En medio de la parálisis que atraviesa el Senado, con una escasísima actividad de comisiones y el recinto cerrado desde el pasado 26 de septiembre, este miércoles se reanudará el debate sobre la ley antimafias -contra el crimen organizado-, que cuenta con media sanción de Diputados.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por la radical Carolina Losada y el oficialista Juan Carlos Pagotto, respectivamente, se reunirá desde las 13 en el Salón Illia.

Al encuentro fueron invitados Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad y el doctor Marcelo Luis Serghini, asesor especialista en defensa y seguridad.

Hace tres semanas atrás, la discusión arrancó en esas comisiones con la visita de funcionarios. Se trataron además otros dos temas: la media sanción sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria; e iniciativas sobre un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes, que culminarían en un dictamen unificado. Ambas cuestiones serán abordadas también este miércoles.

El proyecto de ley antimafias, promovido por la ministra Patricia Bullrich, tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

El texto plantea que todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.
Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario en la Cámara baja los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que “la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial”, la que “deberá ser declarada por la autoridad judicial competente”. Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. “Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal”, aclara.

Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reunieron este martes en un encuentro plenario para dictaminar el proyecto que modifica el Código Penal de la Nación e incorpora el artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

Impulsor de la iniciativa, el diputado nacional Matías Molle (UP – Buenos Aires) explicó que “es un proyecto muy simple”, y afirmó que “está escrito a partir de la práctica (fue director del Registro Nacional de Armas) y una problemática que veíamos es la cantidad de armas decomisadas en depósitos de las fuerzas de seguridad”.

Asimismo, planteó que “la mayoría de las armas tenían causas resueltas y que se mantenían de dos a diez años los depósitos”. “Este proyecto viene a resolver que se saquen armas de circulación, viejas con números limados secuestradas en la calle y que no tienen registro”.

“Estamos tratando de ordenar un problema que termina con el problema de que las armas terminen en la calle y estos depósitos son bocas del mercado negro”, reveló Molle, quien añadió que “tenemos que resolver ese problema porque es un problema que está en la calle y antes lo hacía una autoridad con la Corte provincial, pero ahora lo resolverá una ley”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli mencionó el proyecto de su autoría y el oficialista Álvaro Martínez (LLA – Mendoza) planteó modificaciones, pero confirmó que “vamos a acompañar este dictamen”. Por su parte Juan Brügge (Encuentro Federal – Córdoba) solicitó agregar cambios en los tiempos de procedimiento para resolver el decomiso a través de la justicia y anunció cambios a proponer en el recinto.

Brevemente, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció el pase a la firma del dictamen, pero anticipó que las modificaciones propuestas serán consensuadas en el recinto, una vez que el proyecto tenga tratamiento en una próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Reiterancia y reincidencia de delitos

Antes del plenario, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados recibió a Mariano Leguiza Capristo, asesor del Ministerio de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y actual secretario de Seguridad del Municipio de Lanús, para exponer sobre el texto que modifica el Código Procesal Penal Federal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Para iniciar su intervención, el funcionario municipal mencionó los aportes realizados para legislar en CABA y explicó que la idea partió de que “observamos a personas con muchos procesos abiertos, pendientes de resolución, que cuando llegaban al delito más grave, el cual tomaba estado público, se observaban los antecedentes que se hacen referencia en medios de comunicación, que no son antecedentes, sino son causas pendientes de resolución”.

“Habiendo trabajado en el sistema de flagrancia (sorprender al autor de un delito cuando lo está cometiendo) de la provincia de Buenos Aires, intentamos el proyecto de reiterancia con dos presupuestos, el objetivo y el subjetivo, por los cuales, la causa abierta es la existencia de un delito probado, y luego acreditar la probabilidad”, siguió.

Por otro lado, amplió que “dentro de los delitos procesales encontramos la reiterancia”, por la cual indicó que “no es un elemento nuevo y es cuando el imputado recibe el beneficio de la excarcelación”. “Ocurre el hecho delictivo, el ciudadano declara, pero no es imputado, y el proceso queda en el aire porque no se dispuso la aprehensión”, señaló.

Finalmente, defendió el espíritu de la iniciativa y relató que se trata de “un proceso rápido que acumula los últimas dos (imputaciones) y que resuelva en base al primero o al último y se decida la aprehensión”. “La idea es que no se acumulen más procesos, se resuelva rápido y de manera práctica porque eso le quita eficacia al sistema criminal”, concluyó.

Las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda llevaron a cabo la tercera reunión plenaria para continuar el debate sobre proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

En primera instancia, un grupo de diputados nacionales presentó sus respectivos proyectos relacionados a esta temática y luego, se les dio lugar a las exposiciones de los invitados quienes manifestaron discrepancias con fijar la edad en 13 años.

Al igual que los legisladores que ampliaron el contenido de sus iniciativas, varios de los especialistas que se hicieron presentes coincidieron en fijar una edad de imputabilidad a partir de los 14 años. Los expositores revelaron datos que demuestran que hay una mínima cantidad de hechos delictivos a los 13 años.

El primer diputado nacional en exponer su proyecto fue Ricardo López Murphy (EF – CABA), quien, basándose en la Convención de los Derechos del Niño 1989, alertó que “no son punibles los menores de 16 años”, pero señaló que “hoy el menor no está protegido por la ley y es necesaria una nueva que contenga a la convención”.

En esa línea, planteó que “el Estado no cuida a los men0res y quedan a merced de organizaciones criminales comandas por adultos”. Por eso, reiteró que su proyecto propone “imponer la edad de imputabilidad a 14 para que el menor se encuentre dentro del sistema jurídico y así proteger la seguridad pública y promover la reinserción”.

“Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

En segundo lugar, el diputado nacional Diego Santilli (Pro – Buenos Aires) cuestionó que “sólo Argentina y Cuba tienen edad de imputabilidad en el rango de 16 a 18 años”. Por eso, llevó consigo una serie de datos referidos a la provincia de Buenos Aires: “Hay más de 23.000 causas por menores de edad y han cometido 200 homicidios; los robos agravados han crecido un 33%; y hubo un 18.6% más en portación de armas”. Sumó que “los grupos delictivos se llevan mano de obra joven”.

“El mundo va para un lado y nosotros no avanzamos ni un metro y el menor que delinque tiene que rendir cuentas de sus actos”, aseveró Santilli, que también explicó: “El menor que delinque debe reparar el daño causado a las víctimas y a la sociedad, tiene que haber castigo y luego reparación”.

Con relación a las penas, el diputado macrista agregó: “La Justicia no puede tardar más de dos años en la resolución”. Por último, habló de las condenas y cerró: “Proponemos una máxima de diez años, salvo en los casos de homicidio y delito sexual que allí tendrán una máxima de 15 años”.

Desde la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli cuestionó la superposición de comisiones a la misma hora, afirmó que “no quiero ver a niños de 13 y 14 años en las cárceles”, y agregó que “no alcanza con la baja de imputabilidad porque los jueces hablan de escasez de lugares a donde poner a esos menores”.

La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes, brindó los detalles de su proyecto: “Viene a establecer un nuevo régimen juvenil aplicable con limite en 14 años, donde se baja la edad porque hay un universo de chicos que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”.

Sobre la problemática, Reyes amplió: “Afecta a la víctima, a la sociedad y a los propios chicos que empiezan tempranamente una carrera criminal”. Sin embargo, remarcó que “no se puede restringir derechos por debajo de los 14 años y el juez no puede hacer nada penalmente sin un debido proceso”.

A su vez, explicó que “con cualquier chico o chica menor de 14 años sometido a cualquier privación de derechos, vamos a ser considerados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos” y “no pueden ser alojados en dependencias policiales”, destacó.

Para terminar, Roxana Reyes sugirió que “la privación de la libertad es la última sanción, no la pongamos como regla”. En el cierre, mencionó que de 14 a 16 se establecen penas de 5 años; y de 16 a 17, 10 años como máximo.

En el cierre de las explicaciones de los diputados, la vicepresidenta de Familias, Niñez y Juventudes, Victoria Tolosa Paz, le consultó a Santilli respecto a la fijación de edad en su proyecto, por lo que el macrista contestó: “Fije en 15 años, pero creo que debemos hacer algo con los de 12 a 15 años que cometen delitos”.

Los expositores

El presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, Germán Onco, aportó que desde el CAD (Centro de Atención y Derivación) “el 30% de los adolescentes tiene más de dos ingresos, el 2,5% ya ha ingresado hasta diez veces y el 60% vive en otra jurisdicción”.

Por su parte, sugirió fijar la edad en 14 años porque “hay muy pocos casos de 13 años en el CAD”. “Esto es para que el adolescente internalice que ha cometido un delito y a través de programas del deporte y la cultura pueda llevar a cabo su reinserción”.

Luego, María Noel Costa, jueza del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba, señaló que “esto no resuelve la pobreza ni la violencia que tiene la sociedad”. De igual manera, añadió: “Esa imputabilidad que ustedes fijan, pasa por un juez que analiza la culpabilidad y en el derecho penal, la culpabilidad es la medida del reproche”. “No hay que tenerle miedo a estas medidas que funcionan bien”, cargó.

También, María Alicia Tulián, jueza de Control, Niñez y Adolescencia Penal Juvenil de Córdoba, manifestó: “No es posible tratar igual a quienes están en diferentes condiciones, y niños y adolescentes no están en mismas condiciones que adultos”. Reveló que “el 1% de adolescentes de Córdoba solo tuvo contacto penal y el 0,01 están entre los 13 y 14 años”.

Con relación a otras naciones, mencionó que, en Brasil, “las penas a adolescentes de entre 13 y 18 años son 3 años, y en Uruguay son de 5”. Para Tulián el proyecto, así como está “no resiste control judicial”. También expusieron Cynthia Brítez, de la Asociación Americana de Juristas; y Gabriel Lerner, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación.

Finalmente, la titular de la Comisión de Seguridad Interior –cabecera del plenario, Laura Rodríguez Machado, anunció que el próximo encuentro será el próximo miércoles 28 de agosto a las 16.00.

Las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reúnen en plenario este miércoles 21 de agosto a las 17 con la presencia del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para darle inicio al tratamiento del proyecto que permite la participación de las Fuerzas Armadas ante actos terroristas.

El proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo incorpora la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas (FFAA) ante hechos de terrorismo, que se suma a dos opciones ya existentes previstas por la Ley de Seguridad Interior (24.059) y sus modificaciones.

Dicha norma sancionada en el año 1991 dispuso dos escenarios para la intervención de las Fuerzas Armadas: El primero, previsto en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad; y el segundo, contenido en el artículo 31, regula el empleo de elementos de combate, previa declaración del estado de sitio, para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional.

Esta iniciativa propone una alternativa intermedia a las mencionadas para que “las Fuerzas Armadas actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”.

Al respecto, el proyecto resalta como punto de partida que la Constitución no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas. En efecto, el artículo 75, inciso 27 de la Constitución nacional dispone que corresponde al Congreso de la Nación fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno.

Por su parte, el artículo 99, inciso 14 de la Constitución nacional establece que el presidente de la Nación dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.

Fue la Ley de Seguridad Interior la que reguló la participación de las FF AA en estos dos supuestos. Así, en su artículo 27 -que este proyecto se propone modificar- establece un supuesto de apoyo a las Fuerzas de Seguridad disponiendo que: “En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis, que las Fuerzas Armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.

Y, en el artículo 31, ya para el caso de declaración de estado de sitio: “Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2º”. La norma establece que, si fue a través de una norma del Congreso que se resolvió regular la posibilidad de actuación de las FFAA, es también facultad del Poder Legislativo establecer otros supuestos de intervención.

El proyecto de ley dispone que, en caso de producirse un acto destinado a aterrorizar a la población y que -como consecuencia de ello- se inicie una investigación penal en el marco del artículo 41 quinquies del Código Penal de la Nación, el Comité de Crisis estará facultado para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.

Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia. A su vez, en el requerimiento se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el tiempo requerido y lugar definido.

Finalmente, la iniciativa dispone que “las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones aquí previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso”.

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados del Pro José Núñez y Laura Rodríguez Machado, se reunieron este miércoles a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado, más conocida como “Ley Antimafias” con la presencia de invitados a exponer.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo C, se retrasó media hora debido al plenario de comisiones que previamente trató la prórroga de entrega de armas de forma voluntaria. En la reunión informativa expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el profesor en Criminología, Enrique Andrés Font; y Gabriel Elías Ganon especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología.

El primero en disertar fue el profesor titular interino de Criminología y docente investigador, Enrique Font, quien indicó: “El anteproyecto que estamos debatiendo no es ‘antimafia’ sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados. No hay un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales o ilegales que es algo básico del crimen organizado. Mirar esa relación existente y la penetración de las actividades legales e ilegales, eso no está en la ley”.

También señaló que “no hay preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafia”, y criticó: “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar qué hacemos con las poblaciones penitenciarias”.

“Me llamó la atención la cantidad de representantes de Rosario que hubo porque no es realmente un fenómeno de crimen organizado, es una anomalía criminal en términos de delitos por la tasa de delitos que hay, pero no es un fenómeno vinculado con el crimen organizado”, planteó y pidió “desagregar lo que se cuenta de Rosario en relación a la ley porque se está falsificando la situación de Rosario porque no es un fenómeno de narcotráfico ni de crimen organizado”.

Así, Font manifestó: “Preocupémonos por resolver los problemas institucionales antes de sacar leyes que van a producir grandes conflictos, por ejemplo, aumentando las poblaciones penitenciarias sin pensar qué vamos a hacer con ellas”.

Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.

“Esta ley en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería contraproducente. El delito se entiende en relación al control y cuando se pone esa variable es que buena parte del fenómeno de Rosario se explica, no tanto por el delito, sino por las características del control del delito por parte de la administración de justicia provincial, federal y la policía”, precisó y contó que en el 2014 realizó, en conjunto con la universidad, una investigación vinculados a delitos del mercado local de drogar en la justicia federal, fragmentación de causas, falta de estrategia de persecución uniforme y elección azarosa de las fuerzas de seguridad que llevaban adelante las investigaciones, inadecuado control por parte de fiscales y jueces de las investigaciones delegadas, y la carga de trabajo. “Una gran dificultad de articulación entre el ejecutivo provincial y la justicia federal”, indicó.

También contó que en el 2015 hicieron un relevamiento de homicidios para ver qué hacía la justicia provincial con ello y descubrieron que “había casos perdidos, homicidios dolosos fueron remitidos a otros juzgados. De 141 casos de homicidio que relevamos en el periodo 2008-2012 en dos barrios en el 64% de los casos hubo indagatoria, 34% hubo procesamiento y en el 23% condenas. Esto no cambió, Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para homicidios, Buenos Aires esclarece 9 de cada 10, hoy se esclarece 6 de cada 10 en Santa Fe”.

Font denunció que “la policía provincial no solo habilita el delito, sino que trabaja para las bandas, está cuentapropizada”.

Vía zoom el intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.

Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.

En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.

En tanto, instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.

Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación”, cerró.

Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología y ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganon, explicó: “Uno de los grandes problemas de Santa Fe es no haber analizado correctamente cuáles eran las causas del crecimiento de los homicidios y eso tiene que ver con la baja tasa de esclarecimiento y castigo; 7 de cada 10 homicidios quedan impunes”.

