Con un ritmo más activo que en Diputados, pero también con gran demora, el Senado va conformando comisiones, y este jueves será el turno de Trabajo y Previsión Social.

Será este jueves a las 12.30, en el Salón Illia del Palacio Legislativo, donde se elegirán las autoridades de la comisión y se establecerá el día y hora de las reuniones.

Se trata de una comisión clave, que hasta el 10 de diciembre pasado conducía el pampeano Daniel Lovera, quien ya concluyó su mandato.

Un proyecto consensuado entre más de 20 iniciativas, que tiene como objeto modificar el actual régimen de licencias por maternidad y paternidad, pasó a la firma en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado. Si bien todos los legisladores mostraron su conformidad, el texto tendrá una serie de “retoques” en su redacción antes de llegar al recinto.

La propuesta incorpora licencias por adopción, nacimiento de hijo prematuro y fertilización asistida; al tiempo que amplía de 45 a 50 días la prohibición de trabajar antes y después del nacimiento para la madre, y otorga 10 días -posteriores al nacimiento- de licencia para el otro progenitor.

También prevé que el empleador deberá instalar salas de lactancia y Centros de Desarrollo Infantil; establece una nueva lista de opciones para el trabajador/a en cuanto a su reincorporación al trabajo luego de la licencia; e indica que la asignación por maternidad cambiará a “asignación parental o por guarda con fines de adopción”, que deberán cobrar tanto la madre como el padre.

Durante el encuentro, el bonaerense Jorge Taiana (FdT) destacó que “el equipo de asesores hizo un trabajo extraordinario” al consensuar un solo texto entre tantas iniciativas, y sobre su propuesta de sumar licencia para los padres de niños prematuros, consideró que “este tema había que contemplarlo especialmente”. “Con estas licencias hacemos un acto de justicia”, dijo.

“Es una necesidad que estamos teniendo desde hace mucho tiempo”, señaló la pampeana Norma Durango (FdT), quien consideró que se trata de “un paso más hacia la reorganización social de los cuidados más justa y con igualdad de género”. La presidenta de la Banca de la Mujer resaltó que con la pandemia se dio “una mayor discusión sobre reconocer el trabajo doméstico, cuya carga recae principalmente en las mujeres”.

A su turno, la porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) planteó una serie de reparos sobre el proyecto, al sostener que sigue “poniendo la responsabilidad sobre la madre” y “obliga a la mujer a que se quede en la casa y corte su trayectoria laboral”. “Le da mayor cantidad de días a las mujeres, lo cual está bien, pero no hay ninguna posibilidad de que esa responsabilidad sea compartida con el padre”, cuestionó.

Además, la legisladora opinó que debería haberse convocado a “representantes de la ANSeS, funcionarios, al sector empresario, al sector gremial”, ya que este cambio “es súper relevante”. Asimismo, lamentó que no se incorpora licencia “por trámites judiciales por violencia de género”.

Sobre eso último, el pampeano Daniel Lovera (FdT), presidente de la comisión, mencionó que proyectos de ese índole “tienen cabecera en Banca de la Mujer y se van a tratar por separado”. Sobre el dictamen, defendió: “Hay debates que hace 40 años los deberíamos haber cambiado, pero creo que estamos en un buen camino, no queramos correr antes de caminar, veníamos sin caminar, yo creo que es un avance importantísimo”.

Por su parte, el chubutense Mario Pais (FdT) expresó que el régimen de licencias “una parte es solventado por el Estado, a través del régimen de asignaciones familiares, pero fundamentalmente por el empleador, por eso siempre ha regido la prudencia. Pero nosotros estamos obligados por el principio de progresividad a avanzar en una mayor igualdad, equidad, no discriminación de género, y fundamentalmente incorporar nuevos beneficios para los trabajadores”.

Qué modificaciones prevé la iniciativa

De acuerdo al proyecto, el nuevo artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) establece las siguientes licencias especiales: por matrimonio, 10 días; por fallecimiento del cónyuge o conviviente, de padres, de progenitor afín, o de hermano, 3 días; por fallecimiento de hija o hijo, 5 días; para rendir examen en la enseñanza primaria, media o superior, 2 días por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

Además, incorpora para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende adoptar, 2 días con un máximo de 12 días por año desde que el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en guarda con fines de adopción hasta su otorgamiento por el juez competente; para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente enfermo o sometido a técnicas de reproducción médicamente asistidas, 2 días con un máximo de 10 días por año; y para el cuidado de hija o hijo menor en caso de enfermedad del mismo, 3 días por mes con un máximo de 15 días por año.

