La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes -ambos de su espacio-, presentaron este viernes un pedido de juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello ante el Consejo de la Magistratura.

Se trata del magistrado en lo civil y comercial que dictó una medida cautelar, luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, para prohibir la difusión mediática de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Maraniello, quien ya afronta una serie de denuncias en el Consejo -entre ellas por violencia de género, maltrato y acoso laboral-, es acusado por los dirigentes de la CC por "mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Carrió, Campagnoli y Reyes solicitaron que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, se requiere la oportuna destitución del acusado.

Entre las causales de juicio político, mencionaron en primer lugar la actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

“Dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública", resaltaron los cívicos.

En segundo lugar, apuntaron una "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal". "De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes", advirtieron.

También, hicieron alusión a la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). "Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes 'auspiciantes' incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios 'HLB Pharma' y 'Ramallo'”, denunciaron.

En la presentación, los dirigentes de la CC sumaron las denuncias que pesan contra el juez por "la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género". "El juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género", señalaron.

Finalmente, se refirieron a "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina". "De las consideraciones expuestas precedentemente se desprende que la conducta del juez Maraniello evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones", sostuvieron.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

Los diputados nacionales Carla Carrizo y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra el juez federal Alberto Recondo, titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 4 de La Plata, por desconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La denuncia se fundamenta en su actuación en la causa iniciada por Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, que había promovido un amparo contra el presidente Javier Milei tras ser atacado en redes sociales desde la cuenta oficial del mandatario. El juez Recondo no sólo rechazó la acción, sino que, además, en entrevistas radiales posteriores, minimizó la situación del niño, cuestionó públicamente a su madre y justificó la exposición mediática del caso, vulnerando los estándares internacionales y nacionales de protección de los derechos de NNyA, apuntaron los legisladores.

Los radicales críticos sostuvieron que el magistrado "incurrió en conductas contrarias al principio de imparcialidad, decoro judicial y omitiendo la protección reforzada que establece para niñas, niños y adolescentes la Ley 26.061 de Protección Integral de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad". Por ello, solicitaron a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que se evalúe la adopción de medidas disciplinarias, conforme lo establecido en el artículo 14 de la Ley 24.937.

“La justicia no puede convalidar el abuso de poder ni desproteger a la infancia. Cuando se trata de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en particular, de niños/as con discapacidad, corresponde exigir el máximo cumplimiento y respeto a las garantías que establece nuestro orden jurídico”, subrayaron los diputados al formalizar la presentación.

La denuncia destaca además que el obrar del juez resultó "doblemente grave" porque "el conflicto que dio origen a la causa no se desarrolla entre dos particulares en condiciones de igualdad, sino que enfrenta al presidente de la Nación con un niño con discapacidad, circunstancia que exigía del magistrado un estándar reforzado de prudencia, cuidado y resguardo de derechos fundamentales, en especial frente a la evidente desigualdad y asimetría de poder entre las partes".

Un extraterrestre que hubiese llegado a la Tierra por estos días se habría llevado una imagen por lo menos errada. La de una expresidenta mortalmente enojada con tres jueces que se han convertido en su peor pesadilla. La historia no siempre es tan lineal.

Al menos esta, tiene sus matices y supo de tiempos mejores. Mucho mejores.

Hubo un tiempo en el que el kirchnerismo se vanagloriaba de haber forjado una Corte Suprema prestigiosa, que vino a reemplazar una muy distinta, el doble de grande y emparentada con el poder central. Producto de esa tarea de orfebrería, el primer presidente de la dinastía K tuvo la posibilidad de escoger nada menos que a la mayoría de los miembros del Tribunal Superior: cuatro. Casi tantos como los que pudo elegir Raúl Alfonsín cuando gozó de la posibilidad de forjar parte de las instituciones desde cero. Pero no tantos como quien tiene el récord en la materia: Carlos Menem, que en sus diez años y medio de mandato tuvo la oportunidad de nominar a una decena de cortesanos. Nunca ningún presidente pudo tanto.

Sin más prolegómenos, veamos cuáles fueron los motivos para llegar al cuadro actual, con una expresidenta envenenada con el máximo tribunal y, lo que es peor para ella, definitivamente condenada.

La mayoría automática

Para comprender el escenario actual habrá que remontarse al origen que muestra justamente la génesis de esta Corte, que sucede a la que armó Carlos Menem poco después de llegar al poder y fue conocida despectivamente como “la mayoría automática”.

Sucede que poco después de asumir, el riojano cuestionó la composición de la Corte, que consideraba “alfonsinista”. Por eso en 1989 impulsó un proyecto de ley aumentando el número de miembros de 5 a 9 y, con mucho esfuerzo y renuncias -en el camino quedaron dos de los jueces designados en el 83 por Alfonsín, José Severo Caballero y Jorge Antonio Bacqué-, Menem consiguió ampliar la Corte al número deseado.

En febrero de 2002, tiempos del “que se vayan todos”, Eduardo Duhalde dio el visto bueno para impulsar el juicio político a todos los integrantes de ese tribunal. Sin éxito, por cierto, ya que en ninguno de los casos llegaron a obtener los 2/3 necesarios en la Cámara de Diputados para que prosperara esa medida. Más bien se consiguió el efecto contrario: se fue uno de los más prestigiosos integrantes de esa Corte, Gustavo Bossert. Presentó su renuncia el 21 de octubre de 2002, habiendo sido durante el fallido proceso iniciado durante el duhaldismo contra el Tribunal Superior el que menos acusaciones reunió para el pedido de juicio político. “Me han hartado los infundados cargos”, confesó Bossert al tomar tal decisión. Dijo entonces que las circunstancias que debió afrontar le habían “quitado el ánimo y hasta el entusiasmo que exige la tarea judicial, particularmente la vasta y compleja tarea de este tribunal a cuyo cargo está el dictado de varias miles de sentencias al año”, señaló.

Tan es así, que el hoy nuevamente diputado nacional Sergio Acevedo, que como presidente de la Comisión de Juicio Político de entonces había manejado ese proceso en 2002, consideró el de Bossert “un gesto que otros deberían imitar y contribuiría a recuperar el prestigio de la Corte”.

No fue lo que hicieron los otros jueces que, por el contrario, permanecieron en sus cargos hasta la llegada de Néstor Kirchner al poder. El santacruceño se encontró el 25 de mayo de 2003 con una Corte Suprema integrada por ocho miembros: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Augusto Belluscio. Los cinco primeros habían sido designados por Menem.

Néstor Kirchner había llegado al poder con una debilidad de origen que era la escuálida cantidad de votos obtenida en las primeras elecciones realizadas tras la crisis de 2001. Sin haber podido validar sus pergaminos en un balotaje, reconocía su debilidad institucional que creyó desafiada cuando el presidente de la Corte, el riojano Julio Nazareno tuvo declaraciones que desataron la ira del santacruceño. Abordado por los periodistas en Tribunales, le habían preguntado si avalar el corralito bancario no era una forma de extorsionar al Gobierno, a lo que Nazareno respondió con un “dejate de joder”.

En rigor, Nazareno no había sido el primer apuntado por Kirchner, sino otro juez que no era parte de la mayoría automática: Carlos Fayt, a quien el kirchnerismo naciente acusaba de haber firmado el fallo que había redolarizado un depósito de San Luis en el Banco Nación, que había sido incluido en el corralito y pesificado, siendo que el propio Fayt tenía un depósito pesificado en el Banco Nación. Las aguas se calmaron con ese juez luego de que aceptara la devolución de su depósito en bonos a largo plazo.

En cambio Nazareno había amenazado al Gobierno con dictar un fallo redolarizador que precipitaría las demandas judiciales, comprometiendo al sensible sistema financiero. Kirchner lo consideró una “extorsión”.

Y lo dijo en junio de 2003, en el marco de una cadena nacional en la que criticó duramente a Nazareno por sus declaraciones públicas y su rol en la Corte, y llamó al Congreso a iniciar un juicio político contra él y otros miembros del tribunal. Dio inicio así a un nuevo proceso de juicios políticos contra el Tribunal Superior que esta vez se realizó de manera paulatina: uno por uno.

El primer enjuiciado fue obviamente Nazareno, que presentó su renuncia el 28 de junio de 2003, dos semanas antes de que se iniciara el proceso en su contra. “Es un paso muy importante para que la Justicia sea digna, honesta y creíble”, dijo al enterarse el entonces ministro de Justicia, Gustavo Beliz. El kirchnerismo fue entonces por el resto de los jueces.

Fue el turno entonces de Eduardo Moliné O’Connor, quien dejó claro de entrada que no pensaba en renunciar. El juicio avanzó entonces y el 14 de agosto de 2003 la Cámara baja aprobó por amplia mayoría el juicio político luego de encontrarlo culpable de “mal desempeño” en sus funciones en base a 9 acusaciones que formaron parte de la investigación. El Senado terminó suspendiéndolo en el cargo el 9 de octubre de 2003, y fue destituido el 4 de diciembre venidero, habiendo sido considerado culpable de 2 de las acusaciones.

Su destitución por esa vía fue un hecho histórico, pues no sucedía algo así desde 1947.

El 23 de octubre de ese mismo año la Comisión de Juicio Político que presidía el diputado tucumano José Falú había abierto el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo López, quien renunciaría el 22 de octubre de 2003.

Paralelamente, Néstor Kirchner designaba en la Corte al primer cortesano que eligió: Raúl Eugenio Zaffaroni, que asumió en lugar de Eduardo Nazareno

Designado en tiempos de Alfonsín, a Enrique Petracchi también le iniciaron un proceso que la Comisión de Juicio Político desestimó en marzo de 2004, cuando verificó que no había recibido una transferencia de 580 mil dólares en tiempos del rebalanceo telefónico. En cambio sí se inició un proceso contra Adolfo Vázquez, quien al ver que la causa avanzaba rápidamente presentó su renuncia el 2 de septiembre de 2004.

De los jueces de la mayoría automática, Antonio Boggiano era el último que quedaba y el Senado terminó destituyéndolo el 29 de septiembre de 2005, con el voto de los 56 senadores presentes en la sesión.

Mientras tanto, Néstor Kirchner había ido cubriendo los cargos que se desocupaban. El 9 de junio de 2004 designó a Elena Highton de Nolasco, quien se convirtió así en la segunda mujer en ser nominada en la Corte Suprema argentina en la historia, pero la primera en el marco de un gobierno democrático, ya que su antecesora era Margarita Argúas, designada durante el Gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston. Highton de Nolasco reemplazó a Eduardo Moliné O’Connor.

Por Adolfo Vázquez, Kirchner eligió a Ricardo Lorenzetti para reemplazarlo, el 12 de diciembre de 2004. En tanto que otra mujer, Carmen Argibay, asumió en la Corte el 3 de febrero de 2005 en lugar de Guillermo López.

Concluido el proceso de renovación, permanecían en la Corte que encontró Kirchner Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, designado este último por Eduardo Duhalde.

Un decreto fundacional

Un dato fundamental de esta historia lo constituye el decreto 222/2003 firmado por Néstor Kirchner el 19 de junio de 2003, que establecía un nuevo procedimiento para la designación de jueces de la Corte. Fue presentado con el objetivo de “transparentar y democratizar” el proceso de selección de magistrados, estableciendo el mecanismo de audiencias públicas por el cual los magistrados debían someterse a interrogatorios donde se evaluaría su idoneidad.

Se estableció un mecanismo de audiencias públicas por el cual los candidatos debían someterse a audiencias donde se evaluara su idoneidad; con participación ciudadana, ya que se habilitaba un período para que los ciudadanos, ONG, universidades y otras instituciones pudieran presentar observaciones u objeciones sobre los postulantes.

El kirchnerismo reivindicó esa medida como un hito en la refundación institucional de la Corte Suprema de Justicia.

La reducción de la Corte

Y el paso siguiente fue su reducción. La impulsó la entonces senadora y primera dama Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue en 2006, cuando presentó una ley para volver la cantidad de jueces de la Corte a su número histórico de cinco miembros. “Es la primera vez en toda la historia de la República Argentina que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una  sola coma del ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros”, dijo en su discurso el 29 de noviembre de 2006, cuando se convirtió en ley la norma que derogaba la normativa impulsada por Menem para llevar el número de integrantes de la Corte a 9.

La ley fue promulgada el 15 de diciembre de 2006 y representó la frutilla del postre de esa reforma judicial original que el kirchnerismo impulsó para fortalecer la independencia del Poder Judicial y revertir la influencia menemista en la CSJN.

“El decreto 222 marcó un hito. Que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo es algo inédito”, planteó también Cristina Kirchner en el recinto de la Corte.

Ya fuera del Gobierno nacional que encabezó durante dos períodos, Cristina Fernández de Kirchner confesaría su arrepentimiento por esa decisión. Fue en 2016, ya en tiempos de Cambiemos, cuando comenzó a sufrir el asedio judicial, por entonces encabezado por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la había convocado para indagarla sobre la causa “dólar futuro”, y así regresó a Buenos Aires desde el sur. Mantuvo reuniones con las bancadas kirchneristas del Congreso. El 21 de abril de ese año se reunió con 23 senadores en el Instituto Patria, y en el transcurso de la conversación criticaron la designación “en comisión” de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para completar la Corte Suprema. La expresidenta se refirió a eso como “un pecado de origen” del Gobierno de Mauricio Macri.

Durante esa charla, se habló de la necesidad de ampliar la cantidad de miembros del máximo tribunal, cosa en la que coincidió Cristina. Hizo en ese contexto su primera autocrítica, por haber impulsado diez años antes la reducción del número de integrantes de la Corte. Debió haber hecho lo contrario, reflexionó, y se mostró partidaria de dividir al tribunal en salas especializadas, una idea de Eugenio Zaffaroni.

 

El origen de la ruptura

La relación respetuosa entre los gobiernos kirchneristas y la justicia en general -y la Corte Suprema en particular- tuvo momentos de tensión, pero comenzó a desmadrarse promediando la segunda gestión de Cristina Kirchner. Fue especialmente en 2013, cuando algunos fallos contra iniciativas clave del Gobierno de Cristina comenzaron a alterar el trato.

Un momento clave fue el que sobrevino con la Ley de Medios. Y si bien la Corte declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también estableció límites al uso de la publicidad oficial y defendió la libertad de expresión, lo que fue interpretado como una advertencia al Gobierno.

Siempre tiempista, el tribunal emitió ese fallo trascendente dos días después del resonante triunfo de Sergio Massa en las elecciones intermedias de 2013. Y más allá de que representara un bienvenido reconocimiento para el kirchnerismo, varios puntos del fallo generaron malestar en ese Gobierno. por ejemplo, que la Corte estableciera que los grupos de medios, como Clarín, que debían desprenderse de licencias por superar los límites establecidos, debían ser indemnizados por el Estado. Esta exigencia fue vista como una concesión a ese grupo y como una carga económica para el Estado que el kirchnerismo no esperaba ni deseaba.

El fallo también incluía fuertes advertencias al gobierno sobre cómo debía aplicarse la ley. Por ejemplo, advertía que los medios públicos no debían ser instrumentos de propaganda oficial; que el organismo regulador (AFSCA) debía ser independiente del poder político; y exigía transparencia en la distribución de la publicidad oficial y respeto por la igualdad y el debido proceso.

Pero ya la relación venía herida a partir de lo sucedido con la reforma judicial que el kirchnerismo impulsó en el año 2013. Pomposamente presentada como “Democratización de la Justicia”, el proyecto K consistió en un paquete de seis leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, que el Congreso terminó aprobando el 25 de abril de 2013.

Entre los objetivos que declaraba el Gobierno K para implementar esa reforma se destacaba la intención de hacer más transparente y accesible el Poder Judicial; democratizar el acceso a cargos judiciales; y agilizar los procesos judiciales.

Entre las medidas que incluía el paquete de medidas, una de las más controversiales era sin duda la reforma del Consejo de la Magistratura, que ampliaba el número de miembros y establecía que sus integrantes serían elegidos por voto popular. Eso fue muy criticado por sectores que lo consideraban una forma de politizar el órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces.

Por otra parte se creaban tres nuevas cámaras para descomprimir la Corte Suprema y acelerar los procesos judiciales. También se limitaba el uso de medidas cautelares que pudieran frenar decisiones del Gobierno, lo que fue visto como un intento de restringir el control judicial sobre el Ejecutivo.

Fue un procedimiento veloz impulsado en un año electoral en el que podía cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, como en efecto sucedió. Cristina Kirchner anunció la reforma judicial el 8 de abril de 2013, durante un acto en la Casa Rosada en el que presentó los seis proyectos de ley. Diputados aprobó buena parte de esa reforma en una extensa sesión que duró casi un día completo el 25 de abril de 2013. El Senado la convirtió en ley el 8 de mayo.

La reforma fue fuertemente resistida por la oposición, el Colegio de Abogados, ONGs y sectores del Poder Judicial, y finalmente la Corte Suprema declaró inconstitucionales partes clave de la misma, especialmente la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, el 18 de junio de 2013.

Fayt en la mira

A diferencia de su esposo, Cristina no pudo designar a ningún nuevo juez en la Corte, a pesar de haber sido presidenta en dos períodos y haberse producido vacantes. Tras la renuncia de Zaffaroni, ella propuso a Roberto Carlés, un joven jurista cercano al kirchnerismo, cuyo pliego nunca fue tratado en el Senado.

Antes de dejar el poder, retiró el pliego de Carlés y de manera testimonial -pues era obvio que no serían tratados- mandó los pliegos de Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín como reemplazos de Zaffaroni y Fayt. Fue a finales de octubre de 2015, a poco del balotaje que terminaría ganando Mauricio Macri, quien al asumir retiró esos pliegos y propuso -ya se sabe cómo y lo hemos dicho- otros dos que sí fueron aprobados por el Senado.

Zaffaroni había renunciado el 31 de octubre de 2014, al haber alcanzado la edad máxima permitida por la Constitución para ocupar un lugar en el máximo tribunal, mientras que Fayt había dejado posdatada su renuncia al 11 de diciembre venidero.

Precisamente con Fayt había mantenido el kirchnerismo una relación tormentosa en sus últimos tiempos, cuando ese gobierno -molesto por sus fallos- comenzó a buscar con él generar una vacante. Empezó entonces a bombardear al reconocido jurista con el argumento de su edad avanzada. Carlos Fayt tenía más de 97 años y seguía en funciones, justificándose en que el límite de 75 años que había dispuesto la reforma constitucional de 1994 no corría para él, que había sido nombrado antes de esa reforma. Además, una acordada de la propia Corte lo respaldaba.

El kirchnerismo lo había puesto en la mira, cuestionando su salud mental. El entonces jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso en duda la capacidad de Fayt para ejercer su cargo, especialmente después de que firmara una acordada que ratificaba a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte.

El oficialismo llegó a impulsar una subcomisión especial en la Cámara de Diputados para investigar el estado de salud de Fayt. Fueron convocados médicos y se llegó a solicitar un examen para evaluar su capacidad. Presionaron también con impulsar un juicio político, pero a pesar de todo eso Fayt resistió, con la opinión pública a su favor, lo mismo que sectores del derecho y por supuesto la oposición parlamentaria que lo blindó ante el juicio político que no pudo avanzar.

Carlos Fayt no quiso darle el gusto a Cristina de irse antes que ella, y así es que anunció su renuncia en septiembre de 2015, efectiva a partir de diciembre de ese año, poco antes del cambio de gobierno.

Las denuncias de lawfare

Ya fuera del poder, Cristina Kirchner comenzó a recorrer los tribunales por las causas que tomaron impulso con ella ya fuera del Gobierno. Así es que comenzó a denunciar lawfare. Su tirria era con buena parte de la justicia que ella quiso reformar sin éxito, y obviamente fue potenciando su enojo con una Corte que ya no era la que había forjado su esposo entre 2003 y 2007.

No pocas veces ese tribunal quedó en la mira K durante la gestión de Cambiemos, pero una de las más notorias fue con el controvertido fallo dictado el 3 de mayo de 2017 que aplicaba el beneficio del 2x1 a un condenado por delitos de lesa humanidad. Se trataba de un beneficio establecido por la Ley 24.390 que estuvo vigente entre 1994 y 2001, y que permitía computar doble el tiempo de la prisión preventiva que excediera los dos años. El caso específico beneficiaba a Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por su participación en secuestros y torturas cometidos en el Hospital Posadas durante la última dictadura militar. Muiña había estado detenido preventivamente desde 2007, por lo que su defensa solicitó aplicar el 2x1 para reducir su condena.

La Corte convalidó ese fallo con un resultado dividido: 3 a 2. Votaron a favor Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, quienes argumentaron que debía aplicarse el principio de la ley penal más benigna, aunque la ley ya había sido derogada; mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda se pronunciaron en contra.

El fallo generó una enorme reacción negativa, con movilizaciones en todo el país, rechazo de organismos de derechos humanos y llevó al Congreso a sancionar de manera exprés una nueva ley, la 27.362, que aclaraba que el beneficio del 2x1 no podía aplicarse a delitos de lesa humanidad.

En diciembre de 2018, la misma Corte revirtió su postura en otro caso (Rufino Batalla), estableciendo que el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad. Esta vez, la mayoría fue de cuatro votos contra uno.

Las “reformas” de Alberto Fernández

Cambiemos perdió las elecciones de 2019 y Cristina volvió al poder, aunque formalmente integrando tan solo la fórmula con quien ella designó para encabezar, Alberto Fernández. Quien contradiciendo sus dichos de antaño también enarboló el discurso del lawfare y hasta llegó a reunirse con Lula en 2019, siendo él candidato presidencial y el brasileño estando preso en un penal de Curitiba.

Los operadores judiciales durante la gestión de Alberto fueron siempre camporistas y todo lo que impulsó durante su gestión tuvo detrás el impulso cristinista. Como la reforma judicial que presentó en 2020, una de las más ambiciosas de su gestión, que supuestamente venía a despolitizar y transparentar el funcionamiento del Poder Judicial; desconcentrar el poder de decisión en pocos jueces federales, y agilizar los procesos judiciales, especialmente en causas complejas como corrupción, narcotráfico y trata de personas.

El Gobierno de Alberto Fernández se propuso fusionar los 12 juzgados federales criminales con los 11 de penal económico en la Ciudad de Buenos Aires. Además, duplicaría la cantidad de juzgados para evitar la concentración de poder en pocos magistrados.

Un grupo de juristas de renombre fue convocado para asesorar al Ejecutivo sobre posibles reformas estructurales, incluyendo el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.

El proyecto fue aprobado por el Senado en agosto de 2020, pero nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. La falta de consenso político y las críticas de la oposición, que lo consideraban un intento de influir en causas judiciales sensibles, frenaron su avance.

El choque entre el kirchnerismo y la Corte se intensificó a partir de un fallo del máximo tribunal de diciembre de 2021 sobre el Consejo de la Magistratura. Recordemos que estaba vigente desde 2006 una ley impulsada por Cristina Kirchner, que había reducido la cantidad de miembros del Consejo de 20 a 13, como así también excluía al presidente de la Corte de su conducción. Esto aumentaba el peso de los representantes políticos dentro del organismo.

El fallo de la Corte de diciembre de 2021 declaraba inconstitucional esa reforma de 2006, argumentando que rompía el equilibrio de representación exigido por la Constitución. Así las cosas, ordenaba volver a la composición anterior (20 miembros) y designaba al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como titular del Consejo.

El kirchnerismo, especialmente desde el Senado bajo la presidencia de Cristina Kirchner, resistió la implementación del fallo. Hubo maniobras para designar representantes propios en el Consejo, lo que generó nuevas tensiones con la Corte y hasta un fallo que invalidó lo actuado. Desde entonces, el conflicto se convirtió en un símbolo de la disputa más amplia entre ese oficialismo y el Poder Judicial.

En el ínterin, el Congreso no había logrado consensuar una nueva ley, como sugería el máximo tribunal, pero dando un tiempo perentorio, por lo que se volvió a la estructura previa a 2006. El kirchnerismo denunció un “golpe institucional” por parte de la Corte, mientras que el tribunal defendió su rol como garante de la Constitución.

La ampliación de la Corte 

Otro intento que quedó en la nada fue el de ampliar el número de integrantes del máximo tribunal. Fue en 2022, y originalmente el proyecto pretendía elevar el número de cortesanos de 5 a 25, con el argumento de asegurar una representación federal, garantizar la paridad de género y mejorar la eficiencia y pluralidad del Tribunal Supremo.

