La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, presidida por Silvina García Larraburu (FdT), realizó este martes una reunión virtual en la que expusieron el presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, y el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Julio René Aráoz, con la conectividad en el eje de la preocupación de los senadores nacionales.  

A su turno, Tognetti consideró que "ARSAT tiene un rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado del acceso de la población a las tecnologías de la información y de las comunicaciones".

“Actualmente hay 34 mil kilómetros extendido de fibras en el país”, remarcó ante la consulta de los legisladores.

Mencionó además que "los desafíos del plan Conectar 2020-2023 son la extensión de la REFEFO, la fabricación del satélite ARSAT-SG1 para dar banda ancha satelital en hogares rurales, la puesta en valor de la Televisión Digital Abierta y la potenciación del Centro Nacional de Datos".

El presidente de ARSAT explicó "alrededor del 30 por ciento de la facturación de la actividad satelital es en dólares. Casi el 45 por ciento de los ingresos totales de ARSAT proviene de los satélites", apuntó.

Luego, al ser consultado sobre si es necesario algún cambio en la legislación, consideró que las actuales leyes “son muy buenas”, son “adecuadas” aunque remarcó que “siempre hay actualizarlas porque los avances son muy rápidos”, por lo que los senadores se comprometieron a estar pendientes de las modificaciones que se necesiten.

Tras la exposición de Tognetti, fue el turno de Araoz, quien explicó que "el modelo formoseño propone rescatar los valores y la identidad de la comunidad y plasmarlo en políticas productivas, sociales, de desarrollo y educativo, con el objetivo de lograr la realización del formoseño en su tierra".

Sostuvo que "en ciencia y tecnología el horizonte es lograr soberanía tecnológica sustituyendo productos que traen consigo la materia prima y el trabajo de otros hombres y mujeres del país y del mundo".

El funcionario resaltó que "se toma la validación científica como política de desarrollo en el campo del conocimiento y que ARSAT nos ha apoyado con el tendido de la red de fibra óptica provincial en Formosa; hoy integrada a la Red Capricornio, que totaliza unos 15.000 kilómetros de fibra óptica a través de cinco países".

Por último, manifestó que "la pandemia ha puesto en valor al sistema científico y tecnológico, oportunidad que no podemos perder. Es necesario trabajar en la formación de consensos para darle continuidad".

A su estilo, la reunión la cerró el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans: “Este año se hará presente la Ley de Presupuesto para 2022 y debemos ir viendo la forma de mejorar la inversión en ciencia y tecnología, y en servicios de comunicación. Porque, como decía (Juan) Perón, 'necesitamos brazos, cerebros y capitales'".

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados avanzaron con el dictamen favorable de un proyecto de ley que prevé la creación de un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el pasado 3 de septiembre. Tras la firma, el despacho quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. Según supo este medio, por partes de fuentes legislativas del oficialismo, el tema era una de las prioridades en la agenda antes que culmine el período ordinario de sesiones.

Durante el debate, la titular de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, Roxana Reyes (UCR), señaló que "durante la pandemia los casos de ciberacoso se han incrementado en un 30% según la organización Grooming Argentina, por eso es fundamental sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática para evitar vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes".

En tanto, la bonaerense Laura Russo (FdT) consideró que "la creación este programa profundiza el espíritu de leyes vigentes, como fue en el año 2013 con la incorporación al Código Penal de este tipo de delitos".

La oficialista expresó que la "preocupación" por esta problemática aumentó con la pandemia, durante la cual "se ha intensificado el uso de las redes sociales y la conectividad en general". Además, advirtió que el ciberacoso "es la antesala de otros delitos como trata de personas, pornografía infantil, abuso sexual, entre otros".

A su turno, la diputada Karina Banfi (UCR) resaltó "el valor que tiene la concientización y alfabetización digital" y el hecho de discutir "cómo podemos colaborar desde el Estado para que haya un aprendizaje a través del conocimiento en cómo manejar las herramientas TIC's".

También destacó las conversaciones que encabezó Pablo Carro "con las cámaras de TIC's para que sean las empresas un factor colaborativo en todo el proceso de persecución del grooming y ciberacoso, y puedan colaborar con el Estado".

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro (FdT), reveló: "Sabíamos que había preocupación de las cámaras por las dificultades técnicas que podía generar la aplicación de la ley, pero hemos hecho todas las consultas". Sobre ello, contó que una vez sancionada la ley se realizará una reunión entre las cámaras y la autoridad de aplicación "para que se pueda aplicar de la mejor manera" la norma.

Durante la reunión, la legisladora Alicia Aparicio (FdT) enfatizó que este "es un flagelo que avanza fuertemente año a año y sobre el cual debemos tener políticas públicas claras para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes". "Solo en la provincia de Buenos Aires se hicieron más de 600 denuncias de grooming en el último año", apuntó y precisó que "más de un 60% de los menores hablan con extraños en las redes sociales".

