El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto declarando el rechazo a la resolución 2183/21, por la que el Gobierno hizo oficial una inversión de 1.000 millones de pesos para mejorar la conectividad de las unidades del Sistema Penitenciario Federal.  

“Esta resolución tomada por el gobierno es una continuidad de sus políticas en extremo garantistas que no han hecho más que favorecer el desarrollo y la expansión de las actividades delictivas que, como todos saben, continúan siendo comandadas desde las cárceles causando daños irreparables a nuestra sociedad. El Estado nacional no puede ser cómplice de estos delincuentes y encima brindarles mejores condiciones de conectividad”, sentenció Blanco. 

Para el vicepresidente del bloque UCR en la Cámara alta “nuestras cárceles no cumplen con lo establecido por la Constitución Nacional en su Artículo 18 que reza que serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Bien podría el gobierno hacer cumplir este precepto en lugar de soltar presos argumentando cuestiones sanitarias y destinar otros fondos a la adecuación sanitaria de las cárceles, así como a la construcción de nuevas unidades”. 

“Se perfectamente que hay miles de presos que necesitan mejoras en lo que hace al acceso a posibilidades de estudio para su superación personal, pero debe encontrarse un camino más controlado para favorecerlos. En un país donde más de 1 millón de chicos abandonaron la escuela por falta de conectividad durante la cuarentena eterna a la que el gobierno obligó, ahora resulta que se privilegian las cárceles en vez de a la educación. Tal vez esto sea así porque en las cárceles el gobierno ha obtenido excelentes resultados electorales”, finalizó el senador radical. 

La titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso adelantó que se está discutiendo, por un lado, una nueva ley de Financiamiento Educativo cuyo propósito es elevar la inversión en materia educativa y, por el otro lado, una ley nacional de educación tecnológica que fortalezca la conectividad en los establecimientos educativos.

En diálogo a través de los micrófonos de la AM 1150, Alesso expresó en primer lugar, estar “conforme” con el acuerdo paritario del 45,5 por ciento alcanzado con el Gobierno Nacional y la cláusula de revisión convenida para noviembre próximo.

“Además deja abierta la paritaria y va a haber una nueva reunión en noviembre, lo que va a posibilitar que, si la inflación supera el monto, se podrá ajustar antes de fin de año”, agregó la titular de Ctera.

A su vez, anunció que está en discusión “una nueva ley de Financiamiento Educativo que eleve la inversión nacional en educación con metas pedagógicas específicas y una ley nacional de conectividad o de educación tecnológica que, por un lado, fortalezca la conectividad en todas las escuelas de la Argentina y, por el otro, dote de insumos a todos los estudiantes del país”, y agregó, esta vez en declaraciones a FM Rock and Pop, que dicha ley busca “que se ponga más inversión nacional en educación, más presupuesto para encarar la post pandemia”.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, presidida por Silvina García Larraburu (FdT), realizó este martes una reunión virtual en la que expusieron el presidente de ARSAT, Pablo Tognetti, y el secretario de Ciencia y Tecnología de Formosa, Julio René Aráoz, con la conectividad en el eje de la preocupación de los senadores nacionales.  

A su turno, Tognetti consideró que “ARSAT tiene un rol estratégico en la implementación de las políticas de Estado del acceso de la población a las tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

“Actualmente hay 34 mil kilómetros extendido de fibras en el país”, remarcó ante la consulta de los legisladores.

Mencionó además que “los desafíos del plan Conectar 2020-2023 son la extensión de la REFEFO, la fabricación del satélite ARSAT-SG1 para dar banda ancha satelital en hogares rurales, la puesta en valor de la Televisión Digital Abierta y la potenciación del Centro Nacional de Datos”.

El presidente de ARSAT explicó “alrededor del 30 por ciento de la facturación de la actividad satelital es en dólares. Casi el 45 por ciento de los ingresos totales de ARSAT proviene de los satélites”, apuntó.

Luego, al ser consultado sobre si es necesario algún cambio en la legislación, consideró que las actuales leyes “son muy buenas”, son “adecuadas” aunque remarcó que “siempre hay actualizarlas porque los avances son muy rápidos”, por lo que los senadores se comprometieron a estar pendientes de las modificaciones que se necesiten.

Tras la exposición de Tognetti, fue el turno de Araoz, quien explicó que “el modelo formoseño propone rescatar los valores y la identidad de la comunidad y plasmarlo en políticas productivas, sociales, de desarrollo y educativo, con el objetivo de lograr la realización del formoseño en su tierra”.

Sostuvo que “en ciencia y tecnología el horizonte es lograr soberanía tecnológica sustituyendo productos que traen consigo la materia prima y el trabajo de otros hombres y mujeres del país y del mundo”.

