Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un pedido de informes al Gobierno nacional por el envío de dos aviones militares Hércules C- 130 a Bolivia, en medio de los conflictos sectoriales, bloqueos y pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Según argumentaron en el proyecto, el diputado opositor boliviano Rolando Pacheco (Alianza Popular) denunció públicamente que los aviones Hércules argentinos no estarían transportando ayuda humanitaria sino material para reprimir las movilizaciones.

Además, precisaron que “la represión del gobierno boliviano ya dejó: personas asesinadas a manos de las fuerzas de seguridad, decenas de heridos, algunos con impactos de bala que provocaron pérdida de visión, al menos 47 detenidos al 16 de mayo (Defensoría del Pueblo de Bolivia)”.

“Argentina ya pasó por esto. En noviembre de 2019, el gobierno de Macri envió a Bolivia un Hércules C-130 con el Grupo Alacrán de Gendarmería y, sin manifestación en los registros de embarque, 70.000 cartuchos antitumulto, granadas de gas y otros materiales represivos”, recordaron y sumaron: “Esa carga se entregó a las fuerzas del gobierno golpista de Áñez días antes de las masacres de Sacaba (15/11/2019) y Senkata (19/11/2019). La resolución que autorizó el envío fue firmada por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich — hoy senadora nacional y jefa del bloque oficialista en el Senado”.

En ese sentido, plantearon: “Por eso la sola palabra del gobierno argentino no alcanza. Hace falta documentación, manifiestos de carga verificados, lista de personal embarcado, marco jurídico del operativo. Eso es lo que pedimos”.

Entre los fundamentos, manifestaron que el cuadro se agrava porque el 24 de abril el gobierno de Paz designó como Viceministro de Seguridad Ciudadana al General Rodolfo Montero Torrico, que era Comandante General de la Policía Boliviana durante las masacres de Sacaba y Senkata de 2019. “Está imputado por la Fiscalía boliviana por genocidio, homicidio y lesiones graves”, precisaron.

“El ciudadano argentino Fernando Cerimedo —segundo donante de la campaña presidencial de Milei en 2023— se desempeña hoy como asesor personal del presidente Paz Pereira, según declaraciones del propio vicepresidente boliviano Edmand Lara”, indicaron.

“La sospecha sobre la verdadera naturaleza del envío crece cuando se contrasta con la indiferencia del gobierno argentino frente a otras emergencias humanitarias reales. Argentina votó por primera vez en su historia a favor del bloqueo a Cuba en la ONU el 30 de octubre de 2025”, expresaron y agregaron: “No dispuso ninguna asistencia humanitaria a la isla, pese a que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos caracterizó la situación cubana como ‘privación energética’ provocada por el bloqueo de combustible de Trump”.

Al respecto, consideraron que “hay elementos suficientes para sospechar que no estamos ante ayuda humanitaria, sino ante un respaldo material a la represión. El gobierno de Milei tiene que dar explicaciones precisas para despejar cualquier duda. No podemos tolerar que el Estado argentino respalde la represión a un pueblo hermano. Es falso que las manifestaciones sean desestabilizadoras, como han planteado Milei y el gobierno estadounidense. Romper el Estado de Derecho es masacrar las movilizaciones e impedir el ejercicio del derecho a la protesta”.

El diputado nacional Jorge Taiana exigió al Gobierno nacional que adopte medidas urgentes para contener el precio del petróleo destinado al consumo interno, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la amenaza de bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte de crudo a nivel global.

A través de un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados, el excanciller solicitó al Poder Ejecutivo que detalle qué acciones preventivas está implementando para evitar que la volatilidad de los precios internacionales se traslade de manera directa al mercado local de hidrocarburos. En particular, reclamó precisiones sobre la existencia de mecanismos de estabilización o medidas cautelares que permitan proteger el abastecimiento interno y amortiguar el impacto sobre los precios de los combustibles.

