En trámite ultra veloz, el oficialismo, debutante en extraordinarias como primera minoría y robustecido en los números, consiguió dictamen del proyecto de ley sobre "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que busca implementar como norma el déficit cero y evitar la sanción de normas sin fuente de financiamiento.

La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría (con disidencias) en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde también se despachó el Presupuesto 2026. Por contener cambios al Código Penal, la oposición reclamó fuertemente -pero sin éxito- que debía analizarse también en Legislación Penal.

Ambos temas, junto a "Inocencia Fiscal", que se firmó también en un plenario posterior, son los tres temas de una sesión que fue llamada para este miércoles a las 14 en la Cámara de Diputados, con la intención de girar rápidamente los temas económicos al Senado que, por su parte, comenzará el mismo día con el debate de la ambiciosa reforma laboral.

Desde Unión por la Patria, el diputado Itaí Hagman rechazó el proyecto al sostener que “el mayor ajuste de la historia” del cual se vanagloria el presidente Javier Milei "no sirvió para estabilizar ni para reparar los desequilibrios de la economía".

“Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, consideró el economista, que habló de "una ley fiscal ridícula” que “no se aplica en ningún país del mundo”. “Es absolutamente rígida. Es totalmente procíclica. Obliga al Estado a ajustar en momentos de crisis económica”, cuestionó.

El dirigente cercano a Juan Grabois anunció que UP presentaría un dictamen alternativo. “Es una regla que se emparenta con la experiencia internacional, con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo. La regla fiscal que proponemos funciona como un fondo anticíclico que obliga al Estado a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”, explicó.

Además, Hagman acotó que el proyecto opositor incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa, al plantear que “las crisis recurrentes” de Argentina no son por razones únicamente fiscales sino por desequilibrios de deuda.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales.

Asimismo, incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía.

La iniciativa redactada por Hagman incluye mecanismos de control por parte del Congreso y una cláusula de escape para eventos extraordinarios, asegurando la flexibilidad necesaria en situaciones críticas.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, concluyó el legislador.

A su turno, la radical monobloquista Karina Banfi dijo: "En principio yo estoy de acuerdo en que haya una cultura de parte de este Congreso a que llevemos adelante proyectos y leyes ajustadas a tener un resultado financiero equilibrado". Sin embargo, observó que el texto "de compromiso tiene bastante poco" y "el articulado deja mucho que desear".

"Tiene artículos que son inconstitucionales", advirtió y, entre ellos, mencionó que "se entromete en funciones exclusivas del Congreso; trata de disciplinar desde el Poder Ejecutivo al Congreso". Tras varias críticas al texto, añadió que "es imposible que tratemos esto si no hay una modificación".

Más adelante, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que "este proyecto no pasa un curso no de primer año de derecho constitucional en cualquier universidad". "Detrás de un objetivo o un fin que muchos compartimos, que tiene que ver con el equilibrio fiscal, con lo que es la estabilidad monetaria o macroeconómica, se esconde o está de manera solapada un verdadero mamarracho constitucional y legislativo, un verdadero texto que es irrazonable y totalmente desproporcionado con el objetivo que persigue", resaltó.

El "lilito" recordó que "el fallo de la Corte Suprema del 2002 con respecto a la ley de déficit cero la declaró inconstitucional por lo irrazonable y desproporcionado que se establecía con el fin de cumplir una meta". "No podemos establecer nulidades que están establecidas claramente en la Constitución Nacional, y no se puede violar el principio para la formación y sanción de leyes que están establecidas en la Constitución", insistió.

Ferraro expresó que "podemos hacer las cosas bien sin caer en un mamarracho jurídico constitucional, como el que estamos haciendo, porque hay una rigidez fiscal absoluta donde ustedes mismos están atando las manos ante decisiones que pueda tomar el Poder Ejecutivo". "Hay una delegación excesiva sin plazo establecido al jefe de Gabinete. Hay un condicionamiento a la función del Poder Legislativo. Se establecen nulidades de leyes en una ley particular, cuando claramente están establecidas las nulidades en la Constitución Nacional", enumeró.