“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados debatirá un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. El encuentro será este miércoles desde las 11 en el Anexo de la Cámara baja.

La iniciativa, enviada el pasado 15 de mayo, plantea por un lado un procedimiento de regularización de la tenencia de armas de fuego en todo el territorio nacional para aquellas personas humanas o jurídicas que posean armas de fuego de uso civil o de uso civil condicional o sus repuestos principales, que no se encuentren registrados de conformidad con la normativa vigente.

Para esto habrá un plazo de 360 días, y quien posea armas no autorizadas deberá presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), organismo que a su vez deberá realizar una intensa campaña de difusión a los efectos de informar sobre la ley.

Por otra parte, se propone prorrogar desde el 1ro. de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027 el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Y se establece que la entrega será, además de voluntaria, anónima y a "cambio de un incentivo". Esto último, el Poder Ejecutivo lo explicitó en los fundamentos.

Según datos oficiales, se estima que hay cerca de 800 mil armas que están en una situación irregular. "La dificultad para acceder a la realización de los trámites, los tiempos excesivos y muy poca digitalización han sido algunas de las razones que ayudaron a la falta de registración de la tenencia de armas", agregó el PEN.

La última prórroga de este programa se había votado en septiembre de 2022 en la Cámara de Diputados por 189 votos a favor, 13 negativos y una abstención. La extensión fijada era hasta el 31 de diciembre de 2023.

Finalmente, la reunión plenaria entre las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados dictaminó este martes el proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pese a incorporar las modificaciones solicitadas por Unión por la Patria, el bloque opositor presentó su propio despacho.

Tal como adelantó parlamentario.com, el dictamen de mayoría salió del texto con las modificaciones propuestas durante las reuniones informativas. Previo a la firma, la presidenta de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), confirmó que este despacho lleva comprendidas “11 modificaciones de Unión por la Patria, 8 de Hacemos Coalición Federal, 5 del radicalismo y 4 de Innovación Federal”.

Pese a introducir las modificaciones exigidas en el dictamen de mayoría, el vicepresidente segundo de la Comisión de Legislación Penal, Martín Soria (UP), anticipó que el bloque opositor presentó un despacho propio donde puntualizaron que la iniciativa “tiene que tener el financiamiento para que las provincias que adhieran puedan nutrir esa base de datos genéticos”.

“Decíamos que el catálogo (de la base de datos) debía regir sobre delitos graves y una de nuestras propuestas fue de la comisión de huellas genéticas para que no sea netamente conducido por la política, sino por especialistas en la materia”, refirió el rionegrino en relación a los cambios solicitados en anteriores reuniones.

En contraposición a todo el proyecto de ley, la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ratificó su rechazo a la iniciativa y explicó que “se está creando un banco de sospechosos”, y cuestionó a la labor en comisiones: “Nadie pudo defender qué significa y justifique para que existe y los expositores de las provincias sumaron dudas”.

A su vez, enlistó una serie de atributos del proyecto que observó de forma negativa: “Están la inclusión de menores, la violación del principio de inocencia, el manejo de la muestra y la violación de principio constitucionales”. Además, cargó que “no quedó claro si va a ser un solo banco o dos bancos con la búsqueda de personas desaparecidas”.

Dirigida a la ministra de Seguridad, Bregman afirmó que “quieren hacer un gran hermano”. “Van a estar personas imputadas y personas con delitos graves con personas desaparecidas porque Patricia Bullrich quiere que todos seamos sospechosos”. “Me parece que es una herramienta grave”, cerró.

Por otra parte, la diputada nacional Patricia Vásquez (Pro – Buenos Aires) propuso: “Si Vucetich implementó la identificación por huella en 1891 ¿Por qué no podemos avanzar con esto en el Siglo XXI?”. “Si no tenemos confianza en las instituciones, no podemos sancionar ninguna ley directamente”, disparó.

Mencionó, además, a la inseguridad y al narcotráfico como “causales de daño”, y señaló que “esta es una herramienta para resolución para identificar culpables e inocentes”. Finalmente, añadió: “implementaría la identificación por nuestro ADN sin tener relación con un delito”.

También, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning (UCR) planteó una observación sobre el dictamen: “No sé si fue un error involuntario en el artículo 4 inciso f que habla de los perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales, de seguridad federal, funciones y empleados de los poderes judiciales que intervengan podrán solicitar la remoción de sus datos del registro tras cinco años del cese de sus actividades”.

Por último, el presidente de Seguridad Interior, José Núñez (Pro – Santa Fe) cerró: “Hemos trabajado con respeto y todos hemos apartado, por unanimidad nos llevamos este dictamen (o dictámenes) y seguiremos discutiendo hasta que se sancione la ley”.

Al término del plenario, Legislación Penal aprobó tres acuerdos internacionales respecto al protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio; la Convención relativa a la Organización Internacional de ayudas a la Navegación Marítima; y la implantación de las disposiciones del Protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al Convenio Internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros, 1977. Todos provenían con el aval del Senado.

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, se buscará avanzar con el dictamen del proyecto de ley que propone la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. El encuentro se realizará este martes, desde las 17, en el Salón Delia Parodi.

Tras varias reuniones informativas, por las que pasaron numerosos expositores, el tema será abordado por los legisladores. Según pudo saber parlamentario.com ya se trabajaron en modificaciones al texto original, que fue enviado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa forma parte del paquete que impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye también la ley antimafias, tema por el cual expuso en la última reunión el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El proyecto busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad sexual, creado mediante la Ley 26.879.

El objetivo es abarcar la identificación genética de todos los delitos. "Es una herramienta judicial altamente útil para la dilucidación de los delitos", sostuvo el PEN en los argumentos.

Asimismo, indicó que podría servir para la búsqueda de personas perdidas o desaparecidas. Actualmente se estima que hay más de 6.000 en todo el país.

El Registro funcionará en el fuero federal y nacional, pero se podrán firmar convenios entre la Ciudad de Buenos Aires, las provincias y el Ministerio de Seguridad de la Nación, según estima el proyecto original.

En los fundamentos, el Gobierno consideró que esta ampliación constituiría "una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”.

Con abogados, docentes, asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

Entre los invitados a exponer están:

• Martín Monedero: Abogado especialista en Derecho Penal. Es miembro del centro de filosofía del derecho Penal. También es autor de Diversas publicaciones en revistas académicas y profesionales, sobre temas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal.
• María Cecilia Vranicich: Fiscal general del Ministerio Publico de la Acusación de la provincia de Santa Fe.
• Guillermo Todarello: Defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación penal y Coordinador de la Comisión de Cárceles de la defensoría. Expondrá sobre los proyectos de ley antimafias y proyecto sobre reiterancia/reincidencia.
• Eugenio Darío Vezzaro: Abogado penalista egresado de la UNC. Fiscal general de la provincia de Córdoba periodo 2006-2012.
• Juan Segundo Pavez Laciar.
• Daniel Erbetta: Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe. Profesor Titular y director Especialización en Derecho Penal Facultad de Derecho.
• Gabriela Ríos: Hija de Don Jorge Ríos, jubilado de 71 años que actuó en legítima defensa.
• Diana Cohen Agrest: Filosofa. Fundadora de Asociación Usina de Justicia.
• Miguel Ángel Robles: Docente experto Área Criminología y Ciencias de la Seguridad - Vicerrectorado de Posgrado, Investigación e Innovación - Universidad Siglo 21.
• David Martínez: Víctima de amenazas y daños a sus bienes. CIUDAD DE ROSARIO. ZONA SUR
• Pedro Biscay: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales – INCECIP
• Leandro Halperin: Docente Titular a cargo de la materia Principios de los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones, con los siguientes invitados a exponer:

• Manuel Garrido: diputado nacional (MC) - UCR. Titular de La Asociación Innocence Project Argentina.
• Silvia Martínez: Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional No 8, y Defensora Pública Interamericana.
• Eduardo Luis Salva Calcagno: presidente de Digifirma Argentina S.A. -expondrá sobre datos técnicos del funcionamiento del ADN de contacto y compartirá tiempo con la ingeniera Rebeca Ciriaci quien realizará aportes sobre gráfica genética-.
• Guillermo Bargna: Miembro del Observatorio de Víctimas de la Honorable Cámara de Diputados. Padre de Soledad Bargna asesinada en un intento de violación en mayo de 2009.
• Isabel Yacoins: Titular de la asociación MADRES DEL DOLOR. Madre de Lucila Yaconis.
• Marcelo Dagostino: Subsecretario de Justicia de los Gobiernos de Alfredo Cornejo (2015-2019), Rodolfo Suárez (2019-2023), y actual Gobierno de Alfredo Cornejo. Consejero del Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza en representación del Poder Ejecutivo.  Presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina.
• Miguel Marino: Doctor en Genética y Especialista en Genética Forense. Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas (RPHGD), dependencia del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.

La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.

Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.

Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.

Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.

“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.

Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.

También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.

Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.

“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.

El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.

Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.

“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.

También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.

Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.

Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.

Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.

“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.

La palabra de los diputados

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.

Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.

Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.

Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.

Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.

“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.

“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.

Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.

El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.

Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.

El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).

El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Mientras se busca combatir el narcoterrorismo que se adueñó de Rosario y con la inseguridad que escala día a día en cada parte del país, Diputados puso en marcha la Comisión de Seguridad Interior en la que recaerán los proyectos que anunció este jueves la ministra Patricia Bullrich sobre “Ley antimafias” y la reforma a la Ley de Seguridad Interior. Los días de reunión serán los miércoles a las 10.

Al frente de la misma fue designado el santafecino Alejandro Bongiovanni (Pro), precisamente quien lo postuló en nombre del bloque fue su par Diego Santilli, nombre que había trascendido para presidir la comisión.

De los restantes cargos, solo se designó la secretaría primera. Fue la cordobesa libertaria María Ibáñez la encargada de proponer mendocino Álvaro Martínez -incorporado hace una semana al bloque de LLA- que “tiene una maestría en seguridad pública. Viene tratando el tema desde que era diputado provincial”.

En tanto, el chaqueño Juan Manuel Pedrini (UP) le deseo “éxito en su gestión” a Bongiovanni y resaltó: “Todas las comisiones son importantes, pero teniendo en cuenta a la luz de los acontecimientos va a ser sin lugar a dudas escenario de grandes debates”. A continuación, dejó en reserva los nombres para la vicepresidencia 1ra y la secretaría 3ra.

Lo mismo hicieron la UCR con la vicepresidencia segunda y la Coalición Cívica con el cargo de secretaría segunda.

El repudio al ataque de la militante H.I.J.O.S

La diputada Mónica Macha (UP) pidió hacer uso de la palabra para repudiar el ataque que sufrió la compañera de H.I.J.O.S en la madrugada y contó: “Fue sorprendida en su casa, golpeada, abusada sexualmente”, y pidió ir a una declaración conjunta de la Cámara “a pocos días de un nuevo aniversario del peor Golpe de Estado que sufrió nuestro país y lo entendemos somos parte de la defensa del sistema democrático y este tipo de hechos lesionan el sistema y por eso es importante que todos los sectores repudien lo que pasó y por sobre todo en la Casa de las Leyes y que podamos pensar una declaración conjunta”.

El catamarqueño radical Francisco Monti adhirió a las palabras de la diputada preopinante y exigió que la justicia “prontamente pueda delimitar las responsabilidades y móviles y que el arco político actúe de manera correcta sin abrir juicio sobre el móvil que podría haber involucrado este feroz y brutal ataque y delito que fue víctima la ciudadana”.

“Desde la Coalición Cívica nos vamos a adherir y expresamos solidaridad y exhortamos a la celeridad de la justicia para que los responsables sean condenados”, expresó brevemente Mónica Frade.

Pedrini propuso como primer acto de la comisión la redacción de un comunicado sobre el hecho firmado por un representante de cada bloque, pero el electo presidente le aclaró: “No está dentro de lo que tenemos que discutir hoy y faltan varias autoridades todavía”.

Martínez repudió en nombre de La Libertad Avanza lo ocurrido y el pedido de justicia, pero le remarcó a Pedrini que “falta la constitución de las autoridades para hacer lo que propone el diputado. Cada bloque hizo pública su repudio. Deberíamos verlo cuando la comisión funcione en el pleno”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (Frente de Todos – Santa Fe) intervino durante la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves donde se hizo presente el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. En su alocución, alertó que “el narcotráfico y la narco-criminalidad están poniendo en riesgo la democracia argentina” e invitó al arco político a la reflexión.

“Hoy lo que está haciendo el narcotráfico, la narco-criminalidad y todo lo que está pasando está poniendo en riesgo la democracia argentina”, advirtió y precisó: “La democracia moderna del mundo tiene tres cosas: no hay democracia sin capitalismo, no hay democracia sin Estado y no hay democracia sin partidos políticos”.

En ese sentido, sostuvo que “no hay democracia sin Estado y el narcotráfico está poniendo en cuestión porque ha ganado la calle, porque está haciendo actos de terror lo que hace que la comunidad tenga miedo de salir a la calle y está generando homicidios sin importar quién sea”.

“En tercer lugar, está poniendo en crisis el sistema político. No me interesa venir acá pasar factura de uno contra otro, los únicos que van a ganar son estas bandas mafiosas. Creo que todos nos tenemos que hacer cargo de los errores que cometimos desde el punto de vista político y habernos pasado factura”, planteó el oficialista.

A su vez, consideró: “Me parece demencial que estamos partidizando las responsabilidades políticas de esa situación. Rosario del 83 hasta acá no la gobernó solo el peronismo, pero sería demencial de mi parte hacer cargo a algún intendente que pasó por Rosario en estos años del avance del narcotráfico”.

“Si no tomamos en cuenta y dimensionamos lo que pasa, va a correr riesgo la democracia argentina. Si no tomamos dimensión que esto nos lleva puesto como sistema republicano y democrático, le vamos a estar pifiando y vamos a ser responsables, con lo que nos costó poder tener un sistema democrático que sufrimos cimbronazos”, alertó.

Y siguió: “Este cimbronazo es inédito. Este delito criminal que estamos sufriendo en Rosario es inédito. Ya se dijeron todas las estadísticas de homicidios, balaceras, actos de terrorismo, el 80% de homicidios son por guerra entre bandos”.

“Llamo a la reflexión a toda la dirigencia política en Argentina en que tengamos una mirada compartida y objetivos comunes de ver cómo enfrentamos esto”, solicitó.

“Es inédito que nos sigamos tirando factura por este tema y que sigamos reclamando por esto, con lo que aporta Santa Fe. Me interesa mirar hacia adelante y al futuro, que nos pongamos de acuerdo, pero tenemos que hacer algo porque no pueden seguir pasándose celulares en las cárceles y que haya extorsiones. No se sostiene más esto, dejemos de pasar los muertos y partidizar el narcotráfico”, cerró.

Tras darse a conocer que el Gobierno Nacional autorizó la compra de pistolas Taser, ese tema se coló entre las preguntas que los diputados le hicieron en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de este jueves al titular de la cartera, Aníbal Fernández.