En el proyecto, Taiana puso el foco en las modificaciones introducidas por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, que reformó artículos centrales de la Ley de Hidrocarburos y eliminó la prioridad del abastecimiento interno a precios compatibles con la economía nacional. Según advirtió, el nuevo marco normativo limita la capacidad del Estado para intervenir en la fijación de precios y prioriza la paridad de exportación, lo que deja al mercado interno expuesto a los vaivenes de un escenario energético global atravesado por la guerra.

El legislador también pidió un análisis detallado sobre los efectos de la desregulación del sector frente a un eventual cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula más del 20 por ciento del petróleo que se transporta en el mundo. En ese sentido, planteó la necesidad de conocer cómo planea el Gobierno mitigar el traslado de precios internacionales al surtidor local, en un contexto en el que el Estado ya no cuenta con las herramientas de intervención directa que tenía antes de la reforma.

Otro de los ejes centrales del pedido de informes está vinculado a la proximidad del invierno y al consecuente aumento estacional de la demanda energética. Taiana solicitó que el Ejecutivo informe cuál es el plan de contingencia previsto para garantizar la provisión de combustibles y de energía eléctrica en todo el país, y si se contemplaron compras anticipadas o mecanismos específicos para cubrir los picos de consumo, o si se confía exclusivamente en la dinámica de un mercado desregulado.

Además, el diputado reclamó que el Ministerio de Economía detalle qué medidas se implementarán para amortiguar el impacto inflacionario de una eventual suba del precio del petróleo. En particular, pidió conocer qué instrumentos alternativos se evalúan para evitar que el aumento de los costos logísticos y de transporte se traslade al índice de precios al consumidor, luego de haberse desarmado los esquemas que permitían desacoplar los valores internos de los internacionales.

En el texto, Taiana sugirió una serie de herramientas posibles, como mecanismos fiscales, fondos de estabilización, administración de retenciones o derechos de exportación, y la fijación de precios internos de referencia. También consultó si el Gobierno mantuvo conversaciones con las empresas productoras y refinadoras, incluida YPF, sobre la evolución de los precios de los combustibles en el mercado interno.

En los fundamentos del proyecto, el legislador remarcó que la Argentina enfrenta una situación paradójica: cuenta con una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo, concentradas en Vaca Muerta, pero al mismo tiempo resignó facultades clave para proteger el mercado interno frente a crisis externas. En ese marco, subrayó la necesidad de transparentar la estrategia oficial para mitigar el impacto de la crisis geopolítica sobre la estabilidad económica y la seguridad de los recursos naturales del país.

Tras un nuevo paro de los trabajadores del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete Guillermo Francos señaló que el conflicto que se plantea “tiene ciertas raíces gremiales” y afirmó que se incrementó el valor de las becas de los residentes.

Al ser consultado por la radical Carolina Losada, el funcionario explicó: “El tema del Garrahan merece varias consideraciones. Sin duda es un hospital de alta complejidad y de una enorme importancia dentro del sistema de salud argentino para todo el país y es un hospital escuela que tiene muchos residentes”.

“Se generó un conflicto, en parte es cierto que las becas es lo que reciben los residentes, no son sueldos. Estaban en un valor bajo, se incrementaron. Pero también es cierto que el conflicto que se plantea tiene otras raíces gremiales, uno de ellos es el incremento de la planta de personal administrativo sucedida en los últimos dos años anteriores a nuestra gestión eran cerca de 500 mil agentes que no tienen nada que ver con el sistema médico”, explicó.

Francos señaló que “la gestión del hospital en un momento se dio cuenta que había muchos agentes que no cumplían ninguna función y, de hecho, ni iban al hospital. Ahí intentaron instalar un sistema biométrico de control y esto generó una discusión de los gremios y, simultáneamente, se abrió una licitación para el control del sistema de seguridad y residuos. Esas licitaciones las venían obteniendo empresas que tenían alguna vinculación con gremios. Cuando se hizo el llamado a licitación abierta se generó todo este problema gremial”.

