El receso invernal, el cierre de listas y el comienzo de la campaña electoral marcarán la segunda quincena de julio, con lo cual la actividad en el recinto se retomará el mes que viene. Reuniones aisladas de comisiones.
A diferencia del 2020, cuando a raíz de la novedad del trabajo remoto y en plena pandemia, el Congreso no realizó un párate a mitad de año, esta vez volvió el habitual receso invernal de dos semanas. Y, sobre todo, en consonancia con el cierre de listas y el inicio de la campaña electoral, que será el próximo 24 de julio.
Por eso, esta semana se inicia una pausa en el trabajo parlamentario, y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el recinto. Cabe señalar que este mismo lunes hubo programadas reuniones de comisiones y no se descarta que se convoquen a otras de manera aislada, pero las chances son bastante bajas.
Son varios los temas que están pendientes para ser tratados en sesión, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde hay un paquete de proyectos con dictamen.
Entre esos, figuran la nueva Ley Ovina; la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay; una ley sobre violencia institucional y otra para garantizar derechos de las personas en situación de calle.
También tuvo despacho un proyecto de régimen previsional diferencial para trabajadores y contratistas de viñas; la prórroga del Régimen de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la Vivienda; un conjunto de transferencias de inmuebles y convenios internacionales.
De los últimos temas tratados en comisión está la ley de etiquetado frontal de alimentos, que tuvo cuatro dictámenes distintos, siendo el de mayoría el que reproduce la media sanción del Senado, votada el año pasado.
En medio del receso invernal, los bloques que conforman Diputados deberán acordar la renovación del Protocolo de Funcionamiento Remoto, que permite el trabajo en comisiones para dictaminar y la realización de sesiones mixtas, con la participación de la mayoría de los legisladores de forma presencial y los exceptuados, conectados virtualmente. La última prórroga vencerá el próximo viernes 23.
En lo que respecta a la Cámara alta, antes de ingresar al receso invernal, los senadores realizaron una sesión cargada de temas, donde agotaron todas las cuestiones pendientes.
En ese sentido, convirtieron en ley el “Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes”, referido a los monotributistas; la modificación al impuesto a las Ganancias y el de Bienes Personales con el objetivo de “incentivar el ahorro en pesos”; y el nuevo régimen de biocombustibles.
En tanto, recibieron media sanción un proyecto impulsado por el Ejecutivo para regular la industria y comercialización de cannabis para uso industrial y medicinal, y también del cáñamo; una iniciativa que crea un Programa de Sustentabilidad Ambiental y Seguros; un proyecto sobre facilitadores culturales en el sistema de salud; y la autorización de entrada y salida de tropas.
Otro tema que liquidó el Senado fue la ratificación de un conjunto de Decretos de Necesidad y Urgencia, entre ellos el 431/21 que modificó la Ley de Vacunas contra el Covid-19.
Hacia el final de la semana pasada, el oficialismo dejó listos con dictamen de comisión dos proyectos de ley, impulsados por Oscar Parrilli, que buscan limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios públicos y privados -como tarjetas de crédito, medicina prepaga y seguros-.
Además, se colocaron en la explanada cintas del mismo color para acompañar la acción de la Fundación Micaela García y concientizar sobre la problemática.
A seis años del primer Ni una Menos, movimiento que colmó las calles para visibilizar y combatir la desigualdad y la violencia de género, los femicidios y los transfemicidios, el Congreso de la Nación se iluminó de violeta y la explanada se llenó de cintas del mismo color para acompañar la acción de la Fundación Micaela García y concientizar sobre la problemática.
La Cámara de Diputados de la Nación creó en 2020 la Dirección General de Igualdad, dependiente de la Presidencia, y el Departamento de Géneros y Diversidad Sexual, de la Dirección General de Recursos Humanos, desde donde se implementan iniciativas para visibilizar los distintos tipos de violencias y revertir las desigualdades de género.
Dentro de las acciones que realizó la Cámara de Diputados desde estas áreas, se destacan: la recuperación de las trayectorias de vida y el trabajo de las mujeres y diversidades; investigaciones y proyectos para visibilizar y revertir las brechas de género; distintos talleres sobre estereotipos y roles que afectan y limitan las vidas. Además, se fomentó la diversidad y la igualdad de derechos, como también, con la capacitación en Ley Micaela, se concientizó al personal legislativo.
Asimismo, se llevaron adelante acciones en diversos concejos deliberantes, legislaturas, asociaciones civiles y clubes deportivos para trabajar en conjunto brindando herramientas y capacitaciones para erradicar la violencia y las brechas de género.
Se realizó este martes con la participación de 170 alumnos. Fue organizado por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de Diputados con apoyo del Instituto de Capacitación Parlamentaria.
Se llevó a cabo este martes la primera clase del Seminario Internacional de Diplomacia Parlamentaria “El rol del Congreso Argentino en la Política Exterior Argentina”, organizado por la Dirección de Diplomacia Parlamentaria de la Cámara de Diputados con el apoyo del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP).
Durante la apertura, el director de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto, Ariel Sotelo, resaltó la importancia que le otorga el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a esta herramienta transversal, complementaria de la diplomacia tradicional, que promueve el diálogo y la cooperación entre Argentina y el mundo.
A su vez, mencionó que es la primera vez que se realiza un seminario de estas características, completamente gratuito, del que participan tanto diputados como funcionarios locales e internacionales que trabajan en la temática.
En representación del ICAP, su director, Carlos Lazzarini, mencionó la importancia del trabajo conjunto entre ambas áreas de la Cámara y destacó la colaboración con otros parlamentos para intercambiar experiencias, así como también para capacitar a los trabajadores de Diputados.
La jornada, a la que asistieron cerca de 170 alumnos, continuó con la exposición del jefe de la Sección Política y de Prensa de la Delegación de la UE en Argentina, Jordi García Martínez, quien compartió la experiencia europea en cuanto a diplomacia parlamentaria, remarcó el vínculo entre los parlamentos y describió el trabajo realizado en los últimos años con la Cámara de Diputados.
Finalmente, la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional, Luciana Termine, introdujo conceptos teóricos sobre diplomacia parlamentaria, su naturaleza jurídica e institucional, y brindó ejemplos concretos en de la práctica.
Durante las próximas clases, funcionarios de ambas cámaras, diputados nacionales, invitados internacionales, miembros de organismos y de otras casas legislativas compartirán con el grupo de estudiantes sus experiencias.
Dada la cantidad de inscriptos, la cual superó ampliamente el cupo inicial, el seminario se dividió en tres ediciones de aproximadamente 170 alumnos cada una que se llevarán a cabo durante los meses de marzo, junio y septiembre respectivamente.
El documento especifica todas las políticas públicas llevadas adelante durante el año pasado por los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional.
La Jefatura de Gabinete de Ministros presentó ante el Congreso, en el marco de la Asamblea Legislativa, la Memoria detallada del estado de la Nación correspondiente al año 2020.
El documento, de casi 600 páginas, detalla todas las políticas públicas llevadas adelante durante el año pasado por cada uno de los ministerios y organismos de la Administración Pública Nacional.
A diferencia de períodos anteriores, se destaca la elaboración de un capítulo especial dedicado a relevar las acciones impulsadas por el Estado argentino para enfrentar la pandemia del coronavirus.
Bajo el título “La Argentina en 2020”, se reflejaron los esfuerzos realizados por las distintas áreas para sostener la actividad económica, en particular el nivel de empleo y proteger a los hogares de menores ingresos y/o mayor informalidad laboral.
Para acceder a la Memoria 2020, haga click aquí.
“Seguiremos profundizando la articulación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en la elaboración de proyectos, los debates en las comisiones, la presencia de ministros y la relación con el presidente y el jefe de Gabinete”, aseguró el secretario de Relaciones Parlamentarias, Fernando “Chino” Navarro, quien señaló que “la gestión de la pandemia se hizo de manera consensuada con los gobernadores, oficialistas y opositores, y con el Congreso”.
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, destacó que “las acciones reflejadas en la Memoria dan cuenta no sólo del rol activo y presente del Estado argentino para combatir las consecuencias sanitarias del coronavirus, sino también el esfuerzo para mitigar su impacto en todas las esferas de la vida de los argentinos y argentinas”.
La Memoria realizada este año cuenta, además, con una línea de tiempo en la que se observa la evolución cronológica de las principales medidas de Gobierno, y con 12 infografías en las que se releva el impacto de iniciativas como la Tarjeta Alimentar; medicamentos gratuitos; bonos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH; créditos de ANSES; el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Con la entrega de este documento a las autoridades y representantes del Congreso, tras la apertura del período 139° de sesiones ordinarias realizado por el presidente, Alberto Fernández, el Poder Ejecutivo Nacional dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 100 y 104 de la Constitución Nacional.
El presidente habló de un paquete de seis proyectos, que incluye además incentivos para los sectores automotriz y agroindustrial.
El presidente Alberto Fernández anunció este lunes, al inaugurar el período de sesiones ordinarias, que enviará este año al Congreso seis proyectos de ley vinculados al cannabis para uso medicinal, la movilidad sustentable y una nueva ley de hidrocarburos, entre otros temas.
“El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como de la producción en el país de ese tipo de vehículos y su cadena de valor, que comienza en el litio”.
“Luego de un año de trabajo con los actores de la cadena automotriz, empresarios fabricantes de autos y autopartes, trabajadores y el gobierno, llegamos a un acuerdo para este proyecto de ley que incluye dos grandes capítulos: incentivos fiscales para la inversión y la creación del Instituto de la Movilidad. La ley facilitará la realización de inversiones por más de 5.000 millones de dólares”.
“El cannabis tiene propiedades de gran utilidad con fines medicinales e industriales. La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos cinco años. El proyecto prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.
“Vamos a proponer mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos: la elevación de márgenes de preferencia para empresas nacionales, hasta el 20% para el caso de PYMES; y promover nuevas herramientas como las compras públicas para la innovación, estimulando al sector privado para proveer soluciones creativas a problemas de gestión pública”.
“Hemos trabajado durante 2020 con el Consejo Agroindustrial Argentino en iniciativas destinadas a fortalecer la inversión para agregar valor, aumentar la producción y las exportaciones. Vamos a promover la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado”.
“Vamos a promover la industria hidrocarburífera mediante el envío de una ley que aborde en forma integral al sector, desde su extracción hasta su industrialización, y genere las condiciones para el desarrollo de los recursos energéticos que tiene el país en beneficio de los argentinos y las argentinas”.