Fue la diputada del Frente de Izquierda, Romina Del Plá, quien manifestó: “Según organizaciones internacionales de Derechos Humanos las pistolas Taser rara vez se usan como alternativa a las armas de fuego, y sí a menudo en circunstancias en las que no hay riesgo de muerte ni de lesiones. Cuando sólo deberían ser utilizadas como último recurso, se utilizan como opción de fuerza habitual contra personas que no representan una amenaza para sí mismas ni para terceros (menores indisciplinados, personas con trastornos mentales o intoxicados y presuntos delincuentes desarmados que no cumplen inmediatamente una orden”.

Ante ese contexto, puntualizó: “¿Qué hizo cambiar la consideración acerca de su utilización por parte del Ministerio con respecto a opiniones emitidas previamente?, ¿Qué trabajos de investigación realizó su Ministerio de Seguridad antes de ordenar la compra de pistolas taser?”.

A la hora de responder, Fernández explicó: “Lo de las Taser es un caso que se presentó ante la justicia y la justicia falló. La autorización va a otorgarse seguramente y hemos tomado la decisión de comprar 100 Taser para que los grupos especiales, y así va a decir el protocolo específicamente, entrenen”.

En ese sentido, precisó: “Los grupos especiales son dos, el G1 y el GEOF - El Grupo Especial de Operaciones Federales. El primero está específicamente dedicado a situaciones muy particulares cuando hay desbordes por problemas mentales o cosas por el estilo”.

“El otro hace entrenamientos, se dedica a los allanamientos. Siempre es preferible, por eso aspiramos a que sea analizada y nadie dice que se vayan a usar, sino que estamos hablando de un análisis de laboratorio, estudiarla, saber qué es exactamente. Si llegara el momento de tener que actuarla porque están dadas las condiciones es preferible que un disparo de un arma de fuego sea una de esta característica, porque cuando irrumpe el GEOF para allanar puede encontrarse con eso nos pasó el jueves pasado. Como irrumpen varios no lo mataron, sino que lo redujeron al agresor”, explayó y cerró el tema.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, remarcó ante la reunión de la Comisión homónima de Diputados que “es imperioso que Santa Fe goce de los fiscales y los jueces que están necesitando”, y aseguró que insistirá a la Cámara de Senadores que “resuelva ese tema” de las 10 vacantes que hay en la Justicia Federal de Santa Fe.

Ante la consulta del santafecino Enrique Estévez sobre la infraestructura judicial y las discusiones por la falta de juzgados y de los fiscales y la designación de los mismos, Fernández aseguró que “es imperioso que Santa Fe goce de los fiscales y los jueces que están necesitando porque un juez que falta es la tarea de otro juez que se tiene que dividir en dos y se multiplica por dos el tiempo que le va a llevar adelante para poder llevar una estrategia entonces es imposible. Hay que poner todos los jueces con todos los fiscales entonces esa tarea se va a hacer ágil realmente a partir de ese punto”.

Cabe mencionar que hay 10 vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe, de las cuales, solo tres están en el Consejo de la Magistratura. Las otras siete están en el Poder Ejecutivo o en el Senado. Dos de ellas, se encuentran sobre el escritorio de Alberto Fernández y las cinco restantes, listas para ser votadas en el Senado, que no sesiona desde noviembre del año pasado y tampoco convoca a constituir la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal, que aceleraría los procesos judiciales en un 50%.

“Todos los temas que tienen que ver con los juzgados de Santa Fe que no están cubiertos, fiscalías que no están cubiertas es imperioso resolverlo, no tengo muchas herramientas más que insistir a cada una de las cámaras y especialmente al Senado que resuelva ese tema. Un juzgado que no tenga a su juez hace que otros juzgados reparta a sus jueces en dos, esas cosas no son buenas porque no nos dan soluciones de ninguna característica”, insistió.

A su vez, destacó: “El trabajo de la inteligencia criminal que es muy profundo y es casi los dos tercios del personal en superficial. Si no fuera de esa manera no hubiéramos detenido en 2022 a 2.077 personas, eso no sucedió jamás en un año”.

Por otro lado, aseguró que “Rosario no tiene solo un problema de narcotráfico, tiene extorsión, tiene un montón de delitos que tenemos que abordarlos todos juntos y que eso se hace solamente poniéndole garra”.

“No nos estamos quedando quietos, estamos aportando todos los ganchos que podamos tener en información porque es fundamental”, sostuvo y afirmó que la situación dentro de las cárceles “es una realidad. En la semana allanamos Ezeiza, Marcos Paz y Rawson, seguimos metiéndonos en eso con medidas nuevas. Esas cosas se van a cortar, pero aún falta”.

Por último, remarcó: “Estamos tratando de entendernos entre el gobernador y el intendente para llevar a la práctica todo con mucha responsabilidad y seriedad porque es una situación de emergencia, pero también es una responsabilidad de los gobernantes”.

Tras la primera tanda de preguntas en la reunión de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja de este jueves, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a los diputados que sancionen la ley de lavado de activos porque “cuando se impacta sobre los fondos es más fácil porque una vez que le sacas la plata el producto se termina”.

El primero en abrir la ronda de interrogantes fue el santafecino Juan Martín quien consultó tajante: “¿Es prioridad la seguridad para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner la seguridad de Santa Fe?”. Al respecto, el funcionario respondió: “La prioridad que tenemos es la de cualquiera de las 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 2.780.400 kilómetros cuadrados a los que estamos dedicados”.

Sobre la distribución de partidas, explicó: “Las prioridades en pesos que mostramos son las que salen del Sistema Nacional de Estadística Criminal que la aportan las provincias, no la invento yo ese dato, lo hacen llegar las provincias. No hay nada que haga que nosotros fragüemos la data respecto de lo que puede estar sucediendo en Rosario porque esto es muy simple, lo que está, es lo que está, no vamos a inventar absolutamente nada”.

“Cuando hablamos de lo que representa el impacto en Rosario es pesado y sobre eso tenemos que trabajar, a mí no me asusta. Hay que trabajarlo, hay que meterse, hay que llegar al hueso y trabajar fuertemente. No me preocupa esto de que el dato sea erróneo porque viene de las bases y no las podemos inventar nosotros”, sumó.

Por otro lado, remarcó: “Nosotros asumimos el 20 de septiembre de 2021 y nos tiene acá todos los días inventando y fabricando algo nuevo que nos acerque a esa situación con resultados muy positivos. En Rosario el año 2022 tuvo 2001 procedimientos con 2077 detenidos, eso es imposible de comparar porque trabajamos fuertemente a la par del ministerio público que nos dio elementos para hacerlo”.

“Cuando planteo que esto viene sucediendo hace muchos años y nadie lo miraba, el 11 de diciembre de 2013 balearon la casa del gobernador Antonio Bonfatti, ¿ese día empezaron los problemas? no, hace mucho. Esa situación nos muestra que el dolor de cabeza venia hace mucho”, planteó Fernández.

Y agregó: “Uno puede penetrar en tanto y cuento la provincia lo requiera. No hay una capacidad supranacional del Estado Nacional de meterse en las provincias y tomar decisiones por los que tienen que hacer su papel de policías”.

Ante la consulta del jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo: “¿Necesita alguna ley de esta Cámara para modificar y utilizar más elementos en la batalla que hay que dar contra el narcotráfico?”, el titular de la cartera de Seguridad asentó afirmativamente.

“Todos los que quieran participar de esto es bienvenido si el objetivo que tenemos que hacer es ese. Esta la ley de lavado podría darnos una mano y sacar la ley de lavado de activos”, contestó y le pidió al titular del bloque oficialista, Germán Martínez: “¿Ey presidente me podría dar una mano con ese tema de la ley de lavado?”, y explicó: “Eso es una forma de colaborar porque la realidad es que cuando se impacta sobre los fondos es más fácil que sobre el producto, una vez que le sacas la plata el producto se termina”.

Cabe mencionar que dicho proyecto fue tratado el 30 de noviembre de 2022 en un plenario de las comisiones de Legislación General y Finanzas en donde oficialismo y oposición avanzaron en consensos y plantearon modificaciones.

Respecto a su polémica frase: “Los narcos ganaron”, Fernández se defendió y retrucó: “Yo no me rindo, salgo a pelear todos los días y no hemos perdido un solo segundo para poder corregir lo que venimos encontrando y para eso hay que meterse en los barrios”.

“El plan rosario es un profundo trabajo superficial, por un lado, pero los 2/3 son por abajo porque la inteligencia criminal que no podemos detenerla un solo segundo es fundamental para resolver el problema”, explicó.

Y cerró reiterando su pedido: “La ley de lavado nos ayudará a meternos más adentro. En todo Rosario hay 4.093 efectivos de las cuatro fuerzas. En todo Santa Fe hay 5.834 efectivos, hay todo un trabajo de planificación”.

En medio de la expectativa por la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández realizó este jueves ante la comisión homónima una larga exposición inicial que, cuando transcurría una hora, se frenó ante la inquietud de los diputados de Juntos por el Cambio que reclamaron pasar rápidamente a las preguntas puntuales. 

Si bien el funcionario comenzó haciendo alusión a la situación de Rosario, envuelta en un crecimiento de la violencia narco, luego se explayó sobre numerosos programas y acciones que desarrolla su cartera, con amplia información sobre datos y números.

En el arranque, Fernández contó que cuando asumió en septiembre de 2021 se reunió inmediatamente con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. “Nos pusimos a trabajar para poder hacer específicamente una presencia inmediata en la provincia, puntualmente en la localidad de Rosario. Desarrollamos una estrategia, presentamos 575 efectivos avezados, no había jóvenes. No llevamos gente recién recibida, sino con experiencia”, señaló. 

El ministro valoró que “el esfuerzo fue muy grande y muy contundente” y dio como resultado que “en el transcurso del año 2022 hicimos 2.011 procedimientos con 2.077 detenidos, tarea que no es para nada fácil”. 

Además, resaltó que quería “quitar el mito” de que la provincia de Santa Fe estaba entre las últimas en materia de inversión en seguridad por parte de Nación. De esta manera, detalló que de los 17.631 millones de inversión que hubo en 2022, “8.875 fueron a la provincia de Santa Fe, y la inmensa mayoría de esos millones fueron destinados a Rosario”. 

Sobre la tasa de homicidios en Argentina, el titular de la cartera de Seguridad precisó que “en el año 2021 ha sido de 4,6 y en el 2022, con mucha presión sobre todos los sistemas, lo hemos bajado a 4,3”. “Hay incidencias de todas características. La incidencia negativa, en este caso, Rosario puede ser un ejemplo”, expresó, sin embargo, calificó de “tasa europea” la cifra registrada, en comparación con países como México (28,4), Brasil (21) o Uruguay (11,3). 

Sobre el narcotráfico, Fernández apuntó que hubo 22.196 procedimientos en 2022, y 20.907 detenidos, más de 36,4% de aumento respecto de 2021. También dio detalles sobre incautaciones de cocaína, marihuana y paco, sobre el que dijo: “Esto es basura. Nos conmueve a trabajarlo fuertemente para definitivamente sacarlo de la cancha, conteniendo a todos los pibes que son atraídos por una cosa de estas características”. 

“No hay en Argentina prácticamente fábricas de drogas de diseño”, afirmó a continuación y aportó datos sobre incautaciones de éxtasis, LCD, anfetaminas y metanfetaminas. 

En su exposición, el ministro destacó que “la política de precursores químicos para nosotros desde un primer momento fue muy importante. Después de 20 años, Argentina salió de la lista de países productores de precursores químicos”. 

“En contrabando hicimos 17.083 procedimientos, normalmente trabajando con Aduana o con AFIP, porque nos permite por sus propias investigaciones, concluir en un punto común, donde ellos conocen lo que está sucediendo” y hubo “15.254 personas detenidas”, informó. 

Un buen tiempo dedicó a hablar del plan federal de ciberdelitos y ponderó el rol de Argentina en esta temática, además de que en 21 provincias se han capacitado a procuradores, fiscales y jefes de policía, entendiendo que “vamos a una situación donde va ser constante la lucha de defenderse de ciberataques”. 

Sobre el delito de trata de personas, sostuvo que se lleva 35% más de víctimas rescatadas, alrededor de 18.000 personas. “Argentina es referencia en el mundo en este tema”, manifestó. 

“Es imposible que uno se pueda proyectar en el análisis específico de delito complejo, o de narcotráfico, o de tráfico de armas, o de trata de personas, o ciberdelito, o delito ambiental, o delito de género, o lavado de dinero, que ese es que los cruza a todos, si no hay un trabajo en serio pensado con especialistas para trabajar. Para eso ya hemos capacitado a 6.000 funcionarios decididos a trabajar en la investigación de delitos complejos, con resultados altamente positivos”, reveló. 

Por otra parte, el funcionario anunció que “es inminente” la puesta en marcha del llamado “comando unificado conurbano” con cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda. 

Respecto de la intervención de fuerzas federales en barrios vulnerables, como La Loma, Carlos Gardel, La Cava, Alto Verde, Barrio 1.11.14 y Fátima, sobre estos dos últimos, ubicados en CABA, relató: “Cuando yo asumí me llamó el ministro (Marcelo) D’Alessandro diciéndome que él había acordado con mi antecesora que, terminado el 2021, los gendarmes se iban a quedar un año más. Hace cosa de dos meses me volvió a llamar para ver cuál era la decisión que íbamos a adoptar, y le dijimos que lo íbamos a sostener de la misma manera, a mantenerlo en 2023, porque los vecinos son los que reclaman la presencia de Gendarmería”. 

Además de referirse a la acción en pasos fronterizos, la acción de animales de apoyo profesional, el sistema de búsqueda de personas, entre otros temas, Fernández detalló el Programa de Recompensas y contó que fortalecieron lo que habían hecho en otros momentos, sobre todo con casos de lesa humanidad y de delincuencia de mucha peligrosidad, “con resultados muy positivos”. En ese sentido, precisó que “desde septiembre del 2021 a la fecha se capturaron 20 prófugos con ofrecimiento de recompensa”. De esos 20, apuntó, uno se enfrentó en su momento con la Policía Bonaerense y fue abatido. 

Valoró también la línea 134, que recibe denuncias y actúa las 24 horas, y que registró 126.886 demandas atendidas y 2.199 derivadas al Poder Judicial. “Muchos de esos ya están detenidos”, afirmó.

También destacó la importancia del 911, una herramienta que consideró fundamental. “Cuando llegamos estaba en 14 jurisdicciones; nosotros compramos el 911 federal y está en plena instalación para llegar a las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

Llevaba casi 40 minutos la exposición del funcionario cuando la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade interrumpió para recordar que “hace un año que estamos esperando al ministro, pero sería muy bueno que responda las inquietudes de los diputados”.

El presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, le aclaró que las filminas que estaba brindando obedecían a la mayoría de las preguntas realizadas por los propios diputados y que después irían a las preguntas.

Aníbal Fernández continuó hablando unos minutos más, pero finalmente abrió la posibilidad de escuchar un informe sobre la ciudad de Rosario, barrio por barrio, pero los legisladores de la oposición reclamaron ir directamente a las preguntas y Frade sugirió que les mandaran el detalle por PDF, a lo que la oficialista Mónica Litza replicó que el tema era muy importante como para que todos pudieran escuchar los datos de manera verbal. 

Al cabo, el diputado del Pro Javier Chumpitaz planteó que él vive en Rosario y no necesita que le cuenten lo que ve de manera diaria. Fernández replicó que esos datos no eran públicos, así que no podía estar informado de eso, pero finalmente se avino a escuchar las preguntas.

