lamentar que no se arribe a un proyecto consensuado, la legisladora señaló además, sobre los recicladores urbanos, que "van a seguir siendo trabajadores en negro, porque no somos capaces ni siquiera de poner un párrafo que diga que van a tener ART o las posibilidades de tener un servicio médico cuando les pasa algo".

"(El proyecto) tiene delegaciones en el Poder Ejecutivo como ningún otro proyecto. ¿Qué creen que van a ser Gobierno siempre?", exclamó en otro tramo.

A favor de la iniciativa, el oficialista Federico Fagioli manifestó que “es una alegría estar tratando este proyecto” porque “integra a todos los sectores”. "Este proyecto contiene a las trabajadoras y trabajadores cartoneros. La inclusión social no tiene que ser un eslogan, tiene que ser real con inversiones en los sistemas locales de reciclado. Esta ley es fundamental y tiene un carácter integral", afirmó, al tiempo que observó que "no podemos avanzar en ningún tipo de política que no contemple la agenda ambiental".

Por su parte, el legislador radical Gustavo Menna denunció que "se ha obturado la consideración de los proyectos que estaban presentados hace mucho tiempo" y esta iniciativa en particular tuvo "un no tratamiento" en asesores. "Este proyecto va a contramano de lo que es la tendencia mundial, hay pocos países que sostienen esta metodología", criticó el chubutense y enumeró los puntos en contra que tiene el texto.

En el cierre del extenso debate, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso aclaró que "no estamos pasando por encima de ninguna provincia ni de la Constitución", y "es necesario que empecemos a avanzar en esta discusión" porque "hay una cantidad importante de productores y productoras que están de acuerdo".

Asimismo, la ley "tiene una experiencia enorme detrás, que es la de los cartoneros. No podemos pensar ninguna política ambiental si no tenemos en cuenta a quiénes son los sujetos sociales que llevan adelante una de las principales soluciones para esa política ambiental".

La voz de los invitados

En primer lugar, Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, destacó que el proyecto "incluye al reciclado inclusivo" y fue elaborado durante "un amplio proceso participativo" con "los diferentes actores en la cadena de recuperación".

La funcionaria resaltó que la iniciativa incluye "el principio de responsabilidad extendida del productor", de modo que sean "responsables por la gestión y el financiamiento" de los envases, "incluso en la etapa del posconsumo". Y mencionó también los principios de gradualidad, de la cuna a la cuna, de proximidad, y de simplificación de procedimientos.

Al explicar el proyecto, Nassi se refirió a uno de los puntos más criticados, como es la "tasa ambiental": "La tasa está de alguna manera trabajada en forma muy exigua en el proyecto, pero también contundente en cuanto se establece una fórmula que puede ser actualizada por la autoridad de aplicación juntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo".

"Creemos que la tasa es realmente un diferencial de otros proyectos, porque la fórmula surge de un trabajo interdisciplinario y con diferentes actores que tienen que ver con el mercado de los envases", sumó.

Luego fue el turno de Sergio Hernán Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, quien se manifestó a favor. "Debido a la falta de gestión y tratamiento, muchos de los plásticos posconsumo terminan en basurales a cielo abierto o en lugares clandestinos", señaló.

Para el expositor, "no es muy difícil que esto funcione, es simplemente voluntad política y de parte de algunos sectores industriales hacer el aporte". "Hay que erradicar los basurales a cielo abierto, esto genera un impacto más que negativo en el medioambiente, más que negativo en los vecinos que viven en lugares aledaños, y por supuesto para las condiciones de trabajo de las cooperativas", aseveró.

En nombre de los recicladores urbanos, Jaqueline Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores, habló de "muchos años de lucha, de siempre pensarnos siendo parte de la solución". "Nadie se merece perder la vida en un basural a cielo abierto", enfatizó, al destacar que se debata "una ley de envases con inclusión social".

La trabajadora se manifestó a favor de "una ley que ordene la responsabilidad de todos los sectores" y apunte a "dignificar el trabajo" que diariamente realizan los recicladores en los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país.

