El diputado de izquierda planteó que la designación de José Luis Espert como titular de la Comisión de Presupuesto “es totalmente irregular”. Además, sostuvo que “por la cantidad de temas que tiene la ley ómnibus debería pasar por 23 comisiones y no por 4”.
Luego de protagonizar un fuerte cruce con José Luis Espert tras ser ungido titular de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), denunció que lo “ponen para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus”, y señaló que la designación “es totalmente irregular”.
En diálogo por la AM 990, el diputado de izquierda expresó: “Parece una monarquía. Él es cuestionado por ser parte de un monobloque y tendría que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuesto y puedan darle la presidencia”.
“Nosotros hicimos el cuestionamiento porque el viene de hace semanas de pedir cárcel o bala para Myriam Bregman y Nicolás del Caño y fuñimos más de 30 diputados que presentamos y firmamos una declaración de repudio a las expresiones de Espert que, lejos de haberse retractado, cada vez que va a un canal de televisión reafirma lo que dice y trata de delincuente a todos los diputados que no piensan como él y dice que hay que meterles bala de plomo, de goma, taser o gas pimienta si cortan una calle. Incita a las fuerzas de seguridad a ejercer la violencia física sobre adversarios políticos y a gente paraestatal. Es algo grave más en un país donde hubo un atentado contra la exvicepresidenta”, explayo en su denuncia.
Castillo explicó: “Como miembro de la comisión quería impugnar la propuesta de Espert a la presidencia y como esto iba a ser apoyado por otros diputados hicieron una suerte de no votación porque no se contaron los votos, no se hizo el procedimiento y de ahí Espert le negó la palabra a cualquiera nadie pudo hablar, esto es una barbaridad, es totalmente irregular porque a ningún diputado se le puede negar la palabra en comisión y vamos a cuestionar ese lugar de Espert que ellos ven como legítimo el trámite”.
Para el legislador “lo ponen para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus que es un capítulo de terror de esta obra que empezó hace 25 días Javier Milei en el gobierno que tiene la devaluación en primer acto, el DNU en el segundo y ahora la ley ómnibus que son todas medidas de transferir ingresos de trabajadores y jubilados hacia el capital más concentrado, negocios par empresarios, hay artículos que parecen escritos por esas empresas para ser favorecidas en determinados negocios y saqueos en bienes naturales”.
“No hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer y concentración del poder en el Ejecutivo si se votase la ley y el DNU, porque sería el cierre del Congreso por la delegación de facultades que pide e instalar un Estado de sitio donde dos o tres personas si quieren estar en la calle tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y ellos autorizar o no”, denunció.
En ese sentido, reiteró: “Esto es una barbaridad y cada vez más crece la oposición en las calles a esta política y el 24 de enero vamos a ser muchos en la movilización y paro convocado por la CTA y la CGT y vamos a demostrar muy importante del descontento”.
“Ayer fue una imposición muy irregular, con mucha gravedad porque se negó la palabra y el debate sobre quién tenía que presidir la comisión porque algunos estaban a favor y otros en contra. A quienes estaban a favor les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado”, disparó y planteó que “por la cantidad de temas que abarca la ley debería ser enviada a mínimo 23 comisiones y están pretendiendo tratarla solo en 3 o 4. Cómo va a ser eso no se sabe porque nunca llamaron a una reunión de presidentes de bloques para discutir cómo sería la mecánica y lógica del tratamiento”.
“No creo que nadie vaya a levantar la mano para aprobar a libro cerrado una ley que tiene más de 650 artículos, que son muchas leyes dentro de una que requiere discusión donde hay oposición a núcleos clave como por ejemplo la delegación de facultades, la eliminación de ley de bosques, ley de tierras”, opinó y adelantó: “Vamos a ser muchos los que nos vamos a oponer. A partir del 23 de enero los diputados podemos pedir una sesión especial para tratar el DNU pese a que no se haya conformado la comisión Bicameral para derogarlo e impulsar el rechazo. Es totalmente irregular”.
A partir de las 10, se analizará el decreto que dispuso las nuevas restricciones que se extienden hasta el próximo fin de semana.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 10 para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del 21 de mayo de 2021.
Dicho proyecto prorroga el DNU N° 287/21 hasta el 11 de junio de 2021; medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.
Dicho decreto basa la decisión en que el actual nivel de circulación viral “produce un altísimo riesgo de saturación del sistema de salud, evidenciado por la ocupación de camas y el número de personas internadas en UTI y genera demanda crítica de insumos necesarios para la atención de los pacientes”.
El DNU mantiene en forma general hasta el 11 de junio próximo en todo el país la anulación de viajes grupales de egresados o turísticos, las reuniones sociales de más de 10 personas, la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo y otras disposiciones que estaban vigentes.
