El diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre–Buenos Aires) salió a defender el trabajo de la comisión investigadora del caso $LIBRA y aseguró que las nuevas revelaciones que surgieron en la causa judicial confirman las sospechas que motivaron su creación.

En diálogo con Radio 10, recordó que apenas cuatro días después del estallido del escándalo cripto, el 18 de febrero de 2025, el bloque Democracia para Siempre presentó el proyecto que dio origen a la comisión en la Cámara de Diputados.

“En Argentina se suele decir que hacer comisiones es para perder tiempo, pero esta comisión hizo una tarea impresionante”, sostuvo Juliano, y remarcó que buena parte de la información que hoy toma estado público “va cobrando sentido” y permite “completar el rompecabezas de un entorno”. En ese marco, mencionó la eliminación coordinada de publicaciones en redes sociales y la existencia de tuits automatizados, incluso por parte de dirigentes como José Luis Espert.

El legislador rechazó las críticas que recibió la oposición al inicio de la investigación y fue contundente: “Hoy se está encontrando todo esto que nosotros decíamos el año pasado cuando nos acusaban de carroñeros. Nosotros carroñeros no somos. Estamos convencidos —hablo de un grupo de diputados de distintas procedencias— de que esto no era un chiste más o una avivada más de un presidente que construye un personaje. Era el jefe de Estado de nuestro país lanzando él propiamente la estafa”.

Juliano subrayó además el carácter excepcional de la comisión $LIBRA al señalar que se trata de la decimotercera comisión investigadora creada desde el retorno de la democracia en 1983. “El Gobierno hizo lo imposible para que la comisión no se ponga en marcha”, afirmó, y cuestionó los argumentos oficiales que buscaban deslegitimar el rol del Congreso frente a la actuación de la Justicia.

“Decían que ya estaba la Justicia, pero no es lo mismo. La Justicia tiene que verificar si hubo un delito. Nosotros teníamos que verificar si hubo daño institucional”, explicó. Para el diputado radical, que hoy empiecen a aparecer nuevas pruebas “da cuenta de que teníamos razón” y expone la gravedad de naturalizar conductas impropias de un presidente de la Nación.

En ese sentido, Juliano sostuvo que el caso $LIBRA no puede analizarse como un hecho aislado y recordó antecedentes previos vinculados al actual mandatario. “Es pésimo que alguien naturalice un comportamiento que, además, se había reiterado en el caso de Javier Milei. En 2021 accedió a la banca de diputados y, en la víspera de asumir, lanzó un memecoin”, concluyó.

Los diputados de la oposición integrantes de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA presentaron este martes el informe final, un documento que consiste en más de 200 páginas. En las conclusiones se determina que el Congreso deberá evaluar si corresponde el juicio político por mal desempeño en sus funciones del presidente Javier Milei. Cabe destacar que, en la próxima composición, el oficialismo tendrá un tercio capaz de bloquear un proceso de ese tipo.

De acuerdo al informe que contó con el aval de 14 miembros de la comisión -algo que fue objetado reglamentariamente por La Libertad Avanza- el mandatario "comprometió la investidura presidencial" al promocionar $LIBRA a través de sus redes sociales durante el verano pasado, token que alcanzó una alta cotización y luego se desplomó rápidamente, dejando a inversores damnificados en Argentina y otros países del mundo.

Además, tras el trabajo de tres meses, se determinó que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, "cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los (empresarios cripto) involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

También se decidió denunciar penalmente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona; el titular de la OA, Alejandro Melik; el presidente de la UIF, Paulo Starc; el titular de la CNV, Roberto Silva; y la vicejefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, se plantea denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.

Mientras las conclusiones del informe se compartían mediante pantalla en la sala, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino aseguró que "los hechos recabados encuadrarían en lo que el Código Penal tipifica como estafa". En esa línea, indicó que hubo "un engaño" cuando "se presenta $LIBRA como un instrumento serio de inversión para desarrollar PyMEs en Argentina, pero en realidad desde el punto de vista técnico era más cercano a una memecoin que ya estaba manipulada de antemano para protagonizar el tirón de alfombra, el 'rug pull'".

"Prácticamente el 80% de las billeteras que operaron $LIBRA sufrieron pérdidas y solamente 36 billeteras ganaron más de un millón de dólares", agregó. A continuación, el opositor remarcó que "la información recabada amplía las hipótesis iniciales" sobre que "no fue un hecho aislado", ya que se revelaron antecedentes de "maniobras financieras presuntamente ilícitas donde se repiten los mismos nombres".

Además, el secretario de la comisión investigadora advirtió por "el daño a la credibilidad internacional de Argentina". "Para nosotros no fue un hecho menor la resolución de la jueza de New York Jennifer Rochon", quien sostuvo que "los fondos derivados de la operatoria de $LIBRA no serían del Estado argentino, sino que podrían ser de Javier Milei, Karina Milei y/o Hayden Davis", apuntó Marino.

A su turno, el diputado Oscar Agost Carreño precisó que el informe es un documento de 205 páginas. El diputado de Encuentro Federal expresó que $LIBRA fue un "fraude planificado compatible con una presunta estafa" mediante rug pull, "un patrón de estafa muy conocido en el mundo de las criptomonedas". "Está demostrado que fue así y hemos podido corroborar que hubo información privilegiada" ya que se registraton "compras 22 segundos antes del posteo" del presidente aquel 14 de febrero.

Respecto de "los fondos que van entre 100 y 120 millones de dólares", Davis "siempre dio a entender que esa plata 'era de los argentinos, de Argentina'", señaló Agost Carreño. Sin embargo, "no había ningún mecanismo que conectara a las billeteras virtuales con algún mecanismo legal o financiero que llegue a las PyMES".

"La causa en Estados Unidos sigue avanzando", destacó el cordobés y mencionó que "Davis declaró y comprometió al presidente y su entorno". "El presidente nunca dio explicaciones, no dio colaboración el Ejecutivo ni el Poder Judicial y no realizaron una denuncia, nunca se pusieron en lugar de denunciados para ser investigados", cuestionó.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo aseveró que el informe "es abrumador en cuanto a que lo que ha dicho Javier Milei hasta el momento sobre $LIBRA no es verdad". "El posteo del presidente de ese contrato no lo podía encontrar cualquier persona, solo quien tenía información privilegiada", dijo y resaltó que esa información la manejaban los empresarios que Milei "había recibido en numerosas oportunidades en Casa Rosada y Olivos".

La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva, una de las más involucradas en el trabajo de la comisión, aseveró que "Javier Milei fue el primero en el mundo a dar a conocer el número de contrato que no era público" y se evidenció "claramente que Milei no solo promocionó $LIBRA, sino que fue parte de la gestión y operatoria previa". En ese sentido, precisó que "a Novelli lo recibió más de 15 veces en un año" en Casa Rosada y Olivos.

"Identificamos el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda que se lanzó dos meses antes de $LIBRA y también terminó en una estafa", afirmó y aportó datos reveladores como que "el 30 de enero Mauricio Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Hayden Davis transfieren millones a una cueva cripto", ese mismo día "Milei se reunió con Davis y se sacó una foto que compartió en sus redes sociales". "Un día antes (el 29 de enero) Karina Milei había recibido a Mauricio Novelli y María Pía Novelli" hermana del trader que vació cajas de seguridad el día después de la caída de $LIBRA.

El oficialismo, ausente durante casi toda la actuación de la comisión investigadora, asistió para objetar cuestiones reglamentarias y criticar el proceso, más no para emitir una defensa del presidente o explicación del caso $LIBRA. El diputado Nicolás Mayoraz consideró que la comisión tuvo un "decálogo de todos los excesos posibles" y "se ha movido con delirio".

En esa línea, el santafesino observó que "el mayor grado de autoritarismo se da cuando se empiezan a pelear con la justicia" y dijo que "va a quedar en los libros" el recurso extraordinario presentado ante la Corte. Según el libertario, la justicia, al negar el auxilio de la fuerza pública para que comparezcan funcionarios, le puso "límites al exceso que han tenido".

"Lo que mal empieza, mal acaba. Esto no fue una comisión investigadora, fue un circo montado con una finalidad no ya política, sino con la clara intención de ni defender las instituciones", sostuvo. Tras la defensa de lo actuado por la cívica Mónica Frade, Castillo y Agost Carreño, la oficialista Nadia Márquez -en una intervención cargada de ironías- insistió con que el informe final requería 15 firmas y el presentado tenía 14. Tras su alocución se despertó una fuerte discusión de idas y vueltas entre la oposición y LLA por el quórum que tuvo la reunión al momento de empezar.

El mendocino Álvaro Martínez insistió en pedir los nombres de los presentes varias veces. "Esta presidencia ya considera que dio la respuesta. Está la versión taquigráfica y el video de la comisión”, para corroborarlo, dijo Maximiliano Ferraro, que había recordado que el encuentro se abrió con 15. Pero Márquez leyó nombre por nombre a los 28 integrantes de la comisión. "No hay informe final porque no tiene las firmas. Usted no quiere decir que hay 28 presentes, porque las firmas no le alcanzan: son 14”, aseveró.

Finalmente, a instancias de la diputada Mónica Frade se dio por concluida la reunión, no sin que antes Ferraro pronunciara unas palabras de Lisandro De la Torre para cerrar: “Qué risa, señores, qué divertida es la corrupción, y qué sonrientes los corruptos. Pero el día que suenen las campanas marcando el momento de la justicia, que siempre en definitiva llega, ya los veremos a los corruptos golpeándose el pecho. Qué risa que nos dan entonces los corruptos”.

Conclusiones, recomendaciones y decisiones de la comisión

De las 18 conclusiones de la comisión investigadora, leídas en el arranque por el cívico Maximiliano Ferraro, la primera reza: "Los hechos analizados y la responsabilidad política por esta comisión determinada, hacen necesario que el Congreso de la Nación evalúe si el presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones".

