Además, la portavoz presidencial aseguró que “Alberto Fernández conversa con Cristina Kirchner como lo hace con Sergio Massa”. En suma, cuestionó a los medios por los rumores de renuncia que trascendieron tanto del presidente de la Nación como del titular de Diputados.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, brindó este jueves por la tarde una conferencia de prensa en la que se refirió al proyecto oficialista del Salario Básico Universal y aseguró que “todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con el proyecto”.Además,aseguró que “Alberto Fernández conversa con Cristina Kirchner como lo hace con Sergio Massa”, cuestionó a los medios por los rumores de renuncia que trascendieron tanto del presidente de la Nación como del titular de Diputados.
Tras ser consultada por la relación y el diálogo entre el jefe de Estado y la vicepresidenta de la Nación, Cerruti desvió la respuesta al explicar que “el presidente está trabajando. Estuvo trabajando todos estos días, estamos gobernando. Cada uno de los ministros lleva adelante su agenda que es nutrida sino no tendríamos estos números de crecimiento que vemos en la Argentina”.
“El presidente lleva adelante su agenda. A veces esa agenda tiene actos públicos, otras veces tiene reuniones de trabajo como habitualmente lleva, que se ha reunido en estos días con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), con la ministra de Economía (Silvina Batakis), con todo su equipo de trabajo. Estamos trabajando no solamente desde el lunes, sino desde el sábado cuando hubo novedades”, sumó sin responder concretamente la pregunta.
Al ser repreguntada, comentó: “El presidente se reunió con la vicepresidenta el lunes por la noche, cenaron en Olivos. No vamos a dar más información sobre esa cena. Conversa con la vicepresidenta como conversa con el presidente de la Cámara de Diputados”.
Por otro lado, sobre los rumores de renuncia tanto de Alberto Fernández como de Sergio Massa que trascendieron este jueves, la vocera presidencial sostuvo que “esa pregunta no merece ni ser formulada ni ser respondida”.
“Estamos trabajando y no pensamos en los rumores. Los rumores los hacen, los llevan y los circulan quienes tienen tiempo de sentarse a conspirar en lugar de estar trabajando y estar gobernando, pero también quienes seguramente los especuladores de siempre que no les parece bien que el presidente este trabajando, que converse con la vicepresidenta, quienes apostaban a algún tipo de situación que no se dio y que, en cambio, lo que está sucediendo es que hay un Gobierno trabajando y dedicado a cuidar la vida, la salud, los alimentos de los argentinos”, disparó y sumó: “Echan a correr en algunas mesas de la city, en algunos lugares de las redes, esos rumores. Lamento que alguien se haga eco de repetirlo porque en el estado en el que vivimos deberíamos ser lo suficientemente responsables como para poder saber distinguir a esta altura una cosa de la otra”.
A su vez, sobre el proyecto impulsado por diputados afines a Cristina Kirchner de un Salario Básico Universal, Cerruti sostuvo: “La ministra Batakis dijo anoche, y sostiene, que la cuestión del Salario Básico Universal, que es un plan que en el mundo se ha discutido mucho y hace mucho tiempo incluso en Argentina siempre fue un planteo, en Argentina ya existen los planes universales como es la Asignación Universal por Hijo o el Plan Progresar, y hay muchos otros que se están llevando adelante. Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no está la posibilidad en este momento por las cuentas de la Argentina de avanzar con el proyecto”.
Por último, destacó la aprobación en Diputados de diversos proyectos en la sesión de este martes: “Los proyectos de ley están en el Congreso, se están aprobando, de hecho, esta semana fue productiva porque se aprobaron el proyecto de la industria automotriz, de la nano y bio tecnología, proyecto de cuidados paliativos”, y señaló: “El Congreso está dando pasos muy importantes adelante”. “El proyecto de renta inesperada esta en el Congreso no se va a ir, esta para su debate”, cerró.
En el proyecto de resolución solicitan saber por qué se retuvo la aeronave; que se brinde “la nómina completa de los tripulantes” y si “recibieron alguna alerta, previa, al aterrizaje”, entre otras cuestiones.
Un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Waldo Wolff (Pro), presentaron en la presidencia de la Cámara de Diputados dos proyectos de resolución para que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y su par de Seguridad, Aníbal Fernández, se presenten en el Congreso para informar sobre el avión venezolano de origen iraní que está retenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
La iniciativa lleva la firma de los diputados Cristian Ritondo, Gerardo Milman, María Luján Rey, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Graciela Ocaña, Ricardo López Murphy, Alberto Assef, José Carlos Núñez, Ana Clara Romero, Dina Esther Rezinovsky, Omar De Marchi Omar y Héctor Antonio Stefani.
En el proyecto, los legisladores reclaman que las autoridades señalen los “motivos de retención de la aeronave” en territorio argentino desde el pasado 6 de junio; que “brinden la nómina completa de los tripulantes” y si “tienen antecedentes, y de ser así, los motivos”.
Otro punto que quieren que ambos funcionarios expliquen es “la titularidad de la aeronave, detalle de su itinerario y motivo de su paso por la República Argentina”, y algo no menor, “si es cierto” que el avión Boeing 747-300M matrícula YV3531 “circuló por cielo argentino con el transponer apagado”. Respecto a esto, reclaman que se informe “qué regiones sobrevoló en dichas condiciones, y motivos brindados por los pilotos de la aeronave al respecto”.
Por último, reclamaron que se informe “si recibieron alguna alerta, de forma previa o posterior, al aterrizaje de la aeronave Boeing 747-300M matrícula YV3531″, y si el “Gobierno argentino ha pedido explicaciones respecto de la aeronave a los países de Venezuela e Irán y si los Estados Unidos ha pedido explicaciones o brindada información respecto de la aeronave Boeing 747-300M matrícula YV3531″.
En los fundamentos del pedido los legisladores refieren a que el avión, “estrechamente vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas, constituye un hecho que debe ser esclarecido con urgencia por las autoridades nacionales”.
Por otro lado, refieren a que la ex titularidad de la aeronave es de la compañía iraní Mahan Air, que opera desde enero para Emtrasur Cargo -la división de carga de la firma de bandera venezolana Conviasa-, y que usado durante los últimos 15 años por la compañía iraní sancionada por Estados Unidos “ya que consideran que dicha aerolínea es un brazo logístico de Quds, fuerza que responde a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se especializa en guerra asimétrica, además de operaciones de inteligencia militar”. Y que, en relación a esto, sostienen que “los investigadores locales habrían recibido información que indicaba que estas personas podrían tener vínculos con la fuerza Quds, un grupo calificado como terrorista por los Estados Unidos y cuyo jefe de 1994 tiene pedido de búsqueda y captura internacional por el atentado a la AMIA en la Argentina”.
“Exigimos a las autoridades y organismos de control competentes, que brinden con máxima celeridad información precisa al respecto, y conforme los puntos que se detallan en el presente pedido de informes de forma no taxativa”, cierra el pedido de los legisladores.
Pedido-Informes-PEN-Boeing-747-300M-MINISEGEl 3 de junio de 2015 surgió el movimiento que combate la violencia machista y concientiza sobre la problemática.
El Palacio Legislativo se iluminó de violeta en homenaje a la primera marcha masiva de “Ni una menos” realizada en 2015 en distintos puntos del país. A partir de ese momento, el movimiento feminista siguió creciendo y ocupando las calles para reclamar y luchar contra la violencia de género y las brechas de género. El grito unánime fue Ni Una Menos. Un reclamo que inspiró y dio la vuelta al mundo.
Dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, se creó en 2020 la Dirección General de Igualdad, dependiente de la Presidencia, y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, de la Dirección General de Recursos Humanos, con el objetivo de revertir las desigualdades de género.
Además, se llevó adelante la capacitación obligatoria en Ley Micaela para concientizar al personal legislativo sobre género, diversidad e igualdad de derechos; así como también se realizaron investigaciones y proyectos para visibilizar la situación y erradicar la violencia.
Con el mismo objetivo, concejos deliberantes, legislaturas, asociaciones civiles y clubes deportivos brindaron herramientas y capacitaciones para suprimir y eliminar todo tipo de violencia.
El proyecto enviado por entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue aprobado en sesiones realizadas hace diez años, en los meses de abril y mayo.
El 13 de diciembre de 1907 comenzó a correr la noticia sobre el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut. Un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua potable había encontrado, a 500 metros bajo tierra, una sustancia oscura que salía a borbotones.
A partir de entonces, Comodoro Rivadavia se convertiría en un pueblo petrolero dedicado a la extracción de crudo. A medida que esa industria se expandía y con el descubrimiento de cada nuevo pozo, nacían a su alrededor campamentos petroleros que luego se convertirían en pueblos y ciudades.
Así llegamos a 1910, cuando bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el Estado argentino crea la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país. Pero los cambios más significativos se generarían a partir de que el 3 de junio de 1922 el Estado nacional crea por decreto la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hito fundamental en la historia del petróleo en la Argentina.
El presidente era entonces Hipólito Yrigoyen, a quien en octubre de ese año sucedería Marcelo T. de Alvear, que nombra al general Enrique Mosconi director General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), cargo que ocuparía durante 8 años y que significó un impulso decisivo para la actividad petrolera en nuestro país.
El autoabastecimiento petrolero argentino se conseguiría durante la presidencia de Arturo Frondizi y su “batalla del petróleo”. Una empresa polémica, que había anunciado el 24 de julio de 1958 y a través de la cual la Argentina, que había llegado a importar casi el 70% del petróleo que consumía, en apenas 4 años y a través de YPF triplicaría la producción nacional para alcanzar el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia.
Esa batalla tuvo costos. Políticos, y muy grandes para el gobierno de Frondizi, que perdió gran apoyo de varios sectores que lo habían respaldado en su candidatura, además de la renuncia del vicepresidente Alejandro Gómez.
En tiempos de Carlos Saúl Menem se privatizó YPF. Entre 1989 y 1992 se llevó a cabo la reforma en el cambio de tipo societario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como Sociedad del Estado para convertirse en una Sociedad Anónima (YPF SA).
Para 1993 el Estado mantenía el 20% de las acciones y la acción de oro, y un 12% los estados provinciales. El sector privado era propietario del 46% del accionariado, y lo componían bancos y fondos de inversión de diversos países. En 1998, el sector privado ya poseía casi el 75% de las acciones, aunque el Estado mantenía la acción de oro.
Los efectos negativos de la privatización se vieron rápidamente en las ciudades petroleras. Fue la génesis del movimiento piquetero.
En efecto, la privatización de YPF llevaba al desempleo a miles de argentinos que hasta entonces vivían del trabajo en la petrolera estatal. Los lugares tocados por el ritmo de la protesta fueron en principio Cutral-Có y Tartagal, en Neuquén y Salta, respectivamente.
La privatización de la petrolera estatal YPF hizo en muchos casos lo que previamente había provocado la concesión de los servicios ferroviarios. Entonces, pueblos enteros fueron condenados a la desaparición y el olvido, como consecuencia del levantamiento de ramales “deficitarios”.
Antonio Cafiero protagonizó como legislador nacional una discusión al momento de aprobar la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el Senado de la Nación, cuando le reprochó al entonces ministro de Economía Domingo Cavallo el valor por el que la Nación se desprendía definitivamente de esa empresa. “¿No cree que estamos vendiendo por maníes algo que es un formidable potencial de riqueza argentina?”. Cavallo le respondió: “No, yo lo hago para que en el exterior se sepa que acá se pueden hacer buenos negocios”.
La privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a la empresa española Repsol un 14,99% de las acciones de YPF. La transacción le costó a la petrolera española 13.437 millones de euros y permite a Repsol YPF convertirse en la 8° productora de petróleo y la 15° compañía energética del mundo.
Eso se revirtió cuando el 16 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley de “Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para que el Estado argentino recuperase la propiedad de YPF.
Los argumentos para tal decisión eran la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético.
Al anunciar la medida, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no es de estatización sino de “recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental”.
Es así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. De ese 51% expropiado, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado nacional.
El proyecto tuvo un rápido tratamiento en el Congreso de la Nación. Primero pasó por el Senado, donde fue aprobado el 26 de abril de 2012 por 63 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.
Desde la oposición, Luis Naidenoff expresaría en la sesión su apoyo aclarando que se había avanzado con esa iniciativa “porque la caja no cierra”. Y agregaría: “fue la coyuntura energética asfixiante la que motivó al oficialismo a iniciar este debate”.
“Es una decisión de alto voltaje tomada por la presidenta y hay que valorarla, antes no se pudo tomar”, manifestó por su parteel líder de la bancada del Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, que defendió férreamente el proyecto. Antes de dar explicaciones relacionadas con la iniciativa, el legislador rionegrino dejó en claro que el proceso de privatización de YPF “fue uno de los grandes errores políticos de toda la década”, y sostuvo que debían expropiar YPF para “recuperar la producción de petróleo y poder lograr el autoabastecimiento”, lo que llevará a tener “precios internos que ayudarán a la industria y al crecimiento del empleo”. Y concluyó: “Si no hay Estado nacional, no hay nada”.La Argentina gastaba entonces 14.000 millones de dólares en la importación de gas y petróleo.
Hija de José “Pepe” Estenssoro, expresidente de YPF en tiempos de Menem, la senadora María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) anunciaba su abstención al advertir contra el modelo de “hiperconcentración de la riqueza y el poder”. Recordó en su discurso que los Kirchner habían apoyado “enérgicamente” la privatización de la petrolera en 1992, y alertaba: “No podemos subsanar ese grave error con otro acto de corrupción”. Para Estenssoro, “culpar a la gestión de Repsol por la mayor crisis petrolera de nuestra historia es una simplificación y una trampa”.
La expropiación se convirtió en ley durante el transcurso del 3 de mayo de 2012. Fue una larga sesión de más de 20 horas que tuvo más de 200 diputados como oradores. Arrancó a las 15.50 del 2 de mayo de 2012 y seis minutos pasada la medianoche se pasó a un cuarto intermedio. La reunión se reanudó a las 10.10 del 3 de mayo de 2012 y concluyó a las 22.47, según consta en la versión taquigráfica de esa histórica sesión.
Entre sus oradores estuvo Fernando “Pino” Solanas, quien celebró “el gesto de apoyar el proyecto con todas las luces y sombras que trae” y criticó al ministro de Planificación, Julio De Vido, al considerar que “piloteó durante ocho años de vaciamiento en la Argentina”.
“Necesitamos una YPF 100% pública, una sociedad de acciones con mayoría estatal para que la empresa tenga las mejores condiciones de ser controlada”, diría entonces.
Por esos días integrante del bloque Nuevo Encuentro, Carlos Heller dijo en su discurso: “Somos partícipes de una jornada trascendente, es un día de recuperación de la soberanía nacional, es un día que pasará a la historia como un acto reparador de esa triste sesión en la que se festejó la privatización de YPF, una empresa que desde su nacimiento y en buena parte de su vida posterior se constituyó como un emblema de la nacionalidad y un motivo de orgullo para los argentinos”.
El Pro votó en contra de la expropiación. Para el diputado Pablo Tonelli, la empresa “solo puede ser r intervenida por un juez en el marco de una causa abierta”.
“La YPF de hoy es una YPF vaciada”, sentenciaba desde su propio bloque Francisco de Narváez, que un año después ganaría las elecciones bonaerenses aliado con Mauricio Macri y Felipe Solá. El entonces legislador se manifestó a favor de tener a la petrolera “en manos del Estado”, pero “controlada fehacientemente”.
A su vez, Elisa Carrió la emprendía contra el titular de Repsol, Antonio Brufau, y el ministro De Vido, quienes a su juicio debían “ir presos” por el vaciamiento de la petrolera. La diputada de la Coalición Cívica ampliaba la responsabilidad a la clase política: “Todos somos culpables de la destrucción de YPF”.
El diputado radical Ricardo Alfonsín responsabilizó en su discurso al oficialismo del vaciamiento de YPF. Lo acusó de haber avalado la privatización en 1992 y de haber cometido “políticas erróneas” desde 2003. Sin embargo, ratificó que “por principio y convicción vamos a votar a favor”.
A su turno, Graciela Camaño señalaba que “mientras nos hacemos cargo seguimos sin controlar”, y también sostenía que “el problema es el recupero del paquete accionario de la deuda del señor Eskenazi”.
El jefe del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, señalaba que “Argentina ha perdido el autoabastecimiento que alcanzó durante el gobierno de Alfonsín como consecuencia de políticas coyunturales e irresponsables del justicialismo (…) Menem privatizó YPF vendiéndosela a Repsol con el acompañamiento entusiasta del matrimonio Kirchner”.
“Esta ausencia de control de parte del Estado es una matriz que se repite en varios ámbitos”, indicó en su discurso Gil Lavedra, quien habló de la “hiprocresía”, el “relato épico” y la “epopeya” del discurso kirchnerista, “en la cual ahora estamos yendo contra los malos de España”.
Cerró ese extenso e histórico debate Agustín Rossi, presidente del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, quien defendió la iniciativa del Poder Ejecutivo para devolverle YPF al Estado y sentenció: “Con aplausos o con huevazos siempre defendimos las mismas ideas”.
“A la historia lo que es de la historia, y a la presidenta lo que es de la presidenta, porque la presidenta tomó la decisión política de nacionalizar la principal empresa petrolera de la Argentina”, sentenció.
La expropiación de YPF se aprobó con 208 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. La votación marcó un récord para la gestión kirchnerista, superando otras votaciones consideradas “históricas”.
El kirchnerismo contó con el acompañamiento del FAP, Proyecto Sur y el grueso del radicalismo, además de sus bancadas aliadas: Nuevo Encuentro, Frente Cívico por Santiago, Movimiento Popular Neuquino, PJ La Pampa y también Unión Peronista.
El Frente Peronista y la Coalición Cívica se dividieron entre la aprobación y el rechazo, mientras que el Pro votó en contra en su totalidad.
En el radicalismo encabezó la rebelión el legislador Oscar Aguad, cada vez más cercano al macrismo, quien se retiró del recinto al momento de votar. Siguió estos pasos su par cordobés Hipólito Faustinelli.
La Coalición Cívica-ARI tampoco tuvo una posición unánime. En los mismos términos expresados en su momento por María Eugenia Estenssoro en el Senado, tres diputados acompañaron con sus abstenciones a Elisa Carrió: Hilma Ré, Alicia Terada y Alfonso Prat-Gay. Carlos Comi y Horacio Piemonte votaron junto al oficialismo en general.
En cuanto a los monobloques, se expresaron por la negativa Patricia Bullrich (Unión por Todos), Liliana Fadul (Partido Federal Fueguino) y Carlos Favario (Demócrata Progresista). Mientras tanto, Marcela Rodríguez (DIP) y Bernardo Biella Calvet (Udeso Salta), votaron a favor pero propusieron modificaciones en el articulado. El oficialismo también contó con el respaldo del salteño Alfredo Olmedo; Eduardo Ibarra (Unión por San Juan), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino), María Cristina Fiore Viñuales (Renovador de Salta) y Juan Carlos Forconi (Santa Fe en Movimiento).
Una multitud acompañó y vivó frente al Congreso la aprobación de esa ley.
A instancias de la diputada radical Karina Banfi, se solicitó la presencia de la funcionaria ante la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja para que esclarezca la denuncia de abuso sexual hacia una empleada, la cobertura del mundial de Qatar y las indemnizaciones de 6,7,8.
Las irregularidades de la TV Pública volvieron a ser noticia en las últimas semanas. Ante las múltiples denuncias realizadas en los medios de comunicación, diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la vicepresidenta del bloque UCR Karina Banfi, pidieron que la directora de la RTA, Rosario Lufrano, se presente en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara baja para que brinde las explicaciones correspondientes.
“Estamos viendo desembolsos desorbitantes de dinero por parte de la TV Pública en un contexto macroeconómico de inflación y pobreza. Es nuestra responsabilidad hacer uso de los recursos que nos brindan las instituciones para exigir que Lufrano rinda cuentas, no podemos informarnos solo a través de los medios de comunicación”, declaró Banfi, vicepresidenta de la Comisión de Comunicaciones e Informática.
En el proyecto que presentaron, explicita: “Se solicita que Lufrano se presente en Congreso de la Nación para notificar sobre la indemnización del periodista Osvaldo Barone y las acciones que realizó la RTA para que la productora PPT asumiera la responsabilidad legal del pago de 15 millones de pesos”.
Además, pidió que se esclarezca la denuncia de abuso sexual hacia una empleada de la RTA por parte de un compañero de trabajo, las sanciones hacia el abusador y la asistencia y contención a la víctima. A la fecha, la única medida que se tomó frente a esta situación, fue una licencia por motivos psiquiátricos para el denunciado, a pesar de que Javier Monte, director de RTA por la oposición, pidió expresamente el despido del abusador, el cual fue denegado.
Y, por último, se solicitó que se expliquen tanto la designación de fondos destinados a cubrir el sorteo del mundial de Qatar ocurrido el 1 de abril de 2022 como así también la asignación de fondos previstos para la transmisión del torneo estimada en 8 millones de dólares.
“Desde el Congreso vamos a hacer lo imposible por militar una política de austeridad. Es una vergüenza que se esté planeando dilapidar millones de dólares en el mundial de Qatar. Lufrano tiene que hacerse responsable de esta política del derroche”, concluyó Banfi.
El proyecto de resolución contó con la firma de los diputados nacionales Paula Oliveto, Laura Rodríguez Machado, Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Manuel Aguirre, Gerardo Cipolini, Pedro Galimberti, Pablo Torello. Jorge Vara, Sabrina Ajmechet, Álvaro Martínez, Hernán Lombardi, Waldo Wolff, Fabio Quetglas, Alberto Asseff, Gabriela Lena, Alejandro Finocchiaro, Juan Martín,Gerardo Milman, Ximena García, Graciela Ocaña, Lidia Ascarate, Ricardo Buryaile, Soledad Carrizo, Mónica Frade, María Sotolano, Carlos Zapata y Ana Clara Romero.
Citacion-a-Lufrano-20222Además, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos se refirió al proyecto de Compre Argentino: “Es una ley muy importante porque estamos hablando de muchos productos que se hacen en el interior de la Argentina”.
El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, afirmó que se “necesita una discusión en el Congreso para poder incrementar las retenciones”, y llamó a “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”.
“El presidente dice algo cierto, cualquier esquema que supere los topes de lo establecido necesita una aprobación del Congreso argentino”, señaló Martínez sobre la posibilidad de subir las retenciones en diálogo con El Destape Radio.
El legislador recordó que en diciembre de 2019 se aprobó la Ley 27.541, denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, en la que el Congreso cedió facultades al Poder Ejecutivo para “fijar alícuotas” y en la que también “se establecieron topes para distintas producciones”, que caducaron a fines del año pasado.
“El presidente dice lo correcto”, sostuvo Martínez sobre los dichos de Alberto Fernández, quien el viernes pasado había señalado que “el instrumento con el que se desacoplan más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones” y había asegurado que se trataba de “un tema legislativo”.
En ese sentido, el diputado señaló: “Desde el punto de vista legislativo hay una delegación de facultades que terminó el 31 de diciembre pasado y se necesita una discusión para poder incrementar todo”.
Por lo que explicó que se debe “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”, porque hay “momentos” en donde “la venta no está cumplimentada” y otros en los que “no es así”.
Además, agregó que “no es lo mismo el derecho de exportación en la soja, que en el trigo o en el maíz”.
“Lo que hay que analizar a fondo es la validez de la herramienta, tomando recursos de qué producción, en función de qué expectativa de venta, para que eso pueda ser realmente eficiente a la hora de aplicarse”, completó sobre los impuestos a las exportaciones.
Por otro lado, el legislador adelantó que durante esta semana se tratará el proyecto de ley Compre argentino, cuyo espíritu es que la producción nacional tenga “una mayor preferencia” en las licitaciones públicas”.
“Es una ley muy importante porque, al hablar del desarrollo de proveedores, estamos hablando de sustitución de importaciones, de agregado de valor, de producción de partes de productos finales, y muchos de esos productos se hacen en el interior de la Argentina”, cerró el titular del bloque oficialista.
El diputado del Pro pidió una cuestión de privilegio contra el titular de la Cámara baja en la cual le recordó el “Olivos-Gate”, entre otras cuestiones.
En un tramo de la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados, el diputado del Pro Fernando Iglesias presentó una cuestión de privilegio contra el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, a quien acusó de “tener el Congreso bloqueado” y que “sin su maniobra, hoy teníamos boleta única”.
“Durante un año y más de un año estuvimos reunidos aquí en lo que yo llame el ‘massapaluza’. Tuvimos de todo, sesiones fantasmas en donde estábamos presentes, ausentes, los que estaban por whatsapp, por zoom y por no sé qué”, empezó su relató Iglesias.
En esa línea, continuó detallando: “Tuvimos sesiones en donde la vocera presidencial se cepillaba los dientes en cámara. Tuvimos un diputado que nos hizo saber su admiración erótica por su novia. Tuvimos diputados ausentes virtuales que al día siguiente fueron a festejar con el presidente de la Nación en Olivos el fin de año. Todo esto porque el Congreso tenía que trabajar”.
“¿Dónde quedó todo eso? Nos citaron a extraordinarias en febrero, ni una sesión. Pasaron marzo y abril, sin precedentes en esta Cámara, todavía hay comisiones que no se conformaron y en tres meses tuvimos una sola sesión”, criticó en un tono elevado el legislador del Pro.
A su vez, lanzó: “El ‘perionismo’ por televisión dice ‘la política’, no es la política es el oficialismo que no se ponía de acuerdo en la integración de las comisiones y por eso tenían bloqueadas las comisiones”, y acusó: “Usted las tenía bloqueada”. A continuación, se diferenció: “No somos todos iguales, el Pro tiene vigentes 1.164 proyectos que no se pueden tratar, JxC tiene 1.846 proyectos presentados este año, trabajamos y seguimos trabajando”, pero reiteró su denuncia: “No podemos hacerlo porque usted bloquea las comisiones y mantiene cerrado el Congreso”.
“Este país tiene el Ejecutivo paralizado por una interna, una Justicia paralizada a por las agresiones del Ejecutivo y un Congreso que usted cerró”, sumó eufórico Iglesias.
En ese marco, remarcó: “Hoy no tenemos dictamen para boletas única por lo tanto tiene que ir a comisión, sin usted, sin su intervención y sin su demora en convocar las comisiones y sin su demora en convocar a la sesión por boleta única, porque la pedimos un día y dejó pasar cinco porque estaba rosqueando para una maniobra que fracasó, sin eso hoy teníamos sancionada boleta única”.
“Es su responsabilidad. Sin usted se aprobaba boleta única, forma parte del frente renovador o frente reciclador, clausuran comisiones y tratamiento de boletea única”, cerró el diputado.
Fue en el marco de un acto que se realizó este miércoles en el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados. Además, el ministro del Interior afirmó: “Vamos a construir una Argentina mucho más igualitaria, más digna y tolerante”.
El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, participó este miércoles de una jornada sobre Tartamudez que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, en la cual destacó la importancia de que el Congreso avance en la sanción de una ley integral de tartamudez y afirmó que se puede ser una sociedad “más empática y solidaria”. Además, sostuvo que “las diferencias políticas y las físicas están bien”, aunque “nadie es dueño de la verdad”.
“Vamos a construir una Argentina mucho más igualitaria, más digna y tolerante”, aseguró el ministro desde el salón de los Pasos Perdidos de la Cámara baja. También, afirmó que “no existe una sociedad uniforme y perfecta”.
En ese sentido, De Pedro insistió: “Vamos a generar las condiciones y me voy a encargar que gobernadores y gobernadoras hagan lo suyo y los vamos a apoyar”, al destacar la importancia de que el Congreso sancione una ley integral para el tratamiento de esta patología.
En su discurso, el ministro hizo referencia a las reivindicaciones de las mujeres y de las distintas diversidades de género y dijo: “Ahora venimos los distintos, este también es un colectivo”.
La jornada, con la que se buscó concientizar sobre los derechos de las personas con disfluencia, fue organizada por la diputada nacional Rossana Chahla (Frente de Todos. -Tucumán), en colaboración con los diputados Lucila Masin, Alejandra Obeid, Carlos Cisneros y Eduardo Valdés.
Chahla, en el acto, también remarcó la importancia de avanzar en una ley integral de tartamudez y puso de relieve la experiencia de Tucumán, donde contó que “se construyeron 23 centros de atención para darle accesibilidad y concientizar sobre esta patología”.
