En la última reunión del período ordinario y con el quórum ajustado, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, presidida por el entrerriano Alfredo De Ángeli (Pro), mantuvo un encuentro este jueves y emitió dictamen a un paquete de proyectos de declaración y cinco de comunicación.

Entre los proyectos, se encuentran pedidos de informes al Ejecutivo respecto de la modificación de la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTI) y la resolución del SENADA del ingreso de carne con hueso en zonas libres de aftosa como la Patagonia.

Tras 12 años de labor legislativa, De Ángeli se despidió del Congreso

El senador del Pro se despidió de sus pares, asesores, representantes de Barbechando y a cada trabajador de la Casa: “Hoy es el último acto que voy a estar acá como senador de la Nación. Me llevo, después de 12 años, estas cosas que nos deja la vida, de conocer personas, y esto nos da la política”.

“Me llevo un montón de cosas en mi vida, cargada la mochila de información, de emociones, de sinsabores, que todos sabemos que a veces las cosas, uno quiere hacer cosas y no se pueden, ahora también qué pasaría si no estaríamos nosotros, qué cosas hubieran pasado que a lo mejor”, expresó.

Pidió la palabra el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal) en nombre de su bloque le agradeció al entrerriano su predisposición de estar siempre atento a que la comisión trabaje. “Esta es una comisión que tiene los drivers para nuestro país, que nos puede hacer salir adelante, y siempre lo hemos tenido como un senador que ha tenido la franqueza de plantear desde temas desde la política, pero también desde la defensa de un sector que es tan importante para nuestro país”, planteó.

El catamarqueño agregó: “Considero que por más que tenga esa capacidad de dar esos aguijonazos, siempre lo ha hecho con franqueza y como buen hombre de campo. Nosotros ponderamos su trabajo en este Senado, creo que nosotros va a tener un legislador que así esté fuera de este cuerpo, las inquietudes que tenga, que son valiosas, se las vamos a tratar de canalizar y todos trabajamos con una finalidad en esta casa que es defender a nuestras provincias, en este caso a abrir nuestra cabeza para que sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca sean motor de desarrollo”.

También se sumó la cordobesa Carmen Álvarez Rivero: “La verdad que cuando yo era una ciudadana de a pie, tenía un líder primero en las rutas y después en el Senado, dándole voz, voto a todo ese impulso de la gente de campo que tanto pone a Córdoba o tanto pone para la Argentina. Así que fuiste un líder adelantado para mí, así que ha sido un placer trabajar estos años con vos y agradezco tal cual como dijiste, probablemente yo no estaría acá si no hubieras hecho tu tarea previa en ese camino”.

El debate de los proyectos

Luego de que el secretario de la comisión procediera a leer todos los expedientes previstos a tratarse en la reunión, De Ángeli anunció que no había quórum: “Estamos con un problema, a ser claro, pensábamos que teníamos quorum, no tenemos quórum. Así que, lamentablemente, no vamos a poder dictaminar. No, digo, hacer un intento que un senador nos falta, sea, que si viene... Yo pensé que teníamos quorum”. Sin embargo, minutos después ingresó al Salón Illia el senador Marcelo Lewandowski quien completó el quórum para que la comisión pueda dictaminar.

Al pedir la palabra, el senador salteño Juan Carlos Romero se refirió a dos proyectos de su autoría que estaban a tratar: “La Ley 25.507 del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina, y obliga a todos los sectores de la cadena cárnica nacional a hacer una contribución para financiar las exportaciones”.

“A mí me parece que esto es una exageración, que son muy pocos los frigoríficos que exportan, el consumidor tiene que contribuir en el precio de la carne con esta promoción. Lo mismo pasaba desregulando con el Instituto del Vino”, planteó e instó al gobierno a que aplique “este impuesto realmente a los sectores que se benefician con la promoción que son los exportadores, y que el mercado interno, que es la gente que consume, no vea esa carga en el precio de la carne. Creo que hay grandes perspectivas de que crezca la producción, pero seamos cautos en cuanto a tratar de defender el precio) que bastante ha subido”.

“Yo creo que el precio está generando para los próximos años un estímulo enorme a producir, y esto es una parte final de la producción que es no cargar al consumidor con esa tasa del Instituto de Promoción de la Carne y Vacuna Argentina. Por eso pido que no se cobre a aquellos frigoríficos o al interior que son la mayoría y que no están entre los 5 o 6 grandes que exportan”, cerró.