El artículo 3 del DNU establece que los trabajadores deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, y que aquellos trabajadores que no puedan concurrir a prestar tareas ni puedan hacerlo bajo la modalidad de teletrabajo se les liquidará una prestación dineraria no remunerativa equivalente al salario neto más aportes y contribuciones de obra social e INSSJP. El artículo 3 también establece que la restricción para la circulación nocturna será desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.
El oficialismo logró emitir dictamen al proyecto de ley en el plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto. Contó con el apoyo de algunos aliados. La oposición firmó dictamen de minoría.
El Frente de Todos (FdT) logró emitir este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
Tras 3 horas de tratamiento en forma presencial y virtual, el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo logró 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y 21 firmas en la Comisión de Energía, que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller.
El dictamen que obtuvo la mayoría, aunque no tuvo el acompañamiento de Juntos por el Cambio, se basa en el proyecto presentado por Félix y Marcos Cleri (FdT) y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.
Al cerrar el debate, el diputado Cleri anunció que el Frente de Todos “va a hacerle una serie de modificaciones al proyecto que establece el marco regulatorio para los biocombustibles”.
En ese punto, señaló: “Vamos a incorporar en el artículo 14, por pedido de los diputados de San Luis y de La Pampa, para tener una redacción de mayor claridad y una visión mas general”.
“Para tener mayor claridad y no tener ningún conveniente con la justicia, se va a sacar la palabra ‘mínimo’ de todos los artículos donde estaba presente”, precisó.
Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Felix, manifestó que “es necesario la presentación de un marco regulatorio que considere las nuevas realidades que tiene el sector, más las coyunturas que se presentan y dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo”.
En apoyo de la iniciativa oficialista, el santafesino Germán Martínez sostuvo que “hoy estamos aquí analizando un proyecto que trata de adecuar los tiempos, de darnos cuenta cual es la actual composición del sector del biocombustibles, los distintos subsectores que existen, y lo hacemos en pos de pensar el futuro de este sector”.
En tanto, la legisladora del Movimiento Popular Nequino Alma Sapag adelantó que votará a favor el proyecto en general, pero advirtió que “es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno nacional, que no deberían colisionar con este proyecto de ley”.
Desde la oposición, la diputada radical Jimena Latorre señaló que “este proyecto que deroga la Ley 26.093, no tiene sustentabilidad, ni promoción de energías limpias”.
Y fustigó: “Acá lo que hay es un régimen intervencionista, donde el Estado, poco eficiente viene a regular esta actividad después de 11 años”.
A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó que “hay muchas cosas que no se entienden, yo no pretendo acusar a nadie, pero me gustaría que hubiéramos tenido otro nivel de discusión, de profundidad”.
“Creo que hubo mucha más improvisación y trabajo en otras áreas, pero no en energía”, agregó.
Uno de los aliados del Frente de Todos, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Consenso Federal), se mostró contrario al proyecto al manifestar: “Estamos en momento de definiciones, quiero insistir que se reflexione de la importancia de no bajar los porcentajes y los niveles de mezcla, ni en el caso del biodiesel, ni de bioetanol”.
Por su parte, el diputado macrista Omar De Marchi remarcó que “no conocemos el plan de desarrollo energético que el Gobierno intenta llevar adelante en la Argentina. Tampoco conocemos el plan económico. No sabemos que quiere hacer el Gobierno con la energía en la Argentina”, destacó.
“En este contexto se genera un nuevo marco para el desarrollo del Biocombustible en la Argentina. Eso no es razonable”, dijo De Marchi.
En el único cruce político que se mantuvo en la reunión por unos minutos, el diputado salteño Andres Zottos le recordó a De Marchi que en la votación de la ley actual en 2006, el legislador mendocino se abstuvo.
En el cierre del tratamiento, Cleri sostuvo que “el proyecto tiene una mirada integral que busca dotar de herramientas para que el sector privado junto con el público puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos”.
El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.
En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.
En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.
Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.
Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.
En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Está previsto para este lunes a las 11 en la comisión que preside Alfredo Luenzo una discusión en torno de Polka en particular y de la industria audiovisual nacional en general.
La Comisión de Sistemas Medios de Comunicación y Libertad de Expresión discutirá de manera virtual a partir de las 11 de este lunes la problemática de la productora de Adrián Suar Polka, como así también de la industria audiovisual nacional.
Para tal fin han sido invitados a participar Horacio Arreceygor, secretario general del gremio de la TV; Pablo Storino, secretario de Cultura y delegado Gremial en Polka; Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Luis Turco Alí, de la Asociación Argentina de Actores también.
Invitaron también a Manuel Rodríguez y Rolando Conte, del SUTEP; Sergio Vainman, vicepresidente de Argentores; Ricardo Rodriguez, del Consejo Profesional TV de Argentores, y Guillermo Tello, coordinador general Multisectorial Audiovisual DOAT.
