Arrancó en el Senado el debate sobre proyectos para declarar a Internet como servicio público

Con la participación de especialistas, entre ellos el vicepresidente del ENACOM, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión comenzó con las reuniones informativas.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por Alfredo Luenzo, dio el puntapié inicial este miércoles al debate sobre proyectos que buscan declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos y derecho humano universal.

En el arranque de la reunión, que contó solo con la presencia de legisladores del Frente de Todos ya que Juntos por el Cambio rechaza el protocolo de funcionamiento remoto dispuesto por la vicepresidenta Cristina Kirchner, los oficialistas José Mayans y Mario Pais ratificaron la modalidad del trabajo parlamentario y anticiparon que aprobaran el decreto de Presidencia.

A modo de introducción, Luenzo señaló que en la pandemia se vio reflejado que este “es uno de los derechos humanos básicos que también consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo”.

“Argentina tiene una deuda pendiente particularmente con el interior, donde la brecha digital es importante, es significativa”, remarcó el chubutense y destacó que “ENACOM ha puesto en marcha una serie de planes con una inversión en cuatro años de 40 mil millones de pesos, para seguir desde el Estado cumpliendo con este objetivo, que es el de la inclusión digital”.

El presidente de la comisión consideró que debe existir un “trabajo conjunto entre el sector público y el privado para hacer posible que, a partir de la intervención del Estado, que además es responsable del espacio radioeléctrico, le demos cumplimento a ese objetivo”.

Y subrayó, al repasar que al respecto hay cuatro proyectos presentados por el Frente de Todos y otros dos por Juntos por el Cambio, que “tanto desde la oposición como del oficialismo hay interés” en el tema.

Por su parte, el senador Antonio Rodas lamentó “la actitud por parte de la oposición que pone palos sobre las ruedas, pero ya no nos extraña”. Sobre el tema, recordó que es autor de un proyecto que impulsa la modificación del artículo 15 de la Ley Argentina Digital. “Encontré que lo que Cristina (Kirchner) nos dejó, Macri lo sacó. Todo lo que era el servicio a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) debería considerarse y tratarse, por eso coincido en que tenga un tratamiento adecuado”, sostuvo el oficialista.

Y añadió que su provincia “recibe enormes inversiones y nuestra red de fibra óptica se extiende a más de dos mil kilómetros. Sobre 55 localidades, 43 están haciendo uso de esa herramienta”.

En el cierre de la reunión informativa, que pasó a un cuarto intermedio hasta que se reciban a nuevos expositores, Luenzo informó el pase a la firma de un conjunto de proyectos de declaración y comunicación.

La presentación de los especialistas

La primera oradora fue Bernadette Califano, investigadora del CONICET, quien hizo hincapié y celebró que se tomen iniciativas de políticas públicas porque “es importante hacer foco en los objetivos macros para poder implementar medidas regulatorias integrales y articuladas que conduzcan a una implementación que desagreguen esas políticas”, aunque señaló que, si bien algunos de los proyectos los mencionan hay que volver a preguntarse “por qué queremos declarar el acceso a Internet como servicio público. ¿Qué buscamos? ¿Disminuir brechas digitales? ¿Buscamos fomentar la participación de distintos sectores? ¿Se busca regular precios para el usuario final? Son algunas de las preguntas que me surgen y son interesantes responder para elaborar políticas públicas coherentes que no sean coyunturales, sino a largo plazo articuladas a otras iniciativas de Gobierno”.

“Hay una deuda histórica por la falta de acceso a Internet de calidad para importantes sectores y es necesario que haya políticas públicas que resuelvan este problema”, aseguró, e indicó que según los indicadores del ENACOM “no ha variado la penetración de Internet fija en hogares, es baja. La penetración de telefonía fija es altísima, pero el 90% de los usuarios tienen planes post pagos que utilizan los sectores con menos recursos y registra ingresos más altos”.