Al intervenir, el formoseño Francisco Paoltroni coincidió con el proyecto de Romero, pero señaló que “en la cadena de la carne y vacuna tenemos muchos y grandes desafíos por delante, como es el caso de mi provincia, que actualmente se están faenando 30.000 cabezas por año de manera ilegal, sin ninguna norma sanitaria, y paralelamente se le exige caravana electrónica) a los productores, y ferias habilitadas, y todo el control como corresponde y por ley”.

“Tenemos estos mataderos que no cumplen ninguna norma sanitaria en zonas subtropicales, con lo que significa el manejo de carne con altas temperaturas. Se incumplen muchas leyes, se están cometiendo al menos 7 delitos, evasión de impuestos, atentado a la salud pública, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, proliferación de abigeato, porque los casos de abigeato en Formosa son tremendos, pero claro, aquí operan todas las mafias con comisarios, intendentes, juzgados de paz”, denunció.

La Comisión de Discapacidad de la Cámara baja se reunió este martes por primera vez desde que el Congreso rechazara el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, y previsiblemente en el inicio de la reunión se hizo referencia a eso, aplausos de los presentes incluidos.

El titular de la comisión, Daniel Arroyo, arrancó enfatizando que “la Ley de Discapacidad es ley y ya hay que ponerla en marcha”, y acotó que el Senado ya envió la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo, por lo que enumeró los pasos a seguir para poner en marcha la normativa. Primero, el jefe de Gabinete debe compensar las partidas presupuestarias, como siempre hace todos los días al no haber presupuesto. En este caso, “tiene que hacer lo que se hace siempre con la obligación de volcar el presupuesto en la Agencia de Discapacidad, para poner en marcha la ley y que la ANDIS ejecute la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es muy sencillo -explicó-: Ir para atrás a diciembre de 2023, con el nomenclador, antes de tener 120% de inflación, venir hasta hoy por inflación, descontar en cada prestación lo que sí se ha aumentado y a partir de allí construir un nuevo nomenclador”.

Dijo que se resolverán las auditorías de las pensiones, ya que la ley manda a hacer una auditoría donde están los problemas, y luego se debe respetar tomar como lenguaje la resolución de Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad para que ningún gobierno puedan maltratar a las personas con discapacidad y sus familias. “Lo que debe imperar es el respeto”, remarcó Arroyo.

Señaló a continuación que “vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión para que exista la compensación presupuestaria a la ANDIS y que se ponga en marcha la ley”.

En primer lugar, pasó a la firma el proyecto de ley que tiene como objeto la creación del “Programa Banco Azul”, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los Trastornos del Espectro Autista (TEA), por el cual se promueve la instalación de bancos azules en espacios públicos de paseo y recreación, y medidas específicas inclusivas para personas con TEA. Como autora de la iniciativa, la diputada Eugenia Alianiello (UP) explicó que “no venimos a incluirlos, sino que nosotros debemos incluirnos en su mundo, en su forma de ver la vida, de interpretar los sonidos, ruidos y colores de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados”. “Es un proyecto muy sencillo, de poco impacto económico y con un amplio superávit en empatía y amor”, subrayó.

Uno de los proyectos que figuraban en el temario para expresar preocupación por el actual funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad fue retirado a pedido de sus autoras, las diputadas de la CC Victoria Borrego y Paula Oliveto, para que fuera primero a la Comisión de Derechos Humanos.

Otro de los proyectos de ley que avanzó en la reunión apunta a establecer la estructura de gobierno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), establecida por el Decreto N° 698/2017, con el fin de democratizar su conducción, garantizar la transparencia en la gestión de sus políticas y presupuesto, y asegurar la participación vinculante de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

Sobre ese tema hubo controversia con quienes desde el oficialismo y sectores aliados sugirieron pasar el proyecto a asesores en lugar de pasar a la firma. Finalmente la iniciativa no prosperó, pero el proyecto tiene cabecera en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que será emplazada a tal efecto. Uno de los autores del texto, el legislador Juan Marino (UP), informó que aceptaron algunos cambios sobre el texto original. Al respecto, señaló que “elaboramos este proyecto en consulta con distintas organizaciones de y para personas con discapacidad y queremos avanzar en el dictamen hoy para luego poder emplazar a la comisión de Asuntos Constitucionales y poder avanzar en el recinto para que la ANDIS funcione como tiene que funcionar”.

