Legisladoras de Unión por la Patria promueven un debate en torno a instrumentar el derecho a la posición por parte de las comunidades originarias. Será en el marco de un acto a realizarse este miércoles en el Anexo de la Cámara baja.
La senadora Nora Giménez y la diputada Roxana Monzón, ambas de Unión por la Patria, presentan un proyecto de ley conjunto que tiene como objetivo desarrollar el contenido, los principios y el procedimiento destinado a instrumentar el derecho a la posesión y la Propiedad Comunitaria Indígena, entendida como las tierras y territorio que las Comunidades ancestralmente y tradicionalmente ocupan y sobre las que ostentan una posesión caracterizada entre otras por una relación cultural y espiritual.
La presentación se realizará este miércoles 27 de noviembre, a las 10 en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), integrada por diversas Universidades Nacionales.
La iniciativa busca establecer un marco normativo para garantizar el reconocimiento, protección e instrumentación efectiva de la Propiedad Comunitaria Indígena, asegurando los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente habitan y aquellas necesarias para su desarrollo humano, en conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Este proyecto es el resultado de más de 14 años de trabajo y construcción colectiva, que surge desde la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Decreto 700/2010 PEN); como continuidad de la Ley de orden público 26.160 “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, sancionada en el 2006, la cual ordena el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las tierras ocupadas por las Comunidades Originarias Preexistentes y el Órgano de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La propiedad comunitaria es un derecho humano fundamental para nuestros pueblos indígenas, dado que dependen del territorio para mantener su existencia y cultura. Su cosmovisión, espiritualidad e identidad están intrínsecamente vinculadas a esta relación.
El proyecto establece que “la Propiedad Comunitaria Indígena es indivisible, no es susceptible de gravámenes, es inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros, intransmisible e imprescriptible”. Asimismo, en el texto se señala que “la titularidad de la Propiedad Comunitaria de las tierras, prevista en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, se instrumentará a favor de las Comunidades indígenas”.
Además, se determina que “el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ante el pedido de una o más Comunidades Indígenas, u Organización de Pueblos Indígenas, dictará un acto administrativo de reconocimiento de la posesión comunitaria de las tierras identicadas en el marco del Relevamiento técnico, jurídico y catastral ordenado por la ley N°26.160, y sus prórrogas; en un plazo no mayor de 60 días desde realizada la presentación”.
Las autoras del presente proyecto sostienen en sus fundamentos que “la posesión y propiedad de la tierra es uno de los mayores puntos sobre los cuales gira la vida y los conflictos que actualmente padecen los pueblos indígenas. Juntamente con un desplazamiento territorial se genera desalojo y un desarraigo cultural, que pone en peligro o conlleva a la pérdida de la identidad, repercutiendo en los modos de organización”. En ese sentido agregan: “existe una imperiosa necesidad de Instrumentar el Derecho de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena, impulsando la continuidad de las mismas, consolidando sus objetivos y considerando la deuda que tiene el Estado con los Pueblos Indígenas, como parte de la reparación histórica”.
El proyecto fue presentado por la diputada jujeña Carolina Moisés en relación al conflicto que se dio con la reforma constitucional en su provincia.
La diputada nacional Carolina Moisés (FdT-Jujuy) presentó un proyecto de ley para darle jerarquía constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que garantiza preservar la consulta libre e informada a las comunidades originarias en forma previa a la adopción de medidas gubernamentales que puedan afectar sus condiciones de vida, asociadas a una cosmovisión ancestral que promueve la armonía con los recursos naturales y el respeto por los frutos de la tierra.
"La iniciativa busca salvar un vacío legal en defensa de los pueblos originarios, y se funda en el reciente antecedente del gobierno de Jujuy, que no les respetó ese derecho cuando planteó y logró sancionar la reforma de la Constitución provincial en junio pasado", señaló la oficialista.