Flores subrayó que en la Ciudad de Buenos Aires hay "un sistema de reciclado que actualmente es premiado en el mundo", pero "nuestra patria es mucho más grande". En ese sentido, pidió que "nos permitan que esta ley sea una realidad, porque le van a cambiar la vida a más de 200 mil cartoneros y cartoneras de Argentina, quienes sin nada recuperamos diariamente 50 mil toneladas, evitando que Argentina colapse. Pero sobre todas las cosas lo que pretendemos a través de esta ley es que nos comiencen a ver como lo que siempre hemos sido: trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

A favor del proyecto alternativo de Juntos por el Cambio, Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, recordó que esa iniciativa "se empezó a tratar en el 2014 en el ámbito de la Secretaría de Ambiente", por entonces bajo la presidencia de Cristina Kirchner, e incluso fue presentado por una legisladora del Frente para la Victoria y dictaminado en comisiones en la gestión de Cambiemos.

"Es una buena oportunidad para que se traten de unificar proyectos o se considere lo que se viene trabajando hace siete años en el Congreso", consideró y sobre el proyecto del Ejecutivo apuntó: "No lo vemos eficiente". "No queda claro en el proyecto en función de qué se va a aplicar esa tasa, por qué el Estado se va a hacer cargo de esa tasa y después va a distribuir a los municipios", enumeró, al tiempo que subrayó que "en el mundo funciona mucho mejor cuando son las propias industrias productoras de los envases las que se encargan de reciclar".

En la misma línea, Florencia Canzonieri, de la Cámara de Industria de Bebidas sin Alcohol, coincidió en tener una ley de envases, pero que sea una "normativa que nos permita trabajar" y "un modelo que no implique solo el aporte financiero, sino el involucramiento de las empresas". "Estamos de acuerdo con un esquema inclusivo, esto ya se viene haciendo. No estamos de acuerdo con crear un nuevo tributo, con que lo del sistema de tasa sea lo que funcione", explicó y reclamó "una ley que sea a favor de todos".

Desde la Unión Industrial Argentina, Claudio Terres, opinó que "sería una pena que el proyecto salga así como está, sobre todo cuando faltan algunos aspectos a considerar". Al respecto de la tasa, pronosticó: "Esto va a encarecer los productos, va directamente al costo y, en definitiva, el que lo va a pagar es el consumidor final".

Además, "no sabemos si nos va a asegurar un buen sistema de gestión, para poder justamente separar en origen, recolección diferenciada, punto verde, y volver a utilizarlo en la industria y que sea materia apta", sostuvo el presidente del Departamento de Ambiente de la organización, que explicó que "el material recuperado se deteriora cada vez más, llega a las fábricas deteriorado, porque no hay capacitación al recolector urbano, no hay instrucción, no hay formas de mejorar las condiciones. Hoy se rechaza el 20% del material reciclable, años atrás era el 10%".

Un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Justicia de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley, con media sanción del Senado, sobre reciclaje de neumáticos fuera de uso.

Antes de pasar a la firma el despacho, se escuchó a un grupo de invitados, entre los que expuso la jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, Candela Nassi, quien sostuvo que "es un proyecto sumamente importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista económico y social".

"La incorrecta o inadecuada disposición de los neumáticos genera la proliferación de mosquitos vectores de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya", mencionó.

En su exposición, destacó que se contempla "el principio de responsabilidad extendida del productor" y "ahora los fabricantes y productores van a responder integralmente no solamente por la puesta en venta en el mercado del neumático, sino también por la posgestión, en la instancia del posconsumo".

Nassi señaló que la iniciativa incorpora a "todos los actores de la cadena" y la posibilidad de "responsabilizar legal y financieramente a los productores". "La ley viene a dar solución a la problemática de las más de 200 toneladas que anualmente se generan en materia de neumáticos", agregó.

Por su parte, Ricardo Girolami, de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, expresó que "la industria del cemento celebra enormemente el tratamiento de esta ley", ya que "somos una parte importante en la cadena de solución" de este problema. "Estamos alineados con esta política", dijo y aseguró que este "es un elemento probado, un elemento que funciona y que no genera mayor contaminación, al contrario".