A su turno, la diputada peronista Blanca Osuna habló de las auditorías señalando que “no estamos acá cuestionando el sentido del rol del Estado en tanto capacidad y atribución de auditar sus propias políticas. Los planteos son el tenor de las consecuencias que han traído aparejadas esas auditorías”. Y citó como los principales problemas detectados el uso de terminología discriminatoria; problemas de coordinación, la no ubicación de los beneficiarios; citaciones a cientos de kilómetros; y débil participación institucional de las ONG que no fueron incluidas en la planificación y el diseño de esas auditorías. “Hechos gravosos para los intereses y derechos de las personas con discapacidad que fueron afectadas y en algunos casos despojadas de un derecho instituido por el Estado previamente”, señaló.

Victoria Tolosa Paz reclamó que en la próxima sesión se rechace el decreto 843/24, donde dijo que “se metió de fondo la mano de (Federico) Sturzenegger”, e insistió en “voltear en la próxima sesión el decreto infame que permitió este descalabro con las personas con discapacidad”.

En su intervención, Valdés celebró la conjunción de la sociedad civil con la política que se dio durante el debate de la Ley de Discapacidad y planteó invitar a las autoridades provinciales del sector, de manera presencial o vía zoom, para que en la próxima sesión pudieran evaluar cómo es la realidad en cada provincia.

“Estamos planteando, junto a Victoria Tolosa Paz, dejar de lado la suspensiones de las pensiones. ¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? ¿Van a seguir ahí? Por eso es importante también el proyecto de Juan Marino para reformar la estructura de la ANDIS. Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal. Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médica”, señaló, reclamando que “tienen que reincorporar a los que echaron y hay que evaluar la conducta de quienes dieron de baja las pensiones. Para que todos puedan vivir con dignidad”.

Por otra parte felicitó al presidente de la comisión “por el trabajo realizado con la ley de emergencia en discapacidad. Pocas veces ví al colectivo de personas con discapacidad tan cerca del parlamento. Vi el afecto con el cual fue saludado por esas personas y sus familias. Eso emociona”.

A su turno, la diputada de izquierda Vilma Ripoll dijo que “lo que hay que hacer es retomar a los trabajadores que echaron, porque no es lo mismo tomar a uno nuevo, porque después se demoran en resolver las cuestiones porque son nuevos”.

Y cerró preguntándole al Gobierno “cuándo lo van a echar al ministro de Salud. (Mario) Lugones está en todas, y estaba arriba del escenario (el domingo) al lado de Milei, listo para arreglar nuevos choreos… Falta que se lo eche a Lugones”.

Luego, también se firmó el proyecto de resolución de la diputada radical Natalia Sarapura para expresar repudio por las resoluciones de la Agencia Nacional de Discapacidad, que dispusieron la baja de pensiones no contributivas fundadas en auditorías con vicios de procedimiento.

Su correligionario Roberto Sánchez se refirió a su proyecto de resolución sobre un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El único diputado libertario que intervino en el debate fue el tucumano Gerardo Huesen, quien desafiante señaló: “Me da lástima en la comisión que quieran sacar rédito político”. Dirigiéndose a los diputados de UP, advirtió: “Son responsables del peor gobierno de la historia, tienen a su líder política con la tobillera saltando en el balcón… Los ciudadanos están viendo la vergüenza que están haciendo acá, quieren modificar la estructura de la ANDIS, generando desmanes, pero la verdad que dan lástima”.

Otros proyectos tratados

Asimismo, los legisladores avalaron el proyecto de la diputada Ana Carla Carrizo (Democracia para Siempre) para declarar de interés de la Cámara de Diputados de la Nación el XI Congreso Internacional Biomédico sobre autismo y desafíos del neurodesarrollo – Bioactitud 2025, a realizarse del 19 al 21 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la continuidad, Jorge Chica (UP) explicó el proyecto de ley de su autoría acerca de los automotores para discapacitados - Ley 19279 – que apunta a modificar el artículo 12 sobre identificación con el Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal. La norma también logró el acompañamiento de sus pares. “Representa la igualdad de condiciones, siendo un símbolo que nos ayuda a educar, pero sobre todo a concientizar a nuestra sociedad”, afirmó y, en el mismo sentido agregó: “La accesibilidad no es un privilegio, es un derecho”.

Además, los diputados acompañaron el proyecto de declaración, de Victoria Tolosa Paz y Eduardo Valdés, ambos de Unión por la Patria, que expresa que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga la suspensión temporal de cualquier trámite de baja o restricción de las pensiones no contributivas por invalidez cuando el beneficiario posea un Certificado Único de Discapacidad y/o un certificado médico oficial.

