Un tema en el cual el Gobierno ha quedado empantanado es la designación del procurador general de la Nación. Para el mismo, Alberto Fernández impulsa al actual juez federal Daniel Rafecas y su pliego ya ingresó al Senado y está a la espera de su tratamiento. Pero al respecto, la oposición ya ha adelantado su rechazo.

Con los miembros de Juntos por el Cambio haciendo punta y los aliados con que cuenta en la Cámara alta ya ha quedado establecido que el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para designar al elegido por el Poder Ejecutivo, razón por la cual el tema ha quedado en stand by.

En este marco es que semanas atrás surgió la versión de que el oficialismo podría tener un atajo que consistiría en cambiar la Ley de Ministerio Público. Por eso la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado se lo preguntó directamente a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al presentarse ante el plenario de senadores que analiza la reforma judicial. Ante la pregunta puntual de si evaluaban una jugada de ese tipo, la ministra respondió lacónicamente “no”.

“Celebro que así sea”, señaló a parlamentario.com el diputado del Pro Pablo Tonelli al ser consultado al respecto, y luego de admitir que un cambio de reglas por la vía de una ley que podría ser sancionada por mayoría simple era legalmente viable.

En este marco surgió un camino paralelo que es el impulsado por un sector del kirchnerismo en el Senado y que consiste en forzar el desplazamiento del actual procurador general, Eduardo Casal, quien ejerce de manera interina desde que a fines de 2017 Alejandra Gils Carbó renunció al cargo. El kirchnerismo duro impulsó una serie de pedidos de juicio político contra Casal, a la espera de horadar su figura y conseguir su desplazamiento, por esa vía o bien a través de una renuncia. Y en ese caso, la idea sería que asumiera Víctor Abramovich, ubicado en el segundo lugar de la línea sucesoria de ese organismo, y quien contaría con el beneplácito del Instituto Patria. Más aún que el propio Rafecas.

En este marco es que apareció una tercera vía. Fue en el marco de la primera reunión realizada por el consejo asesor creado por el presidente de la Nación con la intención de elaborar una serie de sugerencias para reformar el actual sistema judicial, más allá de lo que establece el proyecto del Ejecutivo que ya está analizando el Senado. En su primera reunión, realizada este fin de semana, el consejo analizó una de las alternativas propuestas a partir de su creación: la manera como debe ser designado el procurador general y su mandato, actualmente fijado hasta los 75 años de edad.

En este último caso se establecería un período temporal de siete años, de modo tal que trascienda una gestión de gobierno. Es una idea que ya se barajó en tiempos de Cambiemos y que encontró escollos dentro del propio oficialismo que impidieron el debate de una ley en ese sentido.

Pero también está el tema de la designación, que -como dijimos- hoy establece la necesidad de contar con los dos tercios de los presentes en el Senado. Según escribió el periodista Hernán Cappiello en La Nación, la comisión comenzó a analizar la posibilidad de que la elección de procurador general se haga por mayoría simple. Como la de cualquier juez.

Esa sería una posibilidad absolutamente viable para el oficialismo, que tiene una mayoría holgada en esa Cámara y por lo tanto sortearía el impedimento que ha puesto a la designación de Rafecas en un callejón sin salida. Pero el propio juez federal ha adelantado, según cuenta el artículo, que en caso de producirse una modificación de esas características no estaría dispuesto a asumir, considerando que implicaría “un retroceso institucional”. Esa mayoría agravada, piensa el magistrado, “hace a la independencia que debe tener el procurador del poder político”.

La posibilidad de dar curso a esa modificación encontró resistencias en el propio consejo asesor. Según se indicó, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez y Raúl Gustavo Ferreyra fueron algunos de los que adelantaron su desacuerdo con ese punto.

Uno de los pocos miembros del Consejo Consultivo que asesorará al presidente Alberto Fernández en las modificaciones a implementar en el sistema judicial no vinculado al peronismo gobernante, Andrés Gil Domínguez, se manifestó esta semana a favor de una Corte Suprema de 9 miembros. Pero este miércoles, día elegido para la presentación formal de ese grupo de juristas que él integra, cuestionó puntualmente la postura de la oposición de restar apoyo a estas reformas del sistema judicial.

Para Gil Domínguez, “resolver la cuestión de los Tribunales de Comodoro Py” y la relación puntual de esos jueces y los servicios de inteligencia representa hoy “una deuda de la democracia”. Por eso, en declaraciones radiales sobre la actitud de la oposición, sugirió que la misma podría abonar el deseo de “seguir con Comodoro Py como está o que quiera seguir con la relación entre Comodoro Py y el sector de inteligencia”.