“Hay que ver las dos caras del Garrahan. No desconozco que, como todos los agentes de la administración, tenemos dificultades, pero no son tan claras y transparentes como parecen. El gobierno incrementó las becas”, manifestó.

Francos sostuvo que “también nos plantearon el tema general de los residentes en los hospitales públicos y privados del país. El sistema de los residentes contempla dos factores, es muy importante para los médicos porque se los capacita para ejercer la especialidad, entonces hay una disputa y menos vacantes en el sistema que solicitantes de residencias. Hay muchos solicitantes de residencias que son médicos recibidos fueras del país, extranjeros”.

“La queja de los residentes argentinos era que, las universidades argentinas son más exigentes que las extranjeras entonces los promedios argentinos son más bajos que los extranjeros que son más flexibles en las universidades. Ahí había un problema porque cuando se seleccionaban a los extranjeros tenían mejor puntaje. Lo modificamos y le dimos prioridad a los argentinos con un puntaje extra para equilibrar el promedio”, explayó.

“No es que no nos ocupamos de los temas. Nos ocupamos, sabemos que hay problemas y no solo en el sistema de salud a cargo del Estado nacional sino en todo el sistema, incluso en hospitales de la Ciudad que tienen más recursos”, cerró.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), recibió a referentes de cámaras empresariales y PyMES del sector pesquero y naval quienes expusieron sobre la situación de crisis que atraviesan, por lo que pidieron un “diálogo sincero” entre las partes para arribar a un acuerdo.

El primer expositor, Eduardo Boiero de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA) sostuvo que la situación de la industria “es igual a la que atraviesa el resto de las industrias del país”. “El Gobierno nacional está tratando de controlar la inflación, tipo de cambio, pero para la industria pesquera esta foto es complicada y nos vemos en la situación de reordenar la micro nosotros, con nuestros proveedores y trabajadores. Eso venimos intentando desde hace un tiempo, poner sobre la mesa los números de las pesquerías. No solo pesquería de langostinos está con problemas, sino varias otras y tiene que ver con el reordenamiento de la micro”, manifestó.

“Esto trae situaciones incómodas y de conflicto, pero no vemos otra salida, no tenemos una solución mágica para los problemas y, simplemente, sentarnos en una mesa todos y reorganizar lo que no funciona. Es lo que estamos haciendo de manera informal. No hemos hecho una presentación formal de procedimientos preventivos de crisis. Hemos presentado los números de manera informal a algunos gremios en marzo y, ahora, llevamos los números al Ministerio de Trabajo expusimos los números y la situación y cuál es la salida, pero estamos a la espera de un diálogo constructivo con los sectores de la pesquería”, planteó.

Por su parte, Agustín de la Fuente, de (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CONARPESA y CAPIP) expresó: “No son situaciones para nada cómodas. Generamos para el país más de 2 mil millones de dólares, tenemos un impacto de más de 60 mil puestos de trabajo y de forma indirecta son mucho más y siempre tratamos de encontrar el estándar para ser declarados de economía regional, pero el derrotero de situaciones diarias que vivimos en cada localidad con puerto, tiene más significancia las economías regionales y podemos hablar de un montón de cuestiones que tiene que ver con el sector pesquero nuestro”.

“Nosotros no somos formadores de precios internacionales, nuestra materia es meramente exportadora, culturalmente nuestro consumo interno es mínimo. La solución no viene por el mercado interno, porque culturalmente somos generadores de divisas y tenemos una matriz meramente exportadora”, señaló.

De La Fuente sostuvo: “Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con las matrices exportadores como el tipo de cambio. ¿Cómo hacemos competitivos los puertos? ¿Cómo son las tasas en cada municipio? pero la cadena productiva la componemos entre todos trabajadores, empresas, capital instalado. Hoy vamos en una situación que, si no nos ordenamos internamente, vamos a padecer un montón de situaciones que están hoy con otras matrices productivas”.

