La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por la diputada Vanesa Siley, otorgó dictamen al proyecto de ley que establece la creación de Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, en establecimientos o empresas, públicas y privadas donde trabajen 50 personas o más.  

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. 

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número. 

El proyecto señala que en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Y En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”. 

Al respecto, la diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos sobre Comité Mixtos, Blanca Inés Osuna señaló que se trata de una “iniciativa que tuvo denso tratamiento con la participación de distintos actores y actoras involucrados en la contención concreta de la seguridad de quienes se desempeñan en los lugares de trabajo”, y agregó: “La propuesta refleja acabadamente el esfuerzo y compromiso que cada uno ha puesto sobre este tema”. 

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas explicó por qué presentaron un dictamen de rechazo: “La salud y la seguridad de los trabajadores es un resaltado que en general no es un procedimiento burocrático, si no que los mejores protocoles adentro de las empresas es ir creando una cultura. Y en ese sentido no tenemos una perspectiva burocrática de la defensa de la salud y la seguridad”, señaló.  

Además, se manifestó contra “el sentido de la oportunidad”, del proyecto: “Por supuesto los temas de seguridad y de salubridad siempre son urgentes e importantes, pero la agenda del trabajo en la Argentina, donde se está viviendo una verdadera catástrofe en materia laboral, sobre todo a la luz de la tasa de actividad. Nosotros creemos que ese debe ser el objetivo central de esta comisión”. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky indicó que “es un proyecto que básicamente lo que plantea es mejorar las condiciones de seguridad y de salud, y de reducir la siniestra. Esto genera beneficios para, tanto el sector de los trabajadores, como para el sector empleador. No exime responsabilidades a la ART”, en este sentido, agregó que la iniciativa “ha generado una amplia adhesión de las centrales sindicales y empresarias. Hemos contado con el aporte de laboralistas, de médicos especialistas en el tema de salud laboral”. 

El diputado por el socialismo Enrique Estévez recordó que su partido, en su larga historia, “ha sido impulsor de mucha materia de legislación vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nosotros es muy importante”, y advirtió necesario “apuntar a la posibilidad de la creación de estas instancias, fundamentalmente porque creemos que no podemos construir políticas públicas que tengan que ver con la defensa de un derecho tan importante como es el de la salud, sin que puedan participar en el diseño de esas decisiones los principales interesados, en este caso trabajadores y empleadores”. 

A su turno, el diputado por Evolución Radical Martin Tetaz señaló la necesidad de “contar con evidencia científica” antes de avanzar con proyecto como estos: “No hay ninguna evidencia a favor de los Comités Mixtos desde el punto de vista cuantitativo, por lo tanto, no vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, consideró. 

De todas formar, reiteró que “en líneas generales esta es la línea que nos gustaría insistir en otros proyectos que pasen por acá, que tratemos de empezar a tomar decisiones basados en evidencia científica y datos. Sería muy bueno saber cuál es la contribución de la institución que estamos creando a la reducción de la accidentología, si es que existiera, porque eso nos ayudaría a compensar y tomar una decisión adecuada”. 

Finalmente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo consideró “muy importante”, que “después de la pandemia, y atendiendo compromisos internacionales que asume el país cuando suscribe convenios con la OIT hoy estemos dando este debate. Hay un vacío legal entre propios trabajadores que nosotros tenemos que cubrir”. 

Por esto, señaló que “si nosotros invirtiéramos en la prevención del accidente, podríamos estar destinando un montón de dinero al funcionamiento de la economía, que hoy se lleva el 4% en accidentes de trabajo”. 

“A lo largo del año, el debate del proyecto en comisión convocó a distintos referentes del movimiento sindical, empresarios, empresarias, abogados laboralistas y expertos en la materia que dieron testimonio de experiencias reales en distintas fábricas y ámbitos laborales”, concluyó 

Por otra parte, la comisión también alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas, régimen que reconoce la labor de los trabajadores como una tarea de riesgo; debido a la dificultad de trabajar expuestos a la presencia de fuego, gases tóxicos, y condiciones climáticas difíciles, y la exposición a problemas de salud graves tanto físicos como psicológicos. 