Por su parte, Valdés informó: “Se estima que en la Argentina hay aproximadamente un millón de personas que tienen tartamudez y la reacción del entorno es determinante, tanto para su detección, como para su abordaje y tratamiento y, fundamentalmente, para su calidad de vida”, a la vez que pidió que el sistema de obras sociales “cumpla con la ley y no deje sin cobertura a las personas con necesidades especiales”.
En el acto, que contó con la presencia del coro de niños del Taller Nacional de Tartamudez, se presentó la experiencia del Consultorio de Tartamudez de Tucumán (pionero en el país) a partir de las vivencias, desafíos y logros de sus propios protagonistas y se busca impulsar una Ley Nacional de Tartamudez.
Participaron además diputados nacionales, legisladores provinciales y referentes de la Asociación Argentina de Tartamudez, pacientes del Consultorio de Tartamudez de Tucumán, del Grupo de Ayuda Tartamudez Salta, del Grupo de Ayuda Mutua de Chaco-Corrientes; y pacientes con disfluencia de otras provincias y países de la región.
El juez federal Daniel Alonso había dispuesto una cautelar promovida por el diputado oficialista Marcelo Casaretto, con lo que el organismo no podría completarse. La Corte Suprema lo denunció por mal desempeño.
La Corte Suprema de Justicia anuló todo lo decidido por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había prohibido al Congreso enviar a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político.
Cabe recordar que la presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto ante el Juzgado Federal N° 2 de Paraná cuya cautelar ordenaba a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura.
El magistrado había expresado que el Congreso no podía enviar a sus representantes al Consejo porque primero debía mandar u informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el cuerpo.
Fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quienes presentaron ante el órgano judicial un pedido de destitución de Alonso en el que enumeraron varios motivos, entre ellos, “haber ordenado desconocer parcialmente un fallo firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, de la Corte Suprema”, con lo cual acusaron al juez de “haberse arrogado el papel de órgano revisor de las decisiones de la Corte Suprema”.
También apuntaron al hecho de que el juez dictó una medida precautelar “para impedir el cumplimiento de un fallo judicial” y que admitió tramitar un amparo “en contra de lo dispuesto en el art. 2, inc. b de la Ley 16.986 de Amparo, que veda esa acción contra actos del Poder Judicial”.
De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la institución presidida por Alberto Garay, el pedido “incluye la suspensión inmediata en sus funciones al Dr. Alonso mientras dure el procedimiento de remoción”.
Entre los fundamentos de la presentación, se sostiene que “este cúmulo de arbitrariedades y desvíos groseros del derecho vigente (…) no pueden ser atribuidos a un mero descuido o equivocación inadvertida por parte del juez Alonso”, sino que representan “un evidente y grave desconocimiento del derecho, en especial de la Constitución Nacional” y “una evidente ineptitud intelectual que impiden que continúe en el ejercicio de la magistratura federal”.
Este lunes la Corte Suprema de Justicia asumió el control del Consejo de la Magistratura para que comience a funcionar, tras vencerse el plazo que el Máximo Tribunal estableció en el fallo que emitió en diciembre pasado en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, por lo que la composición del Consejo pasó nuevamente a tener 20 miembros.
Además, la diputada de izquierda expresó malestar porque el bloque “viene siendo excluido de las comisiones que se conformaron”. Por otro lado, adelantó que no apoyarán el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura ni el de la creación de un Fondo Nacional.
La diputada nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad Romina Del Plá se refirió a la demora en la conformación de las comisiones que ha llevado el funcionamiento del Congreso Nacional a la parálisis. También adelantó que no apoyarán el proyecto de reforma al Consejo de la Magistratura ni el de la creación del Fondo Nacional para pagar la deuda con el FMI con bienes no declarados.
Del Plá afirmó que “el Gobierno y la oposición atraviesan enormes crisis políticas como consecuencia de ser los grandes responsables del deterioro social y el empobrecimiento de los trabajadores. La parálisis del Congreso responde a la crisis de los bloques mayoritarios y su política ajustadora. En lo que va del año solo sesionaron para firmar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, demostraron que no hay grieta frente a la entrega del país”.
La diputada nacional puntualizó: “La no conformación de las comisiones obedece a que este Congreso no puede dar respuestas a ninguna de las necesidades sociales reales. Están todas las fuerzas políticas mayoritarias comprometidas en el sendero del ajuste fondomonetarista.”
Respecto de su lugar en el recinto denunció: “A pesar de tener cuatro diputados, el Bloque del FIT-U viene siendo excluido de las comisiones que se han conformado hasta ahora. Esta irregularidad también es el resultado de los acuerdos entre los ajustadores que buscan acallar a quienes nos oponemos a su política”.
Por último, Del Plá sostuvo: “Hay proyectos de ley como el del VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, o el de aumento de emergencia a jubilados y pensionados; está el de Humedales, el de salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el fin del trabajo en negro, entre otros, que no pueden esperar a que se dignen a convocar las sesiones que están frenadas por la rosca y la especulación de los bloques mayoritarios”.
Sobre la reforma al Consejo de la Magistratura -que obtuvo media sanción este jueves en el Senado- adelantó: “No apoyamos”, y expresó: “La pelea por la reforma entre los distintos grupos que operan dentro del poder judicial, deja por fuera los intereses de los trabajadores, que nosotros defendemos. En este sentido, no vamos a acompañar ninguna reforma que no implique un cuestionamiento de fondo al funcionamiento, y mecanismo de elección del poder judicial, como podría ser la elección popular y la revocabilidad de los jueces”.
Por otro lado, respecto al proyecto kirchnerista que propone crear un Fondo Nacional para recaudar dólares con bienes no declarados en el exterior para pagar la deuda con el FMI, remarcó: “Es un fondo de blanqueo para pagarle al fondo, y por tanto es un proyecto de blanqueo que no lo apoyamos. Es una maniobra para legitimar el acuerdo con el FMI y pagar una deuda que planteamos desconocer e investigar”.
“El kirchnerismo viene jugando un papel lamentable en lo que al FMI respecta, allanaron el camino para el acuerdo y su voto en contra fue a sabiendas de que el proyecto salía. No movieron un pelo para rechazarlo, ni siquiera hablaron en el reciento e incluso cedieron lugares en las comisiones para su tratamiento. Lo de ahora es para la tribuna, como lo fue la renuncia de Máximo (Kirchner)”, cerró.
Eso expresó la diputada mendocina en relación al proyecto que presentó para reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR – Mendoza) es una de las coautoras del proyecto que la semana pasada ingresó al Congreso de la Nación y que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores para terminar con una histórica caja de la política, respecto lo cual afirmó que “oponerse es estar en contra de un sistema más seguro y barato para la ciudadanía”.
La semana pasada ingresó al Congreso de la Nación un proyecto de ley que apunta a reconvertir el funcionamiento de los registros de automotores. La iniciativa fue presentada en el Senado por Alfredo Cornejo mientras que “en espejo” el proyecto también fue en la Cámara de Diputados por Latorre, quien lanzó una advertencia para aquellos que se opongan a tratarlo.
“No creo que ningún representante político pueda decir de cara a la ciudadanía que no quiere que este trámite sea más seguro y barato”, manifestó en declaraciones a MDZ Radio.
Para Latorre, el proyecto “es superador al sistema vigente y vendría a agilizar un sistema que data de 1958”. En este sentido, tomó distancia de otros proyectos de reformas parciales y aseguró que “lo que nosotros planteamos es un cambio de paradigma”.
“La sociedad y la tecnología han avanzado. Todas las lagunas jurídicas y normativas se terminan llenando con discrecionalidad a través de disposiciones técnico-registrales que el usuario no conoce ni comprende en su totalidad. Eso vuelve engorrosa la tarea de los trámites que son obligaciones”, manifestó.
Y agregó: “Evidentemente hoy no están funcionando bien y se convierten en cajas que se reparten discrecionalmente y no redundan en beneficios de celeridad y transparencia con los contribuyentes. Este proyecto viene a cambiar eso con utilización de tecnología”.
La iniciativa apunta a “crear un registro virtual donde los trámites se puedan hacer con formularios digitales”. El objetivo es facilitarles los trámites a los usuarios y disminuir el costo de los mal llamados aranceles que son tasas retributivas”, advirtió.
Por ese motivo, aseguró que si algún diputado o senador se opone a avanzar con estos cambios “será porque tiene algún interés en juego”. Sobre todo, teniendo en cuenta que históricamente los registros del automotor se han repartido entre personas vinculadas a referentes de distintos partidos políticos que se garantizan así un modelo de negocio con fines particulares.
“Creo que va a aprobarse. Es muy difícil oponerse a un proyecto que reforma íntegramente la legislación de 1958. Los anteriores eran reformas parciales que tocaban de un lado, pero no del otro y se terminaba acordando. No creo que nadie pueda oponerse a un sistema que viene a renovar, eficientizar, dar seguridad jurídica y poner las cosas por su nombre”, expresó Latorre y finalizó: “Estamos esperando que presidencia de ambas cámaras le den los giros a las comisiones para poder trabajar en adhesiones para llevarlo a recinto”.
El presidente trasandino fue recibido por el titular de la Cámara baja y la presidenta provisional del Senado. Su comitiva informó los temas puntuales que se abordaron en la reunión.
En su primer viaje al exterior desde su asunción, el 11 de marzo pasado, el presidente chileno Gabriel Boric arribó al Congreso argentino pasadas las 15 en donde fue recibido por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.
Tras su ingreso por la puerta principal de la calle Entre Ríos y al pasar por el Salón de las provincias, procedió a firmar el Libro de Honor en el Salón Azul, para luego mantener una reunión de trabajo en el Salón de Honor de la presidencia de la HCDN.
Finalizada la reunión, realizaron un intercambio de regalos entre el mandatario chileno y los presidentes de ambas cámaras, momento en el cual Massa le otorgó una camiseta del Club Atlético Tigre del cual es hincha. También visitó el recinto tanto del Senado como de Diputados.
La delegación chilena estuvo conformada por el presidente del Senado, Álvaro Elizalde; el presidente de la Cámara, Raúl Soto; los senadores Jaime Quintana y Juan Ignacio Latorre; la senadora Paulina Núñez; los diputados Eric Aedo y Guillermo Ramírez y las diputadas Yovana Ahumada; Érika Ñanco y Lorena Fries. También participó de la jornada, la nueva embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa.
Al respecto, el titular de Diputados manifestó: “Esta visita de estado del Presidente Boric es muy importante. El gas, los pasos fronterizos, la Antártida, la minería, la cuestión migratoria regional, el desarrollo satelital y la conectividad de fibra óptica al Pacífico nos invitan a trabajar juntos a las dos naciones”.
“Es una señal clara de voluntad de Chile de contribuir a un proceso de integración entre dos pueblos hermanos que contribuyan al desarrollo y a mejorar la calidad de vida del pueblo. Fue una reunión fructífera donde hemos hablado de políticas de interacción, específicamente la relación que debe existir entre ambos Congresos. La Cordillera de los Andes debe ser la columna vertebral del cono sur y tenemos voluntad de integración con Argentina”, expresó Elizalde Soto.
A su turno, Soto Mardones manifestó: “El propósito de la visita fue para fortalecer el vínculo diplomático, para avanzar en una agenda de mejores políticas legislativas en beneficio de nuestros pueblos, en materia energética, económica”.
Por su parte, Lorena Fries diputada del Parlamento Chileno agradeció la hospitalidad y remarcó que el tema que une a los dos países y que “está en el centro” es el de derechos humanos. “Como saben es parte de la agenda que vayamos a visitar a la ESMA uno de los campos de torturas y desaparición forzada más importante de la Argentina y da cuenta de la importancia que le da el presidente de Chile al tema de los derechos humanos y esperamos que haya un aprendizaje en lo que se ha avanzado en justicia. También hay una agenda de género”, contó.
Sobre los acuerdos que se conversaron, la comitiva de Boric explicó a la prensa: “Ambos presidentes han suscripto a una serie de documentos. Están muy vivas las relaciones con los grupos parlamentarios que intercambien puntos de vistas y se reúnan periódicamente para contribuir a la interacción de ambos países. En segundo lugar, la política de integración es una política de Estado, por lo que se ha marcado una profundización y se ha establecido en las reuniones periódicas entre el Congreso Argentino y Chileno para contribuir a acuerdos que contribuyan a la integración de los países. Se ha planteado ratificar la dinámica de trabajo”.
En materia energética y la apertura de pasos fronterizos, informaron: “Ambas materias han sido abordadas, tanto por parte de la comitiva de ambas cámaras chilenas con nuestros pares argentinos y por las respectivas comitivas del Gobierno de Chile. Es una señal de que queremos retomar y fortalecer los vínculos de colaboración mutua respecto de los desafíos energéticos que tenemos de cara al futuro. Hay una voluntad de avanzar en esa dirección como también respecto de desarrollo de infraestructura, apertura de pasos y el corredor bioceánico y se ha planteado como un desafío común para trabajar como el problema de la migración que afecta a Latinoamérica y para abordarlo se requiere colaboración mundial”.
Horas antes, el presidente chileno mantuvo un encuentro con el jefe de Estado, Alberto Fernández, en la Casa de Gobierno en la cual se firmaron acuerdos bilaterales en materia de energía y luego brindaron una conferencia de prensa.
Los legisladores se hicieron presentes en el Parlamento para firmar por la aplicación de normas para “cuidar la mesa de los argentinos frente a la inflación”.
Diputados del Frente de Todos se juntaron este martes en el Congreso para firmar una declaración para que el Gobierno nacional aplique las leyes ya existentes de Abastecimiento y Góndolas “para proteger a los sectores populares más afectados por el incremento de los precios”.
Participaron de la reunión que se llevó a cabo en el Anexo del cuerpo legislativo los diputados Natalia Souto, Victoria Tolosa Paz, Nancy Sand, Leonardo Grosso, Daniel Arroyo y Eduardo Tonioli, quienes firmaron la declaración “Defendamos la mesa de los argentinos”, donde se pronunciaron a favor de aplicar las leyes ante el aumento de los precios en los productos de la canasta familiar.
Al respecto, la diputada de SOMOS/ Barrios de Pie, Natalia Souto, manifestó: “En estos momentos donde hay una fuerte aceleración de precios, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares. Por eso, es urgente unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina”.
“Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo”, apuntó y destacó que “frente a este panorama, que es bastante habitual y repetido a lo largo de nuestra historia, tenemos herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente”.
Finalmente, la legisladora de SOMOS/ Barrios de Pie explicó que “se debe aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población. Y para eso existen dos herramientas legales, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas”.
En la reunión, remarcaron que “la inflación en nuestro país no es un problema actual, ya hace muchos años que venimos conviviendo con este flagelo. Entre sus múltiples causas se pueden enumerar el alza de los precios de las materias primas, la puja distributiva, la economía bimonetaria, las altas expectativas inflacionarias, la emisión monetaria y los desequilibrios de la economía internacional”.
“Además, en este tiempo, a la inercia inflacionaria local, se le suma la suba de los precios a nivel mundial producto de la pandemia, por la presión ejercida en commodities y energía por el conflicto bélico desatado entre Rusia y Ucrania. Se prevé que, por los efectos de la guerra en el este de Europa, el mundo tendrá la inflación más alta en los últimos 40 años”, agregaron.
En tanto, apuntaron: “Tampoco hay que caer bajo ningún punto de vista, en las amenazas de aquellos grupos que quieran aprovecharse, sin responsabilidad alguna, de las condiciones extraordinarias generadas por la el alza de precios y la escasez mundial. Muy por el contrario, hay que sindicarlos como los que pretenden enriquecerse desmedidamente sin tener en cuenta ninguna consecuencia para nuestra gente. Estos sectores empiezan a mostrar las uñas ni bien el gobierno plantea alguna medida que tiende a disminuir el impacto socioeconómico de las consecuencias de la guerra, ya que con vil afán de lucro, no están dispuestos a resignar absolutamente ninguno de los beneficios obtenidos por esta situación tan excepcional”.
En función de esto último, la Promoción del Proyecto de Ley de Mercados Alimentarios de Cercanía es “otro punto importante”, y explicaron que “esta iniciativa apunta a crear y fortalecer mercados alimentarios de escala local y regional, con participación mixta de los distintos niveles del Estado y del sector privado, pyme y cooperativo. El objetivo es fomentar aquellos espacios de venta directa de productores a consumidores, con precios justos y sin especulaciones financieras, para el acceso al derecho a la Canasta Básica Alimentaria”.
El proyecto contempla la descentralización de fondos del Estado nacional a gobiernos provinciales, municipales, MiPyMEs, y cooperativas para la constitución, equipamiento y funcionamiento de estos mercados; la implementación de líneas de créditos específicas a tasa bonificada con garantía pública; el establecimiento de beneficios impositivos, laborales y crediticios; y una estrategia nacional de infraestructura y de servicios para la alimentación. También la creación de un fideicomiso con fondos públicos y privados que promueva la constitución de estos Mercados.
“El Estado cuenta con herramientas concretas que pueden y deben aplicarse para, por un lado, sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente; y, por otra parte, aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población”, sostuvieron.
Por consiguiente, explayaron que la “Ley de Abastecimiento, la cual le permite al gobierno intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. De esta forma, analizando los márgenes y la forma en que se produce y comercializan los alimentos (por ejemplo), se pueden establecer precios reales con márgenes de ganancia lógicos. De esta manera, se evitarían los excesos, la especulación y los aumentos “preventivos” injustificados”.
“Además, esta norma permite intervenir temporalmente industrias y mantener la continuidad de la producción y comercialización para garantizar el abastecimiento de productos. De esta forma se puede evitar lo que estamos viendo en muchos supermercados donde hay faltantes de los elementos de primera necesidad y que se hallan dentro del programa Precios Cuidados”, destacaron.
Y concluyeron: “Esos productos faltantes o no se están fabricando o directamente se están acumulando en depósitos y centros de distribución; las empresas piensan que acaparando pueden lograr precios mayores y con eso multiplicar sus ganancias. Ley de Góndolas, que tiene como orientación general contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene personal y limpieza sea transparente y competitivo”.
Diputados nacionales mantuvieron una reunión en el Congreso en la cual entregaron el informe del Comité Permanente con los casos testigos de las violaciones estructurales a los derechos humanos y acordar una agenda de nacionalización.
Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Rubén Manzi (Coalición Cívica), Sabrina Ajmechet (Pro), Mónica Frade (Coalición Cívica) y el presidente de la CC-ARI Maximiliano Ferraro encabezaron en el Congreso de la Nación una reunión con miembros del Comité de Lucha Contra la Injusticia y la Impunidad de Santiago del Estero (C.C.I.I) -una organización que agrupa a más de 30 familiares de víctimas de distintas formas de violencia institucional y violaciones a los derechos humanos de esa provincia ocurridas, antes, durante y luego de la Pandemia por Covid- y referentes de organizaciones y especialistas de Derechos Humanos como la exsenadora nacional Norma Morandini; Gloria Machado, representante de la Red Infancia Robada dirigida por Marta Pelloni; Ernesto Tetaz (abogado de RADHIS) y Luciana Rached, dirigente política de la UCR en esa provincia, entre otros.
A un día de rememorar en Argentina el día de la memoria activa contra la violación de los Derechos Humanos en el país ocurridos durante la dictadura militar, el objetivo del encuentro fue entregar a los referentes de Derechos Humanos el informe del Comité Permanente con los casos testigos de las violaciones estructurales a los derechos humanos en la Provincia de Santiago del Estero y acordar una agenda de nacionalización de lo que ocurre en Democracia en muchas provincias del país y que sin embargo se invisibilizan desde las agencias del Estado Nacional que deberían actuar para evitarlo.
“Santiago del Estero es acaso el paradigma de una democracia electoral que cree que los votos dan legalidad para violar el estado de derecho de los santiagueños”, expresó Carrizo y agregó: “Este encuentro es el punto de partida para construir una voz colectiva que logre poner la agenda de los Derechos Humanos en clave de presente y no sólo del pasado”.
Y cerró: “Los Derechos Humanos tienen razones, y esas razones son independientes de los gobiernos y los partidos. Debemos volver a politizar desde la sociedad los abusos del presente y evitar la constante partidización que silencia las voces de madres, padres, hermanas e hijas en busca de justicia”.
En la misma línea se expresó el diputado Manzi, autor de dos informes presentados ante el Congreso sobre violencia institucional en el Noroeste argentino: “Santiago es el ejemplo máximo donde se violan los Derechos Humanos, ya que hay una impresionante concentración de poder en la provincia y una baja calidad democrática. Se trata de una democracia plebiscitaria. No hay división de poderes, hay cooptación, y el resultado son estos hechos aberrantes”.
Patricia Isorni y Juan Felipe Jaimes, familiares de víctimas y referentes del Comité de Lucha, hicieron entrega a los presentes del informe elaborado por el Comité, el cual consta de un registro de casos donde se relatan abusos de la policía, detenciones arbitrarias, torturas y muertes, y remarcaron que decidieron agruparse para “exigir Justicia ante la falta de respuesta de las instituciones de la provincia”. Además, anunciaron que se le remitirá una nota al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, para solicitar una audiencia con dicho organismo rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país.
El encuentro finalizó con las voces de Luciana Rached quien acompaña el trabajo del Comité en Santiago del Estero; las diputadas Mónica Frade, Sabrina Ajmechet y el diputado Maximiliano Ferraro y el compromiso de Gloria Machado en representación de Martha Pelloni, Norma Morandini y Graciela Fernández Meijide, a través de un video que se compartió en un zoom que conectaba a los familiares de las víctimas en distintos puntos de la provincia.
Diputados de JxC presentaron un proyecto para solicitar la presencia del titular de la cartera de Economía y del secretario de Energía en el Parlamento para que brinden explicaciones sobre las políticas energéticas.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Pamela Verasay, presentaron un proyecto por el cual se pide que el ministro de Economía, Martín Guzmán; y el secretario de Energía, Darío Martínez, den explicaciones ante la Cámara baja respecto al rumbo actual de política energética de la Argentina.
También piden que expliquen sobre “las situaciones coyunturales que de ella se desprenden para el presente ejercicio y sobre situaciones que han trascendido luego de que el secretario de Energía informara al ministro de Economía y al presidente de la Nación que, como consecuencia del ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la secretaria de Hacienda, no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia”.
Entre otras cuestiones, solicitan que se den detalles sobre el estado de las negociaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las condiciones contractuales que se estarían negociando o se hubieran alcanzado a la fecha (particularmente en lo referente a volúmenes del suministro, precios, posibles revisiones contractuales y su periodicidad, vencimientos, etc.
Además exigen que informe sobre “otras alternativas contempladas por la Secretaria de Energía para cubrir el suministro de las centrales térmicas del país, frente a la posible suspensión por incumplimientos en los pagos con los proveedores de GNL importado; y sobre la estimación presupuestaria -frente a los nuevos valores del GLP- para cubrir las compensaciones para los productores de butano y propano de uso doméstico por el descalce entre Precios Máximos de Referencia establecidos mediante Resolución N°49/15 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias y los valores actuales de GLP destinado al Programa Hogares con Garrafa (HOGAR)”.
A su vez, quieren que los funcionarios detallen si, frente al escenario de escasez y caída en el suministro de gas para los meses de invierno, contemplan o estudian implementar cortes temporales en el suministro de algún sector.
“La situación energética en la Argentina es preocupante, y puso una situación de alerta máxima cuando al conocerse que mediante nota NO-2022-24313669-APN-SE#MEC, el Secretario de Energía Sr. Darío Martínez, informó al Ministro de Economía y al Presidente de la Nación que, como consecuencia al ‘Techo de Caja’ impuesto por la Tesorería General de la Secretaria de Hacienda impuesto mediante Nota NO-2022-22867542-APN-DPYCEF no se lograría cumplir, en el mes de marzo del corriente, el pago del gas que se importa de Bolivia, del Barco Metanero de GNL contratado por la estatal IEASA, ni los 17 barcos con gas oil contratados por CAMMESA para abastecer las centrales térmicas”, explicó Verasay.
En el mismo sentido, agregó: “La situación es extremadamente delicada, ya que sin energía no hay industria y sin industria se estaría asestando un duro golpe a la economía y a cualquier posible recuperación. Si bien, la situación de virtual ‘default’ con los proveedores energéticos para el mes de marzo parecería encontrar algún tipo de solución, es de vital importancia que se ponga en conocimiento del Congreso Nacional cuál es la situación para el resto de los meses, y principalmente en el inminente periodo invernal”.
“Este plan de contingencia debería ser informado a este Parlamento, a los sectores productivos y a la opinión pública en general, para la toma de conciencia de la compleja situación que enfrentará el sector energético de nuestro país en los próximos meses. El Gobierno debe dar a conocer de forma urgente su plan de abastecimiento para los próximos meses y establecer un plan de contingencia que incluya diferentes escenarios, medidas de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la demanda”, finalizó.
A través de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se presentó el pedido ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°5.
La Presidencia del Senado, a cargo de Cristina Kirchner, fue admitida este lunes como querellante en la causa que investiga el ataque al Congreso que tuvo lugar el 10 de marzo pasado, y por el cual se produjeron destrozos en el despacho de la vicepresidenta, mientras se debatía la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI en la Cámara de Diputados.
La presentación la realizó este lunes la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.
En el escrito se detalla que “el pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto”.
“Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores”, se recordó.
Además, la presentación considera que “entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”.
“Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21hs. aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, agregó Peñafort.
Desde el Frente de Izquierda convocaron a un acto frente al Congreso este jueves a las 17.30 bajo el lema: “Abajo el pacto con el FMI”.
Mientras este jueves puertas adentro del Parlamento se lleve a cabo la sesión para votar en la Cámara de Senadores el proyecto de ley que permite al Ejecutivo refinanciar la deuda con el FMI, a las 17.30 el Frente de Izquierda Unidad, movimientos sociales y sindicales independientes harán un acto en el Congreso rechazando este acuerdo.
En relación a eso, la diputada Romina Del Plá se refirió al índice inflacionario: “El 4.7% de inflación en febrero, la más alta en los últimos 11 meses, es una muestra más del fracaso de la política del Gobierno. Mientras los alimentos suben un 7,5%, el salario mínimo equivale a la mitad de la canasta básica de pobreza”.
“Queda demostrado que el presidente mentía cuando decía que el acuerdo con el FMI no iba a traer tarifazos y ajuste”, cuestionó la legisladora de izquierda y agregó: “Las cláusulas de revisión cada 3 meses implican un Gobierno anclado a este pacto que es incompatible con cualquier medida para sacar adelante a las y los trabajadores. Es claro que el Gobierno y todos los que están a favor del pacto van a ser responsables del enorme salto en los índices de pobreza e indigencia.”
Por su parte, el legislador porteño Gabriel Solano sumó: “Frente a la crisis extraordinaria que significa el salto inflacionario, el pacto con el FMI del Gobierno nacional impide que se lleven adelante las medidas económicas necesarias para frenar este ataque al salario de los trabajadores”.
“El acuerdo con el FMI es completamente inflacionario y queda clarísimo con los números del mes de febrero que el Gobierno viene haciendo buena letra con el organismo internacional. El gran instrumento de ajuste en el país es la inflación junto con los tarifazos, impuestazos y mayor devaluación de eso se vale el gobierno para cumplir con las metas macroeconómicas que se establecieron y que serán revisadas por el FMI cada 3 meses”, cerró.
Volodímir Zelenski ya se dirigió por videoconferencia ante el Parlamento Europeo y la Cámara de los Comunes británica. “Escuchemos y abracemos a este mandatario y al pueblo sufriente de Ucrania”, planteó el diputado radical.
El presidente del bloque UCR en Diputados, el cordobés Mario Negri, propuso a través de un proyecto de resolución -que fue comunicado al titular de la Honorable Cámara de Diputados, Sergio Massa– que el jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, transmita un mensaje al pueblo argentino y a la comunidad ucrania radicada en nuestro país.
La iniciativa de Negri contempla que se realice una sesión especial de la Cámara baja durante la cual Zelenski dirija un mensaje por videoconferencia ante los diputados argentinos reunidos en el recinto de sesiones. Negri también propuso que sean invitados a la sesión especial los senadores nacionales.
En los fundamentos del proyecto, el diputado radical recuerda que el presidente Ucrania, país que está bajo la invasión y la guerra declarada por Rusia, ya habló por videoconferencias ante el pleno del Parlamento Europeo, que lo ovacionó de pie, y ante la Cámara de los Comunes del Reino Unido y se apresta a hacer los mismo ante el Congreso de Estados Unidos.