En la modificación del artículo 177 se establece que “queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 50 días anteriores a su parto y hasta 50 días después del mismo” -actualmente es de 45-. Y se agrega que “de la misma manera, queda prohibido el trabajo del otro progenitor durante los 10 días posteriores al nacimiento”.

En el caso de adopción, “queda prohibido el trabajo durante el plazo de 50 días corridos posteriores a la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga a la niña o niño en guarda con fines de adopción”.

En tanto, “en caso de nacimiento pretérmino se acumulará al descanso posterior de la madre todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 100 días”.

“En caso de nacimiento o guarda con fines de adopción múltiple la licencia de la madre se extenderá en 30 días más por cada hija o hijo a partir del segundo”, indica el texto consensuado, que recibirá retoques de modificaciones hasta su llegada al recinto, como por ejemplo en este punto, a partir de una propuesta de la macrista Gladys González para que también se incorpore al padre.

También el nuevo artículo 177, se señala que “ambos progenitores tendrán derecho a la licencia posterior al parto en toda la extensión prevista por este artículo, aun cuando su hija o hijo naciere sin vida”.

La iniciativa incorpora un artículo 177 bis, sobre la ampliación de licencia en caso de nacimientos prematuros. “En el caso de nacimiento pretérmino, la licencia de la madre se acrecentará con el número de semanas equivalentes a la diferencia entre el nacimiento a término, establecido éste en 37 semanas, y la edad gestacional del recién nacido, debidamente comprobada”, reza el texto.

Además, determina que en relación con el peso que el hijo/a tenga al momento de nacer, variarán los días de licencia. Y también se contempla al nacimiento o adopción de una hijo o hijo con discapacidad o enfermedad crónica, para la cual “se sumará una licencia de 6 meses”.

En el nuevo artículo 177 ter se determina que “la trabajadora que se someta a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, podrá gozar de una licencia de 30 días, continuos o discontinuos por año calendario, en caso de prescripción médica expresa que así lo indique”.

Por otra parte, el artículo 177 quater establece que “los progenitores deberán comunicar fehacientemente el embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador” y “tratándose de una adopción, se deberá comunicar el inicio de los trámites judiciales para la obtención de la guarda con fines de adopción de la niña o niño, mediante la presentación de la constancia judicial correspondiente”.

En lo que respecta a la conservanción del empleo, el artículo 177 quinquies expresa que se deberá garantizar “a los progenitores durante la gestación, y a los pretensos adoptantes durante el trámite judicial para la obtención de la guarda del niño o niña con fines de adopción, el derecho a la estabilidad en el empleo”.

“Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido sin causa de la trabajadora obedece a razones de embarazo o nacimiento de hijo, cuando fuese dispuesto dentro del plazo de ocho meses y medio anteriores y ocho meses y medio posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando el empleador esté en conocimiento del embarazo así como, en su caso, del nacimiento. La misma presunción operará para el otro progenitor cuando sea despedido a causa del embarazo así como en su caso del nacimiento, y por el mismo plazo”, indica la nueva redacción del artículo 178, que actualmente habla de siete meses y medio.

Al artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a descansos diarios por lactancia, se incorpora que “el empleador deberá habilitar salas maternales y centros de desarrollo infantil para niñas y niños”.

Sobre éstos últimos, el 179 bis define que los centros estarán presentes “en los establecimientos donde presten tareas un mínimo de 50 trabajadores” y serán para ser utilizados “por hijas e hijos del personal empleado, hasta la edad en que sea obligatoria la educación”.

“El Centro de Desarrollo Infantil deberá permanecer abierto y en servicio mientras al menos un 30% del personal se encuentre en horario de trabajo”, determina. No obstante, se dispone que “el empleador podrá sustituir” esta obligación “por el pago mensual de una prestación en dinero de carácter no remunerativo, por cada hija o hijo y hasta la edad indicada en el 1er. párrafo del presente, cuyo monto será no inferior al equivalente a 3 asignaciones por escolaridad que otorga el sistema de seguridad social”.