El proyecto viene con media sanción del Senado y dictamen de la Comisión de Seguridad Social, y apunta a reconocer una jubilación diferenciada, de 50 años para las mujeres y 57 para los varones, donde se reconozcan 25 años de aporte, de los cuales 15 deben acreditar haber complicado las tareas que tienen que ver fundamentalmente con el combate y la supresión de incendios forestales o rurales, la participación en situaciones de emergencia y la intervención en operativos de búsqueda y rescate, participar en actividades de concientización en la sociedad, entre otras. 

Al respecto, la diputada Marisa Uceda señaló: “Avanzar en este proyecto, que es reconocer su derecho a una jubilación anticipada, no por capricho como decía uno de los compañeros en la comisión, si no por necesidad, sería un gesto que esta cámara debería tener con este colectivo de trabajadores que ven dañadas su salud y mitigado la integralidad de su desarrollo físico, producto de esta tarea, que a nadie se le escapa lo que impacta en el cuerpo de los trabajadores”.  

La Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanesa Siley retomó este miércoles el debate del proyecto de ley que crea la figura del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. Retomó, por cuanto ya el año pasado y con otra conformación esa comisión había realizado una reunión informativa a la que asistieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para exponer en torno al proyecto que envió el Ejecutivo sobre el tema.

En rigor, hay en total cinco proyectos sobre los que se trabajará para elaborar un proyecto definitivo, entre ellos el del Ejecutivo respecto del cual el primero de los invitados, Héctor Recalde, fue lapidario, ya que lo definió como “el que menos sustancia tiene”. Con todo, según señaló sobre el final la diputada de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, está acordado que el proyecto de referencia que se utilizará para elaborar la futura ley será precisamente el del Ejecutivo, y los demás se tendrán también en consideración “para agregar o quitar cosas”.

Como dijimos, el diputado nacional (MC) Héctor Recalde fue el primero de los invitados en intervenir, y contó que había estado analizando todos los proyectos existentes sobre el tema, pero que particularmente había puesto atención en el elaborado por los diputados Walter Correa, Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Cisneros y Carlos Ponce, entre otros, al que consideró como “el más completo. “En general estoy absolutamente coincidiendo con el proyecto”, dijo, para plantear luego una serie de consideraciones sobre artículos puntuales. Particularmente el 8°, donde sugirió agregar “algo que tiene que ver con lo inesperado: un trabajador que de repente advierte un grave riesgo a su salud o la integridad psicofísica; poner que el trabajador puede negarse a hacer una tarea si advierte un riesgo”, remarcó.

“Son pocas las observaciones que pude hacer para un proyecto que está muy bien redactado”, dijo, recomendando de paso lo que definió como una “tarea para el hogar”: “Que este Congreso derogue la Ley 27.348, sancionada por el Gobierno anterior”, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Precisamente las ART fueron centro de múltiples cuestionamientos durante la jornada. Sobre el final de la reunión, Recalde volvió sobre el tema proponiendo como solución “suprimirlas”.

A continuación, el presidente de Políticas Sociales de la UIA, Juan José Etala, consideró “muy importante que los legisladores nos reciban, porque después somos los que tenemos que aplicar la ley e interpretarla. Es bueno que nos escuchen y atiendan nuestras observaciones, si es que existen”.

Aclaró que “no hay cuestionamientos a las comisiones mixtas en materia de higiene y seguridad”, pero recordó que Santa Fe tiene una ley y hay en esa provincia muchas comisiones registradas, cosa que existe además en Buenos Aires, donde también está la ley y hay muchas comisiones registradas.

“En ambos casos la ley dejó a salvo la autonomía colectiva, que cuando los convenios colectivos establecieron comisiones de higiene y seguridad era lo que realmente regía, porque nada más importante que las propias partes para regular este tipo de cuestiones”, señaló Etala, que destacó que “han funcionado muy bien; muchas empresas que tienen por convenio colectivo o de empresa el funcionamiento de estas comisiones”.

Alertó sobre lo que definió como una “colisión normativa” que se daría entre una ley nacional y dos leyes provinciales: “Es una superposición que no debería existir. Debería darse prioridad a los convenios colectivos, y a las legislaciones provinciales, que funcionan bien”.

Eso sí, observó que “hay un solo aspecto que entendemos que va a generar mucha conflictividad y litigiosidad: lo del acoso y la violencia en el trabajo. No es solo del empleador al trabajador, puede ser al revés. Nunca estuvo claro eso, no hay que olvidarse que son cuestiones casuísticas, someterlas a consideración de una comisión mixta de higiene y seguridad, no parece ser el mecanismo idóneo para su tratamiento. Sale de lo que debería ser, esto lo tiene que valorar un juez, no con versiones de hecho”.

