En el último año de su gestión, Alberto Fernández reincidió en un estilo que lejos está de beneficiarlo, pero que a esta altura debe advertirse como una modalidad elegida. Enviar decenas de iniciativas al Congreso a pesar de las dificultades que sabe tendrá para avanzar con los mismos.
Por José Angel Di Mauro
En sus dos primeros años, esta administración dejó clara su costumbre de llenar los veranos con anuncios que no se corroboran con la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados; pero en el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.
Peor fue en el tercer año, cuando el ciento por ciento de los proyectos anunciados para el período extraordinario quedaron sin tratar. No es que no llegaron al recinto: no se trataron siquiera en comisiones.
Es una costumbre de la administración de Alberto Fernández anunciar muchas cosas que luego no se concretan. Pero en este caso nos vamos a limitar al período extraordinario, donde las muestras son claras y marcan un estilo: mandar mucho al Congreso, desatendiendo el hecho de si son temas que puedan avanzar hacia el recinto.
No es lo habitual. Todos los ejecutivos optan por mandar al período extraordinario temas que necesitan, pero que sobre todo consideran aprobables.
Es verdad que este gobierno padece la realidad de no contar con mayorías en ninguna de las dos cámaras, aunque en el Senado esa carencia se soluciona con la participación de aliados confiables. Pero en Diputados, las elecciones intermedias no hicieron más que profundizar un problema con el que ya había arrancado en 2019.
Un ejemplo digno de atender es el de Cambiemos. Cuando las elecciones consagraron a Mauricio Macri como nuevo presidente, en octubre ya habían determinado la composición que tendría en ambas cámaras. Y el resultado era poco promisorio: minoría en las dos cámaras. En el Senado, como siempre dominaba el peronismo; pero en la Cámara baja no solo no era la primera minoría, sino que esa condición le asistía al bloque Frente para la Victoria, que sumaba 97 diputados, diez más que Cambiemos.
Fue una de las razones por las que ese Poder Ejecutivo no convocó a sesionar en el mes de diciembre. A instancias del presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, que le recomendó al Gobierno no llamar a sesiones extraordinarias hasta tanto no tener certeza con los números. En el verano se produjeron desgajamientos en el bloque K y el oficialismo pasó a ser primera minoría. Así y todo, no convocó a sesiones extraordinarias, salvo en el Senado, solo para dar ingreso a algunos pliegos.
El estilo de Alberto Fernández es bien distinto, tal vez con el fin de mostrar una gran actividad en el Parlamento, para lo cual no hace más que elaborar grandes baterías de proyectos, aunque la mayoría quedan para las ordinarias.
Se anuncian ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordando un puñado. Y vamos a los números: de los once proyectos enviados por Fernández al período extraordinario 2019/20, solo fueron aprobados 6. Al año siguiente más que duplicó la apuesta, y le fue aún peor: mandó 25 proyectos y solo se aprobaron en extraordinarias 4. Y el tercer año, en 2022, mandó en el mes de enero 18 proyectos para tratar en febrero y no se tocó ni uno.
Este año mandó 27, y más allá de las dificultades que puedan generar la falta de mayoría, el problema subyacente es la decisión anunciada por la principal oposición de no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista en mantener vigente el enjuiciamiento de la Corte Suprema. Así que difícilmente el porcentaje vaya a satisfacer al oficialismo.
Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.
En esa convocatoria inicial incluyó solo 3 temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.
Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.
Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.
Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.
Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.
Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.
En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.
El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.
Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.
El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.
El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.
El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.
El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.
El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.
Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.
El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.
Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.
En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.
El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.
Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.
A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos. Diez de esos temas fueron tratados en la extensión de ordinarias.
El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.
Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.
Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.
Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.
Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorizara los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.
Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.
Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.
No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.
También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.
Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.
El tercer año de la gestión del Frente de Todos vino absolutamente mal barajado. Fue ese año electoral el que el Gobierno retrasó de manera extrema la presentación del Presupuesto 2022, que el ministro de Economía Martín Guzmán recién fue a defender a la Cámara baja el 13 de diciembre. Con la intención ambiciosa de conseguir la aprobación de esa ley de leyes en una semana.
El período ordinario había sido extendido hasta fines de diciembre y se sabe cómo terminó eso: el debate del Presupuesto arrancó el 16 de diciembre y terminó de manera intempestiva y con rechazo en la mañana del día siguiente.
Previamente el oficialismo había sufrido una primera derrota, al imponer la oposición una moción para tratar Bienes Personales el martes venidero. Sin embargo el oficialismo terminó revirtiendo al menos esa derrota y aprobó un texto deseado por el oficialismo.
Fiel a su estilo, el Gobierno se pasó el mes de enero de 2022 anunciando que convocarían a extraordinarias para el primer mes del año. Hablaban del tratamiento de un Plan Plurianual que nunca se plasmó en realidad y ponían el 24 de enero como fecha probable, pero finalmente lo postergaron hasta el 1 de febrero. Y la convocatoria se hizo el 25 de enero, con un temario de 18 proyectos que incluían el Consenso Fiscal, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.
Pero pasaron cosas. El último día de enero renunció nada menos que el presidente del bloque oficialista de la Cámara baja, Máximo Kirchner, y todo el mes de febrero estuvo signado por el tratamiento o no del acuerdo con el Fondo Monetario, que de hecho había generado la renuncia del hijo de los Kirchner.
Lo cierto es que por primera vez desde 2009, el verano culminó sin que se hubiera realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. El fracaso de esas extraordinarias debió atribuirse a: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.
Para este verano 2023 se anunciaron hasta ahora 27 proyectos. Que en realidad son 34, pues uno de ellos corresponde a la creación de universidades, y cada una de ellas (8) tiene su propio proyecto. A fines de febrero se hará el balance correspondiente.
| EXTRAORDINARIAS 2020 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Ley ómnibus de emergencias | x | |
| Consenso Fiscal | x | |
| Jubilaciones de jueces y diplomáticos | x | |
| Reforma Judicial | x | |
| Consejo Económico y Social | x | |
| Ley de Hidrocarburos | x | |
| Sostenibilidad de la deuda | x | |
| Ley de Góndolas | x | |
| Designación de la defensora del Niño | x | |
| Economía del Conocimiento | x | |
| Capitales alternas | x |
| EXTRAORDINARIAS 2021 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentes | x | |
| Presupuestos mínimos para la educación ambiental | x | |
| Biocombustibles | x | |
| Sostenibilidad de la deuda pública | x | |
| Incentivo a la construcción privada | x | |
| Aumento del presupuesto en Ciencia y Tecnología | x | |
| Compensación para familiares de tripulantes del ARA San Juan | x | |
| Reforma judicial | x | |
| Ministerio Público | x | |
| Consenso Fiscal 2020 | x | |
| Modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia | x | |
| Suba del mínimo no imponible de Ganancias | x | |
| Etiquetado frontal de alimentos | x | |
| Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesos | x | |
| Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario | x | |
| Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicos | x | |
| Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte | x | |
| Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos | x | |
| Suspensión de la inscripción de las SAS | x | |
| Reactivación de la obra pública para vivienda | x | |
| Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas | x | |
| Código Procesal Penal Federal | x | |
| Cupo laboral travesti/trans | x | |
| Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea | x | |
| Suspensión de las PASO | x |
| EXTRAORDINARIAS 2022 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Consenso Fiscal | x | |
| Consejo de la Magistratura | x | |
| Parque y Reserva Nacional Ansenuza | x | |
| Parque y Reserva Nacional Islote Lobos | x | |
| Respuesta integral al VIH | x | |
| Marco regulatorio del cannabis | x | |
| Promoción de la Electromovilidad | x | |
| Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz | x | |
| Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal | x | |
| Compre Argentino | x | |
| Régimen de Incentivo a la Construcción y Acceso a la Vivienda | x | |
| Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería | x | |
| Tratamiento de acuerdos | x | |
| Transferencias de inmuebles | x | |
| Creación de la Universidad Nacional del Delta | x | |
| Creación de la Universidad Nacional de Pilar. | x | |
| Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana | x | |
| Creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | x |
| EXTRAORDINARIAS 2023 | APROBADAS | NO TRATADAS |
| Alcohol Cero | ||
| Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud | ||
| Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 | ||
| Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica | ||
| Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad | ||
| Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios | ||
| Designación del Procurador General de la Nación | ||
| Tratamiento de otros acuerdos requeridos al Senado de la Nación | ||
| Modificaciones en la prevención y represión del Lavado de Activos | ||
| Ampliación de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Consejo de la Magistratura | ||
| Creación del Parque Nacional y de la Reserva Laguna El Palmar | ||
| Creación del Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul” | ||
| Régimen Previsional Diferencial para combatientes de incendios forestales | ||
| Plan de Pago de Deuda Previsional | ||
| Creación de 8 universidades nacionales | ||
| Desarrollo Agroindustrial Federal | ||
| Modificación de la Ley N° 22.990 de Sangre Humana | ||
| Contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down | ||
| Informatización y Digitalización de Historias Clínicas | ||
| Modificación de la Ley de Presupuesto General de Gastos | ||
| Proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. | ||
| Promoción de nuevas energías | ||
| Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia | ||
| Permiso para el Presidente para ausentarse del país | ||
| Proyecto de ley para modificar el Sistema Estadístico Nacional | ||
| Monotributo Tech |
Entre los temas a tratar en el recinto figura Compre Argentino y también estará la propuesta de referida a la industria automotriz.
Luego de una semana en la que tanto el oficialismo como -sobre todo- la oposición coquetearon con la posibilidad de convocar a sesionar, finalmente la próxima semana la Cámara de Diputados será convocada en fecha a confirmar -miércoles o jueves- a los efectos de tratar una serie de proyectos de interés y que no concitan mayores controversias.
Así lo adelantaron a este medio fuentes del oficialismo, que anticiparon que tratarán de dar media sanción al proyecto de Compre Argentino que el 24 de mayo pasado y después de varias reuniones de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda emitieron dos dictámenes para esta iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo que eleva la preferencia de empresa nacionales en licitaciones públicas.
Otro proyecto que llegará al recinto es el referido a la industria automotriz, para lo cual el oficialismo convocó a reunirse en un plenario este jueves para emitir el dictamen correspondiente.
Mientras con el tema de Compre Argentino hay controversias entre el oficialismo y la oposición, que suscribieron dictámenes distintos, el Frente de Todos confía en aprobar la norma, aunque Juntos por el Cambio se plantó en la vereda opuesta, evitando toda posibilidad de que la iniciativa salga por unanimidad. Por el contrario, con Industria Automotriz todo indica que se pondrán de acuerdo oficialismo y oposición -al menos la mayoría de la oposición- para una aprobación contundente en la sesión de la próxima semana.
Por su parte, desde el oficialismo tampoco habrá convocatoria a sesionar esta semana, pese a que se había barajado la posibilidad de adelantarse un día a la oposición y llamar a debatir el miércoles 29 la reforma de la Ley de Alquileres y el proyecto -con media sanción- que crea un Fondo Nacional, compuesto por la recuperación de dólares “fugados”, para pagarle al FMI. En ninguno de los dos casos el Frente de Todos cuenta con los votos. En tanto, de los proyectos con dictamen, tampoco pudo todavía avanzar en el recinto con la nueva ley de Compre Argentino.
No estará incluido en el temario de la próxima semana el proyecto del fondo para pagarle al Fondo Monetario Internacional, que ya tiene dictamen, pero deberá esperar un tiempo a que los poroteos correspondientes permitan albergar esperanzas para el oficialismo y evitar así toparse con una derrota.
Sí se podrían incluir varias iniciativas que salieron con acuerdo desde las comisiones, como el proyecto de emergencia en el transporte del interior -que lleva a un monto de 59.500 millones de pesos los recursos del Fondo Compensatorio-; la nueva ley de biotecnología y nanotecnología; una ley sobre cuidados paliativos y otra sobre resistencia antimicrobiana.
Por el contrario, no hay perspectivas de que vayan a llamar a la brevedad a una sesión para debatir la reforma de la Ley de Alquileres. Ahí el oficialismo no tiene los votos para aprobar el dictamen de mayoría, pero la oposición, que se había ilusionado con la posibilidad de infringirle al oficialismo una nueva derrota, deberá seguir negociando pues todos los apoyos que presumía encontraría ahora no están.
Con la norma propuesta por el Ejecutivo, remarcó el presidente de la Comisión de Industria, “le daríamos un margen de preferencia del 15% a las empresas nacionales frente a lo extranjero”.
El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, Marcelo Casaretto, celebró el dictamen favorable al proyecto de ley de Compre Argentino firmado por 40 legisladores de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria, y expresó que “básicamente, lo que buscamos es la defensa de la industria nacional frente a los productos importados”.
“La ley de Compre Argentino significa que, en las compras estatales del Estado Nacional, siempre haya una preferencia para que se compren productos de producción nacional”, indicó el diputado nacional del Frente de Todos en declaraciones a Télam Radio.
En este sentido, el legislador entrerriano agregó que con esta ley “le daríamos un margen de preferencia del 15% a las empresas nacionales frente a lo extranjero, preferencia que se amplía a 20% en el caso de las pequeñas y medianas empresas”.
Una vez emitido este dictamen, “estamos en condiciones de tratarlo en la Cámara de Diputados para que sea ley de la Nación, ampliando las preferencias que existen actualmente”, concluyó Casaretto.
Una conclusión obvia pero contundente a la que la diputada del Pro remite al analizar temas claves que hoy discute la Cámara baja, como Compre Argentino, la reforma de la Ley de Alquileres y los créditos UVA.
Los principales problemas que hoy debate la Cámara de Diputados en busca de mejorar las leyes vigentes remiten siempre a una misma conclusión: la inflación. Es lo que una y otra vez señala la diputada nacional del Pro Germana Figueroa Casas al analizar los proyectos en cuyos debates hoy participa. En su diálogo con parlamentario.com, detalló los cuestionamientos de su espacio al proyecto de ley de Compre Argentino y la reforma de la Ley de Alquileres.
