Los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron un proyecto de resolución mediante el cuál buscarán avanzar con la conformación de ese espacio, el cual tendrá como objetivo establecer acciones y estrategias de mitigación del mosquito que transmite esa enfermedad.
Debido a la fuerte disparada de casos durante el verano y la alta prevalencia de mosquitos durante el invierno, los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cuál pidieron conformar una comisión especial de seguimiento de la enfermedad de transmisión por mosquito Dengue, Zika y Chicungunya.
De acuerdo a la iniciativa, dicha comisión tendrá por objeto establecer las acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de adaptación y mitigación del vector transmisor de esas enfermedades, para reducir la incidencia de casos.
Dicha comisión deberá evaluar la situación existente en materia epidemiológica, y cumplimiento de los objetivos sanitarios vinculados a la provisión de insumos y campañas de prevención; recopilar, sistematizar, analizar y evaluar información epidemiológica, relacionada con el objetivo de medir el impacto en la población; evaluar y realizar un seguimiento de las distintas propuestas relacionas a la inmunización poblacional; diseñar campañas destinadas a la prevención y erradicación del vector transmisor del dengue; y, organizar seminarios, encuentros, jornadas y otras actividades que contribuyan al logro de sus objetivos.
El texto también establece que la comisión deberá estar integrada por cinco diputados de la Comisión de Salud y tres de la Comisión de Promoción Social, siempre respetando la proporcionalidad de los bloques políticos que las integran; un miembro designado por el Poder Ejecutivo de la Dirección General de Atención Primaria y otro de la Dirección General de Hospitales. Además, se podrá convocar a Asociaciones Civiles y de Profesionales con incumbencia en la materia, así como a promotores y promotoras de salud barriales.
La iniciativa lleva las firmas de Victoria Montenegro, Claudio Ferreño, Alejandro Grillo, Berenice Iañes, Matías Lammens, Juan Pablo O’Dezaille, Gracias Peñafort, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (UP).
La legisladora nacional advirtió que, durante los últimos meses, “hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña impulsa, a través de un proyecto de resolución, la creación de una “Comisión Especial para el Control y Esclarecimiento de los hechos de Violencia Institucional” producidos en el contexto de la pandemia por Covid 19, para esclarecer los actos violentos producidos contra los ciudadanos en los últimos meses.
En ese sentido, la legisladora advirtió que “en Argentina la pandemia fue la limitación de los derechos individuales y en ese marco, miembros de las fuerzas de seguridad que había separado María Eugenia Vidal fueron reincorporados por Berni y Kicillof”, y agregó que “es muy importante saber qué pasó con Facundo Castro y que se esclarezcan casos como el de Lucas Verón, muerto durante una persecución policial en La Matanza”.
Asimismo, Ocaña señaló en el proyecto de resolución que “durante los últimos meses, hemos sido testigos de graves hechos de violencia institucional perpetrados por personal de las fuerzas de seguridad contra ciudadanos en la provincia de Buenos Aires, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y la comunidad QOM en Chaco”.
La comisión estaría conformada por seis diputados designados a propuesta de cada bloque en proporción a la representación política y por los presidentes de las Comisiones Permanentes de “Derechos Humanos y Garantías”, “Seguridad Interior”, y “Libertad de Expresión”.
La Comisión tendría por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los hechos ilegales producidos por las fuerzas de seguridad en todo el ámbito territorial de la República Argentina en el contexto de pandemia y de “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO)” dispuesto por Decreto 297/2020 y podrá requerir y recibir testimonios de personas, así como elementos probatorios, solicitar expedientes, denunciar judicialmente los hechos delictivos, evaluar el régimen normativo y las políticas públicas de cada jurisdicción para la prevención de dichos sucesos.
“Estos hechos de violencia y discriminación racial fueron denunciados por organismos de derechos humanos a nivel provincial y nacional y desde el Congreso de la Nación no podemos permanecer callados, ya que las medidas sanitarias y de seguridad implementadas para combatir la pandemia, no pueden justificar que el Estado viole derechos humanos de la población”, sostuvo la dirigente de Confianza Pública.
Finalmente, Ocaña sostuvo que “vemos con preocupación que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, estén más preocupados en garantizar la libertad de delincuentes por hechos de corrupción, que en defender a estos ciudadanos argentinos cuyos derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física han sido violados”.