El presidente Alberto Fernández dejó inaugurado el 139° período de sesiones ordinarias en el Congreso.
Fotos: Comunicación Senado
Este viernes a las 11 se darán a conocer los resultados de una investigación sobre la creación de servicios de asesoramiento científico-legislativo en el Congreso. Participarán legisladores, funcionarios y expertos internacionales.
Bajo la organización de la Universidad Austral y la Red Internacional para el Asesoramiento Científico a Gobiernos, se presentarán el viernes 26 de febrero los resultados de una investigación realizada para evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de crear servicios de asesoramiento científico-legislativo en el Congreso de la Nación.
La actividad iniciará las 11 a través de la plataforma Zoom y contará con la participación de más de 40 invitados, entre legisladores, funcionarios de organismos técnicos del Congreso y especialistas en asuntos parlamentarios y científicos de Argentina, Reino Unido, Chile, Costa Rica, España y México.
La investigación recoge la opinión de 40 legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, periodistas y científicos nacionales y extranjeros en torno a la conveniencia de contar con organismos que faciliten a las comunidades parlamentarias el acceso de conocimiento científico pertinente para la sanción de leyes informadas en evidencia.
Actualmente existen más de 17 servicios similiares en el mundo, como la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST) del Reino Unido, quien aportó sus lineamientos metodológicos al equipo de investigación dirigido por Juan De Dios Cincunegui, Sofía del Carril y Alfonso Santiago, del Centro de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentarios de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral.
La jornada cuenta con el apoyo de POST, la Embajada Británica en Buenos Aires y el Círculo de Legisladores de la Nación y para participar se requiere inscripción previa a través del siguiente link: https://austral.zoom.us/webinar/register/WN_mU9WtVuDTq68F0Ny9C8KtQ
Desde la reforma judicial hasta la ley de sostenibilidad de la deuda, pasando por los proyectos de etiquetado de alimentos y financiamiento de la ciencia y tecnología, el Congreso tiene numerosos temas pendientes para abordar durante el verano. La actividad se retomaría a fines de enero.
El Congreso ingresó este lunes en el período extraordinario de sesiones con numerosos temas en agenda, entre los que se encuentran la reforma judicial, las modificaciones en el Ministerio Público y una ley para fortalecer el rol del Congreso en la negociación de la deuda externa. La actividad podría retomarse a fines de enero, virtualidad mediante, para empezar a abordar el extenso temario elaborado por el presidente Alberto Fernández.
El Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del período ordinario hasta el 3 de enero y la apertura de extraordinarias a partir del 4, a través del decreto 964/20, donde se enumeraron nada menos que 25 temas. Luego, a través de otro decreto -el 967/20- el presidente amplió el temario original con otros dos proyectos.
Durante la prórroga de sesiones ordinarias, el Congreso sancionó siete leyes de ese temario: la despenalización y legalización del aborto; el Programa de los Mil Días; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; el denominado impuesto a la riqueza; el recorte de la coparticipación a la Ciudad por la transferencia de la Policía; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y un permiso para que el presidente pueda ausentarse del país durante 2021.
Sin embargo, quedaron varios temas pendientes -algunos, de especial interés para el Gobierno- y es por eso que el Congreso no tardará en volver a la actividad antes del próximo 1ro. de marzo, en medio de la incertidumbre por el aumento exponencial de contagios de Covid-19 en el país.
El año saliente tuvo como una de las prioridades económicas del Gobierno la negociación de la deuda externa y, mientras el ministro Martín Guzmán trabaja para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, espera que el Congreso sancione una ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda.
El proyecto fue aprobado por el Senado el último día del período ordinario y busca que el Congreso apruebe los futuros acuerdos con el FMI, algo que no sucedió durante la gestión de Mauricio Macri. Además, la iniciativa apunta a que la emisión de deuda por fuera de los límites establecidos en el Presupuesto también deba ser autorizada por el Parlamento.
Otros de los proyectos económicos en la agenda parlamentaria tienen que ver con incentivos fiscales para fomentar la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; y otros beneficios impositivos para promover la inversión en la construcción de obras privadas nuevas, luego de la caída que produjo la pandemia en este rubro.
El listado de proyectos surgidos desde el Ministerio de Economía se cierra con un proyecto de creación de un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. Se propone la creación de un Fondo Fiduciario de Cobertura y Promoción (FFCP) para brindar sustentabilidad al sistema.
Otro tema de particular interés para el Gobierno nacional y las provincias es el Consenso Fiscal 2021, firmado hace exactamente un mes por el presidente y 21 de los 24 gobernadores, en medio de una tensión creciente con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por la coparticipación que recibe la Ciudad.
Justamente, uno de los ítems del Consenso Fiscal es que la reasignación de recursos por la transferencia de competencias -como el caso de la Policía de la Nación a la Ciudad- se implemente a través de fondos del Tesoro Nacional y no de recursos de la coparticipación federal. Además, las provincias no podrán iniciar demandas judiciales por un año y deberán desistir de las ya iniciadas.
El nuevo Consenso Fiscal también prorroga, hasta el 31 de diciembre, la suspensión de la reducción progresiva de impuestos que se había dispuesto en el primer acuerdo, firmado en 2017 durante la gestión de Macri y suspendido días después de la asunción de Fernández.
El otro gran tema que se viene es el tratamiento, en la Cámara de Diputados, de la reforma judicial, formalmente llamada “ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la CABA”. El texto fue aprobado el 28 de agosto en el Senado y, entre otras cosas, crea un nuevo fuero Penal Federal, a través de la fusión de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico.
La reforma judicial fue tema de conversación en el encuentro que mantuvo el presidente la semana pasada con diputados del oficialismo en la residencia de Olivos. Allí, Fernández le pidió a los legisladores dirigidos por Máximo Kirchner que avancen con el proyecto, cuestionado duramente por Juntos por el Cambio.
El segundo proyecto caliente tiene que ver con la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la mayoría de votos necesaria para nombrar al procurador general, llevándola a la mitad más uno de los senadores, es decir 37 en lugar de 48. También se acota su mandato a cinco años y se refuerza el rol de control del Congreso.
En la convocatoria a extraordinarias también hay acuerdos para designar magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, aunque no se especifica cuáles.
El temario elaborado por el Ejecutivo incluye la ley de etiquetado frontal de alimentos, que establece que aquellos productos con exceso de sodio, azúcar y grasas deberán llevar un sello de advertencia negro en sus envases, con el propósito de promover la alimentación saludable y combatir la malnutrición.
El texto, que ya cuenta con aprobación del Senado desde el 30 de octubre, fue evaluado con especialistas en cuatro comisiones – Legislación General, Salud, Defensa del Consumidor e Industria- y solo falta la firma del dictamen para poder votarlo en el recinto, aunque no se descarta que la redacción reciba cambios.
También quedó para extraordinarias una iniciativa consensuada que eleva progresivamente el presupuesto destinado a la ciencia, tecnología e innovación productiva, pasando del 0,28% del PBI en 2021 al 1% en 2032. El proyecto estaba listo para ser tratado en la última sesión ordinaria de Diputados, pero dado que se extendió durante largas horas, hubo acuerdo para posponer su tratamiento.
A su vez, está pendiente el tratamiento de un marco legal para la elaboración, el registro, la comercialización y el control de productos fitosanitarios y agroquímicos utilizados en cultivos; y de un proyecto que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
La lista continúa con un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de las causales de caducidad de los partidos políticos de todo el país, a raíz de las dificultades para el cumplimiento de la ley por la pandemia del coronavirus.
Otros proyectos buscan otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; modificar diversos artículos de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia; y suspender por 180 días la constitución e inscripción de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
En la ampliación del temario original, el presidente incluyó además un “régimen de sostenimiento e inclusión fiscal para pequeños contribuyentes”, y una ley de presupuestos mínimos para la educación ambiental, que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados.
Por último, se tratarán acuerdos para designar Personal del Servicio Exterior de la Nación y promover al Personal Superior de las Fuerzas Armadas.
A pesar de la emergencia sanitaria, el Parlamento no dejó de trabajar. El año legislativo transcurrió con temas consensuados y otros conflictivos, y grandes discusiones en torno a la virtualidad. Hubo vaivenes en la relación entre oficialismo y oposición. Un repaso mes a mes.
Por Carolina Ramos
El Congreso venía de sancionar, en diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, la primera del gobierno de Alberto Fernández, que declaró nueve emergencias en distintas áreas y delegó amplias facultades en el Poder Ejecutivo. Fue la herramienta que le permitió al presidente iniciar su gestión en un marco de excepcionalidad, aun sin haber comenzado la pandemia.
En su primera sesión del año, el 29 de enero, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de sostenibilidad de la deuda externa y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2019, el pacto entre la Nación y los gobernadores por el cual se suspendieron hasta el 31 de diciembre algunos de los compromisos asumidos en los acuerdos de 2017 y 2018, como la rebaja de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos “distorsivos”.
En enero además juró como diputada Gisela Marziotta en reemplazo de Daniel Filmus, quien asumió como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur.
Dos días antes de la apertura de sesiones, el Senado sancionó la denominada “ley de góndolas”, que había permanecido cajoneada tres meses. A pesar del apuro por tratar la norma en el período extraordinario, el Gobierno recién la reglamentó el 15 de diciembre para su entrada en vigencia.
En esa misma sesión, la Cámara alta saldó una deuda de 15 años y aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes, cargo que estaba vacante desde su creación. La abogada recibió aval por 47 votos a favor y 21 en contra, tras un debate donde se coló la cuestión de la legalización del aborto.
Por otra parte, el oficialismo contó con un amplio respaldo de la oposición para sancionar, el 6 de febrero, la ley de sostenibilidad de la deuda externa regida por ley extranjera. Un gesto de apoyo institucional hacia las negociaciones que tenía por delante el ministro de Economía, Martín Guzmán, que días después se presentó ante la Cámara de Diputados. El funcionario asistió a una sesión informativa inédita en el recinto, con características similares a la presentación del jefe de Gabinete.
Pero una de las sesiones más recordadas en Diputados es la que se celebró el 27 de febrero, cuando se desató un escándalo en el recinto por la presencia de Daniel Scioli, avalado como embajador en Brasil. Juntos por el Cambio denunció una maniobra irregular del oficialismo para conseguir el quórum y tratar el proyecto que modificaba los regímenes jubilatorios de jueces y diplomáticos, sancionado finalmente el 12 de marzo en el Senado.