El funcionario resaltó que “se toma la validación científica como política de desarrollo en el campo del conocimiento y que ARSAT nos ha apoyado con el tendido de la red de fibra óptica provincial en Formosa; hoy integrada a la Red Capricornio, que totaliza unos 15.000 kilómetros de fibra óptica a través de cinco países”.

Por último, manifestó que “la pandemia ha puesto en valor al sistema científico y tecnológico, oportunidad que no podemos perder. Es necesario trabajar en la formación de consensos para darle continuidad”.

A su estilo, la reunión la cerró el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans: “Este año se hará presente la Ley de Presupuesto para 2022 y debemos ir viendo la forma de mejorar la inversión en ciencia y tecnología, y en servicios de comunicación. Porque, como decía (Juan) Perón, ‘necesitamos brazos, cerebros y capitales'”.

Luego de retomar el cuarto intermedio pedido el miércoles, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación avanzaron en la firma de un texto consensuado con la unificación de distintas iniciativas que buscan establecer el acceso a internet como un derecho humano y servicio universal.

El diputado del Frente de Todos Pablo Carro, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, explicó que, tras acordar con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) algunos puntos contemplados en la redacción del texto, “no se harán modificaciones a la Ley de Argentina Digital, sino que ese es un debate que se deberá hacer en conjunto y en otro momento”.

“Esta norma viene a garantizar el tráfico por dispositivos móviles de acceso y navegación en los sitios educativos”, remarcó el diputado oficialista, al tiempo que añadió: “Se trata de un derecho combinado: a la educación y a la comunicación”.

Por su parte, la diputada oficialista Blanca Osuna, titular de la Comisión de Educación, celebró el proyecto y lo definió como “un aporte a la calidad de la educación y al derecho igualitario del acceso a la misma”.

Desde el Frente de izquierda y de los trabajadores, la diputada Romina del Pla manifestó que presentará un dictamen propio.

Finalmente, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) aseveró: “Esta iniciativa garantiza el derecho a la conectividad y constituye una herramienta para acortar la brecha en nuestro país”.

Un plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados, presididas por los oficialistas Pablo Carro y Blanca Osuna, respectivamente, dio dictamen favorable a un proyecto de ley que establece la libre navegación en plataformas educativas, con el fin de garantizar la educación digital en todo el país.

La iniciativa tiene como objetivo garantizar “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas estatales y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa”.

El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación, la que “en virtud de la condición de servicio público en competencia de los servicios TIC, previa solicitud e informe del Ministerio de Educación, determinará periódicamente las plataformas educativas estatales a las que se garantizará el acceso y la navegación gratuitos a través de dispositivos móviles, en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo”.

También, “en caso de corresponder, precisará protocolos que establezcan las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación” de lo dispuesto por la ley, “a cuyos fines recabará información técnica y operativa con los Prestadores de Servicios de TIC”.

En caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos -como establece el artículo 109 de la Ley de Educación Nacional, modificado este año-, la autoridad de aplicación “establecerá programas específicos concertados con el Ministerio de Educación para procurar, a los fines allí previstos, la provisión de recursos tecnológicos y conectividad”.

Además, el texto prevé que “en la implementación de programas de desarrollo de infraestructura, se priorizarán los proyectos que tengan como finalidad la conexión de las instituciones educativas -en coordinación con el Ministerio de Educación- y de organizaciones sociales o comunitarias, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”.

“La autoridad de aplicación fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos -en coordinación con el Ministerio de Educación-, oficinas estatales, organizaciones sociales o comunitarias en los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país”, agrega el proyecto.

Con el objetivo de garantizar el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet para plataformas educativas y sitios web con finalidad pedagógica, diputados del oficialismo y la oposición consensuaron un proyecto que se debatió este martes en las comisiones de Comunicaciones e Informática y Educación de la Cámara de Diputados.

Si bien parecía acordado que se iba a firmar el dictamen, un pedido del ENACOM, que espera el guiño del Poder Ejecutivo, obligó a un cuarto intermedio a la espera de acordar detalles.

Juntos por el Cambio reclamó que ya se habían llevado a cabo reuniones informativas con representantes del organismo, pero el Frente de Todos insistió en aguardar la respuesta.

El titular de la Comisión de Comunicaciones e Informática, Pablo Carro, reveló hacia el final, cuando se encaminaba a la votación, que durante la reunión había conversado con el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, quien le transmitió que “les gustaría antes de dictaminar poder revisar el proyecto”.