Por último, se avanzó con el proyecto de resolución del diputado Eduardo Valdés de pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la redirección de los recursos obtenidos por las bajas de las pensiones por invalidez laboral.

Al comienzo de la reunión, se completó la vacante en la vicepresidencia primera de la Comisión siendo designado para el cargo el diputado nacional Alejandro Vilca (PTS-Frente de Izquierda Unidad) tras la renuncia de su par Nicolás Del Caño.

La Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, presidida por Natalia Sarapura, se reunió este martes para continuar con el concurso público a fin de elegir un nuevo titular de la Defensoría del Niño y les hicieron un particular pedido a los miembros del oficialismo.

Sarapura contó que “se inscribieron más de 200 postulantes para el cargo”, y precisó que del 22 al 28 de julio se hará un análisis, resolución y notificación de las impugnaciones. Además, se establecieron los lineamientos para el examen escrito, la metodología, criterio de confidencialidad, entre otros aspectos. Según explicaron, se garantiza un proceso de evaluación: “Transparente, seguro y respetuoso”.

El secretario de la comisión explicó que el Consejo Asesor Técnico propondrá los bloques temáticos de preguntas y respuestas con la modalidad de verdadero/falso, opción múltiple o consigna a desarrollar. Se conformarán seis bloques temáticos, siendo del 1 al 5 conformados por preguntas de opción múltiple y verdadero o falso, mientras que el bloque temático 6 incluirá consignas de desarrollo. Las preguntas y respuestas serán debidamente entregadas el 25 de julio, en forma impreso.

“Los integrantes de la Comisión Bicameral serán los únicos responsables del armado del examen. Los mismos determinarán el día para realizarlo en sesión reservada. El escribano público se presentará el día pactado con los sobres lacrados y custodiará todo el proceso. Para cada bloque temático de preguntas, se designará a dos legisladores de la Comisión Bicameral los cuales procederán a realizar un sorteo para extraer 14 preguntas para cada tema, totalizando 28 preguntas por bloque sin alteración alguna del material original propuesto por el consejo asesor técnico”, precisó.

Además, informó sobre las consignas a desarrollar de las propuestas de los consejeros, se elegirán cuatro, dos para cada tema al azar por un miembro de la Comisión Bicameral. A su vez, la confección del examen será realizada exclusivamente por los miembros de la Comisión Bicameral bajo supervisión directa del escribano.

Sarapura aprovechó la oportunidad de la presencia de dos legisladores oficialistas para pedirles “la viabilidad y la gestión de los recursos para el presupuesto de los concursos porque hasta ahora no se ha otorgado el presupuesto para dar cuenta. Estamos trabajando con presupuesto del año pasado y eso es fundamental”.

“Lamentablemente no estamos contando con el asesoramiento, el acompañamiento legal como lo hizo la comisión anterior que contó con el apoyo del Departamento de Asuntos Legales ni del escribano de la casa, por eso se está trabajando con el Colegio de Escribanos de la Ciudad”, criticó.

Por el oficialismo, alzó la voz su coterránea Vilma Bedia quien le respondió: “El presupuesto lo tiene que gestionar usted –Sarapura- no el oficialismo y hacer el proceso”.

Pidió la palabra la diputada de UP Eugenia Alianiello remarcó que el tema del presupuesto “lo hablamos más de una vez. Me sorprende senadora Bedia lo que dice porque hicimos una nota a la presidencia. Es un día importante para avanzar. Ustedes que son parte del oficialismo estaría bueno que viabilicen eso”.

“Hay mucho para hablar de este tema y sería bueno poder profundizarlo más adelante porque hay situaciones que nos podrían mejorar la dinámica del concurso si tendríamos el presupuesto asignado a la Bicameral”, sentenció Sarapura.

La titular de la comisión también planteó que se le ha solicitado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que el examen se realice en el recinto. “Estamos esperándola respuesta y les solicito que nos ayuden en las gestiones porque esta presidenta tomó todas las medidas administrativas de gestión, de diálogo y, hasta ahora, no ha logrado tener unas respuestas positivas”.

“Los insto a que podamos colaborar todos para la realización del examen. Sería ideal el recinto porque cumple todas las condiciones. Seguimos insistiendo en la posibilidad que sea en el recinto. Nos parece que es el mejor lugar, el que cumple con todas las exigencias por la cantidad de concursantes que tenemos, pero también por todas las herramientas técnicas y de tecnología que tiene”, ratificó Sarapura.

