En la Semana de los Pueblos Originarios, la senadora nacional Nora Giménez se reunió con representantes de la Organización de Pueblos Indígenas de la Región NOA (OPINOA) y renovó su compromiso con las demandas de este sector, orientadas fundamentalmente al acceso a la propiedad comunitaria.

“Para las comunidades originarias de nuestro país el eje sigue siendo la lucha por la tierra”, destacó la senadora Giménez y agregó que “eso se materializa en la necesidad de que en la Cámara de Diputados se apruebe la prórroga de la Ley 26.160, de Emergencia Territorial Indígena que el año pasado votamos en el Senado”.

Desde OPINOA sostienen que el decreto de necesidad y uUrgencia 805, que prorrogó los plazos de la Ley de Emergencia Territorial Indígena, no es garantía de que ante un recambio de gobierno se continúen los relevamientos de comunidades hasta el 2025, por ello continúan solicitando la sanción del proyecto de ley que se encuentra en Diputados.

La senadora salteña manifestó que “se trata de una gran lucha que acompañé con la presentación del proyecto en el Senado, con cada una de las reuniones que mantuve con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda; con representantes de las comunidades originarias del país, con diputados nacionales del Frente de Todos y con dirigentes de ámbito de los derechos humanos, como, Adolfo Pérez Esquivel” e indicó “continuaré trabajando para que se concrete el deseo y el derecho de las comunidades de contar con una Ley de Propiedad Comunitaria”.

Al respecto, Víctor Cruz, del Consejo del Pueblo Tastil, de Salta señaló que, en simultáneo, se encuentran trabajando con algunas comunidades diferentes propuestas para lograr un de proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena que surja del consenso de los involucrados.

Asimismo, mientras tanto se pueda convertir en ley alguna de estas propuestas, las comunidades evalúan la posibilidad de que se implemente en todas las provincias el Protocolo para el Abordaje en conflictividades de tierras y comunidades aborígenes que se desarrolló en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Jujuy. Desde OPINOA consideran que dicho Protocolo es una herramienta que evita la estigmatización y criminalización de las comunidades y busca la resolución pacífica de los conflictos en el ámbito de la justicia civil.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes Víctor Cruz, del Consejo del Pueblo Tastil (Salta); Fidel Bauty y Luis Segundo, de Asamblea del Pueblo Guaraní, (Salta); Adriana Juárez, del Consejo de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (Jujuy), entre otros, se indicó que otra de las preocupaciones desde el Norte, es el acceso a la Educación Superior para las comunidades que representan. En este sentido, están realizando gestiones con la Universidad de Avellaneda para implementar algunos programas que faciliten el acceso a la educación desde sus territorios.

Sobre el final, Nora Giménez explicó que ha presentado un proyecto de Ley que solicita un cupo mínimo de planes de adjudicación o mejoramiento de viviendas del 5% para las comunidades indígenas reconocidas por la ley 23.302, desarrollados con el fondo del Fondo Nacional de la Vivienda.

En la República Argentina casi un millón de personas se reconocen pertenecientes o descendientes de pueblos indígenas u originarios. El Censo 2010 contabilizó 955.032 habitantes, de los cuales 481.074 son varones y 473.958 son mujeres. Uno de los reclamos constantes de las comunidades originarias es el acceso a una vivienda digna, que les permita desarrollar su modo de vida y su cultura en un ámbito de pleno respeto de los derechos y de la dignidad humana.