La iniciativa, enviada por el Gobierno en septiembre pasado junto a la "ley de leyes", busca establecer que el Presupuesto "deberá proyectar un resultado financiero equilibrado o superavitario". Asimismo, prohíbe "la sanción de una ley de presupuesto general que contemple un resultado financiero deficitario".

Si durante la ejecución se alteran los ingresos o egresos, el jefe de Gabinete deberá aplicar ajustes inmediatos, priorizando recortes en partidas no protegidas por ley, e informar al Congreso en un plazo de cinco días.

Respecto a la "disciplina presupuestaria del Poder Legislativo", impone que "toda ley que establezca o autorice gastos no contemplados en el Presupuesto comenzará a regir una vez que las partidas correspondientes sean incluidas expresamente" en el mismo. En esa línea, obliga a que cada iniciativa parlamentaria que afecte recursos o aumente erogaciones venga acompañada de un "Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo", elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso o, en el caso del Ejecutivo, por la Secretaría de Hacienda.

"Ningún funcionario podrá asumir compromisos de pago ni ejecutar, autorizar, aumentar o modificar gastos que no se encuentren autorizados en la ley", reza otro de los artículos y prevé cambios en el Código Penal, de manera de introducir penas de uno a seis años de prisión para los funcionarios que autoricen o ejecuten gastos sin financiamiento respaldado.

También, se endurecen las sanciones contra funcionarios del Banco Central que habiliten o promuevan la emisión irregular de dinero, con penas que van de tres a diez años de cárcel. En todos los casos, las condenas se duplicarán si se demuestra un beneficio personal o de terceros.

El oficialismo junto a sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados se alzó con el dictamen de mayoría (28 firmas) del proyecto de ley de Presupuesto 2026, que buscará aprobar este mismo miércoles en el recinto, como objetivo central del temario de sesiones extraordinarias. La sesión ya fue convocada para las 14.

A los 20 integrantes de La Libertad Avanza lo acompañaron los miembros del interbloque "Fuerza del Cambio" (Pro-UCR-MID), más los legisladores que representan a cuatro gobernadores afines a Casa Rosada: Catamarca (Raúl Jalil), Tucumán (Osvaldo Jaldo), Misiones (Hugo Passalacqua) y San Juan (Marcelo Orrego).

Una porción de éstos firmó en disidencia a raíz de una de las modificaciones incorporadas al texto original: el oficialismo sumó en el artículo 75 la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, que fueron vetadas por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras del Congreso.

Por su parte, el Pro firmó en disidencia -como lo hiciera en noviembre pasado con la composición anterior- por la falta de las partidas destinadas a pagar la deuda por coparticipación de Nación con la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, los dictámenes alternativos de minoría fueron de Unión por la Patria (18 firmas) y el interbloque Unidos (3 firmas).

La reunión que comenzó al mediodía y se extendió hasta las 15, cuando culminó de manera abrupta por orden del presidente de la comisión, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, fue la continuidad de una jornada iniciada poco después de las 10 este martes con una reunión de Legislación Penal, en la que abordaron el proyecto de Inocencia Fiscal.

Abrió el juego el titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, quien expresó su satisfacción por estar debatiendo el Presupuesto, pero más por estar debatiendo “un presupuesto con equilibrio fiscal”, algo que estimó “debería haber pasado en la historia de la Argentina, y eso no viene sucediendo”.

“¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, resaltó el legislador cordobés, que cuestionó el “impuesto encubierto que es la inflación y se lo cobraban a todos los argentinos”. Remarcó que la propuesta oficial “deja atrás la decadencia de la  inflación”, y establece “no gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio”.

A continuación, el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, quiso saber si habría cambios respecto del dictamen de mayoría alcanzado en noviembre, a lo que Bornoroni contestó afirmativamente, precisando que les  habían hecho circular los cambios a “la mayoría de los bloques”. “Sería bueno que al menos a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, a través de secretaría, nos informen su propuesta de dictamen”, dijo.