Dado que el recinto del a Cámara de Diputados se encuentra bajo reformas, la senadora Bedia solicitó que, considerando que hay 230 inscriptos para este proceso, " que la comisión y la presidencia no bajen los brazos para que el examen se haga en el recinto. Sería un hecho histórico para esta bicameral, que impulso un Consejo de Asesor técnico ad honorem y que son los ojos del pueblo los que están esperando este proceso."

A su vez, la senadora Cora reclamó que "el lugar natural donde se tiene que llevar el examen es el recinto, no podemos estar dando vueltas. Al menos que haya un deseo manifiesto de que esto no funcione y que sea de entorpecer".

El calendario para elegir al Defensor sigue con la notificación previa al examen escrito, que tendrá lugar el 1° de agosto. En tanto, la fecha definitiva para la definición de los candidatos y su elevación a las Cámaras será el 22 de septiembre.

El Senado tendrá esta semana como atracción principal a la sesión especial para tratar el proyecto de ley de ficha limpia, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, este martes 8 de abril por la tarde serán conformadas dos comisiones.

Primero, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles se reunirá a las 15 para renovar a sus autoridades, determinar días y horarios de funcionamiento y establecer un plan de trabajo para este 2025. El radical catamarqueño Flavio Fama quedaría nuevamente a cargo.

Luego, hará lo mismo la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en donde sería ratificada la senadora chubutense Edith Terenzi, habitual aliada del oficialismo, quien estuvo ausente en la sesión que definió los pliegos de Lijo y García – Mansilla la semana pasada.

Asimismo, fue confirmada la reunión para designación de autoridades de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos. La cita será el martes 22 de abril a las 14 en el Salón Arturo Illia. La misma, actualmente, es presidida por el senador radical Víctor Zimmermann.

Luego de ratificar a sus autoridades, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dictaminó un proyecto que crea un fondo de 200.000 millones de pesos para la asistencia y reconstrucción de las ciudades afectadas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió este miércoles por la tarde donde se ratificaron sus autoridades para el presente año legislativo y continúa en la presidencia, el senador Ezequiel Atauche (LLA), en la vicepresidencia, el senador Fernando Salino (Unidad Ciudadana) y, como secretario, el senador Víctor Zimmermann (UCR).

Luego, con el aval de todos los bloques políticos, se dictaminó un proyecto que busca "declarar zona de emergencia y en situación de catástrofe, durante el término de ciento ochenta días a la provincia de Buenos Aires, especialmente a los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, en razón de las inundaciones registradas en el mes de marzo de 2025".

Además, la iniciativa presentada por un grupo de senadores de los bloques UP y UCR, contempla la creación, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de la Nación, de un Fondo Especial en pesos para atender los daños ocurridos en ocasión de la emergencia declarada.

La senadora Juliana di Tullio (Unidad Ciudadana), una de las autoras del proyecto, solicitó a sus pares "el compromiso genuino como Senado de la Nación para crear una ley que permita la reconstrucción de Bahía Blanca y Rosales". También solicitó elevar "a 200.000 millones de pesos o lo que demande reconstruir la infraestructura, la vida, la sanidad pública y la educación de una de las ciudades más importantes de la Argentina".

En concordancia con Di Tullio, Maximiliano Abad (UCR), otro de los coautores de la iniciativa, expresó "la urgente necesidad de comenzar a paliar la situación que está viviendo Bahía Blanca porque este proyecto lo motiva la catástrofe". El Senador también puso en valor "el trabajo y la coordinación entre el gobierno nacional, provincial y municipal", a la vez que volvió a interpelar a sus pares con la creación de una ley que " dé respuesta a una población que está sufriendo".

Al finalizar, el senador Atauche celebró el consenso obtenido en la comisión y la "rápida reacción de los senadores de la provincia de Buenos Aires " para la presentación de este proyecto que va en línea, también, con las iniciativas del Gobierno Nacional.

Este fin de semana marcará el fin del receso invernal en el Congreso de la Nación y ya hay varias reuniones de comisión y plenarias convocadas para reanudar la actividad parlamentaria, sobre todo en la Cámara de Diputados. En el medio, también estarán la conformación de Grupo de Amistad Parlamentaria con Suiza, Corea, India, Ucrania y Marruecos.

La primera en reanudar sus actividades será la Comisión de Industria, a cargo de la chubutense Ana Clara Romero, que se reunirá el martes 30 a las 12 con el fin de completar el proceso de designación de autoridades y dictaminar una serie de proyectos de resolución.

