El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro quedó al frente este miércoles de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara baja. 

“Estamos pasando por una crisis habitacional, es uno de los problemas que más preocupa a los argentinos y argentinas, la falta de viviendas, el encarecimiento de los precios de los alquileres y el descontrol urbanístico”, arrancó tras asumir la presidencia. 

El excandidato a jefe de Gobierno porteño opinó que “se ha descontrolado la construcción inmobiliaria”, al tiempo que alertó que “hay sectores sociales que no tienen acceso al derecho a la vivienda”. 

Santoro remarcó que “los precios a las viviendas son totalmente inaccesibles, tanto en la Argentina como en el mundo, es un fenómeno global. Hoy en Europa el salario ronda los 2.000 euros y una propiedad está cerca de 300.000 o 400.000 euros”. 

“La situación se ha agravado por la dolarización de los precios de los alquileres; es difícil comprar y también alquilar”, agregó y expresó entonces la importancia de la comisión. 

El resto de las autoridades quedó de la siguiente manera: vicepresidencia primera para la UCR, pendiente; vicepresidencia segunda para Gerardo Huesen de La Libertad Avanza; secretaría primera para Emmanuel Bianchetti del Pro; secretaría segunda para Fabio Quetglas de la UCR; y la secretaría tercera para UP, pendiente. 

En tanto, las reuniones se establecieron los miércoles a las 12. 

 

Tal y cómo lo anunció días atrás Cecilia Ferro (VJ) en diálogo con parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inició esta semana el debate acerca de un paquete de iniciativas que buscarán ayudar a resolver la crisis habitacional que atraviesa el distrito capitalino.

Se trata de tres proyectos en concreto: el régimen de co vivienda; exención de plusvalía para la construcción de viviendas y exenciones al ABL e IIBB a los contratos registrados.  Los mismos fueron discutidos en una reunión conjunta de la Comisión de Vivienda, a cargo de Ferrero, y la de Presupuesto, presidida por Claudio Romero (VJ).

“Somos conscientes de que la crisis de alquileres y vivienda en la ciudad de Buenos Aires es una preocupación cada vez mayor. Por eso comenzamos a debatir medidas concretas y a trabajar activamente para llevar alivio a los vecinos frente a esta problemática”, aseveró la legisladora.

Al mismo tiempo que explicó: “los proyectos que impulsamos son las herramientas que desde la ciudad podemos brindar para generar un alivio frente a la crisis: exenciones de IIBB y ABL a los contratos registrados; exención de plusvalía para la construcción de vivienda; y el régimen de co vivienda”.

De esta manera, el proyecto que propone las exenciones en el pago de ABL e Ingresos Brutos en los contratos registrados, de forma tal que constituyan una medida que aliente a los propietarios a volcar más viviendas al mercado del alquiler.

En cuanto al régimen de co vivienda, se trata de una propuesta que ya está rigiendo en otros países del mundo, y que busca pensar el acceso a la vivienda por fuera de un sistema de compra y el de alquiler. De acuerdo a la iniciativa, no se accede a la vivienda como propiedad, sino que se accede al derecho real de superficie por un plazo extendido en el tiempo; la forma de acceder es a través de asociaciones o grupos de personas que podrán agruparse en distintas modalidades y herramientas jurídicas, como por ejemplo, mutuales, asociaciones civiles, cooperativas, fideicomisos. El régimen busca que las personas sin vivienda y con determinado nivel de ingresos se puedan agrupar y acceder a la construcción de un edificio con facilidades de financiamiento, en donde el terreno ya sea que lo ponga el IVC u alguna jurisdicción, quede en cabeza del propietario pero esa construcción pueda ser utilizada y usufructuada por este grupo de personas por hasta 70 años.

En tanto sobre la iniciativa en relación a la exención de plusvalía para la construcción de viviendas, el Gobierno de la Ciudad propuso que la misma sea del 80% para los desarrolladores urbanos.  El mismo busca eximir del pago del Derecho para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable –conocido como plusvalía urbana- a los desarrollos inmobiliarios destinados a vivienda individual localizados en las Comunas 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10.

Este último proyecto fue uno de los puntos de mayor conflicto en la reunión de comisiones, dado a que los legisladores del Frente de Todos calificaron de “vergonzoso” y “criminal” a la propuesta del Ejecutivo. De hecho el legislador Manuel Socías (FdT)  sentenció: “es ridículo y vergonzoso ya que se construyeron 11 millones de metros cuadrados en los últimos cuatro años”, por lo tanto considero que “no necesitamos darle más incentivos a la industria de la construcción”.