También expuso brevemente Karina Potarsky, directora técnica del INTI Caucho.

Durante la intervención de los legisladores, la cordobesa Brenda Austin (UCR) ponderó que el proyecto es "un fiel reflejo de una iniciativa que se trata de manera concienzuda", y celebró que así sea "sobre todo en un tema tan complejo".

En tanto, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) apuntó que "no es un gran proyecto, pero el artículo 9 lo vale. Lo vale en un país que durante muchos años se acostumbró y se usó importar gomas semiusadas de países poderosos".

"Es interesante tener una herramienta mínima", manifestó, y explicó que es "mínima" porque "no hay incentivos para hacer nada". "De las 130 mil toneladas de neumáticos fuera de uso que tenemos los argentinos, y que aproximadamente el 80% no se recupera, con la prohibición de importación, la prohibición de arrojarlo de cualquier manera como residuo domiciliario, creo que sirve, creo que vale", remarcó.

Luego, el diputado Eduardo Fernández (FdT) destacó que el proyecto apunta "a la generación de empleo, la economía circular". "Estamos abordando una problemática ambiental pero también la estamos convirtiendo en la oportunidad de generar empleo", sostuvo y enfatizó que "es un proyecto virtuoso" que "genera un impacto positivo en términos económicos".

Los aspectos centrales de la iniciativa

El proyecto busca establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU), en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, y en el marco de la promoción de la economía circular.

Tiene como objetivos promover el compromiso de los consumidores; reducir la disposición final de los NFU para disminuir el impacto sobre el ambiente; y promover emprendimientos para la gestión integral de los NFU, generando mecanismos que impacten en su correcto manejo en todo su ciclo de vida.

La ley excluye a neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas
Se prohíbe la importación de NFU, el abandono y/o el desprendimiento de neumáticos en la vía pública o con los residuos domiciliarios, como así también cualquier proceso de eliminación no previsto en la ley.

Los productores serán responsables de la gestión integral de los NFU, constituidos en asociaciones sin fines de lucro.

Los distribuidores de neumáticos estarán obligados a recibir en forma gratuita los NFU para su posterior tratamiento y serán responsables de ingresarlos al sistema integrado de gestión en su carácter de generador.
A su vez, los generadores de NFU serán responsables de entregarlos al productor de neumáticos o a un sistema de gestión autorizado.

Entre otros puntos, la iniciativa establece una serie de sanciones (apercibimiento; multas; suspensiones; clausuras).

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 365 días para reglamentar la ley, desde la fecha de su promulgación.

La Cámara baja tuvo una labor bastante menguada a lo largo del año, que se reactivó con la sesión maratónica del último 26 de octubre. Pasadas las elecciones generales de este domingo, el oficialismo parece querer reactivar la actividad plenamente en las comisiones y ya anunció una batería de reuniones bastante amplia para este martes y miércoles.

Sobre todo para el martes, cuando tiene programada nada menos que seis reuniones, como en los viejos tiempos pre-pandemia. Que conforme lo establecido ya oportunamente serán enteramente presenciales, de modo tal que la actividad se retomará a pleno a partir de la próxima semana.

Muestra el oficialismo las cartas con antelación en Diputados: adelantándose a lo que se perfila como una nueva conformación de la Cámara donde puede llegar a tener un número menor de miembros, trata de aprovechar el tiempo que queda hasta el 10 de diciembre activando la agenda legislativa.

Arrancará así este martes a partir de las 13 con un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Justicia, para analizar el proyecto sobre neumáticos fuera de uso. Se trata de una iniciativa que prevé establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los mismos.

A partir de las 14, Recursos Naturales -comisión que preside el oficialista Leonardo Grosso– continuará con el trabajo analizando una serie de proyectos que incluyen la actualización del monto para las sanciones por residuos peligrosos; y comenzará a analizar el proyecto sobre gestión integral de envases y reciclado inclusivo, entre otros temas.