De tal manera, puntualizó que otra cosa es que se hagan protocolos, y a propósito de eso la mayoría de las empresas los tienen, “así que no estaríamos innovando. Otra cosa es someter estas cuestiones a las comisiones”, comentó.

A continuación, expuso Walter Andreozzi, vicepresidente de Relaciones Parlamentarias de la UIA, quien como santafesino habló de la experiencia en esa provincia, donde contó que “la película había empezado con un gran enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno de (Hermes) Binner. No había consenso entre las partes como para poder avanzar en este tema”, pero luego esa situación se revirtió. Aclaró entonces que “debemos valorar que podamos estar en la mesa del diálogo y avanzando en algo que antes no nos podía parecer que pudiéramos avanzar”.

“En Santa Fe ya tenemos 3.057 comités registrados, y venimos en perfecta armonía”, dijo, sugiriendo que “no llevemos un conflicto donde no lo hay y el tema está fluyendo. Tratemos de incorporar a quienes no tienen esta norma y avancemos en este sentido”.

Fue el turno de Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT y secretario general del Sindicato de la Industria del Vidrio. “Para nosotros es sumamente importante estar hoy acá y tratando varios proyectos de ley que entendemos que tienen injerencia en el día a día de los trabajadores”, dijo.

Advirtió que muchas veces se minimiza la importancia de la seguridad e higiene y los comités tripartitos “por desconocimiento”, precisando que “la salud y la seguridad y prevención en el mundo laboral tienen que empezar a ser miradas desde una perspectiva integral”.

“Hay muchas empresas y empresarios que a la seguridad y prevención la toman como un costo. Cuando se logra una síntesis entre el sector empleador y los trabajadores, se logran mejores formas de trabajar y sobre todas las cosas generarle dignidad a los trabajadores”, comentó el sindicalista, que realzó “la importancia de tener una ley nacional que resguarde la integridad física de todos los trabajadores en el mundo laboral y la salud, como principio fundamental y derecho humano para el desarrollo del trabajo y dignificándolo”.

En otro pasaje, Jerónimo dijo tener muy claro que “el proyecto de ley que salga adelante tiene que ser uno que resguarde la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras, y también que el Estado no sea ajeno a la realidad de lo que se discute”. “También las ART, que es algo que lamentablemente la pandemia sacó a la luz: la intransigencia que tienen esas empresas para darle la cobertura a los trabajadores, y lamentablemente la pandemia demostró que no estuvieron a la altura de las circunstancias –afirmó-. En los momentos más difíciles de la pandemia se hacían las distraídas. En un universo donde las obras sociales sindicales demostraron que estuvieron a las circunstancias, saliendo a trabajar codo a codo con los trabajadores”.

El sindicalista expresó su deseo de que “tanto el Estado como las ART y las empresas no tienen que ser ajenos a este tipo de discusiones”. Y agregó: “Nos parece injusto en algunos proyectos que leímos que tienen que tener 100 trabajadores para constituir un comité tripartito”. Se mostró crítico al respecto, afirmando que “donde hay un trabajador, tiene derecho a tener la dignidad necesaria, la seguridad necesaria y la prevención necesaria que se merece”.

“Ojalá que ese punto lo podamos seguir trabajando”, dijo, y relató que en Santa Fe la norma vigente establece que con más de 50 empleados se pueden conformar los comités mixtos.

Por último, destacó la importancia de mantener la conformación del comité mixto en los ámbitos donde funcionan y “darles las herramientas a todos los compañeros que designa la comisión gremial. No estamos de acuerdo en que sean los delegados los que participen del comité mixto, sino que por una cuestión institucional, los tiene que designar su organización gremial, en representación de los trabajadores”.

Por el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, Lilian Capone consideró que este es “un momento muy oportuno  para discutir estas cuestiones. La OIT, en su 110° reunión, incorpora el tema de la salud y la seguridad como un derecho fundamental. Eso es histórico, inédito”.

“Precisamente en este marco y por ser nosotros un país miembro de la OIT, consideramos que es importante esta charla”, señaló, para poner luego el ejemplo de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. “No podemos estar tranquilos con los convenios colectivos, de ninguna manera; esto tiene que ser nacional, de todas las provincias y todos los municipios”, enfatizó.