Sus dudas respecto del primer proyecto las grafica en frases como la de por qué se debe beneficiar a las PyMEs que contratan con el Estado “pagándoles más caro”. Respecto de la reforma de la Ley de Alquileres, confiesa que para ella directamente habría que derogarla.
Diputada nacional por Santa Fe, de origen rosarino -ciudad donde fue concejal hasta asumir el 10 de diciembre pasado en el Congreso de la Nación- Figueroa Casas es contadora, especializada en Tributación, y es además docente en la materia Finanzas Públicas. De ahí las características de la mayoría de las 8 comisiones que integra en representación de Juntos por el Cambio. A la que el último martes agregó excepcionalmente una más, Industria, en reemplazo de un colega para suscribir el dictamen de minoría que cosechó 38 firmas sobre el proyecto de ley de Compre Argentino que su interbloque cuestionó durante todas las jornadas del plenario. Cosa que les mereció el reproche del oficialismo, que tras quitar del texto la referencia al PAMI, cuestionó la postura mantenida por la principal oposición.
El oficialismo “no cedió tanto”, aclara la diputada ante parlamentario.com, para hacer hincapié además en que nunca tuvieron tampoco el texto completo del proyecto para ver bien “en qué cedieron”. Y en rigor de verdad, aclara, “en lo más importante no está cediendo”, aunque advierte que en lugar de ceder, el oficialismo debe explicar por qué quiere esa Ley de Compre Argentino.
“¿Por qué pasar a un 20% de las Pymes y las grandes de un 8 a un 15%? De 15 a 20, de 8 a 15, ¿por qué esos números?”, se pregunta la diputada del Pro, entre otras cosas: “¿Tienen las compras que se hicieron en los últimos 2 años? ¿Cuántas PyMEs nacionales, cuántas empresas grandes nacionales se quedaron afuera por precio? ¿De cuánto fue el porcentaje por el que se quedaron afuera? ¿Hicieron encuestas preguntándoles después de la licitación cuál fue el motivo, por qué la diferencia de precios?”.
A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”.
“A mí me parece que el costo argentino tiene más que ver con los impuestos que se pagan y las cargas que tienen las PyMEs”, sintetiza Figueroa Casas, que como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda planteó durante el debate “¿por qué beneficiar solo a las PyMEs que contratan con el Estado pagándoles más caro? ¿Por qué no beneficiamos a todas las PyMEs sacándoles un poquito el pie de encima? Me parece que ahí está el tema”. También sostiene que “hay mucho enojo con el compre caro, pero realmente tenemos que ser responsables con un Estado que sabemos que está complicado, con una inflación que crece y no es un momento para comprar más caro para beneficiar a tal…”.
Según la legisladora santafesina, en las reuniones realizadas con las PyMEs, las mismas plantean otras cosas. “No están pidiendo que el Estado les pague más caro: te están pidiendo que el Estado les rebaje los impuestos; tienen problemas para conseguir gente que trabaje, piden capacitación; crédito, baja de impuestos… eso me parece que es lo más necesario”.
Figueroa Casas da por sobreentendido que el acuerdo que no se alcanzó en las comisiones, no llegará en el recinto. “Ellos dicen que es una ley nueva y derogan la anterior; hay partes que son textuales de la ley anterior que se aprobó durante el gobierno de Cambiemos. Es una ley polémica… Pagar algo más caro, tiene que ser por una buena razón”, sostiene, convencida de que lo que debió haberse hecho es ver si la ley vigente funcionó, pero en cambio desde el oficialismo “van por más, agregándole discrecionalidad, porque aparte esto tiene que ser limitado. Por ejemplo, la ley de Cambiemos tenía la posibilidad de cambiar 10 puntos porcentuales hacia abajo; ahora ellos ponen hacia abajo y hacia arriba. Después hay cosas que define la autoridad de aplicación”, lo que resume como la combinación de mayor discrecionalidad y más porcentajes.
“Aparte, se pasaron hablando de las PyMEs durante los plenarios, y a las PyMEs les dan un aumento de 5 puntos, un 33%; y a las empresas grandes les aumentan el margen como un 87%. Es contradictorio, salvo que te dijeran: ‘No, las empresas grandes tienen este problema y entonces les estamos aumentando’… pero ese informe nunca llegó, que es lo que pedimos desde el principio”, enfatiza.
Con todo, aclara que “uno no dice ‘que no haya ley de Compre Argentino’, sino ¿qué es la ley de Compre Argentino? Si la vamos a mejorar, que nos digan por qué”, y agrega: “¿Un fideicomiso, con la cantidad de fideicomisos que ya hay? Un fideicomiso que va a servir para cubrir el problema de financiación que genera el propio Estado porque paga tarde y mal. ¿Por qué no empezamos a pagar bien? Es difícil acompañar algo que no ves como una mejoría sobre lo que está”.
Puesto el tema en un impasse desde que acordaron sumar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los dictámenes suscriptos en Legislación General, la reforma de la Ley de Alquileres es otro de los debates “pesados” que trata en este tiempo la Cámara baja.
Sobre el tema, Germana Figueroa Casas aclara que Juntos por el Cambio no tocó el tema impositivo en la norma porque así estaba acordado previamente, mas no porque no lo consideraran necesario, cosa que ahora harán cuando se discuta el tema en Presupuesto. La diputada cuenta que ella había presentado y acompañado propuestas de incentivos tributarios, como así también confía que “están hablando de confluir con el interbloque Federal, que tiene presentado un proyecto que no es tan diferente (al de JxC) en algunas cosas”.
Ella aclara que personalmente se inclinaría por la derogación. “Si hubiera los votos suficientes para la derogación, a mí me parece que es lo mejor, porque cuando una ley tomó el estado que tomó, seguirla modificando y emparchando, acordando, y viendo que pongo esta parte tuya… me parece que es peor. Para mí habría que derogarla y empezar de nuevo. Esa era mi posición, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de los incentivos tributarios, que me parece que van más al meollo de la cuestión, que es que hay un problema de oferta, un problema de rentabilidad para los dueños”.
“Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares -reflexiona-. Y el inquilino no llega a pagar los alquileres. Pero también el tema impositivo tuvo mucho que ver: una persona que está en Ganancias paga el 35%, enseguida llega a esos números altos. Y lo que yo presenté fue porque estudiando el tema, hablándolo, viendo la situación de los pequeños propietarios”.
Lo que vale una propiedad y lo que te da en alquileres no es un incentivo para alquilarla, sino para venderla, por lo que vale en dólares”.
Pone un ejemplo concreto: “El monotributo no te permite estar ahí si tenés más de tres unidades de explotación. Entonces, una persona que tiene 4 monoambientes, que los alquila en, no sé, 50 mil pesos cada uno, te da 200 mil pesos. Después hay otra persona que tiene una casa que alquila en 200 mil pesos, exactamente los dos iguales, pero uno tiene cuatro unidades y tiene que ir sí o sí a Ganancias, y el que tiene la casa grande, se puede quedar en monotributo. Puede terminar pagando entre 3 y 4 veces más por Ganancias que lo que se paga por monotributo”.
– Los inquilinos defendieron durante las audiencias el tema de los 3 años de contrato. Y un comprovinciano suyo, el diputado Eduardo Tonioli decía que el acortamiento de los plazos a 2 años solo generaría complicaciones, porque la mayor responsabilidad en el alza del precio de los alquileres es por las renovaciones y los nuevos contratos, entonces un acortamiento sería perjudicial.
– Bueno, pero lo que está disparando los alquileres es la inflación. Esa actualización anual que es tremenda. Si una persona hubiera acordado alquileres como se hacía con el Código Civil, que uno fijaba los precios para el primer año, o para los seis meses, y estimaba lo que le parecía iba a ser la inflación, a lo mejor el inquilino estaría pagando mucho menos. El propietario se hubiera perjudicado, no sabemos. Mucho que tiene que ver con el salto que pasó ahora fue porque se incorporó que pagaban los impuestos los propietarios, que sabe que el Estado le aumenta los impuestos a cada rato. Entonces, a lo mejor el inmobiliario estaba en 1.000 pesos por mes, pero el propietario calcula por si acaso en 1.500 y eso lo traslada al precio. A mí me parece que eso no fue bueno y también, al incluir los impuestos en el alquiler, las comisiones y todo se calculan sobre la renta, que ahora incluye los impuestos. Entonces, no sé si el salto se dio solamente porque uno renueva, o por la ley nueva que te hace tener que ajustar al año.
Un tema que viene de la mano con el de los alquileres es el de los créditos UVA, donde la oposición forzó también un tratamiento que aún no se ha iniciado, pero que también se las trae. La diputada del Pro cuenta que para hablar del tema han convocado en el interbloque Juntos por el Cambio a los que como ella integran la Comisión de Finanzas. “Tenemos que hablarlo y ver, hay muchas aristas, porque también hay gente que está cobrando plazos fijos en UVA, hay dos caras de la misma moneda”, observa, sin dejar de tener en cuenta que “somos un país que tiene tan poco crédito hipotecario, que hay que tener ojo… De nuevo, esto es como la ley de alquileres, cuando uno la tocó y se asustan los propietarios. Bueno, en este caso: ¿Otra vez le vamos a decir a los bancos que las cosas cambian? ¿Va a haber crédito después? Hay mucho que analizar. Claro, hay gente que está angustiada, pero el problema principal es la inflación. Eso es lo que genera este problema”.
Las referencias a la inflación llevan a la guerra declarada por el Gobierno que todavía no muestra señales de éxito. “Desde el principio, siempre opiné que los controles de precios no funcionan, porque la experiencia lo muestra. Ojalá hubiera una solución mágica, pero la única forma es ser responsables, bajar el gasto, porque la emisión sin fin genera inflación”, sostiene Figueroa Casas.
La diputada santafesina se admite preocupada y asustada. “Yo he vivido la hiperinflación”, recuerda, aunque no cree que estén dadas las cosas hoy para llegar a ese punto… “Si se toman medidas. Creo que estamos a tiempo”.
Consultada sobre las iniciativas provenientes del kirchnerismo que impulsan de manera independiente de su propio Gobierno iniciativas tales como la moratoria en jubilaciones, acelerar los aumentos de salarios, o salario básico universal, Figueroa Casas cuenta como anécdota la interpretación que estos días le dio una joven de 20 años, que no es economista. “Me decía que no entendía que a vos te dan la plata, pero como el Estado te la da emitiendo moneda, eso ya después te termina valiendo la mitad. Entonces ¿te conviene que te den la plata? Yo la miraba pensando que cómo es que alguien que no tiene nada que ver con la economía empiece a razonar de esa manera. Te empezás a dar cuenta”.
Celebra ese tipo de razonamientos, aunque reconoce que hay que aumentarle a la gente, “porque la inflación hace que el sueldo valga cada vez menos, pero el ‘plan platita’ tiene esa desventaja, que no puede ser eterno”. Y agrega: “En economía uno trabaja a veces hablando de mover solo una variable y que todo quede igual, pero eso no es lo que pasa en la realidad. Entonces, si yo le voy a dar dinero a alguien, pero le genero tal inflación que no le alcance lo que le doy, lo estoy engañando. Cuando yo digo que está bueno endeudarse en pesos y no en dólares, lo que estoy diciendo es que a esa gente le voy a licuar la deuda. Le estoy diciendo a esa gente que no le voy a pagar lo que vale, porque si no me daría lo mismo endeudarme en pesos que en dólares. Bueno, lo mismo pasa con esto, le doy nominalmente, pero realmente no le va a alcanzar para todo lo que necesita. La verdad que asusta porque decís hasta dónde vamos a llegar con esto”.
– Un porcentaje alto de la inflación el gobierno lo atribuye a la guerra. ¿Qué tan cierto le parece esto?
– La inflación que hay en un año en esos países a los que afectó y que están repreocupados, es menos que la que tenemos nosotros en un mes. Obviamente que influye. Influye por ejemplo aumentando las commodities, también aumentando el costo de impuestos, pero también es una oportunidad. Lo que pasa es que si uno ve al campo como enemigo, por ejemplo, entonces va a decir que le va a ir bien porque los commodities valen más, por otro lado les cobra retenciones, le conviene que se exporte más, pero no ve que les vaya bien. En vez de decir nuestros productos valen más en el mundo, entonces me preocupo porque a nuestra gente no le alcanza. Y yo lo que tendría que pensar es que a la gente le tiene que ir bien y ganar mejor y que haya más empleo, y entonces no me voy a preocupar si no le alcanza para comprar el pan. A todo esto, se habla de la harina, y la harina es un 13% del valor del pan, y un 26% son impuestos. ¿Entonces el problema está en la harina o en los impuestos?
Pese a las modificaciones que el oficialismo introdujo al proyecto enviado por el Ejecutivo, Juntos por el Cambio irá a la Cámara baja con un despacho de rechazo al argumentar que la iniciativa del FdT es “una ley de compre caro”.
Tras varias reuniones y luego de que el oficialismo accediera a establecer modificaciones al proyecto del del Ejecutivo denominado “Compre Argentino y desarrollo para proveedores”, no arribó a un consenso con Juntos por el Cambio en la reunión plenaria de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda este martes, e irán al recinto de la Cámara baja con dos dictámenes.
A las firmas del oficialismo se sumó la del misionero Sartori con un total de 40 firmas, mientras que JxC firmó un dictamen de rechazo con 38 firmas. El legislador Ignacio García Aresca (Interbloque Federal) no acompañó al oficialismo.
Una de las modificaciones más drástica fue la anunciada el martes pasado, cuando se accedió a sacar al PAMI del texto original. Pese a eso, Juntos por el Cambio está más cerca del rechazo que de la aceptación, según han reconocido desde esa bancada. En principio, rechazaban la necesidad de una nueva ley, habida cuenta de que la anterior se redactó durante la gestión Cambiemos y no está claro que no haya cumplido sus objetivos.