“Cabe aclarar que nosotros todavía tenemos toda nuestra capacidad instalada trabajando sin haber despedido un solo trabajador. Pero me parece que da pie para que discutamos cuestiones de adecuación, a que las condiciones no las ponemos nosotros. En un montón de cuestiones estamos operativamente fuera de la foto de costos y necesitamos actualizar condiciones que están antiguas a jornadas”, exigió.

Así, afirmó: “Sabemos que esta es una reunión informativa, no venimos a pedir nada porque también surge de la situación de que un montón de discusiones tributarias, cuestiones de derechos de exportación que paga el sector pesquero creo que con la Ley Bases ya dimos la discusión”.

“Pero hoy me parece que necesitamos ordenar esos convenios colectivos o esos acuerdos que hemos tenido hace muchos años para poder seguir trabajando. Obviamente de nuestra parte, de todas las cámaras hacemos hincapié en que el único camino es el diálogo, que el único camino es la sinceridad, que nosotros podemos tener sobre una matriz productiva impacta en nuestras familias, que vemos muchos trabajadores en nuestras plantas, en nuestros barcos, en cada servicio que generan nuestras provincias y cada puerto que tiene el litoral marítimo”, aseguró.

Así, el representante de CAPIP advirtió: “Si nosotros no informamos un estado de crisis que está al borde de un conflicto, porque la verdad que los conflictos se van a empezar a atender cuando estemos en la calle , cuando todos nos quejemos o cuando nosotros reflejemos todos los días que tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte, entonces este lugar es donde nos venimos a manifestar, dónde venimos a pedir a todo el Parlamento que el único camino es el diálogo para poder seguir trabajando y creo que manifestar eso todos los días es lo que nos va a llevar a ponernos de acuerdo para lograr eso”.

“Somos una matriz productiva mucho más importante que un montón de economías regionales sin quitarle importancia a ninguna, pero creo que desde desconocimiento que hay a nosotros también menos cabe explicar qué significa nuestro sector productivo. Las pesquerías la están pasando mal, todas estas empresas están fundidas, están haciendo un esfuerzo enorme para estar en pie y para que cambien las condiciones, pero me parece que si no ponemos un poco en agenda ésta urgencia vamos a ver muchos conflictos en la calle”, alertó.

“El único camino para lograr acuerdos y seguir trabajando va a ser el diálogo y ser sinceros para que los números sean claros. Los números son fríos, son situaciones incómodas, pero va a ser la única situación para seguir trabajando”.

A su turno, de Continental Armadores de Pesca S.A (Conarpesa), Darío Baroli, afirmó: “Nos interesa que sepan la magnitud que tenemos del problema en la flota langostinera que es un tema de precio”, y explicó: “Cuando se estableció el Convenio Colectivo de Trabajo con la gente de la marinería y la maestranza el precio del langostino era de $12,000 la tonelada promedio de venta en el año 2005 en la actualidad ese mismo langostino hoy vale $5500, o sea que el precio ha decrecido de manera significativa”.

“Nosotros no somos formadores de precio, viene dado de afuera. Entonces lo que buscamos nosotros, de alguna manera con los gremios, con quienes nos hemos reunido estos últimos días, es poder adecuar el precio de venta al precio de las liquidaciones que nosotros estamos pagando hoy”, explayó.

Baroli indicó que “el costo actual es superior al precio de venta, el valor de las tripulaciones en su totalidad llega a ser el 60% del total del precio de venta, cosa que antiguamente era alrededor del 35%. Esa es la situación que nosotros estuvimos viendo con los gremios y no hemos podido ponernos de acuerdo tan siquiera no hemos podido ni discutirlo”.

“Entonces lo que velamos, de alguna manera, es tratar de ver los números que nosotros proponemos, los números reales que tenemos, y poder discutirlos para tratar de tener algún tipo de acuerdo”, propuso y sumó: “Sabemos efectivamente que para los gremios modificar el Convenio Colectivo es sumamente difícil. Yo creo que a nadie nos gusta ganar menos, pero la realidad es que, en esta circunstancia, en esta situación actual se hace muy difícil que los barcos salgan a pescar durante este año”.