El proyecto, entre otros puntos, amplía las opciones a favor del trabajador para su reincorporación al trabajo; y modifica artículos referidos a la licencia por maternidad en la Ley de Régimen de Trabajo Agario (N°26.727).

También, reforma artículos de la Ley de Asignaciones Familiares (N°24.714), como por ejemplo el artículo 11 de la misma, que expresará: “La asignación parental o por guarda con fines de adopción consistirá en el pago de una suma igual a la remuneración que el trabajador hubiera debido recibir en su empleo, con más una doceava parte de dicho monto, la que se abonará durante el período de licencia legal correspondiente”.

“En la misma deberán estar incluidos los aumentos convencionales retroactivos a los meses de licencia si los hubiera y también los pagos establecidos en convenios colectivos de trabajo como sumas no remunerativas. Para el goce de esta asignación se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de tres meses”, agrega. En tanto, en el artículo 20 se modifica que la asignación no la recibirá solamente la madre, sino ambos progenitores.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, expuso este martes ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social del Senado, donde ratificó su rechazo a que los conceptos de horas extras y bono por productividad puedan deducirse del impuesto a las Ganancias, como lo había planteado durante el debate en la Cámara baja.

El funcionario se refirió a las incorporaciones que tuvo la iniciativa en la discusión en Diputados -que dio media sanción al texto el pasado domingo-, y manifestó no estar de acuerdo con “la intensificación del trabajo” porque “no es correcto que se incentive el trabajo en exceso de la jornada”.

En ese sentido, dijo que el trabajo en exceso “tiene un montón de problemas; en el mundo y Argentina no es visto bien” ya que “aumenta los accidentes y el trabajador tiene menos tiempo con su familia”. “Es una cosa extraordinaria que no tiene debe ser incentivada”, insistió.

En cuanto al bono por productividad, agregado a última hora en el proyecto, también señaló que “no puede ser intensificación de las tareas ni que estemos premiando la aceleración de la línea de producción. No es un buen método, afecta al trabajador”.

“Tenemos que pensar que sea un esquema que no exija un esfuerzo extraordinario de intensificación de las tareas por parte de los trabajadores”, pidió Moroni.

En cuanto al proyecto, el titular de la cartera laboral sostuvo que “es una larga aspiración que hoy vamos a ver cumplida, gracias a este impulso que ha tenido tanto en el Congreso como de parte del Gobierno nacional, del presidente Alberto Fernández”.

“Es una ley que todos estábamos esperando”, destacó y apuntó que va en línea con “uno de los objetivos que se planteó el Gobierno, que es que los salarios crezcan en términos reales”. Además, afirmó que la medida ayuda “a la reactivación”.

El ministro recordó que “la tradición argentina indicaba que el impuesto a las Ganancias alcanzaba algo así como el 10% de los trabajadores”. “Como consecuencia de la falta de modificación o adecuación del rango que quedaba alcanzado, en la actualidad estamos llegando casi al 20%”, indicó.

A partir de esta nueva norma, “vamos a volver a lo que es cercano a lo que normalmente ha sido la tradición”. El funcionario precisó entonces que, de acuerdo a las cifras de noviembre de 2020, los trabajadores que ganan por encima de 150 mil pesos están “entre el 7 y 8%”. “Nos parece justo que este sea el rango” que pague el tributo, aseveró. Asimismo, puntualizó que ese porcentaje “representa el 25% de la masa salarial total”.

En cuanto a la facultad del Poder Ejecutivo para establecer deducciones especiales para los salarios entre 150 y 173 mil pesos mensuales, argumentó que “va a permitir corregir un problema básico que tenía el sistema del impuesto a las Ganancias que es los saltos por escalera”.

“La ley permite que mediante reglamentaciones del Ejecutivo esto se convierta en una curva”, agregó y aclaró que servirá para que “el crecimiento del haber bruto nunca pueda implicar la pérdida del haber neto”.

Moroni enfatizó que “es un proyecto adecuado, esperado, y el sector que queda gravado corresponde que quede gravado, porque tiene un ingreso promedio mucho más alto que el resto de la población”.

Ante una pregunta del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, el ministro manifestó que alcanzará a alrededor de 1.300.000 trabajadores y jubilados, pero “esto es dinámico, va variando, estamos trabajando con números de noviembre y diciembre de 2020, pero esa es la cifra adecuada”.