“Hagamos nuestro aporte a la historia de la defensa del sistema democrático y de la libertad a lo largo y a lo ancho del mundo. Escuchemos y abracemos a este mandatario y en él a este pueblo sufriente. Hagámoslo por la defensa de la vigencia de un sistema de gobierno, el mejor que el mundo conoce hasta la fecha, y por la vigencia de los derechos humanos. El pueblo ucraniano lo merece, el mundo civilizado también”, expresa Negri en su proyecto de resolución.
Luego de los incidentes ocurridos la semana pasada, y el ataque al despacho de CFK, funcionarios porteños salieron al cruce del oficialismo por la seguridad.
Funcionarios del Gobierno porteño anunciaron que pondrán vallas y montarán previamente un operativo de seguridad este jueves, en el marco de la sesión que se dará en el Senado para debatir el proyecto de acuerdo con el FMI.
“Vamos a vallar el Congreso y desplegar la fuerza para que actúen de la manera que siempre lo vienen haciendo garantizando el desarrollo del Congreso, uno de los pilares de la democracia”, expresó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro.
La semana pasada, cuando se debatió la iniciativa en la Cámara de Diputados, un grupo de manifestantes atacó con piedras y bombas de pintura el edificio, registrándose destrozos en el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. También se enfrentaron con efectivos de Policía de la Ciudad, arrojándoles bombas molotov.
En sus redes sociales, CFK mostró cómo se vivió el ataque desde adentro de su despacho. En un segundo vídeo, denunció que el episodio se “planificó” y cuestionó la demora de la Policía en actuar.
Este martes, D’Alessandro apuntó que desde hace dos años desde Nación le “exigen” a la Ciudad que no ponga vallas en el Congreso ni en la Casa Rosada. “La propia Cristina ha llamado por teléfono solicitando que saquen las vallas, incluso desde Secretaría General de la Presidencia”, señaló.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, recordó que “el trabajo de la Policía de de la Ciudad estuvo seriamente afectado por una decisión de un diputado del Frente de Todos, que presentó un amparo después de la pedrada del año 2017 al Congreso impidiéndole a la policía utilizar ningún elemento que permita el accionar y la represión en el lugar”.
“Parecería que para el kirchnerismo cuando la violencia les es funcional la protegen y cuando la violencia la sufren, son víctimas, editan vídeos e intentan transferirnos la responsabilidad del tema. Para nosotros es claro, hay un solo lugar que es frente a los violentos y los delincuentes y en ese sentido se actuó el otro día”, sostuvo Macri.
El espacio oficialista, tanto de diputados como de senadores, expresó su rechazo a los hechos vandálicos y de violencia hacia el Congreso de la Nación, puntualmente el despacho de la vicepresidenta, mientras se debatía el proyecto de acuerdo con el FMI.
Mientras puertas adentro del Congreso se debatía en el recinto de la Cámara de Diputados el proyecto de refinanciamiento de la deuda con el FMI -que obtuvo la media sanción – en las calles se generaron graves incidentes, ya que manifestantes que protestaban en contra del arreglo atacaron con piedras y bombas molotov el Palacio, lo cual dejó varios policías heridos, pero también la rotura de los vidrios del despacho de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, lo cual fue repudiado desde su bloque tanto de diputados como de senadores.
“Diputados y diputadas nacionales del Frente de Todos expresamos el más absoluto repudio y rechazo a los hechos de violencia que tuvieron como víctima a la querida compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, escribieron desde la cuenta oficial.
Y señalaron que “estos hechos no pueden permitirse en la democracia argentina, repudiamos cualquier tipo de violencia política y más contra alguien que tiene tal jerarquía en el esquema político institucional de nuestro país”.
“Nuestra solidaridad con Cristina y reclamo de esclarecimiento y búsqueda de responsables materiales e intelectuales”, exigieron.
En el mismo sentido se pronunció el bloque de senadores que emitieron un comunicado en donde manifestaron su “su más enérgico repudio al ataque contra el Honorable Congreso de la Nación y, en particular, hacia el despacho de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado ayer por un grupo de personas violentas, en el contexto de una manifestación política que se desarrollaba en la Plaza de los dos Congresos”.
“Los agresores actuaron con evidente desprecio por las instituciones democráticas, arrojando piedras, bombas molotov y otro tipo de objetos, que ocasionaron la rotura de vidrios de las ventanas y dependencias del Palacio del Congreso de la Nación”, describieron en el texto y agregaron: “Las diferencias políticas nunca pueden ser resueltas por medio de la violencia. El sistema democrático brinda las herramientas para que toda persona pueda expresarse libremente y resolver las controversias en forma pacífica”.
Por consiguiente, consideraron que “hechos de violencia como los de ayer no pueden ni deben ser tolerados en democracia. Resulta imperioso identificar y sancionar penalmente a los responsables. En el mismo sentido, expresamos nuestro rechazo a toda forma de violencia e intolerancia. Reafirmamos nuestro compromiso en el respeto a los derechos de todas las personas a manifestarse de forma pública y pacífica, plenamente garantizados en la República Argentina”.
“Por último, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con el personal legislativo y con los integrantes de las fuerzas de seguridad que resultaron heridos durante los hechos aquí mencionados”, concluyeron en el comunicado.
Comunicado-Bloque-FdT-Ataque-al-Congreso-1También expresaron su solidaridad algunos diputados de la bancada, como Eduardo Valdés quien posteó: “Mi solidaridad total con Cristina ante la violencia y la intolerancia. Responderemos, como siempre, con más amor, trabajo y convicciones. Frentetodismo las 24 horas”.
En el mismo sentido se pronunció Victoria Tolosa Paz quien escribió: “Repudio los hechos de violencia del día de ayer contra la democracia y las instituciones. Como siempre repudiamos la violencia”.
“Quienes integramos la Corriente Nacional de la Militancia queremos expresar a través de este comunicado, el más absoluto repudio al violento ataque sucedido ayer contra las oficinas de Cristina Kirchner”, expresó Mara Brawer quien adjunto un comunicado emitido por la Corriente Nacional de la Militancia.
La versión final de la iniciativa fue distinta a la del borrador, a propósito de los reclamos de la principal oposición. Sin embargo, advierten una modificación “a medias” sobre los artículos.
Finalmente, el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional llegó a la Mesa de Entradas de la Cámara baja este viernes.
A consideración de Juntos por el Cambio las modificaciones en el articulado, cuestión que habían reclamado luego de ver el borrador este jueves, se hicieron “a medias”.
Es que, cabe destacar, que este viernes por la mañana el ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtió que “no se puede separar el financiamiento del FMI del esquema de políticas económicas”.
Tras conocerse la letra final, desde la principal bancada opositora señalaron que todavía hace “mucho ruido”.
“El proyecto ingresó finalmente con dos artículos desdoblando la autorización del refinanciamiento del programa de gobierno por el cual se buscará cumplir con las metas acordadas con el Fondo. Sin embargo, hay todavía mucho ruido. El ministro Guzmán declaró en radio que ‘las dos cosas no son escindibles, vienen juntas’ y, a la vez, vemos que el artículo segundo ingresado reza ‘a los fines del artículo 1ero se acompañan los Anexos que componen el Programa de Facilidades Extendidas’”, explicó una alta fuente de JxC.
En ese sentido, la misma fuente agregó que “hay un desdoblamiento de los artículos a medias, no es total. En JxC siempre dijimos que el Congreso sólo está autorizado a votar el financiamiento, los programas económicos son facultades del Poder Ejecutivo y el Parlamento no tiene por qué opinar o avalarlos”.
“Seguiremos estudiando con detenimiento todo lo que ingresó recién a Diputados y el lunes escucharemos al ministro. No podemos adelantar una posición, es demasiado prematuro”, expresaron desde la bancada.
La iniciativa del diputado Alejandro Cacace establece la modificación del artículo 24 de la Ley 26.122 del Régimen Legal de los DNU.
Un grupo de 30 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el legislador puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical), presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 24 de la vigente Ley 26.122 del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia y proponer: “La aprobación expresa de ambas cámaras del Congreso para que un DNU sea válido como ley”.
“Los decretos deberán ser aprobados expresamente por la mayoría requerida para la aprobación de un proyecto de ley por cada Cámara del Congreso. Los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa dentro de los 60 días se considerará nulos”, propone el texto. Además, remarca que “rechazado el decreto de necesidad y urgencia o un decreto delegado por el Congreso, el Ejecutivo no podrá dictar otro análogo mientras no se modifiquen las circunstancias que tuvo en cuenta el Congreso”.
Entre los fundamentos, subrayan que “los Decretos de Necesidad y Urgencia fueron incorporados a la Constitución Nacional en la reforma de 1994… y propusieron atenuar y limitar al sistema presidencialista, proveyendo un marco normativo a la delegación legislativa”.
A su vez, señala que el artículo 99 Inc. 3 de la Constitución Nacional dispone que “el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
“Sin embargo, no fue hasta el 2006 que los DNU fueron reglamentados en lo que conciernen a su procedimiento. Estuvieron 12 años sin control”, apuntan. En ese marco, recordaron que hubo muchas propuestas legislativas para reglamentar la disposición constitucional, una de ellas fue de la entonces diputada nacional Cristina Fernández de Kirchner en el 2000, pero que en el 2006 cuando su esposo Néstor Kirchner era presidente, impulsó la Ley 26.122 en su carácter de senadora nacional contraponiéndose a lo que había propuesto años antes.
Y concluyen: “Este proyecto vendría a subsanar el daño institucional que le ha hecho a nuestro sistema republicano la Ley 26.122 en su redacción actual y reforzar el equilibrio entre los poderes y las facultades constitucionales de control del Poder Legislativo”.
A través de las redes sociales, diputados y senadores de la principal bancada opositora cuestionaron el relato del mandatario y le salieron a responder.
En su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dedicó una parte a criticar a la oposición por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional y por “dejarlo” sin presupuesto 2022. Tras lo cual, dirigentes de la principal bancada opositora salieron a responderle a través de las redes sociales.
“El presidente mira otro canal. Habla de recuperación y reivindica una economía que se cae a pedazos. Me pregunto si vivimos en el mismo país. Una vez más la causa de todos los males es el pasado y la oposición. ¿Cuándo comienza su gobierno?”, posteó el presidente del bloque UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff (Formosa).
También se expresó Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados: “Un discurso que no alcanza ni como una provocación. Un presidente perdido que solo enumeró expresiones de deseo. Fue muy difícil mantener la atención en un discurso sin fuerza ni autoridad”.
“Señor presidente, todos los países tuvieron la mejor vacunación de su historia frente a la pandemia. Eso no quiere decir que hayamos tomado decisiones inteligentes en materia sanitaria y por ello perdimos un tiempo enorme del 2020 en adelante”, cuestionó el jefe del interbloque de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo (Mendoza).
“El presidente dice no habrá reforma Previsional. Debería decir no habrá una “nueva” reforma porque ni bien asumieron suspendieron la movilidad y cambiaron la fórmula haciéndole pagar el ajuste íntegramente a los jubilados. La mentira como única política de Estado”, criticó la secretaria parlamentaria de Juntos por el Cambio, Silvia Lospennato.
En el mismo sentido, se pronunció el diputado entrerriano Rogelio Frigerio: “El presidente busca que la oposición colabore y luego nos ataca, insulta y miente. Un claro reflejo de cómo el kirchnerismo maneja el país. Basta de mirar para atrás, los argentinos necesitamos futuro y certezas”.
“¿El presidente nos habla desde Narnia?”, se preguntó el legislador Diego Santilli y cuestionó que “le pide ayuda a la oposición para buscar consensos y un minuto después miente y agravia. No nos votaron para ser testigos silenciosos de tanto desastre e impunidad”.
El senador pampeano Daniel Kroneberger manifestó: “Fue un discurso del presidente con gusto a poco; hubo promesas algo abstractas y sin dejar claro cómo va a hacer lo que prometió. Los temas de la nueva agenda como ambiente, género y transparencia no tuvieron espacio; y son de interés centrales para las juventudes. Tampoco, el presidente fue concreto en temas relacionados con la educación, la salud, el modelo productivo tan castigado, la inflación y los temas que preocupan en los hogares de cada argentino y argentina”.
“No es momento de que el presidente agite las aguas y genere tensiones que no llevan a ninguna parte; es momento de tomar decisiones claras, de liderar el país con un plan que atienda la urgencia y que también se enfoque en el largo plazo. El presidente tiene que esforzarse en la búsqueda de consensos y en el trabajo en conjunto. El mensaje se enfocó en explicaciones a la vicepresidenta y no en los argentinos y argentinas. Me parece que el Gobierno hoy volvió a perder una oportunidad. El discurso del presidente no se parece en nada a lo que vive la Argentina”, dijo Kroneberger.
Además, el legislador nacional sostuvo: “Es un error que el presidente no haya intentado recuperar la confianza de cada ciudadano. Faltó diagnosticar, hacerse cargo de lo que se hace mal, ponerse en lugar de cada vecino y vecina de la República que no la está pasando bien y que aún espera que el gobierno le cuente cómo va a sacar adelante al país, sin confrontación, con buenas decisiones y un plan en serio. El presidente se olvidó del diagnóstico, de la autocrítica y de un plan creíble para Argentina”.
En suma, la diputada sanjuanina Susana Laciar apuntó: “Le pedimos al presidente que nos invite a vivir en el país que relata. Evidentemente no es el país que padecemos día a día. Este es un Estado débil producto de la flaqueza de liderazgo. Fortaleza no significa regalar, ni subsidiar; sino construir trabajo”. “Presidente, habla de una recuperación económica. Pero lo único que sube es la inflación, y de eso no habló. Señor presidente: 50,7% de inflación interanual”, remarcó.
“Presidente, recuerde que el presupuesto no se aprobó porque era un dibujo y el ministro (Martín) Guzmán lo demostró en la pobre conferencia de prensa cuando explicó las bases del acuerdo con el FMI. Presidente, habló de educación, pero no de calidad educativa. Entregar computadoras cuando no tenemos conectividad es una burla a todos los chicos que no tienen internet. Presidente, hablar de independencia judicial es aceptar las sentencias y no recriminar a los jueces que dictan sentencias en contra de sus decisiones. Es evidente que la única justicia que quiere es la obsecuente y consecuente con sus ideas políticas”, enumeró Laciar y cerró: “Presidente, deje de cargar culpas a otros y de mirar hacia afuera, es hora que asuma su propia responsabilidad y empiece a gobernar”.
Además, el jefe de Estado adelantó que enviarán el proyecto de ley de Empleo Joven al Congreso para “facilitar la inserción laboral de los jóvenes”.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a los planes sociales durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y adelantó que avanzarán en “convertirlos en empleo formal”. También, afirmó que enviarán al recinto del Parlamento el proyecto de ley de Empleo Joven para “facilitar la inserción laboral de los jóvenes” porque “están entre los sectores más afectados por la pandemia”.
“Avanzaremos en convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa; mediante la registración de la economía popular; y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas”, aseguró el jefe de Estado en un tramo de su discurso.
En ese sentido, señaló que “el crecimiento genera empleo y esas tareas requieren cada vez más de saberes y conocimientos”, por lo que “vamos a potenciar la capacitación a través del Programa Fomentar, que desplegará capacitación presencial y virtual para la inserción laboral. En 2022 llegaremos a 350 mil personas”.
En tanto, adelantó: “Para facilitar la inserción de los y las jóvenes en el mercado de trabajo enviaré al Congreso de la Nación el Proyecto de Ley de Empleo Joven” porque “sabemos que los jóvenes están entre los sectores más afectados por la pandemia. Por eso lanzamos varias iniciativas para ayudar a que se sobrepongan”.
“Con el Programa Potenciar Inclusión Joven generamos capacitación para casi 50 mil jóvenes junto a una beca de estímulo económico. En 2021 hemos otorgado más de un millón de becas Progresar. Con el curso Argentina Programa hemos formado a miles de personas en el pensamiento computacional”, destacó Fernández.
En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, Alberto Fernández advirtió la situación económica y social que vivíamos cuando debimos afrontar la pandemia.
Al comienzo de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández repasó la situación económica y social en la que se encontraba el país al comienzo de la pandemia.
“Yo sé que cuando describimos la cruda realidad que nos tocó enfrentar en la primera parte del Gobierno hay quienes quieren escuchar en esa descripción un decálogo de excusas”, inició el presidente, y continuó: “Pero la realidad es que el mundo ha vivido un período excepcional, y eso ha golpeado con mayor ferocidad en la Argentina por la situación económica y social que vivíamos en ese momento”.
En este sentido, precisó: “Un sistema productivo muy deteriorado, el empleo en crisis, un sistema de salud abandonado, una deuda insostenible con el Fondo Monetario Internacional, otra deuda virtualmente impaga con acreedores privados, una inflación desatada y una pobreza creciente”.
“Hemos vivido una crisis sin precedentes, querer politizar tamaña tragedia, cargándole culpas a quienes tuvimos el deber de gobernar en ese instante de la humanidad es tentador para algunos, pero es definitivamente inaceptable”, concluyó al respecto el presidente Fernández.
En el marco de la apertura de las sesiones ordinarias el presidente de la Nación homenajeó a las víctimas ucranianas en la guerra con Rusia y a los fallecidos por Covid-19.
En la antesala de su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a la “invasión militar” de la Federación Rusa a Ucrania y pidió un minuto de silencio por las víctimas de la guerra y también por los fallecidos por el Covid-19.
“Nos han tocado tiempos difíciles signados por la crisis sanitaria, económica y bélicas. El mundo está conmovido. La tragedia de una pandemia con la que aún luchamos, ha dejado al descubierto las inequidades en las que vivimos. Pudimos ver el modo en que la riqueza se concentra en pocos, mientras la pobreza y la marginalidad se distribuyen en millones de seres humanos que reclaman por dignidad y justicia”, comenzó el mandatario.
En ese sentido, precisó: “Ahora, cuando empezábamos a controlar la ferocidad del virus, vemos con pesar que tanto dolor y tanta muerte no han logrado conmover la ética de los poderosos que, encerrados en la lógica de un capitalismo financiero que busca perfeccionar su renta, solo logra profundizar aquella desigualdad”.
“En ese contexto la paz del mundo se altera con la invasión militar de la Federación Rusa sobre Ucrania. Europa se conmueve mientras el fantasma de una guerra vuelve a levantarse. Otra vez la violencia bélica arrasa vidas humanas”, cuestionó y solicitó un minuto de silencio “por esas vidas humanas, y por las que perdimos con el Covid-19”.
Si bien había trascendido que podría presentarse este lunes en Diputados, el día transcurrió sin novedades.
Exactamente un mes después de haber anunciado el Gobierno el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto que contiene los detalles del mismo y que debe ser autorizado por el Congreso de la Nación, sigue sin ingresar al mismo.
El dato saliente es que había trascendido que llegaría este lunes, en vísperas del discurso de Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, y por eso es que el titular de la Cámara baja dispuso mantener una guardia en Mesa de Entrada de Diputados a la espera de que el entendimiento fuera enviado por el Poder Ejecutivo.
Lo cierto es que ya varias veces se anunció la inminente llegada del texto al Parlamento, pero una y otra vez la realidad indicó que hay que seguir esperando.
A propósito de que los tiempos apremian para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario antes del 22 de marzo -fecha en la que Argentina debería hacer un pago para evitar en caer en default y no cuenta con reservas suficientes para cumplir con ello-, se había especulado con un rápido envío del texto luego de que el viernes 28 de enero el Gobierno anunciara ese principio de acuerdo con el FMI. Sin embargo tres días después se registró la renuncia del presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, que trastocó todos los parámetros dentro del Frente de Todos. A partir de ahí no solo ese trámite entró en un cono de sombras, sino el período extraordinario en sí. De hecho, la velada fractura expuesta en el oficialismo hizo que el temario para extraordinarias pasara a un segundo plano y que en definitiva y de manera inédita ni uno de los proyectos sugeridos por el PEN fuera tratado en ninguna de las dos cámaras.
Se habló de que el proyecto ingresaría por la Cámara alta, donde el oficialismo ya no tiene mayoría, pero sí cuenta con el número suficiente para aprobar todo lo que se envíe a ese Cuerpo. Sin embargo quedó claramente expuesto que las dificultades oficialistas no se limitaban a la Cámara baja donde el presidente del bloque había renunciado, sino que también invadían el Senado. Sucedió el lunes 14 de febrero, cuando el presidente del bloque Frente de Todos de esa Cámara, José Mayans, aclaró que los senadores oficialistas querían conocer “el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país”. Asimismo el formoseño señaló en esa entrevista que en una charla reciente mantenida con el negociador de la deuda Sergio Chodos, le había expresado su parecer respecto de que le parecía “conveniente” que el debate parlamentario del acuerdo por la deuda se iniciara en la Cámara de Diputados.
Si bien Mayans señaló en esa entrevista realizada en El Destape Radio que esa decisión dependía del Poder Ejecutivo, en lo más alto del poder formal tomaron nota del mensaje y ya no pensaron más en tomar el Senado como Cámara iniciadora.
Sonó fuerte finalmente el trascendido de que el proyecto entraría el viernes 25 de febrero, o bien el 2 de marzo, transcurrida la Asamblea Legislativa. Luego calificadas fuentes oficiales dieron casi por confirmado que el proyecto se conocería el viernes pasado, pero tampoco sucedió y ni tampoco este lunes, la fecha alternativa.
En rigor, había quienes dudaban mucho de que este lunes fuera el día elegido, justo en vísperas de la inauguración de las sesiones ordinarias, por la repercusión que el texto podría tener entre los legisladores. La tropa propia y la oposición.
Lo cierto es que la decisión final depende de que la letra chica entre los negociadores argentinos y sus pares del FMI termine de ser acordada. Ya no es una cuestión de fechas, sino de flexibilidad de cada una de las partes, y según ha trascendido, las discrepancias están empantanadas desde hace varios días en la cuestión tarifaria: el Fondo reclama un aumento del 60% del precio de las facturas y la consecuente reducción drástica de los subsidios energéticos, pero ya se sabe que en el Instituto Patria -léase Cristina Fernández de Kirchner– se ha dejado claro que el incremento no debe superar el 20%.
Sobre llovido mojado, el estallido de la guerra en Ucrania disparó los precios del petróleo y eso tendrá incidencia inexorable en los precios de un insumo como el gas, que la Argentina debe importar pese a albergar en su seno la cantidad de fluido suficiente como para autoabastecernos y exportar. Sucede que la construcción del gasoducto que hubiera garantizado la autosuficiencia no concluyó y es así que deberán seguir llegando los barcos gasíferos, ahora con precios mucho más altos que los previstos originalmente.
En este contexto los tiempos se acortan de manera dramática y no hay espacio para más dilaciones. La llegada del proyecto deberá ser esta semana -por la Cámara baja, está claro-, pero habrá que considerar también que el texto no ha sido consensuado todavía con las autoridades del Fondo. Los tiempos urgen, así que en las próximas horas deberán acabarse las dilaciones.
Eso escribió en Twitter el diputado, luego de que el jefe de Estado expresara durante un acto en Catamarca que “no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el Fondo Monetario Internacional”.
Tras el discurso que brindo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en Catamarca en el acto por el 76° aniversario de la primera victoria electoral del general Juan Domingo Perón en el cual aseguró que “no hay peor suerte para un país que estar endeudado con el FMI”, el diputado libertario José Luis Espert utilizó su cuenta de Twitter para decirle al mandatario que “deje de hablar al pedo y haga lo que tiene que hacer”.
Espert le reclamó a Fernández por el envió del proyecto del acuerdo con el FMI al Congreso: “Deje de hablar al pedo presidente y haga lo que tiene que hacer, ya demorado. Mande al Congreso de una buena vez el acuerdo con el FMI”. En este sentido, le recordó que “vencen 2.900 millones de dólares entre el 20 y 21 de marzo, cosa que se sabe desde el día que (Mauricio) Macri acordó el Stand By con el FMI hace 3 años y medio”.
La falta de acuerdos políticos y la cuestión FMI frustraron la posibilidad de una sesión en alguna de las dos cámaras. En diciembre hubo prórroga de ordinarias. El verano pasado sí se sesionó.
Por primera vez desde 2009, el verano culminará sin que se haya realizado alguna sesión extraordinaria en el Congreso. Cabe destacar que en diciembre lo que sí sucedió es que hubo prórroga de sesiones ordinarias y ambas cámaras concretaron cuatro reuniones -sin contar las preparatorias-.
Sin embargo, no son tan largas en el tiempo otras ocasiones en las que no hubo sesiones extraordinarias en febrero: durante 2017 y 2018 -año que no se convocó en enero y febrero-, bajo la gestión de Mauricio Macri, los recintos tampoco se abrieron, según un informe detallado que publicara parlamentario.com. Pero sí en esos períodos hubo sesiones de carácter extraordinario en diciembre, algo que este diciembre último no ocurrió, pues fue prórroga de ordinarias, como señalamos, algo similar entonces a lo sucedido en 2009.
También este año muestra una diferencia respecto a 2020 y 2021, cuando ya bajo la presidencia de Alberto Fernández, el Congreso sí estuvo activo en febrero. Mucho más en el primero que en el segundo.
Sin embargo, este año sucedieron varias cuestiones que llevaron al fracaso de las extraordinarias: 1) las idas y vueltas del Poder Ejecutivo en la convocatoria; 2) el anuncio del acuerdo con el FMI, cuestión no incluida en el temario; 3) la renuncia de Máximo Kirchner al bloque oficialista en Diputados; 4) la falta de acuerdos entre el oficialismo y la principal oposición por la conformación de las comisiones, encargadas del análisis y dictamen de los proyectos.
El temario que elaboró el Gobierno contenía 18 proyectos, de lo más variados. Solo dos tenían inicio en el Senado: el Consenso Fiscal 2021, sobre el que se pensaba que podía avanzar rápido su media sanción durante el verano; y la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura, un tema dificultoso para los consensos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que requerirá además de bastante tiempo para el debate.
Ante ese panorama, la posibilidad de una sesión se vislumbraba un poco más factible en la Cámara baja, dado que entre los temas estaban incluidas varias iniciativas que ya el año pasado habían avanzado con sus respectivos dictámenes en comisiones, como la nueva Ley de VIH o la ley de cannabis medicinal e industrial. También aparecían entre los “no conflictivos” la creación de Parques Nacionales y Universidades Nacionales.
Otros, en cambio, nunca tuvieron siquiera debate en comisiones -por lo que se veía complicado que avanzaran este mes-, como lo son los que forman parte del paquete de leyes que el Ejecutivo impulsa: ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.
Así las cosas, los temas pasarán al período ordinario de sesiones, que el próximo martes el presidente dejará inaugurado. No obstante, para las primeras semanas de marzo todas las expectativas y el trabajo se concentrará en el proyecto del acuerdo con el FMI.
La iniciativa corresponde a diputados de la CC-ARI quienes sostuvieron que es “una herramienta de última instancia para evitar el default”. También remarcaron que “desde el Congreso no se gobierna”.
Diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley que propone autorizar al Poder Ejecutivo “a suscribir programas de financiamiento y/o operaciones de crédito público con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a fin de establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con dicho organismo, sin perjuicio del control posterior por parte de este Honorable Congreso de la Nación”.
“Ante la fragilidad actual del país y la incertidumbre que se vive dentro del Parlamento, aportamos este proyecto como una herramienta de última instancia para prevenir un daño mayor y definitivo a la economía: la entrada en default y ser un país inviable”, precisaron desde el bloque.
En ese sentido, remarcaron que “la autorización al Poder Ejecutivo para establecer un nuevo plan de cumplimiento de las obligaciones establecidas con el FMI en 2018 se basa en los principios que venimos sosteniendo como Coalición Cívica y Juntos por el Cambio: Evitarle a la sociedad el trauma que provocaría en la economía un default con el Fondo, estar a la altura de la responsabilidad histórica y honrar las deudas para no hacernos más daño frente al mundo”.
“Esta herramienta que ponemos a disposición del Congreso está por fuera de cualquier tipo de especulación política y electoral. Sin temores a hacernos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores, somos una fuerza política que no aplaudió el default hace veinte años y que quiere evitarlo ahora. Las crisis las pagan principalmente las clases medias. Además, en un territorio desconocido como el default con este organismo multilateral de crédito, los pocos que producen: el campo, la débil industria, en definitiva, el escaso trabajo de los argentinos está en riesgo”, manifestaron.
