Se trata de establecer un Observatorio sobre Conflicto de Intereses en la función legislativa, con el objetivo de identificar, analizar y transparentar posibles incompatibilidades en el accionar de los diputados durante el tratamiento y votación de leyes.
La diputada nacional Mónica Frade impulsa la creación de un Observatorio sobre Conflicto de Intereses en la función legislativa, un órgano que funcionaría en el ámbito de la Cámara de Diputados con el objetivo de detectar, analizar y comunicar situaciones en las que los intereses privados de los legisladores puedan interferir con el interés público durante el proceso de formación y sanción de las leyes.
La iniciativa, presentada como proyecto de resolución, se apoya en los compromisos asumidos por el Estado argentino en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Según el texto, el observatorio dependería directamente de la Presidencia de la Cámara baja y tendría como misión central fortalecer la transparencia y la integridad del trabajo parlamentario.
El proyecto define que existe conflicto de intereses cuando, en el tratamiento de un proyecto de ley, concurren simultáneamente el interés público y un interés particular del diputado, sea o no de carácter económico, y aclara que se trata de una situación objetiva, independiente de la intención del legislador. También distingue entre conflictos reales y potenciales, en función de si la colisión de intereses es directa y actual o eventual.
Entre sus principales atribuciones, el observatorio podría intimar a los diputados a informar antecedentes laborales, profesionales o societarios vinculados con empresas proveedoras del Estado o actividades reguladas, además de controlar y analizar las declaraciones juradas patrimoniales en relación con los proyectos legislativos en tratamiento. Sobre esa base, estaría facultado para elaborar informes de conflicto de intereses, identificando al legislador involucrado y recomendando su abstención de intervenir o votar, conforme a lo previsto en la legislación vigente.
El proyecto establece además que esos informes deberán ser emitidos de manera concomitante al tratamiento de las iniciativas, tanto en comisión como en el recinto, y notificados al diputado involucrado, a las autoridades de las comisiones correspondientes y a la Comisión de Labor Parlamentaria. También prevé su incorporación al orden del día de las sesiones, a fin de garantizar publicidad y control institucional.
La conducción del observatorio quedaría a cargo de un director general con dedicación exclusiva, seleccionado por concurso público de oposición y antecedentes, con mandato de cinco años y posibilidad de reelección. El comité evaluador estaría integrado por autoridades de la Cámara, representantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Oficina de Anticorrupción y de entidades profesionales de abogados y ciencias económicas.
En los fundamentos, Frade sostiene que la ética en el ejercicio de la función pública no solo constituye un deber de los funcionarios, sino un derecho de la ciudadanía, y advierte que la falta de controles claros sobre los conflictos de intereses erosiona la calidad institucional y la confianza pública. En ese sentido, remarca que la transparencia en el proceso legislativo resulta clave para prevenir decisiones viciadas de origen y fortalecer la legitimidad del Congreso.
La iniciativa cuenta con la firma de diputados de distintos bloques y retoma un proyecto presentado en el período anterior. Su tratamiento abrirá un nuevo debate sobre los mecanismos de control interno del Poder Legislativo y el alcance de las herramientas preventivas frente a posibles incompatibilidades en la tarea parlamentaria.
La diputada de Hacemos Coalición Federal señaló que tomó como base “algunos temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados”.
En el marco de los debates sobre el rol del Congreso y la necesidad de construir consensos sobre aquellos temas que contribuyan a un programa de crecimiento y desarrollo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) presentó un conjunto de proyectos de apoyo y fomento a las pequeñas y medianas empresas.
“Se han tomado de base algunos de los temas que habían sido propuestos por el Poder Ejecutivo y que han sido adaptados para que su implementación no esté solamente dirigida a promover incentivos para las grandes inversiones, sino que deberían, prioritariamente, ayudar a empresas nacionales pequeñas y medianas, que generan puestos de trabajo y agregan valor”, sostuvo.
Atendiendo al objetivo de modernización, digitalización y mayor eficiencia en el Estado, se propone crear una Cuenta Corriente Única Fiscal (CCUF) para todos los contribuyentes que cuenten con CUIT y tiene por objeto evitar que deban cumplir obligaciones de pago ante la AFIP cuando al mismo tiempo son acreedores de saldos ante ese mismo ente recaudador. Se trata de compensar créditos y débitos de los contribuyentes con la AFIP, facilitando el cumplimiento fiscal, evitando moras, recargos o deudas acumuladas. “Garantiza un mecanismo más equitativo y justo en el sistema tributario”, aseguró.
Asimismo, en otro proyecto se promueve la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Productivas (RIIP), mediante el cual aquellos que cumplan determinados requisitos y destinen al menos tres cuartas partes de sus ganancias para reinvertir en actividades industriales en el país, recibirán una serie de beneficios impositivos y de tutela y certidumbre por considerar que aportan al interés nacional.
Los objetivos del régimen son: reinversión de utilidades en actividades productivas, promover el desarrollo económico, mejorar y fortalecer la competitividad en distintos sectores económicos, favorecer la creación de empleo, generar condiciones de estabilidad y previsibilidad y crear un vínculo virtuoso entre el sector público y privado.