Consideró que tomando lecturas comparativas de los distintos proyectos existentes, los comités, además de ser órgano asesor y de consulta, deben supervisar las políticas. “Sino es la ñata contra el vidrio: tienen que estar discutiendo supervisar las políticas acordadas en ese ámbito, porque sino nadie las supervisa”.

¿Qué más tienen que hacer los comités? Para Capone “un seguimiento constante de los compañeros que han sido lesionados por las condiciones de trabajo. Nuestro sistema de riesgo de trabajo está privatizado, y por eso son las empresas con fines de lucro las que sacan ganancia con los daños y malos eventos que sufren estos compañeros. Tienen que tener una mirada muy crítica supervisada, y tienen que supervisar que los mapas de riesgo que se hacen sean coherentes”.

La sindicalista consideró que “la alta litigiosidad está dada por la cantidad de trámites que tienen que hacer los compañeros; vale de ejemplo que el Covid no es considerado enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. No puede ser que los trabajadores de la salud no tengan ese derecho”.

Asimismo expresó su coincidencia con la CGT respecto de que todas las empresas tienen que tener un delegado de prevención; a partir de 10 trabajadores deben tenerlo, elegirlos las organizaciones sindicales, y tienen que tener la idoneidad para discutir en un comité”.

Aclaró que los técnicos de las empresas también pueden aportar, pero sin voz ni voto. “Porque la coyuntura tapa a un comité, y la opinión de un experto tapa la voz de un compañero”.

Habló luego Juan Pablo Diab, asesor legal de CAME, quien sostuvo que esa organización “siempre ve con buenos ojos todo lo que sirva para el tutelaje y la salud de los trabajadores. El trabajador, para las PyMEs que representamos, es una fuerza productiva”. Señaló en ese sentido que la mayoría de empresas a las que representan no superan los 10 o 15 trabajadores en promedio, con lo cual el siniestro o enfermedad que pueda sufrir alguno de ellos es una quita muy fuerte productiva. “A lo cual también hay que destacar que el mismo empleador es un compañero de trabajo en la mayoría de los casos. Con lo cual está de los dos lados, porque está compartiendo las tareas”, dijo, considerando entonces que “es beneficioso tener una autoridad que tutele esto”.

Destacó que en Santa Fe “funcionan bien las normativas que se están aplicando, como los convenios que tienen conocimiento específico de cada actividad, con lo cual esos convenios pueden llegar a ser más precisos que una ley nacional. Tiene que haber una ley que no se contraponga a esos convenios; quizá habría que ver una ley más en sintonía, que ampare estas circunstancias”.

Con relación a la representación de un trabajador a partir de diez empleados, dijo: “Imagínense una PyME que no tiene riesgo o situaciones de higiene y seguridad, como son comercio de manera básica. No existen casi cuestiones que salgan del marco legal. Esa creación de la comisión y su funcionamiento puede entrometerse en horas productivas de producción de la empresas, con lo cual habría que rever el número de trabajadores y la escala a abordar”.

También desde CAME, Sergio Mascaró aclaró que “no cuestionamos las comisiones mixtas”. Y en respuesta a lo expresado por Cristian Jerónimo, sobre delegados que sean designados por las organizaciones sindicales, pidió tener en cuenta que “las PyMEs tienen pocos empleados y si vamos a tener mucha gente en las comisiones, vamos a sacarle gente a la productividad de las empresas”.

Pidió en tal sentido rever alguna cuestión en cuanto al funcionamiento. Comentó que el proyecto establece que se regulará el propio comité, pero no dice de qué forma, con qué mayoría. “En el caso del artículo 7 del proyecto, cualquier miembro del comité puede denunciar un caso a la autoridad de aplicación. En ese caso no sabemos si la actuación del comité va a ser colegiada o individual, porque si el trabajador va a poder denunciar por sí mismo, ¿qué función tiene el comité? Y si el empleador no está de acuerdo, el artículo 8 dice que constituiría una práctica desleal. Tendríamos que ver que analizar, discutir”.

Luego fue el turno de Ramiro Fernández, de la CTA Autónoma, quien brindó datos surgidos de un documento de la OIT: los accidentes y enfermedades de origen laboral tienen a nivel mundial un costo anual promedio del 4% del PBI, pero ese número es un promedio entre los países que hacen prevención y los que no.

En estas últimas estimaciones hechas en el documento “La seguridad en cifras”, se sostiene que las pérdidas llegan al 10% del PBI, no estando Argentina entre los mejores ni los peores casos. Pero sí por encima del promedio en los cálculos de pérdidas.