Además, aclararon que “en nuestro sistema constitucional el programa de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo y llegamos a esta situación por la falta de un plan económico por parte de la administración del Frente de Todos”, y agregaron: “Desde el Congreso no se gobierna, allí estaremos para evitar subas de impuestos, para cuidar a los jubilados y para no dejar al país sin la herramienta que necesite para refinanciar sus deudas”.
“El Gobierno tiene el deber de llegar al acuerdo, de tener una hoja de ruta seria para cumplirlo, de dejar atrás las erráticas políticas económicas y hacerse responsables de gobernar hasta el 9 de diciembre de 2023. Desde el Congreso también debemos asumir sin ambigüedades las responsabilidades que nos tocan”, concluyeron los legisladores de la oposición.
En tanto, fundamentaron en la iniciativa que “la voluntad del legislador al momento de votar este proyecto consistirá en autorizar al Poder Ejecutivo a refinanciar o tomar nueva deuda, pero de ninguna manera le confiere al Congreso el diseño del programa de gobierno o su forma de ejecución, ya que debe advertirse que la formulación y programación de las distintas etapas de cumplimiento siempre estará en manos de sus negociadores, el Poder Ejecutivo por parte del Estado Argentino y el Fondo Monetario por la parte acreedora”.
“En este sentido, este proyecto propone autorizar al Poder Ejecutivo a suscribir los acuerdos y tomar el endeudamiento que sea necesario, ya que esa negociación es su facultad exclusiva. La política económica, en un régimen presidencial como el argentino, es facultad del Poder Ejecutivo”, remarcaron.
5358-D-2021Además, el diputado oficialista afirmó que el ministro de Economía irá al Congreso a explicar el proyecto cuando se envíe al recinto.
El diputado nacional y vicepresidente segundo de la Cámara baja José Luis Gioja (Frente de Todos – San Juan) denunció que la deuda con el Fondo Monetario Internacional “es una deuda contraída de forma irresponsable por el gobierno del expresidente Mauricio Macri”, pero se mostró confiado en que el Congreso Nacional apruebe el entendimiento alcanzado entre el Gobierno nacional y el organismo de crédito global. Además, el legislador adelantó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, concurrirá al Palacio Legislativo a explicar los alcances del acuerdo con el FMI.
“Argentina está metida en un problema que no creamos nosotros. Es una deuda malamente contraída, de manera irresponsable por (Mauricio) Macri. Se deshizo todo el camino que se recorrió luego de haberle pagado la deuda al FMI en 2005”, señaló Gioja en declaraciones a Radio 10.
En ese sentido, y respecto a los detalles del acuerdo, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados aseguró que “no ha llegado nada oficialmente sobre los alcances del entendimiento con el organismo internacional”.
De todos modos, Gioja confirmó que el ministro de Economía “va a ir al Congreso a explicar y a brindar toda la información sobre el acuerdo”, y remarcó: “Me parece que éste es el camino. Estamos metidos en el barro y hay que salir. No es fácil sin esfuerzo”.
Consultado sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del FdT, Gioja consideró que esa decisión “es coherente y tiene que ver con lo que él piensa, con lo que ha venido diciendo, lo hace para facilitar”. En tanto, destacó la actitud del actual jefe de la bancada, Germán Martínez.
“Si la oposición se pelea como perros y aparecen todos juntos por qué no lo vamos a hacer nosotros que tenemos un frente y tenemos que gobernar. Confío en que vamos a salir y que este acuerdo se aprobará”, puntualizó.
Según fuentes del oficialismo el Ejecutivo tiene un plazo hasta el 25 de febrero y estiman llegar con los tiempos. Pero, desde el Legislativo trascendió que podría ingresar recién el 2 de marzo.
Aún sin confirmaciones oficiales por parte del Gobierno nacional sobre cuál cámara será la encargada de darle inicio al tratamiento del proyecto del acuerdo con el FMI, fuentes del oficialismo le hicieron saber a parlamentario.com que ingresará por la Cámara de Diputados. Sin embargo, la incertidumbre está puesta en cuándo sucederá eso.
Según pudo saber parlamentario.com desde el Ejecutivo sostienen que tienen plazo para el 25 de febrero y consideran que llegarían a enviarlo en la seman próxima. Pero, desde el Poder Legislativo, especialmente desde el Senado, afirman que sería enviado recién el 2 de marzo, un día después de la Asamblea Legislativa que encabezará el presidente, Alberto Fernández, en cuyo discurso el tema de la deuda será central. En uno u otro caso se descuenta que el tratamiento será rápido, dado que la intención es tenerlo sancionado antes del vencimiento del 22 de marzo, situación que podría provocar la queja de los legisladores por el escaso tiempo para analizarlo en profundidad.
En un principio el Poder Ejecutivo tenía la intención de que la discusión arranque por el Senado, terreno dominado por la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien se esperaba que rompa el silencio tras la renuncia de su hijo como presidente del bloque precisamente por “no estar de acuerdo en la negociación con el Fondo”, pero aún no se ha pronunciado al respecto.
Pero mientras en Diputados el jefe del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, y el presidente del cuerpo, Sergio Massa, concentran todos sus esfuerzos en conseguir la mayor cantidad de votos a favor de la iniciativa, los senadores oficialistas salieron por su parte a hacer declaraciones en los últimos días y deslizaron que era mejor que el debate comience por Diputados.
La voz más resonante fue, sin dudas, la del presidente de la bancada oficialista, José Mayans, quien no anticipó cómo votará sin antes conocer la letra chica del acuerdo. “Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país”, expresó en declaraciones a radio El Destape.
En medio del trabajo minucioso que Martínez realiza diputado por diputado -tarea de contención con la que comenzó cuando reemplazó como jefe a Máximo Kirchner-, se les pidió a los legisladores del Frente de Todos que por el momento no pronostiquen poroteos. Incluso, así lo reveló públicamente este jueves Hugo Yasky. “No nos vamos a anticipar porque nos han pedido los compañeros que conducen el bloque que no lo hagamos”, confesó en diálogo con radio AM750.
Por su parte, Kirchner reunió a su tropa la semana pasada y también le pidió no emitir opinión hasta que no se conozca el texto. Fue después que el diputado Itaí Hagman, del Frente Patria Grande, hablara de una treintena de abstenciones.
Esta semana el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto contendrá anexos con toda la documentación y los “detalles” del acuerdo, y negó que vaya a haber secretismos. Asimismo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que una vez alcanzado el acuerdo con el staff del FMI, “el ministro irá con gusto y placer para explicar los detalles” al Congreso.
Según se anunció a fines de enero, la letra preliminar del acuerdo prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024.
Se acordó, además, que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.
El financiamiento será de US$44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral.
También se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$5.000 millones para este año.
El diputado lo aclaró tras darse una confusión en torno a cómo votaría. En tanto, advirtió que “el Gobierno se va a endeudar por más de lo que debemos”.
El diputado nacional y economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) aclaró que “el Congreso no va a votar el acuerdo, sino la autorización del financiamiento de la deuda” porque es la política económica es responsabilidad del Poder Ejecutivo, tras generarse una confusión sobre sus declaraciones en torno a su votación. Además, advirtió que “el Gobierno va a endeudarse más de lo que debemos”, y remarcó que se necesitan “cambios estructurales”.
“Nosotros somos una República presidencialista en consecuencia la política economía es una responsabilidad del Ejecutivo, el voto de censura es propio de las repúblicas parlamentarias. El Congreso tiene responsabilidad en autorizar el endeudamiento, es decir el financiamiento si la deuda se puede renovar o no. No tiene responsabilidad en dirigir la política económica que es una facultad del Poder Ejecutivo. En consecuencia, el Congreso no va a votar el acuerdo, el Congreso votará el Presupuesto que esté en relación con la carta de intención y la autorización del financiamiento. La autorización es natural de ir a votar”, explicó el diputado en diálogo por Radio Rivadavia.
Y recordó: “Antes no había que pasar por el Congreso, en este caso se puso una ley, pero lo que pasa es una autorización de endeudamiento porque el Congreso no puede intervenir en la política económica”.
“El Gobierno se va a endeudar por más de lo que debemos porque debemos 40 mil millones y están pidiendo 45 mil”, advirtió el economista porque “la finalidad del acuerdo es evitar una situación descontrolada y tratar de llegar al cambio de Gobierno el 2023 y dejarle al otro Gobierno de corregir y arreglar los problemas de la Argentina”.
En ese sentido, cuestionó: “En el mismo Gobierno se felicita de que no haya cambios estructurales y algo que necesita el país es eso, tenemos la mitad del empleo en negro y no quieren hacer nada, tenemos sistema de seguridad social quebrado”.
“Creo que es verdad que va a ser complejo obtener dólares por exportaciones porque la política del año pasado fue muy populista, porque cada vez que se ha atrasado el dólar de la manera brutal como se hizo en el 2021 ese atraso cambiario va a producir un resultado en materia de superávit comercial no pudimos obtener una ganancia de un solo dólar de reserva”, precisó López Murphy.
Y sumó: “El acuerdo yo lo veo equivocado en este sentido porque prevé colocar mucha deuda internamente y ese camino solo hace golpear al sector privado. El Gobierno cree que, si aumenta la deuda y el gasto, a la argentina le va mejor, y en realidad le va peor para obtener divisas, empleo y recuperar la inversión, las exportaciones, el empleo privado que es lo único que genera riquezas”.
El diputado Alejandro Finocchiaro se reunió con miembros de la ONG Alusia para relanzar el proyecto de su autoría de reconversión y prohibición de la tracción a sangre equina.
Próximo al inicio del año parlamentario, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) se reunió con la ONG Aluisa para conversar sobre el relanzamiento de su proyecto de reconversión y prohibición de la tracción a sangre equina. En la misma, la ONG le brincó información precisa sobre este flagelo, abordándolo desde sus numerosas y disvaliosas facetas con la perspectiva de su equipo multidisciplinario.
Eliana Couso, presidenta de Aluisa expresó: “Encaramos el nuevo año parlamentario con los legisladores, abiertos a todos, con toda la energía que este flagelo, los caballos y los niños explotados merecen, hasta que una efectiva y eficaz prohibición se sancione para lo cual defendemos e impulsamos nuestro proyecto de ley “LeynomasTas”.
“Crueldad animal, abuso infantil, pobrismo, miseria, violencia, delito, mafias, daño al ambiente, accidentes de tránsito, inseguridad, un combo explosivo que es síntesis y metáfora de la debacle argentina. Tal como nos expresa el público en las redes, con la impunidad que conlleva la tracción a sangre, como ciudadanos, nos obligan a ver lo que no queremos ver. En definitiva, la tracción a sangre también es más angustia para el vecino con el consecuente daño psicológico”, sostuvo.
Por último, la abogada y socia de Aluisa, Marina Garrido, mencionó que “las principales víctimas de la tracción a sangre son los caballos y los niños” señalando que “en perfilación criminal la crueldad contra los animales no humanos es precursora de la violencia contra las personas. Esos niños que amén de ser explotados laboralmente, no escolarizados, expuestos a los peligros propios de la calle y el contacto con patógenos, también son instruidos por sus propios padres sobre cómo torturar al caballo caído para que se levante y siga traccionando”.
La psicóloga Verónica Abela miembro de Aluisa concluyó: “Sumado a la falta de aprendizajes contenedores en la escuela, sus cerebros se forman en la banalización del sufrimiento, en la imagen de que es ‘correcto y normal’ aplicar violencia, castigo, tortura como medios para la obtención de un fin. Sus mentes construyen la crueldad como única solución al conflicto”.
Además, la portavoz presidencial anunció que no enviarán el Plan Plurianual. En tanto, cuestionó a Mauricio Macri por “la deuda histórica que nos dejó”.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió este jueves en la conferencia de prensa que brindó desde Casa Rosada sobre el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que trabajarán para que se encuentre “una mejor solución” y otras fuentes de financiamiento que permitan pagar la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri. En tanto, no aclaró si el texto ingresará por Diputados o por el Senado.
Consultada por las declaraciones que hizo el titular del bloque en el Senado, José Mayans, en la semana sobre “estudiar la letra chica del acuerdo”, Cerruti aseguró: “En el momento en que esté el acuerdo se va a informar en todos sus puntos y se va a enviar el proyecto al Congreso, va a contener todos los puntos. Las conversaciones con el Fondo se están llevando de manera absolutamente transparente”, y remarcó: “El acuerdo va a ir todo y completo al Congreso para que allí se debata”.
“Hubo una reunión con el staff del Fondo para contar los avances de la negociación, pero no le corresponde al Gobierno anunciar eso, entendemos que son pasos que luego se anunciarán y será presentado primero al Congreso y luego al Fondo”, explicó. “Es un acuerdo que le dará de alguna manera un principio de solución a la deuda histórica que contrajo no solo la Argentina en cabeza del presidente Mauricio Macri y la más grande que dio el Fondo”, señaló y acusó: “Es un problema que heredamos de Macri y estamos tratando de darle una solución”.
A su vez, aclaró que no se sabe si el proyecto se enviará antes del 1ro de marzo porque “no depende solo de nosotros, sino también del Fondo, esperamos que los pasos sean rápidos”. En suma, negó que este resuelto que el acuerdo vaya a ingresar por Diputados: “Están conversando entre el Ejecutivo y el Legislativo por cuál de las dos cámaras va a ingresar. No existe ningún punto en concreto en el proyecto que diga que obligatoriamente por cuestiones constitucionales tiene que entrar por alguna de las dos cámaras. Es una conversación que se está llevando adelante”.
Además, confirmó que el ministro de economía, Martín Guzmán, asistirá al Congreso para explicar los detalles del acuerdo: “El ministro va a concurrir como cada vez que concurrió cuando fue convocado. Esperamos que ese momento sea pronto. Puede ser pronto que se haga el acuerdo con el staff del Fondo y, cuando llegue el acuerdo, el ministro irá con gusto y placer para explicar los detalles”.
Sobre el Plan Plurianual que había anunciado el presidente de la Nación y que debió ser enviado en diciembre de 2021 al recinto, pero nunca ocurrió e incluso tampoco fue incluido entre los 18 temas de las sesiones extraordinarias, sostuvo: “El Plan Plurianual tenía que contener los acuerdos con el staff del Fondo que se fueron dilatando en el tiempo. Por el momento hay que enviar efectivamente el acuerdo al que se llegó. No tiene sentido enviar dos proyectos diferentes.
Por otro lado, consultada por los avances y medidas que tiene en carpeta el Gobierno para frenar los costos de los alquileres, Cerruti explicó: “Hay que avanzar y resolver este tipo de temas, esta claro que la Ley de alquileres tal como esta no cumplió con la función esperada por todos, ni por los inquilinos ni por los propietarios, hay que mejorar la ley y solucionar el problema, porque la inflación también impacta en eso. Hay cada vez más inquilinos y menos propietarios. Es un tema que esta trabajando y esperamos tener medidas pronto”.
El diputado que integra la coalición de Juntos consideró que la obligación de la oposición es “dar quórum”, pero expresó que “el programa es del Gobierno, porque lo único que hace el Congreso es aprobar”.
Mientras que el ministro Martín Guzmán ratificó este miércoles que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será enviado al Congreso todos los detalles y sin documentos secretos e iniciar su tratamiento en la Cámara de Diputados, el legislador nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos – Ciudad de Buenos Aires) avisó que no votará la carta de intención para avanzar con el proyecto.
“Yo no voy a votar la carta de intención ni el programa, porque la política económica, en un régimen presidencial, es facultad del poder Ejecutivo. Lo único que hace el Congreso es aprobar la facultad de financiamiento y el presupuesto de la Nación. Lamentablemente, como no tenemos presupuesto, tendremos que aprobar este proyecto de renovar la deuda”, argumentó su postura López Murphy, en declaraciones CNN Radio AM 950.
No obstante, el líder del partido Republicanos Unidos sí admitió que “nuestra obligación es dar quórum y autorizar el financiamiento”, y remarcó que “el programa es del Gobierno”.
El economista se expresó sobre el acuerdo entre el Gobierno y el FMI un día después de que se conozca que la inflación del mes de enero fue del 3,9%, según informó INDEC. Sobre este preocupante índice consideró que “era esperable” y que “va de la mano de las estimaciones que venían realizando las distintas consultoras especializadas en la materia”.
“A mí me llama la atención que no es más alta la inflación porque han estado emitiendo de una manera extraordinaria en los últimos años”, opinó López Murphy, quien apeló al “Plan Platita” que impulsó el oficialismo en un intento por torcer el resultado negativo de las PASO antes de las elecciones generales de noviembre. En este sentido, enfatizó que “estas cosas no son gratis” y dijo que la “expansión monetaria está pegando sobre la economía y re comió las reservas que había en el Banco Central”.
Durante su análisis, el diputado de JxC detalló: “Cuando se emite mucho pasan dos cosas: hay presión inflacionaria y pierde reservas. Ambas cosas han pasado como dicen los libros”.
El Tribunal Supremo falló a favor de las personas condenadas porque “el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, pero las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos como el sufragio”.
La Corte Suprema de Justicia ratificó un fallo de la Cámara Nacional Electoral que requiere al Congreso el tratamiento de una ley para permitir el voto de las personas condenadas, ya que “la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica”.
En el año 2016 la Cámara Nacional Electoral declaró la inconstitucionalidad de las normas que suprimen, en forma genérica y absoluta, el derecho al voto de las personas condenadas en proceso penal. En línea con antecedentes propios de ese Tribunal -que reconoció el derecho al sufragio de los detenidos sin condena (caso “Mignone” del año 2000)- y como lo hicieron otros tribunales en el derecho electoral comparado, la Cámara resolvió que si bien el Estado puede restringir el voto en determinados supuestos, las restricciones deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos que exigen que la privación de un derecho esencial como el de sufragio, esté debidamente justificada y guarde proporcionalidad con el propósito que se persigue.
“Así, la prohibición de votar podría estar justificada en casos puntuales de condenados por determinados delitos, pero no en forma genérica. Del mismo modo ha ocurrido con las incapacidades civiles, que ya no prohíben en todos los casos el ejercicio del sufragio, sino que deben graduarse y verificarse para cada persona, cuándo se justifica y cuándo se restringe el derecho al voto”, fundamentaron.
En ese contexto, la Cámara Electoral requirió al Congreso de la Nación el tratamiento de una ley que contemple las diferentes situaciones de las personas con condena penal. Sin embargo, pasados más de cinco años, no se ha dictado una ley en ese sentido.
A raíz de ello, por la acción de la Defensoría Pública en un caso referido a esa mora el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó el criterio de la Cámara y estableció en sentencia de fecha 10/02/22 que “el Tribunal advierte que la parte recurrente tiene la posibilidad de solicitar la ejecución de la condena sobre la base del vencimiento de la pauta temporal impuesta en la sentencia apelada; máxime cuando han transcurrido más de cinco años desde que la Cámara Electoral dictó sentencia y el Congreso de la Nación … no … ha dado tratamiento a los diversos proyectos presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados”.
Para evitar mayores conflictos con Cristina Kirchner, el Ejecutivo decidió ingresar el entendimiento por la Cámara baja, tal como lo había sugerido días atrás el jefe del bloque en el Senado, José Mayans.
Mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, ultima detalles sobre el principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, el Poder Ejecutivo definió este miércoles su estrategia parlamentaria y determinó que el proyecto de ley ingresará por la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, para su tratamiento donde tendría asegurada la votación y, de esta manera, evitar conflictos con la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo había anticipado el jefe del bloque José Mayans.
Luego de la repentina renuncia de Máximo Kirchner como jefe de su bloque en Diputados precisamente por no compartir el acuerdo con el Fondo, varios legisladores también expresaron su descontento con el entendimiento y habían adelantado su voto en contra. Sin embargo, tras su designación como nuevo presidente del bloque, Germán Martínez, remarcó que “no doy por perdido ningún voto, voy a disputar hasta el último”, y dejó en claro que “sería poco lógico que en un bloque tan amplio haya una mirada uniforme sobre el acuerdo”, motivo por el cual contó que dialogaría con cada compañero con la intención de “convencerlos”.
En ese contexto en la Cámara de Diputados, de un total de 118 legisladores oficialistas -votan 117 pues el presidente Massa solo lo hace en caso de desempate-, sólo una veintena se opondrían. Mientras que en el Senado hay una discusión abierta dentro del oficialismo entre quiénes acompañarán el acuerdo y quiénes lo rechazarán, ya que hay 19 legisladores que votarían a favor y 16 que lo harían en contra.
¿Por qué no fue el Senado la Cámara de inicio? La opción del Senado en donde el Frente de Todos perdió el quórum propio, pero cuenta con el acompañamiento para imponer su criterio, quedó obstruida luego de que el jefe del bloque tuviera una reunión con la vicepresidenta y el representante ante el FMI, Sergio Chodos, y asegurara: “Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI, para saber en qué compromiso vamos a meter al país”. Además, había expresado que a su parecer era “conveniente” que el debate parlamentario del acuerdo por la deuda se iniciara por la Cámara de Diputados.
“La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido”, sostuvo el ministro de Economía y habló de anexos que contendrán toda la información.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el proyecto sobre el acuerdo con el FMI que será enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo contendrá todos los detalles del acuerdo alcanzado con el organismo multilateral de crédito para reestructurar la deuda de 44.000 millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
“La idea de que va a haber documentos secretos es un sinsentido. Una vez concretado el acuerdo a nivel staff del FMI, se enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que en sus anexos contendrá todos los documentos que sean la base de ese acuerdo, con cada uno de sus detalles”, indicó el funcionario este miércoles, en declaraciones formuladas a la agencia Télam.
Según se anunció a fines de enero, la letra preliminar del acuerdo prevé una reducción del déficit fiscal primario que arrancará con un 2,5% este año, bajará al 1,9% en el 2023 y llegará al 0,9% en el 2024.
Se acordó, además, que el financiamiento monetario sea del 1% del PBI este año, para luego bajar al 0,6% en el 2023 y se reduzca a cero en el 2024, con el objetivo de converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.
El financiamiento será de US$44.500 y se irá desembolsando una vez aprobadas las revisiones de las cuentas públicas que hará el FMI en forma trimestral.
También se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales, con una meta de incremento de US$5.000 millones para este año.
Transcurrida la mitad del período de extraordinarias anunciado por el Poder Ejecutivo, todavía no hay señales para una sesión, ni se ha confirmado ninguna comisión aún. Veamos las versiones que circulan.
Pasan los días y aún se aguarda la conformación de las comisiones en ambas cámaras en el marco de un período de sesiones extraordinarias que sigue en “stand by”, ya que aún no se ha tratado ninguno de los 18 temas anunciados por el Poder Ejecutivo.
En rigor, solo una comisión se ha conformado desde el recambio legislativo y es la de Presupuesto y Hacienda en ambas cámaras: en Diputados, sigue siendo presidida por Carlos Heller (FdT – Ciudad de Buenos Aires) y en el Senado Ricardo Guerra (FdT – La Rioja) ocupa el lugar que hasta el 10 de diciembre pasado ocupaba el cordobés Carlos Caserio.
Las versiones están a la orden del día y, según pudo recabar parlamentario.com, en el Senado es segura la continuidad del neuquino Oscar Parrilli al frente de la Comisión de Justicia -muy activa en los dos primeros años de esta gestión- mientras que la estratégica de Asuntos Constitucionales -que conducía la santafecina kirchnerista María de los Ángeles Sacnun– sería para Guillermo Snopek.
Recordemos que el salteño Sergio “Oso” Leavy ya anticipó que encabezará la Comisión de Defensa, en tanto, el entrerriano Edgardo Kueider estaría al frente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en el cargo que hasta el año pasado ocupaba el chubutense Alfredo Luenzo.
Además, el Frente de Todos tendría decidido “premiar” a dos aliados indispensables del oficialismo como son el rionegrino Alberto Weretilneck, que presidiría la de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la misionera Magdalena Solari Quintana, quien quedaría al frente de Legislación General. Recordemos que ambos siempre han estado alineados con el Frente de Todos y con un bloque oficialista reducido a 35 miembros, son los que permiten a la bancada que conduce José Mayans quedarse tranquilos con el quórum ante cada sesión.
Otra senadora que podría ser privilegiada a partir de haber prestado quórum para la sesión sobre Bienes Personales del año pasado es la riojana Clara Vega, quien podría quedar al frente de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En la Cámara baja
Por el lado de Diputados, la entrerriana Blanca Osuna seguiría al frente de Educación, mientras que una vacante clave en tiempos de pandemia como es la de Salud, cuyo titular Pablo Yedlin pasó al Senado, sería para uno de estos dos exministros de Salud: el bonaerense Daniel Gollan, o la tucumana Rossana Chahla. En caso de ser elegida esta última, la comisión seguiría a cargo de un representante tucumano.
Otro que continuaría en su cargo es Leonardo Grosso al frente de la Comisión de Recursos Naturales; en tanto que tampoco habría cambios en Legislación General, que seguiría en manos de Cecilia Moreau, mientras que en Seguridad Interior también continuaría la camporista Paula Penacca.
Tiempo de cambios, Juntos por el Cambio reclama presidir más comisiones y una de las que no tenía y quiere es Agricultura y Ganadería, aunque el oficialismo no quiere dejarla. Hasta diciembre pasado era presidida por el correntino José Ruiz Aragón, quien ahora es senador provincial. JxC quiere poner en ese puesto al formoseño Ricardo Buryaile (exministro de Agroindustria), al correntino Jorge Vara o al bonaerense Pablo Torello.
También hay puja por la Comisión de Transporte, que sería para Juntos por el Cambio, mientras que también trascendió que Legislación Penal podría ser presidida por un opositor. Hasta diciembre pasado, esa comisión estaba a cargo de la entrerriana Carolina Gaillard y el oficialismo es reacio a cederla.
Por Jesús Rodríguez. El presidente de la Auditoría General de la Nación se refirió al principio de entendimiento con el FMI, el papel del Parlamento, el rol de la oposición y se preguntó: “¿Es necesario pagar el acuerdo?”.
El 28 de enero, el presidente Alberto Fernández anunció un acuerdo con el FMI y ese mismo día hizo efectivo un desembolso de U$S 731 millones, que complementa los U$S4.491 millones pagados en concepto de intereses, cargos y sobre tasas del préstamo del año 2018.
El convenio es, a diferencia del “stand by” del año 2018, un Acuerdo de Facilidades Extendidas de 24 meses de duración. El financiamiento convenido -por el total desembolsado en el programa anterior- incluye la reprogramación de los vencimientos que se repagan en 10 años con un periodo de gracia de 4 años y medio.
Cuando este acuerdo se concrete, será el número 22 de la lista iniciada en el año 1958 y el primero diseñado y firmado por una administración kirchnerista.
Los anuncios del ministro de Economía (Martín Guzmán) en relación a lo que podríamos denominar “principio de acuerdo” se refieren a las trayectorias esperadas de algunas variables clave como el déficit fiscal, la emisión monetaria y la acumulación de reservas internacionales.
Los anuncios indican que el déficit primario (esto es, descontando el servicio de los intereses de la deuda) esperado en este año es del 2,5% del PIB y un 1,9% en el año 2023. Si comparamos estas metas con los resultados fiscales bien medidos, esto es considerando el déficit inercial del año 2021, entendido como el que se produciría de no mediar correcciones en el gasto, el desequilibrio fiscal de este año debería reducirse en más de dos puntos porcentuales del PIB en relación al año anterior. Es así, además, porque este año no estarán disponibles los ingresos extraordinarios de los DEG’s, resultado de la ampliación de capital del FMI, y del llamado impuesto a las grandes fortunas que rindieron 1,4% del PBI el año pasado.
Es obvio que el sendero de consolidación fiscal pone en el centro de la escena de la política pública a los subsidios económicos, energéticos y del sector transporte. Estos explican más del 80% del déficit primario del sector público. En ese terreno la cuesta es muy empinada. El facilismo económico de la administración y la grosera manipulación de los instrumentos regulatorios hizo que los subsidios energéticos que en diciembre de 2019 se habían reducido a 4.700 millones de dólares, puedan alcanzar 15.500 millones a fines de este año, si no hubiera actualizaciones de tarifas. Casi se igualaría la cifra del último año del gobierno de la presidente Fernández de Kirchner.
El “principio de acuerdo” también requiere, además del compromiso de tener tasas de interés positivas en términos reales, que la emisión del Banco Central para cubrir el déficit primario se reduzca de un equivalente al 3,7% del PIB a tan solo 1% este año y que las reservas internacionales se incrementen en 5.000 millones de dólares.