El proyecto avanzó en el Senado, donde fue aprobado el 22 de septiembre de 2022 con 36 votos a favor y 33 en contra. Eso sí, durante el debate, se modificó la propuesta original y se redujo la cantidad de miembros proyectados de 25 a 15. Fue a instancias del gobernador rionegrino, cuyo voto en el Senado era clave.

Pero a pesar de la media sanción, el proyecto no fue tratado en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no contaba con los votos necesarios para aprobarlo. La oposición lo rechazaba de plano, acusando al kirchnerismo de querer politizar la Corte y presionar al Poder Judicial en medio de causas judiciales sensibles para Cristina Fernández de Kirchner.

La relación del cuarto gobierno kirchnerista con la Corte Suprema estuvo marcado por constantes cortocircuitos, como el que generó otro fallo del Tribunal Superior, en este caso sobre la coparticipación de CABA, emitido el 21 de diciembre de 2022.

Fue una decisión clave en el conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por la distribución de fondos coparticipables, que tuvo su origen dos años antes, cuando en plena pandemia el presidente Fernández firmó un decreto reduciendo el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, del 3,5% al 2,32%, con el argumento de destinar esos fondos a la provincia de Buenos Aires para atender una protesta salarial de la Policía Bonaerense.

A instancias de Horacio Rodríguez Larreta, la Ciudad presentó un amparo ante la Corte y consiguió una cautelar a su favor. Allí se ordenaba que el Estado le transfiriera a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, de forma diaria y automática a través del Banco Nación.

Como había habido en el ínterin una ley que respaldó lo dispuesto por decreto en 2020, el fallo de la Corte suspendía la Ley 27.606, estableciendo que mientras se resolvía la cuestión de fondo, el Estado nacional debería abstenerse de aplicar esa ley que había reducido la participación de CABA en la coparticipación.

El fallo reafirmaba también que desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires tiene un régimen de gobierno autónomo, y por lo tanto debe participar plenamente en el sistema federal de coparticipación.

El juicio político a la Corte

Y llegamos al principal punto de quiebre entre el kirchnerismo y el Tribunal Superior, que fue cuando el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner impulsó un proceso de juicio político contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El propio Alberto Fernández anunció públicamente el 1 de enero de 2023 que impulsaría el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema. La decisión se basaba originalmente en fallos judiciales que el oficialismo consideraba parciales o contrarios a la Constitución; y filtraciones de chats entre funcionarios judiciales y políticos que, según el kirchnerismo, evidenciaban connivencia y falta de imparcialidad.

El pedido fue presentado en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, a sabiendas de que nunca prosperaría, pues ese oficialismo no contaba con los 2/3 necesarios para que el proceso pudiera llevarse a cabo después en el Senado. Así y todo ese oficialismo dedicó todo su último año en el poder a debatir casi semanalmente el tema en la Comisión de Juicio Político, centrando sus acusaciones en la supuesta malversación de fondos del Poder Judicial; fallos que según el oficialismo violaban la división de poderes, e irregularidades en el manejo del Consejo de la Magistratura.

Pasaron las elecciones presidenciales y la comisión, que ya había perdido casi todo el impulso inicial, terminó emitiendo un dictamen que nunca llegó al recinto. Ese oficialismo nunca lo mandó a sabiendas de que no contaba con los dos tercios.

No hubo entonces consecuencias para los jueces de la Corte, que jamás atendieron los requerimientos que desde esa comisión se les hicieron.

Para entonces, Cristina Fernández de Kirchner ya había sido condenada por un tribunal oral por corrupción. El fallo fue ratificado luego por la Cámara y -hace pocos días- convalidado por la Corte Suprema de Justicia. Sellando una ruptura definitiva entre el kirchnerismo y el máximo tribunal.

Unión por la Patria calificó el fallo como parte de una "persecución política, mediática y judicial". La expresidenta habla desde hace tiempo de un “Partido Judicial” que busca condicionar la voluntad popular, y calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de impresentables” y “monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos”, sugiriendo que no actúan con independencia sino bajo presiones externas.

Respecto del caso en sí, la defensa de Cristina cuestiona la incorporación de pruebas como el llamado “plan limpiar todo”, que habría sido introducido de forma irregular por el fiscal Diego Luciani. Alegaron que se violó el principio de congruencia y que hubo manipulación del proceso.

Amén de ello, sostienen que el fallo tiene un efecto proscriptivo, ya que impide a Cristina Kirchner presentarse como candidata, lo que consideran un intento de excluirla del juego democrático.

Como sea, por tratarse de la Corte Suprema, la decisión es definitiva. Como definitiva es la ruptura de una relación que, como queda claro en este informe, supo ser muy distinta.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, presidida por el senador nacional Luis Juez, aprobó por unanimidad el dictamen acusatorio contra el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque.

El dictamen, que fue impulsado por los consejeros Álvaro González (diputado nacional del Pro) y Alberto Maques, deberá ser ahora sometido a votación en el plenario del organismo para definir si el magistrado es enviado a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.

No obstante, Bailaque presentó su renuncia al cargo, la cual fue fechada para hacerse efectiva a partir del próximo 1° de julio. La decisión sobre aceptar o rechazar la dimisión está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de que no sea aceptada, el juez continuará siendo investigado por el Consejo.

Por sus fueros no cumple con prisión preventiva, sin embargo, por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Bailaque actualmente se encuentra en prisión domiciliaria, investigado en tres causas penales por presuntas extorsiones y vínculos con el narcotráfico, hechos que desmiente categóricamente.

En uno de esos procesos, al juez se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. Por este expediente, un ex AFIP de Rosario se presentó como arrepentido.

En la anterior reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Bailaque había presentado su descargo en un sinfín de hojas. En ese encuentro puso a disposición su renuncia, pero la misma no fue aceptada y este jueves se avanzó con el dictamen.

En medio del parate forzado que atraviesa el Poder Legislativo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura se reunirá este jueves a las 10.30 para avanzar con la destitución del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Según supo parlamentario.com, el magistrado presentó la renuncia antes del encuentro para evitar el juicio político, pero quedó en suspenso.

A pesar de que los integrantes del Consejo de la Magistratura que provienen de Unión por la Patria no se presentarán en repudio a la condena contra Cristina Kirchner, los demás integrantes consideraron que tendrán el número para poder avanzar con la destitución del juez acusado de vinculación con el narcotráfico.

Quienes sí estarán presentes en representación del Poder Legislativo son los diputados nacionales Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR); y los senadores Luis Juez (Pro) y Eduardo Vischi (UCR).

Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley; y los senadores Mariano Recalde (CABA) y María Inés Pilatti Vergara (Chaco) son los cuatro representantes del Frente de Todos, reconvertido en Unión por la Patria, que, en principio, estarán ausentes en la reunión de este jueves de la Comisión de Acusación.

El organismo judicial ya había recopilado una serie de pruebas en contra del juez federal por las que se emitió un despacho. En paralelo, el magistrado está imputado en tres causas penales. En uno de esos procesos, se lo acusa de armar una causa contra dos financistas para cobrarles una coima. Por este expediente, un ex AFIP de Rosario se presentó como arrepentido.

En la anterior reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Bailaque presentó su descargo en un sinfín de hojas. En ese encuentro puso a disposición su renuncia, pero la misma no fue aceptada y se prevé que en la reunión del jueves se avance con la suspensión y posterior juicio político para destituirlo.

Las otras acusaciones que enfrenta Bailaque están relacionadas a prevaricato, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Cabe recordar que el magistrado se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. La resolución se conoció el pasado 19 de mayo y estará vigente por 90 días.

El jefe de bancada Pro en el Senado, Luis Juez, tuvo un exabrupto este miércoles durante una reunión virtual con los demás integrantes del Consejo de la Magistratura. Sin darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, el cordobés lanzó: "Una moneda le vamos a sacar".

Los dichos de Juez se dieron mientras el Consejo votaba por hacer efectiva una sanción del 30 por ciento del sueldo al juez Miguel Ángel Guerrero, presidente del juzgado federal de El Dorado, Misiones, por actos de "maltrato" a su personal.

Ante esto, el secretario del Consejo le advirtió a Luis Juez sobre la situación y el episodio generó voces y risas por lo bajo, mientras el senador se acomodaba en lo que parecería ser un despacho personal.

Consultado por medios gráficos, Juez aclaró: "Tenía el micrófono abierto y se lo estaba diciendo a mis asesores. ¿Cómo no le vamos a sacar una moneda si para sancionar a un juez con el 30 por ciento del sueldo solo por un mes tardamos 3 años con esta causa? Como decía Juan Perón, la fibra más sensible es el bolsillo".

"Luis Juez":
Por este momento durante la reunión del Consejo de la Magistratura pic.twitter.com/AgRL5seR95

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 10, 2024

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se investigue y encuadre la conducta de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, por el fallo que dictaron recientemente en la causa de los cuadernos de las coimas durante la administración kirchnerista.

“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política, de distintos partidos políticos, para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la CC y señalaron: “Para nosotros este fallo es institucionalmente muy peligroso ya que exculparía de la causa penal a todos los empresarios que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Por eso, creemos que debe investigarse a los tres jueces”.

A su vez, plantearon que “el Consejo de la Magistratura también debería analizar la conducta de los jueces de este Tribunal Oral a los efectos de conocer las razones de la demora en dictar sentencia y concluir el proceso penal”.

En la sentencia, los jueces sostuvieron que las presuntas coimas pagadas por algunos empresarios a funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces —entre los que está Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri— “no deben interpretarse como sobornos, sino como aportes de campaña electoral no declarados”. Así, evitarían que sean juzgados penalmente en la causa “cuadernos”.

A dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en 2006 y restituyó la de 1997, que establecía otra integración, se completó finalmente este lunes la composición del órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

En el último día hábil previo a la asunción del nuevo gobierno, el máximo tribunal resolvió a favor del senador Luis Juez, actual jefe del bloque Pro, en su reclamo contra lo que había sido la decisión de la exvicepresidenta Cristina Kirchner de designar al camporista Martín Doñate como consejero para el período 2022-2026.

En su primer decreto como presidenta del Senado, Victoria Villarruel firmó la designación de Juez "en representación de la segunda minoría".

Hoy juré como miembro del @cmagistratura. Después de un año de batalla judicial, la Suprema Corte falló para que se haga justicia.
Agradezco a quienes me acompañaron con la convicción que no hay que bajar los brazos. Voy a cumplir con mi función defendiendo siempre la verdad. pic.twitter.com/AHMPons4GR

— Luis Juez (@ljuez) December 18, 2023

Este lunes, el cordobés prestó juramento ante el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Del acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, participaron además el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Asimismo, estuvieron presentes los consejeros Guillermo Tamarit, María Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero, Miguel Piedecasas, Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, Álvaro González y Eduardo Vischi.

También estuvieron el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio; el secretario judicial a cargo de la Secretaría de Administración de la Corte, Damián Font; el expresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle; y funcionarios de la Corte y del Consejo.

De esta manera, en representación del Poder Legislativo, en el Consejo se encuentran los diputados Vanesa Siley (UP), Rodolfo Tailhade (UP), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR); y los senadores María Inés Pilatti Vergara (UP), Mariano Recalde (UP), Eduardo Vischi (UCR) y Luis Juez (Pro).

Luego de que la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó el decreto parlamentario que habilita al senador nacional y titular del bloque Pro, Luis Juez (Córdoba), para incorporarse al Consejo de la Magistratura, el legislador liquidó a Cristina Fernández de Kirchner: “Frenó al Consejo y rompió la confianza de las relaciones en el Senado”.

El senador apuntó con dureza contra la exvice quien maniobró en el Senado para evitar su designación en esa banca: “Cristina frenó al Consejo de la Magistratura, rompió la confianza de las relaciones en el Senado. Dejó la vara en el piso con el gesto que se fue", dijo para hacer alusión al exabrupto de "fuck you" con la que ella respondió contra los manifestantes que la insultaron en la entrada al Congreso. Y añadió sin filtro: "Se fue por la claraboya del baño".

"Lo que hicieron en el Consejo de la Magistratura, trabando la posibilidad de investigar y de designar jueces y fiscales, y más en este contexto del crecimiento del narcotráfico, no tiene precedentes. Intentar divisiones de bloques para quedarse con un lugar que no le correspondía ha sido una práctica casi en todas las órdenes del Estado", explicó Juez en diálogo por CNN Radio y apuntó: "Se aferraron al poder de una manera casi enfermiza".

Así, manifestó que con la salida de la exvicepresidenta de la titularidad del Senado: “Se respira otro clima", aunque reconoció que aun así se deberá “construir una mayoría, porque nadie la tiene ni en Diputados ni en el Senado". "Va a haber un componente más notable de La Cámpora que hubo en estos últimos dos años en el Senado", señaló.

Consultado por la gobernabilidad que tendrá el nuevo Gobierno, consideró que "se vienen momentos extremadamente complejos en la Argentina y esperemos que le vaya bien a esta gestión. Han dejado un campo minado y una situación económica y social inestable", y reiteró: "Nuestro mayor aporte al gobierno de Milei es darle respaldo legislativo, y el respaldo legislativo hay que construirlo".

En este punto enfatizó: "Será complicado porque el peronismo se prepara para estar en la resistencia. La historia argentina dice que cuando estos vándalos no gobiernan, son absolutamente destituyentes. Esto ha pasado siempre, son los dueños del caos".

Es por eso que calificó al sindicalismo como "esa sarta de vagos que no movieron un dedo para defender el salario real" y apuntó al hecho de que no le hayan hecho un solo paro "al peor presidente de la historia argentina". También señaló a las organizaciones sociales, que tienen "dirigentes piqueteros multimillonarios" y que llevan a la gente "en camiones jaula como vacas y las ponen en la calle sin saber por qué".

"Van a hacer un terrible quilombo, hay que decir las cosas como son y hay que contarle la verdad a la gente", lamentó el senador.

Por otro lado, Juez se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y sostuvo que es momento de que la coalición realice "un proceso de autocrítica" tras la derrota en las elecciones. "Nosotros perdimos todas las oportunidades, todo lo que tocamos lo hicimos mal, este año fue un espanto. Me dio envidia verlo a Milei jurar porque ese era un lugar nuestro", se lamentó.

Finalmente, se refirió a una conversación reciente que mantuvo con Mauricio Macri y reveló que el expresidente "es consciente que desperdiciamos oportunidades", ya que el espacio "fue incapaz de interpretar el momento histórico".

La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, firmó este lunes el decreto parlamentario que habilita al senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) para incorporarse al Consejo de la Magistratura.

Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia, presidida por Horacio Rosatti, informó en un fallo que el Senado tenía 5 días para integrar al senador cordobés como consejero para el período 2022/2026.

Sería la primera vez en casi dos años que el organismo tendrá a sus 20 integrantes, luego de haber funcionado con 19 desde el 2022. También, continuará el diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) a quien se le vencía el mandato, pero con la renuncia de Maximiliano Guerra, ingresó para un periodo legislativo más.

Así las cosas, Juez, Eduardo Vischi (UCR), Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara (UP) serán los representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura. Mientras que González, Roxana Reyes (UCR), Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade (UP), los cuatro miembros de la Cámara de Diputados.

A semanas del recambio de la mitad de la Cámara, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llevó a cabo una audiencia pública en la que los aspirantes a ocupar un cargo en el Consejo de la Magistratura porteña expusieron su trayectoria profesional y sus antecedentes.

Tras la audiencia, los pliegos de los tres elegidos conformarán un dictamen del plenario de comisiones y serán votados en una sesión especial en el recinto que ya fue convocada para el jueves 7 de diciembre a las 10.

Se trata de un organismo clave para la designación y remoción de jueces, por lo que los aspirantes a los cargos deben contar con una amplia trayectoria. Los mismos buscarán cubrir los tres puestos que quedaron vacantes tras la finalización de los mandatos de Francisco Quintana, Alberto Biglieri y Ana Salvatelli.

A lo largo de la audiencia expusieron Santos Juan, Luis Duacastella Arbizu, Juan José Milone, Manuel Izura, Diego García Vilas, Ricardo Casares, Lorena Clienti, Karen Loisa y José Lucas Magioncalda; mientras que Hernán Najenson, Martín Ocampo y María Isabel Radrizzani Halliburton estuvieron ausentes.

En este contexto, Duacastella Arbizu afirmó que “una de las misiones fundamentales como consejero será bregar para lograr la transferencia del Gobierno federal de justicia llamada nacional ordinaria que nos corresponde”.

Mientras que Izura planteó que “la transferencia es un tema que no tiene vuelta atrás y eso va a redundar en una política exitosa”, en tanto que se mostró a favor de “un ingreso democrático” a la justicia “que se dé a través del esfuerzo y del mérito y que sea accesible para todos”.

En tanto, Clienti concluyó señalando que “de tener el honor de ser designada por esta honorable Legislatura”, trabajará “para fortalecer la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires consagrada en el artículo 129 de la Constitución nacional” y también indicó que se abocará a “la cuestión pendiente de la transferencia del fuero ordinario”.

El juez federal de Mendoza Walter Bento fue destituido este miércoles por el jurado del Consejo de la Magistratura que consideró probado que el magistrado incurrió en “mal desempeño” de sus funciones. Tras la decisión del Consejo, por 6 votos a favor de la destitución contra uno, Bento quedó detenido, tras perder la inmunidad de arresto.

En el fallo del jurado se advierte que a partir de haber conocido el inicio de la investigación, el juez “realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación”.

El jurado fue integrado por los senadores Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular) y José Torello (Pro); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Clara Romero (Pro); los camaristas Javier de la Fuente y Javier Leal de Ibarra y el abogado Alfredo Barrau.

Bento escuchó la sentencia en los tribunales federales de Mendoza escoltado por dos policías federales. Tras la lectura del veredicto, fue notificado por el Tribunal Oral Federal 2 sobre la decisión de detenerlo, trámite que se llevó a cabo a continuación.

Miembro informante y autor del dictamen acusatorio, el diputado nacional del Pro Pablo Tonelli señaló que “el ex juez Bento por haber incurrido en mal desempeño en sus funciones. Me tocó hacer la investigación previa en el Consejo de la Magistratura, y hoy el Tribunal de Enjuiciamiento se pronunció a favor de destituirlo en base a nuestro dictamen acusatorio”.

El legislador destacó que, a pesar de los intentos en contrario, “Bento no es más juez federal y dejará de ‘impartir justicia’ llevando una gran tranquilidad a la gente y ratificando que las instituciones funcionan”.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Roxana Reyes (UCR) celebraron a través de sus redes sociales que el Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”.

“Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la Ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes para poder postularse”, explicó Carrizo en su red social “X” y destacó: “Un primer gran paso para que el sistema judicial comience a saldar una gran deuda en la protección de niñas/os y adolescentes en Argentina”.

Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes… pic.twitter.com/cp76eesPkP

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) October 6, 2023

En el mismo sentido, Reyes expresó: “¡Gran noticia! La Ley Lucio ahora es formación obligatoria para quienes aspiren a la magistratura, asegurando así la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.  Seguimos en camino hacia una justicia más justa y equitativa”.

La norma fue sancionada el 13 de abril por el Senado por unanimidad y reglamentada el 3 de mayo. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Luego de tres semanas sin reunión, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados retomó el proceso que lleva adelante contra los jueces de la Corte Suprema y comenzó con el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”, a partir de lo acontecido con ese órgano -encargado de la selección y remoción de jueces- a partir del fallo de diciembre de 2021 por el cual el máximo tribunal declaró inconstitucional la Ley 26.080 de 2006 y restituyó la derogada Ley 24.937, modificando la composición del Consejo. 

Tras un repaso de lo actuado hasta ahora y el anticipo de que se avanzará desde el oficialismo con el dictamen de acusación contra el magistrado Juan Carlos Maqueda (por la causal irregularidades de la obra social), la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), explicó la hipótesis de su bloque en esta causal y afirmó que se dio una “asunción de forma irregular de la presidencia de la Corte por parte del doctor (Horacio) Rosatti por el autovoto” con el “objetivo de luego asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura”. 

La entrerriana sostuvo que hubo una “cooptación del Consejo de la Magistratura” y acusó al presidente del máximo tribunal de tener “vinculación con el Colegio de Abogados (de la calle Montevideo), parte actora de la causa” contra la Ley 26.080. “El fallo fue dictado diez días después que el Poder Ejecutivo Nacional enviara el proyecto de ley de reforma” del Consejo, recordó y apuntó que “demoraron el fallo para que salga cuando Rosatti detentara la presidencia de la Corte”. 

La oficialista cuestionó que al Congreso se le dio “un plazo arbitrario” para sancionar una nueva norma y “se encontraba presionado indirectamente para dictar una nueva ley en el plazo de 120 días corridos”. Además, “la Corte se arrogó facultades legislativas al restituir la Ley 24.937, que había sido derogada por el Congreso hacía 16 años”, agregó. 

También señaló que en el año 2006 la Corte “había dejado de integrar y presidir el Consejo de la Magistratura”, pero a partir del fallo de diciembre de 2021, que determinaba que el Consejo pasara de 13 a 20 miembros nuevamente, se dio “una manipulación de la conformación del Consejo de la Magistratura, a través de fallos y acordadas” relacionados a los planteos de la oposición -sobre todo del Senado-. 

Gaillard añadió que a este proceso se sumó la aparición de los supuestos chats filtrados desde el celular de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, en los que Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, “le asesora cómo debían proceder en el Senado de la Nación respecto del Consejo de la Magistratura”. En la última reunión, el pasado 29 de agosto, cuando D’Alessandro se presentó ante la comisión aseguró que esas conversaciones son falsas. 

A su turno, la diputada Vanesa Siley (FdT) recordó que la causa Colegio de Abogados “vivió en el sistema judicial 15 años sin ser resuelta” y “en la Corte vivió sin ser resuelta cuatro años”. Al recordar que “cuando asume Cambiemos el gobierno, con Mauricio Macri en la presidencia y Germán Garavano en el Ministerio de Justicia, cambia la postura de la Corte, y después vuelve a cambiar cuando asume otro color político” en referencia al Frente de Todos. 

La oficialista subrayó que durante la gestión de Cambiemos se pidió “la suspensión de plazos en la causa” con motivo de que Garavano iba a presentar un proyecto de ley de reforma del Consejo, el cual efectivamente se envió pero no se trató, y “la Corte Suprema le concedió suspensión de plazos, no se apuró”. Sin embargo, a pesar de que el gobierno del Frente de Todos mandó en diciembre de 2021 una iniciativa que “era igual” a la de Garavano, “la Corte no le dio tiempo y falló inmediatamente”. 

“No era lo mismo que salga este fallo cuando era presidente (Ricardo) Lorenzetti que si era presidente Rosatti”, opinó la legisladora, que observó que “a partir de septiembre de 2021 cambió el tiempo en la Corte Suprema y había que apurarse”. “Por eso enerva que el mismo presidente de la Corte haya firmado el fallo. El interés comprometido era explícito y alevoso: que el que preside la Corte, presidirá el Consejo”, expresó. También cuestionó que se le haya dado al Congreso un plazo de 120 días de “imposible cumplimiento”. 

Siley denunció además que “desde que llegó Rosatti al Consejo de la Magistratura se ha paralizado el avance de las causas y las ternas que estaban todas listas para salir”. “Hoy el Consejo de la Magistratura es un Consejo irregular” porque “el senador (Martín) Doñate todavía no asumió por decisión de la Corte, que se sienta de los dos lados del mostrador”, completó la oficialista, quien integra el Consejo.

De la vereda de enfrente, el diputado Pablo Tonelli (Pro) arrancó: “Los hechos a los que se refirió la diputada Siley son correctos y son veraces, eso hay que reconocerlo. Ahora, la interpretación es absolutamente errada. Lo que falta en el análisis de la diputada Siley y que es muy relevante es el rol del Congreso en todo esto, porque aquí no hay que soslayar que los que estamos en deuda somos nosotros, los legisladores. Ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo en diciembre de 2017 nunca logramos dictaminarlo, ni siquiera en contra”. E incluso recordó que él era presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y “pese a los esfuerzos” no logró que se avance.

Para el macrista, “es razonable que la Corte haya fijado un plazo” porque sino la sentencia se hubiera vuelto abstracta; y contestó además que “es muy discutible” que en 120 días no se haya podido aprobar la ley ya que “el proyecto de Ganancias se aprobó en tres días”. “La media sanción del Senado nunca nos pusimos a debatirla en serio y dictaminarla”, sumó sobre el proyecto con media sanción que salió luego del fallo. 

Finalmente, el legislador de Juntos por el Cambio insistió que “esto pasó porque el Congreso no sancionó una nueva ley”. “Hay un déficit en la actuación del Congreso. En la argumentación del oficialismo falta analizar nuestro rol”, dijo. 