Por Melisa Jofré

Luego de casi tres horas de debate, el bloque Frente de Todos en el Senado pasó a la firma el dictamen del proyecto de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Tras las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, el oficialismo avanzó con el despacho para poder tratarlo en el recinto la semana próxima. El interbloque Juntos por el Cambio ratificó su oposición a la propuesta.

La nueva fórmula presenta un esquema similar a la aplicada durante los años 2008-2017, al combinar en partes iguales la recaudación de la ANSeS y la variación salarial, teniendo en cuenta el aumento salarial más alto que haya otorgado un gremio o sector.

A instancias del Frente de Todos, y tras reuniones con la Casa Rosada, se introdujo una modificación por la cual el aumento del 5% otorgado recientemente no será a cuenta del que se otorgará en marzo de 2021. Además, las actualizaciones en los haberes no serán semestrales sino trimestrales.

Las exposiciones de los funcionarios

En primer término, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, recordó que la fórmula de movilidad sancionada durante la gestión de Cambiemos se suspendió en diciembre pasado en “una situación de emergencia”.

Luego, con la llegada de la pandemia, el funcionario habló del 2020 como “el peor año de la historia económica argentina”. “No tengamos duda, esto fue peor que 2002”, agregó, y dijo que en ese momento los jubilados “perdieron más de 20 puntos”.

Sin embargo, ante este contexto “hemos conseguido que el 75% de los haberes previsionales van a terminar el año levemente arriba o empatando con la inflación, cosa que no sucedía hace muchos años”. En ese sentido, Moroni destacó que los haberes mínimos tuvieron “un 34,9% de incremento, sin contar lo que dimos como bonos fijos”, que representó “un 8% más de incremento”.

“No puede considerarse esto un fracaso, al contrario es un gran éxito”, resaltó el titular de la cartera laboral, al tiempo que aseguró que la nueva fórmula debe verse “acorde con nuestro proyecto económico, político y social” de “una Argentina en crecimiento”, por eso justificó las variables de variación salarial y recaudación.

En su exposición también defendió que a partir de 2008, cuando empezó a regir la fórmula impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner, se dio “el período de mayor incremento de los haberes previsionales”. A continuación, el ministro valoró que se volverá a este esquema y que además “el período de ajuste en vez de ser semestral va a pasar a ser trimestral”.

“Esta fórmula, en un proyecto de país creciente, es lo que debe ser. Hay que atar los ingresos de los queridos pasivos a los ingresos de los trabajadores activos. Es el mejor modo de garantizarles un crecimiento real. No podemos seguir pensando que solo hay que mantener el nivel adquisitivo, tenemos que lograr el crecimiento del salario, y logrando ese crecimiento vamos a lograr el crecimiento de los haberes previsionales. Ese es el proyecto de país y eso es lo que vamos a hacer”, completó.

Luego fue el turno de la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, quien mencionó que “en la historia argentina hubo solo dos leyes que implementaron fórmulas de movilidad” y ambas “han tenido características muy distintas”.

Con diapositivas en pantalla, la funcionaria comparó que el esquema utilizado entre 2008 y 2017 “logró que los jubilados y jubiladas crecieran en su valor adquisitivo y capacidad de compra un 25,8%”, mientras que el cálculo impulsado por el gobierno macrista hizo que “los jubilados perdieran en un 19,5%, casi 20 su capacidad de compra”.

Al referirse a la pandemia, la directora del organismo mostró los números de “un año que puso de manifiesto una crisis mundial, global y sanitaria”. Entre ellos, apuntó que se registró un 4,4% de caída del PBI mundial; un 8,1% de caída del PBI en América del Sur; y un 12,1% de caída del PBI de Argentina.

A pesar de ese escenario, Raverta defendió que la decisión del Gobierno fue “no dejar sin cuidado, sin protección a una enorme cantidad de argentinos”. Por ello, se realizó “un esfuerzo presupuestario en términos de acompañamiento”, con medidas que alcanzaron el 6,7% del PBI, y específicamente en las relacionadas con la ANSeS representaron más de dos puntos del PBI -IFE, ATP, bonos de salud y bonos Sostener Cultura-.

“Durante este año el Estado nacional estuvo a la altura de acompañar a cada argentino y argentina”, enfatizó y habló de la “preocupación” por los jubilados: “Los aumentos que se dieron por decreto durante 2020 lograron que los jubilados crecieran en su haber un 35,3%, mayor al de cualquier actividad de trabajadores”.