No sabemos las hipótesis de crecimiento, inflación, la secuencia y magnitud de la corrección tarifaria, cómo será el sendero para incrementar las tasas de interés ni el movimiento del tipo de cambio, entre otros parámetros que fundamentan esas metas. Por lo tanto, es imposible hacer un juicio de valor sobre la pertinencia y probable grado de cumplimiento de las mismas.
A continuación, comparto algunos comentarios que pueden ser útiles para el análisis.
¿Es necesario el acuerdo?
La economía argentina está estancada y exhibe desequilibrios notables. El PIB por habitante a fines de este año será casi un 15% inferior al de una década atrás. La evidencia de desequilibrios macroeconómicos fundamentales es que la inflación esperada supera el 50% anual, la brecha en la cotización cambiaría es de tres dígitos y el riesgo país está alrededor de los 1800 puntos.
En ese contexto, la regularización de las relaciones financieras con el exterior es una condición necesaria, no suficiente, para encarar los problemas estructurales de nuestra economía.
El “principio de acuerdo” evita el desastre, pero no garantiza el acceso al mercado voluntario de capitales, condición necesaria para posibilitar la inversión privada y la consiguiente creación de puestos de trabajo de calidad.
Por el contrario, la falta de acuerdo con el FMI asegura, ciertamente, la ampliación de la brecha cambiaria, el incremento del riesgo país, la aceleración de la inflación, el cierre de líneas de crédito privadas y oficiales de los países desarrollados, el cese de desembolsos de los organismos multilaterales de crédito y la caída del “swap” con el Banco de Ajuste de Basilea, entre otras derivaciones que conducen al derrumbe de la actividad económica, la destrucción de empleo y la pérdida de eslabones de las cadenas productivas de valor. Además de profundo y generalizado, el ajuste económico sería, muy probablemente, caótico.
Por otro lado, la falta de acuerdo con el FMI no es inocua. A diferencia de las obligaciones desatendidas con los acreedores privados, no hay “default” con el FMI, sino que, de acuerdo a sus estatutos, se incurre en “arrears”, que puede traducirse como atrasos. La diferencia es tan simple como complejas sus consecuencias: los atrasos con el FMI no admiten ser refinanciados y, por lo tanto, para poder negociar un nuevo acuerdo con la institución deben ser, con antelación, cancelados totalmente.
¿Por qué se demoró el acuerdo?
La matriz populista del cuarto gobierno kirchnerista conlleva la necesidad de identificar “culpables” y, desde el primer día, la cuestión de la deuda y el acuerdo con el FMI del año 2018 fue, junto con el “lawfare”, la esencia y el núcleo de la formulación de su acción política.
Para ello, diseñó una estrategia sostenida en dos pilares: responsabilizar de manera exclusiva al gobierno de Cambiemos en el tema deuda pública, ignorando los orígenes y las causas de su crecimiento y, por otro lado, denunciar judicial y políticamente una complicidad entre funcionarios argentinos y el FMI, al tiempo que se exigió durante dos años, como condición previa, la ampliación de plazos y mejora de condiciones que no están contempladas en los estatutos del organismo.
El camino elegido respondía a una necesidad: la ilusoria búsqueda de ganar tiempo hasta después de las elecciones de renovación parlamentaria para evitar tomar decisiones que el gobierno no podía asumir sin poner en riesgo la estabilidad, o la propia existencia, del consorcio oficialista.
Así, otra vez, el exótico dispositivo de poder oficial -caracterizado por la debilidad del vértice del poder por la anomalía de su origen y, por otro lado, por la existencia de múltiples actores con capacidad de veto y bloqueo-, conspiró contra una solución técnicamente eficiente y políticamente viable al problema.
Pero, como nada es para siempre, el gobierno es enteramente responsable de haber desperdiciado la oportunidad de negociar en tiempos más propicios, incurriendo en costos evitables y quedando, al final del camino, con reservas netas de menos de 500 millones de dólares.
El papel del Congreso
El relato oficial sobre la deuda y el FMI incluyó el supuesto apartamiento del Congreso en la decisión, que en el caso del préstamo del año 2018 obedecía a favorecer la “fuga de divisas de los amigos de Macri”, por lo que se propició la sanción de una norma legal que, con el voto de la oposición, incluyó el requisito de la aprobación legislativa previa a eventuales acuerdos con el FMI.
En términos generales, la autorización al Ejecutivo a contraer endeudamiento está incluida de manera obligatoria en todos los presupuestos anuales. Pero en el caso de ser con organismos internacionales, el artículo 60 de la Ley 24.156 de Administración Financiera excluía de manera explícita esa obligación. Así, ninguno de los 21 acuerdos anteriores tuvo tratamiento en el Congreso, ni antes ni después de la sanción de la Ley 24.156 promulgada en el año 1992.
Con la nueva norma, sancionada en el año 2021 y aún no reglamentada, el Congreso debe aprobar el acuerdo y se entiende que, después de ese trámite legislativo, el Directorio del FMI consideraría la Carta de Intención y el resto de los documentos trabajados y acordados por el Ministerio de Economía y el Banco Central con el staff del organismo.
Es cierto que es poco lo que se sabe del contenido del “principio de acuerdo”, ya que se desconocen las medidas para cumplir las metas y, además, el Presupuesto del año se ejecuta bajo criterios de máxima discrecionalidad y arbitrariedad, luego del rechazo en la Cámara de Diputados, cuando el entonces presidente del bloque oficialista insinuó su voluntad, luego concretada, de distanciamiento político respecto del Gobierno.
No obstante, esos desarreglos institucionales, debe quedar claro que reclamar la normalización de las relaciones financieras con el exterior y autorizar la negociación que implica un acuerdo con el FMI no supone, en ninguna circunstancia, aprobar el contenido de esa negociación. Es, en todo caso, replicar lo actuado en ocasión de la reestructuración de la deuda con tenedores privados de bonos soberanos, donde la oposición reclamó y apoyó el acuerdo, pero la negociación y sus particularidades quedó, como no puede ser de otra manera, en cabeza de la administración.
En este caso, además, hay que ratificar que el Congreso no formula la política económica que es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero, en cambio, es de toda lógica exigir transparencia y rendición de cuentas para la adecuada tarea de control a cargo del Poder Legislativo.
La actitud de la oposición
Las reglas de decisión no pueden estar guiadas por los resultados de los sondeos de opinión pública que, en este caso, son claramente mayoritarios en relación a la necesidad de formalizar un acuerdo con el FMI.
Tampoco pueden admitirse posiciones que se justifiquen exclusivamente en la necesidad de diferenciación política frente al gobierno.
Las bases para formar un criterio de acción tienen que estar fundadas en lo que creemos que corresponde y es necesario hacer en esta hora decisiva y, por otro lado, en la responsabilidad de una fuerza política que aspira a gobernar los destinos de la Nación.
Nuestro discurso político debe tener como destinatario a una sociedad que padece múltiples urgencias y que reclama de su dirigencia una orientación en el rumbo para superar la crisis.
Nuestra argumentación política debe interpretar a una ciudadanía que no se resigna frente a las adversidades, que no acepta la incompetencia del gobierno y que se indigna frente a las obscenas disputas de poder en un oficialismo que sólo puede ofrecer utopías regresivas.
Las buenas prácticas de la política democrática nos conducen a posibilitar y facilitar la concreción del acuerdo con el FMI, en el convencimiento que, si se frustrara, sería un salto al vacío, con consecuencias extremadamente gravosas para el país y sus ciudadanos.
En ese carril de oposición al gobierno, pero no al país, nuestro comportamiento debe distanciarse de conductas suicidas como las de dirigentes políticos argentinos que, en tiempos no tan lejanos, alentaron a los organismos internacionales a suspender los desembolsos de préstamos comprometidos, o cuando celebraron en el Congreso el anuncio presidencial de la cesación unilateral de pagos.
Por el contrario, nuestra posición debe estar alineada con el ejemplo de otras fuerzas políticas que, en situaciones de crisis equivalentes, actuaron con máxima responsabilidad política.
Es el caso de Obama, que se reunió con el presidente Bush y el aspirante republicano en los días previos a la elección presidencial para acordar las medidas que evitaran un crack financiero global y generalizado en la crisis de las hipotecas “subprime” en el año 2008. Ante la inminencia del pánico financiero los dos precandidatos suspendieron la campaña y, en un comunicado conjunto, coincidieron: “no importa cómo haya comenzado, todos tenemos la obligación de resolverlo”. Y agregaron: “el plan presentado al Congreso por el Gobierno de Bush tiene fallos, pero los esfuerzos por proteger la economía de EE.UU. no deben fracasar”.
Más cerca en la geografía, es la misma conducta que tuvo Lula quien, en su cuarto intento por acceder a la presidencia, redactó la “Carta ao povo brasileiro”, en ocasión de acompañar la decisión del presidente Cardoso en la negociación con el FMI en el año 2002.
Lula, que en el pasado había comparado la asistencia del FMI a su país con un “beso de la muerte”, se comprometió a obtener un superávit fiscal primario para 2003 del 3,75% del PIB, como mínimo, aunque finalmente en su gestión fue superior al 4%.
Y también fue similar la conducta del Frente Amplio en Uruguay, que no se permitió impedir ni obstaculizar los acuerdos con el FMI y la reprogramación de la deuda soberana del país hermano que afrontaba el contagio de la crisis argentina de principios de siglo. Esos acuerdos sentaron las bases de un crecimiento sostenido en los últimos 20 años, con reducción de la pobreza y la desigualdad, afirmados en una democracia de alta calidad institucional.
Es bueno recordar que esas conductas tuvieron reconocimiento social en las respectivas elecciones y, así como Obama y Lula fueron reelectos, el Frente Amplio gobernó durante tres turnos presidenciales.
La crisis estructural de la Argentina -evidenciada por el estancamiento económico y amplificada por una gestión oficial de la pandemia improvisada, vacilante, especulativa y prejuiciosa- no admite cálculo de conveniencia. Tampoco de mezquindad corporativa o egoísmo sectorial.
La primera y principal responsabilidad política de la dirigencia, en tiempos de miedos individuales y desconfianza social, es proveer certidumbre.
Eso, en estas horas decisivas, se traduce en evitar las permanentes recomendaciones para “agudizar las contradicciones” de los ultras de todas las épocas y de todas las ideologías.
Por ello, es bueno tener presente la reciente cita de Natalio Botana de la sentencia George Clemenceau: “La política de lo peor, es la peor de las políticas”.
Se trata de los legisladores Sergio Leavy y Daniel Bensusán, quienes mantuvieron una reunión para trabajar sobre temas a debatir en el Senado durante el año.
Mientras las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para el mes de febrero aún siguen sin ponerse en marcha, los senadores del Frente de Todos Sergio “Oso” Leavy (Salta) y Daniel Bensusán (La Pampa) se reunieron para trabajar en temas a debatir durante el año legislativo.
A través de su cuenta de Twitter, el legislador salteño compartió una foto junto a su par Bensusán en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en donde contó: “Trabajando sobre los temas que tenemos que afrontar en este año legislativo junto al nuevo senador por La Pampa”.
Los diputados del bloque presentaron un proyecto de ley en el que argumentaron que “las retenciones deben ser fijadas por el Congreso Nacional”.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Leonor Villada, Rubén Manzi y Mónica Frade presentaron un proyecto de ley para derogar tres artículos de la Ley 22.415 del Código Aduanero que le da la potestad al Poder Ejecutivo de fijar los derechos de exportación y, según argumentaron los legisladores, es una atribución absoluta del Congreso de la Nación.
A través de su cuenta de Twitter, Villada comentó: “Presentamos junto a Rubén Manzi y a Mónica Frade un proyecto de ley para derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 sobre Código Aduanero”.
“El fin del proyecto es despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, ya que es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación”, explicó.
En ese mismo sentido, precisó: “Hasta el momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos, a saber: La Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el pasado 31 de diciembre; y los artículos mencionados del Código Aduanero”.
“A través de este último, se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación”, remarcó la diputada cordobesa.
En tanto, enfatizó: “Por ello, el proyecto busca derogar esta atribución de forma tal que sea el Congreso quien trabaje y apruebe lo referido a las retenciones al agro, sector que atraviesa una difícil situación, resultado de sequías e incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”.
“De aprobarse, no sólo se fomentará y se avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector, pilar fundamental del país”, advirtió.
El economista libertario rechazó el principio de entendimiento entre la Argentina y el organismo multilateral porque “tiene falencias teóricas”. En cambio, propuso explorar “las consecuencias del default”.
El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) volvió a rechazar el principio de acuerdo alcanzado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, en cambio, propuso explorar “las consecuencias del default” con el organismo multilateral, ya que buena parte de ese ajuste feroz sería absorbido por “la casta política”, y adelantó que “no amerita darle el quórum en Congreso”. Además, cuestionó al Gobierno y al Fondo.
“En principio no estoy de acuerdo con la carta de intención que ha enviado el ministro de Economía (Martín Guzmán) porque tiene falencias teóricas que en términos empíricos a la Argentina le han causado mucho daño”, expresó Milei en declaraciones a Radio Urbana Play sobre el anuncio realizado el viernes pasado por el presidente Alberto Fernández y que fue festejado por un sector del Gobierno.
En ese sentido, el economista libertario consideró que la idea de Guzmán de “creer que vas a crecer por hacer política fiscal expansiva, es un error técnico grave”, y añadió que el ministro “ni siquiera quiere ajustar en términos reales el gasto público, diciendo que va a crecer nominalmente por encima de la inflación”. “El modelo ese no funciona. El problema es que para el Gobierno eso es un motivo de festejo y para mí es que el FMI está pateando un problema”, remató.
En ese marco, Milei apuntó también contra la actitud del Fondo, a la que calificó de “laxa” porque “para mí el FMI nunca fue ortodoxo, desde su propio inicio no tiene intención de ser ortodoxo. El problema es que se lo critica por laxo, no por duro”.
Al ratificar estos conceptos, el dirigente de La Libertad Avanza propuso no ratificar la carta de intención y directamente cancelar las negociaciones con el FMI: “Yo creo que ni siquiera amerita darle quórum en el Congreso a este nuevo esquema de inconsistencia. Exploremos las consecuencias del default”.
“El default haría un desastre en la economía, lo pagaría la sociedad, pero también la casta política que es la gran responsable”, cerró el diputado liberal.
El diputado cordobés opinó sobre el primer entendimiento con el Fondo el cual consideró que “evita el default” y manifestó que “el Ejecutivo puede sumar el tema a extraordinarias”.
Tras participar de la reunión de la Mesa Nacional de JxC, el jefe del bloque en Diputados de la UCR Mario Negri (Córdoba) opinó sobre el acuerdo al que llegó el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional y destacó que “evita un default” al tiempo que sugirió que “si el Ejecutivo tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias”.
El legislador radical ponderó en su cuenta de Twitter: “Este primer entendimiento con el FMI evita el default, que hubiera sido tremendo para el país”, y agregó: “Esta negociación continuará, debe haber detalles definitivos y todo se deberá traducir en una suerte de memorando de entendimiento que discutirá el Congreso”.
Sin embargo, advirtió: “Hay que ser cuidadoso. Está claro que se está arribando al entendimiento definitivo que superará a esta administración y comprometerá a las futuras administraciones. Por eso hay que ser prudente y no equivocarse. El Congreso analizará todo con mucho cuidado”.
“Nosotros, desde JxC, no damos golpes bajos porque está por delante el país, se compromete el futuro de muchas generaciones de argentinos”, afirmó Negri.
Por último, hizo referencia al temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno para el mes de febrero y sugirió: “Si el PEN tiene una carta de intención avanzada con el Fondo, puede perfectamente sumar el tema a extraordinarias o bien esperar a marzo. Nosotros estamos esperando en el Congreso”.
El espacio lo comunicó a través de las redes sociales tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el acuerdo al que llegó con el Fondo.
El anuncio que realizó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al entendimiento que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) despertó voces a favor y en contra. En ese sentido, el bloque Córdoba Federal compuesto por los diputados Natalia de la Sota, Ignacio José García Aresca y Carlos Mario Gutiérrez, adelantó que “no obstaculizará el tratamiento en el Congreso”.
“El bloque Córdoba Federal manifiesta que el acuerdo anunciado con el FMI, y las consecuencias que pueda traer aparejadas para los argentinos, es responsabilidad del Gobierno nacional. Nuestro bloque no obstaculizará el tratamiento de dicho acuerdo en el Congreso”, informaron en sus redes sociales.
Y afirmaron que darán el quórum, pero “nuestra posición será la de abstención, toda vez que, remarcamos, el mencionado acuerdo es responsabilidad del Gobierno Nacional”.
La diputada de JxC aseguró que lo más importante es “la unidad de la oposición para ponerle un límite al kirchnerismo”, y denunció: “Hay una mecánica de convertir a los delincuentes en víctimas”. También cuestionó el temario de las extraordinarias y del FMI.
La diputada nacional María Eugenia Vidal (JxC -CABA) que estuvo en el ojo de la polémica por la causa “Gestapo antisindical”, lanzó fuertes críticas hacia el oficialismo porque “la estrategia del kirchnerismo desde el primer día fue es victimizarse”, por lo que remarcó la importancia de una oposición unida para “ponerle un freno”. Además, cuestionó la convocatoria a sesiones extraordinarias porque el temario no incluye proyectos que “le interesen a la gente” y tampoco esta el acuerdo con el FMI.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la exgobernadora bonaerense apuntó: “Milagro Sala no es ninguna víctima por más que la vayan a visitar los ministros. Si ven el documental ‘Jujuy desoído’ se van a dar cuenta qué clase de delincuente era”. “Hay una mecánica de convertir a los delincuentes en víctimas, Milagro Sala es una delincuente, (Amado) Boudou es una víctima que se compró una máquina de hacer billetes, el ‘Pata’ Medina es una víctima de mi gobierno. Todos son víctimas y eran todos mafiosos millonarios que nunca pudieron justificar su patrimonio. La estrategia del kirchnerismo desde el primer día fue, primero victimizarse porque no pueden explicar cada una de sus causas, y en segundo lugar ensuciar a la oposición para mostrar que todos somos iguales, pero no es así”, fustigó Vidal.
La estrategia del kirchnerismo es victimizarse y ensuciar a la oposición para mostrar que todos somos iguales”.
En ese sentido, ratificó que “tenemos que ponerle un límite al kirchnerismo, dimos señales claras y las vamos a seguir dando porque tenemos claro cuál es el mandato de la gente, para esa gente tenemos que laburar”.
“Lo que pasa es que la oposición creció y cuando la mesa es más grande, es más difícil ponerse de acuerdo. Es bueno que hayamos crecido, nos tenemos que ordenar, tenemos que mejorar cosas y estamos camino a eso y se va a ver en las extraordinarias porque vamos a tener posiciones unificadas y tomadas. Eso no quiere decir que no haya tensiones ni ruido, pero es bueno. Espero que siga pasando que se sumen personas que nunca hicieron política como Martín Tetaz o Carolina Losada”, explicó.
En este contexto, fue consultada por los dichos del presidente radical Gerardo Morales quien había considerado que había que sentarse a hablar con el Gobierno porque la deuda había sido contraída por la gestión de Cambiemos, Vidal aclaró: “Si hay algo que Morales hizo y en eso lo reivindico es que él nunca se dio a las expresiones que Alberto quiso y su Gobierno hizo para que se liberara a Milagro Sala y en eso ha sido firme y claro”.
Por ese motivo, señaló: “No es momento para pelearse por candidaturas, la gente voto y nos dijo que nos ocupemos de ellos y les pongamos un límite al kirchnerismo y eso tenemos que hacer en el Congreso”.
Respecto al Consejo de la Magistratura y del fallo de la Corte que declaró inconstitucional las modificaciones que había hecho Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia en 2006, adelantó: “Nosotros vamos a presentar un proyecto propio, un proyecto unificado de todo Juntos por el Cambio y que va a respetar la posición de todos y no va a acompañar el proyecto del Gobierno”.
A su vez, criticó el temario de las sesiones extraordinarias: “Esta convocatoria a extraordinaria no incluye ninguno de los temas que son realmente importantes para el país como el acuerdo con el Fondo, el Plan Plurianual que prometió el presidente en la semana de diciembre, no tiene nada que mostrar en lo económico, pero tampoco incluye temas que están en la calle como la derogación de la Ley de Alquileres, no hay temas vinculados a la seguridad, no hay temas que les preocupen a la gente”, y agregó: “La agenda instalada en febrero es la del presidente que no fue consultada con la oposición”.
“Nosotros desde que entramos al Congreso estamos comprometidos a cumplir con lo que prometimos en campaña se vio en el Presupuesto porque no lo votamos, ya que tenia un impuesto más que era inexplicable que decía que iba a haber un 33% de inflación cuando cerramos el año pasado con 51% y es el peor impuesto que paga la gente”, remarcó y recordó la sesión de Bienes Personales: “Nos plantamos para que los límites de Bienes Personales se subieran porque es ridículo”.
En tanto, adelantó que van a presentar una agenda legislativa que va en línea con “bajar impuestos, con derogar ala Ley de Alquileres que tanto ha perjudicado, con practicas de trabajo (proyecto ya presentado) para que los chicos tengan practicas profesionalizantes y les sea menos difícil conseguir trabajo porque la mitad de los desocupados son jóvenes, poner limites al avance contra el Poder Judicial como quiere hacer el Gobierno que quiere una justicia sometida y por eso hacen la marcha contra la Corte”.
“Hay proyectos presentados para frenar los ataques sindicales. Hay una enorme mayoría que labura día a día para sacar el pías adelante y van a dar pelea. Vamos a seguir peleando para que haya un rumbo, todo llevara esfuerzo”, sostuvo y lanzó: “El kirchnerismo está obsesionado con la impunidad, el Pata Medina es un delincuente”.
Consultada por las negociaciones con el Fondo para pagar el primer vencimiento mientras el presidente se va de viaje a Rusia y la vicepresidenta se encuentra en Honduras, señaló: “El Gobierno tiene una gran irresponsabilidad porque faltan tres días para hacer un pago y no dicen que lo van a pagar. Genera incertidumbre y son síntomas de la verdadera enfermedad de que no hay un verdadero plan económico serio desde hace dos años. Es el Gobierno del ‘vamos viendo’, tiene que tomar decisiones en serio”.
Acto seguido, retomó las palabras que expresó el legislador oficialista Leopoldo Moreau sobre “el default no es el peor remedio”, respecto de lo cual le respondió: “El default a mí me remota al 2001, todos sabemos lo que pasó. El ajuste ya llegó. No se construye sobre la mentira ni la improvisación, tiene que ser honesto y dejar de ponerle mochilas pesadas al sector privado”.
“No me fui de vacaciones, voy a trabajar todo el año. Salgo todos los días a ver a la gente que ha sido víctima de este Gobierno y a decirles lo que estoy haciendo desde mi banca de diputada y no nos van a parar”, cerró Vidal.
La senadora opositora manifestó su enojo a través de las redes sociales por el proyecto de ley de humedales que perdió estado parlamentario.
La vicepresidente de la Cámara alta Carolina Losada (UCR – Santa Fe) expresó su enojo en redes sociales luego de que el proyecto de ley de humedales perdiera estado parlamentario al no ser incluido en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno en el mes de febrero.
La senadora que integra la coalición de JxC recordó que la propuesta sobre protección ambiental fue parte de un spot de campaña del Frente de Todos para las elecciones generales y lo comentó es su posteo: “Cada ‘sí’ era un relato más. Por suerte la gente se dio cuenta”.
En ese sentido, lamentó que el proyecto no se haya incluido para ser tratado en el Congreso: “Una pena es que no se hayan incluido muchos temas urgentes e importantes en las sesiones extraordinarias”.
La iniciativa está incluida en el temario de las sesiones extraordinarias a las que convocó el Gobierno y tiene como objetivo promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales.
Tras la convocatoria por parte del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias en todo el mes de febrero, ingresó al recinto este miércoles el proyecto de ley de Promoción de Electromovilidad que está incluido entre las 18 iniciativas que componen el temario que tendrán tratamiento en el Congreso.
La iniciativa del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, había sido presentada por el presidente de la nación antes de las elecciones generales, pero nunca había llegado al Congreso el texto correspondiente.
El proyecto plantea declarar de interés nacional “el diseño, investigación, innovación, desarrollo, producción, comercialización, conversión y utilización de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales producidos en el territorio nacional específicamente destinados a la movilidad sustentable”.
Además, tiene como objetivo promover la utilización creciente y sostenida de vehículos propulsados por fuentes de potencia no convencionales de producción nacional para una movilidad sustentable, tanto los existentes al momento de su sanción como aquellos que se produzcan en el futuro y, en particular, el fomento de inversiones en cuanto ello permita el desarrollo creciente y sostenido de una oferta nacional de vehículos de movilidad sustentable; así como la creación de instituciones de apoyo, a los fines de estos objetivos.
Por ese motivo, la iniciativa contempla la creación de un Régimen para la Promoción de la Movilidad Sustentable en todo el país, con los alcances y limitaciones establecidos. El mismo, está articulado en ejes estratégicos:
El diputado radical presentó un proyecto que busca modificar un artículo del Código Aduanero e indicó que “hay que ajustarse a la Constitución” porque según la última reforma “es atribución del Congreso definir las tasas arancelarias.
El diputado radical Ricardo Buryaile (Formosa) presentó un proyecto de ley con el objetivo de modificar el artículo 755 del Código Aduanero, el cual le da el poder al Ejecutivo de fijar los aranceles de exportación e importación y argumentó que según la última reforma constitucional es “atribución del Congreso definir las tasas arancelarias”.
“La propuesta es que el Ejecutivo eleve, junto con el Presupuesto, todas las posiciones arancelarias y los pedidos de aranceles para que el Congreso pueda o no ratificarlos y convertirlos en ley”, precisó en diálogo con Espacio Radical.
En ese sentido, remarcó que “hay que ajustarse a la Constitución Nacional del ‘94 y evitar que el Ejecutivo se arrogue facultades que tienen que ver con funciones legislativas”.
“Derogar el artículo 755 es complicado, porque no solamente hay que pensar en las posiciones arancelarias de los principales cultivos, sino de todos los cultivos que se exportan e importan y el Legislativo no lo puede hacer”, argumentó el diputado.
El Código Aduanero fue sancionado por la dictadura militar en 1981. En su artículo 755, atribuye al Poder Ejecutivo la posibilidad de definir sobre la política arancelaria. Luego, con la reforma de 1994, la Carta Magna, en su artículo 75 inciso 1, le brinda esta facultad al Congreso de la Nación.
La iniciativa solicita que el Ejecutivo envíe sus propuestas todos los años para que el Congreso las apruebe. También propone, entre otras cosas, modificar el artículo 26 de la Ley de Administración Financiera, que es el que establece de qué manera se presenta el Presupuesto.
“No tratar el proyecto conlleva un peligro, ya que la Justicia podría suspender, en los casos que se solicite, los derechos de exportación. Al no regir la emergencia económica, las facultades extraordinarias dadas al Ejecutivo ya no rigen tampoco”, expresó Buryaile.
Y cerró: “Hoy por hoy, los derechos de exportación, también conocidos como retenciones, se estarían cobrando de manera irregular”.
Existen dos antecedentes de fallos de la Corte Suprema de Justicia que establecen que el Poder Ejecutivo no puede fijar aranceles sin previa autorización del Poder Legislativo. En suma, hay un antecedente al proyecto de Buryaile, que es una iniciativa presentada por la exdiputada Elisa Carrió en 2019, ´pero, a diferencia del impulsado por el radical, buscaba terminar con el artículo en cuestión del Código Aduanero.
El proyecto lleva las firmas de los diputados radicales Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Mario Barletta, Jorge Vara, Pamela Verasay, Julio Cobos y Soledad Carrizo, entre otros.
El legislador oficialista calificó como “calamidad” la deuda con el FMI. Además, habló sobre las diferencias dentro del Gobierno, anunció que volverán a impulsar la ley de envases y apuntó contra la oposición.
Las negociaciones con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo trajeron una marea de opiniones, uno de ellos fue el diputado nacional Itaí Hagman (FdT – Ciudad de Buenos Aires) que sostuvo: “Nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”. Además, anunció que están trabajando en modificaciones para impulsar, nuevamente, la ley de envases y defendió la idea de un salario universal. A su vez, apuntó contra la oposición por rechazar el Presupuesto 2022.
