Diputados de Unión por la Patria impulsaron una declaración que rechaza las modificaciones introducidas por el Ministerio de Salud al funcionamiento de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, al considerar que afectan su autonomía técnica y debilitan la calidad de las políticas de vacunación.
El bloque de Unión por la Patria presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de declaración en el que expresa su “más enérgico repudio” a la Resolución 3344/2025 del Ministerio de Salud, que modifica el Reglamento de Funcionamiento y Composición de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn). Los legisladores advierten que los cambios “debilitan el carácter técnico, independiente, plural y federal” del organismo asesor, con potencial impacto negativo en las políticas públicas de inmunización.
La iniciativa impulsada por Pablo Yedlin, lleva también las firmas de Germán Martínez, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Cecilia Moreau, Andrea Freites, Victoria Tolosa Paz, Ana María Ianni y Carlos Castagneto, e insta además al Poder Ejecutivo a dejar sin efecto la resolución y a restituir el funcionamiento histórico de la CoNaIn.
La CoNaIn, creada en 2000 y reconocida por la Ley 27.491 como órgano clave en el diseño de políticas de vacunación, ha sido durante más de dos décadas un espacio de consulta técnica multidisciplinario, independiente y de reconocido prestigio. El proyecto subraya que sus recomendaciones han sido fundamentales para la incorporación de nuevas vacunas, el fortalecimiento del Calendario Nacional y la respuesta a brotes y desafíos post‑pandemia.
Según los fundamentos, las modificaciones impulsadas por el Ministerio concentran la toma de decisiones en la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI), reducen la pluralidad del núcleo científico, eliminan la participación estable de organismos como ANMAT y OPS, y limitan la presencia federal y de sociedades científicas. También cuestionan que los expertos pasen a ser convocados únicamente como “miembros ad hoc”, lo que —sostienen— resta transparencia y autonomía al organismo.
Para UP, estos cambios representan “un retroceso institucional” y deterioran la calidad técnica de las decisiones en un contexto sanitario marcado por la caída de coberturas de vacunación y la reemergencia de enfermedades prevenibles.