La titular de la ANSeS afirmó que se logró “que más del 70% de los jubilados le ganara a la inflación”, sumado a “medidas de ingreso indirecto” para el sector pasivo como la reducción de la tasa de interés de los créditos del organismo, la suspensión de la capitalización de los intereses en los meses que no pagaron, el congelamiento de tarifas de servicios públicos y la provisión de medicamentos sin cargo a los afiliados de PAMI.

“Los decretos fueron decisiones a favor de los jubilados”, ponderó y sobre la nueva fórmula, que restituye la de los años de los mandatos de Cristina Kirchner, consideró que “trae certeza y seguridad” y es “una ecuación que les da previsibilidad” a los jubilados.

La funcionaria diferenció: “El círculo virtuoso de la producción, la industria, el trabajo, el salario y el consumo hace que las dos fórmulas sean bien distintas, antagónicas. En una obviamente aumentó el PBI, aumentaron los salarios, aumentó la recaudación, por el modelo económico instrumentado en 2008, y obviamente aumentaron los haberes. Y en la otra obviamente cayó el PBI, los salarios, la recaudación y los haberes de las jubilaciones”.

Raverta manifestó tener “orgullo” por el “día histórico” de presentar una fórmula que “le permite a los argentinos y argentinas crecer” y “dejará a los jubilados por encima de la inflación”. “Se proyecta una recuperación de los salarios y, obviamente, que aumente la recaudación en términos reales”, pronosticó y añadió: “Estos aumentos van a ser superiores a la fórmula que fue suspendida”.

Intercambio con los senadores

Durante la extensa reunión, Raverta contestó varias preguntas de los senadores, incluyendo en algunos tramos las quejas de senadores de Juntos por el Cambio por las “no respuestas” de la funcionaria, o incluso la “tergiversación” de los dichos, como le reprochó Martín Lousteau (UCR). Por momentos, el encuentro se vio envuelto con gritos por interrupciones en los discursos, protagonizados por Lousteau y también Esteban Bullrich (Pro).

Tras hacer un repaso de la historia del sistema previsional argentino desde el ’94 hasta la actualidad, Lousteau planteó la necesidad de contar con “cálculos, análisis de sustentabilidad y evolución de los beneficios reales”, y pidió a los funcionarios que si los tenían “por favor nos lo den, porque es la manera más responsable que tenemos de votar”.

“Para poder discutir esto en profundidad necesitamos poder estar tranquilos que lo que se vota hoy no tiene un problema mañana”, reiteró. Al momento de las respuestas, el secretario general de la ANSeS, Santiago Fraschina, aseguró que durante la gestión de Cambiemos “no se hizo ningún estudio actuarial” y que “el último se había hecho en 2015”. “Este año lo hicimos y lo vamos a mandar”, afirmó.

A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) consultó, entre otras cuestiones: “¿En qué plazo se estima que se va a dar la recuperación de los haberes jubilatorios de nuestros jubilados a partir de la aplicación de esta fórmula?”.

“Nosotros estamos partiendo la recuperación de los haberes de los jubilados y jubiladas no en cero, no en menos diez, sino en menos veinte. Por lo tanto, la temporalidad para poder recuperar los haberes no la podemos precisar”, sostuvo Raverta, que hizo énfasis entonces en la “recuperación del 35% de los haberes mínimos” este año.

Y remarcó: “Con la fórmula anterior, la que estuvo vigente entre 2017 y 2019, que contemplaba la inflación, los jubilados y jubiladas perdieron ante la inflación”.

A favor de la iniciativa, el chubutense Mario Pais (FdT) opinó que la nueva fórmula “implica una absoluta mejora”. Además, recordó que cuando se votó la fórmula en diciembre de 2017 “no se requirió ningún cálculo actuarial y se votó”.

Para el oficialista, “las paritarias hacen prever que el año que viene va a haber una recuperación de salario”. “Esta movilidad es realmente positiva y me remito a los antecedentes”, expresó y agregó que “estamos reinstalando un mecanismo que cumple el artículo 14 bis de la Constitución”.

“¿Los jubilados con la suspensión de la fórmula en 2020 ganaron más o ganaron menos?”, preguntó el macrista Esteban Bullrich, que argumentó que la fórmula impulsada por Cambiemos “tenía virtuosismo en el largo plazo”, y por eso lamentó que se suspendiera.

