Así lo reafirmó el diputado Leopoldo Moreau luego de una imputación por parte del fiscal Franco Picardi al expresidente.
El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) se refirió este martes a la imputación por parte del fiscal federal Franco Picardi al expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal y opinó que esa medida “pone nuevamente en la escena a quien fue el responsable directo” de un “plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política”.
“Es un dictamen que tiene enormes coincidencias con el informe que hicimos hace un año y medio atrás”, señaló el oficialista en alusión al documento elaborado por la Bicameral de Inteligencia que él preside. Ese informe cuenta con “pruebas documentales, con evidencias que son constatables”, resaltó.
Para el legislador, el fallo de Picardi “pulveriza la teoría de los guardaespaldas de Macri en Comodoro Py” de que “se trataba de actividades llevadas adelante por cuentapropistas en un intento de desligarlo a Macri de su responsabilidad”.
Picardi “subraya que había un interés especial de Macri en la persecución de Cristina Fernández de Kirchner en particular, y la persecución de familiares. En nuestra comisión tenemos registradas las entrevistas con los espías que nos contaron con lujo de detalle cómo fueron a espiar a la hermana de Macri (Florencia) y a su pareja (Salvatore Pica)”, apuntó.
En contra de los jueces de la Cámara Federal porteña, que el año pasado determinaron que no hubo una asociación ilícita de espionaje durante el gobierno de Cambiemos, Moreau dijo: “No sé de qué se van a disfrazar ahora (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Mariano) Llorens, que es el equipo guardaespaldas de Macri, porque este fallo contradice totalmente esa sentencia vergonzosa en la que ellos dijeron ‘no, Macri no tiene nada que ver'”.
El fiscal Picardi imputó al expresidente como supuesto responsable de espionaje ilegal y requirió la elevación a juicio oral y público de la causa en la que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, exjefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), durante la gestión macrista.
Por otra parte, el radical K se refirió al reciente fallo de la Cámara Federal porteña en el que se confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Gabriel Carrizo como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta, al tiempo que se dictó falta de mérito y se ordenó liberación inmediata de Agustina Díaz.
Pero, puntualmente, Moreau criticó la orden por parte de la Cámara Federal a la jueza María Eugenia Capuchetti para que profundice la investigación de otras “posibles hipótesis aún no dilucidadas, como ser la actuación de las agencias de seguridad y personal que se encontraban a cargo de la custodia y seguridad de Cristina Fernández”.
“Lo que le están diciendo es córtala acá, no sigas para arriba, y desvía la investigación para otro lado, en este caso para la custodia”, señaló el diputado, que opinó que se busca abonar “la teoría que inicialmente quisieron instalar de que era un autoatentado”. “La jueza Capuchetti está sometida a muchas presiones”, añadió.
Por último, pidió “estar muy atentos a la causa” ya que todavía “la mantienen como un delito menor” pese a la magnitud que tiene.
En un nuevo posteo, la vicepresidenta exhibió una nota en la que el FBI le aportó información a Comodoro Py sobre la causa de “los bolsos de López”.
Muy activa en redes desde el comienzo de esta semana, que estuvo marcada por su situación judicial, la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó este jueves un nuevo posteo en el que fustigó a la Justicia al asegurar que “encubren a los macristas”.
“Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares”, arrancó la titular del Senado.
Y continuó: “¿Información sobre qué?…Sobre el destino y fecha de envío de un cargamento de 3,2 millones de dólares que formaban parte de los 9 millones incautados… O sea, más de un tercio del monto total”.
“¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelici”, agregó la vicepresidenta.
Además, señaló que “el sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 20/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López” pero “ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue”. “Lo dicho: no sólo persiguen a los peronistas sino que encubren a los macristas”, completó.
El pasado lunes, el fiscal Diego Luciani pidió ante el TOF 2 que se condene a la exmandataria, acusada como “jefa” de una asociación ilícita, a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz.
En esa causa también está acusado José López, que durante sus gobiernos fue secretario de Obras Públicas y a quien la vicepresidenta apuntó en su descargo que realizó el martes desde su despacho del Senado. En esa exposición, CFK se refirió a los bolsos que López arrojó a un convento con 9 millones de dólares y aseguró que ese dinero fue producto de la corrupción entre el exfuncionario y empresarios macristas.