“Los buques congeladores tangoneros, que son alrededor de 106 más o menos, hacen alrededor de 100,000 toneladas por año. Este año tan siquiera ni salieron a pescar todavía”.

El referente de Conarpesa pidió “poder discutir todo esto, que los gremios no se escuchen, que vean los números reales para comprobar que es cierto. Esto es una situación circunstancial creemos nosotros, una crisis circunstancial y la situación se atiende con medidas circunstanciales”, y contó que “la gente está parada hace 7 meses prácticamente y si perdemos esta campaña de langostino que son los próximos cuatro meses, vamos a tener otros siete meses parados. Esto quiere decir que prácticamente en 18 meses la gente no va a trabajar”.

“Ese es el principal problema que tenemos después tenemos otros costos que son sumamente importantes también dentro del total que es los estamos trabajando con cada uno de los sectores Los costos portuarios, estiba, proveedores y varias cuestiones más, pero lo principal de todo esto para empezar destrabar la situación es la apertura de una discusión seria y cierta sobre los números que nosotros exponemos”, concluyó.

El presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, Sebastián Agliano, subrayó que “la situación es bastante caótica, nos estamos fundiendo trabajando; no vemos un horizonte promisorio. Los insumos están dolarizados y no vemos ningún beneficio ni bajas en las importaciones, la realidad es esa. Tienen que venir a mojarse las botas para que vean la realidad”.

“Hoy quedamos 13 empresas chicas. Quizás una empresa grande se banca un paro, nosotros no. Nosotros nos fundimos directamente. No tenemos el acceso. Nuestra estructura financiera se desfinancia”, lamentó y comentó que “el 51% del costo es el combustible que lo paga también la gente que trabaja, pese a los gobiernos que pasaron”.

Agliano reflexionó: “Tarde o temprano, si seguimos de esta forma vamos a terminar todos en la calle, con un montón de quebrantos y con los barcos atados”. Además, describió que “la peor situación que le puede pasar a un pescador dueño de una pyme es naufragar en su propio barco”, y antes de concluir, sentenció: “Siento que la pesca en Argentina es mala palabra, fuimos castigados durante toda esta época desde los primeros embates de la Ley Bases, siento que somos la oveja negra de la industria argentina”.

Representando la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT) y de la Unión de Intereses Pesqueros Argentinos (UDIPA), Mariano González, puso en foco en que “a pesar de la caída de los distintos precios de los productos a nivel internacional, el sector empresario ha mantenido los acuerdos salariales que se han firmado en los últimos años respecto a la inflación y a la caída del tipo de cambio”.

“Como sector, llegamos al día de hoy con situaciones claras, donde la pesca está teniendo un problema grave de rentabilidad y eso impacta directamente en la capacidad de competitividad que tienen nuestros productos; con nuestra estructura de costo no podemos seguir trabajando de esta manera”, describió González.

Diego Brandán, subsecretario de Pesca de la provincia de Chubut, consideró que “esta problemática no va a salir adelante si no hay diálogo y consenso entre las partes”. También expuso Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, quien declaró que “estamos de acuerdo de que el problema es de costo, del aumento del derecho único de extracción y del precio del combustible”.

El secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Raúl Durdos, recalcó que “la actividad pesquera en argentina representa un sector que genera muchas divisas para el país y también muchos puestos de trabajo”. En otro aspecto, sostuvo que “la actividad del trabajador marítimo es una de las más riesgosas y difíciles del mundo; este es un país que legisla de espaldas al mar y no podemos ser la variable del ajuste”. “Queremos trabajar en una ley de fomento de la industria pesquera para corregir todo en conjunto”, concluyó.

Pese a que la justicia federal falló a favor de la provincia de Chubut en el marco del conflicto que mantiene con Nación por los Fondos que le fueron recortados por deudas pendientes, y mientras desde el Ejecutivo anticiparon que pedirán un per saltum a la Corte, el senador nacional Pablo Blanco (UCR - Tierra del Fuego) presentó un proyecto para poder destrabar el problema y manifestó: “Todos tenemos que poner de nuestro esfuerzo para un futuro mejor. Necesitamos más propuestas superadoras y menos conflictos espurios”.