Horas después de haber puesto en marcha un operativo de fuerzas federales para la lucha contra la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presenta por primera vez ante los diputados.

El funcionario expone desde las 13.21 en una reunión de la Comisión de Seguridad Interior, presidida por el massista Ramiro Gutiérrez (FdT). El encuentro se lleva a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

La presencia de Fernández era reclamada desde hace tiempo por la oposición, que lo espera este jueves con duras preguntas. Desde que asumió su cargo, el ministro solo concurrió una vez al Senado, en agosto de 2022.

En la última sesión del 28 de febrero pasado, dos días antes de que la situación de Rosario se instale definitivamente en la agenda mediática a partir de la amenaza contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se anunció que el funcionario estaría en la comisión el 9 de marzo.

En el recinto, el santafesino Juan Martín (UCR) presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.

Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado -por tercera vez- un pedido para que asista a la comisión. Al final de la sesión, desde el Frente de Todos confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.

Horas después de haber puesto en marcha un operativo de fuerzas federales para la lucha contra la violencia narco en Rosario, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se presentará por primera vez ante diputados.

El funcionario asistirá desde las 13 a una reunión que realizará la comisión homónima, presidida por el massista Ramiro Gutiérrez (FdT). El encuentro se llevará a cabo en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja.

La presencia de Fernández era reclamada desde hace tiempo por la oposición. Desde que asumió su cargo, el ministro solo concurrió una vez al Senado, en agosto de 2022.

En la última sesión del 28 de febrero pasado, dos días antes de que la situación de Rosario se instale definitivamente en la agenda mediática a partir de la amenaza contra un supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, se anunció que el funcionario estaría en la comisión el 9 de marzo.

En el recinto, el santafesino Juan Martín (UCR) presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.

Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado -por tercera vez- un pedido para que asista a la comisión. Al final de la sesión, desde el Frente de Todos confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.

La amenaza narco a Lionel Messi en Rosario, tras el ataque a un local de la familia de su esposa, fue la gota que rebalsó el vaso en materia de inseguridad, lo que derivó a que finalmente este jueves se oficializara la citación del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a la comisión homónima que preside el oficialista Ramiro Gutiérrez.

Según reza la convocatoria “por expresa indicación del presidente de la Comisión de Seguridad Interior diputado Ramiro Gutiérrez, se cita a la reunión a celebrarse el día jueves 9 de marzo a las 13 en la Sala 1 del 2° piso del edificio Anexo A”, y agrega: “Se solicita que remitan a través de sus correos las preguntas dirigidas al señor ministro. Las mismas se recepcionarán hasta el día 7 de marzo a las 11”.

Cabe destacar que, en el inicio de la sesión del martes, el diputado santafecino y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Juan Martín (UCR), presentó un pedido de apartamiento para interpelar al ministro por la situación de inseguridad en su provincia, pero dijo que estaba dispuesto a levantarlo si tenían garantías y fecha confirmada de que fuera a ir.

Así, Gutiérrez le respondió que ya le habían mandado un pedido para que fuera, y que desde el ministerio no contestaban. Al final de la sesión, desde el oficialismo confirmaron la presencia del titular de la cartera de Seguridad, por lo que el radical procedió a retirar el pedido.

La última visita que hizo Fernández al Congreso fue el 2 de agosto de 2022 cuando expuso ante el Senado por casi cinco horas un informe sobre su gestión.

Casi un mes después de haberse conseguido el dictamen en la Comisión de Transporte, la Comisión de Seguridad Interior que preside el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez celebró este jueves una reunión en la que participaron, además de legisladores, funcionarios y familiares de víctimas de siniestros viales, en la que se avanzó con la firma de los dictámenes correspondientes que permitirán que pueda ser tratado en el recinto cuando las autoridades parlamentarias así lo dispongan.

Recordemos que en Transporte se suscribió el 12 de octubre pasado un dictamen sobre la modificación de la Ley 24.449, que propone que la cantidad permitida de 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre en conductores pase a ser “cero” en todo el territorio nacional. Pero no hubo allí un solo dictamen, sino dos. El de minoría, propuesto por la diputada nacional Jimena Latorre (UCR), representante de Mendoza -región vitivinícola-, sugiere mantener el 0,5 g/l de alcohol en sangre, pero con un endurecimiento de las penas y sanciones de aquellos infractores que no cumplan con la normativa.

El primero en exponer en el seno de la comisión fue el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Carignano, quien habló de “un problema que nos lastima año a año, muertes en las rutas y calles por conductores que manejan después de tomar alcohol”.

Fervoroso militante del “alcohol cero”, el funcionario destacó los resultados obtenidos en los países limítrofes que ya aplican esa norma que permite “disociar el alcohol de la conducción” y que han permitido un descenso de la siniestrabilidad grave asociada al consumo de alcohol.

Reivindicó la política y el rol legislativo “en momentos en que a algunos se les ocurre cuestionarlos, con esta reunión ustedes están demostrando cercanía con las víctimas. Es espectacular realmente que podamos entre todos por  un momento dejar de lado lo que nos divide y encontrar lo que nos une. Y este tema lo hace”.

A continuación, el diputado correntino Manuel Aguirre (UCR) dio cifras puntuales: el 15,2% de los mayores de 18 años que manejó un vehículo al menos una vez en los últimos 30 días lo hizo habiendo bebido alcohol; el 25,1% de los conductores siniestrados declararon haber consumido alcohol previo al accidente. Y por último, las personas siniestradas que tomaron, generaron lesiones de mayor gravedad que los que no lo hicieron, detalló el diputado radical.

Aguirre es autor de un proyecto similar al suscripto en el dictamen y allí marcó -contó- aquellas provincias que tienen tolerancia cero con el alcohol: Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tucumán; como así también ciudades, entre ellas Mar del Plata, Moreno, Bragado, Posadas, Tigre, Ezeiza, Neuquén, Rosario, Santa Fe. En todos esos lugares, “la disminución de la siniestralidad es notable”, remarcó el diputado correntino.

El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, participó de la reunión en reemplazo de Florencio Randazzo, cuyo trabajo valoró, como así también el de otra miembro de su bancada, la cordobesa Natalia de la Sota, impulsora de otra iniciativa. “Creemos que esta modificación que permite prohibir la conducción de cualquier vehículo es una deuda de este Congreso con la sociedad, con las familias que han sufrido y sufren una pérdida irreparable. Una deuda con el presente, con quienes hoy conducen, trabajan en toda la Argentina; y es también una deuda con las generaciones futuras para que se consolide una cultura de la prudencia y el apego a la vida”.

La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo valoró que ese fuera un “proyecto interpartidario”, con el cual “todos nos sentimos un poco representados”. Destacó el papel desempeñado por las asociaciones de víctimas de accidentes viales y consideró que “haber llegado hasta acá es un enorme logro de ellos, porque no se silenciaron y llegaron hasta aquí”.

Luego apuntó que “es necesaria esta ley y es insuficiente. Hay que generar cambios en los comportamientos. Los controles en Europa son el triple, el cuádruple, que acá, es un cuidado colectivo”, y señaló que no debe ser necesariamente “penalizando” como se va a lograr conciencia en la materia, sino avanzando en la concientización de la sociedad, pero aclaró que “necesitamos controles”.

A su turno, el jujeño Carlos Ferreyra detalló una modificación que él sugería realizar en una ley que “trata de proteger la vida, pero va a ser fundamental el organismo de control que se ocupe de esto. Sin controles, va a ser una muy bonita ley que no va a tener efecto”.

El legislador oficialista contó que en Jujuy tienen “alcoholemia cero”; admitió que en principio su espíritu era “recaudatorio”, pero que con el transcurso del tiempo “han bajado los accidentes. Nos interesa la vida, va a ser imprescindible que el organismo de control se ocupe de esto. Eso va a proteger la vida”.

Fue luego el turno de Mónica Frade (Coalición Cívica), quien se manifestó “absolutamente de acuerdo con la propuesta de alcohol cero”, pero aclaró que es “absolutamente insuficiente, porque no vamos a abordar solo con esto la resolución de un tema gravísimo que tiene muchos componentes. Me he cansado de pedir que hagan control a la salida de los boliches y no lo he logrado. Tomemos en serio el problema del alcohol y no hagamos los controles en cualquier lado”.

Frade aclaró que es autora de un proyecto que limita la publicidad del alcohol, y enfatizó que “la mirada tiene que ser integral, y “en ese plano voy a incorporar un elemento que no tiene que ver con esto que dije, sino con otra cosa: cómo se manejan los alcoholímetros y qué control tenemos. Que los alcoholímetros sean seguros: cada seis meses deben ser sometidos a control”, sostuvo, estimando que “ninguno es controlado”. “Se descalibran, deberían ser sometidos a ese control cada mes, en un país donde las balas de la policía están vencidas, donde los controles básicos están fallando”.

Frade llamó a “reducir falsos positivos o falsos negativos. Exigir a la autoridad de control el certificado de la aptitud del aparato que están usando, o que se hagan tres pruebas consecutivas, para dar garantía a todos los que conducen”.

El diputado oficialista Rogelio Iparraguirre aclaro que “todos somos conscientes de que no estamos resolviendo ni dándole garantías a nuestros ciudadanos de que no van a producirse más siniestros, ni accidentes, son cosas evitables”. Pero resaltó también “la persistencia de las asociaciones de madres y padres, creo que son los que en definitiva hicieron posible que hoy estemos acá”.

“Yo estoy convencido de que no estaríamos dictaminando este proyecto si no estuviera precedido por años de lucha y de organización de los familiares”, cerró el legislador.

El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, arrancó hablando de su experiencia de 4 años como ministro de Seguridad, la cual “nos ha hecho notar que la mayoría de los accidentes están vinculados al consumo de alcohol. Habló también de las picadas y recordó que cuando junto a los diputados María Luján Rey y Waldo Wolff hicieron campaña en 2019 comprometiéndose a defender esa causa.

Salió al cruce de paso de su par Mónica Frade respecto de la seguridad de los alcoholímetros, aclarando que los mismos “están calibrados permanentemente”. Y valoró el dictamen que estaban suscribiendo como “un gran paso adelante que responde a lo que han dicho las organizaciones y a modificar la realidad que vive la Argentina con el consumo irresponsable de los conductores”.

Recibió una devolución del presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez, quien destacó que cuando Ritondo fue ministro, un funcionario policial que había sido descubierto conduciendo un vehículo en esas circunstancias “no duró 5 minutos después de haberlo hecho”.

Transformar el dolor en lucha

El oficialista Leandro Santoro expresó su “respeto y cariño a los familiares de víctimas de siniestros viales, porque lograron transformar ese dolor en lucha”. Advirtió que en este tema hay tres instancias que deben articularse: el marco normativo, los controles y la cultura de nuestra sociedad. “Porque todos sabemos que por más que haya leyes y controles, va a ser muy difícil que estas cosas dejen de ocurrir”, aclaró.

“Somos férreos defensores de la libertad, porque quisimos expandir la libertad a otras áreas; pero la libertad se tiene que constituir además a partir de otra premisa, que es la responsabilidad social. No estoy en contra de que alguien tome alcohol, sino de que maneje habiendo tomado alcohol. Si no puede autolimitarse, está siendo irresponsable con su propia vida y contra los terceros”.

A su turno, el chaqueño Juan Manuel Pedrini contó que en Chaco sancionaron en agosto pasado una ley de alcohol cero. “Somos la provincia 11 que tiene esa norma. Es importante que Nación la sancione, pero es importante que las provincias, y más los municipios, se adhieran”.

Y a las organizaciones de familiares de víctimas, cuya labor de “toma de conciencia y sensibilización” consideró “increíble”, les dijo que habían logrado sensibilizar a los políticos. “Ahora hay que sensibilizar a la población; deben hablar en los clubes, en las ONG y en eso tal vez los escuchen más a ustedes que a nosotros”, advirtió.

Luego fue el turno de la diputada Agustina Propato, que felicitó a las organizaciones presentes en la sala “por el valor y la lucha de haber llegado hasta acá”. Luego destacó y puso en valor el aporte hecho por el diputado Ritondo, en referencia a la aclaración que había hecho sobre los alcoholímetros. “Me parece muy sensato en estas circunstancias que seamos muy serios a la hora de discutir políticas públicas. Como legisladores debemos confiar en la administración pública. Y por supuesto, propender a generar las garantías”, señaló.

“Digo esto por la diputada Mónica Frade, que una especie de duda que se siembra sobre esta ley. Porque también sucedió una cosa similar en relación a la renovación del plan de entrega voluntaria de armas. Necesitamos ser muy sensatos en estas discusiones”, remarcó la diputada.

Le contestó Frade aclarando que no había atacado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien está casado precisamente con la diputada Propato. “Cuando hice esa alusión no me referí al esposo de la diputada, sino que hay un margen que los fabricantes aluden que tienen los aparatos: no es un tema que lo digo yo, lo inventé, y esto es en beneficio de los familiares de todos los que estamos acá, porque dije que todos somos potenciales víctimas. Y lo que he propuesto es para garantizar el sistema”, cerró.

El diputado Eduardo Toniolli advirtió que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro siniestros viales; afecta nuestros sentidos y capacidades, con una graduación de entre 0,1 y 0,5% es tres veces más alto el riesgo de sufrir un siniestro vial. Son números que surgen de las estadísticas, estudios científicos, o experiencias que atravesamos las últimas décadas”.

A su juicio, el dictado de una norma que disocie la ingesta de alcohol de la conducción del vehículo “debería bajar la siniestralidad vial y la cantidad de muertes”.

Acabamos de dar dictamen a la Ley de Alcohol Cero en la última comisión que le quedaba, y ya está en condiciones de ser votada en el recinto de @DiputadosAR.

Esta es una cuestión de salud pública: en la Argentina la principal causa de muerte de jóvenes son los siniestros viales. pic.twitter.com/fm3ra1v3Nt

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) November 10, 2022

Luego apuntó que “en todos los municipios donde se ha aplicado este tipo de  normas ha bajado la siniestralidad vial. Ese solo argumento, para nosotros nos exime de cualquier duda a la hora de legislar en la materia y nos llama a abrazar y defender esta norma, que es una forma de defender la vida”.

Sobre el final, intervino la diputada María Luján Rey, que aclaró que no es parte de esa comisión, pero había participado de la reunión para “expresar la profunda alegría que me da que esta comisión haya tratado este proyecto con la celeridad que se trató”. Agradeció a los familiares y les dijo por experiencia propia que sabía que “no es este el final de su camino, sino una ley por la que vienen luchando hace mucho tiempo y espero que logremos que antes de fin de año se debata en el recinto”.

“Hay mucho más para hacer, con esto no solucionamos, pero sí damos un mensaje claro”, señaló, advirtiendo que “ha bajado el número de víctimas, pero no ha bajado el consumo de alcohol”, les dijo al sector vitivinícola, y agregó: “Quédense tranquilos, esta ley es a favor de la vida”.

Controles y campañas de difusión

El diputado Carlos Selva sostuvo que “en el fondo de la cuestión estamos avanzando en un cambio cultural que proteja vidas, y en ese sentido no hay discusión”.  Aclaró luego que los diputados cambiarían la norma, pero después “empieza la instrumentación; ahí es donde nosotros tenemos que lograr que los controles resulten más exigentes”. Y si bien valoró la ley que establece la obligatoriedad de circular con luces diurnas en las autopistas y rutas, advirtió que “hoy vemos que hay muchísimos controles sobre las luces diurnas y no sobre alcoholemia”.