En la misma sesión de la polémica prestaron juramento dos nuevas diputadas: Liliana Schwindt, en reemplazo del canciller Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro, electo intendente de Mar del Plata. Ambas asumieron tras librar sendas batallas en la Justicia por la Ley de Paridad de Género, que en sus casos no se aplicó.
Por otra parte, el Senado avaló las designaciones de los embajadores Rafael Bielsa (Chile), Jorge Argüello (Estados Unidos), Daniel Scioli (Brasil), Alberto Iribarne (Uruguay), Carlos Tomada (México), Carlos “Chacho” Alvarez (Perú), Alfredo Atanasof (Bulgaria), Rodolfo Gil (Portugal), Sergio Urribarri (Israel), Carlos Raimundi (OEA) y también de Fernando “Pino” Solanas (Unesco), quien falleció ocho meses después en París.
El presidente Fernández inauguró por primera vez el período de sesiones ordinarias, en el marco de una movilización en la Plaza de los Dos Congresos. En un discurso de una hora y veinte, repasó los ejes de su gestión y anunció el envío de varios proyectos, como la reforma judicial -congelada desde septiembre en Diputados-, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.
Dos días después de la Asamblea Legislativa se conoció el primer caso de Covid-19 en Argentina y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, marcando un punto de inflexión en la historia del país y el mundo. El presidente decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a partir del 19 y el Congreso adhirió a la medida. En un gesto de colaboración, Diputados giró 32.700.000 pesos al sistema de salud, en concepto de subsidios y de pasajes no utilizados por las restricciones en la circulación.
Recién a fin de mes, tras una discusión sobre cómo mantener la actividad durante la emergencia sanitaria, se realizó la primera reunión virtual en la Cámara baja: la Comisión de Educación escuchó al ministro del área, Nicolás Trotta, convocado a raíz de la suspensión de clases presenciales. Fue el puntapié inicial para una seguidilla de reuniones informativas con funcionarios.
En otro orden, el Senado dio ingreso formal al pliego de Daniel Rafecas, que nunca fue tratado. El Frente de Todos dejó de lado su tratamiento al no contar con la mayoría de votos necesaria para la designación, y en cambio impulsó, tiempo después, una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
La Cámara alta también discutió en comisión, justo antes del inicio de la pandemia, un proyecto de Guillermo Snopek (Frente de Todos) para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, que finalmente no prosperó.
Fue un mes dominado por nuevos cruces entre oficialismo y oposición por la modalidad de funcionamiento de ambas cámaras. El 17 de abril, el presidente mantuvo una videoconferencia con los líderes parlamentarios, que ya habían respaldado el dictado de la cuarentena en una reunión en Casa Rosada.
En Diputados, las negociaciones finalmente llegaron a buen puerto y se aprobó en comisión el Protocolo de Funcionamiento Remoto que le permitió al cuerpo, a través de sucesivas prórrogas, funcionar durante todo el año, con algunas modificaciones a medida que se relajó el aislamiento.
En cuanto al Senado, la Corte Suprema rechazó un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y evitó expedirse sobre la validez de sesiones remotas. El máximo tribunal consideró que la Cámara alta tiene facultad para fijar e interpretar su propio reglamento, y de esa forma dio vía libre al funcionamiento virtual.
Ya se empezaba a hablar, para ese entonces, del denominado “impuesto a la riqueza”, aunque llegaría al Congreso mucho tiempo después.
Diputados realizó el 6 de mayo la capacitación obligatoria de género de la Ley Micaela, con la presencia de la ministra de área, Elizabeth Gómez Alcorta. El encuentro se utilizó como simulacro para las sesiones virtuales y arrojó un resultado desalentador por fallas técnicas, sumadas a la falta de experiencia. Por el contrario, las primeras pruebas del Senado fueron exitosas.
Finalmente, el 13 de mayo se concretaron las primeras sesiones virtuales de la historia. El Senado avaló una veintena de Decretos de Necesidad y Urgencia vinculados a la pandemia -entre ellos, la prohibición de despidos y suspensiones- y Diputados aprobó la exención del pago del impuesto a las Ganancias para el personal esencial y la denominada “Ley Silvio”.
En esa sesión también juraron como diputados José Luis Patiño, Claudia Bernazza y Lisandro Bormioli, en reemplazo de Elisa Carrió -renunció a su banca-, Daniel Scioli -asumió como embajador en Brasil- y Andrés “Cuervo” Larroque –fue nombrado ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense-.
Ambas cámaras volvieron a sesionar paralelamente el mismo día, el 21 de mayo. El Senado convirtió en ley los dos proyectos aprobados en Diputados y también una nueva regulación para la Cruz Roja, y la Cámara baja avanzó con la receta médica digital y la incorporación de la educación a distancia para casos excepcionales.
La armonía reinante comenzó a quebrarse a fin de mes, cuando el Frente de Todos avanzó con un dictamen de rechazo al DNU firmado por el expresidente Mauricio Macri que transfirió las escuchas telefónicas desde la Procuración General a la Corte Suprema. También hubo chispazos en otra bicameral donde el oficialismo pidió informes sobre la toma de deuda y la fuga de capitales en el gobierno anterior.
El mes cerró con la designación de la periodista Miriam Lewin para conducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y una sesión frustrada convocada por Juntos por el Cambio con el fin de derogar el DNU 457/20, que amplió las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias sin control parlamentario. A la bancada presidida por Negri le faltaron cinco legisladores para el quórum.
El Frente de Todos empezó el mes aprobando en el Senado una nueva tanda de DNU, entre ellos el de los “superpoderes” del jefe de Gabinete. También avanzó con la anulación del decreto referido a las escuchas telefónicas. La relación con la oposición, que ya venía algo resentida, empeoró: Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal denunciaron que el bloque de José Mayans se desviaba del acuerdo original de tratar solo temas vinculados a la pandemia.
En ese clima caldeado el Senado volvió a sesionar y, tras la sanción de la ley de educación a distancia, la oposición se desconectó y dejó al oficialismo votando en soledad la ley de alquileres -retomada tras meses de cajoneo- y otro proyecto de Oscar Parrilli que suspende por seis meses la constitución e inscripción de Sociedades de Acción Simplificada (SAS).
Una semana después, la Cámara alta recibió por primera vez en el año a Santiago Cafiero, quien brindó su informe de gestión desde el recinto ante las autoridades presentes y la gran mayoría de los senadores conectados desde sus provincias.
En el Congreso también se coló, con voces a favor y en contra, el tema de la expropiación de Vicentin, anunciada por el presidente y luego descartada. Lo que sí avanzó, aunque a medias, fue la creación de una comisión bicameral para investigar las deudas de la empresa con el Banco Nación. El proyecto, de Oscar Parrilli, fue aprobado en el Senado y nunca más se volvió a hablar de él.
También en junio comenzaron a conocerse los primeros contagios de coronavirus en el mundo de la política. En el caso de Diputados, el sindicalista Walter Correa inauguró el listado, que luego se ampliaría con Carlos Selva, Federico Fagioli, Miguel Bazze y Julio Sahad, entre otros que transitaron la infección sin mayores complicaciones.
Fernández volvió a escuchar los planteos de la oposición parlamentaria en una nueva videoconferencia, aunque primero dialogó con el Pro y la UCR y luego con el resto de los bloques. La Coalición Cívica no participó de ninguno de los dos encuentros, que sirvieron para aflojar la tensión política justo antes de que el Gobierno anunciara una nueva fase de la cuarentena, con aperturas escalonadas.
El 22 de julio, Massa le tomó juramento a Miguel Pichetto como auditor general. El excompañero de fórmula de Macri fue elegido por Juntos por el Cambio para completar hasta 2023 el mandato del radical Jesús Rodríguez, quien asumió como titular de la AGN.
Al día siguiente, el Senado convirtió en ley la Campaña Nacional de Donación de Plasma de pacientes recuperados de Covid-19, un proyecto de Máximo Kirchner. Y se sancionó otra iniciativa reclamada por la primera dama, Fabiola Yáñez, y otras personalidades, para la atención de la fibrosis quística, una enfermedad hereditaria que no tiene cura y requiere un tratamiento de por vida. También se aprobaron en esa jornada la ley de receta digital y dos proyectos sobre promoción de ingreso a carreras estratégicas y penas para la difusión no consentida de imágenes con contenido sexual o erótico.
A fin de mes, Cafiero tuvo su debut ante Diputados, donde volvió a defender las medidas tomadas durante la pandemia y habló de un “esfuerzo sin precedentes” desde el Estado. Paralelamente, el Senado sancionaba la ley de teletrabajo sin apoyo de la oposición.
La Cámara baja también avanzó con la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras; y la moratoria impositiva, previsional y aduanera para todos los contribuyentes con deudas vencidas al 31 de julio. Fue tras un debate picante donde Juntos por el Cambio denunció una “amnistía” para el empresario Cristóbal López.
El mes de julio tuvo otros dos datos salientes: Marisa Graham expuso por primera vez ante la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes; y el presidente anunció en Casa Rosada el esperado proyecto de organización y competencia de la Justicia Federal, más conocido como reforma judicial, aunque luego Cristina Kirchner negó que lo fuera.
El mismo día que el Gobierno anunciaba un acuerdo con acreedores, Diputados convirtió en ley por amplia mayoría la reestructuración de la deuda bajo legislación argentina. La Cámara baja también sancionó la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.
El 13 de agosto, el Senado avaló la designación de Ricardo Alfonsín como embajador en España y convirtió en ley la moratoria universal, a la vez que dio media sanción a un proyecto de asistencia al turismo por la pandemia. La Cámara alta sancionó además la ampliación presupuestaria por 1,9 billones de pesos -un monto equivalente al 6,5% del PBI- para afrontar gastos derivados de la emergencia sanitaria, como los programas IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y ATP (Asistencia a la Producción y el Trabajo).
La reforma judicial fue aprobada el 28 de agosto con 40 votos a favor y 26 en contra, tras dos semanas de tratamiento en comisiones con la participación de funcionarios y especialistas y un fuerte debate en el recinto. El texto tuvo idas y vueltas y a último momento sufrió numerosos cambios que hicieron estallar a la oposición, entre ellos la creación de nuevos juzgados y cámaras federales. Parrilli tuvo que dar marcha atrás con una polémica cláusula que obligaba a los jueces a denunciar presiones de los “poderes mediáticos”.