Por su parte, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) aseguró que "es imprescindible estar presente donde los jóvenes ya están" y mencionó "la importancia de las familias en el acompañamiento y la prevención". "Hablar siempre es el primer paso y ahí es donde el Estado tiene que acompañar ese camino", continuó.

Además, la macrista sostuvo que "la salud mental y emocional tiene que ser puesta en relevancia" y "hay que invertir mucho más" en ese área. Al respecto, indicó que el Presupuesto 2021 contempla partidas por "el 1,47%" y "debería haber un 10%" destinado a salud mental.

Qué prevé el proyecto

El proyecto dispone la creación del “Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes”, que tendrá como objetivo “prevenir, sensibilizar y generar conciencia en la población sobre la problemática del grooming o ciberacoso a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto”.

En la iniciativa se define como grooming o ciberacoso a “la acción en la que una persona, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contacte a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

Los objetivos del programa son: generar conciencia sobre el uso responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación; garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a los fines de concientizar sobre la problemática del grooming o ciberacoso, diseñar y desarrollar campañas de difusión; y brindar información acerca de cómo denunciar este tipo de delitos.

Además, se dispone la inclusión, como pantalla de inicio de teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y tablets, de información tal como “la peligrosidad de sobreexposición en las redes de niñas, niños y adolescentes”; acerca de “la existencia de delitos cibernéticos, haciendo especial énfasis en los que atentan contra la integridad sexual”; consejos sobre “el rechazo de los mensajes de tipo pornográfico”; sugerencias a “no aceptar en redes sociales a personas desconocidas”, entre otros.

De acuerdo al proyecto, se deberá crear una página web con información referida al grooming o ciberacoso.

En tanto, el Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con organismos que propendan a la implementación del programa; coordinar un equipo interdisciplinario integrado por profesionales especialistas en la materia, que elabore planes de acción sobre prevención y concientización; organizar espacios de reflexión y debate en establecimientos educativos que reúna a niñas, niños y adolescentes y a sus padres, madres y/o tutores/as con el objeto de capacitarlos mediante talleres, seminarios y clases especiales; promover y difundir investigaciones relacionadas a la problemática del grooming o ciberacoso; y fiscalizar y verificar el cumplimiento de la ley, disponiendo la aplicación de las sanciones que correspondan en caso de infracción a la misma.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Carro y Blanca Osuna, respectivamente, dio dictamen favorable a un proyecto de ley que establece la libre navegación en plataformas educativas, con el fin de garantizar la educación digital en todo el país.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas estatales y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa”.

El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación, la que "en virtud de la condición de servicio público en competencia de los servicios TIC, previa solicitud e informe del Ministerio de Educación, determinará periódicamente las plataformas educativas estatales a las que se garantizará el acceso y la navegación gratuitos a través de dispositivos móviles, en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo".

También, "en caso de corresponder, precisará protocolos que establezcan las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación" de lo dispuesto por la ley, "a cuyos fines recabará información técnica y operativa con los Prestadores de Servicios de TIC".

En caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos -como establece el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, modificado este año-, la autoridad de aplicación "establecerá programas específicos concertados con el Ministerio de Educación para procurar, a los fines allí previstos, la provisión de recursos tecnológicos y conectividad".

Además, el texto prevé que "en la implementación de programas de desarrollo de infraestructura, se priorizarán los proyectos que tengan como finalidad la conexión de las instituciones educativas -en coordinación con el Ministerio de Educación- y de organizaciones sociales o comunitarias, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)".

"La autoridad de aplicación fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos -en coordinación con el Ministerio de Educación-, oficinas estatales, organizaciones sociales o comunitarias en los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país", agrega el proyecto.

Con el objetivo de garantizar el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet para plataformas educativas y sitios web con finalidad pedagógica, diputados del oficialismo y la oposición consensuaron un proyecto que se debatió este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados.

Si bien parecía acordado que se iba a firmar el dictamen, un pedido del ENACOM, que espera el guiño del Poder Ejecutivo, obligó a un cuarto intermedio a la espera de acordar detalles.

Juntos por el Cambio reclamó que ya se habían llevado a cabo reuniones informativas con representantes del organismo, pero el Frente de Todos insistió en aguardar la respuesta.

El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, reveló hacia el final, cuando se encaminaba a la votación, que durante la reunión había conversado con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien le transmitió que "les gustaría antes de dictaminar poder revisar el proyecto".