“Para que esto pueda avanzar necesitamos tener un acuerdo amplio. No tiene sentido que dictaminemos y luego el proyecto no avance”, agregó el diputado, que afirmó que la próxima reunión podría ser también con la otra comisión a la que tiene giro la iniciativa, la de Presupuesto y Hacienda.

Al comienzo del encuentro, el cordobés Pablo Carro (FdT) sostuvo que “garantizar la gratuidad del tráfico de información de estos sitios es un aspecto clave para poder garantizar el acceso al conocimiento y a todos derechos básicos que están establecidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales, como son los derechos a la educación y a la comunicación”.

En tanto, la entrerriana Blanca Osuna (FdT) señaló que la pandemia trajo aparejado un “impacto negativo” en varios alumnos, en relación a “las dificultades en materia de conectividad”.

En ese sentido, la oficialista aseguró que según “diferentes estudios y encuestas” el problema en el acceso a la conectividad traerá “consecuencias” en “las condiciones personales y futuras de los alumnos”.

Además, celebró que “se deje plasmada la prioridad educativa” a través de una ley.

Por su parte, la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) remarcó que la iniciativa tiene “una mirada puesta en intentar eliminar la brecha educativa que quedó en evidencia en esta pandemia, respecto a los temas que tienen que ver con la conectividad y acceso a los dispositivos”.

La macrista destacó que en este debate “no importan las banderas partidarias” y repasó datos del Ministerio de Educación y UNICEF sobre esta realidad. “Hoy, menos de la mitad de los chicos cuenta con acceso fijo de buena calidad a una señal de Internet. Tres de cada diez hogares no tienen acceso fijo a Internet y más de la mitad no cuenta con una computadora liberada para uso educativo”, enumeró.

“Es una responsabilidad del Poder Ejecutivo garantizar el acceso”, agregó Morales Gorleri, al tiempo que subrayó que “estas herramientas vinieron para quedarse”.

A su turno, la radical Karina Banfi resaltó la necesidad de abogar por que los programas estimados en el Presupuesto, relacionados a conectividad, “tengan foco en materia educativa”, ya que es una “responsabilidad que tiene que asumir el Estado”.

También exhortó al oficialismo a “pedirle al ENACOM que reglamente el DNU” que declaró a Internet como servicio esencial. “Están en un debate con las empresas, todavía estamos en veremos con esa situación”, apuntó y consideró que las empresas necesitan tener “seguridad jurídica” para poder “contar con ellas en este aporte”.

Durante el debate, el oficialista Itaí Hagman expresó que “la pandemia no hizo otra cosa que visibilizar y profundizar la desigualdad” educativa, por eso “el Estado tiene la obligación de intervenir”. “El acceso a Internet y educación a distancia requiere de políticas públicas”, añadió.

Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá reconoció la “preocupación común” por la problemática, pero manifestó: “Estamos discutiendo un tema tardíamente. Para respuesta estatal, un poquito demorada como mínimo”.

Además, la legisladora opinó que el acceso gratuito debería facilitar “la conexión entre las partes”, en referencia a docentes y alumnos, algo que “muchas veces no se puede dar a través de las plataformas” y, en su mayoría, durante la pandemia se realizó mediante Whatsapp. Y pidió que la aplicación de esta ley se realice “sin ningún tipo de subsidios ni resarcimiento a las empresas”.

Qué prevé la iniciativa

El proyecto tiene como objetivo garantizar “el acceso y la navegación gratuita por servicios de Internet, a través de dispositivos móviles, para plataformas educativas y sitios web con fines pedagógicos del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades, como política de promoción de la igualdad educativa”.

El Poder Ejecutivo, que será la autoridad de aplicación, será el encargado de confeccionar el listado anual de las plataformas y sitios web “en condiciones de igualdad y sin admitir discriminaciones de ningún tipo”. Asimismo, “en consulta con los proveedores de servicios TIC, precisará un protocolo que establezca las condiciones técnicas y de ciberseguridad para una efectiva implementación”.

La iniciativa indica que “en situaciones excepcionales de emergencia nacional sanitaria, o cuando la escolaridad presencial -total o parcial- sea inviable, por razones de fuerza mayor”, el Poder Ejecutivo “establecerá programas específicos y concertados con el Ministerio de Educación que garanticen recursos tecnológicos y capacidades de conectividad para estudiantes y docentes que coadyuven a la igualdad educativa con condiciones de calidad”.

Además, se incorpora el artículo 25 bis a la Ley 27.078 (Argentina Digital), estableciendo que “en la aplicación del Fondo Fiduciario de Servicio Universal se priorizará la implementación de programas de desarrollo de infraestructura que tengan como finalidad asegurar la conexión de las instituciones educativas y las organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, en especial aquellas que se encuentren en zonas rurales o áreas relevadas en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)”.