Tras ello recordó que ellos ya habían elaborado en noviembre un dictamen propio y que insistirían en que Legislación Penal debería abordar la “regla fiscal”, habida cuenta de que “uno de los títulos contiene cambios significativos al Código Penal”, en alusión al proyecto de Compromiso Nacional de Estabilidad Monetaria y Fiscal, que también pasó a la firma.

“Argentina necesita una ley de Presupuesto”, reconoció el santafesino, que celebró que el oficialismo reconociera ahora que “quieren aparecer serios ante el mundo… No lo demostraron cuando en 2024 y 2025 estuvieron prolongando la validez del último  presupuesto sancionado por ley: el aprobado en 2022, para el ejercicio presupuestario 2023”.

Agregó Martínez que “hoy estamos con una ley presupuestaria que se remonta a una ley aprobada durante nuestro gobierno. Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”.

Para el opositor, la ley impulsada por el Gobierno “no es el presupuesto que necesita Argentina. Y  por eso en nuestro dictamen, así como recomendábamos que el Poder Ejecutivo reformule y lo vuelva a mandar, hoy planteamos que este presupuesto necesita una reformulación integral”.

"¿Qué propuesta tenemos?", se preguntó, para contestarse: “Un dictamen propio para la ley de Presupuesto, un dictamen propio para Inocencia Fiscal, y también un dictamen propio para regla fiscal. Por cada uno vamos a tener una propuesta, como lo venimos haciendo en cada uno de los temas”.

Martínez puntualizó que proponen garantizar todas las leyes aprobadas por el Congreso, vetadas e insistidas en su momento por la oposición: las leyes de Financiamiento Universitaria, la de Emergencia en Discapacidad, y la de Emergencia en Pediatría. Además, continuó: “Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 del mensaje del Poder Ejecutivo, que plantea la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo”, defendiendo también la vigencia de la Ley de Educación Técnica, como lo que definió como “el camino creciente plurianual en Ciencia y Tecnología. Insistimos en la necesidad de que exista el Fondo Nacional para la Defensa; queremos continuidad del régimen de Zonas Frías, no solo para la Patagonia, sino para otros distritos que necesitan un régimen diferencial”.

Habló también de mantener la automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares, recuperar el porcentaje del incremento que el Gobierno les quitó a los jubilados en el momento del traspaso de una fórmula a la otra, y actualizar el monto fijado en 70 mil pesos. “Los mismos que fijamos con nuestro Gobierno en 2023”, apuntó.

Luego habló de recuperar el FONID y elevar los fondos destinados al sistema universitario a 7,3 billones de pesos, y no mantenerlos en 4,8 como indica el presupuesto. Habló también de recuperar la vigencia de leyes sobre la salud y recuperar la obra pública, para concluir pidiendo “terminar con la discrecionalidad de los ATN. Que llegue a todas las provincias, no solamente a algunas a cambio de votos”.

En nombre de Unidos, Nicolás Massot anticipó también que tal cual habían hecho en noviembre pasado, presentarían un dictamen propio y sería el mismo de entonces, “con unos pocos agregados”.

Massot hizo hincapié en cuestiones macro fiscales y remarcó que en el dictamen de mayoría “no están incorporadas las tres leyes vetadas que entre las tres suman un costo fiscal del 0,16% del producto. Es un costo fiscal menor que lo que componen las tres principales reducciones tributarias de la recién incorporada reforma laboral”.

“El oficialismo deberá explicar por qué esto no implica ser un degenerado fiscal y por qué estamos discutiendo un Presupuesto que no incorpora un impacto del 60% del superávit fiscal que proyectan. ¿Alguien puede explicar qué están votando? La generación fiscal acá no cuenta. Hay para la compra venta de inmuebles, pero no para el Garrahan”, reclamó Massot.