En una entrevista con diario El Cronista, al ser consultado por el acuerdo con el FMI el diputado manifestó: “Para que haya un acuerdo hacen falta dos, como para bailar el tango. Esto es una obviedad, pero puede no haber acuerdo por falta de voluntad o intransigencia del FMI. No depende solo de la voluntad del Gobierno argentino. Entonces, de ninguna manera se puede descartar ese escenario. Alguien puede decir que es preferible firmar cualquier cosa. Si uno tiene principios para negociar, hay barreras que no está dispuestas a cruzar. Entonces, puede no haber acuerdo”
“El Gobierno no está dispuesto a hacer un acuerdo que suponga ajuste de gastos”, resaltó y agregó: “Está dispuesto a reducir el déficit fiscal, por vía del crecimiento económico, que mejore la recaudación; no vía ajuste. Si el FMI pone como condición ineludible para que haya acuerdo una política de ajuste, como hizo en el acuerdo stand by que firmó (Mauricio) Macri, la Argentina no va a aceptar eso. Y no lo va a aceptar porque dinamitaría la posibilidad de recuperar la economía argentina y la posibilidad de pagarle al Fondo. Si la Argentina no se recupera, tampoco va a pagar la deuda”.
En ese sentido, aclaró: “Tampoco diría que haya ‘un buen acuerdo’, porque nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”, y apuntó: “Reivindicamos la negociación, pero no festejamos reestructurar una deuda de más de 100.000 dólares que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable. Y lo digo en relación a los debates de estos días sobre la responsabilidad de endeudamiento, quién tiene la culpa. Primero la discusión era quién había endeudado más y ahora dicen que la culpa de la deuda con el FMI la tiene Cristina (Kirchner). Hay un nivel de delirio. Aparte, el propio macrismo, cuando asumió, dijo que no iba a volver al Fondo, porque era una de las acusaciones por parte de la oposición al gobierno de Macri”.
Respecto del Plan Plurianual que había anunciado el presidente Alberto Fernández para el 6 de diciembre pasado y de su tratamiento junto con el acuerdo con el Fondo afirmó: “Lo hizo en base a una expectativa de que para esa fecha iba a haber un entendimiento con el Fondo. Evidentemente no la hay. El propio ministro de Economía ha salido a plantear en los últimos días, con mayor claridad, cuáles son las desavenencias que existen. Eso es lógico. No vamos a discutir un plan plurianual que no tiene acuerdo con el FMI. La demora tiene que ver con que las negociaciones están en un momento más complicado y el Gobierno está negociando con mucha firmeza, lo que para mí es una buena noticia. Me preocuparía que la negociación sea fácil. Si la negociación es fácil, seguramente es porque estás haciendo una negociación que es bastante ventajosa para la otra parte”.
“Sería bueno que haya un acuerdo lo antes posible. Pero habla de que el Gobierno no está dispuesto a aceptar cualquier condicionamiento”, remarcó.
En relación a las críticas que el Gobierno recibe por parte de la oposición que le exige un programa económico, el legislador respaldó: “Es un Gobierno que tiene una apuesta muy fuerte a la industria, no casualmente es el sector que más se ha recuperado. Incluso, hoy está niveles superiores a la época del Gobierno de Macri”.
“Es un Gobierno que, si bien alienta las exportaciones, a la vez tiene una política de protección del mercado interno; no cree en la apertura de la economía de manera descontrolada y sin regulaciones para atraer inversiones. Es un Gobierno que cree que el Estado tiene un rol importante para alentar el proceso de desarrollo. Es un Gobierno consciente del problema de abusar del endeudamiento de moneda extranjera; que se puso como meta una recuperación de los ingresos reales”, enumeró y cuestionó: “Sería bueno conocer qué opina la oposición, qué propuesta tiene la oposición sobre política económica, sobre el acuerdo con el Fondo, sobre cómo hay que manejar el problema de la deuda… Es muy fácil decir ‘acá no hay un plan’ y no ofrecer ninguna alternativa”.
En ese contexto, recordó el rechazo al Presupuesto 2022 y advirtió que “es grave que no se haya sancionado” porque “deja un precedente muy negativo”. “En nombre de no darle discrecionalidad al Poder Ejecutivo, dejar sin presupuesto, le otorga más discrecionalidad, no menos. Por eso es raro lo que hizo la oposición. Nosotros no pretendíamos que voten a favor. Pero una cosa es no votar un presupuesto y otra es dejar al Gobierno sin presupuesto. No tenemos muchos antecedentes, salvo el de 2010. Me preocupa que se construya ese escenario, que es que la oposición asuma un rol de obstruir”, criticó Hagman.
Por otro lado, el economista adelantó que se están incorporando modificaciones a la ley de envases y que se volverá a impulsar el proyecto y precisó que las mismas se deben a “algunos planteos para darle un mayor rol a las provincias, y para darle mayor claridad la forma en que se calcula la tasa ambiental. Hay algunas modificaciones, pero el espíritu de la ley es el mismo. Es generar un desincentivo para el uso de los envases más contaminantes y un mecanismo de financiamiento para un sistema de reciclado, con inclusión social”.
Por último, manifestó que dentro del bloque del Frente de Todos “hay distintas posturas sobre un montón de temas. Entre ellos, el del Fondo. Somos un gobierno de coalición, con una diversidad de opiniones. Es natural que haya matices. Los matices tienen que ver con preocupaciones genuinas”.
En materia de labor legislativa opinó que “la prioridad tiene que ver con las leyes que permitan el proceso de recuperación económica. El objetivo de recuperar el ingreso se logró en algunos sectores de madera bastante modesta. Lo que necesitamos es que el proceso de recuperación se sostenga. Hay un montón de leyes que plantea el Ejecutivo, vinculadas al fomento de sectores productivos, a incentivo para inversiones y demás. Creo que a eso hay que sumarle algunas políticas más agresivas en materia de ingresos”.
Por ese motivo, avizoró que “tenemos la idea de un salario universal. En la Argentina tenemos un universo muy grande de población que en edad laborable que no tiene ingresos fijos asegurados, porque no tiene ni empleo formal o una actividad por cuenta propia que sea lo suficientemente estable”. “Planteamos que el sistema de seguridad social nacional, que logró que toda la población de niñez y adulto mayor tenga algún tipo de cobertura casi universal, llegue también a la población de entre 18 y 65 años, y que no tiene ingresos fijos asegurados. A eso le llamamos salario universal, que en su versión máxima puede cubrir hasta 10 millones de personas”, precisó Hagman.
La iniciativa incluiría distintas propuestas para apuntalar la actividad turística, una de ellas sería establecer el programa Pre-Viaje como política pública.
Uno de las actividades más golpeadas por la pandemia fue el turismo la cual poco a poco se está recuperando. En ese contexto, desde el Gobierno nacional prepara un proyecto de ley para llevar al Congreso en marzo que incluiría distintas propuestas para apuntalar la actividad turística como por ejemplo exenciones impositivas, bono fiscal para inversiones y el establecimiento de Pre-Viaje como política pública para 2025.
Según se informó desde el ministerio de Turismo y Deportes, que encabeza Matías Lammens, al diario La Nación el programa para fomentar el turismo interno no tendría el mismo formato que hasta ahora, ya que la idea sería enfocarlo para apuntalar los meses de temporada baja en mayo, septiembre y octubre para destinos emergentes. En consecuencia, ya no se podría usar en temporada alta o en destinos de alta concurrencia, como sucedió hasta ahora, que no tuvo restricciones para aplicar al beneficio del 50 por ciento de reintegro de los gastos.
Lammens contó que se trabaja en un “Pre Viaje focalizado, en temporada baja con destinos emergentes, un poco quirúrgico, para los meses de mayo, septiembre y octubre que son complejos para la actividad”.
“Tenemos la visión estratégica de que el turismo es importantísimo para el desarrollo del país por eso invertimos mucho y generamos este programa que fue la estrella de la temporada”, manifestó el titular de la cartera de Turismo en Radio Provincia. También, hizo referencia a la pelea que tuvo con un usuario del programa: “Algunos por una cuestión política o personal terminan atacando un programa exitoso desde todo punto de vista”.
Cabe recordar que el programa en su primera edición, el año pasado, benefició a 600 mil personas y que esta temporada se estima que superará los 5 millones de usuarios que viajaron con reembolsos en tarjetas de créditos de hasta el 50 por ciento de sus compras con un tope de cien mil pesos, por cada beneficiario. Incluso para los jubilados afiliados a PAMI el crédito para volver a gastar en turismo asciende al 70 por ciento de la compra de viajes adquiridos.
La segunda edición del programa captó facturación más de 100.000 millones. El año pasado se cargaron 10.000 millones. La mayor parte de las personas que usaron el beneficio viven en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tanto los beneficiados por el movimiento entre provincias son Salta, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, y Tierra del Fuego.
La polémica continuaría en el Congreso de la Nación donde el Gobierno enviaría el proyecto de ley para reactivar el sector. En tanto más de 5 millones de usuarios tiene crédito para gastar en alojamiento, agencia de viajes, transporte, excursiones, alquiler de autos gastronomía, entretenimiento.
Según las fuentes oficiales el Ejecutivo postergó para febrero las sesiones extraordinarias. El diputado radical le exigió que “debe enviar proyectos para mejorar la situación económica”.
Los días pasan y el Gobierno aún no convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en enero, aunque según fuentes oficiales aclararon que se decidió postergar la citación al menos hasta febrero. En este contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Bazze (UCR – Buenos Aires) le exigió al Gobierno nacional a través de su cuenta de Twitter que “deje de dar vueltas, convoque a extraordinarias y envié proyectos”.
“El gobierno hasta acá no ha hecho más que mentir. Tiene que dejar de dar vueltas, convocar a extraordinarias y enviar proyectos para mejorar la situación económica. Los estamos esperando. Sus irresponsables enfrentamientos internos y su incapacidad siguen paralizando al país”, reprochó Bazze.
El procurador general bonaerense fue citado para este martes 17 a la subcomisión de Inteligencia del Congreso Nacional, en el marco de la investigación sobre la denominada mesa judicial durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
El procurador general bonaerense Julio Conte Grand fue convocado por la mesa judicial bonaerense al Congreso Nacional para este martes, tras la difusión de las imágenes de la reunión de 2017 en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata.
El audio de esa filmación reveló que algunos de los asistentes aludían a la colaboración asegurada de una fiscal y de la Procuración General con el objetivo de perjudicar a sindicalistas.
El jueves pasado, el comisario bonaerense Hernán Cassasa confirmó a los legisladores de ese cuerpo que son de su autoría los audios en los que menciona el accionar de la mesa judicial macrista y en los cuales se detalla quiénes eran los funcionarios que la integraban.
Cassasa, que ostentaba el grado de subcomisario en 2017, declaró ante los miembros de ese grupo de trabajo, integrado por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, y el legislador de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Bazze.
En ese sentido, Tailhade detalló en una entrevista con radio Del Plata, que “Conte Grand también fue citado por la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia para explicar por qué tenía un teléfono encriptado entregado por la AFI durante el gobierno de (Mauricio) Macri”.
También remarcó que “el expresidente entregó teléfonos encriptados a alrededor de 150 personas, muchas de las cuales no tenían absolutamente nada que ver ni con la AFI ni con el propio gobierno nacional como, por ejemplo, Daniel Angelici, Nicolas Caputo, el abogado personal de Macri, parte del equipo de Vidal y la propia exgobernadora”.
“No hay ninguna justificación para que Conte Grand tenga un teléfono encriptado proporcionado por el servicio de inteligencia argentino”, advirtió.
Por otra parte, el diputado miembro de la Comisión Bicameral manifestó que “los 23 gremios que fueron intervenidos por la gestión macrista pueden denunciar ante ese grupo parlamentario si la AFI participó eventualmente del armado de alguna causa contra ellos o en procedimientos que hayan terminado con una intervención”.
“Hasta el momento, la comisión cuenta con denuncias de UOCRA de La Plata, el sindicato de Fleteros, ambos con dirigentes presos en Bahía Blanca, y del sindicato de Astilleros Río Santiago y de Camioneros, entre otros”, según detalló el diputado.
En el caso de Camioneros, Tailhade recordó que “dos agentes de inteligencia de máxima jerarquía en la AFI fueron a apretar al juez Luis Carzoglio para que detuviera a Pablo y a Hugo Moyano”.
Fuentes parlamentarias señalaron que, además de recibir a Conte Grand, este martes se buscará tomar declaraciones a dos representantes de dos empresas para establecer cuál de ellas comercializó el equipamiento con el que se grabó la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. Por último, Tailhade ponderó que tanto el juez Kreplak como la fiscal Ana Russo, que llevan adelante la causa, están a la altura de las circunstancias.
El economista anticipó que el “2022 será un año complicado” y si el Ejecutivo no logra pactar con el Fondo Monetario Internacional “podemos llegar hasta un 100% de inflación”. Por eso, solicitó al presidente que convoque a extraordinarias de forma urgente.
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) se refirió al posible acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional y advirtió cuál sería la inflación para este 2022 lo cual consideró como “un año muy complicado”. También, vaticinó que “si no hay acuerdo vamos a tener una crisis severa. Y si tenemos un mal acuerdo, también”, por lo que le solicitó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que convoque a extraordinarias de forma urgente para tratar el acuerdo.
“El 2022 es un año muy complicado para nosotros. El piso de la inflación va a ser la del año pasado, aun acordando con el FMI”, comenzó Espert en declaraciones a Radio La Red en referencia al 50,9% que registró el acumulado de los doce meses pasado y anticipó que “si no hay acuerdo con el Fondo podemos llegar hasta 100% de inflación y una crisis. Si no hay acuerdo vamos a tener una crisis severa. Y si tenemos un mal acuerdo, también”.
Por ese motivo, consideró que “será difícil llegar a fin de mes porque en el Gobierno no tienen un diagnóstico correcto de qué es lo que genera la inflación, ni qué se debe hacer con la deuda”. Además, aseguró que “la economía no va a crecer en 2022 como lo hizo el año pasado y chicaneó: “Si crece algo, hay que descorchar champagne y te lo firmo hoy”.
Incluso, Espert le pidió a Fernández que convoque “urgente” a sesiones extraordinarias en el Congreso para tratar el posible pacto con el FMI por lo que sostuvo: “Un acuerdo con el Fondo son cerca de 60 o 70 páginas que requieren de tiempo para analizarlas, no dos o tres días antes del pago de 3000 millones de dólares de marzo”.
“No cualquier acuerdo con el Fondo es un acuerdo que vamos a apoyar. Si me ponés un acuerdo que signifique reducir subsecretarías, burocracia, echar ñoquis, te lo apruebo. Más impuestos a la gente, ni en pedo”, adelantó el diputado liberal.
En tanto, se mostró en desacuerdo con la postura de los representantes de Juntos por el Cambio porque “es otro verdadero desastre, cuando lo veo a (Diego) Santilli, que va a recorrer los 135 municipios pensando en la gobernación de 2023 o a la leona María Eugenia Vidal, que dice que quiere ser presidenta cuando la gente la está pasando mal”.
Además, contó que de momento su fuerza no fue convocada al encuentro del ministro de Economía, Martín Guzmán, con la oposición por la deuda, pero aseguró: “Apenas me convoquen, voy a ir porque el tema del FMI es de todo interés para la gente”.
Por otra parte, Espert consideró que el Gobierno “debería bajar el déficit” y que también tendría que “abordar la inflación porque es algo que revienta desde la clase media para abajo”, por lo que le recomendó al presidente de la Nación que “si va a haber aumento de tarifas y si la recaudación viene creciendo al 60%, como presidente pone los huevos sobre la mesa, cadena nacional y le decís a los beneficiarios de planes, a los jubilados anticipados y a los empleados públicos que no les podes aumentar este año porque ahí está el grueso del gasto público, que no vas a poder aumentarles al ritmo de la inflación. Si no aumentas menos, te vas a un déficit que nadie te lo quiere financiar”.
En ese sentido, opinó que “los funcionarios nacionales viajan a China y a Rusia a ver si consiguen financiamiento, por si no hay acuerdo con el Fondo” y habló sobre las posibilidades de que estos países le presten a la Argentina: “Algo sí, tampoco comen vidrio, no van a financiar a un país con un programa inconsistente. Te van a instalar cuatro bases chinas o rusas otro medio siglo, como ya pasó con esa base china cerca de Vaca Muerta, hemos cedido soberanía”, y cerró: “Gratis no te va a salir. Tampoco te van a tirar la plata por la cabeza porque tontos no son, nadie regala la plata. El prestamista se asegura que armes un acuerdo consistente, te lo va a pedir cualquiera: China, Rusia, Estados Unidos o los marcianos”.
Allí destacaron la actividad parlamentaria realizada durante el año y la aprobación de las distintas leyes como la de Alivio Fiscal, Etiquetado Frontal, Zona Fría, entre otras. También ponderaron la vuelta al trabajo presencial.
La Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Sergio Massa, publicó el balance de gestión del año 2021 en donde el Congreso sancionó un total de 62 leyes, realizó 15 sesiones y llevaron a cabo 154 reuniones de comisiones. Además, destacaron el retorno a la actividad de forma presencial en medio de la pandemia y la incorporación de la tecnología.
El período parlamentario comenzó el día 1 de marzo de 2021, la cantidad de reuniones realizadas desde esa fecha hasta el día 10 de diciembre de 2021 fue de 154, 122 de comisiones permanentes y 32 de comisiones especiales.
Por otro lado, la Cámara baja señaló que se “adaptó el proceso legislativo a la realidad sanitaria, mediante una combinación de trabajo remoto y presencial. Desde la presidencia de la Cámara, se reforzaron las medidas en el área de tecnología y modernización, que permitieron avanzar en términos de virtualidad en la labor legislativa y continuar los cambios generados desde el inicio de la pandemia con el objetivo de digitalizar la actividad parlamentaria”.
Entre las leyes más importantes sancionadas resaltaron el Alivio Fiscal que condona las deudas para clubes de barrio, sociedades de fomento, entidades sin fines de lucro, MiPymes y otros contribuyentes, la modificación del impuesto a las ganancias que benefició a 1.267.000 trabajadores y jubilados; y la incorporación de más de 3 millones de usuarios al régimen de “Zona fría” para la reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas.
En cuanto a los proyectos tratados y/o dictaminados, los más importantes fueron:
Se trata del legislador Álvaro González quien también solicitó la presencia de la titular del ENRE en el recinto. También solicitó que se conforme de manera urgente la Comisión de Energía.
El diputado nacional Álvaro González (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para citar al Congreso al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, y a la titular del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), para que brinden información sobre los masivos cortes de luz que afectaron a miles de usuarios ante la ola de calor. También, solicitó que se conforme de forma urgente la Comisión de Energía. En ese marco, apuntó contra el kirchnerismo y el congelamiento de las tarifas.
“En Congreso cada dos años cuando se renuevan las mitades se conforman nuevamente las comisiones. Yo he estado en la Comisión de Energía y todavía este año no fue convocada para reunirse, normalmente ocurre en marzo cuando comienza el período parlamentario, por eso presenté un proyecto para que se conforme urgentemente la Comisión de Energía y citar tanto a la interventora del ENRE, Soledad Manin, como al secretario de Energía, Darío Martínez, para que nos den una explicación de cuál fue el motivo de lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”, comunicó el legislador del Pro en diálogo a Radio Continental.
En ese sentido remarcó: “Que informen cuál es el estado de la red eléctrica, si se determinaron las cusas, si se han aplicado sanciones a las empresas, la cantidad de usuarios que se vieron afectados, si en esa cantidad de usuarios hubo hospitales, clínicas o sanatorios para tener una idea de lo ocurrido, si se ha controlado durante los cortes de energía eléctrica las líneas telefónicas porque aquellos que se quedaron sin luz vieron colapsadas las líneas de reclamo de las empresas”.
“Aparece sobre la mesa ese modelo de administrar que tiene que kirchnerismo durante 2015-2016 los entres reguladores fueron intervenidos. En la gestión anterior, el ingeniero (Mauricio) Macri había regularizado los ENTES que hacen el seguimiento. Cuando llegó esta administración decidió volver a intervenir los ENTES y hoy están en manos de personas que solo hacen pertenencia política”, comparó González.
A su vez, precisó que “no podemos meternos adentro del Ejecutivo, lo único que podemos hacer es presentar este tipo de medidas para lograr que los funcionarios a cargo resuelvan los problemas. Y que cuenten por qué llegamos a este problema porque esta mirada sobre la energía, cuando se congelan las tarifas y hay falta de inversiones terminamos con los cortes, es una cuestión que tiene que resolver el Ejecutivo”.
“Nosotros creemos que durante la gestión de Macri hubo menos cantidad de cortes de luz”, remarcó el diputado de JxC y denunció que “hay 120 millones de dólares en inversiones no realizadas y por eso queremos que venga Martínez a explicarlo. No es un dato menor que el ENRE este intervenido”.
Y cerró: “Cuando vos haces lo mismo, tenes los mismos resultados. No hay posibilidad de desarrollo en el país si no hay energía, si no hay precio no hay energía, sin precio no hay inversiones”.
El Poder Ejecutivo decretó trabajo a distancia para ahorrar energía. Se da en el marco de la ola de calor y el mayor consumo eléctrico que trae aparejado masivos cortes de luz.
En medio de una ola de calor que azota al país el consumo eléctrico se incrementó lo cual trajo como consecuencia en los últimos días masivos cortes de luz. Por ese motivo, el Gobierno nacional decretó asueto para todos los empleados de la Administración Pública Nacional con el fin de ahorrar energía, por lo que harán trabajo a distancia por 48 horas. Por consiguiente, desde la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores comunicaron que se sumarán a la medida dispuesta por el Ejecutivo.
“A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las doce (12) horas, las y los agentes de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible, y se abstendrán de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo”, dispone el texto.
En ese sentido, consideran: “Que dicha medida fue implementada con el fin de reducir voluntariamente el consumo de energía eléctrica para así coadyudar a que la población pueda tener los servicios de agua y energía eléctrica. Que esta Cámara adhiere a los criterios expuestos y se ve en la obligación de contribuir a reducir el consumo de energía eléctrica en los inmuebles afectados a su normal funcionamiento”.
En paralelo, la Secretaría Administrativa del Senado emitió una resolución propia en la cual indicó: “Dispensase a los y las agentes del H. Senado de la Nación de concurrir al lugar de trabajo los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las doce (12) horas, a fin de reducir el consumo de energía eléctrica, debiéndose realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible”. En un segundo artículo, el Senado instruyó “a las distintas áreas para que implementen las medidas pertinentes a fin de mantener las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales”.
Cabe recordar que no es la primera vez en la historia del país que se tomó dicha medida, ya que durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín, precisamente un 6 de enero de 1989, en medio de una emergencia energética, declaró “asueto para todos los trabajadores estatales” por cuatro días como una medida extrema que ayudara a palear la demanda de luz en la zona del Gran Buenos Aires y puntos neurálgicos del interior del país.
2022001También, el diputado liberal calificó la explicación del titular de la cartera de Economía a los gobernadores como “de terror, una vergüenza, una falta de seriedad absoluta”.
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se refirió a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a la explicación por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, hacia los gobernadores de las provincias a la cual tildó como “una vergüenza”. También aseguró que “no acordar es un escenario al que hay que asignarle cada vez más posibilidad”, y apuntó contra el oficialismo y la oposición: “Las deudas no nacen de un repollo, surgen del déficit. Y no ha habido un solo gobierno que nos haya desendeudado en serio. Que se tiren la pelota me parece ridículo porque todos fueron culpables.
Entrevistado por Clarín, Espert expresó que la explicación de Guzmán a los gobernadores sobre el acuerdo con el FMI: “Fue de terror. Una vergüenza, una falta de seriedad absoluta. Si el ministro considera que hay una discrepancia entre el sendero de baja de déficit que el Gobierno está dispuesto a hacer y el que el Fondo espera, mínimamente tiene que explicar dónde está esa diferencia, cuáles son los números. No presentó nada. El presidente debe convocar a extraordinarias y Guzmán tiene que ir al Congreso a mostrar cifras concretas y discutir en serio. Está claro que no va a ser fácil, pero solo con sarasa el acuerdo con el Fondo tiene menos chances que yo de ir a la luna en sunga”.
“Hay una discrepancia que es de fondo. Guzmán cree, y se lo escuché decir, en lo virtuoso de tener déficit fiscal, pero el único país que tiene déficit durante mucho tiempo es Estados Unidos, que emite dólares, la moneda que todo el mundo quiere. Los países normales saben que no pueden tener déficit eternamente. Pero acá discutimos la ley de gravedad. Y el Fondo, lógicamente, quiere garantizarse el cobro de la deuda, sin importarle demasiado si lo haces con más impuestos o con menos gasto”, señaló el diputado libertario.
Consultado sobre un fallido acuerdo advirtió que “el no acordar es un escenario al que hay que asignarle cada vez más probabilidad. Si hace un año la chance era de un 10%, hoy es del 50%. Una cosa es acordar y otra es un default de la deuda. El problema es que hoy, no acordar implica un default debido al tamaño de esa deuda”.
“Es cierto que el último gran endeudamiento fue con (Mauricio) Macri y con el FMI, pero hace 60 años que Argentina tiene déficit y, por lo tanto, aumento de la deuda pública”, denunció Espert y remarcó: “Las deudas no nacen de un repollo, surgen del déficit. Y no ha habido un solo gobierno que nos haya desendeudado en serio. Que se tiren la pelota me parece ridículo porque todos fueron culpables. Es un problema crónico, como el de la inflación. El Congreso también es responsable porque todos los años sanciona presupuestos deficitarios”.
En relación a su postura afirmó: “Tengo una línea muy fina de acción porque no acordar con el Fondo implica un default, o sea, una crisis gravísima, pero acordar a costa de subas de impuestos es ir contra el ciudadano que no da más. Hay que lograr acordar y que el ajuste venga por el gasto público, cosa que nunca ocurrió en Argentina”.
Por otro lado, sobre el recambio legislativo y lo que sucedió con el rechazo al Presupuesto, pero la aprobación del proyecto de Bienes Personales avizoró que el Congreso a futuro es “impredecible. No tomaría lo que pasó con el Presupuesto como ejemplo de unión en la oposición porque no tuvimos un acuerdo previo de no votarlo, fue surgiendo. Sin embargo, a la luz de los resultados de las últimas elecciones y de cómo va cambiando el discurso de Juntos, de a poco el debate se va torciendo hacia un lugar de más sentido común y menos disparate. En ese sentido puede haber alguna chance de acordar algunas cosas, pero en ese caso no será de manera orgánica, sino para cada ley puntual”.
Sobre los discursos “violentos”, el legislador de Avanza Libertad respondió: “Yo no creo que tengamos un discurso violento. En todo caso representamos el hartazgo del ciudadano con un sistema que lo hunde cada vez más, que lo enloquece de impuestos, de trámites burocráticos, de inflación, tarifazos, inseguridad, falta de educación, paros, cortes de ruta, de calles. Nosotros representamos ese enojo de la gente. Y estamos acá por eso nada más, para solucionar los problemas concretos. Y eso no es un tema ideológico, es cuestión de respetar un Estado razonable, que cobre impuestos razonables, con leyes laborales que no asusten a empresarios a tomar gente, y que permita a las empresas competir con el mundo”.
En otra línea, explicó que no lograron armar un bloque liberal junto a Javier Milei (La Libertad Avanza) porque “el decidió emprender un camino solo. Yo lo recibiría con los brazos abiertos para armar un interbloque, pero él es el que tiene un proyecto muy personal y yo se lo respeto”.
La iniciativa plantea la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores y un Fondo Fiduciario Público.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de “Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores para la innovación”, una iniciativa que podría tratarse en el período de sesiones extraordinarias. El texto ingresó el pasado 23 de diciembre por la Cámara de Diputados.
Los cambios para las compras que hace el Estado, que representan el 13% del PBI, buscan sustituir importaciones y ahorrar divisas por 500 millones de dólares anuales.
En el texto se propone aumentar el margen de preferencia de bienes de producción nacional, ya que aumenta hasta 15% en el caso de compras a grandes empresas y hasta 20% en las compras a PyMEs.
También plantea un margen de preferencia por género porque suma 3% para empresas que tengan 50% o más de su composición de mujeres u otras identidades no binarias en la dirección, gerencia, presidencia u otros puestos de trabajo. La proyección oficial es generar 30 mil nuevos puestos de trabajo privados.
Además, se prevé que se verán alcanzadas por estos beneficios las cooperativas que se encuentren inscriptas en el Registro del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), siempre y cuando cumplan con lo establecido en el proyecto.