El debate
Previo a la ronda de expositores, el presidente de la Comisión de Industria, el entrerriano Marcelo Casaretto, hizo un resumen del proyecto de Compre Argentino: “La ley de Compre Argentino tiene como antecedente el decreto de Ley 5.340 del 1ro de julio de 1963 que fue modificado y ampliado por la Ley 18.875 de 1970, fue modificado por la ley 23.697 de 1989 que suspende el compre nacional y reglamenta una preferencia del 5%. Luego se derogó esa disposición por el 2284 del año 1991 derogando las preferencias y subsistiendo solo a igualdad de precios o de ofertas”.
“Luego en 2001 se sanciona en el Congreso la Ley 25.551, y fue promulgada en medio de los recambios institucionales del momento, se establece una preferencia del 7% para las PyMes nacionales en el 5% para el resto de las empresas. Luego se trata la Ley 27.437 que es la Ley vigente hasta el momento del 2018 en la presidencia de Mauricio Macri para la preferencia del 15% para MiPymes y al 8% para el resto de las empresas”, explayó Casaretto.
Y siguió: “En cuanto la iniciativa del actual gobierno de Alberto Fernández presentó la iniciativa del Compre Argentino el 21 de septiembre del 2021 y lo presentó formalmente como proyecto en el Congreso el 27 de diciembre y comenzó el tratamiento en comisiones este año. Hemos convocado a distintos plenarios para tratar el tema con la presencia de invitados que escuchamos tanto cámaras empresarios como movimientos obreros”.
En ese sentido, describió: “En cuanto a la ley que estamos en tratamiento, y que proponemos del bloque del FdT pasar a la firma, contiene cuatro títulos el primero es Compre Argentino y desarrollo de proveedores que mejora la preferencia planteada por la ley vigente, llevándola al 15% para todas las empresas nacionales ampliada al 20% para las MiPymes. Se agrega una preferencia adicional del 3% para empresas que tengan representación de mujeres en su gerenciamiento y personal y cumplan la pauta de desarrollo ambiental sostenible y de asimetrías regionales; el título dos tiene el Fondo Fiduciario para el Compre Argentino; el título tres las compras para la innovación y promoción de la industria y la investigación, desarrollo”.
“Sobre lo que es del texto remitido por el Ejecutivo se mantiene esa estructura en estos cuatro títulos planteados en el dictamen de mayoría. En cuanto a las modificaciones realizadas las hemos ido analizando: en primer lugar, se planteó la precisión de la definición de bienes estratégicos del artículo 16; adicionalmente vamos ampliar los conceptos por los cuales se incluyen la preferencia adicional del 3%; planteamos la exclusión del PAMI y planteamos la incorporación de un artículo 3ro que no se le darán preferencias a ciertas empresas con delitos o que estuvieron en falta”, explicó Casaretto respecto a las modificaciones aplicadas al proyecto original. En tanto, adelantó que habría una idea del FdT de un dictamen y uno de JxC.
Pidió la palabra el puntano Alejandro Cacace quien en principio destacó el relato que hizo su predecesor porque “nos permite ubicar qué estamos discutiendo”, pero remarcó que “estamos discutiendo las compras y contrataciones del Estado”.
“Nosotros tenemos un régimen de contrataciones del Estado que pone como principio central de las compras que sean hechas al menor costo posible”, señaló Cacace y explicó que “la compra más barata me da eficiencia en el sentido de que uso los recursos del Estado bien de que ahorro porque lógicamente en un Estado que tiene restricciones presupuestarias y el nuestro las tiene y profundas porque es un estado deficitario, los distintos objetivos del Estado compiten entre sí. Hay un costo de oportunidad en cada decisión que tome en el gasto”.
“El objetivo central, bajo las contrataciones, es la eficiencia”, remarcó el puntano y agregó: “Contratar al menor costo posible, eso lo dice nuestra ley, es el principio rector en materia de contrataciones del Estado”. En ese marco, comparó: “Con la reforma de Cambiemos se amplió el margen de preferencia que en lugar de 5% admitimos que se pague hasta 8% más y en caso de pymes puede ser hasta un 15%, bajo el régimen vigente nosotros admitimos que puede haber pagos pro encima del precio del mercado de hasta un 8% para favorecer a la industria nacional”.
A su vez, criticó que “la propuesta que hace el Ejecutivo es ampliar ese margen de preferencia y eso no lo encontramos justificado y no obtuvimos respuesta frente a los interrogantes de por qué hacerlos”, y aclaró que “nosotros hablamos del compre caro porque con lo que se está proponiendo efectivamente podemos terminar pagando mucho más en las licitaciones de lo que son los precios del mercado”.
En suma, advirtió: “Es admitir que el Estado compre con un sobreprecio de más de la tercera parte en las contrataciones sin fundamentación alguna cuando ya tenemos una ley que admite las preferencias y lo hace con un margen amplio y no hay demostración de que eso no tenga utilidad”.
“Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.
Vamos a presentar un dictamen de rechazo, pero no a la ley de Compre Argentino, estamos en contra de ampliar injustificadamente, sin razón, sin evidencia el margen de preferencia actual”, cerró Cacace.
A su turno, de la vereda de enfrente la oficialista Victoria Tolosa Paz celebró el marco en el que se debatió el proyecto que es “defendida tanto por las cámaras empresarias y los empleados”. “Hay que leer la norma que rige sobre el Estado Nacional en materia de contrataciones”, apuntó y agregó: “Si bien este marco de preferencias tiene una búsqueda clara y concreta de beneficiar a la industria nacional por sobre las multinacionales, en una distinción clara entre las PyMes y las empresas nacionales de gran tamaño, para el Estado en las compras de volumen y magnitud casi no hay esta posibilidad que muchas veces se manifestó como una preocupación, de empresas nacionales compitiendo con pequeñas PyMes”.
“¿No sé por qué dicen que es compre caro? en todo caso en el 2018 también era compre caro”, preguntó la diputada del FdT y señaló que “nadie habló del precio testigo que estamos obligados a consultar a la ONC y que marca el límite hasta que el Estado debe y puede comprar. Este margen de preferencia no quita del medio la responsabilidad de los funcionarios que tiene la obligación de enviar formalmente cuando las licitaciones pasan el monto de los precios testigo”.
A su vez, aclaró que “no es un compre más caro en ninguna de las dos leyes. Es importante señalar que los márgenes de preferencia se ampliaron tanto a las PyMes y a las empresas nacionales, pero no existe competencia entre ellas porque cuidamos el empleo nacional y tratamos de protegerlas”.
“El Estado invierte en compras de distintas magnitudes y estamos para defender el Compre nacional para que las industrias puedan ser desarrolladores de empleo formal y de una visión estratégica”, remarcó Tolosa Paz.
Por otro lado, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que “es un proyecto de ley que viene a dos comisiones, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Analizar un instrumento de ponderación en mejorar de la industria y en beneficio de la industria local, viene a presupuesto porque tenemos una segunda obligación de ver cómo compra el Estado y cómo cuida los fondos nacionales en los bienes y servicios de los cuales se provee”.
“No se trata de una ley que solo pretende beneficiar a un sector, sino que, además, genera detrimento en perjuicio de todos los argentinos que pagan con sus impuestos un compre nacional extremadamente caro. Cuando sancionamos un sobre precio estamos no solamente perjudicando al estado nacional y a quienes nos confían sus impuestos, sino a toda la gente. No disfracemos un subsidio a las pymes con un beneficio que se llama de compre caro, porque si queremos beneficiar a las pymes debemos buscar políticas que beneficien a todas. Esta ley genera un sobreprecio en detrimento de la sociedad toda”, señaló Rodríguez Machado.
Contrariamente, la diputada Carolina Yutrovic respaldó la iniciativa quien disparó contra JxC porque “califican el proyecto como ‘compre caro’”, y manifestó: “Tenemos que plantearnos cuál es el motivo de la eficiencia en la compra del Estado que es tratar de ahorrar recursos y mejorar el sistema de gasto público. No nos olvidemos de hablar de eficiencia en un sistema productivo porque genera muchísima más riqueza, la cual también vuelve al Estado, porque cuando las empresas y las PyMes son eficientes esas riquezas, que son mucho más valiosas, vuelven al Estado”.
Por el lado de la oposición, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) remarcó que “ya hay una ley” y preguntó: “¿Por qué no nos dan los resultados de esa ley? ¿por qué no nos explican porqué hay que pasar del 8 al 15%? ¿Cómo sabemos que esto es lo correcto si no tenemos los números?”. “Estamos hablando de generar empleo y de ayudar a las PyMes y sin embargo se les dan más margen a las empresas más grandes, pero solo ayudan a las PyMes que contratan con el Estado mientras hay un montón de PyMes que están sufriendo la alta presión tributaria, la falta de crédito de la inflación. Que es Estado gaste más o compre más caro, implica que le falte dinero para otras cosas”.
“Si queremos beneficiar a las PyMes, ¿por qué no damos beneficios tributarios? y beneficiamos a todas en lugar de beneficiar solo a las que van a contratar a través del Estado. ¿Por qué hacemos un nuevo Fondo Fiduciario si el que esta funciona bien? Hay que analizar todos esos temas antes de derogar o modificar una ley, hay que ver la información antes, si está todo registrado”, precisó la diputada del Pro.
Su coterráneo, el legislador José Carlos Núñez se pronunció en el mismo sentido al reclamar que nunca les han mandado la información para poder trabajar mejor en el proyecto: “Nunca nos llegó la información, la pedimos varias veces. Nunca nos escucharon”, y adelantó: “Estamos dispuesto a debatir una mejora de la ley vigente, no queremos que nos lleven de prepo, no es un placer ir con un dictamen de rechazo porque temas puntuales los podríamos haber mejorado”.
Las leyes se hacen siempre con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado“, afirmó Heller
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, cuestionó los argumentos de la oposición porque “pareciera que nosotros vinimos con un proyecto inflexible, lo pusimos, si les gusta bien y sino otra cosa. Sin embargo, en la primera reunión tenia que ver con la exclusión del PAMI, lo sacamos para tratar de encontrar puntos de coincidencia para que tenga el mayor consenso posible”.
“Se me complica entender, dicen una cosa y después otra. Hablan de caro y hay que explicar qué es caro. Las leyes se hacen siempre o deberían hacerse con el criterio de proteger a los sectores más débiles porque los poderosos no necesitan las leyes, tienen mercado porque ganan con el mercado y la única manera de recortar diferencias, de achicar brechas es con leyes que protegen a los más débiles”, explicó Heller.
Y comparó: “Por eso en realidad lo que tenemos que cada uno de los proyectos es una discusión de fondo que esta entre los que creemos que en el sistema capitalista debe regir un Estado que regule y defienda los intereses de los más débiles, y los que creen que el mercado debe ser el que regule y el gran ordenador de los recursos. Esa es la discusión que atraviesa cada uno de nuestros debates. Es una barbaridad pensar así la economía porque se destruye el empleo local, las empresas locales”.
“No es un tema de fobia contra la riqueza, sino que es un proceso de acumulación a costa de que en el otro extremo se acumula pobreza, lo que hay que hacer es legislar para proteger a esos sectores más débiles para que puedan desarrollarse y tener empleo digno”, señaló y expresó: “Cuando se discute una ley para que el Estado privilegie el Compre Argentino no se puede hacer algo tan siempre de que es la ley de compre caro, porque se crea trabajo argentino que es a su vez consumo argentino, que genera ingresos fiscales, las ecuaciones son mucho más complejas”, y cerró que “esta ley sola tampoco va a resolver los problemas, sino que debe verse en un conjunto de iniciativas. Esto es una ley de compre argentino para poder ayudar a salir de la encerrona a la que fue llevado el pueblo argentino y la Nación como consecuencia de ese tipo de aplicación de políticas y nosotros queremos aplicar otro tipo de políticas”.
El riojano oficialista Sergio Casas celebró que se haya incorporado al proyecto que “cada provincia tenga su representante en la mesa de Compre Argentino”, y apuntó: “Tenemos una oposición un tanto hipócrita porque desde el comienzo apelábamos al consenso, de hecho, muchos legisladores de la oposición están deseosos que la ley salga. ¿quién no va a querer cuidar lo argentino antes que lo extranjero? Queremos beneficiar a las pequeñas empresas y luego tratan de incluir un dictamen de rechazo, fomentan que las pequeñas empresas no crezcan ni se desarrollen porque están acusando de que es una ley de compre caro, es una falacia lo que ustedes dicen porque están tratando de aniquilar a las PyMes como ocurrió en el gobierno de Cambiemos que las hizo desaparecer”, e invita a una reflexión para llegar a los consensos porque “este es un instrumento que favorece el federalismo donde el Estado cumple un rol fundamental en el desarrollo del país y protección de la industria nacional”.
El radical Miguel Ángel Bazze sostuvo que “hay que resolver un problema grave que tiene la argentina que está vinculado con la situación económica del país que es distinta a la que relata el oficialismo”, y señaló que la realidad de la pequeña y mediana empresa es “diferente a la que plantea el oficialismo”. “Estamos cayendo en una discusión casi surrealista”, precisó Bazze y sumó, pidiendo respeto, “me parece que describen un país en el que no estamos viviendo, están tratando de justificar con un relato algo que ya es casi injustificable o si están realmente engañados. Todos los argentinos estamos atravesando una situación económica muy complicada que no existe la recuperación el trabajo que plantean y de la pequeña y mediana empresa, muy por el contrario, nos tratan de llevar a discusiones antiquísimas”.
Detalles del proyecto
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas según el siguiente detalle:
Del 15% al 20% para las MiPyMEs.
De 8% al 15% el resto.
Hasta 12% para empresas extranjeras con capital nacional.
+3% a las empresas compuestas mayoritariamente por mujeres.
El proyecto crea un fondo fiduciario público, como así también un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.
Entre las modificaciones aceptadas se propone sumar un 3% para empresas “sustentables” y otro 3% para las provincias que tienen “asimetrías regionales”.
En suma, el diputado entrerriano se refirió al incremento de las retenciones y aclaró que “no hay ningún proyecto” y que “ni se va a tratar en el Congreso”.