En cuanto a las enfermedades de origen laborales en nuestro país, donde según el Sistema de Riesgos del Trabajo, las mismas representan solo el 3,5% de los eventos denunciados, contrario a los porcentuales que indica la OIT, sosteniendo que en el promedio mundial, solo el 14% de las muertes en el trabajo son debidas a accidentes y que el resto son debidas a enfermedades de origen laboral. “Estos datos indican que más que un subregistro, lo que existe de parte del sistema es un ocultamiento liso y llano de las enfermedades vinculadas al trabajo”, advirtió.

Asimismo consideró que el texto del proyecto analizado no respeta la pluralidad sindical, al no permitir aumentar el número de miembros del comité en caso de que exista más de un sindicato. Pidió no limitar el número de representantes, y en todo caso que el voto sea proporcional al porcentaje de representación.

A su turno, Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), señaló que “leyendo los proyectos nos parece muy bien la implementación de los comités de seguridad, para empresa de más de 10 trabajadores. Respecto de la cantidad de delegados, proponemos que quede a definición de la misma cantidad que se ha acordado en los convenios colectivos. También que haya pluralidad sindical, pero cuando no haya acuerdos, hay que incorporar una instancia de conciliación entre el sindicato y la entidad empresarial”.

Exdiputado nacional, Walter Correa estuvo presente en la reunión de la comisión, en su condición de secretario general del sindicato de Curtidores. En su condición de coautor de uno de los proyectos puestos a consideración, dio detalles del proyecto y puntualizó que “esto para nosotros es un piso y somos respetuosos como siempre de los convenios colectivos”. También fue crítico de las ART: “Nos abandonaron en la pandemia”, planteó.

También ex diputada nacional y coautora de uno de los proyectos, la santafesina Patricia Mounier es secretaria de Derechos Humanos de SADOP, y recordó la primera reunión informativa que hubo el año pasado con la presencia del Ministerio de Trabajo. Valoró la importancia de estos comités y “la posibilidad de participar en planes de prevención de esos accidentes o enfermedades”.

Señaló que “es importante entender que esta conformación de comité mixto no releva a las ART de sus obligaciones según la normativa vigente”.

Fue muy valioso el testimonio del representante de APL Carlos Gonzálvez, por cuanto habló en su carácter de responsable del Comité Mixto de la Cámara de Diputados detalló la experiencia que tienen ya con este sistema a partir del hecho de que funcionan desde 2016. Admitió que ya desde 1995 se había establecido que debían conformarlos, pero debieron pasar 21 años para comenzar a funcionar.

En la Cámara de Diputados funcionan con 3 representantes de las autoridades y 3 de los gremios, que agrupan a trabajadores de UPCN, ATE y APL. La presidencia se cambia una vez por año; uno corresponde a las autoridades de la casa y al año siguiente a los gremios. Cuando hay paridad, el que define es el presidente.

Gonzálvez contó la experiencia personal: “Al principio teníamos un poco de miedo sobre cómo iban a sucederse las cosas, como que iba a haber competencia entre los tres gremios, y con las autoridades del otro lado de la mesa. Fue todo bueno, con coherencia, sentido común. Hemos hecho muchísimas recorridas, trabajamos en los pasillos con la Dirección Médica, la Dirección de Obras”.

Destacó además que en la Cámara existe el cupo del 4% para personas con discapacidad. “La accesibilidad desde 2016 cambió completamente”, valoró. Además informó que los accidentes que había en los talleres y sectores de mano de obra bajaron 150 o 200 casos por año, a 70, en los que su mayoría corresponden a accidentes de desplazamiento dentro de la Cámara.

“El espíritu de la ley es bueno, más allá de que nosotros en nuestra organización tenemos los comités de Higiene y Seguridad desde el año 1975, por convenio colectivo de trabajo y estatuto. Alguna experiencia en esto tenemos”, señaló con suficiencia Paco Manrique, secretario de la CGT y adjunto del SMATA. Sentado a la derecha de Pablo Moyano, que asistió a la reunión, mas no hizo uso de la palabra, el gremialista justificó la postura expuesta por Cristian Jerónimo respecto de que el representante gremial en los comités no surja de los delegados, sino de la organización gremial. De lo contrario “siempre vamos a estar en desventaja”, dijo, en referencia a que cada dos años pueden cambiar los delegados y debería cambiarse el representante en el comité. “Formar un licenciado de Seguridad e Higiene lleva 5 años, y si lo quiero ingeniero, otros 5”, explicó destacando que debe ser la organización sindical la que designe sus representantes y es la que además los va a capacitar.