“La autoridad de aplicación (aquí se refiere al ENACOM) fortalecerá el despliegue de puntos de conectividad y recarga de energía para dispositivos móviles, de acceso gratuito, que funcionarán en establecimientos educativos, oficinas públicas, organizaciones sociales o comunitarias, que cuenten con convenios con el Ministerio de Educación de la Nación y/o jurisdiccionales, y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, privilegiando su financiamiento a través de Programas que utilicen el Fondo Fiduciario de Servicio Universal”, agrega.

El Senado dio media sanción por unanimidad a una iniciativa que busca mejorar la información para los usuarios de telefonía móvil, ordenando a las empresas prestadoras que precisen con detalles el alcance de la cobertura, a fin de que los habitantes de localidades del interior del país puedan decidir sobre la contratación.

El proyecto, impulsado por el senador pampeano Juan Carlos Marino (UCR), incorpora el artículo 55 bis a la Ley 27.078 -Argentina Digital-, que indica que “en los contratos de prestación, los licenciatarios del servicio de telefonía móvil deberán detallar todas las localidades en que presten el servicio y el alcance de la cobertura en cada una de ellas”.

Asimismo, dispone que “en relación al servicio de acceso a internet, deben informar la velocidad de bajada y subida, latencia, fluctuaciones y estabilidad de la línea en cada área”.

Cabe aclarar que la publicación de esta información en las páginas web oficiales no reemplazará lo dispuesto por este nuevo artículo.

#Senado Media sanción para el proyecto de mi autoría que obliga a las empresas prestadoras de telefonía móvil a informar de forma clara y en el momento en que contratamos, qué calidad de servicio se comprometen a brindar. ¿Por qué es importante? Abro hilo 👇

— Juan Carlos Marino (@Juancmarino) October 15, 2020

Marino precisó que “según el INDEC 84 de cada 100 argentinos utilizan este servicio, y en épocas de pandemia presuponemos que se ha ampliado”.

“En muchos hogares la telefonía móvil es la única vía para poder tener acceso a Internet, y en muchos casos el servicio es precario”, lamentó, y a esto sumó que la información “brilla por su ausencia” en los sitios web de las compañías.

El senador explicó que se busca “traer tranquilidad a las personas que van a comprar teléfonos móviles”, sobre todo aquellas que residen en el interior del país, que corren el riesgo de no poder utilizarlos porque la conectividad no llega a sus localidades.

El salteño Juan Carlos Romero acompañó la iniciativa, pero advirtió que “con este proyecto valioso no terminamos con el problema generado por la falta de inversión, control y la presión de estas empresas que tanto alejan a los argentinos de vivir comunicados como debería ser”.

Por su parte, el titular de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, adelantó que se está trabajando en una propuesta para mejorar la conectividad en todo el país, y destacó que “el derecho a información es un derecho fundamental a tener en cuenta cuando hablamos de usuarios”.

“La telefonía móvil, es, para muchos, la única herramienta posible para acceder a un aula virtual”, ejemplificó, y reconoció que “la conectividad no está a la altura de las circunstancias y de lo que demanda este extenso territorio”.

Tras una acalorada discusión, diputados de la Comisión de Educación acordaron avanzar antes de fin de año con un proyecto de ley para promover la continuidad de las trayectorias educativas e impulsar la conectividad, pensando en la post-pandemia.

Durante la reunión, presidida por Blanca Osuna (Frente de Todos), el interbloque Juntos por el Cambio pidió apurar el dictamen dado que el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de los despachos.

Sin embargo, el Frente de Todos consideró necesario convocar a funcionarios, especialistas y representantes del sector docente y el alumnado antes de dictaminar.

“Hay una alta responsabilidad del Estado y de nosotros como representantes de un órgano fundamental de la democracia argentina. En ese marco es que comenzamos a analizar distintas líneas para brindar un aporte legislativo”, indicó Osuna.

El proyecto en debate apunta a crear un programa de atención integral de las problemáticas socioeducativas relacionadas con factores sociales, económicos y culturales, que afectan las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa busca promover la continuidad de su trayectoria escolar y garantizar la terminalidad de los estudios del nivel secundario, incluyendo además un capítulo destinado a la conectividad.

La vicepresidenta de la comisión, Victoria Morales Gorleri (Pro), explicó que “esta ley tiene que ver con pensar más allá de la pandemia”. “Necesitamos una herramienta concreta que apunte a las trayectorias educativas discontinuas”, sostuvo.