Tras consensuar algunas incorporaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo, diputados del oficialismo y la oposición dieron dictamen favorable a un proyecto de ley que busca incentivar la construcción de obras privadas, con el objetivo de motorizar la actividad.

La iniciativa recibió el voto unánime durante un plenario de las comisiones de Vivienda y Ordenamiento Urbano y de Presupuesto y Hacienda, realizado este miércoles. En tanto, será tratado este jueves en la primera sesión del año que realizará la Cámara baja.

Al abrir la reunión, el titular de la Comisión de Vivienda, Domingo Amaya (Pro), destacó una incorporación al proyecto “consensuada con los distintos bloques” para que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat “pueda continuar con las obras que hoy se encuentran paralizadas por distintos motivos”.

“Hay mucha gente que está anotada con esperanzas y está esperando, inscripta en sus provincias”, indicó y celebró que “vamos a agilizar para que el Ministerio pueda avanzar y concluir estas obras”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FdT), detalló la iniciativa -que fue girada en octubre pasado por el Poder Ejecutivo- y aseguró que “va a contribuir al proceso de recuperación económica” y “va a generar nuevos puestos de trabajo”.

El oficialista apuntó que el texto prevé “un conjunto de medidas tributarias en favor de las inversiones en obras privadas nuevas”, y un capítulo referido a “la normalización de la tenencia en moneda nacional y extranjera” para “la posibilidad que gente que tiene dinero no declarado pueda hacerlo con la condición de que sean invertidos en la construcción”.

Dentro de las incorporaciones, el diputado especificó que “no podrán ser objeto de normalización las tenencias en el exterior que estuvieran depositadas en actividades financieras o agentes de custodia radicados o ubicados en jurisdicciones o países identificados por el Grupo de Acción Financiera como de alto riesgo o no cooperantes”.

Sobre el capítulo agregado vinculado al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, los artículos “tienden a alentar la inversión en las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción a través de los diferentes programas” que ejecuta la cartera conducida por Jorge Ferraresi, expresó Heller.

“Se calcula, según ha dicho el ministro, que hay una 55 mil viviendas en distintos grados de avance reales y que se trata de obras aptas para ser terminadas y convertidas en viviendas utilizables”, agregó.

Para el legislador, la ley se trata de “un incentivo importante que llega en un momento adecuado” y que tendrá “un resultado positivo” con “un impacto en la recaudación fiscal directo e indirecto” que “va a compensar en parte el esfuerzo fiscal que se está planteando con esta medida”.

A su turno, el misionero Luis Pastori (UCR) observó que el blanqueo previsto “sigue los cánones de los blanqueos de Juntos por el Cambio, de 2016, como el de diciembre de 2019 del Frente de Todos”, pero “algo en que difiere” es que el nuevo impuesto “no tiene una afectación especial” porque “no se dice qué se va a hacer con esa recaudación”. Por eso, afirmó que tiene “la convicción de que es coparticipable, ya que no tiene afectación específica”.

Además, el radical sostuvo que “así como la Nación a todos lo que blanqueen dinero no declarado le va a eximir de todos los impuestos, que las provincias no vayan a pretender que aquel que declara su tenencia en activos financieros lo quieran gravar con Ingresos Brutos, porque en ese caso el beneficio perdería un gran incentivo”. En ese sentido, pidió “animar a los gobernadores a adherir a la ley”.

Durante la reunión, el entrerriano Marcelo Casaretto (FdT) consideró que “es un proyecto muy importante para Argentina”, porque “la construcción es fundamental para generar actividad económica, empleo y condiciones de vida digna en el caso de la vivienda social”.

El oficialista mencionó que la actividad en los últimos años tuvo un “proceso de caída”, que empezó a revertirse a partir de mayo del año pasado y ahora “tenemos ocho meses consecutivos de crecimiento del sector”. Sin embargo, señaló: “Sabemos que tiene una potencialidad mayor”.

Respecto al capítulo del blanqueo, el legislador explicó que “se plantea un proceso (de declaración) corto en el tiempo y con un impuesto especial que es creciente en el tiempo”. En este sentido, Casaretto pronosticó que, si se aprueba la ley, “rápidamente vamos a tener una inyección de pesos y dólares que estaban fuera del circulante”.