Tras aclarar que no era una crítica al titular de la Agencia de Seguridad Vial, reclamó “crear también un compromiso donde se tome dimensión y se le dé volumen y musculatura” a una campaña sobre el alcohol al volante. E insistió: “En algunas autopistas te sancionan por eso, pero jamás te paran por control de alcoholemia, paran porque es más fácil”.

Por último, el diputado Fabián Borda contó que había sido secretario de Gobierno de Santo Tomé, provincia de Corrientes, y como tal tenía la experiencia de lo mucho que les costaba hacer los controles, hasta que llegó la brigada de Seguridad Vial. “Eso ayudó muchísimo a la ciudadanía, por eso las herramientas que tenemos que darle a Seguridad Vial son más presupuesto, más personal, horas extras. Deben estar en lugares claves, y la constancia hace que sea respetado. El Estado tiene que poner una pata importantísima en la parte publicitaria”.

¿En la próxima sesión?

Volvió a intervenir “Topo” Rodríguez para señalar que a propósito de la prórroga del período de sesiones ordinarias, suponía que la Cámara de Diputados le daría aprobación al tema antes de fin de año. “Pero tengo la impresión de que debemos ponerle una meta mucho más urgente (a la sesión) para darle tiempo al Senado”.

Por eso, anticipó que propondrían que el tema pueda ser tratado en la próxima sesión, tal vez la semana que viene.

En el mismo sentido se pronunció en nombre de Juntos por el Cambio el diputado Manuel Aguirre.

Ramiro Gutiérrez agradeció por su parte a todos los presidentes de bloques que apoyaron el rápido tratamiento que pudieron tener en esa comisión, y antes de darle la palabra a las madres de víctimas, contó una frase que repetía un juez que lo formó: “Las desgracias se lloran, los delitos se castigan”.

La voz de los familiares

Viviam Perrone, representante de Madres del Dolor, agradeció a continuación la rapidez con la que los diputados trataron ese proyecto. “Gracias por haber dado quórum… Pido disculpas por si nos pusimos muy pesados” llamando a los diputados para que participaran de la reunión.

Agradeció también a Pablo Carignano, y advirtió que “necesitamos que la ley salga lo antes posible. Puede salir sobre tablas en el Senado, porque todos los días se pierden entre 15 y 20 vidas, ¿por qué seguir esperando?”. Y aclaró que “hay muchos otros proyectos que necesitamos modificar. Empecemos con el próximo proyecto”.

Antes de cerrar la reunión, otra madre, que lucía en su pecho el cartel con el nombre de su hijo Paolo Mellano, contó que “hace 19 años que mi hijo murió, y estar desde el 2005 promoviendo el alcohol cero y que recién ahora pueda salir en Diputados, la verdad, un aplauso muy grande a ustedes, a toda la gestión que está en Diputados, pero ahora a seguir… Solamente ustedes tienen las herramientas que nosotros necesitamos. Por favor, los necesitamos. Por la vida de todos”.

En la recta final del plazo para la firma de dictámenes dentro del período ordinario de sesiones, la Comisión de Seguridad Interior avanzará con la discusión del proyecto de ley de alcohol cero.

La reunión fue citada para este jueves a las 12. La comisión que comanda Ramiro Gutiérrez (FdT) es la segunda a la que tenía giro la iniciativa, que el pasado 12 de octubre se despachó en la Comisión de Transportes, luego de varias jornadas informativas y algunos encuentros postergados.

El texto busca modificar el artículo 48 de la Ley de Tránsito (24.449), la que actualmente contempla, para quienes conduzcan cualquier tipo de vehículo, una tolerancia de hasta 500 miligramos (0,5) de alcohol por litro de sangre.

El proyecto establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.

En la Comisión de Transportes se firmó además un dictamen de minoría, encabezado por la radical Jimena Latorre, el cual propone un endurecimiento de las penas siguiendo el modelo mendocino.

Luego de tres encuentros escuchando voces a favor y en contra, la Comisión de Transportes, presidida por el radical Jorge Rizzotti (Jujuy), se reunirá en conjunto con la de Seguridad Interior, a cargo del oficialista Ramiro Gutiérrez, para debatir la problemática de alcohol cero al volante con el fin de agilizar los trámites y sacar dictamen.

La cita será el próximo martes 20 a las 14 y se desarrollará en el Anexo "C" de la Cámara de Diputados. Será la cuarta y última reunión que se llevará a cabo en torno a la problemática de alcohol cero porque, según pudo saber parlamentario.com, en la misma emitirán dictamen para llevarlo al recinto cuanto antes, ya que el despacho debía haberse firmado el pasado 24 de agosto para debatirlo en la sesión de este jueves, pero no sucedió.

El debate comenzó el pasado 9 de agosto en una primera reunión informativa entre los miembros de la Comisión de Transportes, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano; y miembros de la fundación “Madres del Dolor”.

En la misma, la titular de la fundación, Viviam Perrone, informó que “hoy en Argentina se pierden entre 14 y 20 vidas por día en hechos viales”. A su vez, aclaró en todo momento que no se trata de una Ley seca y resaltó la necesidad de educación vial.

En un segundo encuentro, que se realizó el 23 de agosto, asistieron representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, y el jefe médico especializado en toxicología del Hospital Fernández, Carlos Fabián Demín, quien advirtió que “en Argentina se consumen 10 litros de alcohol puro por habitante por año. Eso nos ubica terceros en América Latina. En lo que corresponde a la franja etaria de 12 a 17 años, estamos primero, porque un 54% consume alcohol”.

En tanto, el especialista resaltó que “es indispensable tener una ley de alcohol cero, no estamos pidiendo una ley seca ni que no se venda alcohol”, pero remarcó que “no solo es la ley, tiene que haber controles y que se controle psicofármacos, el éxtasis y la marihuana”.

El último encuentro informativo se llevó a cabo al día siguiente en la que los funcionarios que expusieron manifestaron su rechazo a la tolerancia de alcohol cero porque “no va a solucionar nada”. Sin embargo, todos coincidieron en que “la educación vial, los controles y las sanciones”, son esenciales.

En la actualidad en el país hay nueve provincias que tienen alcohol cero: Chubut, Jujuy, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Durante la reunión de este miércoles de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, legisladores del oficialismo se negaron a acompañar un proyecto de Francisco Sánchez, miembro del bloque Pro que pidió la pena de muerte para la vicepresidenta Cristina Kirchner, luego de la acusación de los fiscales en el juicio por la obra pública.

Pero además revelaron que un grupo de diputados de su bancada iban a presentar la solicitud para que se lo expulse de la Cámara baja por “inhabilidad moral”. Así lo anunció a través de las redes, mientras transcurría ese encuentro, la riojana Hilda Aguirre.

En la comisión, el presidente de la misma, Ramiro Gutiérrez (FdT), leyó que en el temario a tratar se encontraba un proyecto de resolución para expresar el repudio a los actos de vandalismo e intolerancia contra un templo evangélico en Luján, ocurrido el 8 de marzo de este año, y que el autor era Sánchez.

Entonces tomó la palabra el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), quien adelantó que no lo iba a acompañar porque “el autor del proyecto es una persona que no tiene autoridad moral para señalar la intolerancia de los demás”. “El año pasado presentó un proyecto para instaurar la pena de muerte en Argentina. Y ahora acaba de hacer manifestaciones públicas diciendo que corresponde la pena de muerte para la vicepresidenta de la Nación”, señaló.

El kirchnerista consideró que “todo el mundo tiene derecho a cuestionarla, a insultarla inclusive”, pero “lo que no tiene derecho el diputado Sánchez es a violar la Constitución Nacional. Un diputado de la Nación no puede desconocer que la Constitución prohíbe la pena de muerte”.

12 años por robar impunemente es casi nada.
El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria.

— Francisco Sánchez (@FranSanchezNQN) August 22, 2022

Por su parte, la diputada Agustina Propato (FdT) coincidió en que no lo acompañarían “en una clara solidaridad con la vicepresidenta, democrática, que tenemos ante esta manifestación de intolerancia que ha hecho el diputado”, al que calificó como un “emblema de la intolerancia”. En cuanto a la causa de la iniciativa, dijo: “Me comprometo a reparar esta instancia para generar este repudio desde nuestro bloque”.

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Mónica Frade expresó: “Yo no voy a hacer la defensa de ningún diputado, cada uno la hace propia, pero que acá se diga que no se acompaña o no un proyecto por la autoridad moral de un diputado me parece el primer rasgo de intolerancia. No sé quién tiene en esta comisión o en este Congreso la vara de la autoridad moral, pero me encantaría que no entremos en ese terreno para tratar de ser fructíferos en el trabajo y nos centremos en el contenido”.

“No es un juicio de valor. Es una palmaria violación constitucional”, le contestó Propato, quien agregó que “hay un grupo de diputados que ya están firmando el pedido de inhabilidad moral para un diputado que claramente se ha excedido absolutamente en el marco constitucional”.

En ese sentido, vía Twitter, la diputada oficialista Hilda Aguirre reveló: “Presenté el proyecto para la expulsión de @DiputadosAR del diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez por manifiesta inhabilidad moral según el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

“El diputado utilizó sus redes sociales para pedir la pena de muerte para la vicepresidenta @CFKArgentina. Sus expresiones machistas infringen de manera flagrante y pública la ley 26.485 que en el inciso 6, artículo 5, define a la violencia política”, aseguró la riojana.

Y agregó que “queda claramente demostrado que con sus expresiones el diputado Sánchez incurrió en las conductas previstas por dicha ley y deja evidenciada su inhabilidad y falta de idoneidad moral para el cargo. Por eso solicito, con el acompañamiento de mis pares, su expulsión de @DiputadosAR”.

El diputado utilizó sus redes sociales para pedir la pena de muerte para la vicepresidenta @CFKArgentina
Sus expresiones machistas infringen de manera flagrante y pública la ley 26485 que en el inciso 6 artículo 5, define a la violencia política.

— Hilda Beba Aguirre (@bebasoria) August 24, 2022

La Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presidida por Ramiro Gutiérrez (FdT), dictaminó favorablemente este miércoles el proyecto de ley -que ya tiene media sanción del Senado- sobre la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Al abrirse el debate, la diputada Mónica Frade (CC-ARI) dejó sentada sus disidencias “no porque esté en contra” sino “porque creo que antes que esto nos debemos una tarea que para mí es central, que es la citación de la titular de ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados)”, Natasa Loizou.

“Debemos en un tema tan sensible poner un poco más de atención respecto de lo que está pasando con las armas en nuestro país”, consideró, al señalar que la entrega de armas “debería ser permanente”. Pero la bonaerense reclamó que “luego no sabemos a dónde van esas armas; no sabemos si van al mercado negro y no hay casi destrucción de armas”.

En ese sentido, reveló que pidió un informe a la ANMaC que la alertó y agregó: “Discutamos qué vamos a hacer con las armas y si vamos a seguir prorrogando esta norma sin siquiera hacer ningún control posterior cuando la gente se desarma y le entrega al Estado las armas”. “Lisa y llanamente me dicen que no hay ningún tipo de control en esto”, dijo sobre la información oficial que recibió.

A su turno, el diputado Ricardo López Murphy (RU) coincidió en que “la norma de entrega de armas debería ser permanente”, y resaltó que en ese informe “se reconoce que no hay inventario, que no hay control”. Además, se mostró a favor de la prórroga, pero no de la modificación del artículo 4 de la ley, que también contempla el proyecto.

Desde el oficialismo, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) se mostró a favor de convocar a la titular de la ANMaC y aclaró que “el programa consiste en la destrucción del arma en el momento en que el ciudadano se acerca a entregarla” cuando se produce la “inutilización a través de una máquina especial”.

“Más allá de que es legítima la preocupación”, reconoció, el bonaerense ratificó que tras la entrega “de inmediato se inutiliza y ahí no hay riesgo de que el arma vuelva a la sociedad en condiciones de disparar”.

Sin embargo, Frade retrucó que de acuerdo al informe “entre abril de 2017 y junio de 2020 no se había destruido ningún arma de fuego” y “la gestión iniciada en agosto de 2020 comenzó a revertir la situación”. “Lo que quiere decir que la cuestión no es como la planteó el diputado”, sostuvo.

En tanto, el presidente de la comisión, Ramiro Gutiérrez (FdT), afirmó que Loizou “ofreció una visita al establecimiento para ver el proceso de destrucción de las armas”. Él también contó que conoce el procedimiento y cómo funciona: “Llegan con un precintado muy especial, que no se puede profanar, y después de ser inventariadas pasan al proceso que ha detallado el diputado Tailhade”.

Finalmente, el vicepresidente de la comisión, Juan Martín (UCR), aseguró que el tema hay que “plantearlo como una política de Estado, que tenga permanencia”. “En esta coyuntura vale la pena tener algo”, opinó, pero enfatizó que “la tarea adelante es considerar una reforma integral” del programa.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece la prórroga del plazo para la ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2023.

Además modifica el artículo 4 de la Ley 26.216, sobre las finalidades del programa, que son: la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil; la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; y la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.

También, la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; el control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; y la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.

El Programa se creó por ley en 2007 y desde esa fecha fue prorrogado en ocho oportunidades.

Violencia en Santa Fe

Durante la reunión, en la que también se pasaron a la firma proyectos de declaración y hubo polémica por uno presentado por el diputado Francisco Sánchez, Martín planteó la preocupación por la violencia en Santa Fe y pidió que asista a la comisión el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a lo que Gutiérrez asintió.

El legislador santafesino habló de un “panorama preocupante” en cuanto a la tasa de homicidios, “un tema que tenemos que atender en todo el país, pero que particularmente tiene una dificultad agregada en la provincia de Santa Fe, porque las tasas cuanto menos se duplican, y en el caso de Rosario se triplican”.

De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, hay 18 cada 100 mil habitantes como tasa de homicidios en Rosario, 13 cada 100 mil habitantes en Capital y un promedio de 10 cada 100 mil, apuntó. También, el radical detalló que “en lo que va de 2022 llevamos 190 homicidios en Rosario y 45 en la Capital. Es un número escalofriante”.

Asimismo, muchos de esos casos se dan “con ensañamiento, con uso de armas de guerra, con violencia que realmente nos conmueve y duele a todos”.

“En la provincia de Santa Fe vivimos una verdadera epidemia en materia de inseguridad”, añadió y solicitó la presencia de Fernández para que explique sobre el despliegue de las fuerzas federales. “Queremos saber si hay problema logístico, si no pueden ponerse de acuerdo la Nación y la provincia”, completó.

Luego de un receso invernal de tres semanas, el Senado reanudará la actividad parlamentaria con una serie de reuniones de comisiones, que comenzará este martes a las 15 con la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en la comisión homónima que preside el oficialista Matías Rodríguez. El encuentro será en el Salón Illia.

Tres horas más tarde, a las 18, fue citada la comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, comandada por la senadora de JxC Beatriz Ávila, a fin de tratar proyectos sobre transferencia de inmuebles; cambios en el modo de selección de los miembros del directorio del ENARGAS y el ENRE; y la iniciativa con media sanción sobre instalación de señalética referida a las Islas Malvinas en organismos públicos, Parques Nacionales y embajadas argentinas en el mundo.