La candidata a senadora nacional de Unión por la Patria cuestionó que "apelando al engaño y la mentira, el gobernador Gerardo Morales concretó una parodia de consulta a un muy reducido número de comunidades originarias y con ese supuesto consentimiento avanzó con una reforma constitucional que arrasa con los derechos de nuestra gente a preservar su acceso al agua y a las tierras que les permiten su supervivencia".
El Convenio 169, que entró en vigencia en 1991 y al que la Argentina adhirió rápidamente en 1992 mediante la Ley 24.071, pasando a regir en nuestro país desde julio de 2001, le reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos de carácter político, territorial, económico, social y cultural.
“Uno de los más importantes es el derecho a ser consultados frente a medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarlos directamente y a participar en la misma forma en que lo hacen otros sectores de la población”, explicó la jujeña.
Para Moisés, quien lo advirtió enérgicamente desde el inicio del proceso de reforma antes de que se activara la Convención Constituyente en la Legislatura jujeña, “el gobernador Morales salteó este paso clave para la convivencia en la provincia y de esa acción vimos las terribles consecuencias días después que llenaron de protestas válidas y violencia institucional las calles".
El proyecto recoge las inquietudes expuestas por comuneros jujeños del Tercer Malón de la Paz en un trabajo de equipo con la legisladora nacional, y ya recibió el acompañamiento de sus pares Carlos Cantero, Leila Chaher, Eduardo Valdés, Juan Marino, Claudia Ormaechea, Lucas Godoy, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Lisandro Bormioli, Rosana Bertone y Mabel Caparrós, entre otros cofirmantes.
Con el otorgamiento de jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, la iniciativa apunta a poner a los derechos y garantías contenidas en el Convenio 169 en un pie de igualdad con los otros derechos ya contemplados en la parte programática de la Carta Magna, y por encima de cualquier norma de rango inferior, incluso las restantes de carácter convencional.
Lograda su sanción, los órganos jurisdiccionales y administrativos tendrían la obligación de respetarlos, interpretarlos y aplicarlos, de modo armónico y en igualdad de rango con el resto de los derechos constitucionales, y por encima de cualquier norma legal de rango inferior, ya sea de índole nacional o provincial.
Así lo acordaron la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y la senadora Nora Giménez, durante una videoconferencia realizado este miércoles.
Con el horizonte del vencimiento de la Ley 26160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, se reunieron este miércoles la senadora salteña del Frente de Todos Nora Giménez y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. Durante el encuentro, Odarda presentó un detalle de lo actuado en las comunidades y un borrador de prórroga de esta ley que “fue trabajado con el Consejo de Participación Indígena (CPI), recibió aportes de organizaciones sociales que velan por la protección de los derechos de los pueblos originarios y fue monitoreado por el Ministerio de Justicia”.
“El borrador del proyecto, que vence en noviembre de este año, está presentado ante la Secretaría Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y tiene de diferencial la incorporación de una partida presupuestaria determinada para culminar los relevamientos de más de 700 comunidades”, explicó la presidenta del INAI.
Asimismo, el director de Tierras del organismo, Alejandro Marmoni, señaló que “en la actualidad hay 1.756 comunidades originarias inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas en mano y 767 son las que restan relevar principalmente ubicadas en el norte del país”.
En principio la senadora Giménez se comprometió a revisar el borrador, se ofreció a presentarlo en la Cámara alta y manifestó la necesidad de dar a conocer la propuesta en una próxima reunión -antes de fin de mes- a otros legisladores que vienen siguiendo la temática y han mantenido contacto con la presidenta del INAI por esta situación.
En el mismo sentido, ambas dirigentes remarcaron la importancia de poner en funcionamiento la Comisión Especial de los Pueblos Indígenas de la Cámara Alta por considerarla un espacio vital para que las demandas y necesidades de las comunidades originarias estén presentes en el Congreso. Al respecto, la senadora Giménez comentó que presentó el año pasado un proyecto de resolución para que la Comisión de Pueblos Indígenas tenga un estatus de permanente dentro del Senado.