De cara a un martes intenso cargado con mucha actividad legislativa en la Cámara baja, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), se refirió al proyecto de ley de Compre argentino y aseguró que “prioriza la industria nacional ante lo importado”. Por otro lado, despejó dudas sobre el incremento de las retenciones: “no hay ningún proyecto. Ni se va a tratar en el Congreso”.
Este martes el oficialismo buscará emitir dictamen favorable al proyecto de reforma a la ley de Compre argentino, que propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, y por la cual el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones. En ese sentido, en declaraciones a la AM 870 Radio Nacional el legislador oficialista sostuvo que se busca “priorizar la industria nacional ante lo importado”, y explicó que “la ley existe, pero según los gobiernos, se bajan o se suben las preferencias”.
Por otro lado, Casaretto despejó las dudas que quedaban luego de que fuera el propio presidente, Alberto Fernández, quien sembrara la hipótesis de suba de derechos de exportación, por lo que aclaró que “no hay ningún proyecto” sobre incremento de las retenciones al agro “ni se va a tratar en el Congreso”.
“Profundizar mucho este tema significaría discutir y discutir sin llegar a ningún lado”, opinó Casaretto, un hombre ligado al peronismo de los gobernadores y cercano también al jefe de Estado.
En tanto, Casaretto reconoció que “cuando uno se encuentra con circunstancias como esta de aumento de los precios internacionales se tiene que analizar todas las iniciativas”, pero aclaró que “nunca me enamoro de ninguna medida”.
“Hay que analizar todas y ver las que se pueden utilizar”, agregó el diputado oficialista, que criticó a la oposición por trabar diferentes proyectos del oficialismo que podrían contribuir a la lucha antiinflacionaria.
Para Casaretto, “hay una gestión económica positiva del presidente” y al respecto remarcó que “el año pasado crecimos 10% y este año 6%”. “La economía funciona”, concluyó, aunque admitió que “lo que no ha bajado es la inflación”, por lo que “es una tarea pendiente de nuestro gobierno”.
Por otra parte, el entrerriano adelantó que desde el Frente de Todos hay intención de “llevar el dictamen de mayoría de la modificación de la ley de alquileres al recinto la semana que viene”.
Además, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos se refirió al proyecto de Compre Argentino: “Es una ley muy importante porque estamos hablando de muchos productos que se hacen en el interior de la Argentina”.
El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, afirmó que se “necesita una discusión en el Congreso para poder incrementar las retenciones”, y llamó a “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”.
“El presidente dice algo cierto, cualquier esquema que supere los topes de lo establecido necesita una aprobación del Congreso argentino”, señaló Martínez sobre la posibilidad de subir las retenciones en diálogo con El Destape Radio.
El legislador recordó que en diciembre de 2019 se aprobó la Ley 27.541, denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, en la que el Congreso cedió facultades al Poder Ejecutivo para “fijar alícuotas” y en la que también “se establecieron topes para distintas producciones”, que caducaron a fines del año pasado.
“El presidente dice lo correcto”, sostuvo Martínez sobre los dichos de Alberto Fernández, quien el viernes pasado había señalado que “el instrumento con el que se desacoplan más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones” y había asegurado que se trataba de “un tema legislativo”.
En ese sentido, el diputado señaló: “Desde el punto de vista legislativo hay una delegación de facultades que terminó el 31 de diciembre pasado y se necesita una discusión para poder incrementar todo”.
Por lo que explicó que se debe “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”, porque hay “momentos” en donde “la venta no está cumplimentada” y otros en los que “no es así”.
Además, agregó que “no es lo mismo el derecho de exportación en la soja, que en el trigo o en el maíz”.
“Lo que hay que analizar a fondo es la validez de la herramienta, tomando recursos de qué producción, en función de qué expectativa de venta, para que eso pueda ser realmente eficiente a la hora de aplicarse”, completó sobre los impuestos a las exportaciones.
Por otro lado, el legislador adelantó que durante esta semana se tratará el proyecto de ley Compre argentino, cuyo espíritu es que la producción nacional tenga “una mayor preferencia” en las licitaciones públicas”.
“Es una ley muy importante porque, al hablar del desarrollo de proveedores, estamos hablando de sustitución de importaciones, de agregado de valor, de producción de partes de productos finales, y muchos de esos productos se hacen en el interior de la Argentina”, cerró el titular del bloque oficialista.
Tras dos postergaciones consecutivas, esta vez el Frente de Todos tratará de dejar listo el proyecto para llegar al recinto.
No podrá decirse esta vez que el oficialismo no hizo lo posible por buscar consensos con una ley. Es lo que sucede en el plenario de las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, donde se debate el proyecto de ley del Ejecutivo denominado “Compre Argentino y desarrollo para proveedores”.
Tras varias reuniones y ante las resistencias percibidas por el oficialismo para aprobar el dictamen, accedieron quienes impulsan el proyecto a establecer modificaciones. La más drástica fue la anunciada el martes pasado, cuando se accedió a sacar al PAMI del texto original.
Este martes ha sido convocada una nueva reunión, para las 14, en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados, y desde el oficialismo se proponen ahora sí sacar el dictamen. El problema está en la necesidad de garantizar después su aprobación en el recinto, sin cambios.
Molesto por los reparos expuestos fundamentalmente desde el interbloque JxC, el presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, había acusado a la principal oposición de ubicarse en una “zona de confort” desde la que rechazaba la aprobación. Le contestó entonces el radical cordobés Víctor Hugo Romero, y el santafesino aceptó la semana pasada que su colega tenía razón, pero advirtió que “a veces siento que estamos buscando un atajo para rechazar la ley y vamos cambiando el motivo por el cual quizá queremos rechazarla”.
Lo cierto es que Juntos por el Cambio está más cerca del rechazo que de la aceptación, según han reconocido desde esa bancada. En principio, rechazaban la necesidad de una nueva ley, habida cuenta de que la anterior se redactó durante la gestión Cambiemos y no está claro que no haya cumplido sus objetivos. Gerardo Martínez reivindicó que lo que ellos habían hecho era una ley nueva, pues la vigente tiene 30 artículos, de los cuales 3 son de forma. Del resto, 10 artículos no se tocan, 14 se modifican y hay 17 nuevos. “eso no es desconocer la ley anterior”, aclaró Germán Martínez, que defendió en cambio que lo que han propuesto es una nueva ley.
Así las cosas, el oficialismo tratará de garantizarse el dictamen, mas si en la previa no logra asegurar los consensos necesarios con JxC, buscará en los bloques del medio los votos que garanticen su aprobación para cuando llegue al recinto. De lo contrario, está claro que no se arriesgará a bajar al mismo sin contar con esa seguridad.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas según el siguiente detalle:
El proyecto crea un fondo fiduciario público, como así también un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores.
Entre las modificaciones aceptadas se propone sumar un 3% para empresas “sustentables” y otro 3% para las provincias que tienen “asimetrías regionales”.
Con invitados a exponer, distintos plenarios se abocarán a analizar los proyectos de Boleta única, Compre argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán las nueve comisiones que faltan para completar el cuadro.
Con otra semana corta, esta vez por el feriado del 25 de mayo, toda la actividad legislativa de la Cámara de Diputados recaerá -otra vez- en el día martes, ya que desde las 10 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia y Presupuesto y Hacienda retomará el debate de boleta única de papel. A las 14 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, mientras que en paralelo en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia se analizará la reforma al Consejo de la Magistratura. Las reuniones contarán con invitados a exponer. También se conformarán nueve comisiones, con lo que se completará el cuadro de la Cámara baja.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria a las 10 el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Tal como sucedió la reunión anterior, fueron invitaros expositores relacionados a la temática.
Desde las 14, ya sin la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el plenario retomará el debate del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura. Será con la presencia nuevamente de invitados.
En forma paralela, un plenario de las comisiones de Industria -a cargo del entrerriano oficialista Marcelo Casaretto– y de Presupuesto y Hacienda, volverán a analizar el proyecto de Compre Argentino, con la decisión anunciada de emitir dictamen.
También, se llevará a cabo en el mismo horario una reunión informativa de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que preside Mariana Zuvic (CC-ARI). Será con invitados y se desarrollará en la Sala 5.
Por otro lado, a las 16.30 la Comisión de Legislación General, en manos de la oficialista Cecilia Moreau, le darán tratamiento a los proyectos de ley que ceden jurisdicciones para crear el Parque Nacional Islote Lobos, la Creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y el proyecto que propone crear el Área Marina Protegida Bentonica Agujero Azul.
Por otro lado, se constituirán las nueve comisiones restantes y se completará el cuadro de la Cámara baja. Las comisiones que se conformarán son las de Asuntos Municipales; Legislación Penal; Defensa Nacional; Energía y Combustibles; Transportes; Peticiones, Poderes y Reglamento; Juicio Político; Minería y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
2022896-1Ante el plenario de comisiones, Ariel Schale hizo hincapié en los sistemas de incentivo que una nueva norma debe establecer.
En el inicio de las exposiciones por el debate de la nueva ley de Compre Argentino, el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, resaltó el valor de la nueva norma recordando que la vigente “fue concebida, diseñada, en un entorno global que ya no existe. La ley vigente fue concebida en pleno proceso de expansión del proceso de globalización, en el reinado de las cadenas globales de agregación de valor, todos procesos que tanto el avance de la revolución de la industria del 4.0, y las consecuencias del proceso pandémico han instaurado un proceso nuevo, que se conoce como nearshoring, y esto es la importancia estratégica de contar dentro de los territorios nacionales con cadenas de valor, plataformas productivas que den autonomía”.
El funcionario aclaró que ya no se considera un proceso coyuntural, sino estructural, “que define el ritmo de acumulación de este siglo”. Schale aseguró que “la pandemia ha acelerado los procesos de impacto de la industria 4.0. “Ya no hay tiempo para diseñar un producto; mandar un prototipo para fabricar en el sudeste de Asia; aprobar ese prototipo; encargar la producción y esperar el flete marítimo: se fue la demanda”, ejemplificó.
Por el contrario, continuó, “hoy la autonomía y la soberanía en los procesos de desarrollo industrial radica en la dotación de plataformas productivas cerca de los canales de comercialización”.
Destacó en tal sentido que el entorno pandémico ha puesto de manifiesto la disyuntiva de tener o no tener industria para poder aprovisionarse de los servicios que se requieren.
“El entorno global ha cambiado y requiere de una ley más fortalecida en los sistemas de incentivo que irradia, y aquí seguimos también el proceso dinámico que ocurre en los países desarrollados”, y citó los casos de Israel, Japón, Alemania, Estados Unidos, entre otros, y los propios países de nuestra región, fundamentalmente Brasil, “que fortalecen los procesos de ‘compre nacional’”. Procesos que permitan autonomía, dijo, y precisó que la propia Unión Europea denomina como “autonomía sustentable”. Una forma de denominar a lo que a su juicio es “un proceso de sustitución de importaciones”.
“Este proyecto de ley viene a aportar musculatura, densidad, a ese proceso de construcción de la sociedad en su conjunto”, agregó el funcionario, que destacó que “la ley de Compre siempre va acompañando los procesos de maduración de política industrial, y por cierto en estos tres años se ha desplegado una política industrial de mayor densidad a la existente en la anterior, que requiere de una ley que fortalezca los objetivos de desarrollo industrial de la Argentina”.
Schale resaltó la ausencia de herramientas de financiamiento que les permitan fundamentalmente a nuestras PyMEs acceder, siquiera evaluar, la posibilidad de un esquema de venta en Compre Estatal por no poder hacer frente a las exigencias financieras de ese proceso”. Comentó en ese sentido las dificultades que debe encarar un productor PyME para enfretnar un desarío de producción a escala”.
Al respecto dijo que esta ley viene a otorgar un instrumento financiero a las PyMEs para recrear instancias mucho más competitivas por el sistema de incentivos de atracción de concurrentes a las posibilidades del Compre Estatal.
Otro elemento fundamental que destacó fue “la figura del Compre Estatal de Innovación”. Y señaló “un Estado incentivando compras en sectores que tenemos que desarrollar”.
Así las cosas resumió en las situaciones de instancias de articulación, promoción, democratización de información; la instalación de instrumentos financieros, y la figura del Compre Estatal de Innovación, como “ingredientes que transforman el instrumento legal vigente en uno más potente”.
A continuación, el secretario de Industria recordó que otra parte del debate de este proyecto estuvo centrado en los márgenes de preferencia. Aclaró sobre ese punto que “en una licitación donde compiten dos bienes nacionales, gana el precio más bajo, que quede absolutamente claro”.
Agregó que la elevación del margen propuesta desde el Ejecutivo estuvo fundamentada en principio por ejemplo por “el recurrente requerimiento del sector productivo nacional. “Segundo, porque los niveles de preferencia de la ley de Compre en los principales socios comerciales tiene magnitudes superiores incluso a lo que estamos proponiendo”, agregó.
Puso como ejemplo casos de Estados Unidos y en ese sentido destacó que en términos comparativos lo nuestro resulta moderado. “Brasil establece márgenes de preferencia del 20%”, ejemplificó, para citar también los de Israel, Turquía, India y México.
Esta es una ley de Compre Argentino; no de desarrollo PyME, ni que esté discriminando origen de capital: las multinacionales que producen en Argentina también gozan de preferencia, aclaró, para concluir resaltando que lo que se busca aprobar es “un instrumento muy valioso en términos de polítia industrial para seguir promocionando la instalación de inversiones productivas dentro del territorio nacional”.
Con cinco minutos cada uno para exponer -que previsiblemente respetaron muy poco-, expusieron a continuación los demás invitados, comenzando en nombre del movimiento obrero por el líder de la UOM Abel Furlán, quien expresó el apoyo cegetista al proyecto de ley.
