A horas de que comenzara la sesión de los diputados bonaerense, el gobernador Kicillof decidió enfrentar ese movimiento ingresando un proyecto de ley al Senado donde incluye una postergación en los pagos de deudas de los municipios y pide autorización para tomar deuda por 1.295 millones de dólares.
En un movimiento cargado de connotación política, el gobernador Axel Kicillof enfrentó a los diputados que con proyecto de ley propio pretendían avanzar en la condonación de deudas que los municipios tienen con la Provincia.
La iniciativa que el Ejecutivo presentó en la Cámara de Senadores busca iniciar un trámite parlamentario para cumplir con ese objetivo, la misma que tenían los diputados, de condonar las deudas municipales, pero sólo posterga los pagos hasta el 31 de diciembre de 2025.
Mientras los diputados incluían la condonación de deuda de los municipios con la Provincia a partir de la ejecución del "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" creado por Decreto N° 264/2020 y del "Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios", creado por el Decreto N° 1610/2023; el gobernador sólo las posterga hasta fin de año.
El Ejecutivo, en el proyecto de ley, al mismo tiempo agrega un nuevo fondo para municipios atados a las autorizaciones para tomar deuda que habilite la misma Legislatura, el denominado Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal.
Tal como se deslizó en diversas notas de parlamentario, los diputados habían despertado el enojo del gobernador al avanzar en la condonación de deuda que los municipios tenían con la Provincia a partir de la ejecución de dos Fondos Especiales.
El enojo remite a que siempre estuvo en la mente del Ejecutivo resolver la condonación de deuda, al mismo tiempo que se le otorgara autorizaciones para poder contraer nueva deuda.
En la iniciativa el gobernador además de pedir esas autorizaciones, agregó un nuevo fondo para asistir este año a los municipios que también estará en relación con esa autorización, y las prórrogas de las leyes de emergencia que rigen en la Provincia.
A través del proyecto de ley enviado esta mañana al Senado, el gobernador Axel Kicillof solicitó a la Legislatura autorización para la toma de deuda en pesos “por hasta un monto equivalente a U$S 1.045 millones” para atender vencimientos de deudas, el déficit financiero y regularizar atrasos de Tesorería, entre otras cuestiones.
Además, en la misma iniciativa, el Ejecutivo pretende autorización para que la Tesorería General emita letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta U$S 250.000.000 durante el ejercicio financiero 2025.
Al mismo tiempo el proyecto de ley girado por el gobernador crea, el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con destino específico y no para financiar gastos corrientes, en directa relación con las autorizaciones para endeudarse.
Ese fondo que se crea, según la visión del Ejecutivo quedará constituido por el equivalente al 8% de los fondos obtenidos por las operaciones de financiamiento, es decir, la toma de deuda efectiva, tras la autorización a contraer que tendría el Ejecutivo.
Todo hasta aquí, a primera vista fue discutido por los diputados y senadores cuando se fracasó en el intento por sancionar el Presupuesto General 2025, y está claro que el proyecto está redactado para ser un punto de inicio de negociación con los diputados y senadores.
Por supuesto que el proyecto presentado por el gobernador Kicillof en el Senado incluye la iniciativa que estaban a punto de aprobar los diputados y que trata sobre la condonación de deuda de los municipios con la Provincia a partir de la ejecución del "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal" creado por Decreto N° 264/2020 y del "Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios", creado por el Decreto N° 1610/2023.
Finalmente, el proyecto del Ejecutivo prorroga, “a partir del 1 de abril de este año y hasta el 31 de diciembre de 2026, las emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energética”, según se establece en su articulado.
En su habitual conferencia de prensa, el ministro de gobierno de la provincia, Carlos Bianco, reconoció que en el proyecto de Presupuesto 2025 se incluyeron clausulas “similares” para condonar deudas municipales.
En víspera del tratamiento de un proyecto de ley que prevé condonar deudas que los municipios bonaerenses tiene con el gobierno central y que este comenzó a descontar de los fondos coparticipables que gira a los gobiernos locales, el ministro politico se despegó del proyecto en tratamiento pero admitió que las codonaciones estaban contempladas en el Presupueto 2025.
El despacho de textos unificados de los proyectos de ley presentados en el mismo sentido de las bancadas de UP, el PRO y la UCR+CF, en un plenario de las comisiones de Presupuesto, Asuntos Municipales y Legislación General, puso en alerta algunos operadores del gobierno.