La radical Brenda Austin -autora de un proyecto para declarar la emergencia educativa- pidió que el proyecto “no sea solo una manifestación de buenos deseos” sino una “norma operativa”, y advirtió sobre el riesgo de dilatar el debate con la citación a invitados.

En el mismo sentido se expresó Enrique Estévez. “Estamos frente a una situación urgente. Estamos en condiciones de dar una señal”, dijo el diputado del Partido Socialista.

Más duro fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien criticó que ahora se pretenda escuchar a los actores involucrados cuando “el ministro de Educación tomó durante seis meses decisiones unitarias y centralistas”.

Desde el oficialismo, Hugo Yasky aseguró que si no se escucha al sector, “corremos el riesgo de que el proyecto sea solo un papel escrito”, mientras que Patricia Mounier, dirigente de SADOP, coincidió que “es soberbio pensar que conocemos todo lo que ocurre en el sistema educativo”.

Funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron este martes sobre el Plan Nacional de Conectividad “Conectar”, durante una videoconferencia de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presidida por el senador Alfredo Luenzo (Frente de Todos).

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom; el subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Martín Olmos; el presidente de ARSAT, Néstor Pablo Tognetti; y el coordinador del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Gonzalo Carbajal.

Al iniciar la reunión, Malcom explicó que “la lógica que subyace a la implementación del Plan tiene que ver con seguir potenciando el acceso y la universalización de determinados servicios de tecnología de la información y la comunicación”.

La funcionaria sostuvo que “el Plan Conectar está centrado en la tecnología, la inclusión y la conectividad”, y “es un Plan a mediano y largo plazo que implica la inversión que ya se inició durante 2020 en el inicio de la gestión, y que se va a continuar los próximos tres años”.

Asimismo, informó que el Plan tiene, en términos de inversión, cuatro grandes ejes, el primero de los cuales está relacionado con “restablecer el servicio de Televisión Digital Abierta (TDA)”.

“El segundo eje de inversión está vinculado con el Centro Nacional de Datos. Estamos trabajando fuertemente para poder establecer una nube del Estado: invertir en infraestructura, dotar al Estado de herramientas de gestión de última generación, restablecer soluciones integrales, seguras y transparentes”, agregó.

Luego hizo alusión a la Red Federal de Fibra Óptica, detallando que “la penetración de internet está rondando un 65% en todo el país”, y si bien “falta llegar a muchos hogares, en términos de redes estatales es la más importante de América Latina”.

Por último, Malcolm resaltó que “el Plan Satelital Geoestacionario Argentino implica no solamente retomar una lógica de ampliación de accesos y reducción de brechas”, sino también “seguir apostando a la producción nacional y local de tecnología de punta”.

A continuación, Olmos subrayó que “la implementación del Plan tiene que estar fuertemente articulada con las provincias” e informó que ya se firmaron tres convenios marco con Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego.

Por su parte, Tognetti explicó que “hay muchos lugares, particularmente lugares alejados de la fibra, donde sería muy costoso o a veces complicado llegar por medios terrestres”, por lo que “el satélite es el medio más idóneo, y a costos muy razonables puede llevar internet a sitios rurales”.

Por último, Carbajal puso de relieve que “la manera de universalización de servicios que plantea la Televisión Digital nos permite crecer en el piso de canales de televisión disponibles para los ciudadanos de la Argentina”.

“La Televisión Digital Abierta arranca con un piso, para quienes tienen la cobertura terrestre hoy, de 16 canales de televisión. La cobertura que hoy tiene el sistema llega al 82% de la población”, precisó Carbajal.

La confrontación entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de los 6.500 niños que, por carecer de conectividad y equipamiento tecnológico, están desvinculados de sus maestros desde la segunda quincena de marzo, ilustra la Argentina indeseable a la que nos están condenando.

No se alcanza a entender cómo conciben a la declamada “justicia social” y su opción por los humildes, también retóricamente alegada. Si existe una oportunidad para probar que esas posturas son sinceras es esta de los 6.500 pequeños (ex) alumnos. Si se los margina del aula –física o virtual– en los hechos están reconociendo que desprecian no sólo la igualdad de oportunidades, sino literalmente la igualdad a secas. Es la confesión ficta de que no les interesa el destino común, otro de los eslóganes con los que nos han abrumado por décadas, Porque, ¿de qué destino compartido puede hablarse si se deseduca y se degrada a nuestra población? El único “destino” será “sálvese quien pueda”. En rigor, los adalides de los derechos colectivos y de las frondosas “políticas públicas”, del dirigismo estatista, en la práctica están induciendo al quiebre de los vínculos sociales básicos y promoviendo el individualismo explícito. Por eso cada día son más los argentinos –sobre todo jóvenes– que tienen como principal aspiración irse, aunque sea a lavar platos y copas en el más recóndito sitio del más lejano lugar. Prefieren esa alternativa a sobrevivir en una comarca ex nacional –porque al no tener un fin que nos una dejamos de ser una nación, siguiendo la genial definición de Ernest Renán– que se debate entre la mediocridad y la persistente decadencia, sin estadistas a la vista y, especialmente, sin el más elemental patriotismo.