La iniciativa propone prorrogar por un año los vencimientos de capital e intereses de las deudas que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantienen con el Estado Nacional en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

Al respecto, señala que la misma regirá a partir de “los vencimientos originales y en las mismas condiciones establecidas en dichos contratos, tanto para la amortización de capital como los servicios de intereses correspondientes”.

En otro artículo, plantea que tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires deben comprometerse a llevar adelante programas de reforma fiscal, financiera, económica o administrativa de los estados provinciales “cuyo principal objetivo consista en la consolidación de la reforma del sector público provincial”, y resalta: “Dichas reformas deberán resultar en la reducción sustancial en términos reales del gasto público primario de las administraciones de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de acompañar el esfuerzo de saneamiento fiscal y ordenamiento macroeconómico llevado adelante por el Gobierno Nacional”.

“Proponemos que los títulos de deuda pública que emitan las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios y comunas queden excluidos de la ley N° 23.928, específicamente en su Art. 7 que dispone que ‘el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley’”, destaca Blanco en su proyecto.

La gravedad del conflicto que involucra a los trabajadores del gremio del neumático con las empresas ha llegado a tal punto que nadie imagina cuál puede llegar a ser la solución y en qué puede desembocar. Por eso la consulta a la diputada nacional Graciela Camaño, quien fue ministra de Trabajo entre 2002 y 2003, en un tiempo que ella misma define como “el momento de mayor conflicto social”, por salir entonces de la crisis de 2001/2002.

Consultada al respecto por Radio Mitre, la legisladora de Identidad Bonaerense se mostró sorprendida frente a “una falta de compromiso de las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en la solución del problema”. Lo dijo a partir de lo que a su juicio debería haber sucedido al prolongarse tanto tiempo el conflicto.

“Cuando usted ve que el tema se le pone difícil, una autoridad superior del ministerio tiene que estar presente” en la negociación. “Me da la impresión que eso no está sucediendo”, señaló la legisladora.

Para Graciela Camaño, “el Ministerio de Trabajo tiene que estar con conflictos que vengan con comisiones obreras de todos los partidos políticos y tiene las herramientas para sacar a flote el conflicto”.

Observó también que 35 audiencias como las que ya se han celebrado sin éxito entre las partes “no hablan de lo malos que son los unos y los otros, sino de lo mal tratado que fue el conflicto”.

Camaño explicó que “ya está escrita la opción que el ministerio tiene que hacer cuando fracasa la conciliación: someter a las partes a un arbitraje voluntario. Se les ofrece a las partes los puntos sobre los que se va a trabajar y el árbitro es el que tiene que generar los acuerdos”.

“Si no hay acuerdo, se lauda”, remarcó, recordando que esto es algo que se ha utilizado, no solo con gobiernos militares, sino también con gobiernos democráticos.

En tal sentido puso como ejemplo el famoso “laudo gastronómico”. En esa oportunidad, “el Ministerio de Trabajo nombra como árbitro a Eva Perón, y ella le propone a las partes una metodología de remuneración a porcentaje”.

“Este problema tiene salida en el Ministerio de Trabajo; no puede tener salida por la excepcionalidad de la importación” de neumáticos. A continuación dijo que hay que preguntarse a quién le conviene el conflicto. “A los trabajadores no”, concluyó Graciela Camaño, a quien le da la impresión de que “acá hay que hacer un esfuerzo más grande para tratar de resolver este conflicto en el ámbito que corresponde”.

La diputada bonaerense remarcó en base a su experiencia que “los conflictos siempre tienen solución, no nos comamos el verso de que no les vemos salida. Hay un manual de procedimiento, pero además una capacidad humana para llevar adelante la búsqueda de resolución del conflicto”.