Además, se desprende que "la información y el material probatorio reunidos confirman los vínculos económicos directos entre Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis y Sergio Morales". "El análisis técnico de la blockchain detectó flujos de fondos entre dichos actores que coinciden con los montos y las fechas señalados en investigaciones previas que describen un presunto acuerdo de cooperación destinado a monetizar la imagen del presidente Javier Milei", determinaron.

Según los diputados de la oposición que elaboraron el informe final, "la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar" que también promocionó Milei. "Las afirmaciones del presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico", aseguran las conclusiones.

Asimismo, se señala que con la promoción de $LIBRA "el presidente comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada". También que, de acuerdo a las declaraciones del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, "surge que el presidente actuó sin consultar a ningún organismo técnico o jurídico del Estado, omitió la debida diligencia exigible y desatendió los procedimientos de control institucional".

"Esta falta de control se habría replicado en la operación con la moneda digital KIP en diciembre de 2024", añade y cuestiona que "el presidente no ha explicado a la fecha cómo obtuvo el número de contrato del token $LIBRA que publicó, pese a que dicha información no era de circulación pública".

Otra de las conclusiones sostiene que sin la promoción por parte de Milei, "el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado".

A su vez, se confirmaron 16 reuniones en Casa Rosada y la quinta de Olivos con los empresarios cripto involucrados. "Todos los ingresos a Casa Rosada fueron autorizados y supervisados jerárquicamente por Karina Milei", se remarca.

"Javier Milei utilizó la investidura presidencial, y Karina Milei, cuanto menos, facilitó las instalaciones oficiales del Gobierno nacional y el acceso de los involucrados al presidente, para llevar adelante un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional", enfatiza el informe.

También se cuestionó que "no existió una verdadera voluntad de investigar mediante una auto investigación encarada por el propio Poder Ejecutivo" sino que "por el contrario, se registró secretismo y una marcada falta de transparencia tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Unidad de Tareas de Investigación creada especialmente para este caso".

"Como hecho inédito y absolutamente inusitado, no compareció ningún funcionario público", se subrayó y se indicó que Cúneo Libarona, Melik, Zicavo, Starc y Silva "habrían incurrido en incumplimiento de deberes, dado que su accionar ha entorpecido las facultades constitucionales e investigativas" de la comisión.

Finalmente, las conclusiones manifiestan que "existen elementos suficientes para afirmar que se habría violado la Ley de Ética en la Función Pública" y se lamentó que "no se recibió la cooperación institucional debida por parte del Poder Judicial ni del Ministerio Público Fiscal", cuando la comisión "en ningún momento excedió las facultades" constitucionales.

En las recomendaciones se plantea retirar la citación a Karina Milei; insistir con la requisitoria enviada por escrito al presidente; que la Presidencia de la Cámara de Diputados resguarde la documentación e información nueva; que se dé seguimiento a la investigación; la eventual de normas y la evaluación de la creación de una "Oficina de Investigaciones" del Congreso.

En cuanto a las resoluciones, se dispuso remitir toda la información a la justicia -incluida la recibida por parte de las plataformas exchange- y denunciar penalmente a Cúneo Librarona, Melik, Starc, Silva y Zicavo, "por posible incumplimiento de deberes de funcionario público, dado que el entorpecimiento a la tarea" de la comisión.

Por último, denunciar y pedir la apertura de enjuiciamiento contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, quienes están a cargo de la causa e impidieron a los legisladores acceder al expediente, además de negar la asistencia de la fuerza pública para que comparezcan los funcionarios.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, posteó en vísperas de la reunión de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA su presidente, Maximiliano Ferraro. Allí anticipó que el informe final “incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso”.

La reunión está prevista para este martes 18 de noviembre a las 16 en la Sala 1 del Anexo A, y será el último escalón recorrido por esta comisión que a lo largo del año trabajó con altibajos, pues recién pudo meterse de lleno en tema a partir de que pudo designar autoridades, el 28 de agosto pasado, convocada a instancias del pleno, que emplazó a resolver las autoridades de la comisión mediante un sistema votado en el recinto.

Le siguieron a esa reunión otras nueve y la de este martes será la décima, en la que se dará a conocer un informe final que será elevado a Diputados antes del 20 de noviembre. Un expediente que, según se sabe, cuenta con diez cuerpos que incluyen actas, testimonios, documentos de exchanges, informes técnicos y dictámenes.

La comisión investigó activamente durante los tres meses posteriores. Entre los testimonios más reveladores, cabe recordar el de Martín Romeo, damnificado y querellante, quien relató que 86% de los inversores perdió casi todo su dinero en menos de 12 horas, por un total de USD 280 millones retirados del mercado.

En ese marco, Iñaki Apezteguia, especialista en criptomoneda, sostuvo que no hubo estafa, lo que generó visiones contrapuestas.

En rigor, esos testimonios se conocieron ya no en los últimos tres meses, sino en la reunión informativa celebrada el 25 de junio, cuando también se había emplazado a la comisión a avanzar con la investigación aun cuando no tenía autoridades. Esa reunión fue encabezada entonces por el secretario Parlamentario de la Cámara, Adrián Pagán, y allí expusieron también Irina Hauser, periodista de Página 12; Alejandro Bercovich, periodista de C5N y Radio con Vos; Nicolás Pechersky, abogado especialista en finanzas; Fernando Molina, ingeniero en Sistemas; Santiago Siri, experto en Criptoactivos; Maximiliano Firtman, programador y director de “Itmaster”;  y Gabriel Rey Linares, abogado y analista de sistemas.

Solo una interpelación de cuatro

Los diputados ordenaron interpelaciones al entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos; el ministro de Economía Luis Caputo; el de Justicia Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Solo Francos cumplió con ese trámite, el 30 de abril de este año, quien negó sobre la firma de documentos relacionados con el documento “Viva La Libertad Project” del criptoactivo $LIBRA, reiteró que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados”.

Añadió, también, que “tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”. Y cerró respondiendo a las acusaciones contra su persona: “como jefe de Gabinete, no tuve ningún rol en esta cuestión”.

El jefe de Gabinete hizo referencias a la comisión investigadora señalando que “en un Estado de Derecho, la división de poderes debe respetarse de forma estricta para garantizar el funcionamiento institucional”, y enfatizó que “la función de las comisiones investigadoras debe encontrarse subordinadas a las competencias propias del Poder Legislativo: deliberar, legislar y ejercer su función de control sobre los poderes del Estado”. “No pueden transformarse en órganos paralelos de justicia ni arrogarse funciones que la Constitución reserva exclusivamente al Poder Judicial”, agregó Guillermo Francos, quien, además, indicó que “de ningún modo se ha pensado que las mismas deban sustituir la labor de los jueces y Ministerio Público Fiscal”.

“Desinterés” oficialista

La actitud del oficialismo fue siempre la de no aportar para el esclarecimiento de la controversia. A través del decreto 332/2025 se disolvió la Unidad de Investigación (UTI) creada tras el tuit de Milei, mientras que los funcionarios citados —como Karina Milei, Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, o Florencia Zicavo, exresponsable de la Unidad de Investigación de $LIBRA— se negaron a presentarse: Melik no aceptó la notificación, en tanto que Zicavo se ausentó en las audiencias.

Tampoco los diputados de La Libertad Avanza mostraron mayor interés en el trabajo de la comisión, y sobre el final, la diputada Alida Ferreyra definió el proceso como “nulo”, denunciando vulneración de garantías. En contrapartida, Sabrina Selva, quien fuera sugerida como titular de la comisión por Unión por la Patria, defendió la participación de la Justicia. La diputada bonaerense expuso que 36 billeteras superaron ganancia de un millón de dólares y apuntó a una presunta “cooperación” para monetizar imagen presidencial.

Binance, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo, confirmó una billetera relacionada con Mauricio Novelli, recibiendo USD 300.000 en noviembre 2024 y USD 250.000 en enero 2025.

La comisión reaccionó con medidas legales y recursos extraordinarios. Presentó uno ante la Corte Suprema para permitir uso de fuerza pública frente a bloqueos procesales, como así también denuncias penales contra un grupo de funcionarios: desde el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona hasta autoridades de la UIF, CNV, y figuras judiciales.

Según el diputado Juan Marino, existen “indicadores de mal desempeño” en Milei y su entorno, tras analizar decenas de órdenes de pago, incluidas hasta 140.000 billeteras.

Los medios especializados sostienen que el 85 o 95% de las inversiones se volatilizaron rápidamente, describiéndolo como un “rug-pull” impulsado por el tuit presidencial emitido el viernes 14 de febrero.

Enfrentamiento con el juez

La actitud del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi frente a la Comisión Investigadora del Congreso por la causa $LIBRA fue, para los miembros de la oposición que la integran, claramente obstructiva y restrictiva. Negó el acceso al expediente a la Comisión Investigadora, argumentando que el sumario judicial es secreto para terceros y que divulgar información podría frustrar la investigación. Se apoyó en el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, quien también se opuso al acceso irrestricto solicitado por los diputados. También rechazó pedidos clave: no autorizó la detención ni la indagatoria de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados al escándalo de la criptomoneda, pese a denuncias de riesgo de fuga y entorpecimiento. El juez sostuvo que las medidas cautelares vigentes (como el congelamiento de activos) eran suficientes.

Su fallo fue calificado como un “no fallo” por especialistas, por usar formalismos para evitar avanzar en la instrucción y bloquear el control institucional del Congreso. En el Congreso se interpretó como un “fallo político”, ya que la negativa se produjo justo después de las elecciones, lo que generó sospechas de protección al entorno presidencial de Javier Milei.