Los gobernantes no pueden vacilar en cuestiones como la educación. Los genuinos maestros tampoco. Se detectaron en la Ciudad más rica del país 6.500 chicos olvidados, perdidos, desligados de cualquier aula ¿Imaginamos cuántos sufrirán igual o peor situación en el interior santiagueño, en la zona chaqueña de Salta, en el oeste del Chaco o Formosa?

Si se pudo, con resguardos y prevenciones, habilitar a los supermercados, ¿cuál es el motivo para que no se haya dispuesto desde el primer día del aislamiento obligatorio que por lo menos todos los estudiantes tendrían una jornada presencial por semana, de forma de mantener contacto con sus maestros? Con esa modalidad la presencia en la sala escolar sería como máximo de siete educandos. Si se admitiese sólo a un padre concurrir a llevarlos y buscarlos –si se tratase de niños-, ¿dónde estaría el peligro virósico? ¿Alguien puede explicar el motivo para que miles de cajeras asistan regularmente a sus labores en estos 160 larguísimos días de parálisis, pero millares de maestros permanezcan en sus casas?

Lo más patético de la Argentina de estos tiempos es la igualación hacia abajo. Todos empobrecidos, pero eso sí, “iguales”. Por eso se oye cada vez más el estrafalario reproche al mérito y al esfuerzo. Se les enrostra a los meritorios que propenden a la desigualdad ¡Habráse visto peor (des) concepto! El mérito, la calidad es un gran valor individual y social. A más abundancia de mérito, mejor sociedad.

En estos días se ha iniciado el proceso para la reapertura de los casinos con la posibilidad de que se asista presencialmente. Seguramente los ingresos brutos que dejan de recaudar las administraciones provinciales tienen una incidencia decisiva en esa rehabilitación. Ergo, como las escuelas no ayudan a la recaudación tributaria, postergan el reinicio de las clases. No obstante, habría una esperanza si los gobernantes asocian el tributo por los ingresos “brutos” con los “brutos” que está generando esta deseducación. Quizás reflexionen y entre “brutos” se entiendan…

No puede ser que la educación esté cerrada. Es como ocluir al futuro. Es sentenciarnos definitivamente al atraso y también a la más sombría perspectiva de desocialización.

Decían que Educación debía ser un Ministerio y no una Secretaría de Estado. Pero, ¿insisten en creer que un asunto tan monumentalmente relevante depende del rango burocrático de su administración? ¡Vayan a la sustancia! ¡Salven a la educación para que retorne a su señorial maestría! Para que nos haga de nuevo una Nación con porvenir.

*Diputado nacional de Unir-Juntos por el Cambio

Legisladores de las comisiones de Educación y de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja nacional se reunieron este jueves para abordar distintos proyectos y propuestas sobre conectividad, brecha digital y educación. Participaron autoridades de Educar, Enacom y de Jefatura de Gabinete. El encuentro fue encabezado por la legisladora entrerriana Blanca Osuna y por el cordobés Pablo Carro, presidentes de las comisiones. Hay 19 proyectos sobre la temática.  

“La convocatoria estuvo relacionada a una fuerte necesidad, que cobró otra relevancia durante la pandemia, que es el acceso a la conectividad e internet”, precisó la diputada Osuna, presidenta de la comisión de Educación. Recordó la importancia de “la modificación del artículo 109 de la Ley Nacional de Educación, a partir de la cual se incorporó la apertura para que, en el marco de la educación obligatoria, puedan usarse herramientas vinculadas a la educación a distancia como soporte”.  

El encuentro entre las comisiones de Educación y Comunicaciones e Informática, de la Cámara de Diputados de la Nación, se enmarcó en distintas instancias informativas y de intercambios, con la presencia de distintos referentes del Ejecutivo nacional, en el marco de ejes que abarcan la conectividad, la educación, la brecha digital y los derechos humanos. La reunión, iniciada a las 11, contó con la presencia del subsecretario de la Información y las Comunicaciones de Jefatura de Gabinete, Martín Olmos; la gerenta general de Educ.ar S.E, Laura Marés; y el integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, Gonzalo Quilodrán. 