Gil Domínguez sostuvo que “la oposición lo que decide hacer es oponerse antes de conocer”.

El constitucionalista dijo que le parece “muy bien” que “la oposición diga lo que quiera decir y haga las lecturas que quiera hacer. Entiendo una descalificación política a priori, pero no dar el debate es de alguna manera inhibir lo que es el diálogo y es seguir profundizando la grieta”.

Por otra parte, aseguró que “en el proyecto de ley la comisión no tiene ningún tipo de injerencia; su función es consultiva, no tiene facultades para definir absolutamente nada”.

“Hay que distinguir entre la reforma judicial que el Presidente elevará ahora al Congreso, en la que la comisión no tuvo inyección, y el trabajo que hará en adelante la comisión”, señaló en otro pasaje.

Gil Domínguez señaló además que podría ser “un buen comienzo” que nadie cuestione las capacidades de los miembros de la comisión, sino “esperar que la comisión funcione y que cada uno emita una opinión”. Agregó: “Si el presidente después decide elevarlo al Congreso, los integrantes del mismo tendrán las opiniones mayoritarias y minoritarias sobre cómo funciona la Justicia”. En ese marco criticó que “la oposición lo que decide hacer es oponerse antes de conocer”.

Consultado respecto de los cuestionamientos dirigidos a la presencia del abogado Carlos Beraldi por su condición de abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gil Domínguez señaló que él “es uno de once, y también fue designada Inés Weinberg de Roca, que podemos decir que ha tenido cierta afinidad con Juntos por el Cambio”.

“Es una comisión con paridad de género, diversidad de opinión sobre los temas, venimos de distintas especialidades y cada uno ocupa un rol distinto en la administración de justicia”, agregó.

Al ser consultado sobre la cantidad de miembros que deben integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró que ese tribunal “puede funcionar con tres, cinco o nueve miembros”. Para él, “con cinco o nueve miembros hay que cambiar un montón de cosas para que la Corte funcione mejor”. Así las cosas, estimó que “no hay un número mágico”, pero consideró que “nueve es un buen número, da más circulación, más necesidad de consensos”.

El presidente Alberto Fernández saldrá este miércoles de la residencia presidencial de Olivos para presentar desde la Casa de Gobierno la reforma judicial que viene anticipando desde el inicio de su gestión. La ocasión amerita entonces un ámbito institucional muy especial y es así que el mandatario decidió estar en la Rosada para hacer el anuncio.

Y no estará solo: lo acompañarán los once miembros del Consejo Asesor que trabajará en la elaboración de sugerencias para realizar diversas modificaciones en el sistema de Justicia. Incluyendo una eventual ampliación de la Corte de Suprema de Justicia.

La idea era que estuvieran también representantes de la oposición, en particular los jefes de bloques legislativos. Sin embargo no estarán presentes los representantes de Juntos por el Cambio, según confirmaron a parlamentario.com fuentes opositoras. “Ni diputados, ni senadores”, amplió el vocero consultado.

Y es precisamente la composición de ese Consejo Asesor el disparador de la discordia, que llevó a la principal fuerza opositora a rechazar enfáticamente la reforma judicial en general y la ampliación de la Corte Suprema en particular.

La cita es en Balcarce 50 a partir de las 16, y de la oposición sí confirmó su presencia el jefe del bloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, aguardándose otras presencias, además de miembros del oficialismo.

Según pudo saberse, el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, fue el encargado de invitar al jefe del interbloque JxC de Diputados, Mario Negri, pero ya se sabe que los miembros de esos bloques en ambas cámaras no estarán.

La reforma, que entre otras cosas prevé la unificación y duplicación de los juzgados federales, será presentada este miércoles, pero no necesariamente ingresará el mismo día al Congreso. Trascendió que el texto ingresará en el transcurso de lo que resta de esta semana, pero sin precisar la fecha. Sí se sabe que entrará por el Senado, habida cuenta de que por una cuestión numérica es allí donde el oficialismo tiene la certeza de garantizar su aprobación. En Diputados, en cambio, los jefes opositores anticiparon a su titular, Sergio Massa, que no querían que se debatiera de manera remota.

En la redacción del proyecto participaron principalmente el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Se descuenta que estarán presentes en esta oportunidad, como así también la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

También estarán, como dijimos, los miembros del Consejo Consultivo, cuyos integrantes serán Carlos Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Omar Palermo, Claudia Sbdar, Hilda Kogan, Gustavo Ferreyra, María del Carmen Battaini y Marisa Herrera.