El Senado arrancó este miércoles con el debate de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con media sanción: la llamada “ley antimafias” y una iniciativa sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. 

Miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales -sin la presencia de senadores de Unión por la Patria- recibieron al director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien aseguró sobre la ley de abordaje integral del crimen organizado que “es un proyecto fundamental” porque “estamos hablando de crimen organizado frente a un Estado desorganizado”.  

La ley “es para crimen organizado, es por determinados delitos, es por una zona determinada, es un control equilibrado donde intervienen las fuerzas policiales; la decisión la toma el fiscal con inmediato control judicial, el que termina controlando todo es el juez, siempre; hay una intervención de las fiscalías con un control judicial como existe en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe”, explicó. 

En ese sentido, subrayó que “esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas federales, los jueces federales y los fiscales federales con las fuerzas provinciales y jueces y fiscales provinciales”. “Sin duda que la superposición de trabajo mejora el resultado”, consideró. 

El funcionario remarcó que la norma apunta a desarmar el poder económico que manejan las organizaciones criminales. “En el proyecto original pusimos la extinción de dominio”, recordó, aunque en la Cámara de Diputados por acuerdo con la oposición “se modificó y se puso el decomiso anticipado, lo que nos pareció muy acertado”, dijo. Sobre esto, afirmó que fue consultado con jueces y fiscales, quienes dieron el visto bueno. 

La senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) planteó la duda respecto de la figura de decomiso anticipado, en relación a la constitucionalidad. “Respecto del decomiso le pedimos al juez que tenga certeza, no de un peligro, convicción, es decir, que dicte la sentencia anticipada”, respondió Soto. Mientras que el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) admitió que podría haber “un problema de nulidad, pero para eso están los jueces y por eso el decomiso tiene que ser hecho con rigurosidad y de manera excepcional, cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Carolina Losada (UCR), mencionó como en Santa Fe “las bandas narcos con los jefes en las cárceles no solamente organizaban ejércitos de sicarios, sino que vendían una especie de franquicias de territorios”. 

En otro tramo, el representante del Ministerio de Seguridad agregó que “la criminalidad cambia dinámicamente” y “nosotros tardamos para hacer una ley, pero ellos no”. Finalmente, defendió que este proyecto “es un cambio cultural, de concepto, de cómo se entiende la investigación y el delito”. 

Por otra parte, también comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Para ello asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, quien señaló que a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le hicieron “siete modificaciones” en la Cámara de Diputados, que “le dieron mayor robustez y solidez” al texto, al tiempo de “un mayor consenso, muy buen acompañamiento (en la media sanción) y tenemos la expectativa de que esto ocurra en esta casa”. 

El funcionario afirmó que se busca “saber lo más cercano posible la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde”. Aclaró que con esta norma “no se están modificando los requisitos para ser legítimo usuario”, mientras que subrayó que el sistema de tenencia “en la práctica ha perdido eficacia”. 

En ese sentido, detalló que actualmente hay “una persona en condición regular y dos personas en condición irregular” sobre tenencia. “Las armas no se esfuman, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene”, insistió y precisó que este año hay “vigentes casi 300 mil personas con su credencial de legítimo usuario”, de los cuales declararon 830 mil armas; sin embargo “hay 600 mil personas que dejaron vencer su credencial, y la inmensa mayoría había declarado armas” en un total de 986 mil. Además, hay más de 800 mil armas que “nunca tuvieron registración”.

Allan dijo que en años anteriores “el Estado gastó 226 millones de pesos y solamente el 2,8% regularizó su situación”. “Nosotros afrontamos otra forma, sí nos comunicamos con los vencidos; concientizando sobre las ventajas de estar a derecho”, manifestó y reveló que están “en plena reconstrucción de la base (de datos)”. Sobre esto, contó que a partir de un cruce de información con el Renaper, conocieron que “más de 120 mil personas están fallecidas”.