Osuna realizó un repaso por los aportes en modificaciones de leyes y avances de proyectos, construidos con el trabajo de las comisiones. Valoró, entre otros frentes, “la aprobación de la ley de teletrabajo, en materia de regulación de la actividad laboral y que tuvo dictamen en el Senado”. Sobre el trabajo de ambas comisiones, puntualizó el “trabajo codo a codo” de Educación, con el diputado Pablo Carro, que preside Comunicaciones e Informática. “Recibimos 19 proyectos vinculados a esta temática, de los cuales siete son proyectos de ley. Da cuenta, como volumen de propuestas, de la preocupación de legisladoras y legisladores, y de la fuerte voluntad de avanzar en ejes que posibiliten, como políticas de estado, el acceso a internet como derecho”, remarcó la diputada nacional del Frente Todos.  

Las intervenciones  

“En particular, a partir del 2003, se empezó a trabajar en la campaña de actualización digital, que fue el momento en que se inició a hablar de estos temas. Pocos años después, vino el Programa Conectar Igualdad, que era una computadora para cada estudiante y que tuvo mucho impacto en el sistema educativo y en las vidas cotidianas, porque en muchas casas fue la primera computadora que tuvieron”, repasó Laura Marés, gerente general de Educar, en el encuentro de las comisiones, sobre las últimas dos décadas y el surgimiento de debates que dan bases a los diálogos y las necesidades actuales.  

“Seguimos creyendo, con el ministro Trotta, que el uso de la tecnología es un derecho y que la computadora es una herramienta fundamental para el aprendizaje, para la recreación, para la familia y para el descubrimiento de procesos creativos. El desafío es retomar las mejores prácticas y avanzar en políticas fundamentales para acompañar esta nueva etapa”, describió la funcionaria. Se explayó en los desafíos, en completar la conectividad de las escuelas del país y conformar una plataforma de aulas virtuales.  

Por su parte, Gonzalo Quilodrán, integrante del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), valoró la instancia, mencionó el trabajo de los últimos meses y puntualizó sobre la hoja de ruta que incluye a Educar, Arsat, Secretaría de Innovación y distintos actores institucionales. “Encontramos una Argentina muy desigual, en términos de conectividad”, diagnosticó.  

“Tenemos claras las prioridades sobre arrancar por aquellos lugares donde nunca hubo oportunidad ni acceso al servicio de internet o telefonía móvil, para dar respuestas a cuestiones vinculadas a la educación y el derecho de su ejercicio”, especificó. “En el último directorio trabajamos en una serie de programas destinados a focalizar en algunas áreas específicas, de mayor urgencia, el despliegue de nuestros esfuerzos técnicos y financieros, para dotar de conectividad a instituciones públicas, corredores viales y barrios populares”, profundizó Quilodrán.  

Por último, Martín Olmos, subsecretario de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Jefatura de Gabinete remarcó que “sin conectividad es difícil que muchos derechos básicos tengan cumplimiento efectivo” y puntualizó que esta nueva etapa transformó la urgencia transversal de estos derechos”.”, remarcó la Diputada nacional del Frente Todos.

La diputada nacional Blanca Osuna elaboró un proyecto para abordar las deudas estructurales de acceso a la conectividad, con prioridad en las zonas rurales y urbanas más vulneradas. La iniciativa, presentado por su par cordobés Pablo Carro, restituye atribuciones a la Enacom, establece otras fuentes de financiamiento y recupera los objetivos de Conectar Igualdad y Argentina Conectada. 

La legisladora señala que la conectividad “aparece como una problemática estructural de la agenda ciudadana”, requerida por muchos años y acrecentada por la situación de pandemia mundial que obligó a una virtualidad más cotidiana y habitual. “Las dificultades de infraestructura y las desigualdades geográficas y sociales, obstaculizaron históricamente el acceso y la garantía de derechos”, indicó. 

La iniciativa legislativa garantiza el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital, como “derecho humano de carácter universal”, de conformidad a lo establecido en el art. 2 de la Ley 27.078. El texto aporta políticas públicas hacia la cobertura geográfica, la accesibilidad a todas la comunidades urbanas y rurales, con especial prioridad en estudiantes, educadoras y educadores del sistema educativo, la inclusión digital desde una perspectiva de derechos humanos y la fijación de costos racionales. “La salida de la pandemia Covid 19 ha intensificado y priorizado la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con calidad de servicio, tarifas justas y razonables”, explicó Osuna. 