A lo largo del debate, la monobloquista de Defendamos Córdoba Natalia de la Sota consideró que "es imprescindible para garantizar la calidad de vida de nuestros jubilados", quienes "siguen siendo y han sido la variable de ajuste de este modelo económico" que se incorpore una obligación a que "todos los meses, sin excepción, la administración nacional garantice efectivamente la transferencia de los fondos que corresponden a las cajas de jubilaciones" de 13 provincias, entre ellas Córdoba.

Desde UP, el tucumano Pablo Yedlin criticó que "se quieren derogar dos leyes que fueron votadas por ambas cámaras, vetadas e insistidas por ambas cámaras por dos tercios", en relación a discapacidad y universidades. E interpeló a sus pares: "¿Qué van a hacer los diputados que votaron, ellos o sus espacios políticos, a favor? ¿Van a fingir demencia? Con perdón de la gente que tiene demencia". "No podemos permitir que estas leyes se deroguen", afirmó.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño observó que "este Presupuesto tiene programados pagos de la deuda" la cual "es un sometimiento al capital financiero". "Lo único que aumenta son los intereses para el pago de la deuda, en 25%, 30%. Pero vivienda y urbanismo caen 98%; agua potable y alcantarillado 95,6%; promoción y asistencia social 61,4%; ciencia, tecnología e innovación 46%; educación y cultura 45%", precisó y lanzó: "Hay más motosierra en discapacidad, con el escándalo del 3% de las coimas en el medio. ¿Este Gobierno de coimeros va a seguir ajustando en discapacidad? No sé qué se enojan (al oficialismo) si es la verdad".

Además de Bornoroni, por La Libertad Avanza solamente habló después el debutante Adrián Ravier, quien señaló que "Argentina hace medio siglo que no crece, ese es el punto de partida de la propuesta de Javier Milei". Al repasar las crisis de la Argentina, la toma de deuda y el déficit, sostuvo que "necesitamos equilibrio fiscal para evitar este ciclo de crisis permanente que vivimos".

El pampeano, a quien "Bertie" Benegas Lynch presentó como "profe", aseguró que este Presupuesto es "equilibrado y ahora sí puede ser algo valioso". "Si hubiéramos tenido presupuesto en 2024 y este año probablemente hubiera sido letra muerta", admitió, a propósito del proceso del modelo económico implementado.

En respuesta a la oposición, Ravier expresó que la ley para universidades "no tenía fuente de financiamiento"; mientras que con la de Emergencia Pediátrica "se habla de un solo hospital -en alusión al Garrahan- que tiene los mejores salarios y está incorporando tecnología". "El peronismo hizo de la discapacidad una caja política más", agregó sobre los otros puntos cuestionados.

Finalmente, el libertario dijo que "en 2025 la economía está creciendo, en 2026 los analistas proyectan crecimiento y en 2027 también". Y celebró que "9.000 kilómetros de rutas van a ser privatizados. En 2026 vamos a empezar a ver obra privada en las rutas para recuperarlas".

De acuerdo a los supuestos macro, el Presupuesto del Gobierno prevé una expansión del 5% del PBI, una inflación anual proyectada en 10,1% para el año que viene y se estima un tipo de cambio a $1.423 en diciembre de 2026.

Además de incorporar la derogación de leyes insistidas, el texto mantiene los artículos que prevén derogación de legislación vinculada al financiamiento educativo y de ciencia; y el recorte de la Ley de Zonas Frías, retrotrayendo los beneficios en subsidios del gas solamente a la Patagonia.

En una reunión exprés y con propuestas de modificaciones, el oficialismo avanzó este martes por la mañana con el debate del proyecto de Inocencia Fiscal en un encuentro de carácter informativo de la Comisión de Legislación Penal, presidida por la libertaria Laura Rodríguez Machado.

Rodríguez Machado procedió a explicar el contenido del proyecto que consta de 45 artículos que están distribuidos en 3 títulos. Respecto de la comisión, el título que corresponde refiere al primero que “consta de 14 artículos establece una modificación de una ley que, a su vez, indica el umbral que se va a considerar desde el punto de vista penal para que una persona en trasgresión con la ley penal tributaria sea considerado evasor fiscal (que es un delito y tiene todas las características del juzgamiento del delito) o esa falta va a significar una multa tributaria (sanción administrativa)”.