En tanto, el miércoles a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda del miércoles corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin, a las 14.30. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

Culminado el receso invernal, el Senado retoma la actividad en comisiones y la primera reunión de la semana tendrá lugar este martes, a las 15 en el Salón Illia, con la visita de un ministro.

En el marco de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, asistirá por primera vez desde que juró en el cargo -el 20 de septiembre del año pasado- el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.  

Su presencia fue requerida varias veces por la oposición tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ante temas como ataques por parte de grupos mapuches en el sur del país, el avión venezolano-iraní o el caso de la cocaína adulterada durante el verano, entre otros.

Este será el segundo encuentro que realice la comisión, luego de su constitución el 9 de junio pasado, cuando se designó como presidente al camporista Matías Rodríguez, senador por la provincia de Tierra del Fuego.

Durante una muy breve reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, constituida este mismo jueves, y en la que fue designado presidente el fueguino Matías Rodríguez (FdT), se pasó a la firma un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo -en diciembre pasado- para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.

Rodríguez explicó que la iniciativa se puso en tratamiento ante un pedido de sus pares oficialistas Anabel Fernández Sagasti, Ana María Ianni y Nora del Valle Giménez, y ante "la urgencia que amerita" se conversó con los miembros de la oposición para "trabajar rápidamente" en el despacho. "Estamos de acuerdo con la prórroga por dos años", asintió otro fueguino, el radical Pablo Blanco.

En tanto, Fernández Sagasti remarcó que "estamos en un contexto nacional y mundial muy complicado respecto a la violencia con armas de fuego" y "Argentina siempre tuvo una política de no violencia, de no tenencia y de no uso, si no están registradas, de armas de fuego".

"Existen 1.600.000 armas registradas en Argentina, más de un millón de personas autorizadas con su tenencia, pero existirían entre 3 y 5 millones de armas de fuego no registradas y en tenencia de personas no autorizadas", precisó.

La mendocina añadió que "es un tema que queremos tratar con celeridad" y agradeció el acompañamiento de la oposición.

En el encuentro, el interbloque Juntos por el Cambio dejó en reserva el nombre de quien ocupará la vicepresidencia, mientras que el correntino Carlos "Camau" Espínola (FdT) fue nombrado secretario de la comisión.

El diputado de Juntos por el Cambio Juan Martín reclamó la conformación de la Comisión de Seguridad Interior tras advertir que diversos proyectos presentados vinculados a la ola de inseguridad que vive Santa Fe se encuentran sin tratamiento. 

El legislador presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara por la demora en la conformación de esta comisión, y diversas otras. 

Respecto a la situación que atraviesa su provincia, Martín consideró que “la realidad es que no hay un plan. La inseguridad se agravó en la provincia de Santa Fe. La promesa de enviar efectivos federales se incumplió, y ahora tenemos un nuevo anuncio de 300 efectivos federales que vendría a llegar el próximo mes, pero no sabemos cuándo ni dónde ni para qué”, y sostuvo que “no hay lugar para jugar con la angustia y el dolor de los vecinos”. 

Por otro lado, señaló además que hay pedidos de interpelación a ministros “que no han venido todavía al Congreso. Tienen que rendir cuentas, porque vivimos en una República. No se pueden enojar, enojados tienen que estar los vecinos de mi provincia que ven cómo el Estado nacional sistemáticamente les suelta la mano en materia de inseguridad. En medio de una nueva crisis, el Estado nacional no hace ningún esfuerzo adicional”. 

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de Diputados realizaron este lunes una reunión virtual informativa sobre violencia institucional. El plenario se realizó en el marco del debate del proyecto de ley integral contra la violencia institucional del oficialismo y expusieron representantes de asociaciones de trabajadores. 

Miguel Gaya, de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, denunció “una tensión estructural continua entre prensa y la policía. A la policía no le gusta que la vean reprimir”. Además, aplaudió el capítulo del proyecto que pide que las denuncias sean realizadas por personas ajenas a las fuerzas policiales.

Por su lado, Victorio Paulon, Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina, invitó a “insistir con la responsabilidad que tienen que asumir los funcionarios que en una gran cantidad de ocasiones se esconden y se niegan al diálogo con los que reclaman”. Pidió también que exista “una obligación mayor de los funcionarios” de generar respuestas para evitar la violencia. “La policía responde a las órdenes políticas de quienes los mandan en ese momento”, opinó, y agregó que la iniciativa es “un piso” sobre el cual seguir avanzando.

En representación de la Unión Personal Municipal de Berazategui, Mario Carlos Torroba puso en el foco la violencia de los funcionarios públicos, de la política. “Como si las fuerzas de seguridad tuvieran el monopolio de la violencia institucional en el país”, cuestionó. 

Georgina Orellano, Secretaria General de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, relató experiencias en primera persona.  “No queda registro de los operativos violentos”, denunció, y siguió: “Nosotras mismas tenemos que registrarlos con nuestras cámaras”. Además, habló de un discurso policial “xenófobo”, “racista”, “selectivo” y “clasista”. 

“Desde el sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales apoyamos esta ley, creemos que hay que ponerle un freno a la violencia institucional y, que hay que ponerle un freno a las coimas policiales, a los discursos racistas y a la selectividad con la que operan las fuerzas de seguridad en nuestro país”, expuso Orellano.

Más adelante acusó que “una de las cosas que aumentó en esta crisis sanitaria es la violencia policial. Nosotras tenemos un registro propio, porque no hacemos la denuncia, porque la historia nuestra nos dijo que quienes quieran la denuncia, nuestras delegadas, nuestras referentes, han sido asesinadas por la policía”. “Los mismos policías estuvieron dos o tres meses sin salir a la calle pero estaban en la comisaría”. 

Miguel Aponte, secretario administrativo del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación, consideró: “Tenemos demasiadas víctimas de violencia institucional en la provincia -de Córdoba-” e instó a “dar pasos más concretos”. Además, se lamentó de que los casos de violencia son “tan recurrentes” que “están naturalizados”.

En representación de la Federación Gráfica Bonaerense  Rodrigo Loza opinó: “Esto por sí solo no resuelve el problema que aflige no sólo a nuestro país, ya que lo estamos viendo por ejemplo en Colombia, sino que debe haber un compromiso de todas las instituciones del Estado y de las organizaciones libres del pueblo para el cumplimiento de esta ley. Entonces celebramos que se pueda aprobar un marco legal para regular el accionar de las fuerzas de seguridad sin importar el Gobierno de turno”.

Patricia Mounier, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato Argentino de Docentes Privados y diputada nacional (Frente de Todos) resumió que el proyecto plantea la “capacitación y formación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad”. En ese sentido, planteó la posibilidad de “ampliarlo para todos y todas”. 

La diputada Claudia Ormachea (Frente de Todos-Buenos Aires) destacó también la importancia de la capacitación y la formación. “Si vos en la capacitación y la formación les marcaste una línea de impunidad y les marcaste una línea de ‘enemigo el otro’ eso perdura después y es muy difícil modificarlo”, sostuvo. La formación, consideró, debe estar “en contacto y en presencia de otros integrantes de la sociedad: obreros, estudiantes…”.

El diputado Eduardo Valdés  (Frente de Todos-CABA) trajo a cuenta el “espionaje ilegal de periodistas” y pidió que se incluya dentro de la violencia institucional.

La diputada Mara Brawer (Frente de Todos-CABA) reclamó: “No tiene tanto que ver si existe o no violencia institucional. El eje central es la pregunta acerca de qué hacen los ejecutivos ante esta violencia si la aplauden o la combaten”.

Por su parte, la diputada María Rosa Martínez (Frente de Todos-Buenos Aires) criticó que “durante los cuatro años del Gobierno de Macri padecimos de fuerzas de seguridad que funcionaban de manera clandestina y que formaban parte de las movilizaciones y agitaban muchas veces situaciones de violencia. Lo digo por haber participado en esas movilizaciones. Identificar claramente que quienes motorizaban la violencia no éramos los que participábamos, sino fuerzas de seguridad encubiertas”.

El diputado Hugo Yasky (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales cerró la reunión al concluir: “Los que ya tienen poder, la ley esta no les va a quitar ni les va a agregar nada, en tal caso los va a limitar en el ejercicio del poder. Lo que necesitamos es el resguardo de los más débiles”. A continuación, consideró: “Ha sido muy esclarecedor y muy importante el esfuerzo de todos ustedes”.

El proyecto

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán “de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina”. “Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta”, indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto “generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional”.

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de “Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional”; además de un “Registro Nacional de Violencia Institucional”.

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un “Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios”; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al “control ciudadano”, por el cual “cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad”.

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar “mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La de este lunes fue la tercera reunión informativa que llevó a cabo el plenario sobre el proyecto impulsado por el oficialismo. Con anterioridad, habían expuesto representantes de organismos de derechos humanos y familiares de víctimas de estos casos.

El senador catamarqueño Dalmacio Mera (Frente de Todos) fue ratificado como presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, durante una breve reunión remota que se realizó este jueves.

En tanto, continuará como vicepresidente el correntino Pedro Braillard Poccard (Pro), y como secretario lo hará el otro senador correntino, Carlos "Camau" Espínola (Frente de Todos).

Al proponer el nombre de Mera, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, destacó "el trabajo que se viene haciendo sobre la reforma de la Ley de Estupefacientes", en referencia a las numerosas reuniones informativas que el año pasado llevó a cabo la comisión.

Y agregó: "Es probable que este año estemos en condiciones de emitir un despacho en un tema tan complejo como ese".

En la misma línea, el presidente del bloque Pro, Humberto Schiavoni, quien propuso a Braillard Poccard, dijo que su par "representa a una provincia (Corrientes) donde este tema es muy sensible, y la verdad que se ha venido trabajando muy consensuadamente para ver si podemos normativamente aportar soluciones que terminen con esto".

Finalmente, Mera anunció que se retomará el debate de un proyecto reingresado por el senador Guillermo Snopek, el cual tuvo dictamen el año pasado pero no llegó a tratarse en el recinto. Se trata de una iniciativa para penar el contrabando de tabaco.

Respecto de la Ley de Estupefacientes, el presidente de la comisión destacó: "Nos dimos un trabajo con toda la comisión importante el año pasado para conversar, discutir, e intentar de consensuar una posición sobre la Ley de Estupefacientes".

"Hay un borrador bastante avanzado de dictamen, así que lo vamos a circular para que en la próxima reunión que hagamos (…) veamos si avanzamos o no", añadió.

Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados realizarán este miércoles, desde las 18, una reunión informativa sobre el proyecto de ley integral contra la violencia institucional.

La iniciativa lleva la firma de los oficialistas Paula Penacca, Hugo Yasky, Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Álvarez Rodríguez, Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Al encuentro, que será de forma remota, fueron invitados José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Néstor Miguez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Paola García Rey, de Amnistía Internacional.

También expondrán Raquel Witis, de la Comisión de la Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Victoria Darraidou, del CELS; Diana Cohen, de la Usina de Justicia; y Daniel Isaias Suizer, de la Red por la Libertad.

El proyecto establece que las disposiciones de la ley serán "de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina". "Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes, que de ninguna manera podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta", indica el artículo 1ro. del texto.

La iniciativa tiene como objeto "generar herramientas integrales para prevenir y erradicar casos de violencia institucional por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional, así como también otorgar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional".

De acuerdo al texto, se propicia la creación en los ámbitos del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, de "Centros de Recepción de Denuncias de Violencia Institucional"; además de un "Registro Nacional de Violencia Institucional".

A lo largo de los 45 artículos, el proyecto se refiere a la asistencia y reparación a las víctimas; y al sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial.

Además, crea un "Programa Nacional contra la Violencia Institucional de asistencia en formación, capacitación y reentrenamiento en Derechos Humanos y en regulación del uso de la fuerza, para las fuerzas policiales, de seguridad y de servicios penitenciarios"; establece principios básicos sobre el empleo de armas de fuego y armas no letales; y dispone reglas mínimas para la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad en manifestaciones públicas.

Otro de los puntos se refiere al "control ciudadano", por el cual "cualquier ciudadano/a tiene derecho a tomar imágenes de los operativos de las fuerzas policiales y de seguridad. El único límite a este derecho es cuando la toma de imágenes interfiriera en el ejercicio de las tareas de las fuerzas policiales y de seguridad".

También se determina que las provincias y la Ciudad deberán garantizar "mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

Aislado preventivamente en su casa por haber mantenido contacto estrecho con un positivo de Covid-19, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, expuso virtualmente este lunes ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, en el marco de una nueva reunión informativa sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes.

El funcionario destacó que desde el comienzo de la gestión se viene "trabajando de manera coordinada con la SEDRONAR, porque todos reconocemos a la escuela como una de las principales instituciones de protección y cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes".

"Nos preocupa en profundidad una de las principales problemáticas de nuestros adolescentes" como es "el consumo de alcohol", señaló y aseguró que "la escuela es el espacio donde tenemos que transmitir esa cultura de cuidado, de proteger, de dar las herramientas" necesarias en prevención.

En ese sentido, Trotta dijo que la escuela es "la puerta de entrada para el abordaje" de consumos problemáticos, y un "espacio de ayuda, escucha y canalización de estas problemáticas". "Son los docentes los que muchas veces detectan estas situaciones de adicciones, abusos y violencia intrafamiliar", agregó.

El ministro afirmó que con la SEDRONAR trabajan conjuntamente en "garantizar la implementación de los contenidos curriculares para la prevención de adicciones", aprobados por el Consejo Federal de Educación en 2015, pero que durante la gestión anterior "se desarticuló" y "no se desarrollaron estrategias de difusión y abordaje de estos lineamientos", resaltó.

Por otra parte, el titular de la cartera de Educación ponderó que "el presupuesto educativo presentado por nuestro Gobierno es un paso importantísimo para recuperar los procesos de inversión; es federal, y está vinculado a infraestructura y al programa de conectividad", triplicando las partidas para esas áreas y duplicando las becas Progresar.

"Todos sabemos que el desafío que tenemos es la continuidad educativa, sobre todo en un contexto social y económico tan complejo como ha implicado la pandemia", sostuvo y precisó que "todos los años ha crecido lo que es la terminalidad secundaria en tiempo y forma, más allá de algunos baches vinculados a las crisis".

Trotta remarcó que "hay que repensar la escuela secundaria, su vínculo con el mundo del trabajo, cómo logramos interpelar a los chicos para que se sientan convocados y acompañados en la escuela". "Hay un desgranamiento muy importante que sabemos que, a partir de la crisis que generada por la pandemia, se va a profundizar", indicó.

Y advirtió que este no será un problema "exclusivamente de la Argentina, sino que se va a reflejar en todos los países del mundo; no solo por la profundización de la desigualdad, sino por lo que ha implicado la ruptura de la rutina de ir a la escuela, y eso tiene un impacto en nuestros adolescentes".

Sobre esto, el ministro recordó que en el Presupuesto habrá una inversión de "4 mil millones de pesos" destinados al programa "Acompañar", acordado con las provincias con el objetivo de abordar el regreso al ciclo lectivo en 2021.