Sobre la prórroga del programa de entrega voluntaria, el titular de la ANMaC sostuvo que se busca extenderlo hasta 2027, por un plazo de cuatro años “para evitar los baches”. “Rosario es por lejos la ciudad donde la gente entregó más armas y la Justicia pide este programa, lo necesita”, dijo. 

Allan precisó que en 2017 se entregaron 11 mil armas; en 2018 casi 12 mil; en 2019 unas 7 mil; luego hubo un descenso y en el 2023 “volvió a subir a 4.200”. “Tenemos la expectativa de superar ese número” con la nueva prórroga, expresó e indicó que el año que viene está previsto un presupuesto de 57 millones de pesos para este programa, dado que la entrega se hace a cambio de un incentivo económico. 

También aclaró que “la delincuencia no blanquea en ninguna condición”. “Nosotros vamos a controlar el pedido: que (el arma) no tenga alta de secuestro, que no esté judicializada, que la numeración no esté adulterada, va a haber un exhaustivo examen previo a su regularización”. 

El otro ítem del temario tenía que ver con un proyecto sobre régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Losada informó que desde el Poder Ejecutivo llegaron “algunas sugerencias” sobre el tema, que iban a ser remitidas a los senadores junto al borrador del dictamen “para que veamos si las tomamos o no” y en la próxima reunión poder debatir y dictaminar. 

La diputada de Vamos por Más (VxM) y presidenta de la Comisión de Seguridad, Gimena Villafruela, celebró en sus redes sociales la instalación de tótems de seguridad en distinto puntos de la Ciudad de Buenos Aires y explicó como funcionan los mismos.

En este sentido, la oficialista explicó que “ante una emergencia, los vecinos pueden acercarse a los distintos Puntos Seguros de la Ciudad y hacer una denuncia inmediata al 911 con solo presionar un botón. Una vez que el denunciante lo hace, el agente envía al equipo que corresponda al lugar”.

“Los puntos seguros son una herramienta más para prevenir el delito y para dar una respuesta inmediata a los vecinos. Además, complementan el Sistema de Videovigilancia y el uso de Inteligencia Artificial para fortalecer la seguridad de la Ciudad”, continuó señalando.

Al mismo tiempo que concluyó precisando que “estos tótems están ubicados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Cuentan con un botón de alerta, cámara y permite la comunicación inmediata entre el vecino y los operadores del 911”.

Buscando dar cumplimiento a uno de los compromisos de campaña del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, la Legislatura porteña realizó un plenario de las comisiones de Justica y de Asuntos Constitucionales para continuar avanzando con el debate por la “Ley de Reiterancia”.

Del encuentro participó el ministro de Justicia del distrito capitalino, Gabino Tapia, para brindar detalles del proyecto que impulsa el Ejecutivo, a través del cual se busca introducir una serie de modificaciones al Código Procesal Penal, y respondió preguntas de los diputados. Estuvo acompañado por otros dos integrantes del Ministerio, Adrián Grassi y Jorge Djivaris.

El plenario estuvo coordinado por la presidenta de la Comisión de Justicia y diputada de la UCR-Evolución (UCR-Ev), Inés Parry, y su par por la Comisión de Asuntos Constitucionales y legislador de Vamos por Más (VxM), Hernán Reyes. Además, contó con la presencia del vicepresidente primero de la Casa, Matías López (VxM), y el resto de los miembros de ambas comisiones.

Durante la presentación, el ministro explicó que el objetivo es que la ley se cumpla y haya seguridad, garantizando los derechos humanos y la constitucionalidad. Detalló que las modificaciones presentadas se basan en tres ejes: el primero prevé la obligación para los jueces penales de comunicar a la Dirección de Migraciones sobre el dictado de ciertos actos procesales sobre personas extranjeras; el segundo incorporar normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, requisas y secuestro de bienes procedentes de delitos; y el tercero, la figura de reiterancia delictiva.

En ese contexto, los funcionarios profundizaron sobre la importancia de incluir el concepto de la reiterancia, que implica darles una herramienta a los jueces para que aquella persona que vuelve a cometer un delito, en lugar de que atraviese el proceso en libertad, lo haga en la cárcel.