En la misma sesión, se renovó hasta el 31 de diciembre la licencia del tucumano José Alperovich, investigado por presunto abuso sexual.
El primer día del mes se vivió otra de las jornadas parlamentarias más calientes del año: Juntos por el Cambio congregó a la mayoría de sus diputados en Buenos Aires para sesionar presencialmente a pesar de la continuidad de la pandemia, mientras que el Frente de Todos y otros espacios de la oposición pretendían continuar con el funcionamiento virtual. Las negociaciones en Labor Parlamentaria se extendieron por siete horas y finalmente no hubo acuerdo: el interbloque conducido por Negri anunció que impugnaría la sesión por la supuesta invalidez del protocolo, que fue renovado sin su aval. Más de 90 diputados de ese espacio coparon el recinto y denunciaron que el quórum fue irregular. La discusión llevó otras seis horas de duros cruces. Finalmente, durante la madrugada, se aprobaron los dos proyectos del temario: el aumento de multas por pesca ilegal y la ley de reactivación del turismo.
En el Senado, el Frente de Todos convalidó el DNU 690/20, por el cual se declaró como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía móvil y fija, y la televisión por cable. También se aprobó el decreto que dejó sin efecto la intervención de Vicentin.
La Cámara presidida por Cristina anuló en otra sesión los controvertidos traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante el gobierno anterior. Los pliegos impulsados por el macrismo fueron rechazados por unanimidad, ya que la oposición se había retirado, esgrimiendo argumentos reglamentarios contra una nueva prórroga del protocolo virtual. A principios de noviembre, la Corte puso fin al entuerto y dispuso que los jueces permanezcan en los cargos a los que habían sido trasladados hasta que se realice el concurso para designar a los ocupantes definitivos.
Tal como indica la Ley de Administración Financiera, el Ejecutivo envió al Congreso el Presupuesto 2021, el primero de la gestión de Fernández. El ministro Guzmán expuso los lineamientos el día 22 en el Salón de Pasos Perdidos, donde definió al proyecto como un “puente” hacia la estabilidad económica post-pandemia.
El 24 de septiembre asumió como diputado el neuquino Guillermo Carnaghi en reemplazo de Darío Martínez, designado como secretario de Energía. Aquella sesión tenía como tema principal el proyecto de protección de los activos del Fondo de Garantía De Sustentabilidad (FGS), pero un escándalo inesperado pasó a ocupar el primer plano: un diputado del Frente de Todos, el salteño Juan Ameri, fue sorprendido en una escena erótica con su pareja en plena sesión virtual, y tras haber sido suspendido de inmediato por Massa, finalmente ofreció su renuncia.
En esa misma sesión, Diputados ratificó el Acuerdo Regional de Escazú sobre medioambiente. Otro proyecto sobre prohibición de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales también estaba listo para ser aprobado, pero cambios de último momento impulsados por Fernanda Vallejos provocaron su regreso a comisiones. La iniciativa volvió a recibir dictamen, pero no llegó al recinto.
En otro orden, obtuvo luz verde en el Senado la creación del Fondo Nacional de la Defensa para reequipar a las Fuerzas Armadas.
En su primera sesión del mes, el Senado introdujo cambios al proyecto de economía del conocimiento, que volvió a Diputados. También dio media sanción al recorte de la coparticipación de la Ciudad, en función de los gastos por el traspaso de la Policía Federal.
Juntos por el Cambio, que rechazó ese proyecto, además sufrió otro revés: el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 1 rechazó el amparo presentado por el interbloque para declarar la invalidez de la sesión del 1 de septiembre en Diputados. Un fallo que convalidó el funcionamiento virtual de la Cámara, tal como había sucedido en el Senado meses atrás.
El 7 de septiembre, Diputados aprobó una resolución de repudio a la conducta del salteño Ameri y juró su reemplazante, Alcira Figueroa. Luego se aprobó el proyecto que fijó condiciones en los contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid, y se sancionaron tres leyes: la prórroga de la emergencia citrícola en ocho provincias; la regulación del ejercicio profesional de la fonoaudiología; y el régimen de economía del conocimiento, con las modificaciones impuestas en el Senado.
El mismo día, Cafiero volvió al Senado para brindar su tercer informe del año. La Cámara alta también aprobó, en otras sesiones, el etiquetado frontal de alimentos; la equidad de género en los medios de comunicación; la regulación de la “telesalud”; y una iniciativa sobre cuidados paliativos. Además, recibió aval el pliego de Roberto Carlés como embajador en Italia.
Otro hecho destacado fue la presentación de Miriam Lewin ante la Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. La funcionaria defendió ante los legisladores la creación del Observatorio NODIO contra las fake news.
También recibió dictamen un polémico proyecto de José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) con el fin de crear una bicameral para el tratamiento de un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El 28 de octubre, Diputados sesionó por primera vez con mayoría presencial desde el inicio de la pandemia, gracias a un acuerdo entre los bloques. Tras un debate de 17 horas, se aprobó el Presupuesto 2021 con 139 votos a favor, 15 en contra y 90 abstenciones -de Juntos por el Cambio-. El mes cerró con la sanción, en el Senado, del proyecto para proteger los activos del FGS, habilitando paralelamente a las provincias a renegociar sus deudas con la ANSES.
Más allá de la agenda parlamentaria, ambas Cámaras aprobaron sendas resoluciones para prohibir a legisladores nacionales que compren dólares para atesoramiento.
Tampoco faltaron los movimientos políticos: el riojano Felipe Álvarez abandonó Juntos por el Cambio y conformó un bloque de dos junto al santacruceño Antonio Carambia. Días después, la tucumana Beatriz Ávila conformó un bloque unipersonal. Con ella y Carambia, el interbloque presidido por Ramón pasó de ocho a seis integrantes.
El candidato del Ejecutivo para completar la Cámara Nacional Electoral (CNE), Daniel Bejas, recibió el visto bueno en el Senado con los votos del oficialismo y el rechazo de buena parte de la oposición. En la misma sesión avanzaron otros proyectos acordados, entre ellos beneficios laborales y previsionales para trabajadores y contratistas de viñas, y una corrección sobre el pago del aguinaldo a empleadas domésticas.
En Diputados comenzaron a tratarse, por impulso de Juntos por el Cambio, los proyectos de “ficha limpia”, que buscan que condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos.
El 11 de noviembre, el interbloque comandado por Negri intentó sesionar para tratar diversos proyectos de su agenda -como la emergencia educativa y un protocolo nacional de circulación-, pero solo reunió 85 diputados presentes. Massa declaró fracasada la sesión y comenzó otra donde se votaron la declaración de 24 capitales alternas; la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la acreditación inmediata de los pagos con tarjeta de débito para comerciantes; una iniciativa contra la deserción escolar; y una campaña contra el grooming.
El mes de noviembre también estuvo marcado por un suceso inédito: en el Senado se descubrió que al proyecto de Presupuesto le faltaban planillas y tuvo que volver a Diputados para su sanción definitiva, el 17 de noviembre. Ese día también se aprobó el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas, un tema del que se habló durante meses pero recién ingresó a la agenda parlamentaria hacia fin de año. El proyecto, que creó un gravamen por única vez sobre los patrimonios superiores a 200 millones de pesos, fue convertido en ley el 4 de diciembre.
Mientras Diputados trataba el aporte solidario, el presidente anunció, tras meses de incertidumbre y presión por parte del movimiento feminista, el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto. El debate empezó al poco tiempo en las cuatro comisiones intervinientes con la participación de alrededor de 70 expositores, entre funcionarios y especialistas, muchos de los cuales ya habían desfilado por el Congreso en 2018.
A diferencia del Senado, donde el oficialismo no tuvo inconvenientes en extender el funcionamiento virtual hasta marzo, en Diputados Juntos por el Cambio opuso mayor resistencia: en una sesión caldeada, legisladores de ese espacio denunciaron una convocatoria irregular y pidieron un sinfín de cuestiones de privilegio y apartamientos del reglamento. La razón que se escondía detrás de esa maniobra era la de dilatar el tratamiento del proyecto sobre la coparticipación porteña, que finalmente fue aprobado, aunque con cambios.
Otro de los temas picantes del mes fue la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. El oficialismo logró aprobar el proyecto en el Senado con toda la oposición en contra, tras una serie de reuniones informativas en comisiones y en medio de un intento indisimulado por desplazar al procurador interino, Eduardo Casal, a través de distintas acciones en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. El Frente de Todos eligió tomar ese camino en lugar de avanzar con el pliego de Rafecas, que no reunía los dos tercios necesarios. Por ese motivo se estableció que el procurador podrá nombrarse con mayoría absoluta -la mitad más uno- y que su mandato ya no será vitalicio sino que durará cinco años. El debate continuará en sesiones extraordinarias.
La agenda medioambiental también estuvo presente: se sancionó la “Ley Yolanda” de capacitación a funcionarios de los tres poderes del Estado, así como la modificación de la Ley del Manejo del Fuego, y recibió dictamen favorable en Diputados la ley de humedales, aunque no llegó al recinto.
Finalmente, la muerte de Diego Maradona tuvo su eco en el Congreso: el Senado realizó una sesión exclusiva de homenaje y en Diputados también se recordó al ídolo futbolístico.
El último mes del año arrancó con la ratificación de Massa como presidente de Diputados y la renovación de las restantes autoridades, a excepción del vicepresidente primero, Álvaro González, que fue reemplazado por otro hombre del Pro, Omar De Marchi.
Horas después de la sesión preparatoria, se firmó el dictamen a favor de la legalización del aborto, en un plenario de comisiones que se realizó en el recinto para respetar el distanciamiento social. El texto del Ejecutivo recibió cambios y se trató al día siguiente, en un clima de expectativa por el voto de alrededor de una veintena de indefinidos. El debate, más calmo que el de 2018, duró 20 horas y media y fue seguido de cerca por varios funcionarios del Gobierno que se acercaron al Congreso para respaldar la ley. El final fue todo festejo “verde”: el proyecto se aprobó con 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones, con una movilización en las calles a pesar de la pandemia. Acto seguido, recibió aval el “Programa de los Mil Días”, que establece distintas medidas de asistencia para acompañar a las mujeres con embarazos deseados y a sus hijos durante la primera infancia.
