La diputada nacional de Unión por la Patria y extitular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, expresó su repudio a los despidos dispuestos en el organismo y advertir sobre la situación que atraviesa el sistema nuclear argentino. La iniciativa también cuestiona la presencia de Gendarmería durante la jornada en que se concretaron las desvinculaciones.
La diputada nacional Adriana Serquis (Unión por la Patria) presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados exprese su repudio a los despidos ordenados por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el pasado 30 de junio, que afectaron a trabajadores contratados con funciones profesionales, técnicas y administrativas en distintos centros atómicos del país.
En la iniciativa, la legisladora sostiene que las desvinculaciones se produjeron en un contexto en el que la CNEA ya cuenta con una dotación de personal inferior a la considerada necesaria para garantizar servicios vinculados a la energía nuclear, la producción de insumos para la salud y otras aplicaciones tecnológicas y productivas.
El proyecto también repudia la utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional dentro del organismo durante la jornada de los despidos. Según Serquis, la presencia de la fuerza federal tuvo como objetivo custodiar a las autoridades de la CNEA mientras trabajadores reclamaban por la continuidad de sus puestos laborales.
En los fundamentos, la ex presidenta de la CNEA cuestiona la política del gobierno nacional hacia el sector científico y tecnológico y afirma que existe un proceso de “desmantelamiento de capacidades y funciones públicas”. En ese marco, cita datos de un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), según los cuales el presupuesto de la CNEA se redujo un 45,4% en los últimos tres años, mientras que la masa salarial cayó 42,5% desde 2023.
Adriana Serquis alertó sobre un proceso de “desmantelamiento de capacidades y funciones públicas”.
La diputada también señala que el empleo en la CNEA se redujo en 494 puestos desde 2023 y que el conjunto del sector nuclear perdió 808 empleos en ese período, considerando además las empresas vinculadas al área.
Serquis sostiene que la situación es especialmente preocupante debido al carácter estratégico de las actividades desarrolladas por el organismo. En ese sentido, remarca que la reducción de personal afecta áreas vinculadas al funcionamiento de centrales nucleares, la producción de radioisótopos para tratamientos médicos, el enriquecimiento de uranio y distintos desarrollos tecnológicos e industriales.
Asimismo, la legisladora afirma que la plantilla del organismo ya se encontraba por debajo de los niveles mínimos establecidos en parámetros de modernización estatal. Según expone en el proyecto, en abril de 2026 la CNEA contaba con 3.580 trabajadores, frente a un piso de 4.038 empleados considerado necesario, y a fines de junio se resolvió no renovar al menos 62 contratos.
Finalmente, Serquis vinculó estas decisiones con una presunta estrategia de privatización de actividades de alto valor agregado desarrolladas históricamente por el Estado y convocó a reunir apoyos parlamentarios para revertir la situación.
Un consorcio liderado por Saesa y Spark propone invertir más de US$120 millones para poner en marcha la PIAP de Neuquén y exportar a mercados en expansión. El proyecto busca capitalizar el gas de Vaca Muerta y responder a un déficit global del insumo.
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito, paralizada desde 2017, quedó ante una ventana concreta de reactivación. Las firmas Saesa y Spark presentaron el 19 de mayo una iniciativa privada ante la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para volver a poner en marcha el complejo, con un objetivo claro: transformar el gas de Vaca Muerta en un producto de alto valor agregado destinado a la exportación.
La localización resulta clave. El gas natural y la energía explican la mayor parte de los costos de producción de agua pesada, por lo que la cercanía con el desarrollo no convencional neuquino le otorga a la PIAP una ventaja competitiva decisiva. El complejo, además, es el más grande del mundo en su tipo y el único en el hemisferio sur.
El plan, revelado por el presidente de Saesa, Juan Bosch, demanda una inversión superior a los 120 millones de dólares. Los fondos se destinarán a modernizar una instalación que no registra actualizaciones de peso desde su inauguración en 1993. Según los impulsores, el esquema de financiamiento ya está estructurado y cuenta con compromisos firmes.
La ingeniería y rehabilitación quedarán a cargo de Spark. El cronograma prevé una revisión técnica inicial de entre seis y ocho semanas para establecer la línea de base ambiental y operativa. A partir de ese diagnóstico se definirán las inversiones necesarias para recuperar la plena capacidad de producción.
El consorcio proyecta reactivar dos líneas productivas en un plazo máximo de 36 meses, con el objetivo de adelantar la puesta en marcha de la primera para ingresar lo antes posible al mercado internacional.
La iniciativa descarta de plano un proceso de privatización. La planta seguirá siendo propiedad del Estado nacional, mientras que el consorcio buscará acceder, mediante una licitación, a una concesión exclusiva para operarla y comercializar la producción en el exterior.
En caso de que la CNEA apruebe la propuesta, el Gobierno deberá convocar a una compulsa nacional e internacional. En ese esquema, Saesa aportaría el respaldo financiero y comercial: garantizaría el suministro de gas natural y canalizaría la venta del producto a clientes globales.
El contexto internacional aparece como un factor favorable. El mercado registra un déficit sostenido de agua pesada y una demanda en expansión más allá de su uso tradicional en la industria nuclear. Sectores de alto crecimiento, como la salud y la tecnología, incrementan su consumo para la producción de medicamentos, la calibración de equipos de resonancia magnética y el desarrollo de semiconductores y microchips, insumos estratégicos en la economía digital.
Según Bosch, ese escenario ya se tradujo en la firma de memorandos de entendimiento (MOU) con potenciales compradores, que presionan por acelerar los tiempos de producción. Con la PIAP operativa, Argentina podría ubicarse entre los cinco principales proveedores globales y fortalecer su balanza energética.
El impacto también se proyecta a nivel regional. La reactivación implicaría la creación de alrededor de 200 empleos calificados y el pasaje del personal actual desde tareas de mantenimiento a actividades productivas.
Sin embargo, el proyecto no está exento de riesgos. Los ejecutivos identifican dos obstáculos principales: por un lado, el escepticismo local frente a iniciativas de gran escala; por otro, la burocracia estatal. Las demoras en los procesos administrativos podrían profundizar el deterioro de los equipos y complicar los plazos previstos.
En ese marco, la velocidad de respuesta del Estado aparece como una variable crítica para definir el futuro de una iniciativa que busca articular el potencial energético de Vaca Muerta con la demanda global de insumos tecnológicos.