Bien concreto, Manrique señaló que “la ley especifica reuniones periódicas donde tienen que participar obligatoriamente las ART, y en mi industria las ART brillan por su ausencia. Entonces si vamos a poner en esta ley que es obligación de las ART presentarse, también que se pongan las sanciones que va a tener esa ART si no cumple ese requisito”. Puntualizó en ese sentido que “por ley si querés armar una empresa tenés que tener una ART, y las mismas dejaron de cumplir sus funciones porque no tuvieron control del Estado”.

Muy crítico del sistema de las ART, observó que “hay empresas en las que el ausentismo está provocado por la ausencia de la ART. Hay trabajadores que han estado tres años ausentes, estando en perfectas condiciones de volver a trabajar”.

“La ART pasó a ser un requisito legal, ya no es una herramienta funcional. Por eso me gusta esta ley”, cerró.

Fue el último de los invitados en exponer. A continuación, el diputado radical Fabio Quetglas, vicepresidente de la comisión señaló que habrá que analizar si la creación de los comités mixtos de seguridad e higiene es algo prioritario o no, en una Argentina que “se acerca a una crisis del mercado del trabajo muy severa”.

Señaló también que “se dijo que las ART nacieron con este sentido y hoy son solo un requisito. Tendríamos que preguntarnos si no tenemos que hacer algo para que funcionen bien. Los problemas burocráticos no se arreglan con más burocracia; lo tendríamos que saber”.

Puso como ejemplo en ese sentido de la policía. “Porque la Policía bonaerense era mala, se creó la Policía 2; y al tiempo tuvimos dos policías malas”, ejemplificó.

“El 72% del empleo privado en la Argentina se produce en unidades de menos de 20 trabajadores”, comentó también, convencido de que el tema tiene que avanzar por convenio. “No me parece oportuno que un país donde casi la mitad está en la informalidad, pongamos esto en la mesa antes de que pensemos cómo bajar esa informalidad”, cerró.

A continuación, el gremialista bancario y diputado nacional oficialista Sergio Palazzo expresó su discrepancia con el vicepresidente de la comisión al señalar que “el hecho de que exista una gran informalidad, no quita que se pueda avanzar con esto. Tenemos que avanzar con las dos cosas”.

Durante una reunión presencial que se llevó a cabo en el Anexo "C" de la Cámara de Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendieron este lunes ante la Comisión de Legislación del Trabajo el proyecto de ley que promueve la creación de "Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo".

En primer lugar, Moroni señaló que "Argentina tiene una larga tradición en reparación de los accidentes de trabajo", pero "en lo que no ha habido mucho avance es en el tema de la prevención". "La implementación de criterios que ayuden a tener un ambiente sano de trabajo no han tenido, salvo algunas excepciones, políticas muy eficaces", continuó.

El funcionario recordó que provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen leyes similares a la que se presenta, "hay empresas que han avanzado y otras no tanto, hay un grado de implementación heterogénea", por lo que consideraron desde el Gobierno la necesidad de tener "una norma general para todo el país".

"Generar un ambiente sano de trabajo no requiere solamente las normas de prevención, sino un mecanismo dentro de la empresa", apuntó, en referencia a la creación de los comités, y ponderó que en la tradición de la relación entre empleadores y trabajadores el país tiene "muy incorporada" la instancia paritaria.

En ese sentido, el titular de la cartera laboral resaltó que "Argentina durante el peor año de su historia económica, que fue el año pasado, mantuvo vigente las negociaciones paritarias y la verdad que el nivel de conflictividad fue bajísimo". "Hemos tenido un muy bajo nivel de contagios de Covid en los lugares de trabajo gracias al trabajo paritario", agregó.

Y sostuvo que los protocolos Covid "casi todos fueron realizados en modo conjunto entre sindicatos, trabajadores, y en algunos casos con participación del Estado".

Por eso, insistió que para la política de prevención de accidentes de trabajo "el mejor método es el método con el que manejamos gran parte de las relaciones laborales en Argentina, que es la negociación paritaria".