“Venimos a apoyar el proyecto porque contiene la demanda que supimos plantear en la discusión del año 2017. Esa modificación de la ley tiene consistencia en función del consenso logrado a partir de las discusiones”, puntualizó, aclarando que “no es un planteo solo del Poder Ejecutivo, sino también una demanda que supimos tener nosotros al ser convocados en las mesas sectoriales. Este proyecto plantea oportunidades para el desarrollo, para la generación de nuevos empleos. Y en ese sentido, venimos con una postura de exigir el tratamiento y aprobación de este proyecto, porque entendemos que va a ser un bien preciado para todos los argentinos”, expresó el exdiputado nacional, que concluyó expresando su deseo de contar con “una herramienta que pueda construir oportunidades para el desarrollo y la empleabilidad. Más allá de las diferencias en algún articulado, que sean las cuestiones técnicas las que permitan un debate importante, y no las cuestiones políticas”.
En representación del sindicato del Calzado, Fidel Jerez resaltó que “esto es nada más y nada menos que generar empleo y trabajo argentino. Represento una industria que ha sido muy castigada en los últimos tiempos, con las importaciones, con la apertura. Creo que es una buena oportunidad de crear mano de obra argentino y trabajo argentino”.
A su vez, Gustavo Gándara, director EJecutivo Fundación UOCRA, sumó su apoyo a la ley, por cuanto “el Compre Argentino implica trabajo argentino”, y agregó que “quienes escriban la reglamentación tiene que garantizar que aquel compre argentino sea trabajo argentino. Porque no puede ser cualquier trabajo, nosotros queremos un trabajo decente, que claramente tengan los pisos de protección social, y el complementada todos los estatus laborales”.
“Nos parece sumamente importante el tema de la inversión tecnológica. Esta inversión tiene que estar regulada con un proceso de transición tecnológica en la que los trabajadores aprendan estas tecnologías y las puedan hacer valer”, agregó.
A su turno, en nombre del Sindicato Argentino Obreros Navales, Juan Antonio Speroni habló de la necesidad de contemplar las alteraciones que tuvo el mundo a partir de la pandemia y el conflicto bélico. “Hay una oportunidad de tratar de generar las condiciones del entramada industrial para poder producir a través de las compras del Estado una herramienta que confluya con los indicadores productivos que se ven en el país que son muy buenos”. Y concluyó señalando que “Argentina tiene que transitar este sendero para defenderse en un mundo globalizado, en un mundo de disputa del mercado, tiene que ver con el compre nacional y las posibilidades de optimizar los recursos nacionales”.
Por la Unión Industrial Argentina, Pablo Dragún consideró “fundamental tener a las compras públicas como política de Estado sostenida en el tiempo. Porque redunda en mayores beneficios para el entramada productivo, las inversiones y la generación de empleo de calidad”, y consideró “muy positivo el capítulo integrado de compras para la innovación. Así como la inclusión de la perspectiva de género, y la participación institucionalizada de los actores pertinentes en la mesa de compra argentino”.
A su vez, José Taomborenea, presidente de la Cámara de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas, señaló que “la industria y producción son los únicos generadores reales de riqueza y que pagan los impuestos”.
“Nuestro reclamo es que se unan, entiendan lo que significan y saquen algo que sea provechoso y además de largo plazo. Ya no se discute más en los países si industria sí o industria no. Todos los países industrializados tienen este tipo de regulaciones que protegen cada una de sus industrias. Y nosotros lo padecemos cuando queremos exportar”, dijo, para concluir con un pedido: “Dialoguen entre ustedes, pónganse de acuerdo y hagan que esto realmente funcione. Para nosotros esta ley es la madre de las leyes. No podemos fallar”.
A su turno, Tomás Canosa, director de ADIMRA, destacó la importancia de la herramienta de las compras públicas. “La evidencia internacional, los países desarrollados y en vías de desarrollo utilizan esta herramienta para potenciar la producción, exportaciones, generación de tecnología”, destacó, agregando que “la ley avanza en la dirección correcta en dos puntos. Uno las dificultades que presentan las empresas que son proveedores del estado tanto con los problemas de información como financiamiento. Entendemos que la creación del Fondo Fiduciario es un paso en la dirección correcta”.
“Y después que se avance en la previsibilidad, la posibilidad que las empresas conozcan los proyectos. Las adquisiciones que se van a realizar en el sector público para prepararse en el momento en el que se lancen las licitaciones. Creemos que la creación del observatorio va en esa dirección y va ayudar tanto la producción como la generación de empleo de calidad que el país tanto necesita”, puntualizó.
Por la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, Marcela García Canosa comentó que “se mantiene al Estado como uno de los principales impulsores de la demanda de la economía. Y que sus compras financiadas por la recaudación de los impuestos deben propender al desarrollo de los diferentes actores económicos del país”.
“El Estado tiene responsabilidad al momento de utilizar su presupuesto, incorporando conceptos de compras públicas sustentables. El Estado con su poder de compra puede oficiar de orientador de mercado para bienes que aun el sector privado no género o servir de puente financiando nuevas tecnologías”, concluyó.
A continuación, por la Cámara de Industriales Fundidores, Pablo Gáspari expresó su adhesión al proyecto, pero señaló que no entienden “cómo el Estado puede dudar entre comprar un producto local o no. Cuando nosotros pagamos los sueldos, y toda esa masa de dinero queda dentro de la Nación”.
Respecto al proyecto, consideró que “tiene varios conceptos que mejoran la situación actual. Consideramos que podría ser perfectible, pero tiene más aspectos positivos que lo que tenemos”.
Y finalmente, reclamó que los legisladores “dialoguen, pónganse de acuerdo, piensen en la cantidad de divisas que esto puede generarle de ahorro al país y en la cantidad de puestos de trabajo que esto puede generar.
Daniel Rosato, en representación de Industriales Pymes Argentinos, señaló que “todos coincidimos en la importancia de este proyecto de Compre Argentino. Hay que destacar su importancia y hacer memoria de lo que representa. Significa mayor cantidad de trabajo, mejores salarios, mayor productividad, un futuro mejor para todos. Significa cultura del trabajo, la continuidad de un proyecto industrial que venimos llevando adelante hace dos o tres años y ha llevado a la creación de mil nuevas PyMEs industriales”
En este sentido, consideró que “la política industrial que se llevó adelante en los últimos años está dando resultado, hay que potenciarla. Lo que no dio resultado fue una política de una apertura que tuvimos del 2015 al 2019 que destruyeron 7 mil industrias en la Argentina. Yo creo que este proyecto no tiene que llevar una bandera política, tiene que llevar la bandera de Argentina por delante, y que todos tomemos conciencia lo que significa darle la oportunidad al sector productivo para decirle que va a haber más integración e inclusión”.
Por CAEHFA, la Cámara de Equipamiento Hospitalario, Gustavo Pettinari señaló la necesidad de que el sector sea considerado como estratégico: “El sector, en estos últimos dos años, mientras otros países del mundo han tenido que piratear equipamiento médico, Argentina prácticamente no tuvo la necesidad de importar. Porque el sector estaba ahí para cubrir las necesidades de toda la demanda argentina y poder salir adelante airosos de esta pandemia. Por eso consideramos que el nuestro es un sector estratégico. Creemos que debería estar taxativamente enunciado en el cuerpo de la ley como sector estratégico, para poder entrar dentro de lo que se denomina reserva de mercado”.
A su turno, Laura Codda por la Cámara Argentina de Seguridad, señaló que el proyecto es “fundamental”, ya que el sector participa en muchas licitaciones: “Para nosotros es muy importante este tema, como lo es que en las licitaciones se incluya la certificación por normas locales. Esperamos que haya una aprobación efectiva, lo cual para nuestras empresas es determinante”.
Laura Barabas, de la Cámara de Industria del Calzado, expresó que su sector está “totalmente de acuerdo y apoyamos el proyecto de ley de Compre Argentino. Y ahora comienza el trabajo, porque nosotros tenemos que lograr que cuando se reglamente y trabajando en conjunto lograr que realmente sea efectiva y las PyMEs puedan acceder, tienen que haber condiciones y acceso para el financiamiento”.
Por la Cámara industriales de Bienes de Capital, Rubén Fabrizio señaló que el proyecto “mejora los márgenes de preferencia. Siempre lo hemos requerido para aproximarse a lo que hacen nuestros socios comerciales, los piases desarrollados del mundo. Entendemos que el mecanismo de financiamiento dentro de la propia ley es de suma utilidad y es un reclamo histórico. Finalmente, la instancia de mesa de trabajo conjunto entre los compradores y oferentes también ha sido un reclamo histórico. Es de suma utilidad para el diseño y la mejora de la gestión de compras integral.
Finalmente, Laura Fabra por CAPGEN expresó que defienden y apoyan la implementación de este proyecto: “Consideramos que vamos a generar más puestos de trabajo y es lo que va sacar este país adelante. Y estamos muy de acuerdo a que se dé lugar y se siga manteniendo como política de Estado la paridad de género”.
Esa era una de las principales objeciones que tenía el proyecto del Poder Ejecutivo. En Diputados se desarrolla una jornada informativa y el martes que viene se firmará el dictamen.
Con el deseo de eliminar todo tipo de objeciones que impidan la sanción de una nueva ley de Compre Argentino, el oficialismo resolvió excluir del texto al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Así lo anunció este martes el titular de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto, en el inicio del plenario que se desarrolla con Presupuesto y Hacienda para escuchar a funcionarios nacionales, representantes del movimiento obrero organizado, de cámaras y entidades empresarias interesadas en el Compre Argentino.
Al comenzar la reunión, pasadas las 13.30, el diputado entrerriano recordó que “tomamos el texto que había venido del Ejecutivo y a propuesta de colegas le hicimos algunas modificaciones; el jueves también escuchamos comentarios de los distintos bloques y hacemos nuevos cambios sobre el texto del Ejecutivo y en relación a lo que ya sería un dictamen final”.
Ahí fue que anunció la decisión del bloque Frente de Todos de “excluir de la ley al PAMI”, que de tal manera “no tendría modificaciones frente a la regulación actual”. Así las cosas, anticipó que la de este martes sería una reunión informativa y al término de las exposiciones habría un nuevo cuarto intermedio “con la idea de emitir el dictamen el martes que viene”.
Encargado de dar comienzo a las exposiciones fue el secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, quien destacó que “tanto el avance de la revolución de la industria del 4.0, y las consecuencias del proceso pandémico han instaurado un proceso nuevo, que se conoce como nearshoring, y esto es la importancia estratégica de contar dentro de los territorios nacionales con cadenas de valor, plataformas productivas que den autonomía”.
“El entorno global ha cambiado y requiere de una ley más fortalecida en los sistemas de incentivo que irradia, y aquí seguimos también el proceso dinámico que ocurre en los países desarrollados”, y citó los casos de Israel, Japón, Alemania, Estados Unidos, entre otros, y los propios países de nuestra región, fundamentalmente Brasil, “que fortalecen los procesos de ‘compre nacional’”. Procesos que permitan autonomía, dijo, y precisó que la propia Unión Europea denomina como “autonomía sustentable”. Una forma de denominar a lo que a su juicio es “un proceso de sustitución de importaciones”.
“Este proyecto de ley viene a aportar musculatura, densidad, a ese proceso de construcción de la sociedad en su conjunto”, agregó el funcionario, que destacó que “la ley de Compre siempre va acompañando los procesos de maduración de política industrial, y por cierto en estos tres años se ha desplegado una política industrial de mayor densidad a la existente en la anterior, que requiere de una ley que fortalezca los objetivos de desarrollo industrial de la Argentina”.
El funcionario resumió en las situaciones de instancias de articulación, promoción, democratización de información; la instalación de instrumentos financieros, y la figura del Compre Estatal de Innovación, como “ingredientes que transforman el instrumento legal vigente en uno más potente”.
A continuación expuso Fernando Peirano, presidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, quien destacó que la nueva norma “no solo mejora lo que tenemos, sino que lo transforma; habla de una evolución de los sistemas de promoción, y en lo que se refiere a ciencia y tecnología, se habla de pasar de trabajar solo con la oferta a incorporar la perspectiva de la demanda”.
“Esta ley tiene en sus fundamentos esta perspectiva moderna de cómo impulsamos distintas agendas, cómo creamos nuevos productos y servicios -manifestó-. Tenemos la convicción de que sin tecnología, la ciencia no tiene impactos”. Y puso como ejemplo el caso de las vacunas: “Los países que concentran ese conocimiento son los que les dan oportunidades a sus ciudadanos”.
Para Peirano, “Argentina tiene que decidir avanzar y este proyecto es una decisión concreta en ese rubro”. Al respecto resaltó que la OCDE ha revelado que de 34 países estudiados, 23 tienen legislaciones que incluyen las compras públicas de innovación. “En América Latina pusimos el foco en dos países vecinos, Brasil y Uruguay, que tienen leyes en ese sentido. Esto permite que el Estado se convierta en un usuario que impulsa la finalización de productos y procesos que nacen en un laboratorio científico, de una universidad. Con esto podemos tener una figura que nos pone a la par de nuestros socios comerciales. La competitividad también se construye con las leyes. Argentina está demorada en esta agenda”.
Peirano propuso definir qué es una compra pública de innovación, por eso es importante crear este programa, enfatizó, recordando luego que “tenemos un privilegio, la plataforma de I+D más amplia de todos los países de América Latina. Tenemos que hacer de ese potencial algo concreto en beneficio del país”.
Tras la exposición de los demás invitados, sobre el final de la reunión, los diputados pudieron hacer planteos, y desde la oposición Graciela Ocaña destacó que en el transcurso de la pandemia quedó expuesto el nivel de los desarrollos tecnológicos locales y en ese sentido consideró “ilógico” que el Ministerio de Salud no hubiese comprado esos desarrollos y sí por ejemplo lo hubiera hecho con “tests más caros a la firma internacional Abbott”. Además, alertó sobre los “pliegos dirigidos, que dejan fuera muchas PyMEs”, cosa que no se resuelve con una ley, admitió, sino con publicar los pliegos.