La titular de la comisión señaló que “actualmente los valores en la ley están establecidos en pesos. Por motivos inflacionarios, este número quedó muy bajo. Esto motivó a que infinidad de particulares, empresas o PyMES por un error contable generan un error en sus presentaciones quedan constituidos como posibles autores de un delito penal económico”.

La cordobesa explicó a los nuevos integrantes que el tema fue “largamente tratado por la comisión a lo largo del año donde hubo varios proyectos presentados con la intención de sustituir los montos en pesos por unidades fijas para que no sea necesario todas las veces sancionar una modificación legal a los fines de actualizar la norma”.

“Esta concepción de actualizar los montos a través de una medida de unidad fija ha sido ampliamente aceptada por la comisión. El despacho que se emitió fue firmado por todos los bloques y fue trasladada a una sesión en el recinto en noviembre. El dictamen obtuvo 226 votos afirmativos fue por unanimidad y 6 abstenciones”, recordó Rodríguez Machado.

En ese sentido, consideró que “hay consenso de generar una unidad de medida en virtud de la cual se produzcan actualizaciones automáticas de los umbrales del delito para dividir los delitos de las faltas fiscales”.

Sin embargo, comunicó que hay sugerencias para incorporar dos artículos por parte del bloque mayoritario. El primero de ellos, establece que la unidad de medida a tomar sea UVAS (unidad de valor adquisitivo) que se actualiza todos los años de forma permanente, ya que el establecido en el dictamen era Salario Mínimo Vital y Móvil como medida de actualización.

“Eso lo hicimos en virtud de que teníamos información, que fue modificado, que el Código Penal iba a tener ese sistema, pero la realidad es que el proyecto de reforma va a utilizar el sistema UVAS. Nos motiva generar un consenso, que venimos manteniendo, para elegir una unidad de medida que se actualiza todos los años como las UVAS porque si el Senado aprueba el dictamen que se basa en SMVyM vamos a tener una descoordinación”, explicó la titular de la comisión.

El otro cambio es una aclaración respecto de a partir de qué momento se considera la configuración de delito: “La aclaración que se sugiere que para evaluar la configuración de delitos y otros ilícitos se considerará el importe vigente al momento de su comisión”.

El reclamo de los bloques

A continuación, el diputado de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro insistió en lo que ya habían adelantado también desde Unión por la Patria el día anterior: la necesidad de que tanto el proyecto de Inocencia Fiscal, como el de Compromiso Fiscal, tengan otros giros.

“Coincidimos en relación a poder unificar las unidades de medida para que no queden desfasadas”, apuntó, pero pidió “poner una mirada en el Capítulo II del Código Civil”, dado que el proyecto “se mete claramente en el Código Civil y creo que es un error no convocar a la Comisión de Legislación General”, remarcó, recordando de paso que la misma “estuvo cerrada durante los últimos dos años, salvo los primeros dos meses del inicio del Gobierno de Javier Milei”.

Se refirió también al proyecto de ley de Compromiso Fiscal, pidiéndole a Rodríguez Machado exigir la competencia de Legislación Penal -la norma solo fue girada a Presupuesto y Hacienda-, sino también a Asuntos Constitucionales. Invocó en tal sentido el artículo de ese proyecto que establece la anulación de leyes que no respeten lo que pide esta norma. Habló de una “interpretación alocada del artículo 36 de la Constitución Nacional, y todos sabemos que las nulidades están bien establecidas en la Constitución”.

“La decisión de este Congreso de declarar una ley nula es bastante controversial y el Parlamento lo hizo en dos ocasiones: con la ley de Punto Final y Obediencia Debida y la Ley de Autoamnistía”, enfatizó el legislador de la Coalición Cívica, que pidió “no sentar un precedente que después complique la interpretación de la norma y la de los objetivos que estamos cumpliendo”.