Mientras se desarrollaba en Diputados esa jornada histórica, el Senado sesionó en un segundo plano, aunque con un proyecto no menos importante: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que reemplaza a la que rigió en la gestión anterior y que combina recaudación de la ANSES y variación salarial, sin contemplar la inflación.
Aborto legal y movilidad jubilatoria son los dos grandes temas con que el Congreso cerrará un año tan atípico como intenso, donde la incorporación de tecnología al quehacer legislativo marcó, sin dudas, un antes y un después.
El dato forma parte de un informe elaborado desde la Jefatura de Gabinete sobre el funcionamiento del Parlamento en tiempos de pandemia. Destacan la sanción de un 66% más de leyes que el año anterior y más sesiones que en el promedio de los 4 años anteriores.
La Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete presentó un informe anual de actividad legislativa, en donde analiza en profundidad el funcionamiento del Congreso en el marco de los desafíos impuestos por la pandemia de Covid-19, y en especial en su relación con el Poder Ejecutivo Nacional.
El relevamiento muestra que, aseguran, el Poder Ejecutivo mantuvo un vínculo fluido y fructífero con el Congreso Nacional, con cifras récord en comparación con períodos anteriores.
Si se tiene en cuenta el segundo semestre del año -cuando se superaron los obstáculos iniciales del funcionamiento remoto-, las cámaras de Diputados y Senadores alcanzaron niveles históricos para las últimas dos décadas de trabajo legislativo.
“En un año marcado por la excepcionalidad de la pandemia, en donde el mundo se encontró frente a una situación sanitaria y económica inédita en la historia, es importante remarcar la inestimable labor que se llevó a cabo en ambas cámaras del Congreso. Primero, logrando en tiempo récord sesionar en forma virtual. Y segundo, con un funcionamiento histórico por la cantidad de sesiones e informes que se llevaron a cabo. El funcionamiento de las instituciones y la democracia es mérito de todos los representantes legislativos y debemos estar orgullosos por ello”, aseguró el secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Fernando “Chino” Navarro.
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Mirada, afirmó que “la Casa Rosada asumió el compromiso de trabajar articuladamente con el Congreso en el proceso de sanción de las leyes y en el proceso de rendición de cuentas. Esto se ve claramente, entre otras cosas, en la gran asistencia de los funcionarios nacionales a las comisiones. Contrariamente a lo que se dice, a pesar de la pandemia las instituciones funcionaron y, en algunos casos, incluso más y mejor que en años anteriores”.
El estudio comprende el período que se inicia con el cambio de gestión presidencial, el 10 de diciembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020 inclusive.
A continuación se detallan algunos de los datos más destacados:
● Más de 200 asistencias de funcionarios nacionales a las cámaras (cada 29 horas hábiles un funcionario del PEN visitó el Congreso).
● Casi 90 pedidos de acuerdo solicitados por el PEN fueron aprobados por el Senado.
● Más de 4.900 preguntas respondidas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su informe a las Cámaras.
● Sanción de 65 proyectos de ley, un 66% más que el año anterior.
● Más sesiones que en el año 2019 y que el promedio de los 4 años anteriores.
● Caída de los niveles de ausentismo en las votaciones.
● Datos positivos en materia de igualdad de género:
○ Por primera vez el bloque con mayor cantidad de legisladores (Frente de Todos) de la Cámara de Diputados está integrado mayoritariamente por mujeres.
○ Por primera vez la mayoría de las autoridades de las comisiones permanentes de la Cámara de Senadores están en manos de mujeres.
20 sesiones
253 reuniones de comisión
72 dictámenes de proyectos de ley
28 sesiones
227 reuniones de comisión
145 dictámenes de proyectos de ley
Informe-de-actividad-legislativa-2020-04-12-20Será a través de YouTube y contará con la participación de especialistas que hablarán de las características del Plan Rector de Intervenciones Edilicias (PRIE).
El próximo martes 1ro. de diciembre se realizará la charla “Restauración y conservación del edificio del Congreso de la Nación – PRIE” organizada por la Dirección General de Cultura del Senado.
Será a través de YouTube y contará con la participación de especialistas que hablarán de las características del Plan Rector de Intervenciones edilicias (PRIE), que tiene como objetivo la restauración y conservación de este edificio que es Monumento Histórico y Artístico Nacional.
La misma se enmarca en el ciclo “Patrimonio y Cultura”, y se llevará adelante a partir de las 18 hs. de manera virtual a través de la plataforma yotube.com/senadotvargentina.
Participarán el Director General de Administración del Senado de la Nación, Ricardo Angelucci y el asesor patrimonial arquitecto Guillermo García, quienes hablarán sobre los orígenes y el estado de situación actual del Plan Rector de intervenciones edilicias (PRIE).
El primer mandatario se mostró abierto a escuchar los planteos de la oposición respecto de la reforma judicial y aseguró que la Corte “está funcionando mal”.
El día después de la presentación de la reforma judicial, su impulsor, Alberto Fernández, garantizó su disposición a “escuchar opiniones” respecto de lo que vayan a implementar y respecto de los planteos de Juntos por el Cambio aclaró que “la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres”.
El presidente sostuvo que su gobierno está “absolutamente abierto” a escuchar los cuestionamientos en torno a las propuestas que surjan en torno a la reforma que impulsa.
Para tranquilizar ánimos, Fernández sostuvo que “lo que va a resultar del debate, va a pasar por el Congreso”, y en ese sentido sostuvo que “lo que hice fue abrir el debate”.
Entrevistado en Radio Con Vos, el mandatario señaló en torno a la Corte Suprema de Justicia que “no se está discutiendo cuántos miembros debe tener”, sino que por el contrario lo que quieren es “buscar mejorar su funcionamiento”. De hecho, consideró que -tal cual decía hace cuatro años y circuló profusamente estos días- el Tribunal Supremo “puede funcionar con cinco miembros” como sucede en la actualidad, pero advirtió que a su juicio “está funcionando mal”, por cuanto el trabajo está “virtualmente paralizado”.
Señaló además que “el recurso extraordinario de la Corte se fue ampliando poco a poco. La Corte empezó a intervenir cada vez más. Hoy la Corte define cómo interviene con una arbitrariedad absoluta”.
Consultado en torno a la comisión de expertos que lo asesorará para implementar cambios en el sistema judicial, aseguró que van a analizar problemas “muy técnicos”, y agregó que “va a tener más de 90 días para expedirse y darme los consejos que crean necesarios”.
“Pueden ser posiciones diversas, no tiene que ser algo unánime”, dijo, y enfatizó luego que “todo va a ir al Congreso después”.
En otro pasaje volvió a apuntarle al Gobierno anterior al señalar que durante ese período “se ha permitido cubrir juzgados federales con jueces que tienen el mismo sueldo. Eso me permitiría a mí cubrir cualquier juzgado federal con cualquier juez federal que sea amigo mío”.
“Estoy intentando hacer un mejor sistema de justicia en Argentina”, y se preguntó: “¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien? Quien dice que sí es un cínico”.
El principal gremio de los empleados legislativos emitió un comunicado donde llamó a “endurecer las medidas de aislamiento obligatorio para frenar la escalada de contagios”.
En un duro comunicado, la Asociación del Personal Legislativo (APL), el gremio que nuclea a la mayor cantidad de empleados del Congreso, exigió “anulas todas las actividades que requieran la presencia física del personal legislativo”, tras el contagio del diputado Julio Sahad, quien participó presencialmente de la última sesión.
“Desde el minuto cero del aislamiento social, preventivo y obligatorio hemos contribuido con acuerdos y acciones sindicales para detener el avance de la enfermedad y hemos respaldado también las tareas legislativas y de la labor parlamentaria, acompañando la decisión de trabajar con guardias mínimas, con reuniones de comisión de manera remota y sesiones virtuales, entendiendo que son de suma importancia para la práctica de la democracia”, expresó, en primer lugar, el gremio que dirige Norberto Di Próspero.
Sin embargo, en el marco de la nueva fase de la cuarentena que iniciará este miércoles, APL instó a “endurecer las medidas de aislamiento obligatorio para frenar la escalada de contagios” y “anular todas las actividades que requieran la presencia física del personal legislativo”, lo que implicaría suspender las sesiones bajo el formato semi-presencial, que se viene utilizando hasta ahora.
Además, el gremio pidió “de manera urgente activar el protocolo para casos de contagios por coronavirus, sobre todo cuando ya se ha confirmado un caso positivo de un legislador que participó en forma presencial de la última sesión”, en referencia a Sahad.
Finalmente, acompañó “la decisión de mantener con responsabilidad social un Congreso en funcionamiento, sin renunciar jamás a las acciones que priorizan la vida, la salud y el trabajo”.
En su exposición ante el Senado, el jefe de Gabinete sostuvo que “ha habido en este tiempo más sesiones que durante el año pasado”. Las cifras lo desmienten.
“Nosotros podemos dar cuenta de que ha habido en este tiempo más sesiones que durante el año pasado”. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pronunció esa frase el jueves pasado, durante su primer informe de gestión ante el Senado. Pero las cifras lo desmienten: si bien en 2019 hubo un récord negativo, la cantidad de sesiones de este año en el Congreso todavía no logró superar a la del año anterior.
En efecto, en 2019 se realizaron 20 sesiones entre ambas Cámaras, mientras que en lo que va de un 2020 atípico, hubo 15. La marca de este año se explica por una razón obvia, la pandemia del Covid-19, que hizo que en todo el mes de abril no sesionara ninguna de las dos Cámaras. En el Senado, Cristina Kirchner firmó el decreto regulatorio de las sesiones virtuales el 4 de mayo, mientras que la Cámara de Diputados aprobó el protocolo unos días después, el 13.
Como cada año electoral, la labor legislativa se resintió en 2019 en ambos recintos. Diputados y senadores sesionaron, cada cual, en diez oportunidades, contabilizando sesiones preparatorias, de tablas, especiales e informativas. Los datos surgen del relevamiento que realiza de forma periódica parlamentario.com para evaluar la evolución de la actividad.
En tanto, en lo que va de 2020, la Cámara baja sesionó cinco veces, y el Senado lo hizo el doble. Fueron hasta el momento 15 sesiones, de las cuales siete fueron de carácter virtual, con algunos legisladores presentes en los recintos y la gran mayoría conectados en forma remota, desde sus hogares, oficinas o dependencias oficiales.