El senador oficialista dijo que “hay una justicia para CFK y otra para Macri”. También consideró que habría que “llevar a juicio político a los miembros de la Corte”.
El senador nacional Mariano Recalde (FdT) apuntó contra la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con las críticas que realizó la vicepresidenta, y aseguró que “uno de los objetivos de la Corte es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner“, en caso eventual que fuera candidata en las elecciones del año que viene.
“Es evidente que, en el Poder Judicial, sobre todo en Comodoro Py, hay doble vara: hay una jurisprudencia para los funcionarios de un color y una jurisprudencia para los de otro”, cuestionó y agregó que “lo vemos en la ‘doctrina Irurzun’, que solo aplicaba a exfuncionarios kirchneristas, pero no con los exfuncionarios macristas”.
En diálogo con Futurock FM, el camporista amplió su idea sobre “la doble vara” en la Justicia al criticar que “la Corte Suprema avaló el espionaje de Mauricio Macri, porque en primera instancia lo reconoce, pero lo justifica y lo sobresee”. “El Poder Judicial ha ido perdiendo independencia, ahora está para hacer política, persiguiendo a unos y dando impunidad a otros”, insistió.
Además, el legislador oficialista señaló que “el Poder Judicial tiene otra misión que la que realmente debe cumplir” mientras que “la Corte Suprema es supremacista, cree que tiene el poder supremo”.
“La Corte Suprema de Justicia se mete en decisiones políticas y económicas del país, esto es grave porque afecta al sistema republicano y a la democracia”, expresó Recalde quien, además, dijo que “este Poder Judicial impide construir un país más justo, bloqueando al desarrollo social”.
Para finalizar, el porteño afirmó que “habría que hacerles juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero se necesita consenso y mayoría”. “A los cuatro tipos que manejan Poder Judicial no los votó nadie”, lanzó.
“Vinimos a acusar a los autores de la campaña de difamación contra el movimiento piquetero”, expresó el diputado Gabriel Solano respecto a la denuncia por presuntos delitos de amenaza y extorsión.
Dirigentes del Frente de Izquierda se presentaron este lunes en Comodoro Py, donde manifestaron su rechazo ante la una causa abierta por el fiscal federal Guillermo Marijuan contra el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni por los presuntos delitos de amenaza y extorsión.
En conferencia de prensa, sostuvieron que se trata de una campaña que “apunta a criminalizar la protesta social y perseguir a los dirigentes de las organizaciones que enfrentan el ajuste”; mientras que el legislador porteño Gabriel Solano señaló que “no vinimos a defendernos, vinimos a acusar a los autores de la campaña de difamación contra el movimiento piquetero”.
Marijuan denunció por amenazas y extorsión a los dirigentes por quedarse, presuntamente, con el 2% de lo que reciben en planes sociales los desocupados que integran esa organización.
“Vinimos a acusar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ha largado una campaña brutal contra los movimientos sociales. Lo hace con el propósito de apoyarse en el peronismo, especialmente el PJ bonarense y otorgarles a ellos la administración de los planes sociales. Hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en los ‘barones” del conurbano’”, agregó Solano.
“La vicepresidenta se ha colocado en el campo de los Milei y de los Bullrich, de los que atacan al movimiento popular porque no nos entregamos frente al ajuste, y no nos vamos a entregar”, cerró el dirigente trotskista.
Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero, expresó que: “El domingo, a 20 años del aniversario del asesinato Maxi y Darío hubo cerca de 50 mil personas, que de alguna manera manifiestan una respuesta a la campaña de ataque y estigmatización del movimiento piquetero. Nos subimos a ese puente nuevamente y así como reivindicamos a Maxi y Darío, reivindicamos la lucha de hoy”.
“El movimiento piquetero viene luchando hace años justamente contra los punteros del PJ, que amedrentan para contener al movimiento popular que quiere enfrentar las políticas que sus intendentes quieren implementar. No van a detener nuestra lucha, no pudieron cuando asesinaron a nuestros compañeros, no lo van a hacer con esta persecución”, concluyó.