También fueron invitados varios dirigentes que expondrán sobre la situación que atraviesa la Industria Naval de la República Argentina: Francisco Banegas, secretario general de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); Juan Speroni Hernández, secretario general del SAON (Sindicato Argentino de Obreros Navales); Martín Rappallini, presidente de la UIPBA (Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires); y María Laura Bermúdez, directora ejecutiva de UIPBA.

Del mismo modo, también estarán presentes Walter Ferro, presidente de la Federación Argentina de productores de sal; y Juan Pablo Passini, integrante de la comisión directiva de la misma entidad, quienes fueron invitados en representación de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

A las 15, la Comisión de Mujeres y Diversidad que preside Mónica Macha dictaminará una serie de proyectos de declaración  y recibirá la visita del Colectivo Periodistas Argentinas quienes expondrán sobre el tema de casos de acoso sexual contra mujeres vinculadas al ámbito académico y periodístico, puntualmente por el caso de Pedro Brieger.

Al día siguiente, la Comisión de Minería tiene estipulada reunirse a las 9.30 en el Anexo “C” para recibir a los embajadores de Canadá, Australia y Perú, quienes expondrán sobre el desarrollo de la minería y perspectivas de inversión en el país.

Al mediodía y a cargo de la diputada del Pro Laura Rodríguez Machado, la Comisión de Legislación Penal debatirá sobre el proyecto de ley que establece modificaciones al Código Penal de la Nación, puntualmente en el artículo 145 sobre Trata de Personas.

Una vez que termine este encuentro, a las 12.30 se sumarán las comisiones de Justicia, presidida por jujeño Manuel Quintar, y Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert, para llevar a cabo la reunión plenaria que iniciará el debate del proyecto enviado por el Gobierno nacional que propone un nuevo régimen penal juvenil, aplicable a adolescentes entre 13 y 18 años.

Luego, Legislación Penal tendrá una reunión plenaria junto a Seguridad Interior, presidida por el santafesino del Pro José Núñez, para tratar el proyecto de ley sobre abordaje integral del crimen organizado, conocida como ley antimafias; y la modificación al Código Penal de la Nación, y la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

A cargo de la diputada macrista Sabrina Ajmechet, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías recibirá nuevamente a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio durante la pandemia de Covid 19.

Por la tarde, Presupuesto y Hacienda vuelve a reunirse para aprobar la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los Tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. Del mismo modo, la Comisión de Finanzas, a cargo de Alberto Benegas Lynch, culminará la designación de autoridades.

Luego de protagonizar un fuerte cruce con José Luis Espert tras ser ungido titular de la Comisión de Presupuesto, el diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), denunció que lo “ponen para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus”, y señaló que la designación “es totalmente irregular”.

En diálogo por la AM 990, el diputado de izquierda expresó: “Parece una monarquía. Él es cuestionado por ser parte de un monobloque y tendría que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuesto y puedan darle la presidencia”.

“Nosotros hicimos el cuestionamiento porque el viene de hace semanas de pedir cárcel o bala para Myriam Bregman y Nicolás del Caño y fuñimos más de 30 diputados que presentamos y firmamos una declaración de repudio a las expresiones de Espert que, lejos de haberse retractado, cada vez que va a un canal de televisión reafirma lo que dice y trata de delincuente a todos los diputados que no piensan como él y dice que hay que meterles bala de plomo, de goma, taser o gas pimienta si cortan una calle. Incita a las fuerzas de seguridad a ejercer la violencia física sobre adversarios políticos y a gente paraestatal. Es algo grave más en un país donde hubo un atentado contra la exvicepresidenta”, explayo en su denuncia.

Castillo explicó: “Como miembro de la comisión quería impugnar la propuesta de Espert a la presidencia y como esto iba a ser apoyado por otros diputados hicieron una suerte de no votación porque no se contaron los votos, no se hizo el procedimiento y de ahí Espert le negó la palabra a cualquiera nadie pudo hablar, esto es una barbaridad, es totalmente irregular porque a ningún diputado se le puede negar la palabra en comisión y vamos a cuestionar ese lugar de Espert que ellos ven como legítimo el trámite”.

Para el legislador “lo ponen para tratar de limitar  la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus que es un capítulo de terror de esta obra que empezó hace 25 días Javier Milei en el gobierno que tiene la devaluación en primer acto, el DNU en el segundo y ahora la ley ómnibus que son todas medidas de transferir ingresos de trabajadores y jubilados hacia el capital más concentrado, negocios par empresarios, hay artículos que parecen escritos por esas empresas para ser favorecidas en determinados negocios y saqueos en bienes naturales”.