Además, Moroni subrayó que a través de distintos convenios y recomendaciones, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene "planteando la necesidad de que haya ámbitos de diálogo para la prevención de accidentes dentro de la empresa".

El ministro admitió que la implementación de esta ley "va a requerir mucho esfuerzo, tanto de sindicatos, como de empresarios y el Estado".

Sobre la obligatoriedad de la creación de comités en empresas que tengan más de 100 trabajadores, el funcionario calificó como "una medida razonable" ese número, aunque aclaró que en los lugares con menos trabajadores se mantendrán "los mismos criterios" para la participación de los delegados.

"Un ambiente de trabajo sano no es solo aquel que no tiene ruido, sino aquel en el que se trabaja en una comunidad con parámetros razonables de convivencia", argumentó Moroni, en referencia a la violencia y el acoso laboral.

Finalmente, opinó que es "un momento oportuno" para tratar esta ley que "no avanza sobre ninguna competencia de los empleadores" y "no faculta ninguna intervención estatal", enfatizó. "Es un proyecto muy razonable, muy adecuado a normas internacionales y muy necesario", cerró.

Por su parte, Gómez Alcorta dijo que esta norma "coloca en primer lugar a la salud de los trabajadores y las trabajadoras" desde "una perspectiva integral de la salud" que contemple no solo "los factores físicos, sino también los psíquicos y emocionales".

"Incorpora de un modo cabal la perspectiva de género dentro del mundo laboral", celebró y remarcó que "Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que no cuenta a nivel nacional con comités que incluyan la participación de trabajadores y trabajadoras".

También, la funcionaria indicó que la OIT, a través de diferentes convenios "insta a los Estados a que se establezcan mecanismos de participación a estos fines" y expresa que "la creación de estos mecanismos es una de las maneras de cumplir" con estos convenios.

"Si bien el sujeto empleador es quien tiene la responsabilidad del cuidado y la protección en el ámbito del trabajo, son los trabajadores y trabajadoras los que mejor conocen los riesgos físicos y psicosociales de cada una de las actividades", explicó.

En esta línea, la ministra afirmó que "las mujeres trabajadoras de todo el mundo, y las argentinas claramente no son la excepción, continúan infrarepresentadas en los órganos y en los procesos de toma de decisión dentro del mundo laboral y en los espacios de trabajo, incluso en aquellos que son mayoría en la fuerza de trabajo", lo cual "no solamente es injusto para las mujeres y las personas LGBTIQ+, es contraproducente para las empresas, la economía y la sociedad en su conjunto".

Puntualmente, Gómez Alcorta valoró que los comités tendrán facultades para la prevención y la atención de los riesgos de trabajo vinculados a la violencia, el hostigamiento y el acoso por cuestiones de género, situaciones que generan "daños psicofísicos".

No solo deberán elaborarse "protocolos de prevención para poder erradicar la violencia en el ámbito laboral", sino también "canales de comunicación rápidos, expeditivos y confidenciales para que se puedan llevar a cabo las denuncias", señaló.

En su exposición, la titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad informó que estos casos perjudican "en el modo en que las trabajadoras llevan adelante las tareas", además de ser "un obstáculo para la permanencia en los puestos laborales".

La palabra de los "dipusindicales"

En el tramo de las intervenciones de diputados, la legisladora de extracción sindical Patricia Mounier (FdT) señaló que tiene presentado un proyecto similar, con algunas diferencias, y consideró que "la implementación de los comités mixtos es un derecho que tenemos que ampliar para todos y todas. Cuanto más ampliemos la posibilidad de participación para trabajadores y trabajadoras me parece que más justicia vamos a hacer".

"Me parece muy atinado -en el proyecto del Ejecutivo- que cuando no se llegue al mínimo de trabajadores sean los delegados de prevención los que participen y se implemente de todos modos", coincidió.

Por su parte, otro "dipusindical", Walter Correa (FdT), recordó que proviene del partido bonaerense de Moreno y pidió que en la ley se tenga en cuenta "el reconocimiento a Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), dos compañeros que han fallecido víctimas de la desidia", durante la explosión de la Escuela Primaria N°49 en 2018. "Tal vez si estos comités hubieran estado articulados, por ahí se hubiera evitado", dijo.

Para el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky (FdT), esta ley "nos va a permitir mejorar enormemente las condiciones de salud en los lugares de trabajo, y esto hay que resaltarlo, porque no hay dolor más grande que la muerte de un compañero o una compañera en el lugar de trabajo".