En otra línea, señala la creación de un Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores en el ámbito de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo, cuyo objetivo principal será desarrollar proveedores nacionales en sectores estratégicos, con el fin de contribuir al impulso de la industria, la diversificación de la matriz productiva nacional y la promoción de la competitividad y la transformación productiva.
También, precisa que “favorecerá la articulación entre la oferta de productos y servicios, existentes y potenciales, con la demanda del Sector Público Nacional y personas jurídicas operadoras de sectores estratégicos demandantes de dichos bienes, con el propósito de canalizar demandas y desarrollar proveedores capaces de aprovisionarlas”.
“El Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores identificará las oportunidades para los proveedores locales a través del relevamiento de la oferta existente o de la factibilidad técnica de abastecimiento local de esos productos y/o servicios con la asistencia de herramientas técnica y financieras para favorecer la mejora de los proveedores nacionales”, explica el proyecto.
En suma, propone crear “un Fondo Fiduciario Público denominado Fondo Fiduciario para el Compre Argentino, en adelante FoCAr, que se conformará como un fideicomiso de administración y financiero con los alcances y limitaciones establecidos en la presente Ley y su reglamentación. Supletoriamente, se aplicarán las normas del Código Civil y Comercial de la Nación”.
“Tendrá por objeto la aplicación de los bienes fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o bonificación de tasas, descuento de documentos, otorgamiento de garantías y/o cualquier otro mecanismo o instrumento financiero destinado a facilitar y/o generar mejores condiciones financieras para los potenciales oferentes de acceso a las compras públicas realizadas por las entidades comprendidas en la ley”, señala.
Por último, plantea crear el Programa Nacional de Compras Públicas para la Innovación, el cual tendrá por objeto promover la incorporación gradual de desarrollos y soluciones innovadoras en las adquisiciones que realicen los sujetos alcanzados en la ley, con el fin de modernizar y mejorar la calidad de los bienes y servicios prestados por el Estado y responder a las nuevas demandas de la sociedad.
0014-PE-2021La representante de la provincia de Buenos Aires expresó que su expectativa es que “los jóvenes sean parte de las decisiones importantes para el futuro de todos los argentinos”.
Brenda Vargas Matyi, la representante de La Matanza, provincia de Buenos Aires, juró como diputada nacional y con 26 años se convirtió en la legisladora más joven de toda la Argentina en el Congreso de la Nación. El intendente Fernando Espinoza estuvo en el acto de asunción y destacó que “es un orgullo y una alegría enorme acompañar a Brenda. Su trabajo desde la militancia por una sociedad más justa e igualitaria para las y los jóvenes se trasladará ahora al Poder Legislativo”.
“Es un día de mucha alegría para mí y para todos los y las jóvenes de la provincia de Buenos Aires porque a partir de hoy tenemos una nueva voz en el Congreso de la Nación. Una voz que va a representar los intereses de todas las juventudes bonaerenses y también de todas las comunidades”, expresó Brenda Vargas Matyi y sostuvo: “Es un desafío enorme y lo asumo con la mayor responsabilidad y compromiso”.
“Mi expectativa, al igual que la de todas y todos mis compañeros que siguieron este trayecto, es que las y los jóvenes sean parte del Poder Legislativo y de las decisiones que se tomen en el Congreso de la Nación, que van a ser decisiones muy importantes para el futuro de todos los argentinos y argentinas”, resaltó Brenda Vargas Matyi.
“Este es un camino colectivo en el que vamos a trabajar por un país más justo, más inclusivo y más igualitario. Lo haremos desde el consenso, tendiendo puentes y dialogando por la Argentina que queremos”, aseguró la diputada nacional Brenda Vargas Matyi y enfatizó: “Una de las prioridades que tenemos que debatir es la manera de poder generar políticas de inclusión laboral para todas las juventudes comprendiendo que hay muchos jóvenes que nunca tuvieron un empleo formal”.
“Siempre vamos a estar cerca de los más humildes y de quienes más lo necesiten. En mi caso también voy a seguir muy cerca del sector estudiantil y de las y los jóvenes. Lo vamos a seguir haciendo como siempre lo hicimos porque esa es nuestra principal característica. Siempre vamos a estar junto al pueblo”, subrayó Brenda Vargas Matyi.
“Se viene un nuevo año cargado de esperanza y de mucho trabajo para estar activas y activos en cada circunstancia que se demande. Convocamos a las y los jóvenes a que se sumen a participar y que sean parte de la decisión sobre qué va a pasar con nuestro futuro”, señaló la diputada nacional.
“Brenda muestra con fuerza el sueño de las nuevas generaciones que se comprometen con el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad. Las y los jóvenes son el motor más vital y potente para transformar la realidad”, concluyó el intendente Fernando Espinoza.
El legislador del bloque socialista advirtió que el proyecto “viene durmiendo hace muchos años en el marco del Congreso”.
El diputado nacional del bloque Socialista Enrique Estévez (Santa Fe) habló sobre la Ley de Humedales y la posibilidad que la misma pierda estado parlamentario por tercera vez lo cual “nos preocupa” porque “el oficialismo tiene la llave para dar impulso al debate, pero esto no se va a dar”, y criticó que “una ley de esas características requiere un tratamiento y proceso serio que no veo que se viene teniendo por parte del Poder Ejecutivo Nacional hasta entonces”.
En declaraciones por Radio Universidad FM 103.3 el diputado santafesino explicó: “La Ley de Humedales tiene cuatro comisiones empezando por la de Recursos Naturales. El año pasado en esa comisión se tomaron mas de 100 proyectos, se consensuó un proyecto común y se sacó un dictamen que pasó a la Comisión de Agricultura. Ahí quedo frenado y el 10 de diciembre el dictamen cae por el cambio de la mitad de la cámara”.
“Sin embargo, nosotros tenemos una prórroga de sesiones ordinarias en este caso ese periodo se extendió hasta el 31 de diciembre, por lo cual tenemos tiempo de hacer un plenario de las comisiones, en el caso de que haya voluntad política, y tratar en una sesión este tema”, aclaró.
En ese marco, remarcó que “no es un tema sencillo, no es un tema que se pueda abordar rápidamente, pero nos preocupa que esto viene durmiendo hace muchos años en el marco del congreso y la situación del ambiente en general, pero los humedales en particular requieren que se tomen medidas y que haya un marco legal desde donde poder defender los ecosistemas que son tan importantes”.
“Es la tercera vez que el proyecto perdería estado parlamentario en la Cámara de Diputados, las dos veces anteriores vino con media sanción del Senado”, advirtió Estévez.
Por consiguiente, precisó que “cuando hablamos de medidas de fondo para cuidar el medio ambiente son medidas difíciles y que lógicamente tienen costos económicos para los sectores productivos como los estados, nacionales y provinciales. Eso se puede trasladar a cualquier actividad productiva”, y comparó: “Ahora en el mundo ha tenido un tratamiento distinto con una mínima planificación porque estos cambios no se hacen de un día al otro. Requiere un trabajo que va más allá de tener una ley, pero nos da herramientas como la Ley de Bosques, sin embargo, tenemos menos bosques de cuando se sanciono la ley”.
“Hay que tomar medidas y acompañar y controlar por parte de los estados nacionales y provinciales, cosa que no se esta haciendo”, cuestionó el diputado socialista y precisó que “los humedales son estimativamente el 20% del territorio nacional y es una extensión muy importante. Hay que buscar alternativas, pero la alternativa no tiene que ser no hacer nada y que se destruyan los humedales”.
En suma, ratificó que “la voluntad es transversal porque tanto en el bloque del Frente de Todos como en Juntos por el Cambio hay legisladores a favor y otros en contra. Tiene que ver en algún punto con la pertenencia de determinadas provincias o zonas donde se ven afectadas determinadas actividades productivas. No es que no tengo esperanzas, pero soy realista. El oficialismo tiene la llave para dar impulso al debate, pero esto no se va a dar”.
“Veo que una ley de esas características requiere un tratamiento y proceso serio que no veo que se viene teniendo por parte del Poder Ejecutivo Nacional hasta entonces”, criticó Estévez. “No veo ninguna señal de donde poder reducir”, reiteró.
A su vez, remarcó que “la responsabilidad es del Estado, no estigmatizaría a nadie. Hay una práctica que es cultural como ganadería, agricultura, minería, desarrollos inmobiliarios y madereras, son las actividades económicas que se desarrollan y generan un daño en los humedales irreparables. Es un interés económico muy relativo”.
“Nos unen temas comunes, transversales a todos los continentes y los países, en particular la violencia y la desigualdad de género”, expresó la legisladora riojana durante el encuentro en el Congreso.
En el Salón Eva Perón del Congreso de la Nación, la senadora nacional Clara Vega (Interbloque Federal – La Rioja) convocó a cerca de una decena de embajadoras residentes en la Argentina para intercambiar ideas sobre la situación de género, la crisis ambiental y las posibilidades de desarrollo de el país, y particularmente de su provincia, en el complejo escenario internacional.
Para dar inicio, Vega reflexionó: “Compañeras de género, la pandemia nos ha interpelado y nos ha desnudado a todos y cada uno de los Estados. La misma no hizo diferencia entre países desarrollados o subdesarrollados y generó un fuerte impacto en las relaciones entre las diferentes naciones”.
“Nos unen temas comunes, transversales a todos los continentes y los países, en particular la violencia y la desigualdad de género, porque la pandemia pegó muy fuerte en todos los ámbitos, pero más aún a las mujeres”, agregó.
Con respecto a la posición de los diversos países sobre la emergencia climática, la legisladora riojana afirmó que “es necesario que las mujeres participemos para mejorar las relaciones entre los Estados y seamos gestoras de un modelo de desarrollo sustentable, inclusivo y con mayor equidad”.
Para finalizar, las invitó a trabajar mancomunadamente en pos de estos temas que constituyen la agenda presente y futura: “Somos todas mujeres y me parece un buen momento para empezar algo que signifique más que visibilizar estos problemas que hoy nos convocan. Este es nuestro punto de partida”.
Durante el encuentro, que fue parte del cierre de un año muy intenso de trabajo por parte de la legisladora, estuvieron presentes las representantes de Israel, México, Costa Rica, Panamá, Finlandia, Reino Unido, Indonesia, Filipinas y San Marino.
Luego de que cada una de las embajadoras exponga su punto de vista sobre las temáticas planteadas, disfrutaron de un agasajo acompañado por la cantante riojana Milagros Juárez y su guitarrista Braian Castro, y recibieron un obsequio con productos típicos de la provincia y una pieza textil pintada a mano por la artista riojana Maricel Andrada. Se destacó el acompañamiento del ministro de Turismo de La Rioja, Gustavo Luna, y del ministro de Producción, Fernando Rejal.
Eso expresó el diputado de Vamos con Vos sobre la carta que publicó la vicepresidenta de la Nación y le advirtió que “no hay que sacarse la responsabilidad que se tiene, hay que ser serios”.
El diputado electo Florencio Randazzo del espacio Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires que en el Congreso “voy a cumplir con la palabra” porque “una de las cosas que le ha hecho daño a la política ha sido precisamente no honrarla”. Además, criticó fuertemente a la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner por la carta que publicó en donde escribió que “la lapicera la tiene Alberto”, respecto de lo cual manifestó que “Cristina no es víctima es cómplice de lo que está pasando”.
En declaraciones por la AM950 celebró haber alcanzado el piso del 3% para lograr una banca en el Congreso, la cual asumirá el próximo 10 de diciembre, y aseguró que “no es fácil porque son 400.000 votos disputas a votar una alternativa diferente por fuera de la polarización. Es algo interesante porque nosotros creemos que es necesario que en el Parlamento haya otros matices, otras voces. A propósito del tema, deberían estar en la agenda porque todos en principio están de acuerdo, pero después no hay decisión de acompañar. Hay que resolver flagelos como la inflación y sabemos el daño que eso nos hace”.
“Hay que resolver la inflación como muchos otros países en el mundo que la resolvieron el siglo pasado ya, tienen una inflación anual que en Argentina es mensual. Esto no permite que hay un proceso de ahorro ni de inversiones ni de generación de empleo”, sostuvo Randazzo.
Además, señaló que “es una economía que no tiene previsibilidad y no hay posibilidad de que se construya confianza y la economía no funciona. Acá se desincentiva el ahorro para que haya inversión y generación de trabajo, que es el próximo gran desafío de los próximos gobiernos”.
En ese sentido, se refirió al “Plan platita” del cual aseguró que “no hay que subestimar al electorado” porque “da la impresión de que alguien va a votar porque le den un plan dudo de eso. La gente aspira a otras cosas, quiere dignidad, quiere un trabajo que le permita educar a sus hijos, es una gran preocupación que puso en relieve la pandemia”.
“Muchos chicos dejaron la escuela y son el futuro. La Argentina esta atravesando un proceso de polarización de dos sectores que en realidad buscan hacer su negocio”, manifestó y aseguró: “Yo voy a cumplir con la palabra me da la impresión que una de las cosas que le ha hecho daño a la política ha sido precisamente no honrar la palabra. Voy al Congreso para expresar otros matices en la cual en la puja permanente nos aleja de conseguir respuestas claras a los problemas que hay en el país”.
Y continuó: “Vamos a ir al Congreso para presentar proyectos sobre cómo resolver la inflación, la boleta única, una ley de promoción de exportación. Son los temas que pretendemos debatir para ubicar al país en el mundo”.
En relación a la falta de dólares y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el referente de Vamos con Vos sostuvo: “Hay que ayudarlos a que no choquen el país porque estamos todos adentro, pero impedir que nos lleven por delante. Ayudarlos a ser razonables porque esta en juego el destino de Argentina. Tenemos que comprender la situación de gravedad”.
Por último, el exministro de Transporte se refirió a la frase de la exmandataria sobre “la lapicera la tiene el Alberto Fernández”, y cuestionó: “Me parece que Cristina tiene una responsabilidad porque es la vicepresidenta de la Nación, me cuesta mucho comprender ese tipo de cosas. No hay que sacarse la responsabilidad que se tiene, hay que ser serios. Cristina no es víctima es cómplice de lo que está pasando”, y ratificó: “Es la vicepresidenta de la Nación y tiene una enorme responsabilidad y su hijo es el jefe del bloque mayoritario, hay que hacerse cargo de la situación”.
Tras alcanzar el piso necesario que le permitió obtener una banca en el Congreso, el diputado electo de Vamos con Vos agradeció a los bonaerenses que lo votaron.
El diputado electo Florencio Randazzo del espacio Vamos con Vos por la provincia de Buenos Aires agradeció a los votantes a través de su cuenta de Twitter, luego de que el recuento definitivo de votos que realizó Justicia Nacional Electoral determinó que logró superar el piso mínimo equivalente al 3% del padrón y pudo obtener una banca en el Congreso que asumirá el 10 de diciembre.
“Gracias a las y los bonaerenses que con su voto hicieron posible que Vamos con Vos llegue al Congreso”, tuiteó el exministro de Transporte y aseguró: “Somos muchos los que creemos y estamos dispuestos a construir otro camino para tener un futuro mejor en la Provincia y en Argentina”.
A su vez, resaltó que irán al “Congreso a defender tus intereses, sin ataduras políticas, sin la obligación de quedar bien con ningún dirigente, sin jefes ni jefas” porque “la política solo sirve si te resuelve los problemas a vos, si no, no sirve”.
Randazzo se quedó con la banca que aspiraba Hugo Bontempo, integrante del partido de José Luis Espert de Avanza Libertad y a quien el recuento provisorio lo daba como ganador. Cabe recordar, que en las elecciones del 14 de noviembre había quedado en cuarto lugar.
Pidió “que a nadie lo engañen” respecto de quién decide las políticas en la Argentina y advirtió que es el Congreso el que deberá resolver sobre el acuerdo con el FMI.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio que mantenía desde la derrota electoral del oficialismo consumada el pasado 14 de noviembre, o más bien desde la campaña electoral. Lo hizo a través de una extensa carta de 9.000 caracteres muy distinta de la que escribió tras la derrota de las PASO: en esta no cuestiona al primer mandatario y su gabinete, sino más bien termina empoderándolo, si se quiere. “La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”, advierte en un pasaje de la nota en la que se refiere fundamentalmente a las negociaciones que se desarrollan con el FMI. Con todo, también desliza: “Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.
Y al silencio que venía manteniendo, y sobre todo a las especulaciones que se han generado en torno al mismo. “Los silencios y las curiosidades”, es el título de esta carta abierta de la expresidenta en la que critica una vez más a la gestión anterior por el endeudamiento asumido y cuestiona con severidad a la oposición al hablar de su “irresponsabilidad política”.
En la nota también enfatiza que es el Congreso el que “tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”.
La carta de Cristina Kirchner arranca con referencias a “los medios de comunicación hegemónicos, los sectores del poder real en la Argentina y, crease o no -según pude leer en letra de molde-, también desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los brokers de Wall Street”, quienes especulan, dice, “con ‘el silencio de la vicepresidenta’ y su posición respecto de un posible acuerdo con el FMI por los 57.000 millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el año 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año, la bonita suma de 44.500 millones de dólares”.
La vicepresidenta considera que “se pretende instalar” que es ella la que decidirá sobre el acuerdo con el Fondo y en ese sentido desliza uno de los titulares que se han publicado: “El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta” (SIC).
“Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado, a nivel nacional, las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como ‘no vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine’ son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales”, agrega CFK, para cuestionar a continuación que “los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada”.
“¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra ‘hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno’, ahora quieren que ‘Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal’?”, expresa en otro párrafo para exclamar a continuación que “la política debe dejar de ser sólo un show para la televisión”.
En ese sentido destaca que “a partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación”. En rigor, como ya hemos dicho en parlamentario.com, no es la primera vez pues eso ya sucedió en 2009, pero más allá de eso Cristina reclama a la oposición “”ejercer la responsabilidad de esa representación. Más aún, cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023?”.
“Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada”, dispara.
En otro pasaje de su carta, CFK recuerda el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, al que considera una “excelente iniciativa que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante e insostenible sin pasar por el Congreso de la Nación”.
Así las cosas destaca el artículo 2 de ese proyecto que precisa que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Norma que fue aprobada en ambas cámaras por amplias mayorías. Entonces observa que “la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no, lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el FMI. Todo ello sin perjuicio de que es el titular del Poder Ejecutivo quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia”.
Ahí es cuando advierte que “la lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional. Que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina”.
“Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país”, expresa Cristina, para aclarar luego que el kirchnerismo nunca desconoció las deudas “que generaron otros gobiernos”.
En un mensaje a los legisladores del próximo Congreso recuerda Cristina que ella fue legisladora nacional entre 1995 y 2007, y luego presidenta de la Nación. “Siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me deparó algún que otro inconveniente –aclara-. Hoy, como marca la Constitución y la Ley 27.612, no es Cristina… son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el FMI de todo el mundo y de toda la historia”.
Sobre el final, Cristina resalta un pasaje del discurso que Alberto Fernández dio el pasado 9 de Julio en la Casa de Tucumán, donde expresó que “Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie, y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados, estamos negociando con el Fondo. ¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5 mil millones de dólares que afrontar con el Fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace dos años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.
La nota de Cristina concluye con el deseo de que “Dios y la Patria los ilumine a todos y todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos”.
El legislador de Consenso Federal advirtió que el Poder Legislativo no debe ser “corresponsable de un fracaso indisimulable” en ese tema.
El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires) manifestó su punto de vista respecto a una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de lo cual consideró que “el Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo como ocurrió en 2020”. Y advirtió que tanto esta medida como el programa plurianual, deben incluir “condiciones orientadas a defender los intereses nacionales”.
“El Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en 2020 con el pacto con los acreedores privados”, consideró Rodríguez y destacó que “para ello, no debe volver a extenderle al Gobierno Nacional un cheque en blanco”.
Por el contrario, aseguró que “corresponde exigir que tanto el ‘programa plurianual’ como la propuesta para negociar con el FMI incluyan un conjunto mínimo de condiciones orientadas a defender el interés nacional”, y agregó que “esas deberían ser las bases del apoyo de los distintos sectores políticos que busca el Gobierno para afrontar la próxima negociación con el Fondo”.
En ese marco, el legislador hizo hincapié en lo que sucedió en el 2020: “El Congreso dio un claro respaldo institucional al Poder Ejecutivo para llevar adelante la negociación con los acreedores privados y lo cierto es que, a pocos meses de cerrado ese acuerdo, el Riesgo País de Argentina tocó los 1800 puntos básicos”.
Por este motivo, sugirió que las autoridades tengan en cuenta algunos aspectos:
El candidato a diputado nacional adelantó que al llegar al Congreso presentará el proyecto de ley de promoción de la actividad ferroviaria porque “una Mendoza conectada necesita de rutas aéreas, transporte automotor y ferrocarriles en pleno funcionamiento”.
Durante una visita realizada a la Base Logística Palmira de la empresa Trenes Argentinos Cargas, el actual senador provincial y candidato a diputado nacional Adolfo Bermejo por Mendoza por el Frente de Todos anticipó que al llegar al Congreso de la Nación presentará el proyecto de ley de promoción de la actividad ferroviaria, porque entiende que será “una herramienta para el desarrollo del empleo, de las MiPyMEs del rubro metalmecánica y de la educación técnica en Mendoza y otros puntos del país”.
“El proyecto de ley incluye los proyectos de ampliar ramales hacia el Norte provincial, Lavalle, y los proyectos hacia el Sur de la Provincia, Malargüe, San Rafael y General Alvear”, precisó Bermejo y señaló: “Una Mendoza conectada necesita de rutas aéreas, transporte automotor y ferrocarriles en pleno funcionamiento. No hay competencia, sino sinergia entre todos los medios de transporte”.
En ese sentido, detalló: “El tren abarata costos de logística un 30% aproximadamente y se complementa con camiones en los tramos cortos y medios. Es un gran horizonte para los productores mendocinos”, y agregó: “En lo que va del año la línea San Martín transportó casi 4.5 millones de toneladas de diversos productos a granel y paletizados desde Mendoza hacia puertos en Bs As y Santa Fe, permitiendo llegar a nuevos mercados”.
“Con la pandemia el uso de los trenes de carga en Mendoza se incrementó un 30%. Cada vez se transportan más productos de Mendoza a Buenos Aires en tren como ripio, canteras, vinos, bebidas, etc”, indicó el candidato oficialista y precisó que “el taller en Mendoza, ubicado en Palmira, es uno de los mayores de Sudamérica, y cuenta con tecnología de punta y personal masculino y femenino que todos los días trabaja al límite”.
En este contexto, sostuvo que “tan sólo en el último año y medio hubo una inversión nacional de 2 Millones de dólares para incorporar tecnología y así poner en funcionamiento un moderno Taller de Reparaciones de Vagones. Esto debido a que durante 2020 hubo un aumento del 148% en las operaciones de este Centro Logístico”.
“Es necesario dar mayor visibilidad a esta experiencia de trabajo y alta tecnología que se lleva a cabo en Palmira, que la conozcan nuestros jóvenes de las escuelas técnicas de la provincia2, manifestó el candidato a diputado nacional del FdT porque “es inspirador para primeros empleos, nuevos oficios y carreras terciarias y universitarias”.
Además, señaló: “Esta inversión del Estado Nacional debemos seguir ampliándola, renacionalizando ramales hacia el Norte provincial, Lavalle, y los proyectos hacia el Sur de la Provincia, Malargüe, San Rafael y General Alvear”, y adelantó: “Haré todas las gestiones para que se acelere el retorno del transporte de pasajeros a Mendoza, que ya se han estado haciendo pruebas con coches-motor y no estamos tan lejos de que sea una realidad“.
Al finalizar la visita, Bermejo consideró que “la industria ferroviaria es una oportunidad real para la metalmecánica local. No hay competencia entre transporte automotor, ferroviario y aéreo, sino que se complementan”, y ratificó: “Una Mendoza conectada es posible más que nunca. Me comprometo a regresar luego de las elecciones para avanzar en proyectos de ley concretos para el sector ferroviario en Mendoza. Será importantísimo para el sector metalmecánico, logístico, para el empleo joven y de gran impacto educativo”.
“Gracias Raúl Morcos y Héctor Rosales por la recepción y a todo el equipo de Belgrano Cargas, ésta gran empresa estatal que día a día trabaja por mayor conectividad ferroviaria de Mendoza. Eficiencia, gran profesionalidad y una mirada estratégica para la Mendoza sustentable que necesitamos”, agradeció el senador provincial.
El recordado día de la lluvia de piedras sobre el Parlamento tuvo su fallo en la justicia. La Izquierda criticó al Poder Judicial.
El Frente de Izquierda (FIT) salió a cuestionar este lunes el fallo judicial del Tribunal Oral Federal N° 3 que condenó a penas de cumplimiento efectivo a dos manifestantes que protestaron contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017 en la Plaza del Congreso, donde se registraron graves incidentes entre militantes y policías.
Al respecto, el exlegislador Nicolás del Caño manifestó en Twitter: “La que tendría que estar presa es Patricia Bullrich responsable política de los crimenes de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Absolución a los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz”.
Se trata de César Arakaki, sentenciado a tres años y cuatro meses de prisión, y de Daniel Ruiz, condenado a tres años de cárcel por aquellos disturbios.
Ambas penas son de cumplimiento efectivo, aunque sólo se ejecutarán una vez que queden firmes. El veredicto fue leído por el tribunal unipersonal a cargo del juez Javier Feliciano Ríos.
El fallo coincide exactamente con las penas que había pedido la Fiscalía, a cargo de Juan Patricio García Elorrio.
El juez no ordenó la inmediata detención de ambos condenados, quienes llegaron en libertad a esta instancia.
Los fundamentos de las condenas se conocerán el próximo 4 de febrero, tras la feria judicial del verano de 2022.
Arakaki y Ruiz (identificado junto a Sebastián Romero, conocido como “el Gordo Mortero” por haber disparado pirotecnia con un lanzador casero) fueron condenados por los delitos de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad agravada y lesiones.
Las defensas de ambos condenados, a cargo de Mario Ramón Villarreal y Claudia Ferrero, ya anunciaron que apelarán la decisión del tribunal.
Los otros dos acusados que habían sido enviados a juicio oral, Dimas Fernando Ponce y Mariano Ernesto Stansiola, acordaron una probation y evitaron la condena.
Los hechos por los que fueron juzgados Arakaki y Ruiz ocurrieron el 18 de diciembre de 2017 en la Plaza del Congreso, mientras se debatía el proyecto de ley de Reforma Previsional que impulsaba el gobierno de Mauricio Macri.
La violenta protesta quedó reflejada en miles de piedras que, tras los enfrentamientos de los manifestantes con las fuerzas de seguridad, quedaron tapizando el tradicional paseo público porteño. La ley fue, finalmente, sancionada.
El Parlamento vivió una semana de sesiones maratónicas y tratamiento sobre tablas en ambas cámaras. Ahora, el Senado y Diputados tendrán un periodo de baja actividad por la recta final de la campaña electoral. El Presupuesto quedó para después de las elecciones generales.
Pausa. Hasta después del 14 de noviembre, el Congreso de la Nación tendrá escasa actividad y se descarta que haya una sesión ordinaria en alguna cámara en ese período en el que los legisladores estarán abocados a tiempo completo a la campaña electoral de los comicios generales.
Así lo confirmaron diferentes fuentes parlamentarias, aunque desde el seno del bloque oficialista y desde la oposición evitan señalar esta situación porque no quieren que se afirme que el Congreso está cerrado por la campaña electoral en cada una de las provincias.
Una clara señal de este período sin actividad fue la actitud del Senado de la Nación en romper con una regla de usos y costumbres que es no tratar en el recinto un proyecto de ley y mucho menos una media sanción de Diputados que no haya tenido su paso por las comisiones, fuera avalado y haya tenido los 7 días de vista de revisión.
Sin embargo, esta regla se quebró a instancia del Frente de Todos (FdT) que impuso su mayoría y logró los 2/3 necesarios para incorporar 2 temas al plan de labor acordado con Juntos por el Cambio, que en este punto no acompañó al oficialismo con el fundamento de “necesitar tiempo para estudiar las iniciativas”.
“En todo caso, llamemos a una sesión para la semana próxima”, dijo el senador mendocino Julio Cobos (JxC) en el fragor del debate en el recinto el pasado jueves 28.
Sin embargo, el FdT logró que se traten Alivio Fiscal y Ley de Juventudes al final de la sesión y la oposición se quedó colaborando con el quórum y votó a favor en ambos temas.
