Piden informes sobre concesiones de los complejos hidroeléctricos

Es para conocer en detalle qué decisión adoptará el Poder Ejecutivo ante el vencimiento de los contratos de presas y centrales hidroeléctricas.

El diputado nacional Julio Cobos junto a otros legisladores presentó un proyecto solicitando información al Poder Ejecutivo Nacional referida a las acciones a seguir frente al vencimiento de las concesiones de diferentes complejos hidroeléctricos de Argentina.

“Presenté un proyecto para conocer en detalle la hoja de ruta que adoptará el Gobierno nacional frente al vencimiento de las concesiones de distintos complejos hidroeléctricos, vitales para el sistema energético de Argentina. Las presas y centrales hidroeléctricas son bienes estratégicos del Estado de alto costo que deben ser protegidos y controlados permanentemente, y además la producción hidroeléctrica es una porción importante de la oferta de energía eléctrica del sistema interconectado”, indicó el legislador radical, que agregó: “Dada la importancia de estas obras concesionadas por el Estado Nacional debería definirse una política de estado, preferentemente con un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias que son propietarias del recurso hídrico”.

En ese sentido, Cobos señaló que “según recientes informes periodísticos, el gobierno estaría previendo que las centrales pasen al Estado y sean operadas por Energía Argentina S.A. (ENARSA) hasta volverlas a concesionar, sin que se conozcan fechas y procesos de licitación algunos. Esto plantea algunas inquietudes ya que por un lado ENARSA no cuenta con el conocimiento, ni la capacidad operativa para esta tarea y por otro se encuentra -de aprobarse la ley bases- entre las empresas sujeta a privatización. Por eso y para despejar todo tipo de dudas pedimos aclarar qué sucederá con los complejos hidroeléctricos que en teoría administrará transitoriamente el Estado, ante un eventual proceso de privatización de ENARSA, concretamente si estos estarán incluidos o no en ese proceso y de ser así bajo qué forma”.

Detalles del pedido de informes

  1. Informe si los contratos de concesión de las presas y centrales hidroeléctricas de El Chocón, Arroyito, Cerros Colorados y Alicura que vencieron en agosto de 2023 y fueron prorrogados hasta el 19 de mayo, serán o no prorrogados nuevamente, lo cual es posible hasta el 11 de agosto del 2024.
  2. Informe si el contrato de concesión de la presa y central hidroeléctrica de Piedra del Águila que venció en diciembre de 2023 y fue prorrogado hasta el 28 de junio, será o no prorrogado nuevamente, lo cual es posible hasta el 28 de diciembre del 2024.
  3. Informe si las presas y centrales hidroeléctricas ubicadas sobre el río Atuel (Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Valle Grande), a la finalización del contrato de concesión el 1° de junio del presente año serán devueltas, como corresponde, a la provincia de Mendoza.
  4. Informe si a la finalización contractual las presas y centrales hidroeléctricas, en caso que vuelvan al Estado, serán operadas por ENARSA. De ser así, indicar con qué recursos humanos, técnicos y económicos contará para realizar esa operación. A su vez y dado que ENARSA según el proyecto de ley de Bases está sujeta a privatización, señale si se incluirán dentro de ese proceso a las concesiones hidroeléctricas o se prevé licitarlas en forma independiente.
  5. Informe en caso de que las obras hidroeléctricas se liciten en forma independiente e individual, si se han comenzado los procesos correspondientes, y en caso en que no se haya hecho, cuándo se completarán los pliegos de licitación, cuál será la fecha prevista para publicar la licitación y qué duración tendrá el nuevo período de operación.

Acompañan el proyecto los diputados Natalia Sarapura, Danya Tavella, Marcela Antola, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Jorge Rizotti, Mariio Barletta, Pablo Cervi, Emilio Monzó, Carla Carrizo, Roxana Reyes y Pamela Verasay.