Para las 15 ha convocado Cecilia Moreau a una reunión de la Comisión de Legislación General que ella preside para tratar la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar; y una serie de iniciativas como la institución del Día nacional del Turismo Rural; el Día del Amor Maternal, en conmemoración de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo; el Día nacional de la Adopción; Día nacional del Lenguaje de Señas; Día nacional de la Juventud (en homenaje a las víctimas de la tragedia de Cromañón), y el establecimiento del 17 de agosto como feriado nacional no trasladable.

Para una hora después ha sido citada una reunión informativa de la Comisión de Mercosur, que tendrá que ver con las relaciones entre ese organismo regional y la Unión Europea, y para las 17 está convocada la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

En ese encuentro se analizará la creación del programa nacional “Pancitas llenas”; una campaña nacional para la donación de plasma inmune para el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina; y la creación del Día nacional del Médico Endocrinólogo, entre otros temas.

La intensa jornada se cierra con una reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería, que a partir de las 19 tratará un proyecto de ley que crea un marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. También se tratará un proyecto sobre agricultura familiar y la creación de un fondo fiduciario para el mismo.

Para el miércoles hay previstas por ahora dos reuniones de comisión. La de Turismo analizará establecer con carácter de Fiesta nacional del Veranador, a la festividad que anualmente se desarrolla en la localidad de Andacollo, provincia de Neuquén, y otros proyectos similares, en tanto que para las 13 ha sido convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para analizar entre otros temas el proyecto de gestión integral de envases y reciclado inclusivo; el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial; y la prórroga de la emergencia de tierras indígenas, entre otros múltiples temas.

El proyecto de ley de gestión de envases, impulsado por el Frente de Todos y presentado la semana pasada en el Congreso por el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, ya tiene giro a las comisiones de la Cámara de Diputados en las que será debatido.

Fuentes de la bancada oficialista confirmaron este miércoles que la iniciativa se tratará en el ámbito de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto y Hacienda, que presiden los oficialistas Leonardo Grosso y Carlos Heller, respectivamente.

El proyecto apunta a prevenir y reducir el impacto de los envases sobre el ambiente y la salud de las personas, al tiempo de promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

Sobre esto último, el texto contempla la creación de una tasa ambiental a ser abonada por los  productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

A partir de esa tasa se creará un fideicomiso, que será administrado por la banca pública, y servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Dolores Martínez, solicitaron que funcionarios se presenten en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados para informar sobre las estrategias para la reducción de residuos plásticos de un solo uso.

Precisamente, los legisladores quieren citar al secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, y a la titular de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, Silvia Boni, para que expliquen también el desarrollo del entorno regulatorio para la habilitación de iniciativas innovadoras que incorporan los criterios ambientales en sus modelos de producción, envasado, expendio y comercialización.

Asimismo, a través de un proyecto, pidieron al Poder Ejecutivo que disponga la implementación de estrategias para la promoción de productos eco-sustentables y el incentivo de iniciativas productivas que favorezcan un uso eficaz y eficiente de los recursos. Además, reclamaron la adecuación y dictado de medidas complementarias referidas al control y fiscalización de productos domisanitarios, a fin de posibilitar su venta en formatos que reduzcan la utilización de envases de un solo uso.

“La actual situación ambiental es fuente de preocupación en el mundo. Las investigaciones científicas demuestran que es indispensable cambiar el vínculo de los seres humanos con la naturaleza y dar una respuesta progresiva y eficaz a la amenaza apremiante del cambio climático, reducción de la biodiversidad, destrucción del hábitat, y contaminación. El incremento del desarrollo está bajo amenaza a nivel global debido al aumento del riesgo de desastres. En algunos países, el riesgo de perder riqueza por los desastres supera la tasa de creación de riqueza. Por lo que una mala gestión ambiental no solo impacta sobre la degradación de otras especies y la calidad del aire, tierra y agua, sino que compromete el derecho humano a las condiciones dignas de vida, a la alimentación, a la salud y a la seguridad, entre otros”, señalaron los diputados.