En Diputados, la primera sesión fue el 29 de enero, cuando se aprobó el proyecto de sostenibilidad de la deuda externa. Luego, el 12 de febrero, se realizó una sesión informativa inédita, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, quien expuso sobre la oferta a los acreedores, bajo el mismo formato utilizado para los informes del jefe de Gabinete.
La última sesión presencial fue el 27 de febrero, cuando se trató el proyecto de reforma de los regímenes jubilatorios especiales. Las dos sesiones que vendrían después fueron remotas, lo que demuestra que desde que comenzó el período ordinario, el 1ro. de marzo, no hubo ninguna sesión presencial en Diputados.
Así, el 13 de mayo se aprobaron exenciones del impuesto a las Ganancias para trabajadores esenciales y la denominada “Ley Silvio” de protección al personal de salud; y el 21 de mayo se trataron los proyectos de educación a distancia y receta médica digital.
En el Senado, el 5 de febrero se sancionó la ley sobre la deuda externa, y el 20 de ese mismo mes se aprobó una decena de pliegos de embajadores de la nueva gestión. Ese mismo día también se realizó una sesión preparatoria para ratificar autoridades de la Cámara. Una semana después, se sancionó la ley de góndolas y se avaló la designación de Marisa Graham como defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes.
El 12 de marzo fue la última sesión presencial del Senado, justo un día después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al Covid-19 como pandemia. Se sancionó en aquella jornada la ley que modificó los regímenes previsionales de jueces y diplomáticos.
Lo que siguió fueron cuatro sesiones en la modalidad remota, y el informe de Cafiero. En la primera experiencia virtual, el 13 de mayo, se validaron veinte Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y el 21 de mayo se sancionaron las leyes para el personal de salud y las exenciones impositivas, además de una nueva regulación de la Cruz Roja Argentina.
La sesión siguiente marcaría un antes y un después en la Cámara alta. El 4 de junio, el oficialismo convalidó en soledad nueve DNU, a la vez que rechazó otros dos, firmados por Mauricio Macri. La oposición impidió tratar sobre tablas las leyes de alquileres y góndolas, que fueron sancionadas una semana después, el 11 de junio.
Para cuando se normalice la actividad legislativa, ya sea de manera presencial o remota, el Ejecutivo cumplirá en enviar las iniciativas que ya había anunciado durante el verano.
A lo largo del verano y en el marco de la convocatoria de sesiones extraordinarias, el Gobierno anticipó el envío de numerosas iniciativas. Cumplió con algunas, pero la mayoría quedó para ser tratada en ordinarias. Pero sobrevino el coronavirus y la agenda se alteró drásticamente. O mejor dicho, se paralizó.
Ahora que el Parlamento avanza en ambas cámaras para retomar la actividad de manera remota en el Senado y mixta en Diputados, el Ejecutivo ratifica su intención de enviar una serie de iniciativas que habían quedado pendiente.
Lo confirmó el presidente Alberto Fernández este lunes por la noche durante una entrevista que concedió a Gustavo Sylvestre para C5N, en la que respecto del tema legislativo mencionó la reforma judicial, la legalización del aborto y la creación del Consejo Económico y Social.
Entrevistado en la quinta presidencial de Olivos, Alberto Fernández señaló que la tan mentada reforma judicial que viene anticipando desde su discurso inaugural el 10 de diciembre buscará resolver fundamentalmente el tema penal. “Trata de ordenar el sistema, terminar con esos espacios cerrados que le permitían a pocas personas manejar un poder enorme. También revisar el funcionamiento de la Corte Suprema”, sostuvo el primer mandatario, que aclaró que para él “no debería ser aumentado” el número de miembros del Tribunal Supremo. Pero quiere escuchar a “gente experta”.
Fernández habló de la ley de Organización Judicial, la ley de Recurso Extraordinario, y hata revisar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. “Quiero que todo eso entre en un proceso de análisis”, sostuvo.
Fernández anticipó que mandará al Congreso “todos los proyectos que tengo”, y reiteró que “están listos y terminados para ser elevados”, dijo en referencia al aborto legal, seguro y gratuito y la creación del Consejo Económico y Social. “Si el Congreso puede funcionar y tratarlos bienvenido sea”, aclaró.
Un proyecto de diputados de Juntos por el Cambio elimina la sanción ficta, por la cual los decretos quedan convalidados con la aprobación de solo una de las Cámaras.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para modificar el tratamiento que se le da a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo Nacional, dándole un plazo de 60 días para que el mismo sea avalado o rechazado, y estableciendo que sean ambas cámaras del Congreso Nacional las que se pronuncien al respecto.
El proyecto de ley estipula que “los decretos que sean rechazados por una de las Cámaras o que no sean aprobados en forma expresa por ambas Cámaras dentro de los 60 días corridos contados desde la fecha de su dictado, se los considerará nulos de nulidad absoluta desde la fecha de su emisión”.
Actualmente, existe la sanción ficta de los DNU, que significa que la aprobación de solo una de las Cámaras -o falta de rechazo de ambas- sea suficiente para convalidar el DNU. Por este motivo, la iniciativa sostiene que deberán ser ambas cámaras del Congreso las que se pronuncien para darle validez a los decretos del Poder Ejecutivo.
El diputado Alejandro Cacace (UCR-San Luis), impulsor del proyecto, explicó que “se elimina este procedimiento establecido en la Ley 26.122, por ser flagrantemente inconstitucional y violatorio del artículo 82 de la Constitución”.
“Lo que planteamos es que las dos Cámaras del Congreso de la Nación deben darle validez a los decretos presidenciales y, además, debemos establecer un plazo para que sea tratado. Una vez vencido ese plazo, el DNU será declarado nulo”, señaló el legislador puntano.
El proyecto fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio Jimena Latorre, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Ximena García, Gonzalo del Cerro, Gustavo Menna, Lidia Ascárate, Estela Regidor, Álvaro De Lamadrid, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Marcela Campagnoli, Jorge Enriquez, José Riccardo, Diego Mestre, Brenda Austin, Soher El Sukaria, Hugo Romero, Jorge Vara, Dina Rezinovsky, Hernán Berisso, Roxana Reyes, Sebastián Salvador, Héctor Stefani y Alberto Asseff, entre otros.
Así lo dispusieron Cristina Kirchner y Sergio Massa en una resolución conjunta. Quedaron excluidos directores, subdirectores y jefes de departamento.
La vicepresidenta Cristina Kirchner y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este jueves una resolución conjunta para otorgar un adicional especial por “emergencia sanitaria” a los trabajadores legislativos que cumplan tareas esenciales.
Resolución Conjunta 6/20 by Parlamentario on Scribd
La resolución, que lleva el número 6/20, comprende al “personal del Congreso de la Nación que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional haya cumplido funciones de manera presencial para garantizar el mínimo y esencial funcionamiento”.
Sin embargo, quedarán excluidos los directores, subdirectores y jefes de departamento, según consta en el artículo cuarto.
El monto del adicional será el equivalente a 13,56 módulos por día de efectivo cumplimiento de tareas. Cabe recordar que el valor del módulo, desde enero de este año, es de 170 pesos.
Fuentes autorizadas aclararon a parlamentario.com que se trata de un adicional por guardias realizadas en el ámbito del Congreso de la Nación durante la cuarentena general obligatoria, que involucran al personal sanitario, de limpieza, seguridad, administración y teleconferencias, que cumple tareas esenciales. En ese sentido precisaron que el beneficio alcanza en la Cámara de Diputados a no más de 35 o 40 trabajadores diarios, menos del 1% del personal total del Cuerpo.
“El período establecido para el adicional especial será desde el día 20 de marzo 2020 al día 10 de mayo 2020, ambos días inclusive, pudiendo ser prorrogado”, indica la resolución.
Además, especifica que el bono “no servirá como base de cálculo para cualquier otro adicional, bonificación y suplemento, y no será objeto de los aportes y contribuciones de leyes previsionales y asistenciales, ni de las retenciones por cuotas sindicales”.
El senador de la UCR criticó la actitud de diputados de JxC que difundieron fotos de sus viajes por las rutas argentinas camino al Congreso. “Cuando exageramos o mal utilizamos algunas cosas que son muy sensibles, las bastardeamos”, sostuvo.
El senador nacional Martín Lousteau (UCR) cuestionó este martes la campaña “Travesía por la democracia”, encabezada por diputados de Juntos por el Cambio que al comienzo de esta semana encararon un viaje -en auto- desde sus provincias hacia Buenos Aires para reclamar por una sesión presencial en el Congreso.
“Si bien está feo el clima, travesía por la democracia es otra cosa. Es (Raúl) Alfonsín el último año de la dictadura caminando pueblo por pueblo para construir la democracia”, disparó el legislador en declaraciones a radio Con Vos y agregó que “cuando exageramos o mal utilizamos algunas cosas que son muy sensibles, las bastardeamos”.
Para el opositor, “es imprescindible que el Congreso sesione por varias cosas: primero porque hay DNU’s, ahí tenes un potencial de litigiosidad a futuro; segundo porque podemos hacer contribuciones; y tercero porque hay cosas que controlar”.
“A mí no me gusta el circo que se arma en torno al funcionamiento del Congreso, porque creo que los cuerpos tienen reglamentos y son muy claros. Hay que sentarse a trabajar y ver cómo se modifican los reglamentos para estos tiempos, cómo se adaptan y empezar”, consideró.
En ese sentido dijo que “no” le “gusta” cuando “la presidenta (del Senado, Cristina Kirchner), innecesariamente, intenta una declaración de certeza de la Corte” como tampoco le “simpatiza” la “Travesía por la democracia”.
“En lugar de sentarnos a resolver un problema y darle tranquilidad a la gente armamos un circo; el de Cristina, por un lado, y este (en referencia a la campaña de JxC) por el otro”, reiteró.
Finalmente, Lousteau expresó: “Me parece que es minimizar o bastardear. Decir que ‘nos robaron la democracia’ es minimizar o bastardear la grave historia institucional argentina con respecto a la democracia”.
El gremio ratificó que el Congreso “está abierto y funcionando” y los trabajadores legislativos “concurren a diario”.