Por consiguiente, Califano manifestó que “hay que solucionar un primer nivel de brecha digital que es a la conectividad, pero también en materia de hardware, de alfabetización digital, de calidades de conexión, hay brechas de velocidad. Se necesitan políticas públicas para resolver problemas que el mercado no hizo y tiene que estar en diálogo con el sector empresarial”.

Por otro lado, se refirió a algunos aspectos de los proyectos: “Hay un gran acuerdo de declarar el acceso a Internet como derecho humano, puesto que es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Es un debate que tiene muchos años”.

Además, la expositora recomendó “pensar qué pasa con las plataformas digitales, si se incluyen o no dentro de este proyecto. La telefonía móvil la incluyen dentro de esta clasificación y otros dentro de los servicios públicos”. “Es interesante que se pueda debatir qué implica un servicio público, cuáles son los argumentos para que un servicio de TIC sea considerado como público. Hay que pensar cómo lograr objetivos concretos a través de políticas públicas integrales”, finalizó.

A su turno, Henoch Aguilar, exsecretario de Comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, mencionó que “las desigualdades entre las diferentes provincias argentinas, saco el caso de CABA, no son proporcionales ni a sus ingresos per cápita ni al producto bruto”. “Hay cuatro provincias que están por debajo del 40% de acceso fijo: Formosa con 32%, San Juan 36%, Santa Cruz 37% y Mendoza 39%”.

“Tenemos casos de ingresos muy altos como es el de Santa Cruz; tenemos el caso de unas de las cuatro provincias más ricas como es el caso de Mendoza, no parece tener una explicación lógica”, observó y, por el contrario, precisó que “tenemos líderes provinciales que no son Buenos Aires, Santa Fe ni Córdoba” como La Pampa y San Luis que “lideran con el 82%” de conectividad.

En ese sentido, el expositor explicó que se trata de dos distritos que han tenido “políticas provinciales de largo plazo, que han roto la lógica a través de una continuidad de 20 o más de 15 años”. “La decisión de tomar a la conectividad como un objetivo provincial puede tener resultados que superan a las provincias más ricas”, analizó.

Durante su intervención, resaltó que en el país hay “áreas estructuralmente sin cobertura”, mientras que poblaciones rurales de 500 a 2.000 habitantes “están cubiertas apenas por 3G y muy poquito con 4G”. “No se logrará la cobertura universal que estamos pensando si cada provincia no diseña un plan específico en la medida de sus territorios y sus necesidades”, enfatizó.

Y agregó que “necesitamos nuevas redes, que necesitan inversión y para eso necesitamos un sistema de regulación”, aunque “más que regular precios” él recomienda incentivar la competencia, lo que “exige al otro a mejorar el servicio”.

En tercer lugar expuso Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Derechos de Usuarios y Consumidores, quien opinó que el DNU 690/20 dictado por el Gobierno y objetado en la Justicia por las empresas prestadoras, “abrió una puerta de discusión; viene a terminar con la pobreza en las comunicaciones que en esta etapa significa no poder acceder como en el 90% de la población a información básica. Evidentemente las normas de un país deben adaptarse a la situación, por lo que hay que poner como un derecho humano a las comunicaciones y como prioridad”.

“El concepto de servicio público en las comunicaciones nos lleva a pensar de qué estamos hablando. Argentina tiene un monopolio que ha ido generándose en el tiempo”, expresó y profundizó: “Hay dos grupos poderosísimos, esa división de Telefónica (Movistar) y Telecom, que tienen la disputa del sistema de celulares, Internet y cable. Tenemos empresas que no cumplen con la responsabilidad social empresaria, una función esencial”.

Asimismo, Bassano resaltó que “en esta pandemia se aceleró en forma rápida lo que se venía haciendo a lo largo de los años, que muchas actividades oficiales se desarrollan a través del sistema de Internet. La Justicia es Internet, la salud es Internet. Que un alumno no tenga un celular es apartarlo de la educación”. “El teléfono celular e Internet deben ser universales, son servicios públicos necesarios que el Estado controle las empresas porque la transmisión de los bloques de datos se hace a través de ellas y debe haber regulación y que no haya excluidos”, continuó.