“No hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer y concentración del poder en el Ejecutivo si se votase la ley y el DNU, porque sería el cierre del Congreso por la delegación de facultades que pide e instalar un Estado de sitio donde dos o tres personas si quieren estar en la calle tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y ellos autorizar o no”, denunció.

En ese sentido, reiteró: “Esto es una barbaridad y cada vez más crece la oposición en las calles a esta política y el 24 de enero vamos a ser muchos en la movilización y paro convocado por la CTA y la CGT y vamos a demostrar muy importante del descontento”.

“Ayer fue una imposición muy irregular, con mucha gravedad porque se negó la palabra y el debate sobre quién tenía que presidir la comisión porque algunos estaban a favor y otros en contra. A quienes estaban a favor les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado”, disparó y planteó que “por la cantidad de temas que abarca la ley debería ser enviada a mínimo 23 comisiones y están pretendiendo tratarla solo en 3 o 4. Cómo va a ser eso no se sabe porque nunca llamaron a una reunión de presidentes de bloques para discutir cómo sería la mecánica y lógica del tratamiento”.

“No creo que nadie vaya a levantar la mano para aprobar a libro cerrado una ley que tiene más de 650 artículos, que son muchas leyes dentro de una que requiere discusión donde hay oposición a núcleos clave como por ejemplo la delegación de facultades, la eliminación de ley de bosques, ley de tierras”, opinó y adelantó: “Vamos a ser muchos los que nos vamos a oponer. A partir del 23 de enero los diputados podemos pedir una sesión especial para tratar el DNU pese a que no se haya conformado la comisión Bicameral para derogarlo e impulsar el rechazo. Es totalmente irregular”.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que preside el diputado Marcos Cleri, se reunirá este miércoles a partir de las 10 para analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 334 del 21 de mayo de 2021.

Dicho proyecto prorroga el DNU N° 287/21 hasta el 11 de junio de 2021; medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 2021.

Dicho decreto basa la decisión en que el actual nivel de circulación viral “produce un altísimo riesgo de saturación del sistema de salud, evidenciado por la ocupación de camas y el número de personas internadas en UTI y genera demanda crítica de insumos necesarios para la atención de los pacientes”.

El DNU mantiene en forma general hasta el 11 de junio próximo en todo el país la anulación de viajes grupales de egresados o turísticos, las reuniones sociales de más de 10 personas, la suspensión de asistencia al trabajo para personas de riesgo y otras disposiciones que estaban vigentes.

El artículo 3 del DNU establece que los trabajadores deberán realizar sus tareas bajo la modalidad de teletrabajo, y que aquellos trabajadores que no puedan concurrir a prestar tareas ni puedan hacerlo bajo la modalidad de teletrabajo se les liquidará una prestación dineraria no remunerativa equivalente al salario neto más aportes y contribuciones de obra social e INSSJP. El artículo 3 también establece que la restricción para la circulación nocturna será desde las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente.

El Frente de Todos (FdT) logró emitir este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un nuevo marco regulatorio de la Ley de Biocombustibles, que tendrá vigencia hasta 2030 y establece la reducción del 10 al 5 por ciento en el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

Tras 3 horas de tratamiento en forma presencial y virtual, el dictamen de mayoría propuesto por el oficialismo logró 28 firmas en la Comisión de Presupuesto y 21 firmas en la Comisión de Energía, que conducen los oficialistas Omar Félix y Carlos Heller.

El dictamen que obtuvo la mayoría, aunque no tuvo el acompañamiento de Juntos por el Cambio, se basa en el proyecto presentado por Félix y Marcos Cleri (FdT) y busca reemplazar la ley que estableció el Régimen de Promoción de Biocombustibles, que luego de 15 años de implementación fue prorrogada hasta el 12 de julio.

Al cerrar el debate, el diputado Cleri anunció que el Frente de Todos “va a hacerle una serie de modificaciones al proyecto que establece el marco regulatorio para los biocombustibles”.

En ese punto, señaló: “Vamos a incorporar en el artículo 14, por pedido de los diputados de San Luis y de La Pampa, para tener una redacción de mayor claridad y una visión mas general”.

“Para tener mayor claridad y no tener ningún conveniente con la justicia, se va a sacar la palabra 'mínimo' de todos los artículos donde estaba presente”, precisó.