Fue el propio jefe de bloque del oficialismo, José Mayans, quien contó que fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que se comunicó con él e instó a que se convierte en ley Alivio Fiscal para entidades sin fines de lucro que hayan sido perjudicadas por el Covid-19, que había tenido media sanción en Diputados el día anterior.
Por su parte, en Diputados, la sesión maratónica de casi 24 horas que se realizó el pasado martes 26, incluyó más de 20 temas. Otro indicio de que no habrá sesión por al menos 15 días.
Desde el interbloque de Juntos por el Cambio que lidera el diputado cordobés Mario Negri, señalaron que “no habrá sesión” en este periodo.
Uno de los centrales temas que ha quedado para después de las elecciones generales es la ley de leyes, el Presupuesto 2022, que todavía no comenzó a hacer tratado ni fue presentado en Diputados, luego de que el proyecto de ley ingresara el 15 de septiembre.
Los postulantes de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires firmaron un documento en el que se comprometieron a no impulsar ni acompañar proyectos en este sentido durante su mandato en el Congreso.
Los candidatos que integran la lista de Juntos por el Cambio a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires firmaron este jueves, vía streaming a través de su canal de YouTube, un documento en el que se comprometieron a no impulsar ni acompañar proyectos de ley que busquen crear nuevos impuestos o aumentar los existentes durante su mandato en el Congreso de la Nación.
Con el hashtag “Yo Me Comprometo”, el primero en firmar fue el economista Martín Tetaz, quien afirmó: “Venimos a comprometernos para no crear nuevos impuestos ni subir ninguno de los que están vigentes”. E invitó a los demás partidos políticos a “sumarse” porque es el “compromiso que necesitan los contribuyentes”. Tras sellar su firma, graficó en una pizarra el problema de los impuestos en la Argentina y concluyó: “La recaudación empieza a caer cuanto más impuestos ponen”.
A continuación, se sumó Sandra Pitta, quien aseguró que “la carga impositiva ya es insoportable” y escribió en la pizarra: “Todos nos comprometemos”. Por su parte, la diputada radical y candidata a renovar su banca Carla Carrizo remarcó que “hay que construir ciudadanía fiscal” y reclamó por un “basta de un Estado extractor al que le damos todo y no nos da nada”.
También, en busca de la reelección, la cívica Paula Oliveto, con barbijo en mano, manifestó su compromiso porque “creemos que es el momento de poner todo para que las PyMEs puedan generar empleo, para que los chicos que salen del secundario encuentren en la Argentina empleo y se queden. La carga impositiva esta afectando mucho a los comerciantes, a los empresarios, nosotros tenemos que acompañarlos para que puedan seguir invirtiendo. Por sus hijos y los nuestros, no vamos a sumar impuestos y vamos a generar empleo”. “Basta de asfixiar a las PyMEs”, enfatizó.
En tanto, Pablo Walter añadió que “tampoco se van a sumar a tanto gasto improductivo de un Estado que solo asfixia a aquellos que quieren traer inversiones, que traen fuentes genuinas de trabajo que es lo que la gente necesita”, e invitó a la ciudadanía a decirle “basta a este Gobierno y a fiscalizar”.
Minutos más tarde, entró Ricardo López Murphy quien, tras firmar, sostuvo brevemente que “el país necesita que no haya más presión tributaria sobre el sector privado. Este compromiso tiene que ser entendido como no más presión tributaria”.
Por su parte, Fernando Sánchez resaltó que hay que “es un compromiso previo a las elecciones, para luego cumplirlo porque los impuestos nos ahogan. Hay que tener un equilibrio entre lo que pagamos en impuestos y lo que nos queda para vivir”, y señaló que “solo vivimos para pagar impuestos, los cuales no nos deja generar empleos, generar riquezas y cada vez hay menos para distribuir”.
Sandra Ruiz consideró que “el aumento de impuestos y la creación de nuevos perjudica a las industrias nacionales y a la creación de empleos”, mientras que el diputado Fernando Iglesias señaló: “Este Gobierno creó 19 impuestos, el sector privado no da más”. Y acusó de que lo “hacen a propósito porque quieren acaban con todo lo que es autónomo”.
Tras la victoria en las PASO, el diputado nacional prometió: “Van a tener en el Congreso de la Nación a los diputados de Juntos por el Cambio dando la pelea”.
El día después de unas elecciones PASO favorable para la oposición, el diputado nacional Cristian Ritondo marcó el camino de cual será el perfil de Juntos por el Cambio ¿Nace el nuevo Grupo A?
“Necesitamos tener un congreso muy fuerte los años que nos quedan para estar en contra de los aumentos de impuestos y a favor de la gente”, señaló Ritondo en declaraciones a radio Rivadavia.
A pesar de que los diputados que sean electos el próximo 14 de noviembre en las elecciones generales recién asumen el 10 de diciembre, el diputado bonaerense señaló: “Esperemos que no hayan, intentos de acá a noviembre de aprobar leyes que vayan en contra de la libertad de los argentinos”.
“Van a tener en el Congreso de la Nación a los diputados de Juntos por el Cambio dando la pelea”, remarcó.
Sobre el resultado de las PASO, estimó: “Es el renacer de la esperanza y nos da una responsabilidad enorme, tenemos que dar mucho más y entender el mensaje que nos dio el pueblo argentino”.
“Esperemos que en noviembre se ratifique e inclusive que se amplíe ese apoyo”, dijo Ritondo, y luego manifestó: “La Argentina esta sin rumbo, ¿Cuál es el plan económico? Estamos poniendo parches en todos lados”, criticó.
En esa línea, reflexionó: “Los argentinos están reclamando un plan económico enserio, tener más seguridad, que los chicos vayan a la escuela, más conectividad, igualdad de posibilidades. Para mi sin dudas es el peor gobierno de la historia”, remató.
Además, la referente de Adelante Ciudad apuntó contra las autoridades y sindicatos porque “infundieron miedo”, motivo por el cual aseguró que a partir de diciembre “las Comisiones de Educación del Congreso deben comenzar a funcionar”.
La precandidata a diputada nacional Mónica Marquina por Adelante Ciudad por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó que se “perdieron muchos días de clase” y culpó a las “autoridades y sindicatos” porque “infundieron miedo en las familias”, y exigió que en el Congreso “se ponga a la educación por encima de intereses sectoriales”.
“Perdimos muchos días de clase, con autoridades y sindicatos infundiendo miedo en las familias, limitando el derecho a la educación, falseando evidencia. Aún hoy hay chicos sin presencialidad plena. Sólo con ellos en la escuela podremos recuperar los aprendizajes perdidos “, afirmó Marquina.
La precandidata por Adelante Ciudad es doctora en educación y explicó que ” los datos oficiales hoy muestran que la escuela no es un lugar de contagio principal, al igual que lo mostraban hace meses atrás”, y agregó que “en lo que va de 2021 apenas un 1,7% de los alumnos se contagió y sólo un 6,7% del personal, contagios que no comenzaron necesariamente en la escuela”
“La recuperación va a llevar mucho tiempo y es el Congreso el lugar en el que se debe concertar un acuerdo federal 2022 – 2030 que ponga a la educación por encima de los intereses sectoriales”, solicitó la doctora y sostuvo que “ni bien asumamos los nuevos representantes, hay que empezar a trabajar”.
Después de sostener reuniones con padres, maestros y profesores, la precandidata contó que tomaba los pedidos de todos, por lo que ratificó que “el 13 de diciembre 2021, las Comisiones de Educación de ambas Cámaras del Congreso deben comenzar a funcionar. No esperemos a la apertura de sesiones”.
En suma, detalló: “Ya en marzo debemos empezar a revertir la crisis educativa en base a reforma de formación y carrera docente; reforma curricular secundaria; revinculación 100 porciento; extensión 190 días anual; extensión jornada en zonas vulnerables; formación laboral para 1,5 millones de jóvenes “Ni Ni”; infraestructura, equipamiento y conectividad; obligatoriedad anual de pruebas estandarizadas y transparencia de resultados en escuelas y familias; inclusión educativa total de personas con discapacidad desvinculadas”.
Por último, Marquina subrayó que “es urgente ponerse a trabajar en el Congreso por la educación al día siguiente de asumir”, y destacó: “Ese mi compromiso desde Adelante Ciudad para comenzar en marzo 2022 a revertir la catástrofe educativa junto a la sociedad “.
Con una extensa defensa de su candidatura en Instagram, la vedette salió al cruce de todas las críticas por su postulación a diputada nacional por la provinicia de Buenos Aires por el espacio Unite. Hay video.
En un día de miércoles lluvioso, el cierre de campaña de las PASO tuvo un llamativo acto que no fue en la calle ni en un estadio sino que fue en Twitter e Instagram y generará mucha polémica o al menos comentarios de todo tipo. Se trata del cierre de campaña de la vedette Cinthia Fernández, quien se postula a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por el partido Unite.
En Instagram, Fernández escribió: “Querían propuestas acá tener ESTA… canción! Ya estoy escuchando, las frases armadas como: mira la diPUTAda, mira la trolA, mira la hueca y payasa que no sabe hacer otra cosa, que país generoso! ,ridícula!, que podes esperar de esta, que vergüenza de madre que van a decir tus hijas , es lo único que sabe hacer….”.
Mirá acá el video de Cinthia Fernández
Y continuó: “Una vez más GRACIAS, no hacen más que potenciar mis ganas, mi nombre y mas que nada mi CAUSA. El culo siemplemente es un culo, una excusa que escandaliza selectivamente a gente sin argumento para agredir y juzgar y querer establecer que un culo bonito desactiva neuronas . Gracias por ser tan básicos, pero…. Cayeron una vez más”.
“Mi culo es solo un anzuelo para captar su atención y sabes que? En todas las veces que lo mostré mordieron y solo me hicieron mas fuerte, a mi y a mi voz. Porque tanto nervio? Este culito es una simple y barata estrategia en Campaña, no como las pautas oficiales y excesivas que bancamos todos nosotros, pero este CULO no es mi Campaña”, agregó.
En esa línea, subrayó: “Mostrando el culito no pretendo que entren y me voten, no subestimo a los jóvenes o a los “pajeros” …. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenes un buen culo y le gustas! NO! eso déjaselo a los políticos que quieren GARCHAR y te van garchando con sus gestiones, en vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papas, en vez de dar una explicación, de porque? sus viejos tuvieron que cerrar su negocio y en vez de dar un motivo para que se queden y no se vayan de este hermoso país”.
“Decidí cerrar mi campaña, transformado todas las agresiones, chicanas y la constante subestimación a la problemática que tienen TODAS las madres y minorías de hombres en los juicios de alimento, en la violencia economía física y psicológica que se presenta en distintos casos, en la quita de la libertad de la infancia de los hermanos mayores que tienen que ser padres en vez de hermanos e hijos, por el simple hecho de que a su mamá la dejaron con una RESPONSABILIDAD UNILATERAL, que debería ser compartida, en la quita de tiempo y amor que se pierden los niños en la ausencia presencial de un padre, en el tiempo que no vuelve ante las falsas denuncias”, apuntó.
“En fin, podría seguir pero todo se engloba en la destruccion de la INSTITUCIÓN DE LA FAMILIA .
Así que celebro mostrar el CULO Porque al menos así se viraliza y escucha UNA CAUSA que a pocos le importa. Y si este domingo pierdo, ojalá que los que ganen puedan ocuparse de este tema, y me pongo a disposición de manera desinteresada ayudar que ASÍ SEA ❤️”, concluyó.
Avanza el juicio por el asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón a metros del Parlamento. El fiscal elevó su pedido de penas. Se reabre una vieja discusión sobre el monto máximo de una condena.
Ariel Yapur, el fiscal del juicio por el crimen del diputado Héctor Olivares y de su asesor Miguel Yadón, pidió este lunes la pena de 45 años de cárcel para el acusado de ser el autor material de los disparos y la prisión perpetua para el acompañante, a quien acusó como “coautor”.
Yapur solicitó los 45 años para Juan José Navarro Cádiz, quien durante su indagatoria reconoció haber sido el autor de los disparos pero negó haber tenido una intención homicida, pues dijo que estaba “probando el arma” y no se percató que se cruzaban dos personas por la dirección del tiro.
También el fiscal pidió prisión perpetua para Juan Jesús Fernández, primo de Navarro Cádiz (ambos pertenecen a la comunidad gitana), como “coautor”, pese a que se probó que no fue él quien efectuó los disparos que causaron las dos muertes.
El pedido de pena amenaza con reabrir una vieja discusión, todavía no saldada, en el derecho penal: el monto máximo de una condena.
En ese contexto, los 45 años pedidos para Navarro Cádiz podrían significar una pena aún mayor que la prisión perpetua, puesto que en el primer caso sólo podría aspirar a la libertad condicional después de 30 años y, en el segundo, entre los 20 y los 25.
El criterio a aplicar quedará en manos del juez de ejecución penal, pero ello no ocurrirá hasta dentro de entre dos y tres décadas, lo que torna virtualmente imposible determinar, en caso de condena, cuánto tiempo permanecerán presos ambos imputados.
Tras el pedido de pena del fiscal, fue el turno del alegato de la defensa de Navarro Cádiz, a cargo del abogado Pablo Pierini, quien sostuvo que la figura que debe aplicársele a su defendido es la de “homicidio culposo”, por cuanto no tuvo intención de matar y actuó bajo el efecto de las drogas y el alcohol.
Subsidiariamente, pidió que se le aplicara la figura del “homicidio simple por dolo eventual”, porque “debió haberse representado que con su conducta podría causar una muerte”.
Esa figura contempla una pena máxima de 25 años de cárcel, sensiblemente menor a la que pidió el fiscal Yapur.
Cuando iba a comenzar a alegar el defensor de Fernández, el penalista Oscar Moyano, el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando podría -incluso- conocerse el veredicto.
Esta mañana, ante el Tribunal Oral número nueve, integrado por los jueces Ana Dieta, Fernando Ramírez y Luis Salas, el fiscal sostuvo que Navarro Cádiz actuó “por placer” y que su actitud fue la de “tiro al blanco sobre dos blancos móviles”, Olivares y Yadón.
Sobre Fernández, consideró que fue parte de la secuencia. El fiscal reivindicó el carácter “perpetuo” de la condena a contramano de lo que -por ejemplo- sostiene el ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni, quien considera que se trata de una pena “cruel e inhumana”.
Yapur evaluó que la pena de prisión perpetua existe y está vigente, y ejemplificó con el caso de Robledo Puch, detenido desde hace casi medio siglo.
El juicio tiene otra media docena de imputados, para los cuales el fiscal pidió la absolución o penas menores por el delito de encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego.
El doble crimen ocurrió el 9 de mayo de 2019 a metros del Congreso de la Nación, cuando Olivares y Yadón murieron por una ráfaga de cinco disparos salidos del arma que manipulaba Navarro Cádiz.
En un encuentro por videoconferencia, la Comisión Bicameral Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes escuchará las vivencias de jóvenes de todo el país.
“Adolescentes en pandemia”. Así se llama el encuentro virtual organizado para este lunes 30 a las 10, en el que jóvenes adolescentes de todo el país brindaran testimonio de sus problemáticas durante la pandemia de coronavirus.
La Comisión Bicameral Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya presidenta es la diputada santacruceña Paola Vessvessian (Frente de Todos), escuchará a los adolescentes.
Sin dudas, allí surgirá el debate por las clases presenciales, la vacunación de los menores de 18 años, la posibilidad de realizar encuentros con amigos, entre otros.
Esta comisión Bicameral tiene la particularidad de que está integrada en su totalidad por mujeres: las diputadas Paola Vessvesian, Claudia Bernazza y Jimena López (FdT), Carmen Polledo y Carla Carrizo (JxC); y las senadoras Guadalupe Tagliaferri y María Belén Tapia (JxC) y María Eugenia Duré, Beatriz Mirkin y Inés Blas (FdT).
Dicha comisión fue creada por la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de cumplir con el mandato establecido en su artículo 49 de designar al Defensor Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y sus Adjuntos, a través de la realización de un concurso público de antecedentes y oposición.
Además, debe recibir los informes que elabore el Defensor Nacional acerca de la situación de la niñez y adolescencia en el país, y actuar como organismo de contralor de la Defensoría con facultades para remover a sus autoridades en caso de mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
De esta manera, la Comisión Bicameral cuenta con un rol central en el control del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y constituye la única Comisión de Honorable Congreso de la Nación con competencia exclusiva en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
La legisladora oficialista Jimena López presentó dos propuestas respecto a esta enfermedad ginecológica que “afecta a 1.000.000 de mujeres”, con el fin de promover la “prevención y difusión” para “posibilitar un tratamiento temprano”.
La diputada nacional Jimena López (Frente de Todos- Buenos Aires) presentó dos proyectos de ley sobre la endometriosis, de los cuales en uno propone que se incluya en el Programa Médico Obligatorio (PMO) la detección y tratamiento de la enfermedad, mientras que el segundo impulsa a la realización de campañas de difusión en los productos de gestión menstrual.
La primera propuesta tiene como objetivo incorporar en el PMO la detección, los métodos de diagnóstico y el tratamiento integral de la endometriosis, reconociéndose como una enfermedad ginecológica crónica no transmisible que afecta la calidad de vida de las personas que la padecen, su actividad social y sus relaciones familiares.
“La endometriosis es una enfermedad crónica, progresiva e invalidante que afecta aproximadamente a 1.000.000 de mujeres y personas menstruantes diagnosticadas en Argentina. Debido a que los síntomas son amplios y variados, no resulta fácil de diagnosticar”, argumentó la legisladora oficialista y agregó que “actualmente no se conoce ninguna forma de prevenir la endometriosis”, motivo por el cual “mejorar el conocimiento de la enfermedad y posibilitar su diagnóstico y tratamiento tempranos podría ralentizar o detener su evolución natural y reducir la carga a largo plazo de los síntomas, incluido posiblemente el riesgo de sensibilización del sistema nervioso central al dolor, como destaca la OMS”.
De aprobarse, quedarán obligados a brindar cobertura como prestación obligatoria en los términos de la presente ley las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga (Ley 26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas y las entidades que brinden atención al personal de las universidades (Ley 24.741), así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados/as independientemente de la figura jurídica que posea.
“El proyecto también establece la implementación de Protocolos de Atención Primaria en los centros de salud, tanto públicos como privados, con la conformación de equipos de profesionales de distintas disciplinas, con el objetivo de lograr la detección temprana y eficaz de la enfermedad y derivar a las personas diagnosticadas a las áreas correspondientes para su tratamiento”, afirmó la diputada nacional.
A su vez, la propuesta incluye la creación del Registro Único Nacional de Endometriosis (RUNE), en función de la recolección, producción y publicación de datos y estadísticas sobre la enfermedad, en respeto al derecho a la privacidad y confidencialidad de las personas involucradas.
En esta misma línea, López también presentó un segundo proyecto de ley que tiene como propósito la realización de una campaña de prevención, difusión, sensibilización y concientización de la endometriosis, ya que “la iniciativa busca promover acciones de difusión que contribuyan a garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres y/o personas menstruantes que padecen esta enfermedad ginecológica crónica no transmisible”.
La dirigente del FdT destacó que entre estas acciones de difusión “se encuentran los acuerdos que se impulsarán con empresas productoras y distribuidoras de productos de gestión menstrual para que incluyan información y difundan en la publicidad y promoción de sus productos a la endometriosis como enfermedad ginecológica crónica no transmisible”.
De este modo los productos de gestión menstrual entendidos como toallas higiénicas, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente y copas menstruales, deberán contar en su envase (recipiente, paquetes y/o envolturas) el mensaje sanitario que diga: “Si duele no es normal. Consulta a tu médica o médico”, el cual también deberá incluirse en toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial con el fin, el efecto o el posible efecto de promover directa o indirectamente el consumo de productos de gestión menstrual.
“La campaña de difusión de este proyecto incluye la iluminación de los edificios públicos en color amarillo, conmemorando el 14 de marzo como el “Día Internacional de la Endometriosis”, concluyó la diputada nacional.
Un informe del organismo ponderó la innovación aplicada por el Parlamento argentino durante el Covid-19
La Unión Interparlamentaria, organización internacional que reúne a los parlamentos, publicó el Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2020, en el cual se analizaron las experiencias, innovaciones y lecciones aprendidas sobre el funcionamiento legislativo durante la pandemia y destacó el trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Sergio Massa, en el desarrollo de la aplicación para votar.
El informe se basó en datos de 116 parlamentos y focus groups que involucraron a 49 parlamentos, entre los cuales se analizó el Congreso de Argentina.
Según la publicación de la UIP, la pandemia ha sido una oportunidad para dar pasos audaces para modernizar los parlamentos con tecnología digital y, dicha innovación pasó por tres fases: la innovación forzada, ya que tuvieron que responder rápidamente; la mejora de las soluciones de trabajo; y la consolidación del nuevo enfoque, con la adopción de procesos y herramientas para integrar las nuevas formas de trabajar en el tejido cotidiano de la vida parlamentaria.
En este contexto, el informe remarcó que las herramientas de votación fueron el proceso más desafiante para operar de forma remota y destacó el trabajo del Congreso argentino en el desarrollo de la aplicación para votar, al igual que sucedió en los parlamentos de España, Brasil, Reino Unido, Chile y Letonia.
Al respecto, el secretario general de diputados Juan Manuel Cheppi celebró que “la modernización e innovación del Congreso argentino en pandemia es tomada como ejemplo en otras instituciones del mundo”, y remarcó que hicieron “un intenso esfuerzo para que el Parlamento continúe funcionando normalmente y asumimos el desafío de construir un Congreso más transparente, innovador, eficiente y cercano a las necesidades de la ciudadanía”.
Asimismo, el secretario general resaltó la incorporación de diferentes herramientas de digitalización y modernización parlamentaria y explicó que “desarrollamos una aplicación propia con un sistema de certificación de identidad de los diputados y diputadas a partir de sus datos biométricos. Estas iniciativas nos ayudaron a mejorar el volumen del trabajo y que la actividad legislativa crezca un 70 por ciento con respecto al 2019”.
Desde el 13 de mayo de 2020, cuando se realizó la primera sesión mixta de la historia de la Cámara de Diputados, se efectuaron 26 sesiones virtuales mixtas (presenciales/remotas) y una Asamblea Legislativa encabezada por el presidente Alberto Fernández., mientras que se llevaron a cabo 328 reuniones de comisiones durante el año 2020.
En cuanto al trabajo, tanto de sesiones como de comisiones, se desarrollaron con mayor asiduidad durante todos los días de la semana, dispuestas de forma correlativa y transmitida en directo. A su vez, se incrementó la participación activa de los legisladores en las reuniones, cuya presencia no se vio afectada por las distancias.
Además, el Informe Mundial sobre el Parlamento Electrónico 2020 indicó que, a finales de 2020, el 65% de los parlamentos encuestados había celebrado comisiones virtuales o reuniones híbridas y el 33% una reunión plenaria virtual o híbrida.
Asimismo, reconoció que la forma de trabajar de los parlamentos ha cambiado mediante el trabajo a distancia y una mayor confianza sobre herramientas y soluciones digitales.
Según la publicación internacional, la modernización parlamentaria se aceleró pese a que los programas ya existían, ahora se mueven más rápidamente y, al mismo tiempo, explicó que las regulaciones han evolucionado para respaldar el trabajo remoto.
Desde Gualeguay, el exministro del Interior Rogelio Frigerio manifestó que “la mayoría casi absoluta que tienen en el Senado y esos seis o siete votos que le faltan para tener la mayoría en Diputados ponen en riesgo la salud y la calidad de nuestra democracia”.
En plena campaña electoral, el exministro del Interior y precandidato a diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio), solicitó este jueves “ponerle un límite a ese ‘vamos por todo’ del kirchnerismo”.
“El futuro de Entre Ríos se empieza a jugar ahora en el 2021”, puntualizó Frigerio en su
paso por la localidad de Gualeguay junto a Marcela Ántola y Atilio Benedetti, precandidatos
que encabezan de la Lista Juntos que competirá en las internas de Juntos por Entre Ríos.
“Tenemos que ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso, porque entendemos que la
mayoría casi absoluta que tienen en el Senado y esos seis o siete votos que le faltan para tener
la mayoría en Diputados ponen en riesgo la salud y la calidad de nuestra democracia“.
señaló.
Los precandidatos recorrieron el departamento Gualeguay, con una agenda amplia
que incluyó -entre otras acciones- reuniones con diferentes sectores que integran el frente
Juntos por Entre Ríos, con empresarios y entidades intermedias. Además de visitas a
emprendedores y un paso por Puerto Ruiz.
“Necesitamos que cambie el norte de este país, entendemos que no es el país que queremos
la mayoría de los entrerrianos”, aseveró Frigerio en conferencia de prensa y luego resaltó: “No
queremos ser amigos solamente de países que tienen democracias muy débiles o
directamente dictaduras; queremos volver a ser amigos de los países vecinos”.
Y amplió: “Lo mismo sucede con la manipulación que intenta hacer el kirchnerismo con la
Justicia; el retroceso que hubo en estos dos años con la autonomía de las provincias o también
la posición que tiene Estado al mirar para otro lado mientras las drogas y el narcotráfico
avanzan sin obstáculos”.
A su vez, en otro punto de su alocución, Frigerio aseguró que la sociedad está viviendo con un
alto nivel “angustia y miedo” por el presente que atraviesa nuestro país. “Lo que percibimos
hablando con la gente, con los comerciantes y con las pymes, la mayoría de los entrerrianos
tampoco comparte este norte que quiere imponerle al país este gobierno y este es el
momento en las elecciones del 12 de septiembre para empezar a ponerle un límite a ese
‘vamos por todo’ del kirchnerismo”, concluyó el precandidato en primer término.
Cabe destacar que Frigerio, Ántola y Benedetti –quienes encabezan la Lista Juntos- iniciaron
esta semana la recorrida por el sur entrerriano visitando los departamentos Islas,
Gualeguaychú y Gualeguay de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y
Obligatorias (PASO) que se realizarán en septiembre.
El receso invernal, el cierre de listas y el comienzo de la campaña electoral marcarán la segunda quincena de julio, con lo cual la actividad en el recinto se retomará el mes que viene. Reuniones aisladas de comisiones.
A diferencia del 2020, cuando a raíz de la novedad del trabajo remoto y en plena pandemia, el Congreso no realizó un párate a mitad de año, esta vez volvió el habitual receso invernal de dos semanas. Y, sobre todo, en consonancia con el cierre de listas y el inicio de la campaña electoral, que será el próximo 24 de julio.
Por eso, esta semana se inicia una pausa en el trabajo parlamentario, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el recinto. Cabe señalar que este mismo lunes hubo programadas reuniones de comisiones y no se descarta que se convoquen a otras de manera aislada, pero las chances son bastante bajas.
Son varios los temas que están pendientes para ser tratados en sesión, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay un paquete de proyectos con dictamen.
Entre esos, figuran la nueva Ley Ovina; la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay; una ley sobre violencia institucional y otra para garantizar derechos de las personas en situación de calle.
También tuvo despacho un proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores y contratistas de viñas; la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda; un conjunto de transferencias de inmuebles y convenios internacionales.
De los últimos temas tratados en comisión está la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tuvo cuatro dictámenes distintos, siendo el de mayoría el que reproduce la media sanción del Senado, votada el año pasado.
En medio del receso invernal, los bloques que conforman Diputados deberán acordar la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que permite el trabajo en comisiones para dictaminar y la realización de sesiones mixtas, con la participación de la mayoría de los legisladores de forma presencial y los exceptuados, conectados virtualmente. La última prórroga vencerá el próximo viernes 23.
En lo que respecta a la Cámara alta, antes de ingresar al receso invernal, los senadores realizaron una sesión cargada de temas, donde agotaron todas las cuestiones pendientes.
En ese sentido, convirtieron en ley el “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, referido a los monotributistas; la modificación al impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales con el objetivo de “incentivar el ahorro en pesos”; y el nuevo régimen de biocombustibles.
En tanto, recibieron media sanción un proyecto impulsado por el Ejecutivo para regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, y también del cáñamo; una iniciativa que crea un Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros; un proyecto sobre facilitadores culturales en el sistema de salud; y la autorización de entrada y salida de tropas.
Otro tema que liquidó el Senado fue la ratificación de un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos el 431/21 que modificó la Ley de Vacunas contra el Covid-19.
Hacia el final de la semana pasada, el oficialismo dejó listos con dictamen de comisión dos proyectos de ley, impulsados por Oscar Parrilli, que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga y seguros-.