“Si hablamos de que es un servicio público, esencial, universal, estratégico, también debemos hablar que es un servicio controlado y regulado, hay que tenerlo en cuenta. Es peligroso que no se controle el uso de la nube”, concluyó.

La palabra desde el ENACOM

El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, se encargó de defender el DNU 690/20 y dijo que este decreto “nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política, o retomar una política que había sido anulada” por otro decreto durante el gobierno de Mauricio Macri.

“En el medio de la pandemia, con el ASPO y una situación de crisis sanitaria y económica que vivía el planeta, era necesario tomar una serie de medidas para garantizar el acceso a las TIC’s para todo el mundo”, sostuvo y aclaró que el DNU estuvo en sus fundamentos “inspirado en antecedentes internacionales”.

Sin embargo, el funcionario lamentó que “hay un sector de la economía de Argentina que cree que esto debe ser un bien de mercado y no un derecho humano básico”. “No podíamos dejar que el precio por el acceso al estudio o al trabajo fuera un bien de mercado”, defendió.

E insistió que “el DNU 690, ratificado por el Congreso, lo que hace es ratificar eso y en todo caso reponer y ampliar lo que ya estaba en la Ley Argentina Digital”. Entre sus aspectos centrales, esa norma disponía “generar planes de acceso universales” para los sectores más vulnerables y que la “regulación del precio lo sigue fijando la empresa pero debe ser justo, equitativo y razonable”.

“Todavía hay un sector de la Justicia que entiende que esto es un bien de mercado y no debería ser un servicio público, a pesar de que la Justicia funciona a través de Internet en este momento”, cuestionó.

En otro tramo, López afirmó que “estamos de acuerdo en que la competencia genera reducción de costos” pero “hay muchas legislaciones locales que impiden la competencia, ponen trabas para que donde hay una o dos empresas pueda haber una tercera”.

“Estamos en condiciones de regular precios mayoristas, en el sentido de competencia, para que no haya un abuso de posición dominante, y de precios minoristas, aunque en este momento esta judicializada esa parte del decreto”, prosiguió.

En comparación con la gestión K y la de Cambiemos, el vicepresidente del ENACOM recordó que “entre 2013 y 2015 la inversión del Estado fue de 3.200 millones de dólares” para este área, mientras que “en el período 2015-2019 la inversión estatal total fue de 264 millones de dólares” y “básicamente estuvo puesta exclusivamente en la red federal de fibra óptica”.

Por otra parte, admitió que “la inversión privada es fundamental”. “Hubo una fuerte inversión privada entre 2014 y 2015, 2016 y 2017, pero decayó en 2018 y 2019 y no porque los precios estuvieran regulados, los precios estuvieron más liberados que nunca”, subrayó. Sin embargo, “la telefonía fija en el período 2015-2019 tuvo un aumento de poco más de 2.000%, y en el resto de los servicios estuvo entre 30 y 50 puntos por encima de la inflación”.

“La brecha digital es una realidad, el 690 es un primer paso para vencerla. Con el DNU 690 se da comienzo a una política y un debate necesario”, finalizó.

El Senado abre el debate sobre la declaración de Internet como servicio público

Los proyectos presentados se pondrán sobre la mesa en una reunión que la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión que se realizará este miércoles, a partir de las 11.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión debatirá este miércoles, a partir de las 11, proyectos que apuntan a declarar el acceso a Internet y la telefonía móvil como servicios públicos.

Tras el tratamiento en asesores, los senadores pondrán sobre la mesa las siete iniciativas que hay presentadas al respecto, y de las cuales podría salir un único despacho. El dato llamativo es que hay iniciativas de dos opositores: el radical Juan Carlos Marino y la macrista Gladys González.