Biocombustibles en la grieta

Al inicio del plenario, el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Omar Felix, manifestó que "es necesario la presentación de un marco regulatorio que considere las nuevas realidades que tiene el sector, más las coyunturas que se presentan y dar previsibilidad y certeza a una actividad económica que queremos siga creciendo".

En apoyo de la iniciativa oficialista, el santafesino Germán Martínez sostuvo que “hoy estamos aquí analizando un proyecto que trata de adecuar los tiempos, de darnos cuenta cual es la actual composición del sector del biocombustibles, los distintos subsectores que existen, y lo hacemos en pos de pensar el futuro de este sector”.

En tanto, la legisladora del Movimiento Popular Nequino Alma Sapag adelantó que votará a favor el proyecto en general, pero advirtió que “es importante considerar otros regímenes de promoción que se vienen impulsando desde el Gobierno nacional, que no deberían colisionar con este proyecto de ley".

Desde la oposición, la diputada radical Jimena Latorre señaló que “este proyecto que deroga la Ley 26.093, no tiene sustentabilidad, ni promoción de energías limpias”.

Y fustigó: “Acá lo que hay es un régimen intervencionista, donde el Estado, poco eficiente viene a regular esta actividad después de 11 años”.

A su turno, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó que “hay muchas cosas que no se entienden, yo no pretendo acusar a nadie, pero me gustaría que hubiéramos tenido otro nivel de discusión, de profundidad”.

“Creo que hubo mucha más improvisación y trabajo en otras áreas, pero no en energía”, agregó.

Uno de los aliados del Frente de Todos, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez (Consenso Federal), se mostró contrario al proyecto al manifestar: “Estamos en momento de definiciones, quiero insistir que se reflexione de la importancia de no bajar los porcentajes y los niveles de mezcla, ni en el caso del biodiesel, ni de bioetanol”.

Por su parte, el diputado macrista Omar De Marchi remarcó que “no conocemos el plan de desarrollo energético que el Gobierno intenta llevar adelante en la Argentina. Tampoco conocemos el plan económico. No sabemos que quiere hacer el Gobierno con la energía en la Argentina”, destacó.

“En este contexto se genera un nuevo marco para el desarrollo del Biocombustible en la Argentina. Eso no es razonable”, dijo De Marchi.

En el único cruce político que se mantuvo en la reunión por unos minutos, el diputado salteño Andres Zottos le recordó a De Marchi que en la votación de la ley actual en 2006, el legislador mendocino se abstuvo.

En el cierre del tratamiento, Cleri sostuvo que “el proyecto tiene una mirada integral que busca dotar de herramientas para que el sector privado junto con el público puedan planificar durante este año la inversión y la transición sin afectar el bolsillo de los argentinos”.

Dictamen del FdT

El dictamen de mayoría tiene como puntos centrales los porcentajes de los cortes entre gasoil y biodiesel y bioetanol con caña de azúcar y con maíz, y otorga facultades a la Secretaria de Energía para subir o bajar esos porcentajes.

En ese sentido, el proyecto establece que se reducirá del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre gasoil y biodiesel.

En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje establecido para el bioetanol a base de caña de maíz.

Otro punto del proyecto que genera debate es el artículo que establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.

De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.

Otro punto del proyecto está vinculado con la sustitución de importación, al establecer que la autoridad de aplicación puede adoptar los medios para lograr ese objetivo con el “con el objeto de evitar la salida de divisas, promover inversiones para la industrialización de materia prima nacional y alentar la generación de empleo”.

En ese punto fija que “las empresas elaboradoras de biocombustibles que decidan llevar a cabo el abastecimiento para dichas mezclas deberán garantizar la provisión de los productos en cuestión” y que sino lo hacen pueden ser sancionadas por la autoridad de aplicación.

El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).

La Comisión de Sistemas Medios de Comunicación y Libertad de Expresión discutirá de manera virtual a partir de las 11 de este lunes la problemática de la productora de Adrián Suar Polka, como así también de la industria audiovisual nacional.

Para tal fin han sido invitados a participar Horacio Arreceygor, secretario general del gremio de la TV; Pablo Storino, secretario de Cultura y delegado Gremial en Polka; Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Luis Turco Alí, de la Asociación Argentina de Actores también.

Invitaron también a Manuel Rodríguez y Rolando Conte, del SUTEP; Sergio Vainman, vicepresidente de Argentores; Ricardo Rodriguez, del Consejo Profesional TV de Argentores, y Guillermo Tello, coordinador general Multisectorial Audiovisual DOAT.