En los fundamentos de la iniciativa, Martínez detalló que "en términos comparativos, el ritmo de crecimiento del sector del plástico ha llegado a superar el de otros materiales, como el aluminio, el cemento o el acero, y se prevé que siga haciéndolo de modo desmedido. En 2015, la producción anual mundial de plástico ascendió a unos 322 millones de toneladas, y, si se mantiene esta tendencia, es posible que esta cifra alcance los 589 millones de toneladas en 2050. El impacto de los plásticos es doblemente preocupante, si su producción no se reduce, supondrá el consumo de alrededor del 33% de la demanda mundial de petróleo hacia el año 2030, presionando sobre las reservas de combustibles fósiles, e incrementando el daño ambiental producido por esta tendencia”.

“Por eso –continuó-, frente el descomunal crecimiento del uso de plásticos ha surgido la presión sobre la necesidad de revisar todo lo relativo a la manufactura, gestión y el reciclaje de los residuos originados por este sector, para lograr controlar su generación, aminorar su impacto sobre el ambiente y revertir la cultura del usar-tirar”.

En los argumentos se resaltó que este pedido "va en la línea de la promoción de un desarrollo sostenible que profundice los compromisos asumidos por nuestra Nación y uno de esos retos es reducir la cantidad de plástico producido y consumido en nuestro país. Es indispensable que las políticas públicas se alineen y colaboren con los esfuerzos que se encuentra realizando la sociedad civil y el mercado".

"En los últimos tiempos surgieron iniciativas desde la sociedad civil que el mercado ha implementado favorablemente, como el desincentivo y la reducción de entrega de plásticos de un solo uso. Esto se puede ver en la eliminación gradual del uso de bolsas de polietileno o la disminución de la entrega y utilización de sorbetes plásticos. También, cada vez más, florecen los locales que promueven la compra de alimentos sin envases o con embalajes biodegradables o reutilizables, como son las bolsas de papel para el delivery y el almacenaje de comida preparada en recipientes traídos del hogar", ejemplificaron.

También mencionaron que "otra de las propuestas es reemplazar la compra de botellas o bidones de agua, a través de la implementación de filtros de agua en las canillas domésticas y así evitar ese residuo. También están quienes cargan con sus propios cubiertos metálicos o de madera para evitar el uso de cubiertos descartables".

"Otra industria intenta sumarse a la ola de reducción de desechos y es el sector de los productores y vendedores de domisanitarios. Este mercado recepcionó la demanda de reducir la generación de desechos y trae la propuesta de realizar la compra de suavizantes, detergentes, limpia vidrios en envases reutilizables, entendiendo la reutilización como toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, sea rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo”, agregaron.

El proyecto fue acompañado por Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Albor Cantard, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Diego Mestre, Claudia Najul, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia.

Organizaciones ambientales, científicos y representantes del sector inmobiliario expusieron este miércoles en la tercera reunión informativa de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente con el objetivo de delinear una ley nacional de humedales.

Luego de la introducción realizada por el titular de la comisión, Leonardo Grosso (Frente de Todos), tomó la palabra Santiago Boló Bolaño, quien administra la estancia y reserva natural “El Cachapé” en el este del Chaco, zona de humedales. Boló Bolaño llamó a “visibilizar los servicios eco-sistémicos de los humedales” y pidió “cuidar los lugares donde uno trabaja y vive”. “La ley de humedales tendría que penar a esas personas que anteponen sus beneficios personales sobre los comunes”, alertó.

En tanto, Gracia Jaroslavsky, diputada provincial de Entre Ríos, consideró central que, en el espíritu de la ley, “quede plasmado un cambio de cultural, donde el equilibrio entre el hombre y la naturaleza sea esencial”.

Por su parte, Jerónimo Valle, licenciado en Ciencias Ambientales, denunció que los humedales “están siendo sometidos a una especulación inmobiliaria sin precedentes”.

“Se ha demostrado científicamente que los impactos ambientales de los mega emprendimientos inmobiliarios son de carácter irreversible y no se pueden restaurar con lagunas artificiales”, consideró Valle.

Cecilia Leonor Martínez, de la cooperativa de junqueros de Isla Esperanza, también manifestó que “nos han venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida isleña”. “Los humedales son todo para nosotros, nos representan, los que vivimos en el Delta sabemos lo que significan para el ecosistema y su biodiversidad”, definió.