La comisión aprobó pedir el jury de enjuiciamiento contra Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano por obstrucción e incumplimiento de deberes. Pero este lunes Maximiliano Ferraro junto a sus pares Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino visitaron la Fiscalía N.º 3 y le entregaron al fiscal Taiano prueba relevante para la investigación que está llevando adelante en la Justicia. “Le manifestamos que nos hubiera gustado poder reunirnos antes, pero como hoy presentábamos el informe final, consideramos fundamental acercarle toda esta última información. Entre lo aportado, incluimos información que podría estar vinculada a pagos indirectos a funcionarios públicos, tal como surge de la línea de investigación a cargo de la Fiscalía y que se relaciona con una de las supuestas cuevas cripto. Hicimos este aporte teniendo muy en claro cuáles son nuestras competencias y cuáles son las de la Justicia, y, en este caso, las del fiscal a cargo”, señaló Ferraro este martes.

¿Qué sigue tras el informe final?

La comisión elevará el expediente al juzgado federal a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, abiertos a continuar las causas en la órbita judicial.

Según pudo saber parlamentario.com, el informe incluirá:

• ■ Conclusiones sobre fraude y mal uso de atribuciones.
• ■ Recomendaciones para reformar regulaciones de criptomonedas.
• ■ Propuestas judiciales, incluyendo denuncias y recurso contra bloqueos procesales.

De cara a la última reunión el próximo 18 de noviembre, el presidente de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, Maximiliano Ferraro, aseguró que habrá "un informe muy contundente" y manifestó que los miembros que participaron del proceso están "muy conformes con el trabajo que pudimos hacer todos estos meses, pese a un camino lleno de obstáculos puestos por La Libertad Avanza y sus aliados".

En ese sentido, el legislador de la Coalición Cívica destacó "la transversalidad política y responsabilidad con la que se trabajó ".

Sobre las conclusiones y recomendaciones a futuro, adelantó: "Tenemos que poder recomendar a la Cámara de Diputados una segunda etapa de la comisión investigadora". Y llamó a "ser perseverantes en la búsqueda de la verdad", al tiempo que el Congreso no pierda su rol de contralor político.

Respecto de la investigación, el porteño señaló que se confirmó información sobre "la conexión de (Hayden) Davis, (Manuel) Terrones Godoy, (Mauricio) Novelli y el dueño de una cueva financiera cripto en fechas muy relevantes, que coinciden con todo lo que atravesó al proyecto $LIBRA hasta lo que fue la publicación del presidente el 14 de febrero" a través de la red social X.

"Estamos hablando de una trazabilidad de dinero de alrededor de 3 o 4 millones de dólares", precisó y continuó: "Esto ratifica nuestro trabajo, que lejos de entorpecer el trabajo de la Justicia y teniendo muy claro cuál es el rol del Congreso, fortaleció la búsqueda de la verdad y activó de una buena vez por todas al fiscal (Eduardo) Taiano y al propio juez (Marcelo) Martínez de Giorgi".

Además, Ferraro ratificó que presentarán las denuncias correspondientes contra el ministro de Justicia, Mario Cúneo Libarona; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo, quien estuvo a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación que se creó para investigar al presidente; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

Al recordar antecedentes de comisiones investigadoras, bajo gobiernos de distintos signos, el diputado apuntó que "distintos funcionarios nunca se negaron a venir a brindar información" como sí sucedió en este caso, en "una clara maniobra de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público", enfatizó.

Y sumó que presentarán "un recurso extraordinario ante la Corte Suprema porque fue inaudito esta decisión del juez Martínez de Giorgi" de negarse a brindar asistencia a la comisión mediante la fuerza pública.

La Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, a través de su presidente, Maximiliano Ferraro (CC), presentó un recurso de apelación con reserva de caso federal contra la resolución del Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien rechazó el uso del auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados.

"La Cámara de Diputados, en ejercicio de su atribución del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, creó una comisión investigadora con el objeto de determinar la responsabilidad política de funcionarios públicos en torno a la denominada criptomoneda $LIBRA. Esa potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno, no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político", se señaló en la presentación.

El recurso asegura que la decisión judicial "lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político".

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresa el escrito.

Ejes centrales de la apelación:

• Defensa de la separación de poderes: la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial.

• Obligación de los funcionarios públicos: las personas citadas deben comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público.

• Reserva de caso federal: ante una restricción de esta magnitud, se deja sentada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo.

El recurso fue presentado por Ferraro en virtud de lo resuelto en la última reunión (martes 7 de octubre), reafirmando el compromiso de esclarecer las responsabilidades políticas, financieras y administrativas en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, afirmó el diputado que preside la comisión.

Tras el faltazo de dos funcionarios citados para este martes en la Comisión Investigadora $LIBRA de la Cámara de Diputados, la oposición resolvió avanzar con la citación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei: se votaron dos fechas posibles y se decidió que, en caso de que no concurra, las autoridades de la comisión podrían constituirse en Casa Rosada para tomarle testimonio.

El primero en pedir que se defina con anticipación la convocatoria a la hermana del presidente fue el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, que propuso los próximos martes 23 y 30 de septiembre. "Si no puede en esas dos fechas que nos haga una contrapropuesta", dijo.

Luego, la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade planteó una "tercera opción para que quede indiscutida la voluntad de que queremos testimonio y ningún tipo de sangría". De esta manera, sugirió que "las autoridades de esta comisión se constituyan en la Casa Rosada y le tomen declaración en día y hora que ella pueda".

"Me parece que esto es una salida para que la señorita no tenga que moverse y perder tiempo, pero que tenga todas las garantías para poder declarar", lanzó irónica. Desde el Frente de Izquierda, el diputado Christian Castillo recomendó unir ambas propuestas y poner como límite la declaración de Karina "no más allá de la primera semana de octubre".

A mano alzada, la propuesta se votó por mayoría. En la reunión estuvieron ausentes los diputados de La Libertad Avanza y sus aliados que se oponen a la investigación. Aunque participó durante un tramo el radical "peluca" Mariano Campero y votó en contra de una moción.

No obstante, al arco opositor se sumó para el quórum y las votaciones posteriores la salteña Yolanda Vega, del bloque Innovación Federal, quien responde al gobernador Gustavo Sáenz, que viene de tensiones con el Gobierno nacional en el último tiempo y recientemente tuvo fuertes declaraciones en contra de la gestión libertaria.

Incluso, Vega formará parte de una subcomisión que se aprobó a pedido del diputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño, quien también la integrará, junto a Frade, Fernando Carbajal y Sabrina Selva. Tendrán como tarea "tomar contacto con la causa judicial en Argentina" que tramita en el juzgado de la jueza federal María Servini de Cubría, en la que se investiga una presunta estafa a través de la criptomoneda que Javier Milei promocionó en su cuenta de X el pasado 14 de febrero.

La reunión arrancó con numerosas críticas a los funcionarios que habían sido citados y decidieron no concurrir: Alejandro Melik, titular de la Oficina de Anticorrupción, y Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), que el Gobierno había creado para autoinvestigarse en el caso. Funcionó por tres meses y luego no se conocieron sus conclusiones. La comisión resolvió volver a citarlos a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. 

"Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos y se niegan a venir son justamente los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso $LIBRA", enfatizó Selva.

La diputada de Unión por la Patria recordó que "en una decisión con muy pocos argumentos", la OA llevó adelante una investigación que "se refirió exclusivamente a la actuación del presidente Javier Milei y el exasesor de la Comisión de Valores Sergio Daniel Morales". "Casualmente dejan afuera a una funcionaria que tiene mucho para explicar", dijo en alusión a Karina.

Al mencionar que a la UTI se le puso fin en mayo, la bonaerense indicó que "no tuvimos acceso a los informes ni de la OA ni de la UTI". "Queda en evidencia que no quieren explicar", se quejó y cuestionó que ambos intentaron -mediante una medida cautelar- "que la justicia los absuelva de la obligación de comparecer".

"Nos encantaría ir a buscar con un patrullero a la secretaria General de la Presidencia para que de una vez dé la cara y explique, pero no es la facultad que nos estamos arrogando", aclaró y pidió insistir en la citación a Melik y Zicavo.

"No podemos permitir que se nieguen a asistir", exclamó Carbajal y rechazó las notas enviadas por ambos. "Pretenden responder algunas dudas por escrito pero no saben lo que les vamos a preguntar", señaló el diputado de Democracia para Siempre y requirió una "segunda citación bajo apercibimiento".

A su turno, Frade consideró que "Melik tiene mucho que decir y también tiene mucho que ocultar. Y esta es la prueba más acabada, que no están acá. Él habla de que se está duplicando la investigación judicial. Ellos duplicaron, pero para ellos el Congreso no tiene facultades para duplicar".

"Merecen todo el repudio de esta Cámara y este funcionario no debería estar en un Estado de Derecho en su cargo ni un minuto más, porque es nada más y nada menos que el titular de la OA y está cubriendo un posible hecho de corrupción", remarcó.

El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, reveló incluso que las notas excusándose "entraron por expedición", por eso "no revisten los aspectos legales necesarios que debieran haber cumplido; no ingresaron por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados ni por la secretaría de la comisión".

Al comienzo de la reunión también se aprobaron oficios a cuatro empresas de billeteras virtuales involucradas al caso $LIBRA (Belo App, Buenbit, Ripio y Lemon Cash Argentina).

“El rol de la OA no fue el que debía haber sido”

Único testigo en declarar este martes, el exsubsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis Francisco Villanueva, aseguró que el organismo "tenía la responsabilidad de tomar una serie de medidas para que los casos de conflictos de intereses estén debidamente controlados y sean prevenidos". En ese sentido, "debería haberle pedido al presidente, al momento de asumir el cargo, que informe cuáles eran sus clientes. Luego, podría no haber pubicado esa información, haberla reservado".

En esa línea, insistió con que la OA "podría haber hecho una serie de medidas preventivas para que asegurar que el presidente no interviniera en relaciones comerciales con personas involucradas previamente".

"Hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante importante para desagregar a una persona de lo que dice su cuenta de X", opinó y afirmó que el organismo "no tomó medidas absolutamente indispensables para saber si se habían cometido o no delitos".

El exfuncionario criticó que la OA "aportó cero información relevante a la UTI y hasta incluso confundió a la fiscalía" cuando "no detectó en todos los meses que Julian Peh no se llamaba así", por ejemplo, en alusión al CEO de Kip Protocol vinculado al lanzamiento de $LIBRA, quien resultó ser Peh Chyi Haur.

Villanueva subrayó que en “la prevención, investigación del conflicto de intereses o violación de la Ley de Ética Pública, y en la investigación penal claramente el rol de la OA no fue el que debió haber sido”.

"No analizó cuestiones que era muy claras" y "no se tomó ni una sola declaración testimonial, cuando la OA está facultada para hacerlo", agregó.

Ante una pregunta de Sabrina Selva sobre si Karina Milei "tendría que haber sido una de las funcionarias investigadas por la OA", el testigo respondió: "Sí, creo que sí". Aunque señaló que los primeros días "no había motivos suficientes", posteriormente consideró que sí, al aparecer señalada como "un filtro para reunirse con el presidente".

En otro tramo, el exsubsecretario dijo: "Creo que están dadas las pruebas de una negociación incompatible, una persona que se puso en un lugar a los efectos de usar su cargo y que otro obtenga un beneficio de eso, hacer un negocio con eso".

Este martes tampoco asistió -por cuestiones de salud- José Massoni, creador y primer titular de la Oficina Anticorrupción durante el Gobierno de la Alianza, entre 1999 y 2002. Así lo comunicó el presidente de la comisión, pero envió una nota vía mail que fue leía por secretaría. En la misiva, Massoni consideró que la investigación que puede resultar “fundamental para que los ciudadanos conozcan la actuación de sus mandatarios y de los funcionarios investigados”.

“La creación de esta comisión no viola la división de poderes. Esto conduce al gran poder que puede ejercer la comisión desde el punto de vista político porque tiene la facultad de mostrar públicamente la perpetuación de actos corruptos rápidamente”

“Sera de suma utilidad para el abordaje del tema en estudio examinar los hechos que aparezcan aprobados desde la perspectiva de la Ley de Ética Pública. Nos hallamos ante un caso paradigmático de su violación y proponer las penalidades que prevé para lo ocurrido para los autores partícipes”, planteó.

El primer extitular de la OFI remarcó que “lo relativo a la interpretación de lo que implica ser funcionario público o los espacios de reserva de su privacidad mientras se ejerce en el cargo, no siento más que vergüenza al observar la actuación de la actual gestión”.

“Al momento de analizar la actuación del presidente Milei en el caso Libra interpretar que sus expresiones realizadas en las redes sociales, así como su actuación concorde en Casa Rosada, en realidad corresponden a su esfera privada que no constituyen actos de gobierno y que por ello están exentas del control de la OA”, criticó.

Massoni expresó: “Me causa peor estupor que quiénes son elegidos en semejante puesto, el cargo más honorable al que puede aspirar un argentino, asumen una serie de obligaciones éticas que alcanzan la totalidad de su tiempo, su palabra, con independencia de la plataforma donde se expresan”.

El funcionario planteó dos hipótesis: “Si se perpetuó una estafa, artículo 172 y concordantes del Código Penal, no menos que de alguna manera intervinieron en el armado del engaño el presidente de la nación y personal de su entorno cercano pudo ser coautor o partícipe necesario o partícipe secundario, artículo 45 y 46 del mismo código”.

“En el caso extremo atendiendo a las reglas del debido proceso y el principio de inocencia su declaración le daría la posibilidad de alegar haber sido una víctima de un ardid. Si este insólito último camino intentara, estaría aceptando que lo engañaron como presidente en una operación financiera que tendría efectos sobre innumerables terceros”, planteó como segunda alternativa.

Massoni remarcó que “no actuó como persona privada, sino que fue en carácter de presidente en nuestra República lo que lo hizo indudablemente público consecuencias penales. No hay calificativo para la confusión entre el ámbito público y privado que tendría, además, la persona que ocupa la jerarquía del Estado”.

“Es imprescindible contar con la explicación personal de los implicados y los posibles careos o pedidos de aclaraciones cuando se produzcan contradicciones de lo acontecido que ustedes deben conocer”, sugirió.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro salió este viernes a responderle a su par Gerardo Milman y periodistas de TN, luego que cuestionaran la citación a Karina Milei a la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la cual él preside.

Durante el programa que conduce Jonatan Viale se pasó un fragmento de una entrevista a Ferraro, donde señala que al ser funcionaria pública, en caso de negarse, se podría pedir auxilio a la fuerza pública para que la secretaria de la Presidencia y hermana de Javier Milei, concurra a la comisión, de acuerdo al reglamento aprobado.

Tras ello, la mesa debatió sobre lo que esto implicaría y Milman expresó: "La explicación va a estar el domingo. En el resultado del domingo va a estar la explicación de por qué necesita cámara y hacer cosas grandilocuentes".

Este viernes, a través de un extenso posteo, Ferraro salió a responder. "Derecho a réplica y a no faltar a la verdad", tituló el cívico, quien rechazó: "Ayer, en televisión, el diputado Milman junto a los periodistas @JonatanViale @morandolucas y @guadavazquez hablaron de la Comisión LIBRA y de mi rol como presidente de ella, acusándome de arrogarme facultades judiciales, mentiras y de montar un show político y electoralista".

"No puedo dejar pasar esas afirmaciones sin contestar. Corresponde ejercer el derecho a réplica y, sobre todo, a no faltar a la verdad. Esto nada tiene que ver con el caso Spagnuolo, como se afirmó antes de la presentación del recorte de la entrevista", explicó para diferenciar los casos, aunque en ambos esté implicada Karina Milei.

El presidente del partido de la CC a nivel nacional indicó que "las comisiones investigadoras son un instrumento constitucional de la función de contralor del Congreso" y "es absolutamente falso que estemos arrogándonos atribuciones judiciales, vamos a determinar responsabilidades políticas. Esta comisión no es ni será la excepción: sigue a rajatabla los antecedentes de otras comisiones investigadoras, como la de Antilavado, la del ARA San Juan, u otras".

"En la Coalición Cívica no somos oportunistas ni republicanos intermitentes y de ocasión", resaltó e insistió que "lejos de ser una excepción, la Comisión LIBRA se inscribe en una tradición política de contralor institucional republicano: hemos promovido una gran cantidad de comisiones investigadoras, desde la comisión Antilavado en 2001, pasando por el vaciamiento y venta de YPF, el suministro de vacunas en pandemia, la corrupción en obra pública de De Vido, el encubrimiento del narcotráfico, la corrupción en los subsidios al gasoil, el reparto irregular de fondos de vivienda y Sueños Compartidos, el negocio de los juegos de azar, el atentado a la AMIA, las restricciones a la libertad de expresión, etc.".

Al reivindicar la tarea de su espacio, recordó: "También promovimos juicios políticos a los principales funcionarios responsables de los más graves atropellos y casos: Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, De Vido, Lorenzetti, Trotta, Frederic, Gils Carbó, Timerman y otros".

"En plena pandemia, mientras muchos solo bravuconeaban en televisión, yo fui de los poquísimos -me sobran dedos de una mano- que, con Mónica Frade y Rubén Manzi, viajamos a Santiago del Estero y Formosa para denunciar las violaciones a los DD.HH.", lanzó contra sus exsocios de Juntos por el Cambio. Y agregó: "Impulsé la apertura de las escuelas y el juicio político al ministro Trotta, y además presentamos amparos y rechazos a los DNU inconstitucionales que imponían prohibiciones excesivas durante el aislamiento".

Yendo a la cuestión, el legislador subrayó que "Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso". "La Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un 'tratamiento especial' para nadie: todos somos iguales ante la ley. Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", sostuvo.

"Siguiendo la doctrina de especialistas como Schinelli, Badeni, Solá, Midón y Manili, en el reglamento de la Comisión LIBRA fuimos más estrictos que en otras antecedentes: toda medida que requiera del auxilio de la fuerza pública debe contar con autorización judicial previa. Nos autolimitamos expresamente para resguardar las garantías del artículo 18 de la Constitución Nacional", aclaró.

Además, Ferraro indicó que a la hermana del presidente "no se la cita por supuestas coimas, sino por sus responsabilidades políticas en el caso LIBRA. Nunca hablé de Spagnuolo en la entrevista, pero aprovecho, no tengo la culpa si este señor tuvo más ingresos y reuniones en Olivos con Javier Milei que varios ministros del propio gabinete".

"No hay especulación ni 'timing' electoral. Si la Comisión LIBRA está trabajando ahora y no antes, es consecuencia de la decisión del Gobierno, de La Libertad Avanza y de sus aliados, que durante tres meses bloquearon la investigación", afirmó.

Finalmente, expresó que desde la CC "lo único que nos interesa es la verdad, son 25 años denunciando la corrupción y reclamando justicia, sea quien sea el gobierno de turno. No vamos a cambiar por el clima de época, por intereses electorales, por plata ni por cargos. Los hechos son sagrados. Good show".

En un momento delicado para el Gobierno, a raíz del escándalo de los audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la oposición en el Congreso activará este jueves una instancia resistida por el oficialismo durante todo el año: la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA.

Tras la resolución votada en la última sesión, la comisión se reunirá para comenzar a funcionar, con la elección de sus autoridades y un cronograma de trabajo. Está citada para las 14 en el segundo piso del Anexo "C".

Trabada desde abril pasado por el empate que se había dado entre los integrantes que promovían la investigación y el oficialismo y sus aliados que la resistían, la comisión estará activa ahora en plena campaña electoral y con las denuncias sobre la ANDIS también en agenda.