Desde UP pidieron renegociar todas las concesiones actuales de la Ciudad

La iniciativa promovida por Juan Manuel Valdés (UP) buscará que los contratos vigentes se actualicen por inflación y que se retasen todas las tierras e inmuebles públicos.

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés remitió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará que se renegocien todas las concesiones del distrito capitalino.

El texto en cuestión busca establecer “parámetros más justos” para las contrataciones que realiza el Estado porteño, de manera tal que promueve que los contratos vigentes se actualicen por inflación y que se retasen todas las tierras e inmuebles públicos.

La iniciativa en cuestión fue presentada luego de que se conocieran varias denuncias por irregularidades multimillonarias en la explotación de inmuebles y servicios públicos. Ante esta situación, el peronista pidió revisar y adecuar los contratos de concesión que están vigentes en la Ciudad.

De este modo, el proyecto promovido por Valdés busca impulsar una administración “más transparente en la contratación de los servicios y tierras públicas en la Ciudad”. También propone generar un modelo “más justo” en el valor de los alquileres.

Además, el proyecto excluye de la actualización a las asociaciones sin fines de lucro destinadas a actividades culturales, deportivas y educativas. También contempla que la diferencia obtenida por la actualización de los cánones se destine íntegramente al subsidio habitacional de la Ciudad.

La iniciativa propone generar un esquema más justo definiendo “criterios razonables para la actualización mensual de los valores que se abonan al Estado porteño, para que sean acordes a los valores vigentes de la economía en cada período”. De aprobarse esta ley, los cánones se ajustarían mensualmente por inflación, de acuerdo a la suba del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC.

En ese sentido, Valdés afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires es de las más caras del mundo para alquilar, salvo que seas contratista de Jorge Macri o amigo del Pro” e insistió en que “las familias porteñas no llegan a pagar un alquiler, pero en la Ciudad hay una casta que se lleva las tierras más jugosas por un precio vil. Es una estafa a los vecinos”.

“La Ciudad tiene una crisis habitacional, miles de personas sin casa y alquileres impagables, y al mismo tiempo hay inquilinos VIP con contratos vencidos que se prorrogan todos los años y mantienen valores atrasados. Por eso, proponemos que la actualización de los cánones permita dar solución a esta situación financiando políticas de acceso a la vivienda”, concluyó señalando.

La iniciativa también lleva la firma de Alejandro Grillo, Matías Lammens y Claudia Neira (UP).

Exigen precisiones acerca de distintas concesiones de la Ciudad

Se trata de un proyecto de Matías Barroetaveña (FdT), quien buscará conocer detalles acerca de “concesiones que poseen una serie de irregularidades”, las cuales fueron reveladas por un informe de la Auditoría porteña.

Luego de que un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires pusiera bajo la lupa algunas concesiones del distrito capitalino, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó en la Legislatura local un proyecto de resolución para que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta brinde precisiones acerca de lo ocurrido.

En el texto en cuestión el opositor pidió información sobre concesiones que “poseen una serie de irregularidades como cánones desactualizados, incumplimientos de normas y titulares con deudas con el Estado”. Entre los contratos señalados en el informe de la Auditoría se encuentran las concesiones gastronómicas en Costanera y Bajo Autopistas como Mirasol de la recova, Happening y ex Pizza Banana, así como la concesión de Punta Carrasco.

Al respecto de la iniciativa, Barroetaveña indicó que “desde el bloque Frente de Todos en la Legislatura venimos exigiendo transparencia en la información respecto de estas concesiones, muchas de las cuales datan del inicio de la gestión del Pro en la Ciudad o incluso antes” y consideró que “es fundamental que el Gobierno de la Ciudad recupere los recursos que le son propios y que han sido transferidos muchas veces por migajas a concesionarios amigos, sobre todo en contexto de estrechez económica y de acuciantes necesidades producto de la pandemia”.

El proyecto también lleva la firma de Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Leandro Santoro (FdT) y le  exige al Ejecutivo que en el plazo de 30 días brinde la información solicitada a través de la Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones o de los organismos correspondientes.