Por último volvió a criticar la alternativa sugerida desde la cartera de Economía respecto de importar cubiertas: “¿Adónde vas a ir con esto? Además, ¿te van a manejar el tipo de cambio los conflictos de la calle? Hay que poner orden, este conflicto lo tiene que ordenar el Ministerio de Trabajo, para eso es autoridad competente”.

En medio del conflicto militar entre Rusia y Ucrania, el presidente y la vicepresidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri y Karina Banfi, cuestionaron en sus redes sociales la postura del Gobierno nacional en relación al acontecimiento bélico y apuntaron contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por su última gira presidencial en donde se reunió con Vladimir Putin.

“El Gobierno no habla con firmeza cuando Rusia acaba de violar el principio básico sobre el cual se apoyan las Naciones Unidas: la unidad territorial y la soberanía de Ucrania”, denunció el legislador cordobés y apuntó: “Queda en evidencia el error cometido por Alberto Fernández visitando a Putin en pleno acoso a Ucrania”.

En el mismo sentido se pronunció Banfi con una comparación: “Mientras México exhorta a ‘poner fin inmediatamente’ y la Unión Europea propone sanciones contra Rusia por el avance de Putin en Ucrania, la Cancillería argentina expresa ‘preocupación. No es suficiente Santiago Cafiero. La violencia siempre debe ser condenada. Una vez más, son los tibios”.

La diputada nacional Lorena Matzen (UCR – Río Negro) se refirió al conflicto en el sur con las comunidades mapuches y las respuestas por parte de las autoridades nacionales, respecto de lo cual aseguró que “venimos denunciando la complicidad del Gobierno con esta gente violenta” la cual “apareció en 2017 y no es de Río Negro”.

En declaraciones por la AM 1110, Matzen manifestó: “Lo que venimos denunciando es la convivencia, complicidad del Gobierno con esta gente violenta”, y contó que “hemos vivido de una manera peor. Estos grupos no son mapuches, quiero aclarar esto porque tenemos más de 100 comunidades que conviven de forma pacífica que tienen sus derechos y tierras reconocidas”

“Estas personas han aparecido en 2017 gente que no es de Río Negro, captan gente de las comunidades y utilizan como pantalla esto de la reivindicación ancestral, pero en realidad tienen quizás otros motivos que la justicia debería ser más firme en investigar”, indicó la diputada radical.

En este contexto, comparó: “Si cualquiera de nosotros hace lo mismo que ellos, que cuando pasa un auto lo apedrean o queman viviendas públicas y privadas nos meten presos”, y agregó: “A ellos ya no les importa, pero si también viene la presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, y tiene una actitud complaciente con eso”.

“El año pasado hubo una resolución sobre territorios municipales, donde hay un barrio que vive gente trabajadora. Había un mito de que Villa Mascardi era un barrio de ricos y decían que nosotros defendíamos a los ricos, una pavada. Con la resolución del INAI se avasallaban dos barrios. El avasallamiento va sobre todo tipo de bienes”, señaló la legisladora rionegrina.

A su vez, precisó que “hay muchas causas sobre esto, no es de ahora que está en agenda pública, venimos padeciendo esto, atacaron el Obispado de San Isidro, un club, hay una cuestión que se mezcla entre lo ideológico y el delito”.

“Parece que hay gente que tiene coronita ante la justicia, no todos somos iguales ante la ley. La justicia misma ha sido amenazada, una de las fiscales que estaba en las causas había sido agredida y no tenía custodia”, denunció Matzen y añadió: “En Villa Mascardi hay una comunidad que acreditó derechos de pastizales que comprueba claramente la ocupación legal, ellos han sido atacados por esta gente”.

Respecto a los “pasos fronterizos ilegales”, afirmó que “tiene que ver con puntos estratégicos, pero la justicia no lo termina de decir”. Asimismo, la diputada que integra la coalición de JxC subrayó que “hay intereses internacionales porque un paso clandestino te puede dar la posibilidad de hacer delitos. Por otro parte, ellos usan de pantalla esa reivindicación, pero hay intereses económicos muy fuertes que dan pie a esos pasos clandestinos, el Estado se debe poner al frente y necesitamos de la acción del Estado nacional y provincial”.