La presidenta de la comisión le aclaró que Legislación Penal no era la comisión cabecera, sino Presupuesto y Hacienda, por lo cual no podía acceder a muchas de las cosas que Ferraro le pedía. Y aclaró que bien temprano se había fijado puntualmente para verificar los giros y el proyecto seguía teniendo dos. Tras hacer notar que los tres miembros de Provincias Unidas que forman parte de Presupuesto y Hacienda, Juan Brügge, José Núñez y Pablo Farías no estaban presentes, les sugirió presentar una nota en la Secretaría Parlamentaria reclamando lo que planteaba, “ya que no tengo facultades para resolver. Es una decisión final que no me compete”.

FOTO: HCDN- Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión.

Se sumó el presidente del bloque UP, Germán Martínez, quien aclaró que habían formalizado el pedido para que el proyecto de Compromiso Fiscal tuviera giro a Legislación Penal, coincidiendo con los planteos de Ferraro. Al respecto le recordó a la diputada que una parte del tema era resolución de La Libertad Avanza, recordando que el proyecto “trata temas penales”, por lo que le pidió al oficialismo que haga el esfuerzo para extender los giros”.

Intervino entonces la diputada Silvana Giudici (La Libertad Avanza), quien atendiendo los planteos propuso separar los temas y abocarse a Inocencia Fiscal, dejando el tema de Compromiso Fiscal para atender luego, dado que el giro no estaba dado, ante lo cual Rodríguez Machado expresó su compromiso para atender el planteo si el giro se concretaba.

A continuación, el diputado Ramiro Gutiérrez planteó desde Unión por la Patria la necesidad de hacer modificaciones, tras aclarar que estaban de acuerdo con el incremento de los montos que planteaba el proyecto original.

Se refirió al consenso alcanzado en el dictamen anterior en lo que respecta al incremento de los montos para acceder a la punibilidad en lo que son delitos tributarios: “Eso nos parece correcto, pero reservo la opinión en cuanto a la cuantificación si es por monto fijo o categoría, lo vamos a resolver en la reunión de la tarde”.

El diputado de UP se refirió a dos cuestiones, por un lado, al artículo 12 que incorpora “un artículo sin número con posterioridad al 16. Se excluye expresamente el sistema de aplicación de la extinción de la acción penal del artículo 59 inc. C del Código Penal para los delitos del Régimen Penal Tributario recordando que en el 16 se estableció una forma cancelatoria de pago total e incondicional estableciendo los incisos sobre los cuales se va a aplicar esa nueva forma”.

“Entendemos correcto el espíritu que se pueda pagar e integrar con una multa del 50% para quien manifiesta esa voluntad de ponerse a derecho con el fisco, pero excluir del resto de delitos tributarios y de la seguridad social la forma de conciliación y mediación como extinción de la acción penal me parece incorrecto, hay que guardarla para el resto de los delitos no contemplados por la ley”, planteó.

En esa línea, informó: “Nosotros tenemos una fórmula de un artículo que corregiría esta omisión y lo vamos a proponer a la mesa para que se incorpore ‘la extinción de la acción penal regulada en el artículo 59 inc.6 del Código Penal no resultará de aplicación en los delitos mencionados en el artículo 16 de la presente’”.

La restante sugerencia recayó sobre otro artículo sin número contiguo al 16 que “en este caso está previsto en el artículo 13 donde hay una redacción que para nosotros es desafortunada porque dice ‘no proseguirá’ que es una cuestión procesal, complejo, estamos invadiendo facultades de las provincias y se crea un instituto que no existe y le damos la posibilidad al fiscal de no perseguibilidad de acción, es decir, puede archivar, desestimar, pero no existe hoy. La forma que podemos salvar el problema es crear la causal de extinción de la acción penal para estos casos”.

“A la tarde vamos a resolver la variabilidad o no del monto o el esquema, estamos de acuerdo en actualizar los montos. Vamos a integrar una posible de bloque para tener un dictamen propio o acompañar las propuestas”, cerró a modo aclaratorio.

Tras ello, Germán Martínez adelantó que más allá de las sugerencias formuladas, su bloque presentaría un dictamen propio.