Finalmente, la diputada nacional Myriam Bregman señaló que “acompaña la denuncia contra el accionar de Marijuan, que vuelve a actuar hoy como en los años 90. Cuando los jueces y fiscales puestos a dedo por el menemismo escuchaban algo por la radio o televisión y armaban causas judiciales. Lo que hizo Marijuan es un bochorno de ese tipo. Leyó una nota e instruyó una causa a partir de eso sin tener ningún dato serio, ni siquiera sabe que el programa Potenciar Trabajo no depende del Ministerio de Trabajo. Así de burda es la denuncia que ha realizado”.
Participaron de la manifestación organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y piqueteras, delegaciones sindicales, y partidos políticos del Frente de Izquierda Unidad.
La vicepresidenta se refirió en sus redes sociales a la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar la causa contra el fiscal Stornelli a los tribunales federales.
En una nueva crítica hacia la Justicia, la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionó con ironía este jueves la decisión de la Cámara Federal de Casación de trasladar a Comodoro Py la causa sobre extorsión y espionaje en la que están acusados el fiscal Carlos Stornelli y el falso abogado Marcelo D’Alessio.
“Finalmente se supo: Papá Noel vive en Comodoro Py”, escribió en su cuenta de Twitter la titular del Senado, junto a una captura de una nota de Página/12 sobre la decisión judicial que declaró incompetente para la investigación al Juzgado Federal de Dolores.
Además, en esa misma nota se alerta que un destino similar podría tener la causa sobre presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, en la cual está procesado el expresidente Mauricio Macri.
Horas atrás, CFK había lanzado una catarata de tuits contra el fallo de la Cámara Federal que determinó la inexistencia de una asociación ilícita en la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno anterior y revocó los procesamientos contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La vicepresidenta agradeció el vídeo realizado por la agrupación que lidera su hijo, Máximo Kirchner, al recordar los cinco años desde su primera declaración en Comodoro Py.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner agradeció este martes el vídeo que la agrupación La Cámpora, liderada por su hijo Máximo Kirchner, realizó para recordar que este 13 de abril se cumplen cinco años de su primera declaración en los tribunales de Comodoro Py, citada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa “dólar futuro”.
“Gracias por tanto amor”, escribió la expresidenta al compartir el mensaje de la cuenta de La Cámpora, donde se publicó: “#13A. 5 años de Cristina en Comodoro Py. El Partido Judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida”.
En el vídeo, donde se la compara con Diego Armando Maradona, se ve un compilado de momentos de su gestión presidencial, sus discursos y diferentes frases durante la campaña electoral de 2019 y, en especial, de aquella jornada lluviosa del 13 de abril de 2016 en la que se subió a un escenario para hablarle a los militantes que se habían acercado hasta los tribunales de Retiro.
También hizo alusión en sus redes a aquella jornada la diputada nacional Cristina Britez, que citó a lo dicho por la vicepresidenta en esa oportunidad: “Me pueden citar 20 veces, me pueden meter presa, pero no van a poder callarme”. “Hace 5 años, en aquel día lluvioso frente a Comodoro Py, nos conmoviste y nos diste fuerza. Hoy nuestra lealtad está intacta, y la lucha contra el lawfare continúa. Siempre a tu lado, @CFKArgentina”, dijo la misionera.
“Hace 5 años, fuimos miles los argentinos y las argentinas que acompañamos a @CFKArgentina a Comodoro Py. El pueblo, siempre con Cristina”, manifestó la secretaria parlamentario del Frente de Todos en Diputados, Cristina Alvarez Rodríguez, mientras que su par Vanesa Siley tuiteó: “El sol siempre sale, Cristina”.
A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta solicitó que las causas sigan en manos de la Justicia Federal de Lomas de Zamora.
La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió este miércoles que la Corte Suprema de Justicia resuelva que las causas por supuesto espionaje durante el macrismo sigan siendo investigadas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora y no en los Tribunales de Comodoro Py.
Lo hizo a través de su abogado Carlos Beraldi, luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal determinara que el expediente pase de manos del juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a los Tribunales del barrio porteño de Retiro.
“La resolución en crisis resultante es equiparable a una sentencia definitiva, toda vez que irroga gravámenes de imposible o insuficiente reparación ulterior”, según el escrito del letrado, al que accedió la agencia Noticias Argentinas.
Además, el abogado dijo que “resultaría un verdadero escándalo jurídico -uno más- si en esta oportunidad se le denegara” a la titular del Senado o al resto de los litigantes “la existencia del presupuesto aquí analizado, estableciéndose criterios jurídicos diferenciales según la afinidad política de quien recurre”.