“Los jubilados tienen más ingreso de lo que hubieran tenido con la fórmula de Macri”, respondió la titular de la ANSeS. Pero más tarde Bullrich reclamó que no le había contestado, al igual que sus pares los radicales Julio Cobos, María Belén Tapia y Julio Martínez, que consultaron la misma duda.

Al final de su exposición, Raverta informó: “Entre los aumentos por decreto y los bonos, los jubilados de la mínima en Argentina ganaron 7.000 pesos más que lo que hubieran ganado con la fórmula macrista”.

En el cierre, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó que durante la gestión anterior los jubilados “sufrieron” y “vieron cómo día a día iba cayendo el valor de las asignaciones que tenían”. También, recordó que cuando Cristina Kirchner dejó el gobierno en 2015 “no había déficit del sistema previsional”.

“Ahora volvemos a la fórmula que les dio garantía de crecimiento. Está en las pruebas”, manifestó y advirtió que la caída de la economía, producto de la pandemia, “no está para nada superada, por supuesto”, pero “la visión es recuperar los ingresos de los jubilados”. “No venimos a improvisar, venimos con una fórmula que ya demostramos que funciona, por eso Macri la cortó”, añadió.

Un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado, presididas por los oficialistas Daniel Lovera y Carlos Caserio, respectivamente, iniciará este jueves el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Al encuentro, previsto originalmente para este miércoles a las 14, se pasó por razones de agenda para este miércoles a las 11, y asistirán a defender el proyecto el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta.

El nuevo cálculo prevé una combinación entre la evolución salarial (índice RIPTE) y la recaudación de la ANSeS -recursos de la seguridad social-, por partes iguales, es decir 50% y 50%. La fórmula es similar a la aplicada desde 2008 a 2017, con una diferencia en los porcentajes de ambos componentes.

Poco después de asumir, en diciembre del año pasado, el Gobierno nacional a través de la Ley de Solidaridad Social suspendió la fórmula establecida en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y a lo largo de este año todas las actualizaciones se realizaron por decreto trimestralmente.

De acuerdo con el proyecto, el nuevo esquema comenzará a ser aplicado a partir del 1ro. de marzo de 2021, por lo cual la actualización correspondiente a esa fecha estará dada por la diferencia entre el incremento que resulte de la aplicación de la nueva fórmula en el mes de marzo de 2021 y el incremento dispuesto por el Poder Ejecutivo para el mensual diciembre de 2020, “la que en ningún caso producirá la disminución del haber que percibe el beneficiario o la beneficiaria”.

El Frente de Todos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado pasó a la firma el dictamen de un proyecto de ley que amplía de dos a tres años el plazo de las prescripciones de los reclamos por indemnizaciones, al modificar el artículo 256 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Asimismo, se establece la imprescriptibilidad y retroactividad de las acciones laborales indemnizatorias derivadas por delitos de lesa humanidad, planteado por propuestas de Ernesto Martínez (Pro) y Ana Almirón (FdT).

Los miembros de Juntos por el Cambio manifestaron su postura a favor de esto último, pero rechazaron la extensión del plazo de dos a tres años para que el trabajador pueda reclamar.

Durante la reunión, el senador Mariano Recalde (FdT) consideró que el proyecto “es oportuno, ajustado y justo”, y recordó que antes que la Ley de Contrato de Trabajo “fuera mutilada por una regla de la última dictadura militar”, se establecía “la prescripción en cuatro años”.

Por su parte, la senadora Laura Rodríguez Machado (Pro) manifestó su desacuerdo con “ampliar el plazo para reclamar los derechos laborales ante la ley”. “Muchas de las empresas cuando tienen situaciones de despido prevén anticipadamente sus gastos para después producir o no la indemnización al trabajador, esto no ocurre en el Código Civil”, sostuvo.

Y agregó: “No creo que sea un problema para el trabajador tener dos años de plazo para ese reclamo, de hecho lo viene teniendo así y eso nunca ha implicado una imposibilidad para poder hacerse de lo que le corresponde”.

Tomó entonces la palabra Mario Pais (FdT), quien resaltó que se ha “intentado muchas veces ampliar el plazo de prescripción” y “en materia laboral tenemos que aggiornarnos y ponernos de acuerdo con el Código Civil”. Además, enfatizó: “Tenemos una manda que es el artículo 14 bis (de la Constitución), por el cual el trabajador es un sujeto de tutela especial”. “Creo que es muy bueno, muy justo y muy necesario”, insistió.