Específicamente se trata de una condonación de deuda que alcanza los 7.900 millones de pesos y alcanzan a dos Fondos específicos, el denominado Fondo Covid, “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, editado en 2020; y otro que asistió a los municipios ante situaciones “extraordinarias” que se observaron respecto de su situación financiera, en el arranque del segundo mandato del gobernador Kicillof, ante un panorama general de desequilibrios en los municipios, formalmente denominado “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales” de 2023.
Aunque se trató en principio de un reclamo del radicalismo para que se cumpla con un principio tácito establecido en un principio, que se condone esas deudas que mantienen los intendentes con el gobierno de Axel Kicillof, lo cierto es que nunca más hubo acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo después de ese diciembre de 2023.
La iniciativa, promovida por el titular del bloque de diputados de la UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, fue unificada con un proyecto del presidente de la comisión de Presupuesto, el diputado de UP Juan Pablo de Jesús y otro de presidente de PRO Matías Ranzini, y obtuvo despacho favorable en un plenario de las comisiones de Asuntos Municipales, Legislación General y de Presupuesto.
Tras el plenario, los diputados adelantaron la idea de avanzar en el tratamiento de la cuestión en la sesión convocada para esta semana, al margen de la posibilidad de que también se traten cuestiones electorales.
En este sentido, el ministro de gobierno Bianco avivó un poco el fuego que calienta las relaciones políticas bonaerenses y recordó que cuando se dejó sin Presupuesto, ley fiscal y sin endeudamiento al gobernador, se podrían haber tratado esas cuestiones.
“Si se hubiera aprobado en tiempo y forma el Presupuesto, no estaríamos discutiendo este proyecto”, destacó desde Casa de Gobierno. En ese sentido, Bianco dijo que la frustrada ley de leyes “tenía previstas estas mismas cláusulas o similares”, pero la Legislatura bonaerense nunca lo sancionó.
De esta forma, el ministro político respaldó la posición de las diputadas kicillofistas que se mostraron molestas por el despacho de mayoría del plenario, pues "las condonaciones" son variables de la negoción que el gobernador mantiene con los legisladores respecto de la necesidad de contar con autorizaciones para poder contraer deuda por unos 1.200 millones de dólares y así poder cerrar sin sobresaltos el ejercicio 2025.
La Legislatura porteña aprobó un proyecto de declaración mediante el cual le solicita al Gobierno que se condonen las deudas que estas pequeñas y medianas empresas contrajeron durante el aislamiento social obligatorio.
Con la intención de ayudarlas a atravesar la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus, la Legislatura de la Ciudad aprobó -durante la sesión ordinaria de este jueves- un proyecto promovido por los legisladores de la UCR-Evolución, mediante el cual buscan que Gobierno nacional que gestione -a través de los organismos pertinentes- la condonación de las deudas por los servicios públicos que hayan sido adquiridas durante este periodo y exima del pago total y/o parcial hasta la finalización del mismo a todas las PyMEs del distrito capitalino cuyas actividades no se encuentren enmarcadas dentro de las declaradas como esenciales.
En los fundamentos de la medida, explicaron que “como producto de la pandemia del Covid 19, la economía mundial caerá en 2020 un 5% aproximadamente; para Argentina, las estimaciones arrojan un intervalo de contracción de la actividad económica de entre 7% y 10% respecto a 2019”.
Al mismo tiempo los diputados remarcaron que “tomando el mes de abril como primer mes completo de aislamiento obligatorio, la actividad industrial a nivel país cayó más de 25% interanual según el consenso de consultoras privadas. Las únicas dos industrias que experimentaron un aumento leve a moderado en la actividad fueron las del rubro ‘alimentos y bebidas’ e ‘insumos químicos y plásticos’, debido a su carácter sumamente esencial”.
Asimismo indicaron que “la demanda de energía eléctrica funciona como una buena estimación del ritmo comercial e industrial. En abril, en términos interanuales, la demanda de energía eléctrica del Gran Buenos Aires fue 5.5% menor en el segmento intermedio y se redujo 28.7% en los grandes consumos (más relacionado con la actividad industrial)”.
“El Gobierno porteño cuenta con herramientas limitadas para brindar ayuda a estas empresas. Puede hacer una moderada política tributaria o de créditos a través del Banco Ciudad como hoy está sucediendo; pero a diferencia de las Provincias (excluido el GBA) no tiene competencia regulatoria sobre las facturas de los consumos de los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica, que se constituyen como uno de los principales gastos de las PYMES debido a que los entes reguladores han resuelto imputar un consumo estimado ante la imposibilidad de lectura de medidores a consecuencia del aislamiento”, concluyeron.
El proyecto recientemente aprobado lleva la firma de Juan Francisco Nosiglia, Ariel Álvarez Palma, Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi y Diego Weck (UCR-Evolución).