El escándalo sobre $LIBRA, que estalló en febrero con un posteo del propio presidente Javier Milei en la red social X promocionando el token que rápidamente se desplomó y afectó a miles de inversores en Argentina y el mundo, fue producto de varios reclamos de la oposición, que se tradujeron en pedidos de informes, una interpelación a Guillermo Francos -pues otros funcionarios, como Karina Milei, no asistieron- y la creación de esta comisión.

La paridad entre oposición y oficialismo provocó que la comisión no pueda designar nunca un presidente y, aparte de la primera reunión del 30 de abril, hubo dos más por emplazamiento del pleno: el 10 de junio -cuando se volvió a fracasar en la votación de autoridades- y el 25 de junio, cuando por más de 10 horas asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA a brindar testimonios.

De acuerdo a la resolución que se aprobó en la última sesión por 138 votos positivos, 91 negativos y 7 abstenciones, la comisión investigadora "designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros" y "en caso de empate para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Desde Unión por la Patria han propuesto desde un comienzo a la massista Sabrina Selva.

Por otra parte, el quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del reglamento, mientras que "la comisión tomará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que se establezca expresamente una mayoría calificada". "En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final", aclara.

En cuanto al plazo de la investigación, éste será hasta el 10 de noviembre de este año. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha -lo que ocurra primero-, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega.

En la última sesión de la Cámara de Diputados, la oposición logró aprobar un proyecto clave para la resurrección de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que volverá a funcionar, esta vez ya con autoridades al frente, a partir de este jueves. La reunión fue citada a las 14 en el segundo piso del Anexo "C".

Trabada desde abril pasado por el empate que se había dado entre los integrantes que promovían la investigación y el oficialismo y sus aliados que la resistían, la comisión estará activa ahora en plena campaña electoral y en medio de otro dolor de cabeza para La Libertad Avanza: la revelación de audios que hablan de una presunta red de coimas en la ANDIS.

El escándalo sobre $LIBRA, que estalló en febrero con un posteo del propio presidente Javier Milei en la red social X promocionando el token que rápidamente se desplomó y afectó a miles de inversores en Argentina y el mundo, fue producto de varios reclamos de la oposición, que se tradujeron en pedidos de informes, una interpelación a Guillermo Francos -pues otros funcionarios, como Karina Milei, no asistieron- y la creación de esta comisión.

La paridad entre oposición y oficialismo provocó que la comisión no pueda designar nunca un presidente y, aparte de la primera reunión del 30 de abril, hubo dos más por emplazamiento del pleno: el 10 de junio -cuando se volvió a fracasar en la votación de autoridades- y el 25 de junio, cuando por más de 10 horas asistieron periodistas, especialistas informáticos y damnificados por la operación $LIBRA a brindar testimonios.

De acuerdo a la resolución que se aprobó en la última sesión por 138 votos positivos, 91 negativos y 7 abstenciones, la comisión investigadora "designará a su presidente, vicepresidente y secretario por mayoría de votos de sus miembros" y "en caso de empate para elegir presidente, el cargo se asignará al candidato que sea respaldado por los miembros cuyos bloques parlamentarios, sumados, tengan la mayor cantidad de diputados en el pleno de la Cámara". Desde Unión por la Patria han propuesto desde un comienzo a la massista Sabrina Selva.

Por otra parte, el quórum para sesionar será el establecido en el artículo 108 del reglamento, mientras que "la comisión tomará sus decisiones por mayoría de los miembros presentes, salvo aquellas para las que se establezca expresamente una mayoría calificada". "En caso de empates, la decisión mayoritaria será la que cuente con la firma o el voto del presidente de la comisión, incluyendo la emisión y elevación del informe final", aclara.

En cuanto al plazo de la investigación, éste será hasta el 10 de noviembre de este año. "Una vez agotado el objeto de la investigación, o alcanzada dicha fecha -lo que ocurra primero-, y dentro de los 10 días corridos, deberá elevar un informe final a la Cámara de Diputados de la Nación detallando los hechos investigados y los resultados obtenidos", agrega.

Tras el cierre de listas a nivel nacional, que siempre deja "heridos" en los distintos distritos, más las alianzas que se han cerrado en algunas provincias y en otras no, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrirse este miércoles desde las 12, en una jornada clave convocada por la oposición.

La insistencia sobre cuatro leyes vetadas, los proyectos de los gobernadores sobre reparto de recursos y una iniciativa para destrabar la Comisión Investigadora del caso $LIBRA serán los principales temas de la sesión.

En caso de conseguir quórum la oposición, La Libertad Avanza y sus aliados tendrán variadas votaciones desafiantes, donde sobre todo deberán lograr construir un tercio de los presentes para blindar los vetos del presidente Javier Milei.

El pedido de sesión fue presentado la semana pasada con la firma de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre).

Teniendo en cuenta los bloques convocantes (UP, EF, DpS y CC), más la izquierda, la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados; pero ya se sabe que por estos días las matemáticas no son tan confiables en el Congreso. Aunque se espera que algunos miembros de la UCR -muy dispersa y sin fuerza en la oferta electoral- también puedan llegar a aportar, lo mismo que otros aliados que el Gobierno ha perdido en el último tiempo, como por ejemplo los tucumanos de Independencia.

Contra algunos pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, para plena campaña electoral, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la emergencia en discapacidad, el aumento a los jubilados y la restitución de la moratoria previsional. También fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ley sobre la que el Senado ya aprobó su insistencia.

Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen -por emplazamiento de comisiones- para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento para tratar tres proyectos sobre modificación del huso horario durante el período invernal.

Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos. Algunos mandatarios provinciales -en sintonía con sus alianzas electorales con LLA- ya retiraron su aval a los textos originales y sus legisladores firmaron los dictámenes del oficialismo, que presentó contrapropuestas.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora LLA ni siquiera activó en las comisiones.

Muchos pensaron que, al transcurrir el último día hábil de esta semana sin que la oposición convocara a sesionar este miércoles 20 de agosto como se venía especulando, ya no habría sesión esta semana. Pero este viernes no era feriado, sino no laborable… y el pedido de sesión llegó al caer la tarde.

Con las firmas de 35 diputados, entre ellos los jefes de bloques Germán Martínez (UP), Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y Pablo Juliano (Democracia para Siempre), la oposición pidió sesionar el miércoles 20 de agosto a las 12 para tratar sobre nueve temas, entre los que se destacan el rechazo a los últimos 4 vetos presidenciales y el proyecto que permitirá destrabar la Comisión Investigadora por la Criptomoneda $LIBRA, como así también los dos proyectos de los gobernadores. Como se ve, será una sesión para alquilar balcones, siempre y cuando la oposición logre reunir el quórum.

Teniendo en cuenta los bloques convocantes (UP, EF, DpS y CC), más la izquierda, la suma de los miembros de esas bancadas supera ampliamente el quórum, con 136 diputados; pero ya se sabe que por estos días las matemáticas no son tan confiables en el Congreso. Aunque más allá de bajas propias, también la oposición podrá contar con algunos radicales (en este pedido de sesión firmó el radical jujeño Jorge Rizzotti), y figura el cambio de huso horario que promueve otro radical, Julio Cobos, con lo que se sabe que podrían sumarse más legisladores. Se verá.

Un temario amplio y diverso

Contra todos los pronósticos que auguraban que los vetos quedarían para más adelante, la oposición va a suerte y verdad y lleva al recinto los vetos presidenciales contra la Emergencia en Discapacidad, el aumento a los jubilados y la prórroga de la moratoria previsional. Y también fue incluido el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca, ya rechazado en el Senado.

Se abordará además el proyecto que obtuvo dictamen la última semana para asegurar el funcionamiento de la Comisión $LIBRA, y habrá a continuación un nuevo emplazamiento a las comisiones para tratar tres proyectos para modificar el huso horario durante el período invernal.

Se tratarán también los dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado y que fueron pedidos por los gobernadores: el que modifica la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el que aplica cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Por último, se incluyó el tratamiento de una modificación de la Ley 24.769, de Régimen Penal Tributario, modificando la actualización de montos por el delito de evasión tributaria. Este proyecto tiene dictamen desde noviembre del año pasado, es del diputado Oscar Agost Carreño y fue reflotado por el diputado cordobés cuando el Gobierno presentó un proyecto en el mismo sentido para respaldar la iniciativa impulsada para utilizar los “dólares bajo del colchón”, que hasta ahora el oficialismo ni siquiera activó en las comisiones.

Arranca una semana que representará una continuidad de la sesión muy adversa para el oficialismo que se realizó en Diputados el miércoles pasado. Es que de las 12 derrotas consecutivas que experimentó La Libertad Avanza en el recinto ese día, cinco correspondieron a emplazamientos que se concretarán entre martes y miércoles.

Lo cual le dará entonces una centralidad especial a la actividad legislativa de los próximos dos días en la Cámara baja, infrecuente tratándose de la semana previa a un cierre de listas. Pasa que es uso y costumbre que en las semanas en que hay un feriado la actividad se resienta en el Congreso, dado que muchos legisladores del interior tienden a no viajar a Buenos Aires; pero sobre todo tratándose de una fecha clave de cara a las elecciones del 26 de octubre, los legisladores prefieren quedarse en sus distritos para estar cerca de la confección de las nóminas que se presentarán.

No es el caso entonces de lo que sucederá estos días, dado que por lo menos los diputados integrantes de seis comisiones deberán estar a disposición y en Buenos Aires este 12 y 13 de agosto.