A su turno, el licenciado Peirano le contestó aclarando que “tenemos una evaluación muy positiva de lo que ha sido nuestro sistema de ciencia en la pandemia”, y resaltó el trabajo articulado que existió entre las partes, poniendo como ejemplo “la decisión conjunta del 11 de noviembre de 2021 en la que se creó una mesa interministerial entre los ministerios de Ciencia, de Dessarrollo Productivo y de Salud, para alinear los incentivos en el desarrollo de las vacunas argentinas. Hay pruebas de un buen diálogo entre Ciencia y Salud”.
El mendocino Lisandro Nieri recordó que ya existe una ley de Compre Argentino y que a su juicio debió haberse trabajado en mejorar puntos de la misma. Luego advirtió la preocupación de JxC sobre el artículo 22°, que relaja las condenas respecto de los incumplimientos de las compras del Estado, e hizo observaciones sobre los fondos fiduciarios, donde a su juicio no está claro con qué criterio se va a decidir quién va a ser beneficiado y quién no.
A su vez, el diputado del Pro José Carlos Núñez aclaró que desde la principal oposición quieren ponerse de acuerdo, pero sin embargo “hay muchas dudas y el Poder Ejecutivo nos debe respuestas”. Por eso anticipó que se las enviarían a los funcionarios, “porque es muy difícil aprobar leyes sin tener la información correspondiente”.
Puntualmente quieren saber desde la oposición cuál fue el resultado que arrojó la ley actual, cuántos planes sociales se transformarán en empleo formal y por qué no se trabaja sobre la factura de crédito, como así también “por qué este salto tan grande en defensa de las grandes industrias nacionales y tan pequeño en relación con las PyMEs. Casi el 100% para las grandes y solo el 33% para las pequeñas”, comentó.
A su turno, el radical Ricardo Buryaile preguntó sobre la creación de nuevos organismos burocráticos que se crearán y puso el ejemplo del Observatorio que plantea la nueva ley.
Cerró el debate el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien tras agradecer la presencia de los funcionarios nacionales, cuestionó que hubiera diputados que planteaban que los invitados estaban equivocados. “Imagínense que estemos sacando una ley absolutamente lesiva para los empresarios y trabajadores; ¿qué diría la oposición?: ‘¿Por qué no traen a los afectados?’. Nosotros invitamos a los trabajadores y empresarios que se van a favorecer con esta legislación, y nos dicen que están equivocados…”.
A continuación recordó la frase que consideró “desafortunada”, planteada la semana anterior, cuando acusó a la oposición de estar en una “zona de confort”, cosa que fue retrucada -“acertadamente”, reconoció Martínez- por el diputado radical cordobés Víctor Hugo Romero. “Creo que tenía razón el diputado que me contestó. Pero a veces siento que estamos buscando un atajo para rechazar la ley, y vamos cambiando el motivo por el cual quizá queremos rechazarla”.
Germán Martínez recordó que incluso desde la oposición “se le puso a la ley el apellido de un empresario vinculado a la industria farmacéutica. Ahora cambiamos; ahora los últimos dos días vienen con la idea de que estamos comprando más caro”.
A continuación salió al cruce del insistente planteo opositor respecto de que no era necesario hacer una nueva ley. “La actual ley tiene 30 artículos; 3 son de forma; 10 con esta propuesta no se tocan; 14 se modifican y hay 17 nuevos artículos. Es absolutamente razonable que estemos pensando en nua nueva ley, y eso no es desconocer la ley anterior”.
De lo contrario, advirtió que hubieran tenido que hacer algo donde todo el tiempo se incluyera la palabra “agrégase”, lo cual redundaría en “un desorden en técnica legislativa”. “¿Por qué no se modificó la ley vigente e incentivamos un nuevo texto? Porque estamos modificando muchos artículos y en función de eso nos parece que desde el punto de vista de técnica parlamentaria es lo más atinente”, resumió.
Así las cosas, el presidente del bloque oficialista recordó que están tratando de sacar esta ley “haciendo un intento de seducción a la oposición para que salga de este rechazo absoluto que sería negativo incluso para ustedes en términos políticos”, aunque dejó abierta la posibilidad de que “puede pasar que la decisión esté tomada” por parte de la oposición.
“Estamos tratando que esta nueva ley caiga en la polarización política, pero ustedes verán que no es fácil”, observó el legislador santafesino.
Sobre el final se refirió al hecho de que hubieran sacado de la ley al PAMI y lo justificó en que “sentimos que el debate alrededor del PAMI nos iba a impedir la cuestión de fondo y en algún lugar podía ser el motivo por el que nos rechacen el proyecto, y nosotros queremos una ley”.
Luego defendió la implementación de los fideicomiso, que planteó como “una herramienta importante para el financiamiento de las PyMEs”, e insistió en que “sin dudas esta ley mejora la ley anterior, favorece la producción nacional y el trabajo”, y con relación al aumento de porcentajes de preferencia, señaló: “Es llamativo que se ponga énfasis desde la oposición, pero claramente los sectores del trabajo y empresarios plantearon la necesidad de otras herramientas que favorezcan”.
Por último, respecto de la figura del Observatorio, respondió que “lejos de generar más estructura, más burocracia, lo que plantea es que pueda haber sistematicidad en los espacios donde se dialogan estas cosas”.
En el mismo día distintos plenarios se abocarán a analizar, con invitados a exponer, los proyectos de Boleta única, Compre Argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán siete comisiones.
La Cámara de Diputados tendrá una agitada agenda este martes, casi sin respiro, que se pondrá en marcha desde las 10 con la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda que se abocará al debate del proyecto de Boleta única. A las 13 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino. Más tarde, será el turno de la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia para tratar la reforma al Consejo de la Magistratura. Todas las reuniones contarán con invitados a exponer.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Para esta ocasión han sido citados 23 expositores relacionados al tema. Juan Manuel Urtubey, Adrián Pérez -exdiputado y exsecretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Cambiemos e impulsor de la reforma electoral que quedó trunca- y Pablo Javkin, entre los primeros oradores sobre boleta única.
A las 13 tendrá una destacada importancia el plenario de comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda que retomarán el cuarto intermedio para debatir el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, en la cual el oficialismo estima emitir dictamen. Según confirmó este lunes por la noche a parlamentario.com Marcelo Casaretto, recibirán a representantes del movimiento obrero, las cámaras representativas de los sectores de la industria nacional y funcionarios. Estos son: Abel Furlán (UOM), Fidel Jerez (Calzado) y Gustavo Gándara (UOCRA), por la CGT; Pedro Dragún y Francisco Abramovich (UIA); y representantes de ADIMRA y CIPIBIC (metalmecánicos); CADIEEL (electrónica); Cooperala (laboratorios); CAEHFA (equipos médicos); CARAE (aeronáutica); CINA y ABIN (naval); CIC (calzado); CIFRA (fundidores); CAPGEN (laboratorios); CEMA (medio ambiente); CAS y CAIDyD (seguridad); y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.
Una hora más tarde, en el Anexo “C” un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomarán el debate, con invitados a exponer, del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se constituirán siete comisiones más en la Cámara baja Relaciones Exteriores y Culto; la Comisión de las Personas Mayores; la Comisión de Discapacidad; la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas; la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales; la Comisión de Seguridad Interior y la Comisión de Turismo. También estaba en agenda la conformación de la comisión de Libertad de Expresión, pero se suspendió por el viaje a Ucrania de Waldo Wolff quien iba a ser reconfirmado como presidente de la comisión.
Con esa cantidad, ya serán 38 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen ocho comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
Por otro lado, opinó sobre el proyecto de Boleta única: “No creo que sea un tema demasiado importante el tipo de boleta con el que se vota”, y sumó: “Me preocupa gobernar bien antes que el sistema electoral”.
En vísperas de lo que será un martes agitado debido a la cargada agenda en Diputados, ya que se debatirán los proyectos de Boleta única, Compre argentino y reforma al Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos – Entre Ríos) respaldó la iniciativa del Ejecutivo porque “estamos empezando a recuperar la caída económica de Macri”.
En declaraciones a la AM 870, el diputado entrerriano explicó: “Compre argentino es un sistema que tiene vigencia hace varias décadas en el país, con algunos altibajos en materia de suspensiones y mayor o menor porcentaje de preferencia. En este caso significa darle una preferencia a que, cuando el Estado compra, compre productos de industria nacional y no importados, que trate de promover y la inversión de la industria nacional y la creación de empleos en la Argentina”.
“Lo que existe actualmente es que el margen de preferencia de compre del Estado esta en 15% y el 8%, según sean PyMes o empresas nacionales, como protección frente al importado. Con esta normativa que una empresa argentina sobre una extranjera tendrá una preferencia de casi un 20% para las PyMes y para empresas nacionales un 15%”, dijo el legislador entrerriano y agregó: “Esto es algo importante. Vamos a invitar a expositores para que se estimule el empleo y la argentina siga creciendo”.
A su vez, Casaretto destacó la gestión y remarcó la dificultad que pasaron las Pymes durante el gobierno anterior: “Desde el punto vista de ahorros de dólares, con esta medida se podría llegar a los 500 millones anuales. No entiendo criterios políticos que a veces les de lo mismo comprar importado o nacional. Eso llevo a la destrucción del modelo de producción de argentina y lo mismo pasó con el gobierno de Macri que cayeron 25 mil PyMes. Ahora estamos en una recuperación económica”.
“Estamos empezando a recuperar la caída económica de Mauricio Macri con todas estas medidas de promoción de inversión nacional y de la creación de empleos. Ya se crearon más de un millón de empleos con empleo en blanco, jubilaciones”, remarcó.
Por el tema PAMI, el más conflictivo en la comisión, explicó: “Hay una cobertura de Compre argentino que es casi toda la administración, lo que no han entrado hasta el momento empresas que compiten en el mercado como YPF o Aerolíneas Argentinas o PAMI que tiene características especiales. Aumentar el margen de preferencia e incorporar organismos. Sin embargo, hay cosas que son imposibles no comprar al extranjero. Siempre defendemos las industrias nacionales, pero claramente no es en beneficio de nadie”.
En ese sentido, aseguró: “Siempre voy a priorizar la industria nacional. Lo vamos a discutir y el tema del PAMI se va a discutir, podemos o no incluirlo. Vamos a buscar un consenso en defensa de la industria nacional”.
“Necesariamente tenemos que avanzar en acuerdos con los bloques de las oposiciones. Esto es lo que votaron los argentinos y no tienen representación hoy, porque para sesionar tenemos que tener 129. Nadie tiene mayoría para convocar y sesionar como quieren”, consideró al ser consultado por la actividad legislativa y los proyectos que se aprobaron.
Por último, opinó sobre el tema de Boleta única: “En lo personal Boleta única no creo que sea un tema demasiado importante el tipo de boleta con el que se vota. Yo tengo 55 años y ganó siempre el que tenía que ganar y perdió el que tenía que perder con boleta redonda, cuadrada, única, electrónica, gana quien tiene que ganar”, y cerró: “Me preocupa gobernar bien, antes que el sistema electoral”.
Luego del cuarto intermedio, el oficialismo buscará emitir dictamen ese mismo día y llevar el despacho al recinto lo antes posible. Por otro lado, se llevará a cabo la constitución de otras seis nuevas comisiones.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, y de Industria, en manos del entrerriano Marcelo Casaretto, de la Cámara de Diputados retomará este martes a partir de las 13 el debate por el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Esta será la tercera reunión que se realiza en la cual – tras el cuarto intermedio que pidió el titular del bloque FdT, Germán Martínez, en el encuentro del pasado jueves- el oficialismo buscará emitir dictamen ese mismo día y llevarlo al recinto lo antes posible. El debate se llevará a cabo en la Sala 1.
Cabe recordar que el primer encuentro contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo quienes explicaron la iniciativa y la respaldaron. En la segunda reunión, los diputados se abocaron a analizar el tema, donde la oposición objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso.
El proyecto contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales. Con su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.
El proyecto eleva las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20%. Y las demás pasan del 8% al 15%.
Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. También habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son MiPyMES.
Un tema importante que contempla esta iniciativa es que amplía el alcance al PAMI, para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan.
La ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.
COMISIONES QUE SE CONFORMARÁN
A partir de las 11 se llevará a cabo la conformación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Una hora más tarde será el turno de la Comisión de las Personas Mayores. A las 13 la Comisión de Discapacidad -la cual iba a ser constituida la semana pasada, pero se canceló- se reunirá para designar a sus respectivas autoridades.
La Comisión de Seguridad Interior se constituirá desde las 16. Cabe recordar que en la última sesión del Cuerpo el diputado santafesino radical Juan Martín pidió una cuestión de privilegio y reclamó por la misma porque “los proyectos para tratar la ola de inseguridad que atraviesa mi provincia se encuentran paralizados”.
También, a las 17 se elegirán autoridades y se establecerá una agenda de trabajo de la Comisión de Libertad de Expresión. Cerrará la jornada la reunión constitutiva de la Comisión de Turismo. De esta manera, serían 36 las comisiones conformadas y restarían ponerse en marcha 10.
2022855Con marcadas diferencias planteadas por la oposición, el Frente de Todos en la Cámara de Diputados debió postergar nuevamente la firma del dictamen.
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados postergó por segunda vez la firma del dictamen sobre el proyecto de ley referido a Compre Argentino, enviado por el Poder Ejecutivo y motorizado puntualmente por el Ministerio de Desarrollo Productivo.
La iniciativa se debatió este jueves en un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, pero las marcadas diferencias con la oposición, que objetó desde los cambios en los márgenes de preferencia, la inclusión del PAMI y la creación de un fideicomiso, hicieron que el oficialismo ceda a retrasar la firma del despacho.
En el arranque, el titular de Industria, Marcelo Casaretto, anunció que, tras sugerencias que fueron pedidas durante la exposición de los funcionarios, se incorporaría al proyecto una preferencia adicional del 3% para empresas que cumplan con pautas de desarrollo sustentable y también a las que estén en “provincias que tienen asimetrías regionales”.