"Para que esto pueda avanzar necesitamos tener un acuerdo amplio. No tiene sentido que dictaminemos y luego el proyecto no avance", agregó el diputado, que afirmó que la próxima reunión podría ser también con la otra comisión a la que tiene giro la iniciativa, la de Presupuesto y Hacienda.

Al comienzo del encuentro, el cordobés Pablo Carro (FdT) sostuvo que "garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y a todos derechos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales, como son los derechos a la educación y a la comunicación".

En tanto, la entrerriana Blanca Osuna (FdT) señaló que la pandemia trajo aparejado un "impacto negativo" en varios alumnos, en relación a "las dificultades en materia de conectividad".

En ese sentido, la oficialista aseguró que según "diferentes estudios y encuestas" el problema en el acceso a la conectividad traerá "consecuencias" en "las condiciones personales y futuras de los alumnos".

Además, celebró que "se deje plasmada la prioridad educativa" a través de una ley.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) remarcó que la iniciativa tiene "una mirada puesta en intentar eliminar la brecha educativa que quedó en evidencia en esta pandemia, respecto a los temas que tienen que ver con la conectividad y acceso a los dispositivos".

La macrista destacó que en este debate "no importan las banderas partidarias" y repasó datos del Ministerio de Educación y UNICEF sobre esta realidad. "Hoy, menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo de buena calidad a una señal de Internet. Tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a Internet y más de la mitad no cuenta con una computadora liberada para uso educativo", enumeró.

"Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el acceso", agregó Morales Gorleri, al tiempo que subrayó que "estas herramientas vinieron para quedarse".

A su turno, la radical Karina Banfi resaltó la necesidad de abogar por que los programas estimados en el Presupuesto, relacionados a conectividad, "tengan foco en materia educativa", ya que es una "responsabilidad que tiene que asumir el Estado".

También exhortó al oficialismo a "pedirle al ENACOM que reglamente el DNU" que declaró a Internet como servicio esencial. "Están en un debate con las empresas, todavía estamos en veremos con esa situación", apuntó y consideró que las empresas necesitan tener "seguridad jurídica" para poder "contar con ellas en este aporte".

Durante el debate, el oficialista Itaí Hagman expresó que "la pandemia no hizo otra cosa que visibilizar y profundizar la desigualdad" educativa, por eso "el Estado tiene la obligación de intervenir". "El acceso a Internet y educación a distancia requiere de políticas públicas", añadió.

Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá reconoció la "preocupación común" por la problemática, pero manifestó: "Estamos discutiendo un tema tardíamente. Para respuesta estatal, un poquito demorada como mínimo".

Además, la legisladora opinó que el acceso gratuito debería facilitar "la conexión entre las partes", en referencia a docentes y alumnos, algo que "muchas veces no se puede dar a través de las plataformas" y, en su mayoría, durante la pandemia se realizó mediante Whatsapp. Y pidió que la aplicación de esta ley se realice "sin ningún tipo de subsidios ni resarcimiento a las empresas".

Qué prevé la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo garantizar "el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa".

El Poder Ejecutivo, que será la autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el listado anual de las plataformas y sitios web "en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo". Asimismo, "en consulta con los proveedores de servicios TIC, precisará un protocolo que establezca las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación".

La iniciativa indica que "en situaciones excepcionales de emergencia nacional sanitaria, o cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, por razones de fuerza mayor", el Poder Ejecutivo "establecerá programas específicos y concertados con el Ministerio de Educación que garanticen recursos tecnológicos y capacidades de conectividad para estudiantes y docentes que coadyuven a la igualdad educativa con condiciones de calidad".

Además, se incorpora el artículo 25 bis a la Ley 27.078 (Argentina Digital), estableciendo que "en la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura que tengan como finalidad asegurar la conexión de las instituciones educativas y las organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)".

"La autoridad de aplicación (aquí se refiere al ENACOM) fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos, oficinas públicas, organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, privilegiando su financiamiento a través de Programas que utilicen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”, agrega.

Con el acompañamiento parcial de bloques provinciales y el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo firmó dictamen favorable sobre el proyecto de ley de promoción de la economía del conocimiento, ratificando los cambios que le introdujo el Senado el último viernes.

El proyecto avanzó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Comunicaciones e Informática, y quedó en condiciones de ser convertido en ley en la sesión virtual convocada para este miércoles a las 15.

El oficialismo destacó que la nueva redacción establece, entre otras cosas, una diferenciación en la reducción del impuesto a las Ganancias, que ya no será del 60% para todas las empresas, sino del 60% para las micro y pequeñas empresas, del 40% para las medianas y del 20% para las grandes.

Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, confesó que originalmente “no lo convencía” la ley “porque no diferenciaba a las pequeñas y medianas empresas de las grandes, unificaba demasiado los beneficios, que tenían que tener un escalonamiento”.