Atendiendo la cuestión de los vuelos y para evitarse contratiempos en la materia, la primera de esas comisiones convocadas el viernes pasado tendrá lugar este martes recién a las 17. Se reunirán entonces las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la diputada del Pro Silvia Lospennato. Es la única de las convocatorias hechas el miércoles pasado que no incluyen a Presupuesto y Hacienda, y será para considerar el expediente presentado por un grupo de diputados de buena parte de la oposición, encabezados por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), a los efectos de tratar un proyecto que buscará permitir que se destrabe la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA. Esto es, que puedan ser elegidas sus autoridades y comience a trabajar.

El emplazamiento en este caso se consiguió con 135 votos a favor, 70 en contra y 6 abstenciones. El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma.

La actividad en materia de comisiones emplazadas se reanuda al día siguiente, más precisamente a las 10.30 del miércoles, con un plenario de Acción Social y Salud Pública, comisión que encabeza el tucumano Pablo Yedlin, y la de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, quien ya tiene asegurado el primer lugar al frente de la lista Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero que por lo menos estos dos días desatenderá la campaña en el principal distrito del país. La reunión será en el Anexo C, segundo piso, y allí se analizará el proyecto que crea el Régimen de Promoción de la Salud Cerebral. Este proyecto impulsado por el diputado Facundo Manes cuenta ya con dictamen de la Comisión de Salud, y atiende la situación mental de aquellas personas que padecen la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. A través del mismo se establece la creación de un "Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (PLEA)", orientado fundamentalmente a la prevención, la investigación básica y aplicada, la detección temprana, la atención, tratamiento y cuidados adecuados de las personas con estas patologías, así como la asistencia y orientación de los familiares convivientes y cuidadores de dichas personas.

Luego a las 12 del miércoles, se reunirá la Comisión de Presupuesto y Hacienda solamente para cumplir con el emplazamiento correspondiente a la modificación de la Ley 11.672, complementaria permanente de Presupuesto, que es una de las iniciativas impulsadas por los gobernadores y en este caso tiene que ver con el reparto de ATN.

A las 14, será el turno de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que encabeza Daniel Gollán (UP) y la de Presupuesto, a fin de tratar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector científico. Se trata de un tema que tiene dictamen de la primera comisión citada desde hace más de un año.

Finalmente a las 16, se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Energía y Combustibles, que preside la libertaria rionegrina Lorena Villaverde, a fin de tratar una iniciativa referida al impuesto a los combustibles, que establece la eliminación de cinco fideicomisos y fondos nacionales, al tiempo que indica que “los recursos asignados a estos fideicomisos y fondos nacionales, excepto los previstos en el Impuesto a los Combustibles Líquidos -Ley 23.966-, a partir de la vigencia de la presente ley serán distribuidos” de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Ley de Coparticipación Federal.

Como se ve, hay un cronograma muy apretado de reuniones, por lo que deberán extremar recaudos para atenerse a los tiempos. Esto es, será conveniente, al menos para la oposición, ceñirse a emitir dictámenes, cuestión de dejar los temas habilitados para una próxima sesión, probablemente para la semana venidera.

En un comunicado conjunto, los catorce diputados opositores que integran la Comisión Especial Investigadora sobre el criptoactivo $LIBRA reafirmaron que el cuerpo parlamentario “no está caído ni extinguido”, y denunciaron un “bloqueo sistemático” por parte del oficialismo y sus aliados para impedir su funcionamiento.

La comisión fue creada con el objetivo de investigar la posible participación de funcionarios del Gobierno nacional en la promoción y desarrollo del criptoactivo $LIBRA, que habría afectado a miles de personas en todo el mundo. Sin embargo, los legisladores opositores aseguran que desde su conformación, el oficialismo ha obstaculizado su puesta en marcha, evitando la designación de autoridades, bloqueando convocatorias y frenando cualquier intento de avanzar en la agenda investigativa.

“Pretender dar por concluida una comisión que nunca fue habilitada a trabajar representa una burla institucional y un acto de encubrimiento frente a hechos gravísimos que comprometen al propio presidente de la Nación”, afirmaron los firmantes.

Durante los tres meses de vigencia, la comisión solo logró reunirse en tres ocasiones, y apenas una de ellas fue informativa, con la participación de especialistas, periodistas y damnificados. Ningún funcionario implicado asistió a declarar, a pesar de haber sido convocado.

Los diputados remarcaron que el mandato de la comisión sigue vigente y que el deber de investigar “no prescribe”. Además, advirtieron que insistirán en el recinto para destrabar su funcionamiento y retomar el trabajo que la sociedad reclama.

El comunicado fue firmado por Oscar Agost Carreño, Fernando Carbajal, Pablo Carro, Christian Castillo, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Carolina Gaillard, Itaí Hagman, Juan Marino, Nicolás Massot, Sabrina Selva, Julia Strada, Rodolfo Tailhade y Danya Tavela.

Luego de una larga jornada en la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, la diputada nacional Sabrina Selva (Unión por la Patria) consideró que "cada vez hay más hechos que hacen a la necesidad de que la investigación en el Congreso avance, más allá de la de la Justicia".

"Cada vez hay más contradicciones, no sólo con las declaraciones de algunos especialistas, sino también incluso con muchas declaraciones que fue teniendo muy contradictorias el presidente de la Nación, Javier Milei", señaló en relación a la promoción que hizo el mandatario el pasado 14 de febrero sobre un token que subió rápidamente y luego se desplomó, situación por la que se investiga una estafa tanto en la justicia nacional como en Estados Unidos.

En declaraciones a Radio 10, la legisladora enfatizó que "nadie explica hasta ahora quién le dio la información a Milei en torno al proyecto o el número de contrato, que Milei fue el primero en promover en el mundo".

"Lo que llama la atención muchísimo es que al día de hoy nadie explica los chats que filtraron de Hayden Davis, donde él aseveraba que le había dado dinero a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que Milei hiciera ese tuit", apuntó.

En ese sentido, Selva resaltó "el vínculo previo de Davis con Milei", que recibió en Casa Rosada al empresario detrás del lanzamiento de $LIBRA. "Hay un montón de indicios que se van ordenando cronológicamente en el tiempo, pero hasta acá no lo han podido explicar", insistió.

"Lo más complicado es que Milei es denunciado y no denunciante de Davis", dijo Selva, quien había sido propuesta desde el sector de la oposición para presidir la comisión, pero no se logró debido al empate entre quienes impulsan la investigación y el oficialismo con sus aliados. Sin poder designarse autoridades, las últimas dos reuniones de comisión estuvieron dirigidas por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

La diputada rechazó además que desde el Gobierno "se construyó un relato diciendo que él (por Milei) solo difundió la información, pero no explicaron dónde la encontró, quién se la pasó, de qué se trataba el proyecto, financiar PyMEs para qué".

Ante un nuevo empate en la Comisión de la Criptomoneda $LIBRA, diputados de la oposición que impulsan la investigación presentaron un proyecto para modificar la resolución por la cual se creó ese cuerpo, con la intención de destrabar la elección de autoridades y darle un voto clave a quien resulte presidente.

Encabezados por el cívico Maximiliano Ferraro, los legisladores plantean que se designe titular de la comisión "al miembro respaldado por los bloques que representen la mayor cantidad de diputadas y diputados en el pleno". "Esta regla evita la parálisis sin introducir privilegios arbitrarios, respetando el principio elemental de representatividad democrática y parlamentaria: si el cuerpo, por mayoría, decidió avanzar con esta investigación, la comisión debe reflejar esa voluntad en sus autoridades", plantearon.

En cuanto al quórum, se busca que la comisión funcione de acuerdo al artículo 108 y adopte "decisiones por mayoría de los presentes, salvo que se exija una mayoría especial". "En caso de empates, la decisión adoptada será la que cuente con el voto o la firma del presidente de la comisión", se aclara, dándole así una facultad clave al titular.

Finalmente, otro de los artículos establece que "el plazo máximo de funcionamiento" de la comisión, que se fijó en tres meses, contará "a partir de la designación de las autoridades y la fijación de los días y horarios de reunión, buscando garantizar que el tiempo perdido no impida cumplir con el objeto de la investigación". A propósito de esto, la primera reunión para constituir la comisión fue el pasado 30 de abril. Desde el sector del oficialismo y sus aliados plantean que la comisión "ya está funcionando", por eso en la oposición quieren dejar en claro los tiempos.

"Desde la aprobación de la resolución de esta Honorable Cámara que dispuso la creación de la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda denominada "$LIBRA, el oficialismo ha desplegado una estrategia sistemática y deliberada para impedir que dicha comisión cumpla con su objeto: investigar las responsabilidades políticas del presidente Javier Milei, la secretaria General, Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y otros funcionarios", enfatizaron en los fundamentos.

📣 Hay que destrabar ya la Comisión Investigadora sobre $LIBRA.

Hace 40 días que el oficialismo y sus aliados hacen todo lo posible para bloquearla: manipularon la integración, forzaron un empate en la designación de autoridades, vaciaron la comisión e impidieron que se… pic.twitter.com/FJcrqaWEvY

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 12, 2025

Los diputados firmantes -integrantes de dicha comisión- denunciaron que "lejos de facilitar el cumplimiento de ese mandato, el oficialismo se ha dedicado a obstaculizar y obstruir el funcionamiento efectivo de la comisión".

"La primera maniobra consistió en alterar su integración mediante el uso abusivo de la cláusula de proporcionalidad establecida en el artículo 3° de la resolución original. Para ello, se crearon interbloques y se fraccionaron bloques existentes con el fin exclusivo de sumar miembros afines al oficialismo y así igualar en número a quienes impulsamos la investigación", recordaron.

El empate 14 a 14 producido el 30 de abril se repitió este pasado 10 de junio, cuando la comisión estuvo coordinada por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, y los bloques propusieron la lista de citados para el próximo 25 de junio, entre ellos los hermanos Milei. Sin embargo, nuevamente no se pudieron designar a las autoridades y reinó una incertidumbre sobre el éxito que puedan tener acciones futuras. Además, otros opositores, como el radical díscolo Fernando Carbajal y la cívica Mónica Frade se plegaron a la idea de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de activar la cuestión mediante la Comisión de Juicio Político, en un "limbo" por un conflicto interno de La Libertad Avanza.