Los argumentos de Peñafort

La primera en brindar testimonio este jueves fue la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, quien recordó que “cuando llegó la notificación que declaraba la inconstitucionalidad de distintos artículos” de la Ley 26.080 tomaron contacto con la Cámara de Diputados y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y decidieron “avanzar con el cumplimiento de la sentencia”. Pero luego “se introdujo una medida cautelar que trabó un poco el proceso y vinieron los reclamos que hicieron (Luis) Juez y (Humberto) Schavoni”, los senadores del Pro que reclamaron por las designaciones de quienes debían ingresar como consejeros a partir de la restitución de la antigua ley. 

La abogada habló del caso “Juez 1” para referirse al reclamo sobre quienes “debían designarse como nuevos representantes hasta completar el proceso que estaba pendiente”, que terminaba en 2022; y de “Juez 2” de reclamo contra “el decreto presidencial que designó a Doñate para el período 2022-2026”. 

“La posición del Senado fue ratificada por las distintas instancias (inferiores) y estamos en recurso extraordinario, que no ha sido resuelto”, señaló y explicó que eso todavía no ha pasado porque la Cámara alta también reclamó que los jueces “deberían haberse excusado de intervenir”. “A la fecha los expedientes juntan polvo, tanto administrativa como judicialmente, y en las oficinas de la Corte no hemos tenido respuesta”, añadió. 

“Deberíamos ponerle nosotros un plazo a la Corte, ellos nos pusieron 120 días y ellos hacen más de un año y medio que no resuelven un tema sumamente sensible”, se quejó el diputado Rodolfo Tailhade (FdT), que fue el único en hacerle las preguntas a Peñafort. 

Sobre la designación de Doñate para el período 2022-2026, decreto de la presidenta Cristina Kirchner que se refrendó en el recinto incluso, la directora de Asuntos Jurídicos detalló que “el bloque Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, el bloque UCR tiene 18 miembros, el bloque Unidad Ciudadana tiene 14 miembros y el bloque (Pro) que está obturando y querellando esto tiene 8 miembros”. “La pretensión de Schiavoni es que se designe a la cuarta minoría del bloque que él integra con Juez, lo cual es incluso contrario al texto de la ley que resucitó la Corte”, resaltó. 

La candidata a diputada de Unión por la Patria consideró que la Corte ha interferido “en competencias exclusivas y excluyentes del Senado de la Nación respecto de la articulación de sus bloques”, de acuerdo establece el artículo 55 del reglamento del Senado. 

En otro tramo de su testimonio, afirmó que “resucitar la presidencia de la Corte (en el Consejo) es algo que se le ocurrió a la Corte. No era algo que había sido planteado en la causa de Colegio, y se hizo sin ningún fundamento y sin que lo pidiera la parte”. 

“El fallo (de inconstitucionalidad de la ley de 2006) salió en diciembre cuando ya se cerraba el año legislativo y no se consiguió en 120 días sacar un proyecto de ley”, defendió. 

Luego retomó que “a nuestros planteos todavía no se les ha dado respuesta porque hay una cuestión pendiente que es resolver el planteo de recusación que ha realizado el Senado” y, sobre esto, dijo que el planteo se debe a que “no se puede ser juez y parte. Cuando Rosatti asume la presidencia del Consejo pasa a ser parte y no se puede estar de los dos lados del mostrador”. 

Peñafort también hizo referencia a los chats entre Robles y Marcelo D’Alessandro, donde se ve “la instrucción por parte de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviese una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura; y que después fue la que llevó adelante”. “De ahí el razonable temor sobre la imparcialidad de Rosatti para resolver sobre este tema”, dijo. 

Ya en una pregunta más personal por parte de Tailhade, la abogada reveló: “Cuando sucedió el autovoto de Rosatti como presidente de la Corte Suprema yo publiqué una serie de notas recordando el otro caso de autovoto que fue el de Julio Nazareno, a finales del gobierno de Carlos Menem”. Aspecto que, enfatizó, estuvo presente en el dictamen de juicio político contra Nazareno que hizo la exdiputada Elisa Carrió, al sostener que “el autovoto era una burla al sistema republicano”. 

“Muchos años después nos encontramos con alguien que venía de otra historia, fue un convencional constituyente, con excelentes intervenciones en la reforma de 1994, un reconocidísimo profesor de derecho constitucional, alguien muy distinto a Julio Nazareno”, enumeró sobre Rosatti, pero le criticó haber decidido “tirar por la borda todo ese prestigio y convertirse en Julio Nazareno”. "Yo admiraba a Rosatti, lo admiraba", aseguró y lamentó que “ya el hecho de haber asumido por decreto fue un gran golpe a la imagen que yo tenía de él".

El testimonio de Rizzo

El segundo testigo de la 22° jornada del juicio político que se tramita contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia fue Jorge Gabriel Rizzo, quien concurrió en su condición de expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.

Actual consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y cuatro veces consejero nacional, entre 2006 y 2022, este abogado expuso sobre la causa que ese Colegio planteó sobre el Consejo de la Magistratura, que derivó finalmente en la inconstitucionalidad de la ley vigente y retrotrajo todo a la ley original.

Rizzo contó que cuando al frente de la agrupación Gente de Derecho asumieron al frente del Colegio Público de Abogados, en 2006, tuvieron un debate en torno a una demanda que estaba preparando el abogado Daniel Sabsay, pero también tenían otra de Ricardo Monner Sanz, a la que terminaron adhiriendo. “Nos presentamos avalando”, dijo, en un juicio en cuyo final en 2014 tuvo sentencia de la Corte rechazando la legitimación de la presentación de Monner Sanz, pero aceptando la del Colegio.

“En el medio, nosotros como lista Gente de Derecho sacamos el fallo que tiene mi apellido por el cual se declaró la inconstitucionalidad de la ley que se llamó Democratización de la Justicia”, recordó.

El rechazo a Monner Sanz fue porque en la demanda había planteado que debía haber “representación igualitaria” y la respuesta fue que tenía que ser “equilibrada”. Por ese tecnicismo que consideró exagerado fue que lo rechazaron. “La Corte podría haber soslayado ese tecnicismo” para una causa que transcurrió 15 años en todo el sistema judicial y 4 en la Corte Suprema.

Rizzo recordó que cuando en tiempos del kirchnerismo se dio el debate de la Ley de Democratización de la Justicia “vinimos al Congreso y yo le dije al equipo: tenemos que ir, pero con un proyecto”.

La ley se aprobó, en el ínterin cambió el color político del país, entraron nuevos ministros a la Corte y a mitad del gobierno de Mauricio Macri, Rizzo contó que lo llamaron desde la Corte para expresarle su preocupación y contarle que iban a tener que resolver sobre el tema del Consejo de la Magistratura, pero en ese marco le preguntaron si había alguna posibilidad de “que la política dictara un fallo”. “Lo llamé a el ministro Germán) Garavano y le pregunté si tenían interés –recordó Rizzo-. Me dijo que sí, y le dije que tenía un proyecto. ‘Traelo que lo vemos’, me dijo”.

En esa reunión participaron también, según recordó, Garavano, Pablo Tonelli, Juan Mahiques, Guillermo Lipera y algún representante de los jueces, con quienes se pusieron a trabajar. En ese marco le dijeron que habría que arreglar también “con los kirchneristas”, ante lo cual él se comprometió a interceder, pues mantiene buena relación con muchos. “Hablé con los que yo conocía y dijimos ‘el proyecto va a salir’”.

Sin embargo, el abogado advirtió que en el plenario veía que no había homogeneidad en el tratamiento del tema.

La diputada oficialista Vanesa Siley le preguntó si la Corte tenía intención en el año 2017 de sacar el fallo, a lo que Rizzo respondió negativamente. “No creía que un tema político debiera ser solucionado por la Corte”, respondió.

“Llegamos a un consenso entre todos, pero había un tema que era puntual”, dijo, en referencia a que él piensa que los legisladores no deben ser parte del Consejo de la Magistratura, sino poner representantes. “Por el tema del full time”, explicó, y puso como ejemplo que así es en el Consejo de la Magistratura porteño. Por eso confesó que hizo “una trampita” en el texto del proyecto que elaboraban, al poner “los legisladores o sus representantes”.

“Me llaman de la Corte y me dicen: ‘El proyecto está bien, pero no queremos estar’”, poniendo como justificativo lo que había sucedido con el ex miembro de la Corte Augusto Petracchi en 2004. Tampoco el doctor Carlos Fayt quería que estuviera la Corte representada en el Consejo de la Magistratura, contó Rizzo, con el argumento de que “convertía una suerte de hegemonía de la Corte sobre el Consejo”.

Por eso en el texto que armaron no había miembros de la Corte. Allí también Tonelli insistió con el tema del impuesto a las Ganancias, recordó también Rizzo, para quien “trabajamos muy bien”, e incluso con los representantes kirchneristas había buena sintonía.

En ese marco Rizzo contó que trabajaron bien hasta que recibió un llamado telefónico que atribuyó a “un operador” que le dijo que “el proyecto no sale porque a nosotros nos sirve este dibujo”. Rizzo contó entonces que apagó el teléfono y se mandó a mudar. “¿Para qué me hacen trabajar?”, se quejó. Luego reiteró que hablaba de “un operador”, cuyo nombre no recordaba. “¿Qué quieren que les diga, que fue (Daniel) Angelici?... Se los digo”.

Su mirada sobre las diferentes Cortes

Respecto de los cambios de postura en el seno del Tribunal Superior, Rizzo sostuvo que “la Corte cambia de ideas cada dos años, tiene que ver con su composición”.

Elogió con énfasis la Corte de tiempos de Néstor Kirchner, que definió como “los siete magníficos”. Y consultado sobre la Corte actual, dijo que “lo que me molesta es la creencia de que saca los fallos a la carta, y es una sensación que tiene el pueblo”.

“De alguna manera hay que equilibrar la Corte. Nunca fui partidario de ampliarla, pero en este momento no hay más remedio que llevarla a 7 o 9. Con 4 miembros no se puede continuar”, sentenció.

Respecto del autovoto de Horacio Rosatti, aclaró que “no es ilegal”, pero “tampoco es de estilo en la Corte Suprema”. “Igual no me gusta, no me gusta para nada… Lo peor es que se votó estando un ministro ausente”.

En el reinicio del juicio político que se desarrolla contra los miembros de la Corte Suprema -el último encuentro data del 29 de agosto pasado-, comenzó el tratamiento de la causa conocida como Consejo de la Magistratura. Pero previamente la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un repaso de lo actuado y trazó una hoja de ruta de lo que viene, de cara a la sustanciación de un informe final que anticipó se analizará y votará en esa comisión antes de fin de año.

“Comenzamos por la causa 2x1 y la posible connivencia de algunos integrantes de la Corte Suprema con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, para beneficiar a genocidas y represores, con el fallo Muiña”, arrancó la diputada entrerriana, que recordó que siguieron con las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial. En ese sentido destacó que se investigó solo una etapa, que es aquella en la que supervisó la Obra Social el juez Maqueda, y anunció que “en esta causa estamos en condiciones de circular ya el informe que sustenta el dictamen de acusación” contra ese magistrado.

Recordó Gaillard que el mismo fue trasladado a Juan Carlos Maqueda para que formulara su descargo, mas este no lo contestó, ante lo cual se procederá ahora a realizar el dictamen de acusación correspondiente. Previamente se circulará a los miembros de la comisión el resumen de los cargos formulados.

Luego vino la investigación de la causa “Coparticipación”, donde Gaillard informó que se encuentra mayor grado de responsabilidad en Horacio Rosatti, presidente de la Corte. A lo largo de las distintas audiencias realizadas sobre este tema, consideró que “hay constancias probatorias para avanzar en el informe correspondiente, que será también socializado entre los miembros de esta comisión, para luego proceder a realizar el dictamen de acusación correspondiente”.

Así las cosas, se avanzará ahora con la causa Consejo de la Magistratura. Respecto a ello, la presidenta de la comisión expresó que “algunos testigos (de esta causa) ya vinieron, por lo cual consideramos que con una sola reunión es suficiente”. Por eso sostuvo que consideran avanzar en la siguiente reunión con la última causa, que adelantó será sobre “abuso de poder”, y corresponde a la denuncia de juicio político formulada por la Coalición Cívica, a instancias de la diputada Paula Oliveto, que representó una denuncia elevada en su momento por Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, por distintos motivos.

Ampliación de prueba

Luego de que el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntara si en la causa Obra Social solo sería acusado el doctor Maqueda, la presidenta de la Comisión de Juicio Político aclaró que “en principio sí, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al resto de los ministros”, y recordó que justamente había sido creada una subcomisión para investigar otros períodos. Al respecto, le recordó a López que ellos aún no habían detallado a quiénes sugerirían para incorporar a la misma.

El presidente del bloque CC-ARI recordó que ellos habían votado en contra de esa subcomisión, y consideraban que “el tema está agotado”, por lo que no les parecía trabajar en la misma.

A continuación, el diputado Rodolfo Tailhade cumplió con la tradición de presentar un pedido de ampliación de prueba para la causa Consejo de la Magistratura, en el cual incluyó un sinnúmero de notas periodísticas escritas sobre el tema en los últimos años. Fue una extensa lectura que demandó muchos minutos y en cuyo marco pareció ampliar su radio de acción, ante lo cual Carolina Gaillard aclaró luego que mucha de la prueba pedida tenía que ver en realidad con la causa “abuso de poder”.

Al respecto, informó que en la causa habían incluido el pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, “por incompatibilidad en ejercer como presidente de la Corte en causas de sus exclientes”.

“¿La novedad de incluir a Rosenkrantz es algo que decidió usted, o el Frente de Todos?”, preguntó López. Gaillard  dijo que el pedido había sido hecho hacía tiempo, pero aclaró que podían hacer dos informes distintos y no incluirlo junto con el pedido de juicio a Lorenzetti de la Coalición Cívica. “Entendíamos que formaban parte de mismas conductas”, explicó.

“No, de ninguna manera”, replicó López. Serán informes distintos entonces.

Legisladores de Juntos por el Cambio, que también son consejeros, celebraron el avance contra el juez federal de Mendoza Walter Bento, quien quedó a un paso del juicio político por mal desempeño en sus funciones y delitos graves.

"Celebro que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura haya aprobado finalmente mi dictamen contra el corrupto juez Bento. Confío en que pronto lo apruebe el plenario y ese magistrado sea enjuiciado por el jurado de enjuiciamiento y suspendido de sus funciones", expresó este miércoles el diputado del Pro Pablo Tonelli.

Además, en alusión a la abstención de los representantes del oficialismo, el macrista apuntó: "Los consejeros que responden al kirchnerismo deberían explicar por qué, luego de más de dos años de investigación, defienden jueces corruptos".

Por su parte, la legisladora radical Roxana Reyes escribió en su Twitter: "Hace instantes, en la reunión de Acusación, aprobamos el dictamen que propone la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión en sus funciones de Walter Ricardo Bento, juez titular del juzgado federal Nro. 1 de Mendoza. La justicia debe ser ejemplar o no es justicia".

En la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura el dictamen se aprobó con cuatro votos a favor que originalmente había dado el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli y ahora sostuvieron Eduardo Vischi, Roxana Reyes, Miguel Piedecasas y Álvaro González. Mientras que los oficialistas Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley y Héctor Recalde se abstuvieron.

El dictamen acusatorio pasará al plenario del Consejo previsto para el próximo 31 de mayo, donde necesitará de los dos tercios de los votos -13, con asistencia plena- para la suspensión automática y el pase a la etapa de jury.

Bento está siendo investigado por mal desempeño de sus funciones y delitos graves, como sobornos, enriquecimiento y protección a personas que estaban bajo su proceso en su tribunal. De hecho, el próximo 26 de junio comenzará un juicio oral en su contra.

Los consejeros que responden al Kichnerismo deberían explicar por qué, luego de más de dos años de investigación, defienden jueces corruptos.

— Pablo Tonelli (@PabloTonelli) May 17, 2023

"En el dictamen está suficientemente propuesto cuáles son las circunstancias por las cuales se va a trabajar en esta acusación. Vengo en representación de los senadores de la UCR para trabajar por una Justicia que tenga cercanía, sea federal y tenga compromiso de mejorar las herramientas para hacer un instrumento para solucionar conflictos", sostuvo el senador Vischi.

Por otro lado, el diputado kirchnerista Tailhade consideró: "No estamos en presencia de una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el jurado de enjuiciamiento. Si se aprueba en el marco de mayorías va a ser difícil en el marco del juicio político considerar probadas todas y cada una de las imputaciones".

"Si su conducta es tan reprochable no tendríamos que tener necesidad a la resolución de la causa penal y deberían ser cuestiones autónomas. Es básicamente una expresión de deseo lo que hay en el dictamen, todo su desarrollo da cuenta de que estamos supeditados a lo que va a pasar en la causa penal porque ahí se va a definir si existieron los hechos", señaló el oficialista y anunció la abstención.

Durante la reunión de coordinación que llevó adelante este miércoles el Consejo de la Magistratura, con la presidencia de Horacio Rosatti, los consejeros del Frente de Todos (FdT) repudiaron al presidente del cuerpo por sus declaraciones en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amchan EEUU) y por los fallos de la Corte que suspendieron las elecciones de gobernador en San Juan y Tucumán. ¿De qué manera lo repudiaron? Retirándose de la reunión.

Los consejeros del FdT sostuvieron, ni bien se inició la reunión, que repudiaban “las irresponsables y provocadoras declaraciones formuladas en la mañana de ayer (por el martes) por el presidente de la Corte en un ámbito absolutamente impropio para su magistratura, que además de configurar un claro prejuzgamiento en la materia, constituye una intolerable intromisión en la política económica de los gobiernos y una cuestión no judiciable”.

En la reunión de AmCham, el presidente de la Corte Suprema reclamó que ese cuerpo sea consultado por los otros poderes antes de avanzar en reformas judiciales, remarcando que "el diálogo interpoderes es fundamental". Dijo también que “la expansión incontrolada de la emisión monetaria implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución".

"Las bases del programa económico que establece la Constitución desde 1853, con todas sus reformas, es el capitalismo: respeto a la propiedad privada, a la iniciativa de los particulares y competencia", sostuvo, agregando que “el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución".

Los fallos sobre San Juan y Tucumán

De la misma manera, los diputados y senadores del Frente de Todos en el Consejo de la Magistratura repudiaron expresamente los fallos de tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que preside también el doctor Rosatti, que “suspenden las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán a menos de 72 horas de la veda electoral, a menos de 5 días de las elecciones y con toda la estructura de los comicios perfectamente organizada, en tanto implican lisa y llanamente la proscripción de la voluntad popular de los ciudadanos de San Juan y Tucumán y una intervención federal de hecho”.

“Los consejeros del FdT sostenemos que seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad institucional de cara a la sociedad, y en función de ello participaremos de todas las sesiones públicas de comisiones y en el plenario del Consejo de la Magistratura”, señalaron, pero aclararon que “con Rosatti no tenemos nada que coordinar”.

Reaccionaron de esta manera los senadores nacionales Héctor Recalde y María Inés Pilatti Vergara; los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, y Héctor Recalde y Gerónomi Ustarroz.

Los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro), Mario Negri (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI) denunciaron este miércoles ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla por "mal desempeño en sus funciones y faltas disciplinarias múltiples y reiteradas por haber ofrecido un testimonio objetivamente falso" ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

La denuncia se presentó luego que en la última reunión de la comisión el oficialismo impusiera su mayoría para rechazar el planteo de la oposición contra el magistrado.

"Se deja aclarado que no se plantea aquí que la conducta haya sido necesariamente dolosa, es decir, netamente subsumible al tipo previsto en el artículo 275 del Código Penal. Ello será materia de dilucidación, en su caso, por ante la justicia criminal. No obstante, no cabe duda de que el magistrado fue por lo menos gravemente negligente en su declaración, que resulta objetivamente falsa, y que fue formulada en circunstancias que exigían un altísimo grado de prudencia", sostuvieron en el escrito.

Asimismo, los legisladores de Juntos por el Cambio consideraron que "en la misma audiencia testimonial" del pasado 23 de febrero, "el magistrado realizó manifestaciones que constituyen una clara falta a la consideración y respeto debidos a otros magistrados, así como un supuesto de falta de mesura y decoro en su función judicial".

Y subrayaron que "de comprobarse las conductas" que detallaron, se proceda a "la destitución del magistrado o, al menos, la aplicación de una sanción disciplinaria".

En la denuncia, los opositores cuestionaron que el juez "mencionó de forma reiterada al diputado Pablo G. Tonelli, y le atribuyó conductas que jamás existieron". "Comenzó el testigo por afirmar que tuvo 'un juicio político abierto durante dos años', lo cual no es cierto", señalaron.

En ese sentido, recordaron que la investigación contra Ramos Padilla "comenzó el 15 de marzo de 2019 y concluyó el 5 de junio de 2020, por lo que duró sólo un año y tres meses. Y como la denuncia fue desestimada, tanto por la comisión como por el pleno del Consejo de la Magistratura, nunca hubo ni declaración de admisibilidad o imputación en el ámbito de la comisión, ni acusación formal ni un mucho menos un verdadero 'juicio', 'juicio político', o 'enjuiciamiento' a los que se refieren la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes".

Junto a @PabloTonelli y @JuanmaLopezAR presentamos una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien asistió a la Comisión de Juicio Político para incurrir en mentiras y falso testimonio. Debe ser sancionado y evaluarse su remoción. pic.twitter.com/5eq4nFt7gG

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 15, 2023

Además, resaltaron que "lo que es especialmente falso" es que "el diputado Tonelli haya impulsado esa denuncia, investigación o proceso. Y como es obvio, una falsedad mucho más grave es, entonces, afirmar que ese inexistente impulso haya tenido fundamento en las 'escuchas' o 'conversaciones telefónicas'".

"La única participación del Dr. Tonelli en el expediente en cuestión fue en su carácter de consejero instructor, como resultado del sorteo realizado en la Comisión de Disciplina y Acusación", aclararon.
El documento menciona que "el testigo afirmó categóricamente, bajo juramento de decir verdad, una supuesta participación del diputado Tonelli en una también supuesta filtración de escuchas telefónicas, que jamás existió y sobre la cual no existe prueba alguna".

"En el expediente tramitado ante este Consejo jamás se presentó siquiera un proyecto de citación en los términos del artículo 20 del Reglamento, y por lo tanto, el testigo no estuvo ni acusado, ni sometido a 'juicio político' alguno, y no hubo la menor 'utilización' de escucha alguna", insistieron.

Al repasar fragmentos de la declaración del juez, se recordó que Ramos Padilla sostuvo: "Si lo que se discute es la validez de las escuchas en un juicio político, está claro que está la 'doctrina Oliveto' o la 'doctrina Tonelli' que consideran que, en estos casos, son válidas las escuchas”.

"Otra afirmación que no sólo es falsa, sino que demuestra que el juez formuló expresiones con absoluta ligereza y falta de decoro, impropias de su investidura judicial", subrayaron Tonelli, Negri y López. También hicieron referencia a su expresión sobre "presos políticos".

Ramos-Padilla-denuncia-Consejo

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal anuló la designación del senador oficialista Martín Doñate como integrante del Consejo de la Magistratura. La decisión se tomó en respuesta a un planteo del opositor Luis Juez, quien fue postulado desde al oposición para el mismo cargo.

El fallo, que revoca una sentencia anterior que había validado la designación de Doñate para el período 2022-2026, fue firmado por los jueces Rodolfo Facio, Clara Do Pico y Liliana Heiland.

Además de declarar la nulidad del decreto parlamentario que designó a Doñate para integrar el Consejo, la resolución también invalidó la partición del bloque Frente de Todos para determinar el sistema de mayorías y minorías para la designación de consejeros.

La Corte Suprema había anulado esta división en un fallo anterior que se refería al período que concluyó en noviembre de 2022. Aunque el fallo de la Cámara no declara explícitamente a Luis Juez y Luis Schiavoni como titulares y suplentes por el bloque Frente Pro, se ha aceptado su planteo y se ha concedido la acción de amparo.

El Tribunal Supremo ya había frenado previamente la toma de juramento de Doñate, lo que el fallo actual ha reiterado al considerar que la decisión previa de la Corte suprema dejaba claro que no se podía interpretar los hechos de manera diferente.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no dejó de pronunciarse de manera crítica sobre el tema. Lo hizo este viernes al hablar ante la Universidad Nacional de Río Negro. Allí refirió: "Una hora antes de venir acá, desde el partido judicial separan al senador Martín Doñate y ponen al senador de la oposición. Más mafioso no se consigue”.