Además, en relación a los extranjeros, señalaron que la iniciativa busca pedirle a los jueces y tribunales que pongan en conocimiento a las autoridades de migraciones la existencia de un proceso contra una persona de otro país para que quienes vienen a la Argentina. El equipo de Justicia agregó que esta modalidad también ayudaría a descomprimir el sistema penitenciario.

La Coalición Cívica volvió a exigir, como ya lo había hecho en octubre del año pasado, que la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se constituya para sesionar en la Ciudad de Rosario.

A través de una nota dirigida al presidente de la comisión, el oficialista Ramiro Gutiérrez, firmada por la diputada Mónica Frade, los legisladores nacionales de la CC insisten en realizar una sesión presencial de trabajo, en la que se invite para que realicen declaraciones informativas a todas las autoridades políticas, judiciales, académicos y víctimas de este accionar en aquella ciudad. 

La nota es acompañada por el jefe de bloque de diputados nacionales de la CC Juan Manuel López y por el presidente del partido Maximiliano Ferraro. Frade envió, también, la nota a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Prevención de las Adicciones de la Cámara, que preside el diputado Federico Angelini, que fue firmada además por la legisladora Leonor Martínez Villada, miembro de esta comisión.

“El kirchnerismo que admite, mediante la confesión de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ser el responsable político de la expansión del narcotráfico, ahora elige abandonar su rol y confesar su prescindencia”, sostienen desde la Coalición Cívica.

Además, plantearon: “Luego de confesar la notable expansión del narcotráfico y la violencia durante los años en que su espacio político estuvo a cargo del Gobierno, el ministro Aníbal Fernández tomó la decisión de poner a su hombre de confianza histórico, Lucas Gancerain, como nexo entre el Ministerio que conduce y la provincia de Santa Fe”.

“Evidentemente, Fernández se aferra a su fracaso histórico para emprender esta nueva tarea”, señalaron desde la CC. Gancerain fue denunciado por Elisa Carrió y la propia Frade por su rol durante años de desplazamiento del narcotráfico por la Hidrovía.

Frade afirmó que “Gancerain es ´contador´. Es el ´especialista´ designado por el ministro para abordar esta tarea, lo que confirma que no se trata de solucionar nada, sino de tomarnos el pelo, como lo ha hecho desde que nació a la política”.

“No solo la designación de Gancerain para trabajar en este tema es la confirmación de que, en el mejor de los casos, nada va a cambiar, sino que la continuidad de un ministro de Seguridad que confesó públicamente su fracaso, es la declaración del desinterés y la irrelevancia de un presidente de la Nación que desconoce el país en el que vive”, añadieron desde la CC.

Ante la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 20 muertos -hasta el momento- y más de 70 internados, el senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR -Tierra del Fuego) elevó una nota solicitando la inmediata constitución de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico a fin de que allí sea convocado el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a efectos que informe la situación del narcotráfico en Argentina y las acciones que está llevando adelante el gobierno habida cuenta de los catastróficos hechos de las últimas horas.

“Aníbal Fernández en su carácter de ministro de Seguridad de la Nación debe dar explicaciones sobre los graves sucesos ocurridos por el consumo de cocaína adulterada ya que el narcotráfico es un delito federal”, sostuvo el senador radical.

Y cuestionó: “Resulta inadmisible su actitud pasiva y burlona frente a hechos que ya han costado una veintena de vidas y más de 70 personas internadas bajo extremos cuidados de emergencia”.

“Es patético que ante una situación de semejante gravedad el ministro Nacional y el de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hagan chicanas mutuas cuando la circunstancia es desesperante y requiere un esfuerzo conjunto”, criticó fuertemente Blanco en relación al cruce que mantuvieron los funcionarios en redes sociales tras un ‘meme’ que posteó en su red social de Twitter Fernández burlándose de Berni.