El resto de los proyectos corresponden a los oficialistas Alfredo Luenzo -presidente de la comisión-, Daniel Lovera, Antonio Rodas, Silvia Sapag y María Eugenia Duré.

Luego que en agosto pasado el presidente Alberto Fernández dijera, durante un acto en Tecnópolis, “vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos estafen y roben con las tarifas”, el senador Luenzo presentó un proyecto en línea con el DNU 690/20.

Ese decreto fue objetado en la Justicia por las compañías prestadoras, aunque recientemente éstas sufrieron un revés mediante un fallo de la jueza María Alejandra Biotti (Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°5), quien afirmó la validez constitucional del decreto, ratificado además por el Senado.

Según plantea la iniciativa de Luenzo, la idea es establecer “la categorización como servicio público esencial, estratégico y en competencia de los Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la consagración legal del mandato constitucional igualitario y las modificaciones a la Ley 27.078 -Argentina Digital- que permitan reducir la brecha digital”.

Educación en pandemia: “Hoy está conectado cerca del 30% de las escuelas a internet”

En una charla organizada por la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado tres expertas expusieron los problemas más urgentes relacionados a la educación y lo digital.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado llevó a cabo la charla “Ciudadanía digital: el desafío para el Siglo XXI” este miércoles en una reunión remota con la presencia de las expertas Zelmira May y Roxana Morduchowicz de parte de la UNESCO y Laura Mares como referente de Educ.ar. En el encuentro se discutieron cuestiones como la urgencia de formar a los estudiantes para el mundo digital, las brechas y el “cansancio del Zoom”. Para este año se espera la compra de 640 mil computadoras y el aumento de escuelas con conectividad, que hoy representan sólo un 30%.

La expositora Laura Mares prometió que “este año se van a comprar 640 mil computadoras”. La experta además lamentó que si bien “nos encantaría volver al modelo Conectar igualdad, en ese momento se invirtieron cerca de mil millones de dólares para dotar de computadoras y hacer formación docente en todas las escuelas del país y en marzo del año pasado mil millones de dólares era el presupuesto del programa Alimentar y después vino toda la debacle”. 

En el mismo sentido comentó que “hoy está conectado cerca del 30% de las escuelas, el objetivo de máxima sería llegar al 100%”. Relativizó la importancia de la conexión al asegurar que “hoy hablamos de la presencial y la no presencial” porque “el tiempo no presencial no necesariamente es virtual y no necesariamente es sincrónico” y que los chicos “pueden hacer un montón de cosas con la computadora sin internet”. 

El presidente de la comisión, el senador Alfredo Luenzo (FdT-Chubut), inició el encuentro con la aclaración de que “el tema de la educación en el mundo digital es todo un desafío” y la convicción de la virtualidad como “la única herramienta que tenemos para poder comunicarnos y para acceder a la educación” en el actual contexto de pandemia.

Foto: Comunicación Senado.

La especialista de programas para educación de la oficina de la UNESCO para Argentina, Paraguay y Uruguay Zelmira May mencionó las nuevas brechas que aparecieron con el Covid-19. “Nuestra región fue la región que por más tiempo mantuvo sus escuelas cerradas, más que las demás regiones en el mundo”, aseguró, y explicó que “la situación actual está forzando a muchos países a volver a la educación digital”. 

Ciudadanía digital

May explicó que “nadie nos enseñó a vivir en el mundo digital” y por eso “la educación debe ayudar a los estudiantes a formarse como ciudadanos en un mundo digital”. Lo distinguió como “parte del derecho de ejercer una ciudadanía plena”.

Por su parte, la asesora del Programa de Ciudadanía Digital para la UNESCO Roxana Morduchowicz presentó algunos datos estadísticos. “Cuatro de cada diez argentinos están conectados las 24 hs” y “cinco de cada diez argentinos están conectados hasta que se van a dormir”, aseguró. La información se basa en encuestas realizadas antes de 2020, por lo que es muy probable que los números hayan aumentado durante la pandemia.

