La iniciativa promovida por Juan Manuel Valdés (UP) buscará que los contratos vigentes se actualicen por inflación y que se retasen todas las tierras e inmuebles públicos.
En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Juan Manuel Valdés remitió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará que se renegocien todas las concesiones del distrito capitalino.
El texto en cuestión busca establecer “parámetros más justos” para las contrataciones que realiza el Estado porteño, de manera tal que promueve que los contratos vigentes se actualicen por inflación y que se retasen todas las tierras e inmuebles públicos.
La iniciativa en cuestión fue presentada luego de que se conocieran varias denuncias por irregularidades multimillonarias en la explotación de inmuebles y servicios públicos. Ante esta situación, el peronista pidió revisar y adecuar los contratos de concesión que están vigentes en la Ciudad.
De este modo, el proyecto promovido por Valdés busca impulsar una administración “más transparente en la contratación de los servicios y tierras públicas en la Ciudad”. También propone generar un modelo “más justo” en el valor de los alquileres.
Además, el proyecto excluye de la actualización a las asociaciones sin fines de lucro destinadas a actividades culturales, deportivas y educativas. También contempla que la diferencia obtenida por la actualización de los cánones se destine íntegramente al subsidio habitacional de la Ciudad.
La iniciativa propone generar un esquema más justo definiendo “criterios razonables para la actualización mensual de los valores que se abonan al Estado porteño, para que sean acordes a los valores vigentes de la economía en cada período”. De aprobarse esta ley, los cánones se ajustarían mensualmente por inflación, de acuerdo a la suba del Índice de Precios al Consumidor medido por el INDEC.
En ese sentido, Valdés afirmó que “la Ciudad de Buenos Aires es de las más caras del mundo para alquilar, salvo que seas contratista de Jorge Macri o amigo del Pro” e insistió en que “las familias porteñas no llegan a pagar un alquiler, pero en la Ciudad hay una casta que se lleva las tierras más jugosas por un precio vil. Es una estafa a los vecinos”.
“La Ciudad tiene una crisis habitacional, miles de personas sin casa y alquileres impagables, y al mismo tiempo hay inquilinos VIP con contratos vencidos que se prorrogan todos los años y mantienen valores atrasados. Por eso, proponemos que la actualización de los cánones permita dar solución a esta situación financiando políticas de acceso a la vivienda”, concluyó señalando.
La iniciativa también lleva la firma de Alejandro Grillo, Matías Lammens y Claudia Neira (UP).
Se trata de un proyecto de Matías Barroetaveña (FdT), quien buscará conocer detalles acerca de “concesiones que poseen una serie de irregularidades”, las cuales fueron reveladas por un informe de la Auditoría porteña.
Luego de que un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires pusiera bajo la lupa algunas concesiones del distrito capitalino, el legislador del Frente de Todos (FdT) Matías Barroetaveña presentó en la Legislatura local un proyecto de resolución para que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta brinde precisiones acerca de lo ocurrido.
En el texto en cuestión el opositor pidió información sobre concesiones que “poseen una serie de irregularidades como cánones desactualizados, incumplimientos de normas y titulares con deudas con el Estado”. Entre los contratos señalados en el informe de la Auditoría se encuentran las concesiones gastronómicas en Costanera y Bajo Autopistas como Mirasol de la recova, Happening y ex Pizza Banana, así como la concesión de Punta Carrasco.
Al respecto de la iniciativa, Barroetaveña indicó que “desde el bloque Frente de Todos en la Legislatura venimos exigiendo transparencia en la información respecto de estas concesiones, muchas de las cuales datan del inicio de la gestión del Pro en la Ciudad o incluso antes” y consideró que “es fundamental que el Gobierno de la Ciudad recupere los recursos que le son propios y que han sido transferidos muchas veces por migajas a concesionarios amigos, sobre todo en contexto de estrechez económica y de acuciantes necesidades producto de la pandemia”.
El proyecto también lleva la firma de Santiago Roberto, Lucía Cámpora y Leandro Santoro (FdT) y le exige al Ejecutivo que en el plazo de 30 días brinde la información solicitada a través de la Dirección General de Administración de Bienes y Concesiones o de los organismos correspondientes.