Puntos centrales de la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo propiciar medidas de incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción. Los beneficios impositivos alcanzarán a aquellas inversiones en obras privadas nuevas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, tengan un avance de obra inferior al 50%.

Por un lado, se exime del pago del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Esta franquicia sería para aquellas personas humanas que inviertan fondos en forma directa o mediante terceros -cualquiera sea la forma jurídica y/o vehículo adoptado para materializar la inversión-, en proyectos constructivos.

Por otro lado, se establece la posibilidad de computar como pago a cuenta de Bienes Personales el equivalente al 1% del valor de las inversiones realizadas en el marco de la ley.

Asimismo, se propone adecuar el momento del pago de los tributos sobre las transacciones inmobiliarias -esto es, impuesto a las Ganancias o impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, según corresponda- al momento de producirse el efectivo incremento del flujo del proyecto de inversión; así como adecuar el monto imponible a su evolución en términos reales.

Se propicia el diferimiento del pago de estos impuestos sobre la base imponible que se configure por la transferencia y/o enajenación cuyo objeto sea el financiamiento, inversión y/o desarrollo de proyectos inmobiliarios o de infraestructura.

La iniciativa estima que el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar.

El proyecto establece por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas. Esto siempre en el caso de que los fondos se apliquen a las construcciones, ampliaciones, instalaciones y otras.

El impuesto especial que se determinará sobre el valor de la tenencia que se declare, expresada en moneda nacional al momento de ingreso a la cuenta especial, será conforme a las siguientes alícuotas: los ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta 60 días corridos, un 5%; los ingresados entre los días 61 y 90, un 10%; y los ingresados entre los días 91 y 120, un 20%. Los plazos y porcentajes fueron modificados respecto a la versión original durante el debate en Diputados.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, afirmó que “va a ser muy importante el rol que la industria de la construcción tenga en la salida de la crisis de la pandemia”, al exponer este martes ante la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados, presidida por tucumano Domingo Amaya (Pro).

La funcionaria detalló los distintos planes y programas que lleva adelante la cartera, la cual sostuvo que tiene “el objetivo central” de “reducir el déficit habitacional”, pero “no únicamente visto en términos de cantidad, sino también de cualidad”.

Al comienzo de la reunión -realizada de manera remota-, Bielsa remarcó que durante su gestión será “un camino importante a explorar” el “trabajo coordinado entre inversión pública y privada”. Asimismo, dijo que todos los planes que se encaren tendrán carácter “federal” y deberán ser “equitativos”.

Para la ministra, el aislamiento obligatorio y la pandemia han obligado “a repensar el país”. “Nos quedan muchas enseñanzas, y una es que debemos volver a valorar las ciudades pequeñas y medianas, inclusive las áreas rurales, y llegar allí con la infraestructura y los beneficios que tienen las grandes ciudades”, expresó.

En su alocución, la funcionaria garantizó que el tema de viviendas para sectores aborígenes y población de zonas rurales están en la carpeta del Ministerio. Sobre este último punto, informó que es un tema consultado con su par Luis Basterra (Agricultura, Ganadería y Pesca) y no descartó que el Congreso pueda llegar a intervenir con una ley.

También, en referencia a una eventual ley de desarrollo territorial, señaló que es un tema “que estamos trabajando” y en el cual se va a necesitar “una interlocución permanente con las provincias y los municipios, y hacer audiencias públicas”. “Es una de las bases que queremos debatir en las Cámaras y que efectivamente va a requerir de una legislación”, subrayó.

Luego de haber recibido preguntas por escrito, Bielsa respondió consultas e intercambió diálogo con los legisladores de la comisión por videoconferencia durante cuatro horas.

Respecto al Plan Federal Argentina Construye, manifestó que es un plan de “contingencia” que “tiene como objetivo principal generar empleos”, a partir de obras con una magnitud no tan grande. Sobre esto, precisó que ya se enviaron los convenios a todas las provincias y solo faltan que lo firmen Tucumán, San Luis, Salta y la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, en referencia al Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) -creado por ley en 2018-, la titular de la cartera de Desarrollo Territorial indicó que “sobre el listado nacional de barrios hay 523 mil certificados disponibles (los que se emitieron) y 201 mil impresos (los que se entregaron)”.