Ahora, a través de este proyecto, los bloques de UP, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, y la CC buscan una nueva salida alternativa para que funcione la investigadora.

"Este escenario no puede naturalizarse y no podemos permitir que una decisión adoptada por mayoría en el recinto sea desvirtuada por prácticas obstructivas que degradan el funcionamiento del sistema democrático", dijeron.

En el cierre de los argumentos expresaron que "la Cámara de Diputados debe realizar una investigación seria sobre el caso. Y para ello, necesita una Comisión Investigadora que, con legitimidad y un marco reglamentario sólido, pueda llevar adelante su tarea sin obstáculos ni bloqueos por parte del oficialismo, en defensa del buen funcionamiento republicano, la transparencia, la integridad pública y, sobre todo, el derecho de los ciudadanos a saber la verdad".

El proyecto de resolución lleva las firmas de Ferraro (CC), Oscar Agost Carreño (EF), Danya Tavela (DpS), Sabrina Selva (UP), Mónica Frade (CC), Paula Penacca (UP), Nicolás Massot (EF), Pablo Carro (UP), Fernando Carbajal (DpS), Carolina Gaillard (UP), Carla Carrizo (DpS) y Julia Strada (UP).

En el mismo momento que se anunciaba el histórico fallo de la Corte Suprema de la Nación contra Cristina Kirchner y la ratificación de su condena a seis años, la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA se reunía este martes, sin alcanzar una vez más consenso para designar sus autoridades. No obstante, sí funcionaron esta vez como comisión y los miembros de la oposición pidieron citar al presidente Javier Milei, a Karina Milei y a Hayden Davis, entre otros nombres.

La reunión estuvo marcada por los cruces que se dieron entre el flanco opositor y el flanco del oficialismo con sus aliados. Luego de no llegar a un acuerdo y acusar a La Libertad Avanza de querer “obstaculizar" el funcionamiento de la comisión, el diputado formoseño Fernando Carbajal de Democracia para Siempre anunció su adhesión al pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, también confirmó su apoyo en avanzar con la investigación por medio del proceso político.

El segundo encuentro de la comisión creada para investigar en profundidad qué ocurrió el 14 de febrero cuando Javier Milei difundió la criptomoneda $LIBRA que luego perdió su valor y mantiene procesos judiciales a nivel nacional e internacional, se dio mientras se conocía la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte del máximo tribunal de justicia. Fue la diputada bullrichista Silvana Giudici quien a los pocos segundos del fallo deslizó con una sonrisa plena: “La justicia llega, así pasen 16 años y 17 jueces”.

Minutos antes de la cita en el Anexo del Palacio Legislativo, hubo dudas respecto de la presencia de los seis integrantes de Unión por la Patria, quienes estaban presentes en la sede del PJ Nacional, a pocas cuadras del Congreso de la Nación. Finalmente, asistieron e insistieron con la moción para que Sabrina Selva quedara a cargo de la comisión, lo que resultó, nuevamente, en empate contra la propuesta del oficialismo para que sea Gabriel Bornoroni.

Ante la falta de acuerdos por la designación de las autoridades, la reunión fue coordinada por el secretario parlamentario Adrián Pagán, quien, tras el empate en 14 votos, dio el lugar para que se tratara la moción de Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal para que los miembros del oficialismo y los aliados elijan al presidente dentro del flanco opositor, argumentando que “debía ser autoridad alguien que estuvo de acuerdo en la creación de esta comisión”.

Ante la ausencia de acuerdos, el secretario parlamentario Adrián Pagán coordinó el encuentro.

Esta propuesta fue avalada por Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, quien no integra la comisión, pero remarcó que la misma “debe ser presidida por un diputado que tenga clara conciencia de investigar y no de obstaculizar”. Luego, reafirmó la moción por Selva (que no prosperó) y afirmó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra Cristina Kirchner “es un papelón”.

Ya con el empate consumado y la negativa del oficialismo de avanzar con la moción de Agost Carreño, Carbajal se cruzó con su excompañera de bloque, la radical Soledad Carrizo, y llamó al flanco de La Libertad Avanza y los aliados de ser “el bloque de la impunidad”. Molesto por no avanzar con la presidencia de la comisión, afirmó que “vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”. Esto, también, fue avalado por la Coalición Cívica.

Cabe recordar que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sigue sin tener resueltas sus autoridades (como la Investigadora de $LIBRA), tras lo ocurrido en abril de 2024 cuando se desactivó la reunión constitutiva que iba a fijar en el cargo la diputada oficialista Marcela Pagano. La propia legisladora viene alzando la voz con ese reclamo y se prevé que la oposición podría acompañarla si se pusiera a consideración en el recinto.

En el final de esta segunda reunión, el Frente de Izquierda pidió citar a Javier Milei y a Hayden Davis; Unión por la Patria a Karina Milei; la Coalición Cívica pidió a Mauricio Novelli; y Democracia para Siempre solicitó convocar a Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción, a María Florencia Zicavo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia y a Gerardo Pisarello Prados diputado español.

Desde el otro lado, el Pro pidió convocar a Alejandro Fargosi, y La Libertad Avanza presentará a sus invitados por escrito antes de las 20 de este martes. Tal como se resolvió en el recinto la semana pasada, la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA se volverá a reunir el próximo miércoles 25 de junio en carácter informativo.

Tras el fracaso con el quórum el pasado miércoles, los bloques de la oposición que impulsan una agenda de temas resistidos por el oficialismo volverán a intentar una convocatoria en el recinto de Diputados para la primera semana de junio.

Caída la reunión que había sido pedida para tratar la cuestión de la Comisión Investigadora por $LIBRA, los proyectos sobre jubilados, la designación de auditores en la AGN y la emergencia por inundaciones, los líderes de las bancadas alineadas en el último tiempo en la Cámara baja conversaron sobre la chance de llamar a una sesión para el próximo 4 de junio.

Previo a que se frustraran los planes para este pasado 21 de mayo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica habían solicitado para el 29 de mayo a las 11 una sesión para tratar la emergencia en discapacidad. Finalmente, esta cuestión se sumaría al temario que ahora quedó sin poder tratarse y todo pasaría para dos semanas adelante.

A diferencia de la anterior convocatoria, la que se piensa para la primera semana de junio no incluiría un tema que despertó controversias a último momento: la elección del camporista Juan Ignacio Forlón y el legislador de Encuentro Federal Emilio Monzó como auditores por la Cámara de Diputados.

La incorporación de este punto al temario de la sesión fue lo que provocó que el pedido a la misma no sea acompañado por el bloque de los "lilitos", quienes no acompañan la designación de Monzó y apoyan, en cambio, al radical Mario Negri -que contaba con chances el año pasado, pero en esta oportunidad la UCR corre de atrás-.

Durante las expresiones en minoría, el diputado Nicolás Massot -tándem de Monzó- le pidió al titular del Cuerpo, Martín Menem, que convoque a los presidentes de bloques y se encuentre una solución en acuerdo político. Horas antes, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialismo impulsó el inicio de un debate sobre una nueva Ley Orgánica de la AGN, en base a un proyecto de Menem, que fue la reacción primaria desde La Libertad Avanza a la intención que tenía la oposición en la sesión.

Algunos de los impulsores de la agenda que incomoda al Gobierno admitieron que se pasaron de "golosos" en querer sumar cuestiones. "Si podés meter dos o tres goles, ¿para qué queres ganar por goleada?", graficó un diputado que participa de las negociaciones de la nueva coalición opositora.

En caso de haberse concretado, el tema que aparecía como más empantanoso tenía que ver con resolver la designación de las autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, que quedó empatada en 14 a 14. Se preveía una discusión reglamentaria extensa pero, además, fuertes reclamos porque no había sido incluida al temario por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán.

Desde uno de los bloques que pujan con fuerza para que el tema $LIBRA no caiga, afirman que la cuestión "sigue atemorizado al Gobierno". "Nunca antes visto que no incorporen un tema que se pide al temario", reprochó un diputado opositor, que criticó que en el oficialismo creen que la victoria en las elecciones porteñas le otorgó "un cheque en blanco" para hacer lo que quieran.

Ahora, la oposición tendrá dos semanas más para terminar de fortalecer su propuesta sobre la presidencia que tendrá esa comisión -si logran efectivamente sortear una resolución en el recinto-, dado que el escenario tampoco aparecía allanado para este miércoles que pasó. Aunque en los planes aparecía la massista Sabrina Selva, desde Democracia para Siempre surgió la propuesta de que la presida el formoseño Fernando Carbajal, exjuez.

Por otra parte, en la previa de la sesión que no fue, el tema previsional, sobre el que hay 11 dictámenes, era considerado -sin embargo- como uno de los más "fáciles" a resolver, según confió a parlamentario.com uno de los diputados convocantes.

La oposición tiene posiciones cercanas a acordar un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y un incremento al bono dentro del dictamen de Unión por la Patria. Mientras que, no contando con los votos para extender la moratoria previsional -como quieren UP y la izquierda-, se avanzaría en un consenso sobre una prestación proporcional por años aportados en base al dictamen de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

A poco de la estruendosa victoria oficialista del domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza derrotó al peronismo y duplicó en votos al Pro, el recinto de la Cámara baja se apresta a abrir sus puertas este miércoles con presagio de tormentas fuertes. Será a partir del mediodía y mientras la oposición más dura intentará abordar el postergado tema de la cuestión previsional, como así también resolver cuestiones pendientes como la integración de la AGN y desenrollar el ovillo en el que se ha convertido la comisión investigadora del caso $LIBRA, el oficialismo espera encontrar una solución más simple: que la sesión se caiga.