Por otro lado, el tercer proyecto facilita a un trabajador independiente la posibilidad de asociación con otros trabajadores también independientes para enfrentar dificultades y crear condiciones más favorables para un mercado laboral formal y para el desarrollo de emprendimientos productivos. Se trata de un sistema basado en la autonomía que no crea vínculos de dependencia.
“Debemos apuntar a un Estado más moderno, dinámico, eficiente, que aliente al inversor, lo apoye y facilite su accionar para contribuir a mejorar las condiciones de empleabilidad. Ese Estado también requiere una revisión hacia el interior de su funcionamiento. O sea, deberá asegurar el mejor rendimiento en el marco de la más absoluta transparencia. Para eso se requieren normas y procedimientos que apunten tanto a la prevención, como la reglamentación y sanción de la corrupción y de todas las conductas que puedan afectar la confianza social en las instituciones”, explicó la legisladora.
Además, enfatizó que para ello impulsa “una reforma integral al tema de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos, de tal manera de salvaguardar cualquier duda o sospecha sobre la afectación que el interés público y social cuando quedan enfrentados con los intereses particulares de aquellos que toman las decisiones”.
El proyecto para prevenir, reglamentar y sancionar los conflictos de intereses toma como base la Ley Nacional de Ética Pública (25.188), así como otras normas de la Oficina Anticorrupción y los modelos internacionales relacionados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual la República Argentina es parte.
Define el conflicto de interés como “toda situación en la cual el interés general de la función que se ejerce pudiera verse influido por su interés propio, laboral, profesional, económico o financiero, o el de personas físicas o jurídicas estrechamente vinculadas”.
“Demasiados ejemplos tenemos en el país sobre los abusos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas y de qué manera ello ha afectado la credibilidad pública y el funcionamiento de la democracia. Se trata de restablecer desde la ejemplaridad, un vínculo entre el funcionario político, público y la sociedad basado en la confianza. Para ello, la transparencia no será considerada como un objetivo en sí mismo, pero sí como una cualidad imprescindible de la gestión para el buen gobierno”, subrayó Stolbizer.
La iniciativa de la cívica Victoria Borrego busca que, previo a cada sesión, los legisladores informen si tienen intereses privados respecto de algún proyecto a tratar.
La diputada nacional Victoria Borrego (CC-ARI), acompañada por sus pares de bloque, presentó un proyecto de resolución mediante el que propone incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, para que los legisladores comuniquen en cada sesión, una vez definido el orden del día, si guardan intereses privados con proyectos incluidos en el temario, lo que deberá ser incorporado al Diario de Sesiones.
“Cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.
Además, se indica que "esta información será complementaria a la que se encuentra incluida en las declaraciones juradas que en materia de prevención de conflictos de intereses hoy se limita a las participaciones societarias”.
“La Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deberán cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético, tales como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Además, la ley prevé expresamente que deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, explica el proyecto.
En esa línea, se resalta que "la participación de los diputados en las sesiones es de carácter obligatorio, lo que es un mandato constitucional, y la definición y votación sobre actos de alcance general o definición de políticas públicas no se encuentran alcanzados, en principio, por el deber de excusación, lo que no es óbice para que lo aprobado por la Cámara pueda influir en forma directa sobre los intereses privados del funcionario”.
La iniciativa de la cívica Victoria Borrego busca que, previo a cada sesión, los legisladores informen si tienen intereses privados respecto de algún proyecto a tratar.
La diputada nacional Victoria Borrego (CC-ARI), acompañada por sus pares de bloque, presentó un proyecto de resolución mediante el que propone incorporar un artículo al Reglamento de la Cámara, con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, para que los legisladores comuniquen en cada sesión, una vez definido el orden del día, si guardan intereses privados con proyectos incluidos en el temario, lo que deberá ser incorporado al Diario de Sesiones.
“Cumpliendo con las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de ética pública, es necesario que los diputados informen a la ciudadanía sobre todos aquellos asuntos en que vayan a tomar intervención en una sesión en la que los proyectos debatidos puedan tener un impacto directo sobre sus intereses privados”, sostienen los fundamentos de la iniciativa.
Además, se indica que "esta información será complementaria a la que se encuentra incluida en las declaraciones juradas que en materia de prevención de conflictos de intereses hoy se limita a las participaciones societarias”.
“La Ley de Ética en el ejercicio de la Función Pública establece que los funcionarios deberán cumplir con deberes y pautas de comportamiento ético, tales como honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana. Además, la ley prevé expresamente que deben velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”, explica el proyecto.
En esa línea, se resalta que "la participación de los diputados en las sesiones es de carácter obligatorio, lo que es un mandato constitucional, y la definición y votación sobre actos de alcance general o definición de políticas públicas no se encuentran alcanzados, en principio, por el deber de excusación, lo que no es óbice para que lo aprobado por la Cámara pueda influir en forma directa sobre los intereses privados del funcionario”.