“Los cambios que incorporó el Senado vienen en la dirección de lo que a mi me dejaba insatisfecho en el planteamiento original”, expresó, y celebró que ahora “los recursos estén orientados a las empresas que más lo necesitan”.

Los cambios

Uno de los beneficios que contempla el proyecto es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible.

Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.

Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.

Otro punto destacado de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.

Por otra parte, se estableció en la Cámara alta que cada vez que la empresa -cualquiera sea su tamaño- revalide su inscripción en el régimen, deberá demostrar que ha incrementado la inversión en alguno de los requisitos adicionales, y además mantener o incrementar su nómina de personal.

El debate

Por el oficialismo, Claudia Bernazza destacó la “sensatez” de los cambios, en cuanto a la “federalización de los beneficios” y el apoyo a las pequeñas empresas, y a pesar de que pasaron más de tres meses desde la aprobación en Diputados, elogió “la celeridad con la que los senadores trataron el caso y perfeccionaron la letra de la ley con el mismo espíritu”.

Por el contrario, la radical Karina Banfi advirtió que mientras los legisladores “van y vienen” con esta ley, ahora en tratamiento por tercera vez, “el sector sigue desamparado”. “Ojalá hubiesen manifestado sus observaciones a la ley mientras llevábamos adelante los acuerdos, que además lograron unanimidad hace tres o cuatro meses”, recordó.

Al referirse a los cambios, advirtió que “para tener una autoridad de aplicación con la discrecionalidad que le dan, no tiene sentido hacer una ley”, y por otra parte señaló que “no tiene mayor sentido” que el bono de crédito fiscal sea intransferible. “No se está entendiendo cómo funciona y lo que necesita este sector”, cuestionó.

En tanto, criticó la “incoherencia en la cual se apoya toda la política productiva de este gobierno”, y se preguntó “qué seguridad jurídica le estamos dando a los inversores” con la revisión de la ley.

Banfi advirtió que la redacción del Senado “no beneficia al mercado exportador” y “los que van a crecer van a tener menos beneficios”. “Queremos apostar a que haya muchos microemprendedores que puedan usar esta ley sin tener que acarrear todos los costos que eso significa, pero no paramos de ponerle palos en la rueda a todo el sector productivo”, remató.

Luis Pastori, también del radicalismo, habló de una “grosera mora en el tratamiento hasta que los senadores finalmente se dignaron a tratar la ley, introduciendo una serie de modificaciones con las cuales, en su mayoría, no estamos de acuerdo”.

Al igual que Banfi, opinó que “no hay justificativo” para que el bono de crédito fiscal sea intransferible, algo que “le daba mayor poder de movilidad al bono”. También dijo que ahora se podrá convertir en ese bono “hasta el 70%” de las contribuciones patronales pagadas, lo que tiene “olor a discrecionalidad en el manejo por parte de la autoridad de aplicación” en la reglamentación.

Pastori criticó, a su vez, que las empresas no puedan cancelar el pago de Ganancias con el bono, lo cual “le quita un gran atractivo” a la ley.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, celebró “este tercer round donde el Senado paró la pelota y logró corregir una inequidad muy grande en el anterior proyecto”, relacionada a la rebaja del 60% de Ganancias para todas las empresas por igual.

“Los que más ganan tienen que pagar más impuestos; a los que están en el medio hay que ayudarlos para que crezcan; y a los que recién arrancan hay que potenciarlos. Eso se llama escalonamiento”, sostuvo el mendocino, y agregó: “No se puede garantizar a todos el mismo beneficio, porque sino va a seguir ocurriendo que cada vez son menos los que se apoderan de determinadas actividades económicas”.

Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) consideró que “por una cuestión de soberanía del conocimiento y de entender por dónde va la economía capitalista, nos guste o nos guste, Argentina tiene que convencerse de que a las empresas chicas hay que hacerlas grandes, y a las grandes hay que convertirlas en multinacionales”.

El santafesino opinó que algunos cambios son positivos y otros negativos, y anunció que el Interbloque Federal, al cual pertenece, decidirá su postura final en las próximas horas.

Por su parte, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) destacó que el Senado “pulió” el proyecto “haciendo un equilibrio en la inversión que va a hacer el Estado nacional para promover un sector de la actividad económica” con beneficios impositivos.

Casaretto aclaró que el régimen tendrá vigencia desde el 1ro. de enero de este año, por lo cual “la demora de un mes más o un mes menos” en la sanción de la ley no influirá en “las 469 empresas que estaban inscriptas hasta este momento”, mientras que “para las nuevas que quieran adherir, los beneficios van a ser desde la publicación de la ley”.

“No venimos al Congreso como lobbystas de un sector o de una empresa. Venimos a disponer de los recursos de todos los argentinos”, enfatizó el entrerriano.