La UPCN Congreso se sumó al rechazo de las declaraciones del diputado radical Facundo Suárez Lastra, quien dijo que el Congreso está “cerrado” durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Sin mencionar al diputado, pero en un enfático comunicado, el gremio ratificó que “el Congreso está abierto y funcionando acorde a lo que permiten las excepcionales circunstancias que vivimos. Los trabajadores legislativos concurren a diario, a través de guardias mínimas, para asegurar que las tareas indispensables puedan realizarse”.
“Los proyectos de los legisladores siguen siendo presentados y para que eso suceda hay legislativos cumpliendo sus funciones. Se desarrollan reuniones de comisión online y también ahí hay compañeros haciendo lo que saben hacer. Lo mismo sucede con los muchos que desde sus hogares cumplen con sus tareas virtualmente”, agregaron.
Por eso, dijeron que “desde UPCN Congreso rechazamos todo intento de instalar en la sociedad la errónea y malintencionada idea de que el Congreso está cerrado”.
“Los legislativos somos gente de trabajo y sólo un enemigo invisible como el que enfrentamos hoy ha hecho mermar por un tiempo la presencia total y diaria de los trabajadores en nuestra querida Casa”, finalizaron.
El máximo tribunal dio curso al planteo de la vicepresidenta y pidió un dictamen de la Procuración General de la Nación acerca de la validez de las sesiones virtuales.
La Corte Suprema de Justicia habilitó este viernes la feria judicial extraordinaria por la acción declarativa de certeza solicitada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la validez de las sesiones virtuales en el Congreso.
En una resolución firmada por el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se dispuso dar curso a la presentación de la titular del Senado y pedirle un dictamen a la Procuración General de la Nación, que sería no vinculante.
“A los fines de dar tratamiento a la acción entablada, habilítase la feria judicial extraordinaria dispuesta en la Acordada Nro. 6/2020 prorrogada por la Acordada Nro. 8 y Nro. 10/2020”, indica la disposición.
Y agrega: “Dese vista a la Procuración General de la Nación para que en el término de 48 horas, que comenzarán a correr desde la recepción de la presente –sin computar los días sábado y domingo- acompañe su dictamen”.
Hace tres días, Cristina había pedido a la Corte -a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo- una acción declarativa de certeza sobre la validez de las sesiones online, con miras al tratamiento de un proyecto de ley para establecer un impuesto a los grandes patrimonios.
En su presentación, pidió conocer si en esta coyuntura cabe la aplicación del artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, Sergio Massa trabaja para habilitar una sesión virtual, tras haberse desarrollado numerosas reuniones de comisión informativas de ministros bajo esa modalidad.
Tal como se había anunciado, la vicepresidenta y titular del Senado promovió una declaración de certeza ante el máximo tribunal.
En momentos donde se analiza la posibilidad de que el Congreso sesione de manera virtual, la vicepresidenta Cristina Kirchner le pidió a la Corte Suprema de Justicia -que se encuentra en feria extraordinaria- que se expida sobre la validez de realizar un debate parlamentario de manera remota.
Tal como había anunciado, la titular del Senado promovió, a través de los abogados Graciana Peñafort y Esteban Lopardo, una acción declarativa de certeza ante el máximo tribunal, en virtud de la intención del oficialismo de sancionar una ley que grave las grandes fortunas para afrontar la pandemia.
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En el texto presentado, Cristina pidió que “en el marco excepcionalísimo” de la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, la Corte Suprema “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos”.
La vicepresidenta citó el artículo 30 del reglamento de la Cámara alta, que establece que “los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional”.
“¿Es constitucionalmente posible que, tal como lo establece el artículo 30 del reglamento, la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el Covid-19?”, preguntó Cristina en el escrito.
En este sentido, la vicepresidenta se refirió a “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”.
“La situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”, advirtió, por lo que consideró que “en estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”.
En otro pasaje, dijo que a pesar de estar convencida de la validez de una sesión remota -siempre y cuando se respeten las reglas-, existen “maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”, que podrían resultar afectados con el proyecto de ley en cuestión.
Tras describir los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández y defender su “necesidad” y “urgencia” por la propia imposibilidad del Congreso de reunirse físicamente, recordó que “los senadores se encuentran en su gran mayoría en sus provincias de origen”, por lo que más allá de las “dificultades logísticas” de su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, una reunión física significaría “la ruptura de las premisas de distanciamiento social obligatorio”.
“El funcionamiento del Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados es imprescindible. Resulta inviable su funcionamiento ordinario, porque ello podría resultar en el compromiso de las vidas de los propios legisladores, del personal legislativo y todo su entorno familiar y comunitario”, insistió Cristina.
Pero a su vez, opinó que “también resulta imposible el ejercicio de competencias legislativas en materia tributaria o penal por parte del Poder Ejecutivo Nacional porque este las tiene expresamente vedadas”.
“Las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”, concluyó la titular del Senado.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que “las importantes decisiones” que se tomen en el marco de la emergencia por el coronavirus “requieren del sustento de una ley”.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires sostuvo que la “grave situación que transita el país” a causa de la pandemia de coronaviris “hace necesario enfatizar la exigencia del pleno funcionamiento del Congreso de la Nación”.
Para esa entidad, “la grave situación que transita el país en materia de salud pública, sin duda, requiere del inexcusable compromiso de cada habitante por observar el aislamiento social, preventivo obligatorio dispuesto por las autoridades competentes”.
En un comunicado difundido este miércoles, se señaló que “el correlato institucional de esta circunstancia excepcional hace necesario enfatizar la exigencia del pleno funcionamiento del Congreso de la Nación”.
“Las importantes decisiones que correspondiere adoptar y que requieren del sustento de una ley, ameritan del debate transparente y plural, donde los legisladores del oficialismo y de la oposición puedan expresarse y asumir la responsabilidad que les compete a cada uno en función al mandato”, se indicó en el documento, según consignó la agencia Télam.
Desde el Colegio de Abogados se consideró que “es imprescindible dotarlas de la legalidad y legitimidad constitutiva que, en cada caso, ponga a resguardo las garantías y derechos constitucionales que pudieren resultar involucrados”.
Asimismo, se expresó que “no existe impedimento constitucional para que, en esta emergencia, mediante una modificación al reglamento de ambas Cámaras se permita la posibilidad de realizar sesiones en forma virtual, tomando los resguardos”.
También, dice que aun levantada la cuarentena, “puede persistir la necesidad de proteger a la población de riesgo” y eso podría incluir legisladores, lo cual “ratifica la necesidad de habilitar este mecanismo de funcionamiento”.
“Cuando a las autoridades de un Estado las anima una inquebrantable vocación institucional con genuino fundamento en la separación de poderes, no existe adversidad ni limitación funcional que pueda acallar la plenitud del Estado de Derecho”, dice el comunicado y concluye: “Las Cámaras de Diputados y de Senadores de la Nación, deben sesionar”.
Desde el tratamiento de los DNU, hasta las leyes postergadas, el Parlamento tiene que cumplir la función que le asiste en esta crisis, y no convertirse sus miembros en meros espectadores de una crisis inédita.
Por José Angel Di Mauro
Con la crudeza que lo caracteriza, Eduardo Duhalde calificó de “una vergüenza” que el Congreso no esté funcionando. El exmandatario suele comparar toda situación crítica con la que le tocó pilotear y no dudó en recordar que cuando la crisis de 2001/2002, el Congreso no dejó de funcionar, sino todo lo contrario.
Habrá que admitir que las circunstancias no son las mismas, pero la crisis de entonces no era menor. Y por esos días, con un gobierno que acababa de ser eyectado del poder y su partido dispuesto a colaborar con los que se hacían cargo, una administración emergida precisamente desde el Congreso de la Nación -Duhalde había sido elegido formalmente en su condición de senador nacional-, bien podría haber echado mano ese Gobierno a los DNU para tomar las medidas que la emergencia demandaba. No hubiera habido un número de legisladores importante que lo resistiera; pero el Congreso siguió funcionando a pleno y todas las leyes -algunas con gran dificultad- pasaron por el tamiz legislativo.
“No puedo entender por qué no funciona el Parlamento”, insistió Eduardo Duhalde y habrá que darle entonces el crédito que la autoridad que acabamos de graficar le corresponde. Porque en efecto, no hay razón que justifique que el Congreso haya cerrado sus puertas.
Que en tiempos en que la tecnología es capaz de mantener al mundo comunicado cualquiera sea la distancia de los interlocutores, no se encuentre la manera de hacer que un cuerpo legislativo pueda estar funcionando, no tiene demasiada explicación.
Desde el Parlamento se ha tratado de emitir señales que exhibieran a sus miembros activos y preocupados por demostrarlo, pero claramente esas acciones han sido insuficientes. Arrancaron con una suerte de reunión de labor parlamentaria en la que se dieron cita los presidentes de bloques, convocados por el titular de la Cámara de Diputados, pero ya la siguiente reunión no fue televisada. Lo cual es un dato menor; no pasa por mostrar el trabajo legislativo, sino que el mismo se lleve adelante; y las reuniones de labor parlamentaria son siempre a puertas cerradas. Claro que esas reuniones preceden a las sesiones, y eso es algo que de momento está lejos de poder llegar a concretarse en el Congreso argentino.
Las comisiones de ambas cámaras deberían seguir reuniéndose, pero ya no solamente para escuchar las voces de los funcionarios, sino para la tarea que les corresponde.
Después fue el turno de reuniones de comisión de las que tomaron parte ministros nacionales. Siempre son bienvenidas las exposiciones de funcionarios ante los legisladores y el sistema de videoconferencia parece ser un buen mecanismo. Y de hecho, fue en una de esas reuniones donde uno de esos ministros -Ginés González- anticipó un decreto de necesidad y urgencia que levantó reacciones de inmediato y terminó siendo frenado: el que declaraba de interés público a todos los recursos sanitarios.
Las comisiones de ambas cámaras deberían seguir reuniéndose, pero ya no solamente para escuchar las voces de los funcionarios, sino para la tarea que les corresponde. En un activo verano, el Poder Ejecutivo anunció numerosas iniciativas, aunque no todas alcanzaron a llegar al recinto. Quedaron pendientes y ahora pareciera que de manera indefinida. Deben pasar por las respectivas comisiones, donde habrá que implementar el sistema de firma digital que habilite esos proyectos para cuando puedan llegar a ser debatidos.