Además, la senadora Giménez se comprometió a retomar proyectos de ley presentados por Odarda durante su gestión como legisladora y trabajar activamente para la presentación de nuevas propuestas, entre ellas la de capacitación de los agentes del Estado en derecho indígena y el de propiedad territorial comunitaria.
Luego del informe difundido el jueves en un canal de cable de esta capital, los senadores y diputados peronistas de esa provincia afirmaron que las mujeres entrevistadas recitaron un guión “previamente instruido” y hablaron de “manipulación de la realidad”.
“Una vez más, el papel discriminatorio y xenófobo que han jugado en los últimos días algunos medios de CABA respecto de las comunidades indígenas del oeste formoseño ha sobrepasado todos los límites”, expresaron este viernes los legisladores formoseños que la emprendieron duramente contra el informe difundido por el canal TodoNoticias sobre el tratamiento que el Gobierno de Gildo Insfrán da a los pueblos originarios.
La nota, suscripta por los senadores y diputados nacionales de la provincia de Formosa, asegura que “hace algunos días sus víctimas fueron los niños y niñas de una comunidad aborigen cercana a Ingeniero Juárez, en una clara operación armada violatoria de los derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes; para luego, no conformes con ello y a pesar de las denuncias formuladas ante los organismos de infancia y de derechos humanos y la justicia, no cesar en su conducta destructiva y avasallar de manera feroz los derechos de las mujeres aborígenes”.
Los senadores José Mayans y María Teresa González, y los diputados nacionales Ramiro Fernández Patri, Nelly Daldovo y María Graciela Parola señalaron que “mediante notas y relatos totalmente direccionados obligaron y expusieron a mujeres indígenas, con rostros cubiertos, temerosas de equivocarse en el guión previamente instruido, a la denigración total, menospreciando no solo su condición de mujeres, su pertenencia a los pueblos originarios sino también su calidad de formoseñas”.
Hablan de una “manipulación de la realidad” que para ellos “evidencia un total desconocimiento de las políticas públicas sanitarias, educativas, de infraestructura, saneamiento, sociales y productivas que viene desarrollando planificadamente el Gobierno provincial teniendo en cuenta la cultura y las costumbres de las comunidades aborígenes”. Y añaden: “La pretensión de querer instalar un falso relato fundado en la falacia, en el agravio y en la violencia simbólica deja en evidencia la verdadera intención de estos medios de comunicación”.
“Somos conscientes que estos medios se caracterizan por su acérrima oposición a los gobiernos con tinte nacional y popular, donde la justicia social es la prioridad”, agregan, advirtiendo que “no vamos a permitir ningún tipo de atropello y discriminación contra las personas que habiten el suelo formoseño. Hemos trabajado mucho y durante mucho tiempo por la reivindicación y el crecimiento de los pueblos originarios, no estamos dispuestos a soportar que la deshumanización de las personas y la invisibilización del proceso de transformación revolucionaria del modelo formoseño sea el instrumento en el cual canalizan su odio a Gildo Insfrán y al peronismo”.
Volviendo sobre el tema de las comunidades indígenas, reconocen y reivindican como formoseños “nuestro orgullo de pertenecer a una provincia multiétnica y pluricultural, una provincia que ha sido pionera en política indígena, una provincia que a través del modelo formoseño, ha sabido reconocer y respetar esa interculturalidad para plasmarla en políticas públicas concretas y cuyo único destinatario es el pueblo”.
“Sabemos que el pueblo formoseño es esclarecido, orgulloso de sus orígenes y fortalecido, que apoya las políticas públicas que, bajo la conducción de Gildo Insfrán, permitieron el crecimiento de una provincia siempre ignorada desde el centralismo del puerto de Buenos Aires”, expresan los legisladores que reafirman a continuación que “los intereses, la salud y la vida de las formoseñas y formoseños no se negocian, a pesar de estas operaciones mediáticas y políticas seguiremos a paso firme trabajando especialmente en la preservación social y cultural de las comunidades aborígenes, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y provincial”.
El comunicado concluye advirtiendo que “en Formosa no se rinde nadie”.