“La indefensión es muy grande y es necesario que tome estado público. Esta gente apareció, se puso un nombre de comunidad y empezó a exigir estos derechos”, ratificó Matzen y concluyó: “No terminamos de entender la actitud del Estado Nacional porque no saben definir dónde hay pueblo originario y dónde no”.

En medio de los conflictos que afectan a la comarca andina y tras los dichos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de que “no es obligación del Gobierno Nacional enviar ayuda” tras la solicitud de la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras, la senadora nacional Lucila Crexell (Parlamentario Federal) se refirió al tema y arremetió fuertemente contra el mandatario a quien tildó de “inepto para tomar decisiones”.

En declaraciones por radio RTN FM 104.9, Crexell manifestó: “A veces dudo que el presidente sea abogado y sea argentino porque si desconoce que frente a una situación de conflicto, donde está en riesgo la integridad de la población, donde hay un conflicto en las rutas nacionales que esta custodiada por gendarmería, donde hay un conflicto que puede ser interprovincial, pero que además viene sucediendo con una escala de violencia que afecta los bienes públicos de la sociedad, desentenderse de esa manera de lo que es la seguridad interior de la República Argentina, me parece gravísimo”.

“Como patagónica me duele tener un presidente que no la conoce, que no sabe del conflicto del cual estamos hablando, que no se involucre con los problemas que pasan fuera de la Quinta de Olivos”, expresó la legisladora opositora.

En ese sentido, consideró que “en realidad, es un presidente que viene mostrando un desgaste y una ineptitud bastante marcada para tomar decisiones, realmente estoy sorprendida al igual muchos gobernadores que se sienten desolados para poder coordinar políticas conjuntas entre provincias y la Nación”.

“El conflicto con estos grupos minoritarios y violentos que no tienen nada que ver con los pueblos originarios que tenemos en la provincia, es un tema que viene hace mucho tiempo”, aseguró Crexell y remarcó que “es un tema que no es menor y se ha visto en la destrucción de parques y capillas y nadie hace nada. Es muy grave no solo por la integridad de la población, sino también que afecta la convivencia armónica con los grupos originarios y la interculturalidad”.

Por último, juzgó: “Primero es una prepotencia y una soberbia espantosa con la que se manejan desautorizar así a una gobernadora cuando en realidad las provincias delegaron en la Nación todas aquellas competencias que no reservaron para sí”.

“Es una forma de soberbia y de falta de respeto las autoridades legítimas a las provincias y para los ciudadanos que están cansando de tener políticos que se la pasan dando cátedra y clases y no atienden los problemas”, subrayó la senadora neuquina y concluyó: “Estoy sorprendida con las respuestas que dieron el ministro de Seguridad y el presidente”.

La senadora nacional posteó en su cuenta de Twitter un comunicado solidarizándose con la gobernadora Carreras en donde expuso: "A la luz de los sucesos públicos que afectan a la comarca andina, quiero expresar mi más profunda preocupación con la actitud evasiva e irresponsable del Gobierno Nacional. Los ataques y amenazas contra la integridad física y la propiedad por parte de grupos radicalizados dinamitan la convivencia pacífica y democrática".

A su vez, precisó: "El presidente de la Nación no puede desentenderse de sus responsabilidades y obligaciones, ni tampoco abandonar a los ciudadanos/as patagónicos ante la peligrosa escalada de violencia que estremece a la región. El Estado federal es el garante último del orden público nacional. Escudarse en una equivocada interpretación del federalismo y de la legislación vigente no es más que una excusa pueril que revela una conducta mezquina y especulativa por parte de las autoridades nacionales".

"Finalmente, quiero manifestar mi apoyo y solidaridad a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en esta difícil situación. Me pongo a disposición para articular desde el Senado de la Nación las acciones necesarias para contribuir a una rápida solución del conflicto", cerró el comunicado la legisladora aliada de Juntos por el Cambio.