“La decisión adoptada determina el entorpecimiento de una investigación de una gravedad inédita, con el consecuente riesgo de que hechos que socaban la vigencia misma del sistema democrático pueden quedar en la impunidad”, disparó en dura crítica a los jueces de Casación.
Para el abogado de la vicepresidenta, el caso debe seguir en la Justicia de Lomas de Zamora “teniendo en cuenta el significativo y profuso avance del proceso penal que se viene desarrollando”.
Las dos causas en cuestión que ahora tramitarán en Comodoro Py son por espionaje ilegal hacia Cristina en su departamento de Recoleta y en el Instituto Patria; y por espionaje tanto a dirigentes kirchneristas como de Cambiemos, así como dirigentes sociales y sindicalistas.
Muchos de los imputados están procesados, entre los que se destacan el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y la exsubdirectora Silvia Majdalani.
En un acto en Casa Rosada, el presidente anunció el envío de la iniciativa que entre otras cosas amplía el número de juzgados. También presentó el Consejo Consultivo que dará su veredicto sobre la ampliación de la Corte Suprema.
El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles el proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal que enviará al Congreso en las próximas horas, acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo que, en forma paralela, opinarán sobre una posible ampliación de la Corete Suprema de Justicia.
El anuncio tuvo lugar en la Casa Rosada y contó con la participación de funcionarios nacionales, legisladores del oficialismo y la oposición -de forma presencial y remota- y solo una de las integrantes del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco.
“Lo que estamos proponiendo no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia”, proclamó el jefe de Estado.
Fernández insistió en que “es hora de tener una Justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos”.
Explicó que, en términos generales, la iniciativa apunta a “organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la Justicia Federal con competencia penal”.
En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Cada uno de esos tribunales, precisó el presidente, actuará con una de las dos Secretarías que actualmente tiene, mientras que la restante se convertirá en Secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.
“Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal”, puntualizó.
El objetivo es evitar que “el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática”, lo que provocó que este fuero “se politizara”.
Fernández argumentó que en la Ciudad, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia Federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar delitos entrelazados como el narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas o el contrabando “se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico”, y por eso consideró que “es hora de unificarlos”.
Para que el nuevo fuero “comience a funcionar cuanto antes”, se prevé un sistema de subrogancias “que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, donde intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado, que deberá dar los acuerdos correspondientes”.
El presidente aclaró que este proceso “en nada afecta el principio del juez natural” ya que “la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando”.
El proyecto también contempla la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de Tribunales Orales, de Fiscalías y Defensorías.
Asimismo, propone transferir a la Ciudad “la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente”.
El segundo título del proyecto propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo.
Según Fernández, “la experiencia da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial”.
En su título tercero, la iniciativa propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país, y recoge un proyecto que perdió estado parlamentario, presentado por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y Silvia Elías de Pérez.
Lo que busca el Ejecutivo es reforzar la Justicia Federal con asiento en las provincias y la especialización por materia para evitar la superposición. “Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal”, explicó Fernández.
El capítulo final del proyecto está dedicado a “una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces federales”, como por ejemplo “evitar comportamientos que indiquen favoritismos”; “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones” y “comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia”.
El incumplimiento de estas pautas -siete en total- constituirá una causa grave de mal desempeño y estará sujeto a sanciones administrativas y penales.
Fernández estuvo acompañado por los integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, a quienes calificó como “juristas de reconocimiento técnico indiscutido”.
Los elegidos son Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battainiy Omar Palermo.
“Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan lo que me ha determinado a convocarlos a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público”, destacó el presidente.
Detalló que la tarea de este Consejo será elevar “propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia”, que serán evaluadas por el Ejecutivo y luego enviadas al Congreso.
El jefe de Estado aclaró que los juristas “tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente”. “No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados a expresarse libremente”, dijo a los miembros.
El presidente dedicó buena parte de su discurso a formular un repaso histórico del funcionamiento del Poder Judicial e hizo foco en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, al advertir que “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
En primer lugar, recordó que con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15 se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y sus normas complementarias.
A su vez, “la Agencia Federal de Inteligencia volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales”.
“Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno”, cuestionó.
Y agregó: “En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”.