En ese contexto, el legislador fueguino sentenció: “Aníbal Fernández debe acudir al Senado a dar explicaciones y a rendir cuentas con datos de lo que está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Por lo visto no hay política contra el narcotráfico, la ministra anterior disolvió la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el avance narco criminal parece imparable en la provincia de Buenos Aires”.

“Acá hay un dejar hacer cómplice o una ineptitud absoluta. El ministro debe brindar respuestas y soluciones en vez de actuar socarronamente burlándose de su colega provincial y de las víctimas”, finalizó el senador radical.

La diputada nacional Brenda Austin (UCR - Córdoba) repudió este miércoles la persecución por  a comerciantes y referentes de Padres Organizados en Córdoba ante las nuevas restricciones por la pandemia de coronavirus.

“El Ministerio Público de Córdoba ¿hace vigilancia de redes sociales? Quieren aclarar y oscurecen más. Persiguen a personas que quieren estudiar o trabajar. ¿Por qué no ponen la energía en evitar los delitos que asedian Córdoba o en la investigación del asesinato de Blas Correas?”, señaló Austin en una serie de mensajes publicados a través de Twitter.

La diputada participó este miércoles de una nueva reunión de las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías, donde se debate un proyecto para establecer un régimen de prevención y erradicación de casos de violencia institucional por fuerzas de seguridad en todo el territorio nacional. A propuesta de Austin, fue invitada a exponer en esta reunión informativa Soledad Laciar, mamá de Valentino Blas Correas, el joven asesinado por la Policía de la Provincia de Córdoba el pasado 6 de agosto.

 “Escuchamos los dolorosos relatos de las madres que perdieron a sus hijos por violencia institucional en el último tiempo. Desgarradores. Soledad, mamá de Blas Correas con valentía denunciando la inacción y la responsabilidad política. Esto no es algo del pasado. La génesis de todo es creer que los decretos están por encima de la Constitución Nacional. Que nuestros derechos están en cuarentena”, remarcó Austin.

   Y agregó: “Ayer mismo la Policía de Córdoba intimidando a referentes de Padres Organizados y de comerciantes en sus domicilios. Frenemos esta locura de Estado policíaco sobre nuestros derechos. Frenemos antes que este espiral de violencia siga creciendo”.

Mediante un proyecto de declaración presentado por el presidente de la Comisión de Seguridad, Claudio Cingolani (VJ), junto a otros legisladores de la alianza oficialista impulsaron un proyecto de declaración a través del cual buscarán expresar su profundo pesar por el asesinato del inspector de la Policía Federal Juan Roldán.

El lamentable episodio ocurrió en la tarde del lunes 28 de septiembre, en las inmediaciones de la calle San Martín de Tours y la Av. Figueroa Alcorta, fue atacado Roldán y como consecuencia del hecho perdió la vida. El oficial recibió varias puñaladas, una de ellas a la altura del corazón, circunstancia por la cual, a pesar de ser atendido por el SAME, falleció en el Sanatorio Mater Dei.

Tras el crimen el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inmediatamente puso a disposición de la justicia las imágenes de las cámaras de seguridad para contribuir al esclarecimiento del hecho.

Al respecto del proyecto de declaración, Cingolani manifestó que “es un hecho lamentable y triste. Desde la Legislatura queremos expresar el profundo pesar por el deceso de Juan Roldán y el acompañamiento a su familia”.

La medida también lleva la firma de Hector Apreda, Gastón Blanchetiere, Ana María Bou Pérez, Merces De Las Casas, Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol, Carolina Estebarena, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Agustín Forchieri, Cristina García, Diego García Vilas, Esteban Garrido, María Luisa González Estevarena, Guillermo González Heredia, Matías López, Paola Michielotto, Lucía Romano, Claudio Romero, Gonzalo Straface, Guillermo Suárez, Gimena Villafruela (VJ), Ariel Álvarez Palma, Leandro Halperín, Martín Ocampo y Diego Weck (UCR-Ev).