A continuación, la experta habló de las situaciones de riesgo que eso conlleva para niños y adolescentes, que a las más conocidas como las comunicaciones con desconocidos o el acceso a sitios no deseados agregó algunas más complejas como la falta de la neutralidad en los buscadores, los algoritmos que toman decisiones arbitrarias, el discurso del odio y las noticias falsas. “Todo esto explica la necesidad de una ciudadanía digital”, confirmó.

El acceso es fundamental. Es el punto de partida pero no el punto de llegada. Allí es donde el trabajo recién empieza”, sostuvo la asesora de la UNESCO, que agregó que “el saber instrumental no garantiza conocimiento y el uso limitado de internet es hoy la nueva forma de exclusión”. Por eso habló de nuevas brechas digitales más allá de la relativa al acceso.

Un ciudadano digital es quien sabe usar de manera reflexiva, crítica, ética, creativa las tecnologías e internet”. “Las dimensiones de la ciudadanía digital son: protección y seguridad, reflexión y análisis y creatividad y participación” y por eso “no podemos llamar a un joven nativo digital por la fecha de nacimiento, por la generación, sino por las competencias”. Paso seguido, Morduchowicz invitó a los senadores a desterrar el término de nativos digitales de su vocabulario.

El senador José Mayans (FdT-Formosa) solicitó la palabra en dos ocasiones, para felicitar a las expositoras y destacar la importancia de la información presentada. “No olvidemos que tuvimos un presidente que gana las elecciones prácticamente gracias a una falsa información, que fue el caso de la provincia de Buenos Aires cuando acusaron al candidato Aníbal Fernández de un crimen que obviamente no tenía nada que ver”, argumentó.

Foto: Comunicación Senado.

“El mismo día del cierre de escuelas, el 16 de marzo, salimos con un sitio que era un recorte de lo que es Educ.ar normalmente, que le habla al docente y a la docente y a los estudiantes en su casa”, señaló Laura Mares, gerente general del programa que el año pasado cumplió veinte años. Luego agregó que con el paso del tiempo y en vistas de que las escuelas no volvieron a abrir tuvieron que pensar otras alternativas y entonces “se acordó que el sitio sea de navegación gratuita para llegar a muchos más chicos y chicas”.

Así como cuando nuestro hijo o nuestro nieto de dos años sabe caminar no le decimos ‘bueno, entonces andá a comprar el pan’ o ‘andá solo al jardín’, tampoco porque sepa usar internet lo tenemos que dejar usar internet solo”, explicó la experta para ejemplificar el uso responsable de las herramientas digitales en los chicos.

Además, señaló que “así como el algoritmo que decide en Amazon que si compramos un libro seguramente nos va a gustar otro también hace que las redes sociales nos muestres a los que piensan parecido a nosotros y eso es peligrosísimo porque nos convencemos de que las cosas son como las muestran ahí. Y pasan barbaridades como la que pasa en estos días con la discusión sobre las vacunas”.

La expositora identificó un “cansancio del Zoom porque para las clases tienen un componente muy fuerte de la invasión de la privacidad” ya que “tener que prender la pantalla los obliga a mostrar un lugar que no necesariamente pueden querer mostrar”. “Con el agregado además de que muchas veces están los padres y las madres al costado de los chicos mirando lo que hacen, ahí hay otro nivel de invasión”. Por eso propuso que “el tiempo sincrónico sea el cara a cara”.

El presidente de la comisión finalizó la reunión al asegurar que lo charlado “es un debate plenamente abierto y propusieron temas centrales que van a formar parte de los debates que nosotros vamos a ir proponiendo”. Concluyó haciendo énfasis en la importancia de  “construirnos como ciudadanos digitales en este nuevo mundo”. Puso en agenda el tema de la siguiente charla: la desinformación.

Crisis y desafíos del ecosistema audiovisual argentino

Legisladores nacionales recibieron a representantes del sector durante una reunión remota de la Comisión de Medios del Senado. Se pasaron a la firma proyectos previstos en agenda.