También en contra de la iniciativa, la senadora Silvia Giacoppo (UCR) expresó su desacuerdo y dijo que “consideraba” que “no tenga el tiempo de dos años el trabajador para poder reclamar ante el empleador, con todas las posibilidades que le da hoy el sistema jurídico”. “Me parece un plazo excesivo, inclusive dos años es un plazo excesivo”, aseguró y opinó que “no va a ser para promover el blanqueo laboral que tanto necesitamos”.

Impulsor del proyecto, el presidente de la comisión, el senador Daniel Lovera (FdT), subrayó: “Estamos hablando de reclamos que, en el caso que sucedan, es porque el empleador estaba en falta y tenía que pagar algo que no pagó”. “Estamos queriendo proteger en forma prudencial en un año más el tema de la prescripción de algo no menor. Si existe el reclamo es porque el empleador no pagó lo que debía pagar”, explicó.

Finalmente, Recalde volvió a intervenir y aseveró que “las discrepancias no son nuevas, son históricas”, e incluso “la idea de reducir el plazo estaba dentro de la agenda del gobierno anterior, de llevarlo a un año solamente”.

“Entiendo, pero no comparto para nada esta idea de proteger la seguridad jurídica de los evasores, los incumplidores, los explotadores. No es nuestra política”, completó.

Por Melisa Jofré

Luego de escuchar las voces de representantes del sector empresario, quienes plantearon reparos al texto aprobado en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos decidió avanzar con el dictamen del proyecto que propone regular el teletrabajo sin aceptar los cambios sugeridos desde Juntos por el Cambio.

Durante la reunión de este miércoles, el oficialismo avanzó en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por el pampeano Daniel Lovera, quien tras despedir a los invitados anunció que la postura del bloque era “acompañar la media sanción que vino de Diputados sin modificaciones”.

Si bien el senador consideró que en algunos temas “tenemos grandes coincidencias”, también “tenemos algunos intereses contrapuestos”. “El teletrabajo debe ser regulado, en eso coincidimos todos”, dijo, pero señaló que “esta iniciativa no busca promover el teletrabajo, esa promoción debe darse por otra vía”.

Además, habló de distintos tipos de teletrabajadores que, de acuerdo al rubro o la empresa, cuentan con diferentes condiciones. “Es difícil hacer una ley marco que contenga a todos, porque estamos hablando de una modalidad que según la actividad que sea, es disímil”, argumentó.

Lovera consideró que la media sanción “establece pautas que consideramos fundamentales” y “es imprescindible contar con un marco regulatorio para evitar que se afecten derechos”.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Julio Cobos lamentó: “Pensamos que existía la posibilidad de acordar una ley. Me parece una lástima porque todos entendemos que esto es necesario”. “Tenemos la oportunidad de regular de la mejor manera, pero la mejor manera va a implicar también no generar obstáculos en la generación de nuevo empleo”, advirtió el mendocino.

“Siento bastante frustración. Creía y creo que es un tema que nos podía encontrar y en el cual tener consenso. Creo que esta Cámara debe actuar mejorando las cosas que recibe y no solamente aprobando”, sostuvo el macrista Esteban Bullrich, que alertó que “no hay comprensión de lo que está pasando y lo que va a pasar”.

En ese sentido, el legislador resaltó que “hoy hay competencia en esta área”, como por ejemplo con países como Uruguay y Chile, “porque los límites están desapareciendo”, por eso “esta ley es una herramienta que tenemos para enfrentar ese futuro incierto”.

“No entiendo que no podamos hacer las modificaciones para cambiar esto. Es una muy mala señal del Senado”, agregó.

En nombre del oficialismo, la correntina Ana Almirón sostuvo que “esta nueva realidad social que se nos vino encima con la pandemia nos obliga a nosotros a emitir esta norma”. Asimismo, destacó el “respaldo” que la iniciativa tuvo en la Cámara baja y enfatizó que “hay un gran esfuerzo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, y me parece que este es el respaldo legal que les tenemos que estar brindando”.

