Diputados rechazan la entrega de tierras de Parques Nacionales como “premio” a las usurpaciones

El proyecto del diputado Alberto Asseff cuestiona que el Estado Nacional “no puede realizar acuerdos con personas condenadas por usurpación”. Y agregó que “no puede interferir en el Poder Judicial y suspender un juicio”.

El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de declaración para rechazar el acuerdo efectuado entre el Estado Nacional y las comunidades mapuches, por el cual se habilita a que cuatro mujeres de la referida comunidad que fueron procesadas por el delito de usurpación y tiene orden de prisión domiciliaria “regresen a tomar un predio sobre la Ruta Nacional N.º 40, del que fueron desalojadas en el mes de octubre de 2022 luego de cinco años de usurpación”.

Acompañan con su firma la iniciativa los diputados Alfredo Schiavoni, Karina Bachey, Sofia Brambilla, Gabriela Lena, Soher El Sukaria, María Sotolano, Francisco Monti, Marilú Quiroz, Pablo Torello, Aníbal Tortoriello, Francisco Sánchez, Jorge Vara, Alejandro Finocchiaro, Mario Barletta y Lidia Ascarate.

El diputado recuerda que la usurpación tanto de lotes de Parque Nacionales como de propietarios privados legítimos “duro alrededor de 5 años durante los cuales, sus ocupantes, han actuado con violencia contra vecinos y la policía”.

“El Estado Nacional acuerda con las comunidades el regreso de las mismas a las tierras que fueron usurpadas, como si fuera un premio cometer un delito”, argumentó y agregó: “el Estado Nacional reconoció el “rewe” (totem espiritual) como sitio sagrado de la comunidad mapuche, cuando está construido en territorio ajeno. Y se comprometió a dar cesión de uso un predio de Parques Nacionales a la “machi” para que pueda ejercer sus pateras espirituales y medicinales para la comunidad mapuche”.

Asseff reiteró que “el Estado Nacional no puede avalar que se comenta ningún tipo de delito, de ninguna índole, no se puede premiar a quienes delinquen. Mucho menos, interferir en el Poder Judicial para suspender un juicio, como fue en este caso. Ni realizar acuerdos que permita que personas condenadas por usurpación con prisión domiciliaria, que tuvieron que ser desalojadas, vuelvan a tomar el mismo predio, avalas por el mismísimo Estado Nacional”.

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Para Sánchez: “El gobierno de Neuquén le da una jerarquía a la Confederación Mapuche que no tiene”

El diputado del Pro expresó preocupación sobre la “Consulta Previa” que presentó el gobernador Omar Gutiérrez a los jefes de esas comunidades para la traza del gasoducto Néstor Kirchner, a quienes lo comparó con un sindicato. También denunció que “las empresas y los neuquinos venimos sufriendo extorsiones constantes”.

Por Deborah Noely González

La comunidad mapuche vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no es por ataques violentos en El Bolsón, sino porque el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, les propuso un acuerdo que podría perjudicar el desarrollo y las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, puntualmente con el proyecto de construcción del gasoducto Néstor Kirchner que aún está paralizado.

El mandatario les presentó un “Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada” (CLPI) a los referentes de esas comunidades, lo cual fue recibido como una suerte de conquista, ya que les otorga intervención y capacidad de veto en el desarrollo de esa infraestructura crucial si se comprobara que atraviesa tierras consideradas ancestrales. Esto último los habilita a exigir dinero, beneficios u otras acciones.

Sin embargo, según los especialistas y técnicos que trazaron la obra no detectaron ningún derecho de propiedad afectado: ni la provincia ni la nación reconoce como dueño de esas tierras a comunidad aborigen alguna.

El acuerdo en cuestión generó un fuerte rechazo desde la oposición política. Así lo dejó explícito el diputado nacional Francisco Sánchez (Pro) en diálogo con parlamentario.com quien consideró esta maniobra como una “extorsión” y advirtió que “va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país”.

Además, describió a la Confederación Mapuche como “un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora”, y los comparó con un sindicato. A su vez, denunció “aprietes, amenazas y violencia física” por parte de esas comunidades hacia las empresas y los neuquinos.

-¿Qué opinión le merece la decisión del Gobierno de Neuquén de consultar a las comunidades mapuches para la traza del gasoducto Néstor Kirchner?

-La consulta previa representa una excusa para que los líderes de la Confederación Mapuche, empiecen a participar de manera formal en el negocio de Vaca Muerta. Pero no como lo haría cualquier emprendedor, sino a través de la extorsión, ya que es una herramienta que les va a permitir detener cualquier proceso productivo con la excusa que afecta sus intereses. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá del gasoducto por construir y que va en detrimento del desarrollo productivo no solo de Neuquén, sino de todo el país.

-¿El Gobierno neuquino reconoce a la Confederación Mapuche?

-El gobierno de Neuquén le da una jerarquía a la Confederación mapuche que no tiene, ya que ni siquiera se trata de una entidad formal. Se trata de un ente que intenta aglutinar los intereses de las comunidades reconocidas y no reconocidas para que sus líderes se enriquezcan como lo han venido haciendo hasta ahora. En ese sentido no se diferencian demasiado de un sindicato por ejemplo, que tiene prácticamente propietarios con títulos nobiliarios. En Neuquén están los (Gabriel) Cherqui y los (Jorge) Nahuel que se parecen mucho a un Moyano: una oligarquía que actúa a espaldas de los intereses que dicen representar.

Cabe recordar que Cherqui en el mes de abril le planteó al propio presidente, Alberto Fernández -que había viajado a Vaca Muerta- un mensaje amenazante: “Sin consulta no va a haber gasoducto Néstor Kirchner ni exploración”. Se lo transmitió en el aeropuerto junto a otras dos activistas mapuches, ante la mirada del gobernador neuquino.

-¿Este es un reconocimiento implícito de estas comunidades como actores legales para ejercer reclamos de este tipo?

-Si, es un reconocimiento implícito, cedido por un gobernador al que lo único que le importa es retirarse sin conflictos, y para eso nos embarga a los neuquinos y a los argentinos en conflictos que ahora encuentran legitimidad en la jurisprudencia de esta cesión que implica el reconocimiento a la consulta previa.

-¿Qué tipo de presiones vienen sufriendo las empresas petroleras en la región, de parte de estos sectores?

-Las empresas y los neuquinos en general venimos sufriendo extorsiones constantes de estas agrupaciones de pseudo mapuches. Las empresas muchas veces son presionadas a ceder en arreglos económicos y en acuerdos privados que incluyen contrataciones de servicios especiales. Pero también los particulares de una basta región sufren la ocupación de sus tierras, los aprietes, amenazas y violencia física, con el doble daño del desamparo al que los somete la autoridad gubernamental.