Hay también un mandato constitucional que establece la obligatoriedad de que el jefe de Gabinete se presente de mensualmente de manera alternativa en cada una de las cámaras. No hay razón para que esa rutina no se cumpla: las preguntas deben ser enviadas por escrito por todos los legisladores y respondidas por la misma vía por el jefe de Gabinete, pero éste también debe presentarse ante los legisladores y el esquema de videoconferencia parece ser suficiente para cumplir ese mandato. De hecho, desde la oposición ya hubo reclamos en ese sentido y bien podría organizarse tal actividad sin mayores inconvenientes técnicos. El jefe de Gabinete podría exponer ante diputados y senadores, y estos a su vez hacerle las preguntas correspondientes en una sesión fácil de organizar y que bien podría ser la prueba piloto para sesiones especiales donde sí se vaya a votar.
“El Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar en materias excepcionales y esta es una situación excepcional”, reconoció Luis Naidenoff.
Mientras tanto, el Gobierno emite decenas de DNU. Práctica que fue avalada por el propio jefe del principal bloque opositor del Senado, Luis Naidenoff, quien sin ningún empacho estimó que “es la primera vez en muchos años que realmente se están utilizando los decretos de necesidad y urgencia en un extremo de emergencia real y palpable”.
“El Poder Ejecutivo tiene la facultad de legislar en materias excepcionales y esta es una situación excepcional”, reconoció el formoseño. Pero eso no debe llevar a que se olviden las reglamentaciones, por más emergencia que haya. Máxime cuando la Constitución lo establece.
En efecto, en el artículo 99 de la Carta Magna, donde se habla de las atribuciones del Poder Ejecutivo, se refiere la posibilidad de firmar decretos “por razones de necesidad y urgencia”. Pero establece que “el jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”. No por nada esa comisión es la única autorizada a reunirse durante el verano, y es por eso que la Coalición Cívica reclamó el viernes pasado su “urgente convocatoria”, atento a que la misma se constituyó en diciembre del año pasado y todavía no se reunió este año.
“Entendiendo que la emergencia actual exige nuestros mayores esfuerzos, la comisión a su cargo debe encontrar la forma de continuar funcionando aun en este estado de excepción y atendiendo a la gran cantidad de decretos de necesidad y urgencia dictados, en tanto el normal desenvolvimiento del Congreso es fundamental para garantizar la vigencia de la democracia y el Estado de Derecho”, expresó el bloque de diputados de la Coalición Cívica a través de una carta enviada al titular de esa bicameral, el diputado camporista Marcos Cleri.
En el mismo sentido se expresó este lunes el senador nacional del radicalismo Julio Cobos, que estimó que, en la necesidad de que el Congreso funcione, los legisladores puedan reunirse “con el uso de las nuevas tecnologías, tal como ya lo hizo la Legislatura de Mendoza”. Y apuntó puntualmente al tema de los decretos al señalar que “la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo debe tratar los DNU del presidente, y además necesitamos que se constituya la Comisión de Salud del Senado y que se involucre en forma activa en el proceso que se lleva a cabo”.
“Entendemos que es difícil sesionar en forma presencial por la distancia y la logística que implica, pero el Congreso debe funcionar”, concluyó.
Por el contrario, el debate sobre si el Parlamento puede -y/o debe- estar en funciones fue reemplazado por una inocua polémica en torno a una eventual rebaja de sueldos de los legisladores. Juntos por el Cambio tomó la posta sugiriendo un traslado del 30% de los haberes de los miembros jerárquicos de los tres poderes a instituciones de salud, y el siempre hábil Sergio Massa redobló la apuesta, llevando el ajuste al 40%, aunque circunscripto a la Cámara que él preside. Pero al esbozar su propuesta, incluyó en principio la posibilidad de suspender por cinco meses el pago a los asesores de los legisladores, lo que podía interpretarse como la certeza de que los diputados no van a analizar leyes por casi lo que resta del período ordinario.
La propuesta -que no encontró eco en el Poder Ejecutivo, cuyo extremo de la pirámide ya se pronunció de manera crítica sobre ese tipo de recortes- siempre fue reconocida como una cuestión simbólica. Lo cual refuerza la sensación de que se trató de fuegos de artificio de quienes cumplen en esta crisis un papel de espectadores. Debieran revertir esa condición y tomar el protagonismo que les corresponde.
Mientras son cada vez más las legislaturas provinciales que han encontrado la manera de sesionar en esta particular coyuntura, la pregunta quehay que hacerse remite al planteo inicial que hacía el citado Eduardo Duhalde: ¿Por qué el Congreso no funciona? El propio expresidente sugirió que se reúna en el Teatro Colón, con la distancia suficiente entre sus miembros, pero que lo haga.
El Palacio Legislativo es el lugar adecuado y que corresponde. Bien podría hacerlo con una presencia menguada, que garantice el quórum y sus miembros sentados a distancia prudencial entre sí. Cumplir su tarea tal cual lo hacen quienes se reúnen asiduamente en Olivos, o los que desempeñan tareas “esenciales” cualquiera sea la rama que corresponda.
Con temas consensuados, o bien sin excluir aquellos que puedan generar discordia. O incluso con legisladores que aporten su presencia de manera virtual, pero que puedan votar. Con la composición del Frente de Todos que absorbió a todos los bloques que lo integran, se redujo sustancialmente la cantidad de jefes de bloques, y con ello la extensión de las eventuales sesiones, en las que podrían dejarse de lado homenajes o cuestiones de privilegio.
En lugar de aportar parte de sus sueldos al sistema de salud, diputados y senadores podrían destinarlos a pagar su estadía en Buenos Aires, pues es allí donde deben cumplir sus funciones. Y si no pueden regresar a sus provincias porque entonces deberían cumplir cuarentena… aguantársela, pues para eso han sido elegidos.
Lo que no puede ni debe permitirse el Congreso es no funcionar. Solo falta que haya voluntad para abrir sus puertas. Tal vez eso debería ser lo que las cacerolas tendrían que reclamar, y no gestos inocuos.
El exsenador y dirigente de Juntos por el Cambio dijo que el Parlamento “no solo tiene que tratar temas inmediatos, sino los mediatos” y cuestionó la herramienta del DNU para cuestiones como alquileres y créditos hipotecarios.
El exsenador Miguel Pichetto consideró que el Parlamento no debe dejar de funcionar, pese a la cuarentena, y enfatizó que “es importante que el Congreso aparezca al lado del Poder Ejecutivo” en medio de la emergencia por el coronavirus, porque “no solo tiene que tratar temas inmediatos, sino también los mediatos”.
“Me preocupa que las instituciones funcionen”, resaltó el dirigente de Juntos por el Cambio, que comparó la situación de Estados Unidos, donde hay más de 13 mil personas infectadas, y sin embargo “la semana pasada el Congreso americano funcionó”.
Para el exlegislador, hay que “buscar los mecanismos” a través de la “informática” para que ambas cámaras del Congreso trabajen. Cabe destacar que, este lunes se realizará la primera reunión virtual de Comisión de Educación de Diputados, con la participación del ministro de Educación, Nicolás Trotta.
“Esto lo digo casi como defensa del Poder Legislativo”, remarcó Pichetto, quien pasó más de dos décadas dentro del Parlamento, y explicó el riesgo de que la población considere que “no sirve para nada” porque no funciona.
También sostuvo que hay “jueces y secretarios que pueden trabajar” y agregó: “Si el Ejecutivo pone el cuerpo, los otros poderes tienen que hacer lo mismo”.
En referencia a la cantidad de Decretos de Necesidad y Urgencia que está firmando el presidente Alberto Fernández, el exsenador opinó sobre los recientes decretos para congelar precios de alquileres, cuotas de créditos hipotecarios y prohibir desalojos que “carecen de solidez, atento a que hay que hacerlo por ley; son compromisos tributarios, todo eso va por ley”.
El excompañero de fórmula de Mauricio Macri comentó que dialogó con el exmandatario sobre “la idea del equilibrio: de cuidar la vida de la gente y también cuidar el trabajo, la vida en sociedad”. “El aislamiento no es algo que se pueda sostener todo el tiempo, cuarentena para siempre no puede haber”, manifestó.
En declaraciones a radio Mitre, el dirigente alertó que “no se están cumpliendo con los depósitos para poder pagarle a los jubilados” a través de los cajeros y cuestionó que “el trabajador medio, en relación de dependencia; el autónomo, el que vive de changas, albañiles, mecánicos, no están contenidos en ninguna medida”. “A los planeros les dieron más, a los de la AUH más…está todo bien, son los más vulnerables, ¿pero los trabajadores?”, disparó.
“Hay que ir tomando medidas en lo económico que sean mucho más abarcativas”, continuó y afirmó que a las provincias “va a haber que ponerle pesos y mandarles recursos”. Por otra parte, defendió que “los empresarios no son malos ni miserables, viven sobre la realidad. Si en un mes no ingresa un peso, están en problemas”.
En tanto, dijo que ante esta situación “el déficit como también la deuda externa pasan a un segundo plano” y consideró que esta realidad “puede ser un elemento, si se utiliza inteligentemente por el ministro (de Economía, Martín) Guzmán” para lograr “la postergación de pagos” y retrasar la renegociación.
Atento a las disposiciones del Poder Ejecutivo, el personal fue licenciado hasta el 31 de marzo.
El Parlamento estará inactivo en lo que respecta a la actividad administrativa hasta fin de mes, conforme el decreto del Poder Ejecutivo Nacional de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
La Cámara baja difundió este viernes la resolución 615/20, a través de la cual establece una “licencia excepcional” hasta el 31 de marzo, prorrogable, a todos los agentes, con excepción de los propios legisladores y las autoridades superiores del cuerpo que encabeza Sergio Massa. Las mismas disposiciones adoptó paralelamente el cuerpo que encabeza Cristina Fernández de Kirchner.
Otra excepción corresponderá a aquellas áreas esenciales que no puedan suspender por completo su actividad, y en ese sentido los responsables de cada una de esas áreas dispondrán guardias mínimas administrativas presenciales.
La licencia no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales, ni los adicionales, se aclaró.
Por otra parte, se indicó que finalizado este período de licencia, no podrán reincorporarse aquellos que revistan la condición de “casos sospechosos”; que hayan contraído el Covid 19; que sean contactos estrechos de casos confirmados o sospechosos, y por último, aquellos que hayan arribado al país habiendo transitado por “zonas afectadas” en los 14 días previos.
Con todo, se aclara además que el personal podrá ser convocado en caso de que haya sesiones de emergencia.