Se hizo presente ante la Comisión de Juicio Político de Diputados el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, citación que fue impulsada por la Coalición Cívica en sus acusaciones puntuales contra Ricardo Lorenzetti, y denunció que entre los años 2008 y 2009 “se eliminaron todo tipo de control efectivos en el manejo presupuestario del Consejo”, al tiempo que denunció que “había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos”.

En abogado fue el primero en declarar este jueves en lo que respecta la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que lleva a cabo la Comisión presidida por la diputada oficialista Carolina Gaillard.

En su declaración, Cimadevilla afirmó que integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación del bloque de senadores de la UCR y recordó que, en ese periodo, el titular de la Corte Suprema era Ricardo Lorenzetti.

Al ser interrogado sobre la administración de los recursos y ejecución del presupuesto que la ley le asignaba a la administración de Justicia, el testigo procedió a explicar: “En el Poder Judicial conviven dos administraciones, la de la Corte a través de la secretaría General de Administración limitaba los recursos, estructura y personal de ese tribunal; y la del Consejo de la Magistratura que era, no sé cómo será ahora, a través de la oficina de Administración y Financiera del Consejo que se encarga de los recursos materiales y humanos de tribunales inferiores, es decir, la Justicia Nacional de la capital federal y la Justicia Federal de todo el territorio del país”..

Y continuó: “Durante la vigencia del Consejo grande con la primera ley, se generaron antecedentes presupuestarios que determinaron la forma en que se iban a distribuir los recursos del Poder Judicial”, y detalló: “Así le correspondía el 0,57% a la Corte y el 2,93% al Consejo. Por este Decreto también se dispuso que las partidas no ejecutadas se asignaran directamente a la Corte de la Nación en su artículo 3. Este habría sido el origen del fondo anticíclico”.

“En el año 2008-2009 se inicia un proceso de debilitamiento, a mi juicio, del control de la utilización de los recursos”, denunció y enumeró: “Primero, a través de la centralización de las decisiones de tipo presupuestario en la Corte y, por otro lado, la anulación y la debilitación de los mecanismos de control interno y externo del Consejo”.

En ese sentido, relató que denunció e hizo presentaciones al respecto durante la vigencia del mandato en el Consejo de la Magistratura las cuales “fueron receptadas por sectores políticos”, y destacó la preocupación de la doctora Elisa Carrió y reconoció su “vocación republicana cuando estos temas salieron a la luz pública”.

“El Consejo a instancias de los representantes del estamento judicial se designan a representantes del Consejo en la Comisión de Informática para la contratación de un software del Poder Judicial. Se crea el cuerpo de auditores a fin de realizar el control externo de los actos de la administración y se crea la Secretaría de Asuntos Jurídicos que emite el dictamen que exige la ley de procedimiento administrativo para la adjudicación de compras y licitaciones y transfirió a la Corte tres oficinas: la de mandamientos y notificaciones; la de subastas judiciales y la de archivo general y se designó al cuerpo de auditores y el secretario de asuntos del Consejo”, explayó en su presentación.

Y resumió: “Esto dicho así pareciera ser sólo una cuestión burocrática, pero lo que se estaba haciendo era eliminar controles porque termina la Comisión de Administración Financiera del Consejo, a través de las distintas reglamentaciones del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que los controles de las compras, adquisición y manejo presupuestario del Consejo pasa a estar en la cabeza de una sola persona que es el presidente de la Comisión de Administración Financiera del Consejo”.

“Las compras que no fueran licitación pública, se le elimina todo tipo de control y las compras que se realicen a través de licitación pública es estas personas, casi siempre un representante del estamento judicial, el que decide la validez o no de las contrataciones con los dictámenes”, sumó.

Cimadevilla apuntó: “Más allá de las reformas burocráticas que se hicieron, lo que consiguieron es la eliminación de todo tipo de control efectivo en el manejo presupuestario del Consejo de la Magistratura”, apuntó Cimadevilla.

A su vez, explicó que los representantes del estamento judicial tienen un “rol importante en el manejo de las decisiones del Consejo. En el marco de la ley 26.080, con 13 miembros la nueva ahora derogada, el control de la legalidad estaba en manos de la Comisión de Administración Financiera. El control de legalidad se limitó a las licitaciones públicas y se consolidó en las manos del presidente de esa Comisión el control de la legalidad de las licitaciones públicas. Una sola Comisión o quien presidía la Comisión tenía a su cargo la legalidad de todo el manejo presupuestario de todo el Consejo de la Magistratura”.

“El funcionamiento judicial en muchos casos me resulta inentendible. No nos olvidemos que pasamos, después de la reforma del 94’, a que el control político de la actividad judicial se lo transferimos al Consejo de la Magistratura. El Congreso ya no es más el juez de los jueces, salvo de los miembros de la Corte, y pasó a un Consejo de la Magistratura que tiene cuatro estamentos y que la ley buscó, en estos cuatro estamentos, que haya un equilibrio”, planteó.

Al respecto, opinó que debería ser “objeto de revisión cuál es el equilibrio dentro del Consejo”, y preguntó: “¿Es numérico?”. “La ley que debe reglamentar el Consejo de la Magistratura, el que diseñe la normativa a veces no contempla cómo se da ese diseño legislativo en la dinámica del funcionamiento. Es el organismo que reemplaza al Congreso en el juzgamiento y designación de los jueces donde las conductas de los jueces, en la práctica, tienen un rol preponderante”, expresó.

“A mi juicio hoy no hay en el Consejo de la Magistratura el equilibrio que ha proclamado la Constitución en su momento”, lamentó.

A su vez, cuestionó que “durante mi permanencia en el Consejo he observado una actitud corporativa que no termino de entender. Los jueces han tenido y tienen una actitud gremial que no entiendo porque siempre pareciera que están frente a un poder peleando algo y no entienden que ellos no son empleados del Estado y no defienden el buen funcionamiento de la justicia sino sus privilegios a través de estas corporaciones”.

“No había un manejo transparente, un manejo de los recursos bien controlados y cada vez había una preeminencia cada vez mayor de la Corte sobre el manejo de los recursos presupuestarios”, denunció.

Y agregó: “La Corte manejaba un fondo anticíclico frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia, de personas, tenía un plazo fijo ultra millonario que no se sabía cuál era el destino que se le daba”. Asimismo, aseguró: “Nunca pudimos saber en detalle el control presupuestario del Poder Judicial. Lo que no se ejecutaba iba para la Corte”.

Al ser consultado si el Administrador General del Consejo, Germán Krieger, tenía vinculación con Lorenzetti, sostuvo: “Eso no lo sé, probablemente por las funciones que desempeñaban haya tenido contacto con los miembros de la Corte”.

“El Comité Ejecutivo de Inversión se creó en abril de 2011 que operaba bajo la dependencia directa del presidente de la Corte. Estaba integrado por dos miembros de la Corte y del Consejo, presidido por Héctor Marchi. Intervenía en todas las cuestiones vinculadas a la planificación, a la ejecución, al control de las políticas, proyectos, programas, principalmente en materia de infraestructura y tecnología”, detalló el radical.

Sobre cómo se auditaban esos fondos, el exsenador explicó y denunció: “La Auditoría General de la Nación debía proceder a practicar auditorías externas de la gestión presupuestaria del Consejo y estaba sometida a una serie de exigencias como la aprobación anual de auditoría por parte de la Comisión de Administración Financiera del Consejo. Nunca esto se llevó adelante, nunca se pudo lograr. Cuando pedíamos información no nos daban y después empezaron a aparecer reclamos de empleados que no cobraban”.

“La aprobación de las cosas más importantes del Consejo dependían siempre de mayorías especiales que las daban los jueces. He hecho denuncias a magistrados como Bonadío o a Oyarbide y nunca logré que los jueces acompañaran esos dictámenes para que pasen al tribunal de enjuiciamiento y su voto era decisivo. Hoy no hay un equilibrio como el que pretendía la Constitución”, criticó.

El exlegislador reiteró que ante las consultas sobre el manejo de los recursos “nunca nos contestaron, cuando pedíamos información sobre el manejo presupuestario nunca nos respondían. Cursamos varias notas, pero nunca tuvimos respuestas concretas”.

En otro tramo de su testificación, brindó detalles sobre denuncias respecto de distintas contrataciones dentro de la Administración General del Poder Judicial que “tenían irregularidades”.

“Para mantenimientos de equipos de aires acondicionados del fuero Penal se habían contratado 1.650.854 pesos traducido a dólares eran 139.000. Otro expediente era sobre remodelación de seis juzgados era un importe de 1.607.000 pesos, en dólares eran 194.000. Por otro expediente sobre trabajas de higiene y seguridad 2.779.000 pesos es decir 348.000 dólares, entre otros”, detalló y lamentó: “Pedimos información de esto también y nunca tuvimos respuesta. No sé las causas judiciales qué destino habrán tenido”.

Por otro lado, desconoció que a Héctor Marchi lo haya designado Lorenzetti al frente de la Administración General del Corte.

Mientras el oficialismo en la Cámara baja lleva a cabo el pedido de juicio político contra los miembros del máximo tribunal, este miércoles se supo que la Corte Suprema de Justicia tomará juramento a los tres senadores nombrados para integrar el Consejo de la Magistratura.

La ceremonia, sin público, será encabezada por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y será en el Salón Bermejo, del cuarto piso del Palacio de Tribunales, el próximo martes 28 de febrero a las 10. Además, estarán presentes los restantes miembros del alto tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Los tres senadores que van a integrar el Consejo de la Magistratura serán, por el lado del oficialismo, María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, mientras que por la oposición lo hará el radical Eduardo Vischi.

Sin embargo, aún resta saber quién será designado como cuarto consejero, lugar disputado entre el kirchnerista Martín Doñate (Río Negro) y el cordobés del Pro Luis Juez, luedo de que el pasado jueves 16 la Corte resolviera no admitir al rionegrino como miembro al considerar que “la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”.

Cabe recordar que el Frente de Todos en la Cámara de Senadores incurrió en la maniobra de dividir el bloque en dos bancadas para tener un lugar más en la institución que se encarga de proponer y remover magistrados. De esta forma, el espacio oficialista quedó compuesto por el Frente Nacional y Popular compuesto por 21 legisladores presidido por el formoseño José Mayans, y el otro Unidad Ciudadana integrado por 14 senadores cuya presidenta es la bonaerense Juliana Di Tullio.

De esta manera, el Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas Pilatti Vergara, Recalde y Doñate y al radical Vischi. La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

A raíz de esa maniobra, el senador del Pro recurrió a la justicia para reclamar esa silla que le corresponde en el Consejo de la Magistratura en su condición de segunda minoría.  Así, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó para impugnar el nombramiento de Doñate para ocupar ese lugar, por lo que el nombre del cuarto consejero aún es una incógnita.

La senadora nacional María Inés Pilatti Vergara (FNyP-FdT) cuestionó la acordada de la Corte Suprema por la que se decidió no tomarle juramento como consejero a su par Martín Doñate y opinó que "la argumentación la hizo Silvio Robles", el director de la vocalía del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti.

"Si bien está bueno que se hayan decidido a tomarnos juramento, lo malo de esa acordada es que otra vez es una resolución totalmente arbitraria", sostuvo este viernes la legisladora sobre la decisión de la Corte de tomarle juramento a ella, Mariano Recalde (FNyP-FdT) y Eduardo Vischi (UCR).

Sin embargo, habló de una acordada "contradictoria en sus fundamentos", los cuales son similares a los utilizados en fallos anteriores vinculados a la cuestión del Consejo. "El fundamento aparente es como el fundamento nulo", señaló.

La chaqueña indicó que "ellos reconocen que la única facultad que tienen como Corte Suprema de Justicia, y específicamente el presidente, es la de tomar juramento a los consejeros designados y propuestos por el Congreso de la Nación", pero "no tienen ninguna atribución para ponerse a interpretar absolutamente nada" respecto de la conformación de los bloques, remarcó.

"Para mí esta argumentación la hizo Silvio Robles. Porque no creo que gente tan prestigiosa pueda fundamentar esto de esta manera", expresó en diálogo con AM750 y agregó que considera que esta acordada será incorporada al proceso de juicio político que se realiza en la Cámara de Diputados contra los cortesanos.

Por otra parte, Pilatti Vergara afirmó que confía "mucho en la movilización del 24 de marzo, donde la consigna va a ser democracia o mafia. No tenemos salida si seguimos enfrentando a este modus operandi de la Corte Suprema, de la derecha, de los servicios de inteligencia".

"Ni Alberto (Fernández), ni (Sergio) Massa, ni (Jorge) Capitanich, ni Cristina (Kirchner) van a poder tomar una sola resolución que tenga vigencia de días, mientras esta Corte se siga manteniendo. Ninguna medida que vaya en contra de las 500 familias más ricas del país va a prosperar porque la Corte en menos de lo que canta un gallo te lo va a declarar inconstitucional", pronosticó.

Y sumó que "nunca hubo un gol a favor los trabajadores, de los usuarios" sino "de las empresas, que muchas que fueron patrocinadas por (Carlos) Rosenkrantz". "Así no podes tener garantías de una democracia medianamente sana", completó.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves no admitir como miembro del Consejo de la Magistratura al senador nacional Martín Doñate (Unidad Ciudadana – Río Negro).

En la Acordada (02/2023) firmada por Carlos Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda consideraron que “la división del bloque referida no obedeció a fines genuinos, sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde, dado que el grupo de senadores que conforman el bloque mayoritario terminaría ocupando tres de los cuatro lugares que corresponden al Senado en el Consejo”.

Para la Corte, la maniobra del oficialismo de dividir al Frente de Todos en, Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana, fue considerada un “ardid” y una acción “manipulativa” que desnaturalizó “el fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”.

Por otro lado, las bancas en el Consejo de los senadores Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente Nacional y Popular, y de Eduardo Vischi, por la UCR, fueron aprobadas y a los tres tomarán juramento ante los magistrados.

Respecto a la silla que le corresponde al cuarto consejero, por la segunda minoría, el máximo tribunal de justicia aún no resolvió si será ocupada por el cordobés Luis Juez, como solicitaron desde el Pro, que reclama su condición de segunda minoría.

Cabe recordar que el 16 de noviembre del año pasado la presidencia de la Cámara alta refrendó en el recinto el decreto por el cual se nombraban a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor, ante la ausencia de Juntos por el Cambio, que se retiró en protesta de la imposición de ese debate en el recinto, algo que no suele realizarse.

Acordada-CSJN-2-2023

Desde hace casi tres meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve todavía sobre la toma de juramento de los representantes del Senado de la Nación en el Consejo de la Magistratura, bajo el argumento de que las designaciones “se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.

En ese marco, tanto Mariano Recalde como María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, realizaron una presentación ante la Corte, puntualmente a su presidente Horacio Rosatti, exigiendo que se les tome juramento para que se concrete la conformación constitucional del Consejo de la Magistratura y aseguraron que evalúan otras acciones administrativas, civiles y penales para lograr que se cumpla la ley y el órgano deje de estar paralizado.

En las tres notas, los senadores sostuvieron que “la única atribución que la ley pone en cabeza del presidente del Tribunal es recibir el juramento a las personas nombradas” y que no es competencia de la Corte Suprema “estudiar” las designaciones. Asimismo, recordaron que el máximo tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Dicen que "están estudiando" nuestras designaciones. La única atribución que tiene el presidente de la Corte es recibir los juramentos. La postergación de este acto desde hace casi tres meses incumple la ley, paraliza un órgano constitucional y daña gravemente la República.

— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 9, 2023

Por otra parte, consideraron que el accionar de la Corte es “discriminatorio” ya que “sin justificación alguna, propina a los nuevos consejeros senadores un trato distinto que el brindado a los otros consejeros, aún en los casos de designaciones cuestionadas o conflictivas”. Se refieren al caso de la diputada Roxana Reyes, quien ya tomó juramento como consejera a pesar de que su designación fue cuestionada por un fallo judicial que -siguiendo el criterio que aplicó la Corte en el Senado- establece que ese lugar no pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical.

Por último, los senadores expresaron que además de “abusiva, arbitraria y discriminatoria”, la decisión de la Corte tiene un carácter “de facto”, porque no está debidamente formalizada; y “difuso”, ya que no explica las razones del “estudio” de las designaciones ni establece cuánto tiempo durará tal proceso.

Para los senadores, este accionar representa “una grave amenaza para la salud institucional de la República”.

Por Leandro Bravo

Miembro del Consejo de la Magistratura y secretario de la Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Álvaro González (Pro – CABA) es palabra autorizada a la hora de hablar de las cuestiones judiciales que concentran este verano toda la atención en el Congreso de la Nación. En ese sentido, no duda en señalar que el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que promueve el oficialismo, tiene en uno de sus fundamentos “una maniobra irregular que da a pensar que los organismos de Inteligencia están detrás”.

Se refiere a la obtención de los “supuestos” chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro y el asesor del máximo tribunal de justicia, Silvio Robles, que han sido uno de los elementos que el Gobierno ha tenido en cuenta a la hora de promover esta embestida contra la Corte.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado opositor consideró: “Es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo hacer es correr a los jueces, y no probar el mal desempeño”.

Consultado también sobre las candidaturas de Juntos por el Cambio, el consejero respondió: “Primero están las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias). Quien gane gobernará y quien pierda tiene la obligación de acompañar al que gane”.

- ¿Qué balance hace de estas dos primeras jornadas del juicio político?

- El primer dato es que el oficialismo ha decidido avanzar en el enjuiciamiento de los miembros de la Corte sobre distintos expedientes, son 14 en total. La primera reunión consistió en leer esos 14 pedidos y, sobre eso hubo discusiones, básicamente, de contenido político en función de que ellos creen que son suficientemente importantes los cargos en los pedidos como para admitir el juicio político y avanzar, y nosotros creemos que hay una “embestida” por parte del Ejecutivo a través de los legisladores que han presentado los pedidos de juicio político contra la Corte, que tienen que ver con los problemas que tiene el oficialismo con la Justicia. La segunda reunión fue la del jueves pasado, donde vinieron todos y cada uno de los firmantes de los proyectos y expusieron -verbalmente- los motivos por los que creían que correspondía el juicio político. De allí surgen tres grandes grupos de motivos de fondo: están los cargos vinculados al contenido de la sentencia; esto básicamente tiene que ver con la incomodidad que le genera al Gobierno nacional no haber podido resolver en sede administrativa la discusión que tienen con la Ciudad de Buenos Aires producto de la coparticipación que, a su vez, es producto de la transferencia de servicios de seguridad. Eso tuvo, en una primera etapa, una discusión en el Ministerio del Interior con (Silvina) Batakis como secretaria de Interior y Wado De Pedro como ministro. Intempestivamente, un día el Gobierno nacional nos sacó un pedazo de la coparticipación, sin avisar, y nosotros no tuvimos otra alternativa que recurrir a la Corte para reclamar lo que es nuestro.

Primer dato: lo que falló la Corte es una cautelar, no una cuestión de fondo. Por eso consideramos que es inadmisible armar un juicio político cada vez que un juez falle una cautelar, porque lo que estarían queriendo es correr a los jueces, no probar el mal desempeño.

Segundo dato: el contenido de las sentencias está escrito en todas las jurisprudencias, tanto latinoamericanas, como mundial, de que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por su sentencia. Acá no hay ningún prevaricato, ni ningún delito comprobado como para que se pida juicio político porque el contenido de la cautelar no convence al Gobierno nacional. El Gobierno nacional tiene las herramientas de resolver esto: resulta que dicen que la sentencia le causa un perjuicio irreparable y es todo mentira. Esto sale de la coparticipación primaria, no sale de la coparticipación de los gobernadores. Ahora resulta ser que lo que le sacaron a la Ciudad se lo dieron a la provincia de Buenos Aires, y Provincia tiene plata en plazos fijos en dólares y en pesos. Es un problema por tener una mirada con un distrito que es esquivo al oficialismo y ver si le pueden sacar recursos a un distrito que no los acompañe. Por otra parte, es un distrito que aporta a la masa coparticipable un 25 por ciento y le devuelven el 1,4. Le transfieren un servicio como lo fue la Policía, y no le pasan la plata para pagar ese servicio. También están los cargos vinculados a supuestos chats, que ya fueron judicializados y archivados porque existe un principio general: vulneran la cuestión privada de la gente. No se puede iniciar un juicio político por chats que, en el mejor de los casos si fueran ciertos -nadie lo comprobó-, han sido obtenidos de forma irregular. No hay ningún juez que haya ordenado la intervención de esos teléfonos, por lo cual hace pensar que los organismos de Inteligencia están detrás de todo esto.

Por último, los cargos que están vinculados a las irregularidades de la obra social: se ve que se acordaron tarde, porque la obra social y la Corte están vinculadas hace años. No entiendo muy bien porqué ahora se les ocurre investigar cómo está administrada la obra social. Mucha sorpresa me causa que citen como testigo al juez (Eugenio) Zaffaroni, que fue miembro de la Corte durante años. O sea que Zaffaroni vino a contar los "desaguisados" que hacían con la obra social. Después escuché el relato de Patricia Isasa (sobreviviente de la dictadura) contra el presidente la Corte (Horacio) Rosatti. La señora dice que el mal desempeño se dio cuando él era intendente de Santa Fe, pero después Rosatti fue ministro de Justicia de -la gestión presidencial- Néstor Kirchner. Traer el tema de los Derechos Humanos y mezclar esta situación para decir que los miembros de la Corte son personajes que quieren acompañar a la dictadura, me parece un disparate. Ellos -el oficialismo- no están conformes con la Justicia. No pudimos ponernos de acuerdo para definir la ley del Consejo de la Magistratura con los tiempos que puso la Justicia y la política cuando no se pone de acuerdo recurre a la Corte, pero un sector de la política que no está de acuerdo pide juicio político. Me parece llamativo. Cuando el oficialismo pide juicio político por un fallo que no le gusta está cometiendo un avasallamiento contra la Justicia, que falla a derecho. Seguramente el jueves que viene -en la Comisión de Juicio Político- tendrán 16 votos, y habrá dos despachos, uno de admisibilidad y otro de rechazo, que luego irán a parar a un cajón. El oficialismo no va a juntar 172 votos -en el recinto- para sacar a la Corte. Esto tiene que ver más con un show y un circo político que con una posible solución de que si lo que ellos platean fuera un problema. Ellos saben que si lo llevan al recinto pierden. Bajémosle la expectativa.

- ¿Cómo cree que va a quedar el prestigio de la Corte Suprema luego de que pase este juicio político?

- Para la República Argentina llevar un juicio político adelante sin fundamentos, en forma irregular, puede comprometer las responsabilidades institucionales de la Argentina en el mundo. Imaginate lo que es para el mundo cuando vos le pedís inversiones y decimos que queremos salir del estado económico calamitoso que tenemos para salir con crecimiento. ¿Puede haber inversiones en un país donde el órgano superior de Justicia está sometido a juicio político? El prestigio de la Corte va a quedar en el lugar donde tiene que quedar, porque se va a probar que todo lo que dice el oficialismo de la Corte quedará saldado cuando no tengan el número en el Congreso.

- ¿Qué va a pasar con el Consejo de la Magistratura? ¿Cómo se destraba la situación en ese organismo?

- Lo primero que tiene que ocurrir es que se termine de conformar y creo que ahí falta una resolución de la Corte vinculada al estamento del Senado. El oficialismo se dividió en dos para quitarle un lugar a la oposición que le correspondía al Pro y la Corte ya sacó una resolución diciendo que eso era para quedarse con un lugar que no le correspondía. Ese tema está a resolución de la Corte y saldrá en el corto plazo para que el Consejo de la Magistratura quede conformado con los 20 miembros.

- Lo llevo al terreno electoral, ¿no perjudica a JxC la existencia de tantos candidatos en la provincia de Buenos Aires y ahora también en la Ciudad de Buenos Aires?

-La cantidad de candidatos de hoy, no será la cantidad de candidatos en las generales, porque antes están las PASO. El candidato que la gente elija será quien estará como candidato de Juntos por el Cambio.

- ¿Cómo se saldan las heridas una vez que finalice el período electoral?

- La competencia es histórica en la política. Es muy sencillo, el que gana gobierna y el que pierde acompaña. El que gana tiene la obligación de incorporar a aquellos que perdieron, y los que perdieron tiene la obligación de apoyar a los que ganaron. El que gane -las PASO- será el candidato de todo Juntos por el Cambio. Para mí, va a ganar Horacio Rodríguez Larreta -jefe de Gobierno porteño-.

-¿Lo ve a Larreta como el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre?