Durante una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presidida por el senador por  Chubut Alfredo Luenzo (FdT), y bajo el lema “Crisis y desafíos del ecosistema audiovisual Argentino”, actores y actrices, representantes de distintos sectores relacionados al mundo audiovisual expusieron sobre la situación del sector.

El coordinador general de la Multisectorial Audiovisual, Guillermo Tello, instó a pensar en un “plan de industrialización de los contenidos audiovisuales con una lógica federal y que tenga una cuota reservada dentro de la plataforma de distribución de contenidos audiovisuales interna” así como también en la “necesidad de revalorizar la verdadera soberanía cultural”. “Es necesario analizar y evaluar y pensar nuevamente una ley de copia privada”, concluyó. 

A continuación, el vicepresidente de Argentores, Sergio Vainman, apuntó que “la gente sigue queriendo ficciones” pero que “esa ficción en argentina no se produce, se mira la que producen otros”. “Tenemos que aumentar nuestra producción audiovisual”, prosiguió “tenemos que generar propiedad intelectual argentina”. “La ley de copia privada permitiría a los creadores argentinos tener un resarcimiento en función del uso indiscriminado de sus obras”.

La presidenta de Actores, Alejandra Darín, solicitó una “ampliación de derechos para nuestro sector artístico al igual que para el sector técnico y autoral” y dio a conocer que “apoyamos una caja complementaria para momentos de desocupación sostenida”. Además, resumió que “aún con el esfuerzo y la ayuda del Estado resulta insuficiente para sostener la actividad y hasta la  propia subsistencia de nuestro sindicato y de nuestra obra social”. “La falta de inversión local ya es insostenible, la necesidad de producción de ficciones nacionales se hace ineludible”.

Por su parte el presidente de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Jorge Marrale, se mostró de acuerdo con la caja complementaria, instó a “empezar a generar políticas que sí tengan que ver con el desarrollo”, y sostuvo que “la Ley de Medios no consideró a la ficción nacional como un punto central para el desarrollo”. Seguido informó que “estamos cobrando por repeticiones, no podemos producir” y remarcó que “la ley de economía del conocimiento puede paliar esto”. Del mismo modo manifestó preocupación por “el tema de las OTT” que “no pagan” y consideró que “si el Estado no consigue que las plataformas constituyan por obligación un domicilio fiscal en Argentina vamos a seguir estando en el mismo problema”. Por último, se refirió a la copia privada: “me parece que eso hay que pelearlo otra vez para que realmente tengamos copia privada todas las sociedades de gestión. Es un derecho compensatorio”, afirmó.

En representación del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), Pablo Storino, dió a conocer que “tenemos un fuerte atraso de alrededor del 40 por ciento sobre nuestro salario” y resaltó que “la entidad audiovisual está en jaque”. “El adicional de la pandemia nos puso en una situación muy complicada a actores, actrices, autores, a todos”. A continuación, sostuvo que “estamos necesitando urgentemente que generemos las condiciones para poder poner al país en igualdad de condiciones para la recepción de fondos para la producción audiovisual”.

Por último, la vicepresidenta del Consejo Federal de Televisión  Pública y Directora de los canales de Río Grande y Ushuaia, Paula Arruda, consideró “necesario crear una secretaría tecnológica” y se refirió al “próximo encendido digital: sin inversión, sin equipamiento, sin las televisoras públicas gratuitas y accesibles para todos y todas, no vamos a poder hacer ficción, no vamos a poder informar, no vamos a poder hacer un montón de cosas y mucho menos cumplir con nuestro deber de comunicar, entretener y estar cerca de la gente”. “El 50 por ciento de los canales públicos del país no se encuentra digitalizado. Tenemos inconvenientes presupuestarios para hacer ficciones. Digitalizar y tener equipos implica que podamos generar contenidos”, continuó, remarcando que “la gente necesita entretenerse, necesita el cine, la serie y a la televisión pública”.