En contraposición, en nombre del rubro inmobiliario, expuso Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, quien sostuvo que el sector “está comprometido con la inversión sustentable”.

“Los humedales son biomas esenciales que deben respetarse, incluso ponerse en valor, pero es clave que ello no implique impedir la inversión”, resumió.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Leonardo Grosso, convocó para este miércoles a las 18 a un nuevo encuentro para debatir la Ley de Humedales.

En lo que será la tercera de cuatro reuniones en busca de un dictamen, expondrán representantes del sector inmobiliario, federaciones, organizaciones ambientales y científicos.

"Nos estamos extinguiendo, tenemos que frenar los incendios y la devastación de humedales, y para eso necesitamos la Ley", expresó Grosso. Y afirmó: “Tenemos que seguir trabajando en la construcción de consensos porque hay compromiso de todo el arco político”.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, Leonardo Grosso, confirmó que “hoy comenzamos a debatir la Ley de Humedales en el Congreso Nacional”.

El legislador sostuvo que “la reunión será de carácter informativo, y se pondrán en consideración los proyectos presentados por los diferentes bloques y se acordará una modalidad de tratamiento”.

“Tenemos la voluntad política de llevar al recinto la mejor Ley para terminar con la problemática de la devastación humedales en la Argentina, y encarar un cambio sustancial en la conservación de nuestro ambiente”, agregó Grosso.

Además, se llevará a cabo una serie de exposiciones de especialistas, organizaciones ambientalistas y sociales.

Juan Cabandié se convirtió este miércoles en el octavo ministro del Poder Ejecutivo en presentarse en el Congreso de la Nación por videoconferencia para hablar de su gestión en estos cinco meses de gestión en general y los tiempos de pandemia en particular. En ese marco, el exdiputado nacional hizo un repaso de la actividad de su cartera en el marco de la emergencia por la pandemia de coronavirus.

Cabandié destacó “la impronta” que su gestión le da a la eliminación de los basurales a cielo abierto, y remarcó que “los temas ambientales no tienen banderia política”.

Al exponer por videoconferencia ante la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados que preside el oficialista Leonardo Grosso, el funcionario señaló que su trabajo apunta a “avanzar en temas pendientes y tener mucho diálogo, con una visión federal”.

En ese marco Cabandié contó haber recorrido diez provincias desde que asumió, “para atender cada una de las demandas referidas a la protección del ambiente y a la agenda en la materia. Nuestro objetivo es una gestión abierta y participativa, porque los temas ambientales no tienen bandería política”.

Cabandié afirmó que desde su ministerio se comenzó “un plan para erradicar los basurales a cielo abierto”, tras reconocer que existen unos 5.000 en el país, una cifra que “no puede enorgullecer” a los argentinos y que calificó como “alarmante”.

Detalló que se está “dotando de equipamiento a los municipios que tienen situaciones más acuciantes” para que puedan tratar esos residuos de otra manera, y que como contrapartida se les pide que a partir de legislaciones locales dispongan la separación de los mismos, situación que en muchas comunas aún no está reglamentada.

Sobre los basurales, advirtió que “en el mejor de los casos los residuos se entierran, lo que impide la circulación de materiales” que pueden ser comercializados por recicladores urbanos, también conocidos como cartoneros.

Tras referirse al tema de los agroquímicos, del calentamiento global, de la calidad del agua y de la emisión de carbono, el ministro reconoció que “en las discusiones ambientales la sociedad está más adelantada que la política”.

Por su parte, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso, afirmó que “cada crisis es una oportunidad y creemos que la salida de la pandemia tiene que tener una perspectiva ambiental”. En ese sentido, repudió que “Estados Unidos y China hayan expresado la intención de flexibilizar los controles ambientales para reactivar la economía”.

Por otro lado, coincidió con el ministro Cabandié en la necesidad de retomar como prioridad el proyecto de ley nacional de educación ambiental. “Es una herramienta educativa que hoy resulta indispensable para todos los niveles escolares”, finalizó Grosso.