- Veo que es el candidato que mejor puede discutir el modelo que necesita la Argentina para el próximo tiempo. Es el que tiene mayor experiencia y quien tiene una propuesta de llevarlo adelante con la mayor cantidad de acompañamiento posible. Eso es lo que yo veo.

Comienza este lunes 23 de enero el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente de la Nación, el cual se extenderá hasta el 28 de febrero próximo.

El interés original del Gobierno es que esta vez no suceda como el año pasado, que de los 18 temas incluidos en el temario no pudo lograr el tratamiento de ninguno de ellos. En esta ocasión se espera que no suceda algo así, aunque a priori el oficialismo se encuentra con un obstáculo complicado: la decisión de la principal oposición de no tratar ninguno de los temas propuestos por el oficialismo mientras persista el embate del Frente de Todos contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Precisamente ese tema es el principal de los 27 propuestos por el Ejecutivo. A pesar de que a priori no cuenta con posibilidades de avanzar en la Comisión de Juicio Político, más allá del dictamen acusatorio que se descuenta obtendrá. Pasa que el paso posterior que necesitaría el FdT en el recinto consiste en una votación exitosa de nada menos que los dos tercios, y está claro que no tiene esos votos.

Los temas judiciales abarcan buena parte de ese temario anunciado por el Poder Ejecutivo. Más allá del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, se ha incluido el tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador General de la Nación. Esto es, la designación del juez Daniel Rafecas, anunciada por el presidente Alberto Fernández en los albores de esta gestión, mas sin que nunca se iniciara el tratamiento de su pliego en la Comisión de Acuerdos del Senado.

Otro tema clave es el proyecto de ley para modificar la Ley del Consejo de la Magistratura. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado el 7 de abril del año pasado, por 37 votos a favor y 33 en contra. De acuerdo con el proyecto, el Consejo de la Magistratura estaría integrado por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.

Otro tema que fue aprobado en el Senado, mas su tratamiento no avanzó en Diputados es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Se aprobó el 22 de septiembre del año pasado por 36 votos a favor contra 33 negativos. El proyecto eleva de 5 a 15 el número de integrantes del Máximo Tribunal, con paridad de género. Ahora este tema está incluido en el temario previsto para ser tratado este verano en la Cámara baja.

Hay una agenda de temas que le interesa particularmente al ministro de Economía, Sergio Massa. En primera línea se encuentra el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que está bastante consensuado en comisión, pero no alcanzó a lograr aún dictamen.

Pero más allá de este tema que en su momento Massa ubicó como prioritario, primero en la grilla de las expectativas del expresidente de la Cámara baja figura el proyecto de ley de Exteriorización del Ahorro Argentino. Hablamos del blanqueo de capitales, que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país. De eso habló Massa en su momento, cuando dijo que esperaba su tratamiento en extraordinarias. En rigor, él hubiera querido/necesitado que saliera en diciembre, pues el texto en cuestión -según lo que ha alcanzado a conocerse- incluye fechas de vencimientos como si se tratara de una ley ya vigente a partir del 1° de enero. Sus primeros vencimientos operan a fines de marzo.

Otra ley cuyo tratamiento venía sobre rieles era la reforma referida al lavado de activos. Figura en el temario como proyecto de ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Modifica la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

El proyecto venía teniendo un tratamiento ágil en la Cámara baja, y tal era el interés oficial en que el proyecto saliera, que durante una reunión informativa realizada por las comisiones de Legislación General y de Finanzas, la Unidad de Información Financiera (UIF), representada por su titular, Juan Carlos Otero, aceptó los cambios a la redacción del texto sugeridos por la oposición. Fue “en busca de consensos para aprobar este proyecto de ley que es muy importante para el país, que lo va a evaluar el GAFI en septiembre de 2023”, señaló Otero en la reunión celebrada el 30 de noviembre.

Fue en vísperas de que todo se rompiera en la Cámara de Diputados. Al día siguiente fueron las fallidas sesiones en Diputados en las que ni siquiera pudieron votarse las autoridades y la sesión especial prevista para después terminó en escándalo. Los puentes habían estallado con el tema de la designación de representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura. En busca de sacar el dictamen, se organizó un plenario para el 20 de diciembre pasado, pero fue suspendido por el sorpresivo feriado dispuesto por el Gobierno nacional para saludar a los campeones mundiales. Ahora ese tema es otro de los que esperan ser tratados en este período extraordinario.

Entre los proyectos que no tienen texto conocido aún está el que modifica el Sistema Estadístico Nacional. Lo impulsa el propio Sergio Massa y han trascendido detalles del mismo, que pretende adaptar la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales y modifica la naturaleza jurídica del INDEC como un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional. En la lista publicada en el Boletín Oficial este viernes, figura en el número 26°.

Un escalón después, como última iniciativa propuesta para discutir este verano, aparece el proyecto de ley por el cual se establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. No se dan detalles allí, pero se trata del Monotech, una iniciativa que apunta a que trabajadores monotributistas del rubro tecnológico puedan facturar y cobrar en moneda extranjera.

Temas que pasan por el Senado

Más allá de las advertencias que haya enviado Juntos por el Cambio respecto de su decisión de no tratar ningún tema, en la Cámara alta la realidad es que el oficialismo tiene número para abrir las sesiones y aprobar en general lo que desee.

Por eso hay que tener en cuenta la media docena de temas que están dirigidos a esa Cámara. El primero de la lista de 27 temas es el de alcohol cero. Se lo presenta como proyecto de ley modificatorio del inciso a) del artículo 48 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos, y fue aprobado en la Cámara de Diputado por 193 votos afirmativos, 19 negativos y 4 abstenciones, en la sesión del 24 de noviembre del año pasado. El proyecto tuvo en el Senado un tratamiento exprés en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, donde el 1° de diciembre se emitió dictamen favorable.

El 13 de diciembre los senadores recibieron un pedido de parte de 168 organizaciones que nuclean a los familiares de víctimas de tránsito para que la iniciativa sobre Alcohol Cero se convirtiera en ley antes del cierre de año, pero como no hubo una sesión final, quedó pendiente.

El segundo de los proyectos que se encuentra en el Senado es el tendiente a establecer el Sistema Nacional de Residencias del Equipo de Salud. Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo presentado el 14 de diciembre del año pasado, que debe pasar por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud de la Cámara alta.

Luego tenemos el proyecto de ley mediante el cual se propicia efectuar una serie de sustituciones a la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica N° 23.877. Ya tiene media sanción de Diputados y el 14 de diciembre pasado se firmó dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología, oportunidad en la que se presentó el ministro del área, Daniel Filmus. En esa jornada el funcionario recordó que la iniciativa en cuestión “tiene respaldo en el Presupuesto 2023 con más 3.000 millones de pesos para invertir durante el año 2023”. En tal sentido, agregó: “El proyecto plantea llegar a lograr para el 2032 al 1 por ciento del PBI”.

Hay también un proyecto que busca modificar la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660. Esta iniciativa tuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el 3 de agosto, y busca readecuar la norma de modo de cumplir con recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otro proyecto que va directo al Senado es el que crea el Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”. Desde el 6 de julio del año pasado tiene media sanción de la Cámara de Diputados y estaba previsto ser debatido en un plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda, a fines de octubre pasado, pero la reunión se suspendió.

Después está previsto el tratamiento de acuerdos en el Senado, entre los cuales figura el de Cristina Caamaño como embajadora ante Israel.

El temario de extraordinarias incluye el tratamiento del acuerdo requerido para designar al procurador General de la Nación, un tema de vieja data que nunca se trató siquiera en Acuerdos, pero que necesitaría los 2/3 y ahí sí Juntos por el Cambio podrá obturar ese tratamiento.

Entre los temas cuyos textos todavía no se conocen, ni tampoco por qué cámara ingresarán, figuran el proyecto de ley para la Promoción de nuevas energías, e inversiones con valor agregado en el sector energético; y el que modifica el Sistema Estadístico Nacional.

Otros temas previstos para extraordinarias son el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y el proyecto de ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional en Seguridad y Servicios Penitenciarios.

Asimismo hay un parque nacional y reserva natural en Laguna El Palmar, que tuvo dictamen unánime en el Senado el pasado 21 de septiembre.

Asimismo hay una serie de proyectos que estaban incluidos en la frustrada última sesión de la Cámara de Diputados, como el que establece un Régimen Previsional Diferencial para los trabajadores que se desempeñen o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales en organismos nacionales o provinciales de cajas transferidas; el Plan de Pago de Deuda Previsional, y los proyectos por los cuales se crean 8 nuevas universidades.

Por último hay algunas cuestiones relacionadas con la salud, como el proyecto que modifica la Ley N° 22.990 de Sangre Humana; el proyecto de ley tendiente a asegurar la contención y el acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de Trisomía 21/ Síndrome de down, para su hijo o hija en gestación o recién nacido/a; y el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas.

Por último, figura un proyecto por el cual se modifica la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, en función del artículo 170 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672, y otro que otorga el correspondiente permiso  constitucional para que el presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2023.

2022 fue un año que en el Congreso registró un punto de inflexión nada menos que en el último día de enero, cuando pasadas las 18 se conoció una noticia tan inesperada como impactante: la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista.

Una decisión adoptada por “no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador”. Así lo escribió el propio hijo de los Kirchner a la hora de cristalizar una decisión que venía madurando, pero que -está dicho- nadie esperaba.

Fue un sacudón, sobre todo para un oficialismo que venía por entonces enfrascado en la cuestión del acuerdo con el Fondo Monetario, un tema que abría aguas en el seno del Frente de Todos, como efectivamente se verificaría a la hora de que el acuerdo llegara al recinto.

Consciente de que le esperaba una tarea intensa en la materia, el Gobierno no demoró en elegir al sucesor de Máximo, y la elección recayó en el santafesino Germán Martínez, un hombre con mucha experiencia legislativa adquirida al lado de Agustín Rossi, quien durante muchos años estuvo a cargo de esa bancada, cuando tenía otros nombres e integrantes. En sus primeras definiciones expresadas en la Casa Rosada tras reunirse el 1 de febrero con el presidente Alberto Fernández,Martínez trató de enviar un mensaje conciliador, sobre todo hacia adentro, convencido de que necesitaba retener a todos en su bloque después de semejante sacudón. “Nos iremos conociendo, no creo que arranque ninguna nueva etapa; vengo a caminar sobre los pasos ya trazados por Máximo. Ni siquiera vengo a reemplazar a nadie, porque sinceramente creo desde lo político que Máximo es irreemplazable”, señaló entonces.

Mientras buena parte de la provincia de Corrientes ardía en llamas y los pedidos de informes y cuestionamientos estaban a la orden del día, se hacían desear las extraordinarias, convocadas oficialmente por el Poder Ejecutivo con 18 proyectos para tratar. Eran días en los que causaba conmoción el caso de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos -generando varios pedidos de interpelación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández-, y en ese marco fue que diputados del Frente de Todos encabezados por Carolina Gaillard presentaron un proyecto para modificar la ley que establece el Régimen Penal de Estupefacientes, con el fin de despenalizar el consumo personal.

En tanto, y al tiempo que la oposición armaba en ese febrero una marcha contra la Corte Suprema, iban floreciendo proyectos de reforma del Consejo de la Magistratura, atento  a que corrían los tiempos dispuestos por el Tribunal Superior para la implementación de una nueva ley.

El 9 de febrero, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, recibía al ministro de Agricultura Julián Domínguez y representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en lo que representaba el puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de desarrollo agroindustrial. Esa iniciativa, cuyo nombre fue variando en su referencia pública, no alcanzó a tener dictamen en las comisiones en las que se trató. Cuando estaban cerca de hacerlo, la discusión del tema Humedales se coló y alteró los ánimos en la Comisión de Agricultura y Ganadería, donde cerca estaban de alcanzar un entendimiento para dejar el proyecto listo para llegar al recinto. Finalmente el año transcurrió sin que eso ocurriera.

Con el rumor creciente de una invasión a Ucrania que finalmente sucedió, el presidente Alberto Fernández pasó por Rusia, donde le ofreció a Vladimir Putin que nuestro país fuera para ellos “la puerta de entrada de Rusia” en la región. Entre múltiples críticas de la oposición, el presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, consideró que el mandatario “se fue de boca en Rusia y eso en política exterior se paga”.

El debate legislativo durante ese segundo mes del año se circunscribió a lo largo de todo el mes a las especulaciones respecto de la actitud del oficialismo sobre el acuerdo con el FMI, y sobre unas sesiones extraordinarias que no se hicieron. En efecto y por primera vez desde 2009, no hubo sesiones extraordinarias a pesar del temario elaborado por el Gobierno que, como dijimos, contenía 18 proyectos, de lo más variados: el Consenso Fiscal; la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura; la nueva Ley de VIH; la ley de cannabis medicinal e industrial, como así también la creación de parques nacionales y universidades nacionales. También figuraban la ley de desarrollo agrobioindustrial; ley de promoción de inversiones en la industria automotriz; ley de compre argentino; y ley de electromovilidad.

La Asamblea Legislativa

El 1° de marzo Alberto Fernández inauguró por tercera vez el período de sesiones ordinarias, con un discurso en el que reconoció a la inflación como “el gran problema de los argentinos”, y definió al acuerdo con el FMI como “el mejor acuerdo que el Gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el Gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI y muchos menos en las condiciones que ya describí”. Y pidió al Congreso acompañar el entendimiento “para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas”.

En ese discurso de poco más de una hora y media descartó una reforma previsional, lanzó críticas contra JxC entre otras cosas por haber rechazado el Presupuesto el año anterior y cuando volvió a insistir a la Justicia investigar a Mauricio Macri por la deuda contraída con el FMI, los diputados y senadores del Pro se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto mientras el oficialismo le brindaba al presidente uno de sus más cerrados aplausos de la jornada y la vicepresidenta sonreía.

“El relato mentiroso y sesgado sobre la deuda pública en Argentina que desconoce la deuda que heredó el expresidente Macri de las administraciones kirchneristas y las generadas por esta gestión (que ya acumula 65 mil millones de dólares incluyendo la deuda del BCRA) insulta la inteligencia de los argentinos y la investidura de los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”, diría más tarde el Pro a través de un comunicado.

Uno de los integrantes de esa bancada -hoy convertido en objeto de un pedido de expulsión desde el oficialismo-, Gerardo Milman, participó de la comisión de recepción del presidente y en ese marco le pidió que iniciara su alocución con un minuto de silencio “por los muertos por Covid y por los asesinados en Ucrania”. El presidente así lo hizo y el diputado del Pro se lo agradeció desde su banca.

Al día siguiente de la Asamblea Legislativa volvieron a presentar en Diputados el proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales, que había perdido estado parlamentario por tercera vez. Leonardo Grosso había adelantado esa presentación que se hizo con la presencia de diputados, funcionarios y organizaciones ambientales, sociales y científicas.

El acuerdo con el FMI

El 3 de marzo oficialismo y oposición definieron en Diputados el cronograma para el debate del acuerdo. Recién ese día y después de que durante todo el verano se insistiera desde el Gobierno en que la presentación pública del mismo era inminente, se conoció el proyecto. Finalmente el día 7 de marzo arrancó el debate en la Cámara baja, con la presencia del jefe de Gabinete, el ministro de Economía, el titular del Banco Central y otros funcionarios.

En ese tan postergado encuentro del ministro con los diputados, Martín Guzmán no hizo referencias a ningún tipo de herencias y se limitó a detallar la manera como habían llegado al stand by del FMI en 2018. En ese marco repitió muchos de los conceptos vertidos el 28 de enero pasado, cuando junto al presidente de la Nación anunciaron el preacuerdo.

Arrancó planteando que era la primera vez en la historia en que un acuerdo entre el Gobierno y el staff del FMI sería puesto a consideración del Congreso, tras lo cual describió primero qué se buscaba alcanzar con el acuerdo. Y en ese sentido señaló que la Argentina “enfrenta una situación de un gran potencial desestabilizador la deuda, la combinación de la carga y la secuencia de vencimientos”. Advirtió entonces que “la Argentina no cuenta con recursos para hacer frente a los vencimientos acordados en 2018, lo cual pone en un clarísimo riesgo la estabilidad de la balanza de pagos en tiempos muy próximos”.

Desde la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina le enrostró a Guzmán: “Usted viene al Congreso con una ley que trae un enlatado, donde nos quiere hacer socios del ajuste inevitable que tenemos por delante, porque el Gobierno en los dos últimos años, primero con la excusa de la pandemia y después de la post-pandemia, se quedó sin financiamiento y sin recursos. Y quiere asociar a la oposición y hacer responsable político al FMI de un ajuste que ustedes no pueden evitar”.

El 8 de marzo y tras una reunión con Massa, gobernadores pidieron a los diputados la aprobación del acuerdo; lo mismo hicieron ante el plenario de comisiones la CGT el Grupo de los 6. Entre los primeros, sobresalió el radical Gerardo Morales, quien rechazó un default y llamó a “honrar las deudas y actuar con responsabilidad en el Congreso”.

El dictamen se alcanzó en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas el 9 de marzo. No fue sencillo: la reunión comenzó a las 14.13 y tras un cuarto intermedio de más de tres horas, se firmó pasadas las 22. Con la intención de sumar voluntades, el Ejecutivo había atendido los reclamos y modificó el proyecto original, por lo que la redacción final del proyecto presentó tres artículos, siendo el primero el siguiente: “Apruébense, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el ‘Programa de Facilidades Extendidas’ a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del ‘Acuerdo Stand By’ oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario. El Poder Ejecutivo Nacional suscribirá, en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente”.

Ese artículo sufrió un cambio de último momento por lo cual se demoró la reanudación del debate. Originalmente decía “para apoyo presupuestario”, lo cual fue modificado por esta frase: “para fortalecimiento de las reservas”. Se quitó el artículo 2 que la oposición exigía que se borrara. El mismo expresaba: “A los fines del artículo 1°, se acompañan el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, como Anexos IF-2022-20313101-APN-SLYA#MEC e IF-2022-20313142-APN-SLYA#MEC, que componen el Programa de Facilidades Extendidas mencionado en el artículo precedente y que forman parte integrante de la presente ley”.

Era imprescindible que el oficialismo cediera, pues necesitaba los votos de una buena parte de la oposición para compensar los propios que le faltarían. La discusión siempre giró en torno al texto que envió el Poder Ejecutivo y los dos artículos que incomodaban a la oposición. No solo a Juntos por el Cambio, sino también al interbloque Federal, que en conferencia de prensa en la que sus miembros había dejado clara su negativa a votar el programa económico dentro del proyecto de acuerdo con el FMI, en una postura similar a la que plantea Juntos por el Cambio, aunque con una propuesta propia.

Protagonista central de todas las negociaciones, pasado el mediodía el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, concurrió a la Casa Rosada para dialogar con el presidente Alberto Fernández. Según trascendió, el diputado le llevó al mandatario tres propuestas de la oposición y una “unificada” del Frente de Todos, que ya se mostraba dispuesto a modificar el texto del proyecto.

Las negociaciones finales se llevaron a cabo en el despacho del presidente del bloque radical, Mario Negri. Allí concurrieron, además de miembros de JxC Germán Martínez y Sergio Massa. A las 19, ambos salieron para regresar 15 minutos más tarde, ya con caras distendidas y a punto de firmar el acuerdo.

La sesión se realizó en Diputados al día siguiente y la aprobación sobrevino luego de más de 13 horas por 202 votos a favor y 37 en contra. El grueso del oficialismo y los bloques de la oposición respaldaron la iniciativa, que rechazaron los diputados de La Cámpora, cuyo líder Máximo Kirchner bajó al recinto recién al momento de la votación, para hacerlo obviamente en contra. No hubo oradores de ese espacio durante la sesión.

Juntos por el Cambio aportó más votos que el oficialismo: 111 contra 76. El resto de los votos favorables correspondió a los del interbloque Federal, Provincias Unidas y los dos de SER. De los 37 que votaron en contra, 28 eran del FdT y solo uno de JxC. Las abstenciones sumaron 37 y los ausentes fueron 4, todas de Juntos por el Cambio.

El ataque al despacho de CFK en el Senado

Durante el debate en Diputados hubo serios incidentes en torno al Congreso de la Nación de quienes rechazaban el acuerdo con el Fondo. Y en ese marco se produjeron destrozos en el despacho de Cristina Kirchner en el Senado. La propia vicepresidenta se encargó de difundir el episodio a través de un video con su voz en off, en el que la exmandataria habló también del regreso del FMI y sus revisiones técnicas trimestrales. Un militante del Movimiento Social Teresa Rodríguez fue detenido por el hecho.

El incidente tomó proporciones a partir de que la vicepresidenta hizo a lo largo del año constantes referencias a ese suceso que los diputados y senadores del FdT repudiaron con dureza. El 14 de marzo Cristina Kirchner difundió un nuevo video a través del cual denunció que el ataque a su despacho había sido planificado.

Un informe elaborado por Presidencia del Senado calculó en 6 millones de pesos el costo de los daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.

Ese mismo día arrancaba en la Comisión de Presupuesto del Senado el debate sobre la media sanción proveniente de Diputados.

El proyecto tuvo dictamen el 15 de marzo y dos días después sesionó la Cámara alta para rubricar la ley. Eso se consiguió al cabo de un debate de 9 horas, con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones.

Tal como se esperaba, el oficialismo se fracturó a la hora de votar: el sector kirchnerista no acompañó al momento de la votación. En esa instancia tampoco estuvo presente Cristina Kirchner.

Igual que en la otra Cámara, Juntos por el Cambio aportó más votos que el propio oficialismo. 32 senadores de ese espacio se manifestaron a favor del acuerdo, y en ese espacio hubo solo una abstención. Del Frente de Todos, 20 senadores acompañaron el proyecto, mientras que 13 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

El Consejo de la Magistratura

Faltando poco tiempo para que venciera el plazo de 120 días dado por la Corte Suprema para que el Congreso elaborara una nueva ley, en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado comenzó a analizarse el 22 de marzo el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Fue con la presencia del ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro Juan Martín Mena; y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

En ese marco el titular de Justicia se quejó porque el Congreso estuviera “obligado a legislar bajo presión” y calificó al fallo de la Corte dictado el 16 de diciembre de 2021 como “una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.

El 23 de marzo se firmó el dictamen del proyecto, que se trataría una semana después. Sin embargo esa sesión se cayó, pues el aliado Alberto Weretilneck había presentado un dictamen propio y no llegó a un acuerdo con el oficialismo. Sin eso, no había ley, por lo que el proyecto volvió a comisión. Allí, el 30 de marzo un plenario de Asuntos Constitucionales y de Justicia volvió a debatir el tema y el oficialismo aceptó los cambios propuestos por el senador rionegrino, que apuntaban a tener un Consejo de la Magistratura más federal. Con esa medida, el oficialismo se garantizaba la aprobación del proyecto.

Cosa que consiguió el 7 de abril. Ese día en el Senado el proyecto del Poder Ejecutivo recibió modificaciones para garantizar su aprobación por 37 votos a favor, 33 en contra y ninguna abstención.

La media sanción pasó a Diputados, donde tenía muy pocas chances de tratarse antes del 15 de abril, plazo dispuesto por el fallo de la Corte. No se trató hasta entonces, ni después, y volvió a regir la norma de 1996.

¿Llegó a tratarse en Diputados? Con expositores, el debate en comisión arrancó el 17 de mayo, pero nunca se acercó siquiera al dictamen.

Cristina Kirchner y Sergio Massa se tomaron su tiempo para designar a los miembros del Congreso que debían desembarcar en el nuevo Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, un juez de Paraná, a instancias del diputado Marcelo Casaretto, logro frenar la designación de los diputados. Esa instancia no prosperó, pero lo verdaderamente audaz fue la jugada del oficialismo en el Senado para quedarse con un lugar más en la Legislatura. Luego de la presión de Juntos por el Cambio para que Cristina Kirchner y Sergio Massa firmaran las designaciones de la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez, la vicepresidenta de la Nación sacó un as de la manga y parece haberse quedado con el premio mayor: partió en dos el bloque del Frente de Todos, con lo cual pasaba a tener una bancada por la “mayoría” y la otra sería la “segunda minoría”.

Se creó el bloque Frente Nacional y Popular, de 21 miembros, y se reflotó el escudo Unidad Ciudadana, como segunda minoría, con 14 miembros.

Así las cosas, si bien Sergio Massa designó a la diputada de JxC Roxana Reyes, el Senado terminó enviando un senador kirchnerista: Martín Doñate. El tema se judicializó, pero la Corte terminó dando el visto bueno para que ambos juraran, más allá de que hubiera todavía reclamos judiciales pendientes.