En este sentido, precisó que “las actividades de la vida diaria, la educación en todos sus niveles y formatos, el trabajo y la producción, la creatividad y la producción de contenidos, los servicios de salud, seguridad, justicia y la administración pública en general, llevan a que cada argentina y argentino, desde temprana edad, en cualquier lugar de nuestro extenso país, deba conectarse al mundo digital”. Destacó que el Estado tiene “la responsabilidad de garantizar ese vínculo desde la niñez y de generar políticas públicas que busquen el acceso equitativo, justo e igualitario”. 

El plan define la conectividad como un derecho humano y determina como prioritarios los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones; las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social; los estudiantes y docentes ubicados en áreas rurales, urbanas o periurbanas con dificultades para la garantía de recursos tecnológicos y de conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad; y el despliegue de puntos de wi fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad. 

La propuesta legislativa también restituye atribuciones al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), construye nuevas fuentes de financiamiento para los ejes planificados a corto y largo plazo, y retoma las pautas de Argentina Conectada y Conectar Igualdad. “Las Tecnologías de Información y Comunicación representan nítidamente hoy no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información, al entretenimiento, sino que constituyen un punto de referencia para la construcción del desarrollo económico y social”. afirmó al respecto Osuna. 

“Sabemos que esta herramienta, de producción colectiva, es fundamental para estos tiempos, pero también para repensar las agendas inmediatas de nuestra sociedad. El acceso igualitario y equitativo a la conectividad es uno de ellos, como uno de los ejes que avanzan en el bienestar de la sociedad y que repara asignaturas pendientes en materia de políticas de estado”, finalizó la diputada.

En el Día Internacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, Alfredo Luenzo remarcó “el desafío que tiene la Argentina en materia de conectividad”, ya que “tenemos una cobertura con inequidad, con una tarifa de amplia dispersión, que se vuelve más y más cara a medida que nos alejamos de la grandes ciudades”.

Por ello, Luenzo exhortó a “analizar el tema tarifario en materia de comunicaciones” y al mismo tiempo “establecer una cobertura mínima a nivel nacional que garantice un piso de calidad, de servicio y de valor económico”.

“Sería importante establecer un servicio básico y único a nivel nacional, que tenga tarifa diferencial y plana y que aplique para los servicios de Telefonía Móvil, Internet y la TV” con el objetivo de “garantizar en todo el país un piso de cobertura con precios equitativos”.

Junto a esta búsqueda para “unificar a nivel nacional una tarifa y una cobertura básica de conectividad”, Luenzo exhortó a “evaluar la implementación de una tarifa social o un paquete de datos asociados a la AUH” ya que “el 60% de los usuarios de telefonía móvil usan el sistema prepago, que es el más caro y que concentra a los sectores con menos recursos”.

Tarifa plana para garantizar la conectividad

En este marco, el chubutense, que además es el vicepresidente de la Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y Telecomunicaciones del Congreso de la Nación, propuso usar “un esquema que está vigente actualmente durante la pandemia y que fue consensuado entre el sector público y el privado” para garantizar el servicio elemental a través de una tarifa plana, diferencial y específica.

Se trata de la estructura de Servicio Reducido que fijó el gobierno nacional en el marco del DNU que imposibilitó temporalmente la interrupción de los servicios de comunicación por falta de pago o mora (Decreto 260/20).

Este Servicio Reducido fue diseñado por el Ministerio de Desarrollo y quedó estipulado de la siguiente forma: un servicio de Navegación de Internet de al menos 2 mb/s; en el caso de la TV, un paquete de 15 canales (incluyendo 1 infantil y al menos 3 de noticias); para telefonía fija 300 minutos para efectuar llamadas locales y de larga distancia nacional; y finalmente para la telefonía celular incorporar la mensajería instantánea, 300 SMS, 100 a 300 minutos de voz dentro de la red y 50 fuera, y navegación para sitios públicos y educativos sin costo.

Para el senador nacional por Chubut, “volcar este Servicio Reducido en una tarifa plana o diferencial a nivel nacional puede ser una gran herramienta para establecer un valor de referencia de precio y de servicio en todo el país”.

En ese sentido, afirmó que “producto de las asimetrías que tiene nuestro país, los consumidores en muchas provincias están cuestionando el tema del servicio y el tema de la suba de precios en el interior respecto a los grandes centros urbanos”.

En esa línea, remarcó por ejemplo el planteo que están llevando adelante las sociedades intermedias de defensa de los consumidores por la suba de precios durante la pandemia o el caso concreto del Observatorio Argentinos por la Educación que pidió que las empresas faciliten el acceso a internet de alumnos y docentes para que puedan ingresar a las plataformas educativas.

Por este motivo, Luenzo estimó necesario “avanzar en esquemas tarifarios específicos para garantizar la conectividad en todo el país”.