Asimismo, el entrerriano anticipó la inclusión de una definición sobre los bienes estratégicos, como “aquellos que se traten de productos innovadores o que tengan potencial para promover empleo de calidad, mejoras en la balanza comercial o generar impactos significativos sobre una determinada cadena de valor”.
En primer lugar, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, observó que en la reunión pasada “no había impugnaciones globales, rechazos generales” por parte de la oposición, sino “una cantidad de dudas, de preguntas, que no modificaban en general una mirada positiva sobre esto”.
Pero al apuntar que habría un dictamen de rechazo, por parte de Juntos por el Cambio, el santafesino señaló que “nos podemos llegar a quedar sin una valiosa herramienta, cada vez más necesaria en las economías en desarrollo”. Además, cuestionó que la presentación de dictámenes de minoría responda a “una zona de confort legislativa, donde no nos terminamos de meter en el fondo de las cuestiones”.
Martínez también criticó que se trate de “encapsular esta iniciativa a un único aspecto”, como es el de Compre Argentino, lo que opinó “le baja calidad al debate”, y enfatizó que el proyecto abarca “el desarrollo de proveedores”.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado Víctor Hugo Romero recogió el guante: “No lo planteamos del punto de vista de una posición de confort”. El radical explicó que hay “un Estado que viene pasando hace mucho tiempo por una situación difícil, donde ha incrementado el déficit fiscal, que ha generado una situación crítica en la economía argentina” más un “fuerte costo fiscal a todas las PyMEs y el entramado productivo”.
Al mencionar también el aumento de emisión monetaria y la “gran inflación”, el cordobés resaltó que “no hay un plan que genere previsibilidad y certezas”, por eso “nos preocupa sacar leyes que influyen en el gasto. Si se incrementa el gasto lo terminan pagando los argentinos”.
Romero expresó además que los funcionarios que asistieron a defender la ley “no nos despejaron las dudas” ni explicaron “el motivo de una modificación de la ley de manera clara”.
En su intervención, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sumó que “se perjudica a las PyMEs y se beneficia a las grandes” porque la brecha de diferencia pasará de ser del 7% al 5%. “Necesitamos tiempo y no un tiempo limitado, sino un análisis profundo para tratar el tema. Acá no hay confort, acá hay responsabilidad”, concluyó.
Tras la palabra de Romero y antes de continuar con la lista de oradores, Casaretto aclaró que “cuando se habla de aumentar ese margen de preferencia al 15% y 20% se habla de la competencia entre las empresas que proveen bienes de origen nacional frente a los que proveen bienes de origen extranjero”.
Con los cambios “se favorece a todas las empresas nacionales frente a la competencia de bienes traídos del extranjero”, insistió el oficialista y subrayó que las PyMEs “no es que ahora quedan desprotegidas, quedan más protegidas”. Y en cuanto al aumento de preferencia para las grandes empresas, el entrerriano dijo que “es frente a las extranjeras pero no frente a las PyMEs nacionales”.
“Sí cambia la protección relativa entre las pequeñas y medianas empresas con las grandes empresas”, le devolvió el legislador de Evolución Radical Alejandro Cacace.
Después fue el turno de Carlos Heller, quien consideró que hay “un error de concepto” porque “el tema de las preferencias está referido a la competencia externa”. “Cuando se aumenta más a las grandes, se trata que esas grandes nacionales puedan competir con las grandes extranjeras”, sostuvo y apuntó que “hay rubros en los que las PyMEs no pueden competir”.
“Yo a lo que le tengo miedo es a la silla de (José Alfredo) Martínez de Hoz, y creo que en lo que no tenemos que caer es en una falsa cuestión de que ‘si es más barata la importada, no me importa, que venga la importada’. A nosotros nos importa que se desarrolle la industria nacional”, enfatizó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
A su turno, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto manifestó que “no es verdad que hay unos que quieren el compre argentino y otros que no lo queremos. No generemos una antinomia”. “En temas tan centrales nos deberíamos dar la oportunidad de, por lo menos en la parte medular de la ley, tener acuerdos”, consideró y explicó que “tiene que salir una ley buena que se pueda sostener en el tiempo” porque “no es bueno para la inversión que estemos cambiando leyes cada dos por tres”.
En cuanto a la incorporación del PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, la porteña indicó que “por su capacidad de compra es un regulador del mercado de medicamentos” y al advertir por la concentración de los laboratorios, solicitó que “no hagamos una ley que termine beneficiando a los mismos de siempre, a los laboratorios de siempre” porque “terminan perjudicando a los jubilados y condicionando a todos los gobiernos”.
Avanzado el debate, la macrista Silvia Lospennato se quejó de que “el Congreso no puede seguir funcionando en torno a intuiciones y lindas consignas. El Congreso necesita datos. Cuando uno cambia una ley que es tan reciente tiene que tener los motivos claros”.
“Ustedes que todo el tiempo están diciendo que las grandes empresas han sido las beneficiarias, que en la pandemia se han llenado de dinero, que el problema de la inflación es la concentración oligopólica de las grandes empresas alimentarias, ¿y le van a seguir pagando un sobreprecio? ¿Por qué? Explíquenlo”, disparó.
Y, tras rechazar la creación de un fideicomiso que no es “transparente”, la opositora afirmó que la ley actual, sancionada en 2018, “funciona y funciona bien, y si no funciona traigan los datos”.
Luego que Casaretto le recordara a Lospennato que el régimen de Compre Argentino no nació en 2018, sino que antes regía la Ley 25.551, tomó la palabra la oficialista Victoria Tolosa Paz, que defendió: “Busca beneficiar no solamente la cadena de valor de los proveedores locales, el empleo y la producción, sino también por supuesto nuestra balanza comercial y la utilización de las divisas, siempre pensando en que las divisas sean parte del entramado industrial del país”.
“Yo no sé qué piensa la diputada preopinante, pero pareciera que cuando la fuerza opositora gobierna y crea fideicomisos y los firman cinco días antes de irse del Gobierno, son fideicomisos que no tienen ningún manto de duda o de falta de transparencia”, le devolvió la diputada a Lospennato, encendiendo el clima de la reunión.
Hacia el cierre, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, celebró que no se fuera a firmar dictamen, como era la idea original del Frente de Todos, y “poder discutir una ley que sea mejor y, lo más importante, que tenga un consenso general para poder ser una política de Estado a largo plazo”.
Además, el macrista pidió que no haya despacho el próximo martes: “No hay apuro. Podemos tomarnos unos días y hacerlo seriamente, si de verdad queremos sacar una ley que beneficie a los argentinos”.
“¿Vieron qué feo es ser emplazados?”, chicaneó Martínez en el final de la reunión, en alusión a la metodología que la oposición tuvo para imponer el debate de boleta única. Y agregó que “por lo menos nosotros intentamos darle celeridad a algunos temas en el ámbito de las comisiones sin apelar a ninguna de esas cosas”.
Tras defender los puntos del proyecto, el jefe de la bancada oficialista pidió pasar a un cuarto intermedio para que en lo posible sea el próximo martes, ya que “queremos dictaminar y llevar este tema al recinto lo antes posible”.
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo explicaron la iniciativa oficial. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.
En una reunión que contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo, un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados analizó este martes el proyecto enviado por el Gobierno sobre un nuevo régimen de Compre Argentino.
Durante un encuentro de más de dos horas, los representantes del Ejecutivo respondieron preguntas por parte de legisladores de la oposición, que plantearon sus dudas sobre varios aspectos de la iniciativa.
El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, día en que el oficialismo tiene intención de sacar dictamen, pero desde Juntos por el Cambio reclamaron más tiempo.
En primer lugar habló la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien afirmó que “el objetivo de esta ley es generar nuevas oportunidades y desarrollo de empresas nacionales en el fuerte poder de compra que tiene el Estado”. Destacó que se incorpora la posibilidad de “generar sectores estratégicos e innovadores”, algo que “no tiene la ley hoy”.
Además, resaltó que se busca “potenciar incentivos que ya posee la ley” y “dos aspectos claves que no estaban incorporados” como “generar herramientas financieras a través de la generación de un fideicomiso; y generar espacios, como un Observatorio y Mesas de Compre Argentino, para mejorar el acceso a la información sobre la planificación de las compras que poseen los diferentes sujetos alcanzados por la ley”.
La funcionaria subrayó la inclusión de PAMI, uno de los puntos más criticados por la oposición, “en función de la capacidad y poder de compra que tiene”.
“Estamos mejorando la preferencia que otorgaba la ley, ampliándola de 15% a 20% para las PyMEs y de un 8% a 15% para las empresas grandes”, detalló, y añadió que se incorpora la perspectiva de género, a partir de otorgar “un margen adicional del 3% a empresas que estén dirigidas por mujeres o que tengan altos cargos gerenciales en sus empresas, o que más del 50% de su nómina sean mujeres”.
Al momento de las preguntas a los funcionarios, el diputado Alejandro Cacace (Evolución Radical) consultó “por qué la ampliación de la preferencia”, ya que con ese cambio “estamos tomando una decisión de que el Estado gaste más”. “Merece una justificación”, aseguró, al explicar que la modificación representaría que se “gaste hasta un 20% más a lo que correspondería a los precios de mercado” cuando el “objetivo en las compras y contrataciones” es “adquirir bueno y barato”.
En su intervención, el puntano observó que se incorporó la perspectiva de género, pero no la preferencia para empresas que cumplan con la pauta de desarrollo sostenible, cuando nuestro país en compromisos internacionales ha abogado por “la producción y el consumo responsable”.
Luego fue el turno del secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Víctor Hugo Romero, quien analizó: “Se incrementa la preferencia porque seguramente las PyMEs y las empresas nacionales han perdido competitividad. ¿No creen que la pérdida de competitividad viene por haber incrementado el costo fiscal y haber tenido una política monetaria con atraso cambiario?”.
Al observar varios puntos del proyecto, el cordobés habló de delegación de facultades y alertó por la eliminación del “artículo 22 de la ley actual, que habla de la responsabilidad penal de los funcionarios”. También planteó sus dudas por “cuál va a ser la magnitud” del nuevo fondo fiduciario que se crea, y pidió poder tener al respecto “un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso” y “la ampliación de información por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo”.
En la misma línea que sus pares, la santafesina Germana Figueroa Casas (Pro) se preguntó “qué sucedió con la ley desde que funciona” porque “estamos yendo por más sin saber por qué le vamos a decir a la gente que el Estado está pagando más, si verdaderamente está funcionando (la norma). O si no está funcionando, ¿por qué creen que por aumentarlo va a mejorar?” la situación de las empresas, señaló entre varias preguntas.
En respuesta a las dudas de los legisladores de la oposición, Julián Hecker, director nacional de Compre Argentino, explicó que “no necesariamente que haya un margen de preferencia de 15% o 20% hace que el Estado pague de más ese porcentaje. Ese margen de preferencia aplica solamente en las comparaciones entre oferta importada y oferta nacional, no entre oferentes nacionales, entre oferentes nacionales siempre gana el más barato”.
Y defendió que el aumento de los porcentajes es para “darle más posibilidades a las industrias argentinas para poder ganar en diferentes licitaciones”, al tiempo que comparó los regímenes en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, donde “el margen de preferencia es de 30% y en algunos casos llega al 55%”.
Tras admitir que no tenía “datos precisos” sobre el impacto que tuvo la ley actual, Hecker argumentó por qué se incorpora al PAMI: “Para ampliar el efecto multiplicador del compre nacional y que eso tenga impacto en empleo, en más producción de laboratorios, en empresas de equipamiento médico y productos médicos, como prótesis, descartables”.
“El PAMI hoy ya es parte del compre argentino, con el decreto 50 de 2019 el PAMI es parte del Ministerio de Salud, es parte de la administración pública nacional. Además recibe fondos del Tesoro”, sostuvo.
Sobre la creación de un fondo fiduciario, el funcionario dijo que “está planteado como un fondo para atacar problemas específicos de acceso al financiamiento” y “no pretende este fondo atender a todos los oferentes ni tampoco a todos los potenciales oferentes”. Entre otros puntos, agregó que se eliminó el artículo referido a las responsabilidades de los funcionarios porque las sanciones “ya están contempladas en el Código Penal”.
Tras la exposición de Hecker, la diputada del Pro Graciela Ocaña aclaró: “El PAMI no es parte de la administración pública nacional. Es un ente público no estatal”. “El propio reglamento de compra de la institución lo fija la institución”, añadió.
Además, reveló que “si uno hoy analiza cuáles han sido todas las compras del Ministerio de Salud se va a llevar una sorpresa” porque “los reactivos que compraron no fueron de desarrollos nacionales, fueron de la empresa internacional Abbott”. “Por muchas leyes que se establezcan, si no tenemos claros cuáles son los intereses que tenemos que defender, muchas veces esto no se produce”, resumió.
Entre los oradores del debate, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz consideró: “Estamos elaborando una ley para que el Estado compre más caro. Se tendría que llamar ley de compre caro, y la verdad que sería muy bueno que hagamos una ley de compre barato, porque estamos comprando con la plata de la gente. Cuando nosotros compramos más caro eso requiere más impuestos que recaen sobre la actividad productiva, hace más ineficiente la actividad productiva, y eso hace que Argentina necesite un tipo de cambio más alto. Cuando el Estado compra más caro los salarios de todos los trabajadores son más bajos”.
Por el oficialismo, el riojano Sergio Casas afirmó que “esta ley es beneficiosa” y apunta a “promover la industria nacional”. Ante los funcionarios, el diputado propuso que se incorpore “el concepto de regiones estratégicas” ya que ” no es lo mismo producir en Buenos Aires o en Santa Fe que en La Rioja o Catamarca” donde “se incrementan los costos del transporte”. También solicitó que en las Mesas de Compre Argentino que se crean puedan participar miembros de “los distintos ministerios de Industria de las provincias”.
En el tramo final, el vicepresidente de la Comisión de Industria, José Núñez, defendió la ley votada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri y sobre este proyecto expresó: “No no se puede sacar dictamen el jueves, salvo que lo quieran hacer de prepo. La idea es consensuar algo que sea mejor para todos los argentinos”.