La Ley de Alquileres

El viernes 25 de marzo Juntos por el Cambio elevó al presidente de la Cámara una nota solicitando una sesión especial para el 5 de abril venidero, con el objeto de derogar la Ley de Alquileres. La nota incluía proyectos para ayudar a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.

“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, reclamó Mario Negri.

La medida surtió efecto y oficialismo y oposición terminaron acordando constituir la Comisión de Legislación General para iniciar el 5 de abril, fecha prevista para la sesión ahora suspendida, un cronograma para debatir cambios en la ley y mejorarla.

En el ínterin comenzaron a aparecer iniciativas alternativas, como la de Gisela Marziotta para crear una Cámara Nacional de Alquileres, un órgano autárquico que se encargara de regular los aumentos de precios de esas rentas; otra del rionegrino Agustín Domingo para volver al plazo de dos años, librar a la voluntad de las partes los ajustes de los precios y liberar la elección de garantía para la operación; y también una del sanjuanino José Luis Gioja, que proponía modificar el plazo de los contratos y el sistema de actualización de los precios.

Cuando el 12 de abril comenzaron las reuniones informativas, quedó expuesto que los inquilinos respaldaban la norma vigente. Las reuniones informativas se extendieron hasta el 26 de abril, y finalmente el 11 de mayo se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría del Frente de Todos, que reivindicó la norma actual, mientras que JxC firmó otro a favor de reducir la extensión de los contratos y cambiar la forma de actualización. El dictamen fue del interbloque Federal.

Sin embargo, como el despacho de mayoría incluía un capítulo sobre incentivos fiscales para los cuales no tenía competencia Legislación General, se convocó a tratar el tema también en la Comisión de Presupuesto. Recién el 22 de junio se concretó esa postergada reunión en la que el Frente de Todos mantuvo su dictamen de mayoría, pero Juntos por el Cambio y bloques federales terminaron suscribieron uno de minoría, con grandes posibilidades de imponerse en el recinto. Sin embargo, con el correr del tiempo el apoyo que habían dado los rionegrinos en nombre del interbloque Provincias Unidas se diluía, puntualmente por el tema del tiempo de aplicación de los reajustes: mientras el dictamen estableció que fueran cada 3 meses, los rionegrinos preferían períodos semestrales. Pasó el tiempo, e inflación desenfrenada mediante, el tema se complicó cada vez más y el tratamiento de la reforma en el recinto se postergó indefinidamente hasta llegar a esa última y frustrada sesión de Diputados en la que el oficialismo sorprendió proponiendo incluir el proyecto en el temario, cosa que fue rechazada por la oposición, a sabiendas de que el oficialismo conseguiría imponer su dictamen, que ellos consideraban pernicioso.

El fondo para pagarle al Fondo

El 28 de marzo, el bloque del Frente de Todos del Senado presentó un proyecto de ley para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, y “se busca que quienes tengan bienes en el exterior que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia”.

Ese mismo día la titular del Senado recibió en su despacho al embajador norteamericano Marc Stanley, con quien entre otras cosas conversó sobre ese tema, solicitándole la “colaboración de su país” con esa iniciativa que contaba obviamente con su beneplácito.

Contra las críticas que surgieron contra esa propuesta, Oscar Parrilli sostenía que “se calcula que hay fuera del país entre 350.000 y 400.000 millones de dólares sin declarar”, y que aquellos que se opongan a esta iniciativa “estarán defendiendo a los evasores”.

El 12 de mayo el Senado aprobaba el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli para crear un Fondo para pagarle al FMI con dólares fugados. Fue al cabo de un debate de casi cinco horas, y se aprobó por 37 votos a favor y 31 en contra. El proyecto

Comenzó a tratarse el 1 de junio, con la presencia de constitucionalistas y economistas, en Diputados, pero no pudo avanzar.

En plena carrera inflacionaria, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace presentó un proyecto de ley para dolarizar la economía. Ya venía hablando de eso Javier Milei, pero el diputado puntano dio un paso más al plasmarlo en iniciativa. Desde el oficialismo, Marcelo Casaretto descartó de plano la propuesta al afirmar que “le quitaría al Estado la posibilidad de manejar la política monetaria”, en tanto que el liberal José Luis Espert aclaró que esa alternativa podía ser, eventualmente, “la frutilla del postre. Nunca la punta del ovillo”.

El 29 de marzo se presentó en Diputados la nueva ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto, fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, fue presentado por la entrerriana Carolina Gaillard y acompañado por más de 50 diputados y diputadas de todos los bloques políticos. En diciembre de 2021, el proyecto había recibido dictamen de comisiones e incluso formó parte del temario de sesiones extraordinarias, pero finalmente no se trató.

“Hoy volvemos a presentar un proyecto de ley que es el fruto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, para dar respuesta integral al tratamiento de VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual”, explicó Gaillard.

Un tema que caracterizó no solo a este 2022, sino a todo el recambio legislativo, fue la demora en constituir las comisiones en ambas cámaras. Fundamentalmente en Diputados, donde recién el 21 de abril se destrabó el tema y comenzaron los llamados masivos a ir constituyendo las comisiones.

El 26 de abril, la diputada radical Jimena Latorre hizo público a través de sus redes sociales que dos meses atrás le habían detectado cáncer de mama y luchaba contra esa enfermedad. Así y todo siguió concurriendo a las sesiones y reuniones de comisión. En la sesión del 5 de mayo, la primera realizada desde que ella hizo su anuncio, Sergio Massa la felicitó por estar presente “dando el ejemplo y sesionando”, despertando un cerrado aplauso espontáneo.

El 27 de abril de 2022 comenzó a debatirse en comisiones del Senado los proyectos para ampliar la Corte Suprema. Se pusieron a consideración ese día iniciativas de Adolfo Rodríguez Saá, Clara Vega, Alberto Weretilneck y Silvia Sapag.

Boleta Unica en papel

Ese mismo día en la otra Cámara, la oposición pidió una sesión especial para el jueves 5 de mayo para tratar el proyecto de Boleta Unica. La movida estuvo encabezada por el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo. Y un día más tarde, se repitió la modalidad para pedir una sesión especial también para el jueves 5, para tratar el tema de los créditos UVA. En este caso, la presión surtió efecto, pues oficialismo y oposición llegaron a un entendimiento para darle al tema un tratamiento especial como con alquileres. No obstante y pese a que se realizaron numerosas reuniones -varias de ellas informativas-, pasó el año y el tema quedó irresuelto.

Entre muchas idas y vueltas, el día 5 de mayo Diputados realizó una sesión en la que la oposición unificada logró imponer una moción de emplazamiento de comisiones para comenzar a tratar los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel, de cara a las elecciones de 2023. La votación resultó con 132 votos a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Según el cronograma establecido en el recinto, el miércoles 11 de mayo a las 10 debería iniciarse el debate en comisiones, para firmar dictamen el 31 de mayo.

No fue lo único que se votó en esa sesión: también se dio media sanción, en su cuarto intento y tras 9 años de trabajo, la ley de VIH; y fue convertido en ley el Marco Regulatorio del Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial.

El 6 de mayo senadores oficialistas encabezados por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde presentaron un proyecto de ley para que las personas en edad de jubilarse, pero que no cuentan con los aportes suficientes, pudieran cubrir esos años haciendo los pagos correspondientes. El proyecto tuvo media sanción el 30 de junio, pero en Diputados el tratamiento se demoró y el proyecto no pudo ser tratado en la última sesión del año, que no pudo hacerse por falta de quórum.

En esa sesión del 30 de junio se convirtió en ley la creación del Parque Nacional Ansenuza en la provincia de Córdoba, como así también se aprobó la Ley de Oncopediatría. En esa misma jornada, el Senado convirtió en ley la respuesta integral al VIH.

Por esos días hubo chispazos entre Sergio Massa y el ministro de Economía Martín Guzmán, por un reclamo del entonces presidente de la Camara para volver a actualizar el piso de Ganancias, ante lo cual el titular del Palacio de Hacienda confirmó que así lo harían. Pasaron los días y ante la inacción del ministro, Massa volvió a enviarle una carta para actualizar “de inmediato” el piso. Finalmente el Gobierno elevó el mínimo a $280 mil pesos y el anuncio lo formularon Massa, Guzmán y dirigentes cegetistas en una conferencia de prensa realizada en la explanada de la Casa de Gobierno.

Uno de los proyectos que se debatió a lo largo de buena parte del año fue el de Compre Argentino, en el que oficialismo y oposición no pudieron ponerse de acuerdo y el 24 de mayo emitieron dos dictámenes que nunca llegaron al recinto.

El último día de mayo la oposición logró el dictamen de mayoría sobre boleta única. El oficialismo, con el apoyo del misionero Diego Sartori, firmó un dictamen de rechazo.

El 2 de junio, Juan Manzur se presentó por primera vez en el Congreso para dar su informe como jefe de Gabinete. Fue en el Senado, donde destacó la recuperación económica de 2021, admitió que una baja de la inflación sería gradual y habló de la necesidad de bajar el déficit fiscal.

Dos meses después de iniciarse el debate en el Senado, el 2 de junio Alberto Fernández presentaba a gobernadores un proyecto para agrandar la Corte Suprema. En rigor, originalmente se había dicho que los gobernadores le llevarían un proyecto propio, pero en realidad fue al revés. Fue ahí cuando se habló de elevar a 25 el número de integrantes del Tribunal.

Eran días en los que Javier Milei “derrapaba” manifestándose en una entrevista a favor de la venta de órganos, mientras la vicepresidenta le decía en público a Alberto Fernández que usara “la lapicera”. Al día siguiente, Matías Kulfas era eyectado del gabinete.

El 8 de junio el Poder Ejecutivo mandó al Congreso el proyecto de renta inesperada, una iniciativa fundamentada en las consecuencias de la guerra en Ucrania, que nunca llegó a tratarse siquiera en comisión.

Ese mismo 8 de junio la oposición le asestó una severa derrota al oficialismo al dar media sanción al proyecto de boleta única de papel. Fue por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones. Nunca se comenzó a tratar en el Senado.

Un día después, los jefes del interbloque Frente de Todos en el Senado presentaron formalmente en el Senado el proyecto para ampliar la Corte Suprema a 25 miembros.

En la sesión del 15 de junio, la Cámara baja daba media sanción por unanimidad al alivio fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos. En esa misma jornada y tras un debate caliente, el FdT logró sancionar la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales. Quince días más tarde el Senado convertía en ley el alivio fiscal.

A mediados de año surgió un nuevo debate legislativo, en torno al tratamiento del Salario Básico Universal, una propuesta promovida por diputados de movimientos sociales, con la forma de Itai Hagman. De entrada, el Gobierno aclaró que no había posibilidades de avanzar con ese tema, mientras que la vicepresidenta se manifestó a favor de la iniciativa.

Cambio al frente de la Cámara baja

En ese mes de julio se produjo la renuncia intempestiva de Martín Guzmán, y durante el fin de semana en el que se analizó su sucesión, se anotó el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. Finalmente la elegida fue Silvina Batakis, que duró poco.

Con la economía tambaleando, el 24 de julio los diputados oficialistas denunciaban maniobras golpistas y alertaban sobre “una acción sistemática” en ese sentido. Le apuntaron además a “dirigentes políticos y operadores mediáticos”. Desde Juntos por el Cambio, replicaron que “la desestabilización del Gobierno la infringe el FdT desde el día que muchos legisladores dieron la espalda irresponsablemente al acuerdo con el FMI”.

En ese marco, el 28 de julio se anunciaba finalmente que Sergio Massa dejaría la Cámara de Diputados para asumir al frente de un Ministerio de Economía “reforzado”. “La política no necesita salvadores, sino servidores”, expresó el designado “superministro”.

El primer día de agosto se confirmó el nombre de quien sucedería a Massa al frente de la Cámara: Cecilia Moreau. La primera mujer al frente de Diputados asumió al día siguiente en una sesión de casi dos horas en la que primero se le aceptó a Massa la renuncia como presidente y diputado nacional y luego se votó a su sucesora. Juntos por el Cambio, el bloque Córdoba Federal y la izquierda se abstuvieron a la hora de la votación; el bloque de Javier Milei se opuso; Identidad Bonaerense, el Partido Socialista y el interbloque Provincias Unidas acompañaron el nombramiento junto al oficialismo. Los diputados de Avanza Libertad José Luis Espert y Carolina Píparo estuvieron ausentes.

“Sin abrir un juicio de valor respecto de la persona propuesta, nosotros nos vamos a abstener”, anunció Mario Negri al justificar la postura de su espacio, pero aclaró que esa postura tenía que ver con que faltaban también 4 meses para que concluyera el mandato. Y adelantó entonces que verán si en diciembre se renovaba o se incorporaban cambios.

Eran días en los que toda la atención estaba puesta en el alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, y el 8 de agosto la defensa de la vicepresidenta pedía que se apartara del juicio tanto a ese fiscal como al presidente del Tribunal y se declarara la “nulidad” de todo lo actuado en el juicio. El pedido sería rechazado.

Ese mismo día la senadora Juliana Di Tullio presentaba un proyecto de ley de refuerzo de ingresos para “reducir la indigencia”. Una iniciativa tendiente a dar una respuesta al pedido de implementación de un salario básico universal.

A un año de las elecciones primarias, sonaba fuerte la posibilidad de que el Gobierno buscara eliminar las PASO, cosa muy resistida desde Juntos por el Cambio. La especie cobró más fuerza cuando el diputado rionegrino Luis Di Giacomo anunció la intención de presentar un proyecto en ese sentido.

La posibilidad de que un proyecto en ese sentido pudiera realmente prosperar duró hasta que finalmente Javier Milei aclaró el 5 de noviembre que no daría quórum para ese debate. Su eventual apoyo a la derogación era lo que inclinaba la balanza hacia el lado del Gobierno.

El intento de magnicidio

El 22 de agosto la fiscalía pedía 12 años de prisión para Cristina Kirchner e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Propenso a los extremos, el diputado del Pro Francisco Sánchez sugería que “12 años por robar impunemente es casi nada” y sugería para esos casos “la pena de muerte”. Hubo fuertes reacciones desde el oficialismo y hasta pedidos de expulsión del neuquino.

Al día siguiente, la vicepresidenta hizo su descargo, en el que aseguró que “absolutamente nada de lo que dijeron fue probado”. En los días posteriores, la casa de Cristina Kirchner se convirtió en una suerte de santuario para los militantes que diariamente se instalaron en esa zona de Palermo, hasta que el Gobierno de la Ciudad decidió poner vallas y ardió Troya. El kirchnerismo reaccionó hablando de “cobarde hostigamiento” contra CFK.

Y fue el 1 de septiembre cuando el país se conmocionó con la noticia del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fernando Sabag Montiel fue detenido luego de gatillarle dos veces en la cabeza a la exmandataria sin que alcanzara a salir ninguna bala.

Oficialistas y opositores salieron a condenar prestamente el atentado y en el Salón Illia del Senado todos los sectores dieron un pronunciamiento contra el ataque.

El presidente Alberto Fernández dio un discurso por cadena nacional en el que anunció un feriado para el día siguiente y cargó contra los discursos del odio.

Ese sábado se realizó una histórica sesión de la Cámara baja en la que se corporizó un enfático repudio al ataque contra la vicepresidenta. Por un lado se expresó un “enérgico repudio” al intento de magnicidio y se exigió un “pronto y completo esclarecimento”.

El Senado realizó su sesión de repudio el jueves siguiente, pero no asistió el interbloque Juntos por el Cambio por no avalar “el uso político partidario del Congreso”.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, concurrió finalmente a la Cámara de Diputados el 14 de septiembre para brindar por primera vez el informe que le manda la Constitución. Allí llamó al “diálogo” para “fortalecer la paz social”, admitió que nadie podía estar conforme con los niveles de inflación existentes y escuchó el pedido irónico de la oposición para que cumpliera en volver a la Cámara en el mes de noviembre. Nada optimista en ese sentido, Waldo Wolff dio por sentado que eso no sucedería y le deseó “feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Reyes”. Y acertó, porque el tucumano no regresó a ninguna de las dos cámaras.

Al día siguiente hubo sesión en Diputados y en ese marco el socialista Enrique Estévez pidió un apartamiento de reglamento para tratar una serie de proyectos referidos a la protección de humedales, en un plenario de comisiones a partir del 22 de septiembre.

En esa sesión, Diputados también aprobó el proyecto de Promoción de la Enfermería y convirtió en ley el Consenso Fiscal 2021.

El 22 de septiembre, el Senado dio media sanción a la ampliación de la Corte Suprema a 15 miembros. Lo consiguió con aliados que obligaron a que como concesión dejara de lado el oficialismo su idea de elevar el número a 25. La aprobación se consiguió por 36 votos a favor y 33 en contra.

El 28 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, se presentó en la Cámara de Diputados acompañado por sus colaboradores ministeriales. En su exposición, Massa explicó los principales ejes del programa y pidió que “cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta”. En ese sentido, recordó fallido Presupuesto 2022 que “lo llevo como una cruz”. También calificó al proyecto como “prudente y realista, planteado con responsabilidad”.

El debate sobre humedales generó controversias entre los diputados, por el interés de la comisión cabecera, Medio Ambiente, por sacar rápido el dictamen. Desde la Comisión de Agricultura se pusieron en guardia y reclamaron realizar reuniones informativas, cosa que rechazaron desde la comisión conducida por Leonardo Grosso. Al final, Agricultura -presidida por Ricardo Buryaile- hizo su propia reunión con invitados y al día siguiente se suspendió el plenario en el que pretendían dictaminar.

La pulseada continuó y el 3 de noviembre en una reunión conjunta de las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, diputados a favor de la iniciativa reclamaron no dilatar más el tema, con duros cuestionamientos a Buryaile por no haberse sumado al plenario. Llamaron a dictaminar la semana siguiente. “A mí no me financia nadie”, se defendió el radical entrerriano.

Finalmente se realizó un plenario el 10 de noviembre en el que JxC obtuvo el dictamen de mayoría, mientras que el de minoría correspondió al FdT. El proyecto que encabezaba Leonardo Grosso contó con el respaldo de las organizaciones ambientalistas y era similar al que obtuvo dictamen en 2021 -solo en esa comisión- pero finalmente no avanzó. En tanto, producto de un consenso entre los proyectos de Maximiliano Ferraro y Ximena García; Jorge Vara; y Gabriela Lena, Juntos por el Cambio puso sobre la mesa un texto unificado, que ya no llegó en el resto del año al recinto.

El 8 de octubre se conoció la información de que el senador nacional José Mayans había sido internado tras sufrir una hemorragia intestinal. Dos días después debió ser trasladado en avión sanitario a un nosocomio de la Ciudad de Buenos Aires, donde permaneció internado dos meses hasta que pudo regresar a su provincia. Se espera que en el transcurso de este 2023 pueda reintegrarse a la actividad política.

En una sesión consensuada del 12 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares, una iniciativa que generó algunas rispideces en el seno del Pro.

El Presupuesto 2023

El 25 y 26 de octubre se debatió el Presupuesto 2023 en la Cámara baja. El proyecto del Poder Ejecutivo tuvo una treintena de modificaciones, y obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. Fue la aprobación más amplia en esa Cámara registrada en los últimos veinte años.

En la votación particular, el oficialismo decidió retirar el artículo 95 del dictamen del Presupuesto, que prorrogaba hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. Claramente así lo decidió a partir de la certeza de que fracasarían en la votación.

No lo hizo y sí perdió la votación el Frente de Todos en el artículo referido al pago de Ganancias por parte de funcionarios y empleados del Poder judicial. Hubo 134 votos en contra de ese artículo -incluso cinco por parte del propio oficialismo- y 116 a favor.

A fines de octubre el diputado Gerardo Milman fue involucrado en el atentado contra la vicepresidenta, a partir de que un asesor del senador Marcos Cleri dijo haberlo escuchado decir en la confitería Casablanca que “cuando la maten” él iba a estar “en la costa”, horas antes del ataque contra CFK. “Queda bastante claro que es una jugada berreta y desesperada del oficialismo para correr el eje de la conversación e intentar distraernos de la angustiante realidad que atraviesa el país”, se defendió el diputado del Pro.

Sin embargo el diputado Milman terminó bajando absolutamente el perfil y el oficialismo avanzando con un proyecto para excluir al legislador por “inhabilidad moral”.

Lejos de apaciguar esa embestida, la propia Cristina Kirchner publicó un video el 10 de noviembre donde dio por válida la acusación y afirmó: “Aparecieron las primeras pruebas que vinculan a la política” con el ataque, al tiempo que seguía machacando contra la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, porque “paralizó y boicoteó la investigación”. El bloque Pro salió en defensa de su diputado y habló de “acusaciones infundadas”.

En la sesión del 27 de octubre, el Senado convirtió en ley el proyecto que garantizaba el financiamiento de las industrias culturales por 50  años; la prórroga del Régimen de Regularización Dominial para Barrios Populares; y la ley para expropiar el predio de Cromañón.

El 8 de noviembre la Corte Suprema aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera del Consejo de la Magistratura al senador Luis Juez. Los senadores del Frente de Todos rechazaron duramente lo que consideraron como un “fallo político” de la Corte, hablaron de “avasallamiento” del Poder Legislativo, de inconstitucionalidad, y como los mandatos de los integrantes del Consejo de la Magistratura ya vencían, decidieron insistir con Martín Doñate para ese lugar en dicho organismo.

En una sesión celebrada el 9 de noviembre, la Cámara baja aprobó la creación del Registro de Deudores Alimentarios, como así también dio media sanción a la Ley Lucio, y un proyecto para flexibilizar la renovación del Certificado Unico de Discapacidad.

El 16 de noviembre se reunió el Senado para tratar el Presupuesto 2023, pero ese debate no tuvo el mismo resultado que en Diputados, donde la oposición colaboró de tal manera que la aprobación obtuvo una abrumadora cantidad de votos. El clima se había enrarecido en los días previos por el tema del Consejo de la Magistratura y en ese marco el oficialismo buscó incluir a todo el cuerpo en el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo de la Magistratura. Así, se puso el decreto a consideración del pleno como primer tema a debatir en esa sesión, por lo que Juntos por el Cambio resolvió no participar de esa sesión. Al cabo, el nombramiento de los cuatro representantes del Senado ante el Consejo -Martín Doñate incluido- contó con 37 votos a favor. Unanimidad con el Frente de Todos y sus aliados habituales, mas sin la presencia de la principal oposición, que protestó no solo por la designación de Doñate en lugar de Luis Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.

Así, mientras el oficialismo y sus aliados refrendaba en el recinto el decreto, los senadores de Juntos por el Cambio brindaban una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticipaban que continuarían en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás.

Allí explicaron que también se ausentaban del debate del Presupuesto porque su tratamiento tomaba “irrelevancia” ante lo ocurrido con el Consejo.

De tal manera, a media tarde el Gobierno ya tenía el Presupuesto convertido en ley, por unanimidad, mas sin los votos de la principal oposición.

Ruptura en Diputados

La última sesión consensuada de la Cámara de Diputados se celebró el 24 de noviembre. Ese día se aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce la lengua de señas en todo el país; le dieron media sanción al proyecto de alcohol cero al volante; y la Ley Johanna sobre atención frente a la muerte perinatal.

Pero mientras ya se hablaba de dos señales más en la Cámara baja para cerrar el año, las cosas comenzaron a complicarse en ese Cuerpo. Fue cuando el juez Martín Cormick anuló el 28 de noviembre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, al hacer lugar de manera tardía a una presentación hecha en su momento por Germán Martínez. Mario Negri calificó el fallo como “arbitrario, político, nulo y extemporáneo”.

Al día siguiente los radicales pidieron a la presidenta de la Cámara apelar el fallo, y el 30 de noviembre Cecilia Moreau lo hizo, pero, en función del conflicto planteado, la titular del Cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se saldara la cuestión. “Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.

Fue la chispa que incendió la pradera. “Dejó de ser la presidenta de toda la Cámara para militar por los intereses de Cristina Kirchner”, bramó Mario Negri. El interbloque JxC entró en estado deliberativo y emitió un comunicado en el que repudiaban “la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, expresaron, mientras el bloque de diputados oficialistas salía a respaldarla.

Con ese clima se llegaba a la sesión preparatoria para confirmar las autoridades de la Cámara, prevista para el 1 de diciembre. Para ese día estaba prevista también una sesión especial para después de dicha sesión, pero ya la principal oposición se había pintado la cara y anunciaba que no apoyaría la continuidad de Moreau.