“Ojalá a la salida de esta crisis nos preguntemos qué inequidad estamos dispuestos a tolerar como sociedad”, enfatizó, y agregó que “cuando surge una crisis, aún esta que es inédita, todos ponemos la mirada en la vulnerabilidad de los barrios populares”, pero cuando termina la crisis “tendemos a no poder asumir en su totalidad esta problemática”.

En ese sentido, consideró que “el gran desafío que tenemos ahora es la posibilidad de repensar el país, donde todos tengamos un piso mínimo de justicia social”.

Consultada por el plan ProCreAr, Bielsa apuntó que cuando llegaron encontraron “alrededor de 11 mil viviendas a las que les faltaba muy poca acción para terminar de gestionarlas”. “Se entregaron muchas viviendas entre febrero y marzo, antes de que empezara la cuarentena”, afirmó y anunció: “Tenemos programadas entregar a partir de la semana que viene 1.402 viviendas”.

“No hay ningún impedimento que surja del programa o del Ministerio para entregarlas. Si no sucedía esto del aislamiento, en junio terminábamos de entregar todas. Seguimos haciendo adjudicaciones vía streaming. Lo que no se pudo hacer es visita a la unidad”, amplió.

Durante la reunión, la funcionaria se comprometió a evaluar y “trabajar en conjunto” sobre un proyecto de ley presentado por el radical Fabio Quetglas (UCR), sobre “generación de suelo urbano con servicios” para municipios de menos de 300 mil habitantes. En tanto, el presidente de la comisión, Domingo Amaya, propuso comenzar a abordarlo en una próxima reunión de diputados.

La Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, presidida por el tucumano Domingo Amaya (Pro), acordó este viernes citar en una próxima reunión a la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Durante el encuentro virtual, Amaya propuso “establecer una agenda de trabajo” y abogó por alcanzar consensos para, a través de distintos proyectos, “podamos apoyar al Ejecutivo desde nuestro lugar” y “facilitemos las herramientas necesarias”.

Los legisladores también coincidieron en convocar a representantes de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y de cámaras empresarias del sector.

Durante la reunión, la legisladora Camila Crescimbeni consideró que “en este contexto más que nunca cobra relevancia que sigamos trabajando” sobre la ley de regularización dominial de villas, sancionada en octubre de 2018 y mediante la cual se creó el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana).

En tanto, el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) celebró la reciente sanción de la Ley de Alquileres -aprobada este jueves en el Senado- y afirmó que “es la voluntad del Ministerio poder juntarse con nosotros”. “Espero que en breve estemos discutiendo proyectos tan necesarios para empezar a avanzar en resolver los problemas estructurales que tenemos en el país”, agregó.

A su turno, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos) advirtió que en la actualidad hay viviendas en un 80%, 60% y hasta 40% en proceso de construcción. Por eso, consideró: “Hay que plantearse una política de cómo terminar las viviendas que están en ejecución a través de los distintos programas, ya sean anteriores a 2019 y anteriores a 2015”. “Decimos que hay tres millones de viviendas que se necesitan y, por ahí, no terminamos las que están en ejecución”, señaló.

También por el oficialismo habló la diputada Magdalena Sierra, quien enfatizó que en los procesos de urbanización de barrios populares “hace falta la decisión política fuerte de un Estado presente en sus tres niveles de gobierno, trabajando con la sociedad, con los vecinos”.

“A partir de 2015 solo con recursos del municipio pudimos continuar las viviendas”, resaltó la legisladora en referencia al partido de Avellaneda, gestionado por su marido Jorge Ferraresi.

En ese sentido hizo alusión a Villa Azul, conocida en los últimos días por el aislamiento focalizado que se tuvo que hacer allí a raíz de los casos de coronavirus, y destacó que en la parte del asentamiento del lado de Avellaneda “fue más fácil” porque el 85% de la población “tenían agua, cloaca, gas, luz”. “Nos falta el 15%. La gente quiere vivie bien y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo”, agregó.

Por su parte, el radical Fabio Quetglas sostuvo que la ley de RENABAP demanda “un esfuerzo que va a llevar cuatro o cinco mandatos presidenciales para poder regularizar el volumen de suelo no regularizado”.

Además, propuso que se trate un proyecto de su autoría sobre “generación de suelo urbano con servicios” para municipios de menos de 300 mil habitantes. “Esto disminuye la pulsión migratoria del interior hacia Buenos Aires y generaría una urbanización de calidad”, sostuvo y afirmó que “puede ser un instrumento que le puede servir al Ejecutivo Nacional en su relación con los gobiernos locales”.