Para este último objetivo es que las autoridades del oficialismo buscaron intensamente los últimos días asegurar las ausencias necesarias para que la sesión no tenga quórum, con lo cual -en caso de suceder lo que buscan- podrán ganar tiempo y, sobre todo, evitar que la oposición consiga combinar todas las batallas que pretende emprender en una misma sesión.

La posibilidad de que el oficialismo se salga con la suya es alta, dado que todos los cálculos hablan de un “quórum justo”. Así se llega a este miércoles luego de una fuerte presión de parte del oficialismo para desactivar la reunión, aunque los impulsores de la misma mantienen las esperanzas de poder concretarla.

El temario sufrió este martes diversas alteraciones. Inicialmente los opositores que pidieron la sesión incluyeron los proyectos sobre jubilaciones.

Se trata de once dictámenes, que contemplan despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23 de marzo pasado, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento. Sobre el primer eje, varios bloques dialoguistas -incluido una parte del Pro- prefieren crear una prestación proporcional por años aportados.

Otro ítem de ese temario original es la declaración de emergencia y zona de desastre para 16 localidades de la provincia de Buenos Aires afectadas por las inundaciones del último temporal. Ninguno de los textos cuenta con dictamen, por lo cual requerirán dos tercios de los votos para habilitarse.

Posteriormente la oposición amplió el temario incluyendo el tratamiento de la designación de autoridades de la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $LIBRA, cuestión por la que se espera una larga discusión reglamentaria; y la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para dos de las tres vacantes pendientes desde el año pasado. Se trata de Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Emilio Monzó.

El orden de tratamiento de los temas arrancaría con la comisión especial; seguiría con los jubilados, luego la elección de auditores y finalmente la emergencia por el temporal.

En efecto, la polémica arrancaría desde el vamos, pues oficialmente no se incluyó la cuestión $LIBRA en el temario: ese es el tema en el que las autoridades de la Cámara se mostrarán más firmes: no quieren saber nada de aceptar debatir este tema.

Desde el oficialismo acusan a la oposición de hacer un “enchastre” con el temario e “intentar dar un golpe político rápido al Gobierno después del triunfo electoral” en la Ciudad. Así las cosas, hablan de una “sesión inviable en términos parlamentarios”.

“Con la comisión ($LIBRA) están fuera de reglamento. Se necesita un dictamen nuevo. No se pueden votar conformaciones de comisiones por mociones”, sostienen desde el seno de la Presidencia de la Cámara respecto de lo que la oposición propondrá, anticipando una gran discusión en el tramo inicial de la sesión de este miércoles. Mientras el oficialismo insistirá en que para tratar ese tema la oposición necesita dos tercios, desde la oposición argumentan que están preparados para rebatir ese argumento.

Una fuente oficialista aseguró que “estamos tratando de que haya cordura”. Probablemente se refiriera a las conversaciones que el presidente de la Cámara mantuvo este martes con diversos sectores en la búsqueda de desactivar la sesión.

La discusión en torno a la Auditoría General de la Nación viene con un aditamento, que es el proyecto presentado por el mismísimo Martín Menem para modificar el sistema de elección de auditores. Ante la certeza de que la oposición trataría de forzar en la primera reunión que haya la elección de al menos dos miembros de la Auditoría, el presidente de la Cámara elaboró prestamente su proyecto y convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratarlo este miércoles a las 9.30.

Molesto por la jugada, un diputado opositor expresó: “Es lo que hace el oficialismo, lo acorralás con un tema y aparecen estas cosas raras. Es un proyecto que no soluciona nada”.

Quórum en veremos

Como dijimos, el oficialismo apuesta un pleno a que la sesión se caiga, y por cierto que los números están muy ajustados. Se sabe que Unión por la Patria va a contar con 93 de sus 98 miembros.

Encuentro Federal no estará en su totalidad. La lupa sobre los posibles ausentes está en los cordobeses. Recordemos que Córdoba cerró acuerdo con Nación en la Corte por las cajas previsionales. Sin embargo, la diputada Alejandra Torres tiene un dictamen sobre la cuestión previsional, así que se verá si se sienta o no en su banca temprano.

Otro de los bloques “duros”, Democracia para Siempre, tiene un ausente, y se duda sobre la presencia de Melina Giorgi (muy cercana a su gobernador Maximiliano Pullaro) y Marcela Antola (referenciada en Rogelio Frigerio).

Las ausencias podrían no limitarse a las presiones oficiales. Vilma Ripoll, del FIT, fue internada la noche del lunes.

Entre los que garantizan presencia plena hay que sumar a la Coalición Cívica, aunque no está de acuerdo en el tema AGN: siguen bancando al radical Mario Negri para ese organismo de contralor, no así a Emilio Monzó.

“A los que siempre fueron aliados (del Gobierno) no los estamos contando entre los posibles” para dar quórum, dicen los opositores. Y admiten que la presencia de algunos radicales quizás ahora tambalee por lo de AGN. Aunque no descartan “sorpresas”.

La cuestión previsional

En este contexto, la discusión por los proyectos que tienen que ver con las jubilaciones ahora se ha convertido en “lo más sencillo” de la sesión, tal es el grado de complejidad del resto de los temas.

Según trascendió, el punto de acuerdo estaría en consensuar sobre el tema aumento y bono dentro del dictamen de Unión por la Patria. Mientras que sobre prestación proporcional por años aportados se tomaría como base el dictamen de Encuentro Federal y Democracia para Siempre.

La cuestión previsional figura en primer lugar del temario previsto para este miércoles intenso y lleno de interrogantes.

Confirmada la convocatoria de la reunión constitutiva de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, a realizarse este miércoles 23 de abril a las 10 de la mañana, nada indica que esa reunión vaya a tener un trámite apacible.

La comisión ha sido convocada para nombrar sus autoridades, cosa en la que radica el primero de los problemas que se presentarán, ya que a priori la comisión está dividida exactamente en dos mitades: 14 diputados a favor del oficialismo y otros tanto en contra.

En el primer sector podemos considerar a los 4 diputados de La Libertad Avanza + CREO (Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz y Paula Omodeo); los 4 del Pro + MID (Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra y Oscar Zago); los 2 del bloque UCR, (Soledad Carrizo y Lisandro Nieri); los 2 de Liga del Interior (Pablo Cervi y Francisco Monti), y los 2 de Innovación Federal (Agustín Domingo y Yolanda Vega).

En la vereda de enfrente están estos 14 diputados: los 6 de Unión por la Patria (Pablo Carro, Carolina Gaillard, Itai Hagman, Juan Marino, Sabrina Selva y Rodolfo Tailhade); los 2 de Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño y Nicolás Massot); los 2 de Democracia para Siempre (Fernando Carbajal y Danya Tavela); los 2 de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), y los 2 del Frente de Izquierda + Nacional y Popular (Christian Castillo y Julia Strada).

A priori, resulta complejo imaginar un nombre de consenso que pueda romper la paridad que se plantea entre ambos sectores. Lo encontraron recientemente para conformar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, cuando luego de que se empantanara la votación de un presidente al empatar las propuestas del senador Juan Carlos Pagotto y el diputado Nicolás Massot, surgió la alternativa sugerida por Francisco Paoltroni para encumbrar a Oscar Zago. Acá también está el diputado del MID, pero en este caso no aparece como prenda de unidad, ni siquiera para inclinar la balanza de un lado u otro.

Pero habrá otras discusiones antes de llegar a la reunión del martes. Desde Democracia para Siempre insistirán con rever la conformación de la comisión. El diputado formoseño Fernando Carbajal retomará el planteo de sus pares de Encuentro Federal Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño para volver a la conformación original de 24 integrantes. Esto es, antes de que se desatara una fiebre de creación de interbloques y fracturas de bancadas que terminaron elevando el número a 28. Para argumentar ese reclamo se hará referencia al fallo de la Corte Suprema de diciembre de 2023 a favor de Luis Juez por el Consejo de la Magistratura.

Como sea, nadie imagina que el presidente de la Cámara, Martín Menem vaya a dar marcha atrás con la conformación que habilitó el martes pasado, cuando se difundió la resolución 222/25 por la cual se designaron a los 28 integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

Tampoco se espera que vaya a tener mejor suerte el reclamo elevado por la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva porque Menem dio tiempo extra a Innovación Federal para mandar sus integrantes. En rigor, el tiempo para presentar nombres vencía el viernes 11 a las 20, y ese día el bloque que conduce la salteña Pamela Calletti solo hizo reserva de dos lugares que terminó completando recién el lunes siguiente.

En la nota que mandó Selva al presidente de la Cámara le recuerda que en el artículo 11 de la resolución aprobada por el cuerpo figura la citada fecha de vencimiento para que los bloques enviaran sus propuestas, por lo que reclamó que Menem se abstuviera de aceptar la reserva de lugares pues eso “excede la competencia que el cuerpo le ha otorgado”. Señala Selva que “tanto los bloques como la presidencia de esta Cámara deben obrar en el marco de lo resuelto por el cuerpo. Así es que solo deben considerarse válidas las nominaciones, con nombre y apellido, presentadas hasta el 11 de abril inclusive”.

En este contexto, volvió a tomar cuerpo la posibilidad de ir al recinto este martes 22, día de las interpelaciones a funcionarios, para tratar de imponer el criterio de volver a la conformación original de una comisión de 24. Para eso, necesitarían tener quórum y se basan en que la resolución que permitió crear la comisión investigadora tuvo 128 votos. Y eso que les faltaron los 4 cordobeses alineados con su gobernador, cuatro kirchneristas duros y Vilma Ripoll. Se verá si, antes de la sesión para interpelar, logran forzar una sesión para tratar la revisión de la comisión investigadora. Durante este fin de semana largo se verá si hay plafón para tal fin.