Y sucedió lo imprevisto: la sesión preparatoria del 1° de diciembre no alcanzó quórum y por primera vez desde el retorno de la democracia las autoridades fueron habilitadas para continuar en sus cargos por el artículo 37° del reglamento y no la votación de sus pares. Tras el fracaso de la sesión, hubo una sucesión de conferencias de prensa en las que las partes dejaron claras sus posiciones. En el caso de JxC, cuestionaron severamente la suspensión de las designaciones en el Consejo de la Magistratura. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, advirtió Negri.

“Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”, los criticó Cecilia Moreau.

La sesión especial posterior a la fracasada sesión preparatoria nació con complicaciones. Al oficialismo se le hizo cuesta arriba y sucesivamente fue postergando por notas el inicio, hasta conseguirlo finalmente, mas con mucha demora respecto de la hora original, lo que llevó a JxC a considerar inválida la sesión. Y así lo hicieron saber a viva voz una vez que el oficialismo dio por iniciada la misma. Nunca dejaron de gritar tras el inicio del debate de creación de 8 universidades.

El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.

La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo. Ese intento de sesión duró poco más de una hora y media, hasta que Juntos por el Cambio forzó una votación a sabiendas de que no había quórum y la sesión se cayó.

Fue una sesión escandalosa con gestos obscenos al final que motivaron un pedido de expulsión de legisladores kirchneristas contra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo. Como contrapartida, desde Juntos por el Cambio se reclamaría una sanción similar para Rodolfo Tailhade, que antes había hablado de una “sodomización” del radicalismo a manos del Pro durante la gestión de Macri.

A su vez, el jefe del bloque oficialista calificaba la actitud de la principal oposición como “un hecho de golpismo parlamentario”.

Cristina condenada

El martes 6 de diciembre de 2022, los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 condenaron a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por corrupción e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco del juicio por la causa “Vialidad”. Eso sí: desestimaron la acusación por asociación ilícita.

Posteriormente, Cristina realizó un extenso alegato en el que cargó de manera muy dura contra el Poder Judicial de la Argentina, aunque contrariamente a lo que expuso durante años, ya no habló de lawfare, ni de Partido Judicial. Esta vez y de ahora en más eligió el término “mafia y Estado paralelo”, que consideró un sistema vigente en la República Argentina.

En su discurso ella relativizó la prisión, asegurando que el verdadero objetivo de la justicia que cuestiona fue inhabilitarla para volver a ejercer cargos. En ese contexto, al cabo de su discurso de alrededor de una hora, y de una puntillosa explicación referida a los chats que revelan un viaje financiado por el grupo Clarín a Lago Escondido, la vicepresidenta de la Nación formuló un anuncio inesperado: que no será candidata a nada en 2023. Ni a presidenta, ni a senadora, a nada…

El mal clima del oficialismo con la Justicia atravesó todo el año. Sobre el final, el 14 de diciembre, la jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvía a apuntar contra la Justicia y afirmaba que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los 90.

El 15 de diciembre, la Corte Suprema dispuso que se les tomara juramento a los diputados designados para la Magistratura, con lo que se especuló que podría destrabarse la situación planteada entre oficialismo y oposición en esa Cámara. La presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, explicó a su vez que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”. “Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.

El 21 de diciembre juraron los nuevos consejeros por la mañana, pero eso no apaciguó los ánimos. Para ese mismo día estaba prevista una sesión y Juntos por el Cambio anticipó que no darían quórum. Como el interbloque Federal anunció que tampoco contribuirían al quórum hasta tanto las partes en disputa no acordaran, no había manera de que hubiera sesión, y se especuló con que aportaran al número algunos diputados de Evolución Radical, habida cuenta de que dos de las universidades que iban a crearse eran impulsadas por legisladores de ese sector. Sin embargo a la hora del quórum nadie de JxC se presentó y la sesión terminó cayéndose.

Hubo un último intento para acercar posiciones, ofreciendo el oficialismo incorporar la ley de alquileres en el temario. No hubo caso: la principal oposición lo consideró “una trampa” y no se sumó.

No hubo sesión de cierre del año, ni tampoco el Senado volvió a reunirse, por problemas para conseguir el quórum.

Ese mismo día la Corte Suprema falló a favor de CABA en el diferendo por el recorte de la coparticipación. Al siguiente el presidente anunció que recusaría a los miembros de la Corte y que no acataría el fallo. Hubo denuncias contra el Gobierno y anuncios de juicios políticos contra el presidente, quien el 26 de diciembre anunció que enviarían un proyecto para reasignar recursos y cumplir con el fallo de la Corte. La Ciudad rechazó el pago en bonos, y el presidente se mostró inflexible respecto de no pagar como la Corte había dispuesto. 

El año terminaría con la denuncia del oficialismo de vinculaciones entre Rodríguez Larreta y Horacio Rosatti, basándose en la difusión de unos chats tomados de manera ilegal que mostraban supuestos diálogos entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, un hombre muy allegado al presidente de la Corte. Para los senadores del Frente de Todos, se trataba del “mayor escándalo judicial de la historia de la democracia”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) volvió a apuntar contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que serán llevados a juicio político por pedido del presidente Alberto Fernández, y afirmó: “Nunca tuvieron un fallo en favor del pueblo”.

En diálogo con AM 530, la integrante de la Comisión de Juicio Político expresó: “Es un buen comenzar de año porque venimos denunciado hace años el accionar de la CSJ”, y agregó: “Esto viene de antes, no solo con el Gobierno del FdT. Esta Justicia es una deformación de la Corte del expresidente Néstor Kirchner”.

“Hace mucho empezamos a ver a todos los fallos en contra de los intereses populares. Con Lago Escondido, la coparticipación y lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura todo eso queda en evidencia”, señaló Siley.

Por otro lado, afirmó que la Corte "rechazó todos los recursos presentados (previos a la sentencia por la Causa Vialidad) por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una clara muestra de persecución”. Además, advirtió que “seguramente no sea escuchado el pedido de CFK" de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la titular del Senado en septiembre pasado.

Respecto al avance del enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia, Siley explicó: “Con mayoría simple -16 de 31 legisladores en la Comisión de Juicio Político- se podrá dar inicio al sumario, y luego se recopilarán las pruebas aplicando el Código Procesal”.

En el cierre, agregó: “A partir de las pruebas se puede continuar como un juicio normal, llamando a testigos a declarar y ejecutando allanamientos”, y concluyó: “Empieza en Diputados porque en Senado no hay Comisión de Juicio Político”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) adelantó que otro fundamento que plantearan para impulsar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema es el “no funcionamiento” del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, comparó el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil con Argentina y alertó: “Hay que estar preparados para fortalecer las instituciones y la democracia”.

La integrante del Consejo de la Magistratura y miembro de la Comisión de Juicio Político, coincidió con las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno al intento de golpe de Estado en Brasil y sostuvo que "no por casualidad es el mismo método que emplearon hace un año atrás los seguidores de (Donald) Trump en el Capitolio unificando criterios para atacar al Estado".

“En Brasil lo que se da es sobre los tres poderes del Estado porque van contra Lula, atacan el Congreso y el Tribunal Superior. Esta es la insatisfacción democrática de la que también hablaba y habló tantas veces Cristina que después termina generando que el pueblo no crea en esas instituciones incluso actuando en contra de sus propios intereses”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.

En esa línea, expresó: “Me parece algo para preocuparnos, América Latina y todo el mundo también. Lo que sucedió en Brasil, el ataque a las instituciones del Estado y un intento de imponerse por fuera de la democracia me parece gravísimo. Hay que moverse rápido y apoyar a Lula, a Brasil. Creo que acá tiene que generarse nuevamente la unidad latinoamericana".

“Tenemos que estar preparados y fortalecer las instituciones porque desde el SXIX hasta esta parte, los hechos suceden casi todos al mismo tiempo. Para eso, cuando se presente el pedido de juicio político, creo que es un comienzo que va a ir de la mano del fortalecimiento de la democracia y hacer partícipe al pueblo de las grandes decisiones”, manifestó Siley.

Al ser consultada sobre lo que ocurrió en el país vecino con la actualidad política de Argentina, la diputada oficialista comparó: “La diferencia entre Brasil y Argentina es que el tribunal superior ya resolvió el apartamiento del titular del ejecutivo en Brasilia, eso me parece un dato distintivo. Ese me parece el comportamiento orquestado antidemocrático encuentra una respuesta de los tres poderes del Estado en su conjunto que acá no está pasando. Acá está pasando lo contrario por la connivencia entre JxC y la Corte Suprema, más específico entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro”.

“(Horacio) Rosatti quiere infligir todo tipo de regla para colocarse él a la cabecera", aseveró la legisladora y disparó que "el partido político" del presidente del máximo tribunal "es el Pro y la UCR", y afirmó que "se están cargando a la Constitución y a la democracia, y eso es lo grave. Es grave para toda la Argentina y para toda la población".

Y aclaró: “No es grave para Cristina, para los kirchneristas, el peronismo, es grave para todos”, y propuso: “A la democracia hay que defenderla con todo, no podemos defenderla a medias”.

Por último, le preguntaron por la recusación que presentó la titular del Senado hacia la jueza Capuchetti que lleva a cargo la investigación por el intento de magnicidio.

“No espero nada de la jueza Capuchetti. ¿Qué debería hacer? es recursarse, aceptarla, pero no lo va a hacer. ¿Cómo se corrige el funcionamiento de los magistrados? Con un Consejo de la Magistratura funcionado, pero el Consejo de la Magistratura no está funcionando y ese es otro motivo por el cual le vamos a plantear el juicio político a los miembros de la Corte”, concluyó.

El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) adelantó que seguirá reclamando judicialmente que “Cristina nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura”. Además, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional: ““Acorralados como están, van a ir por todo”.

En diálogo por Radio Rivadavia, Juez disparó: “Yo no creo que se puedan hacer peor las cosas. Uno puede equivocarse, puede poner todas las ganas, toda la voluntad, pero las cosas pueden no salir. A mi me ha pasado, a todos nos pasa, pero tanta impericia, tanta imbecilidad junta es muy difícil de reunir. Es muy difícil reunir tanta inexperiencia tanto desprecio por hacer bien las cosas, es complicado”.

“Yo siempre he dicho que hemos tenido malos gobiernos, pero como este la verdad…. Yo soy fiscal anticorrupción de Córdoba, la política no cree en el combate contra la corrupción, en los mecanismos de control, no cree en esas herramientas que tiene el ciudadano común para controlar al político, al poder, al Estado”, manifestó.

En esa línea, dijo conocer “perfectamente cómo funcionan esas herramientas”, y contó: “La he sufrido de los dos lados del mostrador”, por lo que pidió que el titular de la oficina anticorrupción de la Argentina “renuncie” porque “no le cambia nada, porque el tipo lejos de ejercer los derechos del ciudadano común que es controlar la conducta del funcionario en todas las causas donde estaba involucrado algún amigo se apartó”.

“No tengo ninguna duda de que el titular de la oficina de corrupción trabajó para casos de corrupción porque lo puede hacer por acción u omisión y en esto no me van a venir a echar la falta con 20 soy abogado penalista hace 35 años. La oficina anticorrupción se retiró de todos los juicios en los que estaba involucrado Cristina Kirchner, no acusó”, denunció gravemente.

En tanto, preguntó: “¿Se imagina lo que significa no acusar cuando la tarea fundamental es sostener la acusación del Ministerio Publico? Y lo hizo con una absoluta convivencia ideológico”, ante lo que opinó: “Me parece bárbaro que cada uno piense como quiera, pero si no estas en condiciones de investigar a tus amigos, si lo tuvieras que hacer, no tenes que aceptar esos cargos, no tenes que predisponerte a hacer un lugar donde no estas en condiciones de ejercer con independencia y libertad, aún cuando te toque investigar a tu mamá”.

“Durante todo este tiempo la oficina anticorrupción se retiró de todos los juicios donde podía estar salpicado algún dirigente vinculado ideológicamente al proyecto de Félix Crous”, señaló Juez.

Por otro lado, consultado por la relación entre CFK y la Justicia, cuestionó: “No conocen la capacidad de daño que tiene esta gente, no les importa absolutamente nada. No tienen dimensión”, y lanzó eufórico: “Algunos me piden que vea cómo sortear el tema de la grieta, a mi que no me rompan las pelotas con saltar la grieta si es moral”.

“Estos tipos van a ir por todo, acorralados como están van a ir por todo, de todas formas y de cualquier manera porque no les interesa nada, no tienen ningún tipo de reparo”, advirtió.

En esa línea, aclaró: “Yo no le quiero cagar el año nuevo a nadie, no quiero que se atraganten con el turrón, pero quiero que lo sepan para que no seamos tan ingenuos estos tipos van a ir por todo”, y siguió: “Todo lo que puedan trabar, romper, destruir, lastimar, generar mecanismos que provocan situaciones de poner a las instituciones al borde del ridículo. Lo van a hacer porque saben que se viene una situación compleja después”.

A su vez, el dirigente del Pro remarcó que si no hubiesen sumado cinco senadores en las elecciones del 2021 “estos tipos ya hubiesen modificado la ley del Ministerio Público, ya hubiesen modificado la Corte…”, y lanzó: “Tampoco me voy a poner un calzoncillo rojo y una capa amarilla y voy a hacer de Superman, no me pidan pelotudeces, o sea seamos cautos que dentro de la Constitución las herramientas que tenemos hemos evitado una serie de locura de estos tipos”.

“Lo que puede hacer el ciudadano común es ponerse a pensar en serio. Nosotros los dirigentes tenemos que ser cautos y contarle a la gente lo que vamos a hacer y tomar nota de lo que no se puede hacer. Los ciudadanos pueden levantar la vara de la exigencia”, sugirió el cordobés.

Retomando el tema de la justicia, Juez aclaró que “no tienen capacidad ni poder para tirar la Corte, no tienen número. Lo van a intentar porque está en su juego, démosle tranquilidad a la gente, no tienen el número para producir estas cuestiones. No pudieron sacar la reforma judicial, la ampliación de la Corte porque no tienen los números y no los van a tener”.

“La pelea hay que darla, hay que ponerlos en evidencia porque lo van a intentar si no saben hacer otra cosa que no sea eso, no saben hablar de otros temas. La única empatía que tiene Cristina y su gente es solamente por los problemas de ellos, jamás los vas a escuchar hablar de otros temas”, criticó.

Por otro lado, contó en un tono enojado: “Ayer me llamaron para preguntarme por los chats, miren yo no hablo con nadie. Me roban un lugar de la minoría en el Consejo de la Magistratura y me quieren preguntar a mi si algún boludo estuvo chateando con alguno”.

“Yo no hablo nadie. Ni con ministros ni nada, no tengo que preguntarle a ningún juez ni del Poder Judicial cómo tengo que defenderme. Yo soy abogado penal y sé cómo defenderme. No me pregunten estupideces y sigan con ese show mediático”, planteó.

En ese marco, afirmó: “Voy a seguir reclamando judicialmente que Cristina nos robó una banca en el Consejo de la Magistratura y para hacer eso no tengo que hablar con nadie”.

En relación a nuevas conversaciones que se conocieron del teléfono del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, en este caso con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, el diputado nacional Leandro Santoro (FdT) consideró que “(Horacio) Rosatti -presidente de la CJS-debe presentar la renuncia”.

Además, el legislador sostuvo que las sospechas que el oficialismo mantuvo durante años, “se van a probar en estos chats, en caso de que sean ciertos”. Sin embargo, aclaró: “Lo que les da verosimilitud a las conversaciones es la cantidad de hechos que concuerdan con lo que se va narrando, pero a todo el mundo le aplica el beneficio de la duda y el principio de inocencia, así que hay que hablar en potencial”.

Entrevistado en Radio El Destape, el porteño advirtió que “una cosa es hacer una especulación periodística, y otra es actuar en el marco de las instituciones”. “No se puede dar por cierto algo que no fue obtenido de manera legal”, agregó.

“El material que tenemos no tiene validez probatoria en un juicio, solo es un indicio para destapar algunas cosas”, explicó el oficialista, quien igualmente manifestó que “deja en evidencia el rol político de la Corte con las operaciones entre medios de comunicación, jueces, fiscales y servicios de inteligencia”.

Por otro lado, apuntó contra el presidente de la Corte, a quien además de exigirle “la renuncia”, lo catalogó como “una persona con vocación de acumular poder”. “Esa ley resucitada que lo puso como presidente del Consejo de la Magistratura habla de una vocación manifiesta por anular el resto de los poderes de la República”, resaltó.

A su vez, expresó que, tanto Rosatti como Robles, implicado en las conversaciones con D’Alessandro, “deben, como mínimo, salir a explicar esto”.

Respecto a las actividades del Congreso, Santoro anticipó que, ante la falta de quórum propio y el no acompañamiento de la oposición, sacará este tema en cada debate con diputados del Pro. “Ellos tienen que empezar a hacerse cargo de todo esto que empieza a aparecer”, advirtió.

Por último, habló de otro implicado en las capturas de mensajes, Marcelo Violante, empresario de las grúas en CABA. “Hace un mes denuncié en un programa de televisión el negocio multimillonario de las grúas con la Ciudad de Buenos Aires, y ahora se descubre que cobraban sobres en negro para hacer el negocio juntos”, apuntó.

El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) lanzó duras críticas hacia Alberto Fernández por sus últimas declaraciones en las que sostuvo que “la prioridad es mantener la unidad del FdT para ganar 2023”. Al respecto Juez alertó: “Si la prioridad de un presidente es que su partido gane las elecciones estamos en el horno”. Por otro lado, apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner: “La verdad que está condenada por chorra, por defraudar al Estado”

el dirigente cordobés hizo alusión a la frase del mandatario que lanzó la semana pasada en el marco de la obtención de la Copa del Mundo. Luego de la “no visita” del equipo campeón a la Casa Rosada, Alberto salió a decir que “él es el presidente de las tres copas”, en alusión a las tres finales ganadas por la selección argentina en este último año y medio.

“Solamente con tres copas de vino en tinto puede hablar tantas boludeces. Un tipo en pedo puede decir solamente lo que dijo Fernández. A esta altura del año uno puede tolerarlo porque venimos de Navidad y ahora Año Nuevo, pero está en un estado de delirancia absoluta”, arremetió Juez en LN+.

Y agregó: “Si la prioridad de un presidente es que su partido gane las elecciones estamos en el horno. Yo pensé que las prioridades eran la pobreza, la inflación, la educación, la seguridad. Pero está claro, en eso él es coherente y habla con sinceridad. La prioridad del peronismo siempre es el poder. Segundo, no importa cuál es el compañero que gana, mientras sea del mismo palo después se arreglan”.

En esa línea consideró que “no hay forma de explicar sino cómo hacen para mantenerse tantos años. Para ellos, el poder es lo que les da razón de ser”.

Consultado por el último acto público de la vicepresidenta de la Nación, donde afirmó que fue “proscripta” por su condena en la causa Vialidad, el senador del Pro sentenció: “Ella sabe que es un espanto y que electoralmente es un canto a la derrota. Y aun así es la que más junta en el peronismo y eso lo va a usar para sumar gente”.

“Es una manipuladora, robadora de vidas, a ella le gustaría vivir la vida de Perón o la de Lula. Hoy le cabe el tema de la proscripción. La verdad que está condenada por chorra, por defraudar al Estado. Ponele el nombre que quieras, pero es así. Aunque Casación le confirme la condena va a poder ser candidata porque no hay ficha limpia”.

“Si robas y te descubren es delito. Si te descubren y te condenan tenes una condena, no una proscripción. Son una banda de llorones que vive colgada del bretel del corpiño de CFK. No hay que creerles nada”, concluyó.

Consejo de la Magistratura

En declaraciones por Radio Mitre, Juez se refirió al rechazo al amparo presentado que buscaba dejar sin efecto la designación del kirchnerista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.

“Era crónica de una muerte anunciada. Es muy difícil que los juzgados de instancias inferiores contencioso administrativos nos habilitan contra el poder una toma de decisión de estas características. Tenía la peregrina idea de que, habiendo una sentencia de la Corte Suprema, por economía procesal, era más fácil copiarlo y pegarlo que tener esta actitud temerosa”, expresó el senador.

Y continuó: “La Corte Suprema ya dijo que la vicepresidenta había tenido una conducta tramposa. La vicepresidenta hizo votar el ardid. No cambia la trampa”. A su vez, confirmó que apelarán el fallo y será la Corte Suprema quien determinará qué ocurrirá con su nombramiento.

Luego de la lectura del fallo judicial, el cordobés señaló: “Es un acto de ignorancia. Podría haber leído algo más su señoría. El modalidad tramposa y ardidosa es la misma. Los bloques se arman en la sesión preparatoria del Senado”.

“No voy a cuestionar a la justicia como Cristina Kirchner. Queda claro que no le vamos a dejar pasar una a CFK. Conmigo no se jode. Lo dijimos en la campaña en Córdoba: Un Juez para Cristina. Ya le piqué el boleto, y si la Corte Suprema dice que no tengo razón, no tendré razón. No voy a decir que es el partido judicial”, advirtió.

Tal como lo anticipó en el acto que encabezó este martes en Avellaneda, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió en sus redes sociales un artículo de opinión del exjuez Raúl Zaffaroni titulado “El pueblo ante la ausencia de derecho” para apuntar contra el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que le devolvió los fondos a la Ciudad y por el Consejo de la Magistratura.

“Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: ‘El pueblo ante la ausencia de derecho”, escribió temprano este miércoles la titular del Senado y lo calificó de “imperdible”.

Además, compartió tres fragmentos del texto que son “un análisis excepcional que merece ser leído y releído”. El primero de esos fragmentos, dice: “¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano”, y cuestiona: “Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico”.

“Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico”, reza otra de las frases que destacó CFK, mientras que el último sostiene: “Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico”.

Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: “El pueblo ante la ausencia de derecho”. Imperdible.
 https://t.co/Fd1rqvMn95

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022

En un tramo del discurso que la abogada brindó sostuvo que “la Corte hizo caso omiso de la ley. Ahora se suspende una ley, una cosa insólita porque las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacerlo es el Congreso, el Poder Judicial puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”, en relación al fallo por la Coparticipación.

En esa línea, se refirió al lugar en disputa entre oficialismo y oposición por el Consejo de la Magistratura: “Hoy una jueza vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario, sin embargo ¿qué hicieron los ‘supremos’ a través de una acordada? modificaron la situación. Es de una anomalía”, al tiempo que denunció: “​No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico es como que hubiera desaparecido el Estado de derecho, como si hubiese desaparecido el derecho”.

La senadora nacional y titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, le exigió este martes al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, que les tome juramento a los senadores del Frente de Todos como miembros en el Consejo de la Magistratura tras el rechazo al amparo que había presentado el senador del Pro, Luis Juez, quien reclama integrar la institución que designa y remueve jueces en lugar del kirchnerista Martín Doñate.

A través de su cuenta de Twitter, la bonaerense se dirigió hacia el funcionario judicial y le explicó: “Un juez, una jueza y una Cámara de apelaciones nos dan la razón y dicen que es nuestra facultad, prerrogativa, derecho y que el Poder judicial no debe generar un conflicto de poder institucional como el que usted generó”, y le pidió: “Tómele juramento a los y las senadoras nacionales”.

“El fallo entiende que el amparo de Juez no debe proceder porque los fallos dictados por la CSJN solo eran aplicables al período 2018-2022, cuando se estableció una integración de “transición” del Consejo de la Magistratura”, precisó Di Tullio.

Y agregó: “El fallo resuelve que lo dispuesto por la CSJN no es aplicable al período 2022-2026 y que para la integración de ese período es el derecho parlamentario el que debe regir la designación de los consejeros según los bloques existentes en ese momento”, y sumó: “En este punto establece que no es el resultado de las elecciones legislativas los que determinan qué consejero debe ingresar por cada bloque”.

Al cerrar su hilo de tuits volvió a insistir: “Rosatti, tómeles juramento a los representantes de la voluntad popular y no lesione nuestra independencia”.

Por segunda vez, la jueza en lo Contencioso y Administrativo Federal María Alejandra Biotti rechazó un amparo presentado por el senador del Pro Luis Juez, quien reclama integrar el Consejo de la Magistratura en lugar del kirchnerista Martín Doñate.

La magistrada ya había rechazado en noviembre pasado una medida cautelar anterior del legislador, basándose en que no había "urgencia" por la vulneración de un derecho y que la Corte Suprema ya estaba interviniendo en el expediente.