Otra de las invitadas de la jornada fue Gabriela Torres, titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), quien repasó cómo a lo largo del tiempo se fue "cambiando" la concepción de este organismo. "Nosotros estamos trabajando mucho desde el comienzo de la gestión con el Ministerio de Seguridad para que quede claro que una cosa es narcotráfico y otra es una persona que consume", expresó.

"Los problemas de consumo son problemas de personas que se relacionan problemáticamente con sustancias, no importa la sustancia, si es dura o blanda", apuntó la funcionaria, que explicó que "primero hay un uso, después un abuso, y después un consumo problemático o adicción".

Torres aseveró que "hay que hacerse cargo del consumo de alcohol que tenemos, hay que trabajar y hablar un montón". Y cuestionó la idea de "culpar a los jóvenes de sectores populares como si fueran los únicos que tienen un problema de consumo problemático; eso está recontra instalado y la verdad que no es cierto".

"Todas las encuestas que tiene SEDRONAR dicen que eso nos interpela a todos, el consumo problemático es un tema de todas las clases sociales, aunque por supuesto que hay diferentes modalidades de consumo", continuó.

La titular del organismo consideró que "nos debemos algunas discusiones como sociedad de blanquear qué nos pasa, en principio, con las drogas legales". En tanto, "lo que nos pasa con la Ley de Drogas tiene que ver con que, en esta estereotipación, se meten presos a pibes jóvenes y de sectores populares", subrayó.

"Es muy importante que todos sepamos que si alguien tiene problemas de consumo, ir preso no es un tratamiento", enfatizó y opinó: "Yo creo que nosotros no tenemos que discutir marihuana sí o marihuana no, sino hablar del consumo y de cómo nosotros queremos vivir mejor, y para qué es el consumo. La sociedad no debería tener tanto miedo para hablar de consumos problemáticos y adicciones".

También asistió a la reunión Marcelo Bergman, director el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la UNTREF (Universidad Nacional de Tres de Febrero), quien recordó que "el objetivo de la ley fue reducir la disponibilidad de la droga para que la gente no consuma", pero a 30 años de su sanción "no ha tenido un impacto en la reducción de la disponibilidad de la droga".

El especialista apuntó que los precios de las drogas ilegales "están bajos". "No es muy cara la droga en Argentina. Y, al no estar creciendo ese precio, eso nos da un indicio de que la droga está disponible. Los estudios focales también han demostrado que la gente no tiene grandes dificultades de acceder a las drogas", añadió.

Bergman resumió así que "la disponibilidad que buscaba originalmente la Ley 23.737, con la estrategia prohibicionista, no está alcanzando un gran nivel de reducción de la oferta de drogas".

Además, resaltó que "no estamos encarcelando a los grandes narcotraficantes. Las cárceles están llenas de vendedores o transportistas de poca monta".

"Mirando los efectos en la disponibilidad en el mercado de las drogas y en las personas castigadas, la Ley 23.737 no parece obtener muchos buenos resultados que se propuso en su momento. Es un buen momento para repensar estrategias distintas", completó.

Una segunda jornada de debate sobre los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737) se realizó este lunes en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por Dalmacio Mera (Frente de Todos). Durante la reunión virtual, defensores y funcionarios del Poder Ejecutivo coincidieron en la necesidad de una reforma de la norma.

La primera oradora de la jornada fue la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien enfatizó que "hay algunas reformas (a la ley) que están esperando desde hace largo rato". Al recordar el fallo Arriolla de 2009, por el cual la Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo referido a la tenencia de droga para consumo personal, la funcionaria señaló que "como no hubo reacción legislativa inmediata" para corregir la norma, se generó "un problema".

"La policía sigue deteniendo gente", indicó, bajo el argumento que el delito "sigue estando en la ley y que ellos en la primera etapa no pueden distinguir si es para consumo personal" o no. Esto demanda "recursos económicos, materiales, humanos" que están "mal dirigidos" hacia "los consumidores, cuando deberían estar dirigido a los narcotraficantes".

Para Martínez, la tenencia para consumo personal "no debe figurar en la ley ni constituir un tipo penal" y, además, "hay que discutir mucho más ampliamente qué pasa con la tenencia simple", de modo que "solo pueda ser alcanzada por la norma cuando claramente se puede insertar en un proceso de narcotráfico".

"Todo esto ha provocado mucha jurisprudencia, que resulta contradictoria" y "en nada ayuda porque no da ninguna certeza", remarcó la defensora, al tiempo que dijo que la Ley 23.737 "no ha demostrado ser suficientemente eficiente en la lucha contra el narcotráfico".

Por otro lado, advirtió que, salvo la Ciudad de Buenos Aires, "no hay lugares adecuados para atender los tratamientos (de personas adictas) en las provincias"; y "otro tema muy grave" es "el tema de las mulas" porque esta ley "genera un impacto diferencial enorme sobre las mujeres".

En su alocución, la funcionaria consideró que "es urgente que haya un tratamiento muy racional sobre el tema del cultivo por la utilización medicinal de cannabis" y analizar "hasta qué punto hay que utilizar represión o hasta qué punto es preferible liberalizar el consumo de ciertas drogas".

"Reconozco que todavía la sociedad argentina no parece estar preparada para esto, sí para dar la discusión, pero no para avanzar con una ley", opinó y agregó que "no" cree que "podamos adoptar el modelo uruguayo", pero sí abogó por avanzar en adoptar ese modelo "en lo que se refiere al cannabis medicinal". "Creo que ya a esta altura es imprescindible que se reforme la ley", completó.

A su turno, Ana Galán Muñoz, coordinadora general de Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta, resaltó la necesidad de que "se visibilicen cuestiones de género" en una eventual modificación de la norma. Según datos del Servicio Penitenciario Nacional, la expositora precisó que "del total de presos federales, el 5,54% son mujeres, pero en el NOA, la meca del narco, ese porcentaje supera el 34%".

La funcionaria detalló que de los casos que se atendieron entre 2016 y 2019 "más del 25% fueron mujeres" y "el 90% vinculadas al proceso penal por causas de drogas", de ese número "el 50% tuvieron una participación en el delito de tipo mula" y "el el 30% fueron amenazadas, involucradas por sus parejas hombres" para ello. "Merecemos un análisis de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva de género, recolectando datos precisos para poder diseñar políticas públicas", añadió.

Por su parte, Gabriel Anitua, defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, sostuvo que "esta ley más que un fracaso fue un error" y "provoca injusticias y costos". Asimismo, advirtió que "todo el andamiaje legislativo" construido en base a esta norma "provoca vulneraciones de derechos". "Esta legislación no es útil", insistió y propuso "una ley que regule el mercado de las drogas, y sea por tanto eficaz".

Con énfasis en el tema del autocultivo de cannabis, Pablo Ordoñez, defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia N°1 de La Plata, manifestó que se necesita "una ley que sea clara" sobre cannabis medicinal, y que se piense en relación a "la realidad y dejando de transformar en delincuentes a aquellas personas que lo único que quieren es hacer que su dolor no espere". "Necesitamos que se aggiorne la ley a lo que estamos viviendo día a día", agregó.

La exposición de los funcionarios del Ministerio de Seguridad

Durante la reunión se presentaron también funcionarios del Ministerio de Seguridad. Abrió la ronda Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, quien expresó que una modificación de la Ley de Estupefacientes debe hacerse teniendo en cuenta "el termómetro de la sociedad civil respecto a esta temática" y junto a "las áreas del Estado, las ONG's especializadas, la voz de los que trabajan en territorio y la voz de la justicia".

Además, el funcionario opinó que una nueva normativa debe contemplar "un claro mensaje hacia nuestras fuerzas de seguridad", "los efectores y gestores de salud" y "todos los recursos de abordaje de los consumos problemáticos". En resumen, se requiere de "un ámbito integral que pudiera trabajar la ley de una manera seria", subrayó.

En su discurso, durante el que repasó la labor que lleva adelante la cartera, Villalba apostó por una nueva ley en la que "las soluciones no sean meramente transitorias o queden con moras hacia la sociedad, la justicia, las fuerzas de seguridad", sino que avance hacia "lo que queremos en la lucha contra la narcocriminalidad".

A continuación, Ángela Oyhandy, directora nacional de Estadística Criminal, habló de "la ausencia de indicadores objetivos que permitan dar cuenta de la eficacia de las políticas de la lucha contra el narcotráfico que encontramos al inicio de nuestra gestión".

No obstante, informó que en base a "datos sobre incautaciones de sustancias" se arribó a "conclusiones preliminares que hablaban de una baja eficacia y de una gran concentración de la actividad de las fuerzas federales en incautaciones de pequeñas cantidades de drogas, fundamentalmente de marihuana".

La funcionaria señaló que entre los años 2001-2009 se duplicaron las denuncias por este tipo de hechos, "luego hubo un amesetamiento" y "un nuevo gran salto entre los años 2017 y 2019". "El gran incremento en estos años -de un 84%- se produjo en la categoría tenencia simple atenuada para uso personal de estupefacientes".

"Un 66% de la actividad de las fuerzas federales en estos ultimos años estuvo orientada a la focalización en tenencias de distintos tipos", aseguró y remarcó que "la infracción a la Ley 23.737 es la sexta categoría en cantidad de denuncias que se concentran en todo el país", alcanzando el año pasado un número de 98.037.

También expusieron Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa; y Valentina Novik, subsecretaria de Investigación Criminal y Cooperación Judicial.

Un grupo de fiscales coincidieron este lunes en que es necesario avanzar con la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal, al participar de un debate por los 30 años de la Ley de Estupefacientes (23.737), en el marco de una reunión de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, presidida por el catamarqueño Dalmacio Mera (FdT).

En primer lugar expuso Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), quien recordó que en 2009 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del inciso 2 del artículo 14 de la ley. "Sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola, el 40% de las investigaciones de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal".

Apoyado en gráficos que compartió en pantalla, el funcionario resaltó además que "el 40% de los recursos de la justicia federal siguen orientados a la judicialización de conductas menores como puede ser la tenencia con fines de consumo". Tras lo cual opinó que "estos recursos deberían destinados a lo que es el abordaje de las drogas desde el sistema de la salud y educación; reasignarse esos recursos a la prevención y al abordaje de investigaciones sobre el crimen organizado".

"A esta altura, luego de 30 años de vigencia de la ley, y más de 10 años del precedente Arriola, nos debemos la discusión en torno a aggiornar la norma a los preceptos constitucionales", continuó.

En otro tramo, Iglesias expresó que se necesita "profundizar el trabajo de colaboración y cooperación entre los ministerios públicos provinciales y federales", y ahondó que la coordinación entre "los dos niveles de investigación" ayudan a "mejorar la persecución penal".

A su turno, Eduardo Villalba, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, remarcó que las provincias de Salta y Jujuy "son distintas a todo el resto del país", por tener frontera con Bolivia y ser "la puerta de entrada de la droga, fundamentalmente de la cocaína". Por lo cual, dijo que "se necesita focalizar esfuerzos" en esta región.

El funcionario destacó que "a partir de 2015 a la fecha tenemos verdaderos narcotráficantes que están privados de su libertad, incluido un exjuez federal que era parte del problema". Asimismo, valoró la aplicación del sistema acusatorio como "un antes y un después" y enfatizó que es necesario "el trabajo coordinado" desde el Ministerio Público, para el avance de estas causas.

Villalba advirtió que la ley tiene "mínimos muy altos" y es errónea al sancionar con "la misma escala penal" a "alguien que emprende un transporte sofisticado para ingresar droga en avión" y "una persona que ingiere 25 capsulas con cocaína". "Esto provoca cárceles abarrotadas de mulas", señaló y apuntó que se trata en muchos casos de "personas extremadamente vulnerables" que actúan por desesperación.

Además, observó que la norma establece que "la importación de hoja de coca está prohibida, pero a su vez toda hoja de coca viene de Bolivia". "Ahí hay una esquizofrenia legislativa", opinó y consideró que "se debería regular en el Código Aduanero".

Por su parte, la presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Liliana Navarro, afirmó que "la tenencia con fines de consumo, que sigue penalizada en la ley, es una deuda pendiente que tenemos". En ese sentido, haciendo referencia a los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009), la expositora analizó que cuando se discutió la Ley 23.737 "predominó una fuerte concepción moral sobre la concepción legal".

Por eso, explicó la paradoja entre "leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de adicción" y "una ley en la que sigue vigente la sanción penal para el adicto, para el enfermo". Esto es porque se entendía que "el último eslabón en el tráfico de drogas era en definitiva el consumidor", pero "la sociedad toda ha entendido que el adicto es la víctima de este flagelo", subrayó.

Navarro llamó a "dar un paso adelante" y "desde el Estado concentrar esfuerzos en la salud pública, el deporte y el trabajo" para avanzar con "la despenalización de la tenencia con fines de consumo", porque en las causas "se sigue criminalizando al enfermo".

"Estoy convencido que una política de drogas debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas del consumo, reducir riesgos, controlar daños, pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal", aseguró Flavio Ferrini, fiscal federal de la provincia de Corrientes.

Además, planteó que "debe haber una política general que fomente la integración social de marginados y personas vulnerables" y "tenemos que centrar los esfuerzos desde el Estado en la persecución de las grandes manifestaciones de crimen organizado que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes".

"Esta ley, que se inscribe en una normativa de tipo prohibicionista, fue similar para toda América Latina. Fue casi una bajada de línea de Estados Unidos", recordó.

No obstante, el fiscal consideró que "la ineficacia en la persecución penal" no se debe solamente a la letra de la ley, sino a "un abordaje individual, sesgado de la materia" en "la forma en que se realizan las investigaciones" y "el sistema inquisitivo".

"Está claro que tenemos que adecuar esta ley a los preceptos constitucionales. Hay que despenalizar la tenencia para consumo personal", coincidió Ferrini con los expositores anteriores.

Avanzado el debate, Hugo Greca, juez federal de primera instancia de General Roca, ponderó que en Río Negro se implementó "un 0800 para denuncias anónimas sobre narcotráfico, que ha sido muy beneficioso, porque el mejor policía termina siendo el vecino. Tendrían que tenerlo todas las jurisdicciones".

También se mostró a favor de avanzar con la derogación del artículo 14 de la ley -referido a la tenencia para consumo personal-; y evaluó que habría que incorporar el verbo típico "comprar droga con fines de comercio", porque "cuando una persona comete este tipo de delitos no está queriendo afectar la salud pública, sino que se quiere enriquecer ilícitamente".

Y resaltó la necesidad de "generar decomisos anticipados, donde los bienes (incautados) sean entregados al uso de las policías o de la salubridad pública".

Finalmente, Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal, detalló que según un reciente informe del Ministerio de Seguridad "en los últimos años, el 88% de las causas abiertas por infracción a la ley de drogas ha sido por tenencia para consumo personal y por tenencia simple o neutra".

Sobre esto, precisó que un estudio realizado desde su organización sobre "el costo que representa la sustanciación de estas causas hasta que normalmente llegan al archivo" arribó a la conclusión de que "el Estado argentino y las provincias invierten de sus escasos recursos entre 10 y 15 mil pesos para tener abiertas o sustanciar" este tipo de causas. "Adhiero decididamente a la propuesta de que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo personal", manifestó.

La Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, que preside el catamarqueño Dalmacio Mera, se reunió este miércoles para analizar el proyecto de ley del senador jujeño Guillermo Snopek  (FdT) que modifica el artículo 866 de su similar 22.415 -Código Aduanero-, respecto de incorporar el contrabando de tabaco en el incremento de penas.

Durante el encuentro, Snopek explicó que “este proyecto ya tiene un año de presentación y apunta a dos cosas: resguardar el trabajo argentino y cuidar las arcas del Estado del impacto que produce el contrabando”.

Sostuvo que los datos por el contrabando de cigarrillos son preocupantes ya que en “el comercio de cigarrillo, en un 10%  hoy es mercado ilegal y eso representa en el fisco un impacto, en 2019, de 10 mil millones de pesos, y para este año  se lo calcula en $ 15 mil millones”.

Por último aseguró que es “oportuno el tratamiento de este proyecto para incrementar las penas dado que en este contexto  de la pandemia el contrabando no ha disminuido”.

Tras la introducción del autor del proyecto, la iniciativa pasó a la firma de dictamen con el pronunciamiento de acompañamiento de todos los presentes.

Luego pasaron a la firma dictámenes sin objeciones y proyectos de declaración y comunicación. Al respecto, Mera comentó que fueron unificados durante el trabajo de asesores el proyecto del senador el del senador fueguino Pablo Daniel Blanco (UCR), que expresa preocupación ante la escalada de hechos delictivos que están sucediendo en el país y otras cuestiones conexas, y el del radical chaqueño Víctor Zimmermann, que solicita informes sobre el procedimiento en el paralelo 42 por parte del guardacosta gc-27 prefecto que que detectó pescando ilegalmente a un buque chino.

Asimismo fueron unificados el de la senadora Silvia Beatriz Elías de Pérez (UCR), que repudia el homicidio de Luis Espinoza, por parte de la policía de la provincia de Tucumán, el 15 de mayo de 2020 y el de la senadora Beatriz Graciela Mirkin (FdT) que rechaza el accionar de los efectivos de la policía de Tucumán, por la muerte de Luis Armando Espinoza, el 22 de mayo de 2020.

También pasaron a la firma el proyecto del senador por Chubut Alfredo Héctor Luenzo (FdT) que repudia las acciones de espionaje ilegal que se habrían realizado durante la gestión del gobierno anterior y  por último un proyecto de comunicación del senador Blanco y otros: proyecto de comunicación que solicita informe acerca de la captura del buque pesquero de bandera china “lurong yuan yu 688” y las políticas, planes y programas vinculados a la vigilancia y control de la zona económica exclusiva (zee) y el área adyacente a la misma y otras cuestiones conexas.

Al término del encuentro Mera adelantó que se enviará a los miembros de la comisión un borrador con invitaciones a especialistas para comenzar a  tratar el proyecto de Ley de Estupefacientes.

Al presentarse este viernes ante un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, Sabina Frederic informó que desde el inicio de la cuarentena se denunciaron 39 casos de violencia institucional.

La ministra de Seguridad nacional señaló que ese es el número de episodios en el que estuvieron involucrados efectivos de las fuerzas federales. "El personal implicado suma un total de 96; personal que pasó a disponibilidad, involucrado en estos hechos, seis; y el total de acciones disciplinarias en curso, 10", precisó.

Además, enumeró que 20 tuvieron que ver con la Gendarmería Nacional; nueve con la Policía Federal Argentina; siete con la Prefectura Naval Argentina; y uno con la Policía Aeroportuaria.

Sobre los hechos cometidos por cuerpos de las policías provinciales, la funcionaria remarcó que "corresponde a cada una de las jurisdicciones" que "tienen autonomía respecto a cómo conducen sus policías".

No obstante, subrayó: "Al tomar conocimientos de los hechos de violencia institucional ocurridos en Chaco, San Luis, Tucumán, Chubut y provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad se contactó con las autoridades provinciales".

Además, Frederic manifestó que esta situación se convirtió en "un tema de agenda determinante en dos reuniones del Consejo de Seguridad Interior", donde las provincias informaron sobre las acciones disciplinarias iniciadas al respecto.

La ministra apuntó que desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se trabaja sobre si las jurisdicciones "tienen programas específicos que propicien el uso racional de la fuerza", al tiempo de enviar protocolos, guías y recomendaciones. "Hay que responder de forma inmediata, adoptando todas las medidas correspondientes que sean necesarias", sostuvo.

E insistió: "Rechazamos y condenamos todo acto de violencia institucional y debemos ser inflexibles ante la aparición de algún hecho". En ese sentido, agregó que hay que erradicar también "formas o prácticas violentas que se encuentran invisibilizadas como el racismo o la discriminación".

El trabajo de la cartera contra la violencia institucional

En el marco de la reunión informativa, que fue convocada bajo el título "Hacia una Ley nacional contra la Violencia Institucional", Frederic afirmó que para la cartera que conduce "el ejercicio del control de la violencia institucional es un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrática y, consecuentemente, de una sociedad más justa y segura".

"El control y la prevención de la violencia institucional es una política transversal", enfatizó y expresó que desde el Ministerio se actúa sobre la aplicación de las sanciones correspondientes, la prevención, la confección de protocolos, la articulación con las organizaciones, el monitoreo de las condiciones de detención y la redacción de recomendaciones, entre otras acciones.

También hay una dirección de control y prevención de estos hechos, donde se reciben peticiones y denuncias, al tiempo que se amplió la línea 134 de atención y los mails institucionales. En cuanto a formación, la funcionaria destacó la capacitación reciente de 1207 funcionarios de las cuatro fuerzas federales.

"Para el Estado Nacional, para la Argentina en su conjunto, es fundamental lograr el esclarecimiento y, sobre todo, la aparición de Facundo Astudillo Castro", aseguró la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

La funcionaria recordó que este viernes "se cumplen 100 días" sin saber el paradero del joven -oriundo de la localidad bonaerense de Pedro Luro- y resaltó: "Para nosotros es absolutamente importante describir todo lo que ha hecho el Estado, el Poder Ejecutivo, para dar con su paradero, que para nosotros es central".

En ese sentido, Frederic brindó un repaso cronológico de la intervención que las cuatro fuerzas federales (Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria) tuvieron durante estos meses en la búsqueda de Astudillo Castro.

Además, resaltó que los recursos del Ministerio "han estado, están y seguirán estando para la búsqueda realizada a raíz de su posible desaparición forzada".

La ministra señaló que la cartera que conduce "no lleva adelante la investigación del caso que, por otra parte, se encuentra bajo sumario", sino que "interviene a pedido de la justicia federal de Bahía Blanca".

Frederic insistió que entre los "muchos de los recursos que ya se han puesto en acción", el caso del joven "fue cargado en el sistema federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas para dar intervención a todas las juridiscciones del país".

La funcionaria recordó que Astudillo Castro "fue visto por última vez el día 30 de abril", cuando camino a la casa de su novia fue detenido por la Policía Bonaerense. "El 5 de junio su madre realizó la denuncia y comenzó a intervenir la unidad fiscal de Bahía Blanca", continuó.

Luego detalló que el 25 de junio el Ministerio toma parte "ante la hipótesis de gravedad institucional que se denunciaba" poniéndose "a disposición de la justicia provincial", y la causa se retransmitió a nivel nacional. "El 8 de julio la causa pasó al fuero federal, bajo la caratula de desaparición forzada", indicó.

La ministra agregó que "entre los últimos días de julio y los primeros días de agosto se realizaron diversas pericias en torno al teléfono" del joven, y "hasta el día de hoy continúan las tareas de rastrillaje en lugares específicos que surgen de la investigación judicial".

Hacia el final, ratificó "el compromiso del Estado Nacional con los organismos internacionales", entre ellos "la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos exigió hace casi un mes un informe de las acciones realizadas".

Y añadió que se trabaja para que el Banco Nacional de Datos Genéticos "es también de utilidad para la búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas", o bien, se realice la creación de un banco de cotejo genético para estos casos.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió a la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años oriundo de la localidad de Pedro Luro, cuyo paradero se desconoce desde el 30 de abril pasado. "Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis", dijo.

"Tenemos 200 efectivos de las fuerzas federales desplegados en la zona donde se lo vio por última vez", expresó y resaltó que este jueves "hasta el mediodía estuvieron trabajando en ese rastrillaje las fuerzas federales".

En su presentación ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado, presidida por el catamarqueño Dalmacio Mera, la funcionaria consideró que "la hipótesis de que la responsabilidad fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no puede ser descartada".

Asimismo, indicó que otra posibilidad es que "el muchacho está en un lugar y no quiere que se sepa" o "le pudo haber ocurrido algo y no es que haya sido responsable la Policía", barajó. "Todas las líneas tienen que sostenerse hasta que alguna de ellas se caiga", añadió.

Frederic señaló que ya se realizaron peritajes sobre vehículos pertenecientes a la policía bonaerense "pero todavía no pasaron a la instancia de laboratorio, por lo cual hay que esperar".

"Tenemos la convicción de que es fundamental que la Justicia actúe sin adelantar posicionamientos que puedan ser leídos como una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Nos mantenemos dejando que la Justicia trabaje y las fuerzas federales avancen en su tarea", concluyó.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, subrayó este jueves al exponer ante senadores que el protocolo de "ciberpatrullaje" fue elaborado con "el aporte, las críticas y las sugerencias" de distintos organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil.

Al exponer ante la Comisión de Seguridad Interior, la funcionaria señaló que la resolución 144/20, sobre prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas, tendrá vigencia en lo que dure la emergencia sanitaria por Covid-19.

Dicha resolución reemplazó a otra del 2018, "que no había sido publicada en el Boletín Oficial", indicó. "Nuestra resolución se sostiene en una serie de principios a la que nos obliga la normativa local y de derechos humanos", aseguró y dijo que también está en línea con una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictada también en el contexto de la pandemia.

La ministra enumeró que allí se contemplan los principios de "temporalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad, razonabilidad, privacidad, protección de datos personales, libertad de expresión, protección de la protestad social", entre otros.

Frederic destacó la creación de una mesa consultiva, encargada de "monitorear, evaluar, recomendar modificaciones o incluir reglamentaciones" a este protocolo, la cual llevó a cabo su primera reunión el pasado 1ro. de julio, y donde hubo participación de legisladores del oficialismo y la oposición.

Además, la titular de la cartera de Seguridad resaltó que "se está implementando un ciclo de capacitación que va a formar a las fuerzas federales" en la temática, y que esa formación incluye "la perspectiva de derechos humanos en entornos digitales".

Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 15 de julio se registraron 106.310 personas infractoras, de las cuales 87.314 fueron puestas a disposición del Poder Judicial, y 2.373 fueron detenidas.

El detalle fue brindado por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, durante una videoconferencia de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, presidida por el oficialista Dalmacio Mera.

Según precisó la funcionaria, entre el 20 de marzo -comienzo de la cuarentena- y el 15 de julio las fuerzas de seguridad realizaron 16.816.673 controles a personas, y 12.118.000 controles a vehículos.

“Aunque tenemos una cantidad importante de infractores, la evaluación que hacemos es que el acatamiento ha sido positivo. Pasamos de tener a un 2% de infractores al comienzo de la cuarentena a tener un 0,3%”, destacó.

Frederic explicó que “hubo que reorganizar las fuerzas federales para dar cumplimiento al aislamiento social”, y a su vez se trató de “sostener a la mayor cantidad de personal activo”, realizando “operativos para testear a todos los efectivos”.

La ministra detalló que actualmente el 0,7% del personal afectado, es decir 612 personas, “están hoy con el virus activo”.

La primera medida tomada desde el dictado de la cuarentena, indicó Frederic, fue “la creación de un comando unificado” destinado a “analizar miles de situaciones que se produjeron con el aislamiento, sobre todo las primeras semanas”.

En ese marco, “se reforzó el personal en un 30% en las zonas de frontera, sobre todo en la frontera con Bolivia y Paraguay”.

A su vez, se realizaron cuatro reuniones del Consejo de Seguridad, dos de ellas abocadas al tema de la violencia institucional, y se coordinaron tareas de patrullaje con el Ministerio de Defensa.

Frederic señaló que desde el 21 de junio el 44% del total de personal de las fuerzas federales estuvo afectado a operativos, esto es, 38.807 efectivos sobre un total de aproximadamente 90.000 agentes.

Otros delitos

Por otra parte, Frederic destacó ante los senadores que según información aportada por las provincias, entre enero y mayo se registraron 309 robos cada 100.000 habitantes, “un 26% menos que en el mismo período de 2019”.

La ministra razonó que la reducción de este delito “estuvo asociada a la disminución de la circulación”, por lo cual “en abril hubo una caída abrupta de los delitos”.

También se refirió a los homicidios dolosos y especificó que en el primer trimestre hubo “855 víctimas, un 5% menos que el mismo período de 2019”, aunque en mayo “empezó a haber un ligero aumento”.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, informó este jueves que en el primer semestre de este año hubo casi 60 denuncias ante la Justicia por ataques al campo, y especificó que el 40% de los hechos denunciados se produjo en el mes de junio.

Frederic brindó esos datos durante una reunión virtual informativa de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, que preside Dalmacio Mera (Frente de Todos).

Según repasó la ministra, el presidente Alberto Fernández le encomendó tanto a ella como a su par de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, que se ocuparan de “atender estos hechos que venían siendo denunciados en los medios”.

A partir de ese mandato, se realizaron dos reuniones con la participación de ambos ministros y de representantes de la Mesa de Enlace que “manifestaron su preocupación”, y se decidió solicitar a los ministros provinciales un relevamiento de las denuncias realizadas en todo el país.

Así, se concluyó que “entre el 1ro. de enero y el 30 de junio hubo 59 hechos denunciados”, no solo de ataques a silobolsas sino también incendios y actos vandálicos en galpones.

Además, “el 40% de esos hechos se produjeron en junio, lo que indica que los datos que ofrecen los medios estaban asociados a una realidad que nos pone en alerta”, observó Feederic.

De todos modos, la funcionaria reconoció que “lo que por ahora no tenemos es información sobre daños del mismo tipo en años anteriores, para saber si lo que está ocurriendo es totalmente inédito o si se repite”.

El senador catamarqueño Dalmacio Mera (Frente de Todos) fue elegido como presidente de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico. En tanto, los correntinos Pedro Braillard Poccard (Pro) y Carlos Espínola (Frente de Todos) fueron designados vicepresidente y secretario, respectivamente.

Mera agradeció a su bloque por la elección y señaló que ésta es "una comisión de mucha importancia" porque "toca temas muy relevantes y complejos". Además, expresó que los integrantes recibirán un informe sobre los temas que hay en agenda y sostuvo que hay "unas medias sanciones interesantes" para tratar en la Cámara alta.

En la reunión virtual realizada este viernes hubo coincidencia entre los senadores para cursar en la brevedad una invitación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

Por el oficialismo integran la comisión Dalmacio Mera, Edgardo Kueider, Carlos Caserio, Ana María Ianni, Anabel Fernández Sagasti, Carlos Espínola, Nora del Valle Giménez, Maurice Closs, José Mayans, y Martín Doñate (Frente de Todos).

En tanto, por el interbloque Juntos por el Cambio son miembros Néstor Pedro Braillard Poccard, Roberto Basualdo, Humberto Schiavoni, Víctor Zimmermann, Mario Fiad y Pablo Blanco. Y completa la nómina Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).