Sobre la norma votada hace cuatro años, recordó que “nosotros mejoramos las preferencias”. “Espero que nadie se ofenda, pero ¿vamos a jugar a ver quién es más populista industrialmente?”, lanzó el legislador macrista, que rechazó la creación de un fondo fiduciario, al afirmar que “el impacto fiscal va a ser muy alto”. “Esto una discusión un poco más profunda”, insistió y agregó que la anterior ley “tuvo un consenso impecable y ahora no lo hay”.
En el cierre, la oficialista Victoria Tolosa Paz remarcó que “el 13% de las compras del PBI las realiza el Estado argentino” y esto “se aleja del principio de que esta ley la hacemos porque somos funcionarios que queremos que el Estado compre mal, caro y de mala calidad”. Defendió que sin la creación de un fondo fiduciario habría PyMEs e industrias nacionales “que sin ese financiamiento quedan afuera”.
“No es una ley que busca comprar caro, sino busca que la proporción del compre nacional en la estructura nacional sea cada vez más importante, porque queremos generar trabajo y empleo”, sumó.
Además, en la agenda se confirmó la reunión conjunta de Industria y Presupuesto para tratar el martes 10 el proyecto de Compre argentino. Mientras que, el miércoles 11 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto debatirá “Boleta única”, y la Comisión de Legislación General tratará Ley de Alquileres.
La Cámara de Diputados continúa con una agenda intensa, ya que su presidente, Sergio Massa, firmó la conformación de once comisiones que se repartirán entre el martes y el miércoles. De esta manera, ya sumarán 31 las comisiones creadas con la nueva composición del Cuerpo, restando aún la constitución de otras 15.
Además, está confirmado en el cronograma para este martes a las 13 la reunión conjunta de las comisiones de Industria, en manos del entrerriano Marcelo Casaretto, y de Presupuesto, a cargo de Carlos Heller, con el propósito de darle tratamiento al proyecto de Compre argentino.
También, el miércoles 11 se realizará un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto a partir de las 10 para tratar el proyecto de la oposición de Boleta única. Por otro lado, la Comisión de Legislación General se abocará desde las 14 al debate por la Ley de Alquileres.
Según la agenda que se dio a conocer, este martes a las 12 se llevará a cabo la conformación de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano que quedaría en manos de un referente del Frente Pro cuyo nombre aún no trascendió. Una hora más tarde será el turno de la Comisión de Legislación del trabajo, y según pudo saber parlamentario.com, seguirá al mando la oficialista Vanesa Siley.
A las 14 se reunirá la Comisión de Asuntos Constitucionales donde el oficialista pampeano Hernán Pérez Araujo será designado como presidente. La Comisión de Justicia se constituirá a partir de las 15 que quedará en manos del camporista Rodolfo Tailhade.
Además, a las 16 se llevará a cabo la constitución de la Comisión de Discapacidad. Cerrará la intensa jornada del martes la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG a las 18 cuya presidencia quedará en manos del radical correntino Jorge Vara.
La intensa agenda de la Cámara baja continuará el miércoles 11, ya que a partir de las 13 se realizará la reunión constitutiva de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico que, según pudo saber este medio, quedaría en manos de un miembro del Frente Pro.
A partir de las 15, la Comisión de Comercio elegirá a sus autoridades, siendo la radical Gabriela Lena designada como presidenta. Una hora después, será el turno de la Comisión de Economía y Desarrollo Regional.
Cerrarán la jornada del miércoles, las reuniones de la Comisión Mercosur a las 17, que quedará presidida por Fernando Iglesias (Frente Pro), y a las 18 se conformará la Comisión de Intereses Marítimos, Pesqueros, Fluviales y Portuarios siendo elegida la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) al frente de la misma.
2022843La iniciativa será analizada a partir del martes en el marco de un plenario de las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda.
Después de muchas dilaciones, finalmente la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisión el proyecto de ley de Compre Argentino, una iniciativa que fue enviada por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado y que busca mejorar los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas.
El proyecto de Compre Argentino y Desarrollo para proveedores será discutido a partir de este martes a las 13 por las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda, que conducen Marcelo Casaretto y Carlos Heller, respectivamente. La reunión será presencial en la sala del 2° piso del Anexo C de la Cámara baja.
El proyecto contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional que se excede en los precios ofertados por multinacionales. Con su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar 500 millones de dólares por dejar de contratar proveedores extranjeros.
El proyecto eleva las preferencias de las MiPymes nacionales de un 15% a un 20%. Y las demás pasan del 8% al 15%.
Las empresas extranjeras podrán ser beneficiadas con hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. También habrá un 3% de beneficio para las empresas con composición mayoritaria de mujeres, ya sea en capital social, puestos jerárquicos y plantel general.
Se estima que el 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales y 97% son MiPyMES.
Un tema importante que contempla esta iniciativa es que amplía el alcance al PAMI, para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Desarrolla el programa de compras públicas para que el Estado financie investigaciones sobre el desarrollo de productos que necesitan.
La ley instaura el Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores para desarrollar sectores estratégicos, como así también crea el Fondo Fiduciario Público para el Compre argentino, para financiar en mejores condiciones el acceso a las compras públicas.
La iniciativa plantea la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y un Fondo Fiduciario Público.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación”, una iniciativa que podría tratarse en el período de sesiones extraordinarias. El texto ingresó el pasado 23 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Los cambios para las compras que hace el Estado, que representan el 13% del PBI, buscan sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales.
En el texto se propone aumentar el margen de preferencia de bienes de producción nacional, ya que aumenta hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas y hasta 20% en las compras a PyMEs.
También plantea un margen de preferencia por género porque suma 3% para empresas que tengan 50% o más de su composición de mujeres u otras identidades no binarias en la dirección, gerencia, presidencia u otros puestos de trabajo. La proyección oficial es generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.
Además, se prevé que se verán alcanzadas por estos beneficios las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), siempre y cuando cumplan con lo establecido en el proyecto.
En otra línea, señala la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores en el ámbito de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, con el fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.
También, precisa que “favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas”.
“El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales”, explica el proyecto.
En suma, propone crear “un Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Fiduciario para el Compre Argentino, en adelante FoCAr, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”.
“Tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgamiento de garantías y/o cualquier otro mecanismo o instrumento financiero destinado a facilitar y/o generar mejores condiciones financieras para los potenciales oferentes de acceso a las compras públicas realizadas por las entidades comprendidas en la ley”, señala.
Por último, plantea crear el Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación, el cual tendrá por objeto promover la incorporación gradual de desarrollos y soluciones innovadoras en las adquisiciones que realicen los sujetos alcanzados en la ley, con el fin de modernizar y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado y responder a las nuevas demandas de la sociedad.
0014-PE-2021En su primera actividad tras la derrota en las PASO, el presidente reafirmó que “nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina”.
A menos de 24 horas de la derrota del oficialismo en las PASO, el presidente Alberto Fernández expresó desde Casa Rosada: “Confío que este camino que iniciamos en 2019 no se altere, en lo que concierne a nosotros no se va a alterar”.
En el marco de la presentación del proyecto de una nueva Ley de Compre Argentino, el mandatario señaló que esa iniciativa “refleja un espíritu y un sentido que es el del Gobierno”. “Para nosotros gobernar es crear trabajo. Para eso, lo que más necesitamos es que haya gente que invierta, arriesgue, demande trabajo”, sostuvo.
Desde el Museo del Bicentenario, el jefe de Estado ponderó que para su gestión la industria “es el motor central del desarrollo y el crecimiento” y por ello apunta a que “vuelva a ocupar un lugar preponderante”.
También defendió que se le otorgue “singular atención a la pequeña y mediana empresa, que es la generadora del 80% de empleo formal” y “no quede desvalida y descuidada, como ocurrió” en el gobierno de Cambiemos.
“El 13% del PBI argentino está representado por compras del Estado”, detalló y resaltó: “Si tenemos semejante volumen, cómo no le vamos a prestar atención y cómo nos vamos a priorizar al capital argentino”.
Además, Fernández afirmó que cree que “los mercados deben funcionar en libertad, con reglas que un Estado arbitre”, pero “nada hay más importante que el desarrollo de la industria argentina, que el desarrollo argentino” y “privilegiar a las PyMEs”. Y agregó que la ley anterior, votada durante la gestión macrista, “no funcionó”.
“Estamos dando un paso importante y vamos a trabajar y hacer todo lo posible con nuestros bloques para que rápidamente este proyecto se convierta en ley, y rápidamente no seamos tontos y privilegiemos a la industria argentina, que es lo que más nos importa”, concluyó el presidente.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que “es un proyecto muy importante para el país”, y que es el tercero de los proyectos que se anunciaron para este año. Luego, precisó los fundamentos de la iniciativa que busca que “el poder de compra del Estado pueda ser utilizado para fomentar el desarrollo productivo”.
“Ampliar el alcance de acuerdos de cooperación productiva y mejora del funcionamiento de la herramienta, entre ellos el PAMI; el desarrollo de un programa compras públicas para la innovación, que busca que el Estado pueda financiar investigaciones y generar soluciones a problemas públicos”, enumeró el funcionario.
En esta línea, continuó: “El tercer punto es mejorar los márgenes de preferencia para el caso de PyMEs y empresas nacionales, donde pasaría del 15 al 20 por ciento en las PyMEs, y de 8 a 15 para el resto, para estimular mayor producción”. Además, subrayó que “se incorporó la perspectiva de género para empresas con composición mayoritaria de mujeres”.
“Se incorpora el concepto de bienes estratégicos para generar reservas de mercado y la posibilidad de mejorar los acuerdos dentro del esquema nacional, mayor acceso a la información y planificación adecuada de las empresas para ingresar a las compras públicas”, explicó Kulfas.
Finalmente, el ministro contó que se prevé “la creación de un Fondo Público Fiduciario para compra pública argentina; planteamos la creación de mesas de Compre Argentino para que articulen con el sector privado y que se genere un fortalecimiento de estos planes de la ley”.
La presentación del proyecto de ley se realizó en el Museo del Bicentenario, durante la que además participaron el presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), José Tamborenea; y el secretario general de la UOM, Antonio Caló.
A su turno, Caló manifestó: “Es un honor como gremio industrial venir a compartir este anuncio que hace mi Gobierno del compre nacional. El que les habla transitó mucho los exministerios de Industria pidiendo el compre nacional y no lo pudimos lograr y con este Gobierno lo pudimos lograr”.
Refiriéndose a las PASO, y los malos resultados que cosechó el oficialismo, el dirigente sindical le dijo al presidente que le “llegaron mucho” sus palabras en el discurso, y destacó que “más allá de que fueron unas elecciones de primer término, nosotros hoy estamos trabajando para que el país vaya para adelante”.
“Yo creo que hoy tenemos que poner todos juntos, Gobierno, trabajadores, empresarios, políticos, que se sale con producción y trabajo, y este es el mensaje que tenemos que dar de acá para adelante”, opinó.
Y añadió: “Lo dije la otra vez y lo vuelvo a repetir, este último año los gremios industriales crecimos 80.000 puestos de trabajo, la UOM sola creció 20 mil; con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, pusimos en marcha las notebooks y hay 4.000 puestos de trabajo”.
“Adelante Alberto, este anuncio significa que la pelota la pusimos en movimiento y este partido lo tenemos que ganar”, cerró Caló.
Sobre la ley
Según se informó desde Casa Rosada, el objetivo de la iniciativa es promover una mayor participación de la industria nacional en las compras públicas, generar puestos de trabajo y estimular el desarrollo de inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades productivas, y estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.
La ley actual (N°27.437), que fue sancionada en 2018, “cuenta con grandes limitaciones para que el Estado pueda utilizar su poder de compra como herramienta para el desarrollo”, afirmaron desde el Gobierno. De esta manera, se espera con estas modificaciones generar 30 mil nuevos empleos privados, fomentar la inversión de 40.000 millones de pesos anuales adicionales en investigación, desarrollo e innovación al año, y ahorrar 300 millones de dólares de divisas anuales.
Entre los beneficios, enumeran que provocará el aumento de la producción nacional, la generación de empleo, el aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación, el impacto federal positivo en empresas proveedoras de todo el país, el desarrollo de proveedores en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería, y el crecimiento de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado.
En números, el Ministerio de Desarrollo Productivo proyecta un impacto económico de 30.000 nuevos empleos privados; $ 40.000 millones adicionales de inversión en investigación, desarrollo e innovación al año; y US$ 300 millones de ahorro de divisas anuales.
Entre las principales modificaciones a la actual ley, se amplía el alcance a nuevos sujetos; se crea la herramienta de compras públicas para la innovación; se establecen herramientas de alto impacto que estimulen el desarrollo de la industria nacional; se promueve el desarrollo de la industria nacional a través de las compras públicas en sectores estratégicos.
También, busca ampliar el alcance de los Acuerdos de Cooperación Productiva y mejora del funcionamiento de la herramienta; garantizar el acceso a la información para fortalecer el cumplimiento del régimen y planificar la promoción de la provisión local; mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas; promover la articulación entre oferentes locales y organismos contratantes; fortalecer el plan de desarrollo de proveedores nacionales; y unificar el valor del módulo que se aplica en la Ley con el de ONC.
Las compras públicas son aquellos bienes y servicios que realiza el Estado Nacional, sus organismos o las empresas públicas. Representan alrededor del 13% del PBI, por lo que tienen un peso significativo en la economía nacional. Son una herramienta de desarrollo productivo porque el Estado, con su poder de compra, puede apoyar el crecimiento y desarrollo de empresas nacionales, sobre todo en sectores estratégicos e innovadores.
El 65% de los proveedores del Estado son empresas privadas nacionales. En tanto, el 97% de esas empresas proveedoras son PyMEs. Esto refleja la importancia del impulso de las compras públicas nacionales como herramienta estratégica para el desarrollo local.
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