Desde Juntos por el Cambio, la diputada Dolores Martínez (UCR) lamentó que el ministro Moroni se haya retirado tras su exposición y manifestó la solicitud de enviarle preguntas por escrito, a lo que Siley asintió. En alusión a la exposición de Gómez Alcorta, la radical apuntó que "si bien este proyecto establece canales de denuncias y capacitación, no explica claramente cuáles van a ser esas herramientas que favorezcan el acompañamiento, la asistencia y reparación a las víctimas" de violencia y acoso laboral, como establece el Convenio 190 de la OIT, al que Argentina adhirió recientemente.

"Las actuaciones y decisiones del comité mixto no desplazan las disposiciones del Convenio 190" que "están dirigidas tanto al Estado como a los privados", respondió Gómez Alcorta; mientras que Eduardo Álvarez, asesor del Ministerio de Trabajo, reveló que se encuentra en elaboración un proyecto complementario que sea un "marco normativo" sobre el Convenio 190 y funcione como "una ley de operatividad" que tenga "coherencia con esta ley de comités mixtos".

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y prevé la creación de los comités, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.

En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

Por otro lado, en aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y/o trabajadoras y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) reconoce la importancia de la seguridad e higiene laboral y, en ese sentido, desde hace años viene trabajando intensamente en la comisión cuatripartita, que integran las entidades gremiales representativas de Empleadores y Trabajadores (UTHGRA), junto a la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Destaca la entidad que en su desarrollo y por consenso se han generado manuales de buenas prácticas para tareas específicas, protocolos en diversas etapas de la pandemia de Covid-19, material informativo, capacitaciones, aulas virtuales, estadísticas dinámicas, etc.; continuando en pleno funcionamiento, en el marco de los Programas Nacionales de Prevención por Rama de Actividad (Pro.Na.Pre), que consideran el ámbito adecuado para el estudio, análisis y tratamiento institucional, profesionalizado, objetivo y oportuno de las problemáticas que en sus áreas de incumbencia son de importancia para el sector de actividad.

Esta actividad es permanentemente difundida mediante acciones de información y capacitación a empleadores y trabajadores en establecimientos hoteleros y gastronómicos, en diferente formato o magnitud, tanto por FEHGRA y las filiales que la conforman en todo el país, como por UTHGRA, aclararon los empresarios.

Para la Federación, generar comités mixtos con la funcionalidad que la iniciativa observada busca implementar, de alcance obligatorio y profuso marco regulatorio, resulta “sobreabundante e inadecuado para esta singular actividad de servicios, más allá de los mayores costos, ineficiencias, mermas de productividad, rigideces y burocracia, que el sector no se encuentra en absoluto en condiciones de asimilar”.

“La hotelería y la gastronomía se encuentran entre las actividades que más vienen sufriendo las consecuencias de la pandemia de Covid-19, ya que han transitado los más prolongados períodos de cierres totales, así como numerosas, diferentes y sucesivas restricciones (áreas de negocio, horarios autorizados, aforos, etc.), lo que ha provocado el cese de actividades y/o cierre definitivo de una gran cantidad de establecimientos en todas las ramas de servicio y categorías”, puntualizó FEHGRA a través de un comunicado.

Actualmente, el sector está procurando reiniciar de a poco la actividad, arrastrando importantes deudas de distinta naturaleza, con numeroso personal aún alcanzado por regímenes de suspensiones (Art.223 bis LCT), por lo que la entidad sostiene que “distraer al empresario, empleador o, en muchos casos, al simple emprendedor de las múltiples preocupaciones que en forma permanente debe atender en pos de la mera sustentabilidad del establecimiento, pago de salarios y proveedores, etc., parece realmente fuera de tiempo y ajeno por completo a la situación que se viene transitando”.

“La Federación entiende que todos los actores sociales deben abocarse mancomunadamente al sostenimiento del empleo, y procurar la implementación de medidas tendientes a su crecimiento en entornos de calidad y formalidad, y no a la multiplicación e intensificación de fórmulas que, con independencia de sus denominaciones y loables objetivos, puedan terminar desvirtuándose y provocando efectos contrarios e indeseados”, se expresó a través de un comunicado.

Finalmente, FEHGRA ratifica la “firme vocación por continuar trabajando en el ámbito de las comisiones sectoriales, integradas junto a la Entidad Gremial UTHGRA, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación”.