Por su parte, la vicepresidenta de la comisión, la radical María Belén Tapia, lamentó “el consenso que no fue” porque “fueron días de esperanza en los que sentíamos apertura por parte del oficialismo”. “El hecho de que no podamos ni siquiera sacar una coma, una frase, una palabra…es triste que finjamos que nos escuchamos pero en la práctica no suceda”, completó.

Finalmente, y antes de “hacer circularizar el dictamen” (no fue votado a viva voz), Lovera dijo que podrá ser “el Ministerio de Trabajo o el Poder Ejecutivo” quienes “dentro de las reglamentaciones mejoren algunas de las cosas que hay que mejorar”.

Las opiniones del sector empresario

Al comienzo de la reunión, expuso ante la comisión el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien consideró que la norma “tiene que ser una ley marco, lo suficientemente como para no entrar en contradicciones con la realidad y, además, para permitir que los propios convenios o contratos generen los espacios concretos”.

Además de sugerir un cambio en la definición de teletrabajo, opinó que “no es buena la prohibición de remitir comunicaciones fuera de la jornada, así como también suprimir la obligación de contar con un mecanismo que permita contactar” al empleado, porque esto es algo “impracticable y difícil de verificar” e “incompatible con diferentes usos horarios”, en caso que el empleado trabaje para un empresa en el exterior.

Funes de Rioja señaló que la reversibilidad deber ser “en común” y advirtió sobre el punto relacionado a las tareas de cuidado, evitando “obligaciones u obstáculos de funcionamiento operativo del teletrabajo, que terminen haciéndolo incumpible”. También expresó reparos sobre “la limitación de contratación de trabajadores extranjeros” y el plazo de adaptación de 90 días después de que finalice el aislamiento.

Por su parte, Brenda Puig, líder de la red de abogados de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), subrayó que “esta regulación, que va a trascender la pandemia, debe tener visión de futuro”. “Coincidimos con el espíritu de diseñar un marco general que garantice la protección de trabajadores y al mismo tiempo incentive a las empresas”, manifestó, pero remarcó que la forma en que se propone regular a esta modalidad “puede ser mejorada”.

Al mencionar “cuatro puntos de alto impacto” en la media sanción, propuso modificar la definición de teletrabajo; planteó que “no parece razonable” que la reversibilidad “sea unilateral”, sino que debe ser “bilateral, consensuada y con un plazo de adecuación”; pidió que los gastos de las herramientas de trabajo y los gastos derivados sean no remunerativos; y advirtió sobre la prohibición del contacto del empleador fuera del horario laboral, algo “que no es realizable en la práctica”.

Otro de los invitados fue Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon -entidad que reúne a las empresas prestadoras de servicios basados en el conocimiento-, que expresó: “Nuestra seria preocupación es que esta ley, tal como fue escrita en Diputados, genera condiciones que no son realizables, no son practicables. Y al no ser practicables, estas normas generan contradicciones, que en lugar de favorecer el teletrabajo, lo van a entorpecer”.

“La reversibilidad tiene que ser de común acuerdo, es de sentido común que así sea”, coincidió y cuestionó el hecho de “discriminar al trabajo extranjero”, cuando desde este sector exportan “teletrabajo al mundo, cientos de miles de horas anuales de teletrabajo, son seis mil millones de dólares, la tercera fuente de exportación argentina”.

Galeazzi sentenció que “esta ley no da ventajas, no da beneficios. No benefica al trabajador, a las empresas y a los sindicatos; y va a generar una industria del litigio”.

También expusieron Marcela Dávila, del grupo de entidades empresariales de Córdoba; Leo Bilanski, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; Pablo Deluca, de ADEPA; y Ramiro Albrieu, del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.

Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).

En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.

Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190

Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.

La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.

“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.

Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso“.

La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.

Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.

El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.

Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.

A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.

La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.

Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.

En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.

“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.

En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.

En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidió postergar su presentación ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que iba a reunirse este miércoles a las 17 por videoconferencia, en la primera actividad de la Cámara alta desde que comenzó la cuarentena.

Por pedido del funcionario, la reunión de la comisión que preside Daniel Lovera (Frente de Todos) se pasó para este viernes a las 15, manteniendo la modalidad remota.

Está previsto que Moroni informe a los senadores sobre la situación laboral en el marco de la pandemia por el Covid-19, luego de que el Poder Ejecutivo firmara este miércoles un decreto para prohibir despidos y suspensiones por 60 días.

La videoconferencia del viernes será transmitida a través de Senado TV en su canal de Youtube.