Ahora, en una resolución de casi 20 páginas, la jueza sostuvo -para fundar el rechazo- que la Ley 24.937, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, guarda "silencio" sobre en el momento en que se deben tomar los bloques y las mayorías.

"La alusión a los bloques que conforman la mayoría y las dos primeras minorías remite necesariamente al derecho parlamentario que cada cámara dicta a tal efecto, y no al resultado de elección legislativa alguna", consideró Biotti.

Además, indicó que "la Corte Suprema de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Nación e intérprete final de la Constitución Nacional, se encuentra en condiciones de dar una solución a la presente controversia".

El 8 de noviembre pasado, la Corte le dio la razón a Luis Juez sobre el reclamo que había iniciado en mayo, cuando se enviaron los representantes por la Cámara alta al Consejo, tras la reinstalación de la ley de 1997, que establecía una composición de 20 miembros en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces. En esa ocasión, el oficialismo partió en dos el bloque del Frente de Todos para arrebatarle al Pro la condición de segunda minoría.

A los pocos días de ese fallo, el interbloque Frente de Todos en el Senado ratificó que enviaría al Consejo un senador por el Frente Nacional y Popular, otro por la UCR y otro por Unidad Ciudadana para los mandatos del período 2022-2026. A raíz de ello, Juez fue nuevamente a la Justicia. Incluso, el decreto con los nombramientos de Mariano Recalde (FNyP-FdT), Eduardo Vischi (UCR) y Martín Doñate (UC-FdT) fue refrendado en el recinto el 16 de noviembre por el oficialismo y sus aliados.

"Los coactores solicitaron su nombramiento para poder cumplir el tiempo restante del período 2018-2022, y fue en esos términos que su amparo recibió acogida favorable por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ende, no existió referencia alguna al período 2022-2026, lo cual tampoco podría haber ocurrido sin violentar el principio de congruencia”, señaló Biotti.

Así las cosas, nuevamente la Corte Suprema tendrá la última palabra en la controversia que generó una fuerte pelea entre oficialismo y oposición durante todo este año.

En el Consejo de la Magistratura solo falta que juren los representantes del Senado, ya que la semana pasada se les prestó juramento a los diputados nacionales por orden del máximo tribunal, después también de la polémica que había generado una resolución de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, suspendiendo las designaciones en virtud de un fallo del juez Martín Cormick, quien resolvió en base a un reclamo que el jefe del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, había iniciado también en mayo pasado contra la designación de la radical Roxana Reyes.

Los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -abmosd el FdT- juraron este miércoles como representantes del Consejo de la Magistratura, pero con reserva de las atribuciones que le son propias a la Cámara de Diputados en base al principio constitucional de división de poderes.

Previo al juramento, los legisladores presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que cuestionaron “la intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Legislativo”.

Los legisladores remarcaron que, la Acordada 34/2022 que dispuso el juramento de los diputados, “vulneró atribuciones privativas de la Cámara baja y desoyó lo resuelto por un juez en una causa objeto de su competencia”. Asimismo, agregaron: “Con esto se anuló un acto de gobierno exclusivo de otro poder del Estado por vía de acordada, es decir un acto no jurisdiccional, propio de funciones de superintendencia judicial”.

En tla sentido, sumaron que la Corte “pretende erigirse de manera inconstitucional como primus inter pares respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

En la acordada Siley y Tailhade recordaron que la Constitución consagra la división de poderes y le otorga atribuciones exclusivas al Poder Legislativo, las cuales “han sido avasalladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron.

Por último, postularon que “este conflicto de gravedad institucional deberá resolverse bajo los mismos parámetros para ambas Cámaras del Congreso de la Nación”, en referencia a la situación que tiene frenada la jura de los consejeros por el Senado.

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz) juró ante los miembros de la Corte Suprema de Justicia este miércoles y oficialmente pertenece al Consejo de La Magistratura, órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales, federales y de la administración del Poder Judicial.

También juraron los otros tres legisladores que representan a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -por el FdT-, y el macrista Álvaro González.

En dicha ceremonia, expresó: “El kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño”, y agregó: “Mi compromiso es trabajar por un poder judicial independiente y que sea integrado por los mejores jueces”. Además, indicó que “esta jura representa un hecho importante para fortalecer las instituciones y así garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales”.

Con respecto a las decisiones judiciales que retrasaron la jura, Roxana Reyes sostuvo que “el kirchnerismo ha construido su poder basado en el miedo y el engaño” y afirmó que “los argentinos podemos ganarles a esas trampas”.

La ceremonia tuvo lugar en el Palacio de Tribunales y contó con la presencia del presidente del bloque radical, Mario Negri, y los diputados nacionales Miguel Bazze y Karina Banfi -ambos de la UCR-.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossati, le tomó juramento este miércoles a los cuatro representantes por la Cámara de Diputados que integrarán el órgano encargado de la selección y remoción de jueces por el período 2022-2026.

Durante el acto, realizado en el Salón Bermejo de Tribunales, juraron los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes. 

Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, el máximo tribunal firmó una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso de los cuatro integrantes por parte del Senado, quienes no han jurado aún.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate (UC-FdT) para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que votaron a favor del decreto en el recinto.

En un acto previsto para las 11 de este miércoles, el Salón Bermejo del edificio de Tribunales será epicentro de la jura de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura: los que estarán allí en representación de la Cámara de Diputados de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomará juramento a los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos, Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).

Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, la Corte Suprema resolvió el jueves pasado firmar una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso al Consejo de los cuatro integrantes de parte del Senado, quienes no han jurado aún.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 17 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

En sus últimas apariciones, el senador Juez remarcó que, el senador Doñate, “no puede ocupar nuevamente esa silla porque entiende que esa maniobra que cuestionó la Corte se sigue cometiendo”.

La Corte Suprema de Justicia tomará juramento este miércoles a los cuatro diputados nombrados para integrar el Consejo de la Magistratura: Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el oficialismo, y Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR), por la oposición. La incorporación oficial al organismo será a las 11 de la mañana.

La toma de juramento de los cuatro legisladores de la Cámara baja será encabezada por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y será en el Salón Bermejo.

En noviembre pasado, el juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick había resuelto que la designación de la diputada radical Roxana Reyes debía invalidarse. Tras ello, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló ese fallo, pero al mismo tiempo anuló la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó "la grieta" en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, la Corte Suprema resolvió el jueves pasado firmar una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Del mismo, la resolución comunicó que “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes” y “la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

Por otro lado, afirmó que la resolución inicial de Cecilia Moreau había cumplido el procedimiento, mientras que la que lo había anulado no. Tras el fallo, seguirá su curso el trámite de la causa que impugnó a Reyes, ya apelado por la Cámara de Diputados y analizado ahora por la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

De no mediar ningún inconveniente, este miércoles 21 de diciembre el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso al Consejo de los cuatro integrantes de parte del Senado, quienes no han jurado aún.

Aún no se resuelven los miembros del Senado

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el "per saltum" que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara Alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 17 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

En sus últimas apariciones, el senador Juez remarcó que, el senador Doñate, “no puede ocupar nuevamente esa silla porque entiende que esa maniobra que cuestionó la Corte se sigue cometiendo”.

Puede que la resolución de la Corte Suprema de Justicia anunciada este jueves de confirmar la designación original de cuatro diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura permita encontrar una salida a la encerrona en la que oficialismo y oposición habían ingresado las últimas semanas. Al resolver el Tribunal Supremo validar la resolución original firmada por Cecilia Moreau, es de esperar que los ánimos vayan calmándose.

La piedra de la discordia había estallado con el fallo del juez Martín Cormick, que invalidó la designación de la diputada radical Roxana Reyes, adaptándose según dijo a lo dispuesto por la Corte respecto del Senado. Y a partir de ello fue que además de apelar ese fallo, la titular de la Cámara baja había dispuesto anular las designaciones de los cuatro diputados, hasta que la cuestión se aclarara.

Así lo explicó este jueves por la tarde Cecilia Moreau a través de sus redes sociales, donde señaló que “la decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación”.

“Hoy la Corte Suprema, a través de la acordada 34, ha resuelto sostener la vigencia de la resolución 1608 y tomar juramento a los cuatro diputados y diputadas que fueron designados para el cargo”, agregó la presidenta de la Cámara, dando por concluido el diferendo.

La decisión de apelar el fallo de un juez que impedía la designación de una diputada radical en el Consejo de la Magistratura obedeció a resguardar la institucionalidad y autonomía que merece la Cámara de Diputados de la Nación. 👇🏻

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) December 15, 2022

"Las instituciones no se pueden manosear y mucho menos paralizar por indicación de una sola persona. Se lo dijimos a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cuando decidió intentar trabar la conformación del Consejo de la Magistratura para acatar los deseos de Cristina Kirchner", sostuvo este jueves Mario Negri, presidente del bloque de Diputados nacionales de la UCR.

"Hoy la Corte Suprema le dio la razón a la oposición. Cecilia Moreau no tenía ninguna facultad para intentar obstruir el funcionamiento de un organismo que debe seleccionar y juzgar a los magistrados. La resolución que firmó a pedido de Cristina Kirchner incumplía con la Ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque son los bloques y únicamente los bloques quienes designan a sus representantes", agregó Negri.

Negri celebró, con estas palabras, la acordada del Máximo Tribunal, que ordenó que juren los diputados propuestos por el oficialismo. Se trata de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos, de Álvaro González por el bloque Frente Pro y de Roxana Reyes por el bloque UCR que preside Negri.

"La acordada de la Corte Suprema de hoy es un acto de estricta justicia. Saludamos que se comience a normalizar el Consejo de la Magistratura, que el kirchnerismo intentó bloquear desde que dividió los bloques en el Senado y luego con la resolución caprichosa de Cecilia Moreau. La Corte Suprema está terminando con los atropellos y los alzamientos contra sus sentencias de parte del kirchnerismo", finalizó Negri.

La Corte dejó sin efecto la arbitraria resolución de la Presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, que buscó trabar la jura de los representantes en el Consejo de la Magistratura.
Resolvió que jure @roxanareyessc y los otros 3 miembros.
¡Fuerte tirón de orejas al kirchnerismo! pic.twitter.com/VnuedPQZ2w

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 15, 2022

La Corte Suprema de Justicia dispuso este jueves que se les tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura. De tal manera podrán asumir en breve los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, y los opositores Alvaro González, del Pro, y Roxana Reyes, de la UCR.

En su resolución, el Tribunal Supremo consigna la medida original tomada por la Cámara alta, como así también que el 30 de noviembre pasado el secretario Parlamentario de la Cámara baja remitió al presidente del Tribunal una copia de la resolución por la cual la presidenta de la Cámara baja dejaba sin efecto la resolución original con las designaciones ante el Consejo.

Empero, advierte la Corte que “este Tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”.

El texto agrega que “los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de dicho órgano constitucional”.

Tras detallar lo que establece la ley que rige el Consejo de la Magistratura en cuanto a la representación legislativa en el mismo, precisa el tribunal que “la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas cámaras únicamente pueden modificar o revocar tales designaciones siguiendo el procedimiento previo”.

Para la Corte Suprema la resolución original firmada por Cecilia Moreau había cumplido todos los pasos establecidos para la designación de los representantes  ante el Consejo de la Magistratura “y se cumplieron también los trámites posteriores tendientes a la incorporación al cuerpo de los miembros designados, restando únicamente el ya ordenado juramento de ley”.

Aclara la acordada de la CSJN que lo dispuesto es sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en definitiva en las causas iniciadas en su momento por Germán Martínez y el amparo de Alvaro González, tras lo cual dispone a través de la acordada 31/22 que asuman los cuatro diputados mencionados.

2022-34

El senador nacional Luis Juez (Pro-JxC) sostuvo este jueves que "ninguno de los problemas de la Argentina se van a resolver el domingo con el resultado que tengamos, pero bueno, este es el país que tenemos", en alusión a la final del Mundial de Fútbol que la Selección Argentina jugará contra Francia.

Al recordar que fue criticado por su frase sobre que el país le exige más a jugadores que dirigentes políticos, el cordobés abundó: "Hoy estamos todos enfocados en un partido donde pareciera que nos jugamos la vida y la verdad estos tipos (por el Gobierno) aprovechan todo, aprovechan todos los estados de ánimo".

"Estamos totalmente en deuda con la gente, no le hemos resuelto los problemas", enfatizó y señaló que "la gente necesita un plan, austeridad, un Gobierno que le controle la inflación. La gente necesita un Gobierno serio y claramente no lo va a encontrar".

Por otra parte, en relación a todo lo acontecido con el Consejo de la Magistratura, el legislador aseveró que "la ley hay que respetarla, las instituciones hay que cuidarlas, a la Justicia hay que obedecerla, pero estamos en un momento complejo, estamos frente a un Gobierno que decidió pasar por arriba de cualquier disposición legal".

"Cristina (Kirchner) es una mujer complicada, si ella no consigue conducir un determinado organismo lo detona para que no le sirva a nadie", criticó a la vicepresidenta y la acusó de "imponer su criterio" y haber "paralizado" el Consejo. "Han generado un nivel de destrucción como pocas veces se ha visto", continuó.

Sobre cómo esta situación afectó al trabajo parlamentario, el opositor dijo: "El kirchnerismo nos ha llevado a una situación compleja, probablemente la semana que viene tengamos una sesión, estamos viendo si terminamos de acordar determinados temas para sentarnos a discutir, pero la verdad que hay una mecánica del kirchnerismo de atropellar". "Cuando vos dinamitas los puentes se hace muy difícil poder llevar adelante cualquier construcción o nivel de diálogo", agregó.

Respecto de las elecciones del año próximo, Juez afirmó que "el kirchnerismo está deseoso de que haya interna en Juntos por el Cambio en Córdoba", al ser consultado en CNN Radio por las aspiraciones que también tiene de ser candidato a gobernador el diputado Rodrigo de Loredo.

Ante la pregunta de una eventual candidatura de Sergio Massa a presidente por el Frente de Todos, el senador cargó duro contra el ministro de Economía: "Massa tiene cara para ser cualquier cosa. A Massa lo podés encontrar en cualquier tienda, producto increíblemente vendido".

"Seguramente encontrarán un nuevo Alberto para sentarlo y ponerlo ahí. El peronismo tiene una maquinaria inteligente, con frondosos antecedentes para inventar, sacar, poner, llevar…", completó.

La jefa del bloque Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, volvió a apuntar contra la Justicia y sostuvo que “esta Corte (Suprema) es peor que la Corte menemista”, en referencia al máximo tribunal con mayoría automática durante los ‘90. 

En su opinión, lo es “porque durante seis meses (Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkranzt aceptaron ser jueces por decreto, por el dedito de (Mauricio) Macri y por idea de (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, fugado hace ya dos años en una playa muy linda de nuestros vecinos uruguayos”. 

Al recordar que luego ambas designaciones tuvieron aval en la Cámara alta, la kirchnerista señaló que quien era presidente del bloque peronista era Miguel Ángel Pichetto, quien luego fue candidato a vicepresidente con Macri: “Mirá si no se lo iba a convalidar”. 

Para la bonaerense, "no hay destino posible para la Argentina sin un Poder Judicial que piense en los argentinos y en sus intereses”, pero actualmente “son empleados del poder económico”, lanzó. “Se llevan puesta la voluntad popular porque no aceptan las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, a quienes “los vota la gente”, agregó. 

En diálogo con FM La Patriada, Di Tullio opinó que “es muy importante que la sociedad tome conciencia” de “esta mafia judicial”. “Es un poder del Estado que trabaja para empresas privadas y no trabaja para el pueblo argentino. Lesionan seriamente la democracia argentina y todas sus instituciones”, cuestionó. 

“La gente tiene que reaccionar porque los cambios sustanciales y permanentes siempre vienen de la sociedad, no los fabrican los dirigentes”, expresó y dijo que no se va a “cansar” de “decirle a la gente: están tomando decisiones que afectan tu bolsillo, te suben las tarifas por decisiones judiciales, te quejás de la inflación pero los que las deja subir los precios a los monopolios o grandísimas empresas de alimentos son los jueces”. 

Sobre el rechazo de Rosatti al pedido de audiencia solicitado por legisladores del Frente de Todos, la legisladora explicó que tenía origen en que “Rosatti paralizó el Consejo, no lo hace funcionar”; pero además “está lo del viaje a Lago Escondido de la mitad de Comodoro Py, junto a los CEO’s de Clarín y funcionarios de (Horacio Rodríguez) Larreta. Nos parecía que era muy pertinente que nos pudieran recibir y escucharnos”. 

En otro tramo, la senadora afirmó que hay sectores que “están contentos porque condenaron a la jefa del peronismo” -en alusión a Cristina Kirchner-, pero advirtió que el espacio del Frente de Todos “no puede ser mascota del poder". "Este tiene que ser un espacio revolucionario y no perder su esencia. Tiene que ser una máquina transformadora que mejore la vida del pueblo", concluyó. 

Los diputados radicales Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) y Fernando Carbajal (UCR-Formosa) presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Contenciosos Administrativo N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata del magistrado que, en el marco de la acción de amparo promovida por el diputado Germán Pedro Martínez (jefe del bloque Frente de Todos), declaró nula la Resolución Nº689/22 de la Presidencia de la Cámara de Diputados mediante la cual se habían designado a los representantes de la misma ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

“El fallo en cuestión resulta arbitrario e ilegal, toda vez que ha avanzado en la consideración de una cuestión que se tornó abstracta”, afirmaron los legisladores.

Y agregaron que el magistrado “pretendió avanzar sobre las facultades propias de otro poder del Estado como es el legislativo, dándole pautas respecto de cómo debe en el futuro designar a sus representantes, extralimitándose en su función, lo que resulta atentatorio de nuestro Estado Constitucional de Derecho”.

En este sentido, los diputados sostuvieron que “avanzar sobre la competencia de otro Poder del Estado es una falta grave, que tipifica como mal desempeño y el juez resulta pasible de ser removido”.

“En definitiva, podemos afirmar que la sentencia constituye un error judicial inexcusable configurativo de la causal de mal desempeño, lo cual se encuentra cabalmente acreditado y la consecuencia indefectible que la misma acarrea es la sanción de remoción”, argumentaron los denunciantes.

Denuncia-Galimberti-y-Carbajal-Cormick

Tras la sesión escandalosa del jueves pasado en medio de la tensión política que enfrenta a la oposición y al oficialismo que dejó paralizada a la Cámara baja, el bloque de diputados de la UCR presentó este martes un amparo para rechazar la resolución de la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, que dejó sin efecto los nombramientos para el Consejo de la Magistratura.

En la presentación plantean: “Venimos a interponer acción de amparo contra la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin que declare la nulidad, invalidez e inconstitucionalidad de la Resolución 1634/22 de Presidencia de ese órgano legislativo mediante la cual dejó sin efecto la RP 1608/22” mediante la cual se frenaron las designaciones de los diputados para el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, encargado de nombrar y controlar a los jueces.

El amparo lleva las firmas del presidente de la bancada radical, Mario Negri, y de los diputados Roxana Reyes y Francisco Monti, quienes fueron nombrados como consejeros titular y suplente, respectivamente, para el período 2022-2026. Esta presentación se suma a la de Álvaro González, que también presentó un amparo para asumir en ese órgano, ya que consideró "nula" la resolución de la titular de la Cámara baja.

En el recurso impulsado por la UCR, los diputados también exigieron que se considere "vigente y consolidada" la resolución mediante la cual fueron nombrados a la Magistratura Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el oficialismo (dos por la primera minoría), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).

En los fundamentos se resaltó que Cecilia Moreau a través de la resolución del 17 de noviembre del corriente año N° 1608/22, había admitido como válida la propuesta del bloque de la UCR y la designación de Reyes, quien había asumido como consejera en mayo cuando se completó la representación del Congreso en el organismo tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de Consejo de la Magistratura aprobada en 2006.

“Esta interpretación originaria y auténtica del cuerpo (HCDN) es determinante para la legitimidad del acto y más aún cuando se ha repetido en dos oportunidades y por distintos presidentes de la Cámara. ESTA RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN NO FUE CUESTIONADA POR NADIE”, resaltaron en la presentación.

En noviembre, cuando se designaron los nuevos representantes a la Magistratura, el radicalismo volvió a ratificar a Reyes para el nuevo período. Así, Moreau emitió la resolución con los nuevos representantes y se la comunicó al Consejo de la Magistratura y a la Corte, que en una acordada decidió tomarles juramento a los representantes por la Cámara baja.

En aquella acordada, el máximo tribunal también dejó en suspenso a los designados por el Senado, a partir del conflicto generado por la decisión del kirchnerismo de dividir su bloque para quedarse con el representante de la segunda minoría, cargo para el que fue nominado el kirchnerista Martín Doñate, relegando a Luis Juez que había sido propuesto por el Pro.

“El bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y, al mismo tiempo, desplazar al Frente Pro como segunda minoría. De ese modo, se viola el indudable objetivo de pluralidad representativa que la ley 24.937 persigue en la integración del Consejo de la Magistratura al referirse a los conceptos de mayor y menor representatividad en sus disposiciones", detallaron respecto a la situación en el Senado.

En Diputados, la controversia estalló tras conocerse el fallo del juez Martín Cormick que cuestionaba la designación de Reyes para el organismo porque según argumentó, la UCR y el Pro conforman un único espacio al integrar sus candidatos la misma lista electoral. Según esta interpretación no corresponde que la segunda minoría sea para el radicalismo si el representante de la primera minoría es el macrista Álvaro González.

“Un Juez Contencioso Administrativo Federal, hace ‘RENACER’ un expediente judicial cuya instancia estaba agotada por abstracción y en forma ‘EXTEMPORANEA, ABSURDA Y NULA’ resuelve que la anterior designación de la diputada Reyes y del diputado Monti no se correspondía con ‘SU’ PECULIAR INTERPRETACIÓN”, cuestionaron y denunciaron que ese fallo “intima a la Cámara de Diputados para que en el futuro realice las designaciones conforme lo que este juez interpreta”.

Moreau apeló el fallo de Cormick, pero en paralelo frenó las designaciones para el Consejo de la Magistratura, lo que provocó una fuerte reacción de la oposición que decidió quitarle su apoyo a la reelección de la titular de la Cámara al no acompañar con el quórum al oficialismo en la fallida sesión preparatoria.

“Se debe acotar que el fallo citado se asienta en una FALACIA, cual es la de asimilar la situación de la designación de los diputados/as a la de los senadores/as ‘Juez/Doñate’. En Senadores se llevó adelante un ardid, engaño, artimaña, para birlarle un consejero al bloque Pro, a través de la división del bloque del Frente de Todos, en dos bloques, hecho este REALIZADO A SABIENDAS Y LUEGO DE HABERSE NOTIFICADO LA SENTENCIA DE LA CORTE”, precisaron.

En ese sentido, compararon que en Diputados los bloques siempre “estuvieron divididos, son autónomos y tienen sus propias autoridades y funcionamiento independiente”, y señalaron que “el juez a través de una evidente arbitrariedad y con la clara y aviesa intención de perjudicar a la UCR y a la diputada Reyes y al diputado Monti realiza esta temeraria y falsa asimilación”.

Tras la condena contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una conferencia de prensa en la que apuntaron contra “la mafia judicial” y anunciaron que solicitaron al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, una audiencia “urgente” para sacar de la “parálisis” al Consejo de la Magistratura y poder tratar en ese ámbito el escándalo por el viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro y empresarios de Clarín. 

Encargado del anuncio fue el jefe del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, quien repudió el “fallo escandaloso” contra la expresidenta en la causa “Vialidad” y, a continuación, señaló: “Venimos a denunciar la gravedad de todos estos hechos que giran alrededor de este viaje a Lago Escondido, y toda esta red de complicidades y comportamientos mafiosos que intentaron, primero, esconder los hechos, después tergiversarlos, y esconder los distintos delitos incluso a través de facturas truchas”. 

Además, el santafesino resaltó la “gravedad institucional que significa que esté paralizado el Consejo de la Magistratura”, órgano encargado de la selección y remoción de jueces, donde todavía no han asumido los ochos representantes por el Poder Legislativo, dada los reclamos judiciales que hubo y el retraso de la Corte en resolver. 

Martínez contó que en la nota dirigida a Rosatti le pidieron que “arbitre los medios necesarios para completa integración” del Consejo. “Si la Corte Suprema, y particularmente su presidente, el doctor Rosatti, ha tenido un rol fundamental en el proceso de paralización del Consejo de la Magistratura, ahora también le cabe la responsabilidad de arbitrar los medios para que comience a funcionar”, sostuvo, y aclaró que eso no debe ser “de cualquier manera”, sino en función a “lo que dice la Constitución Nacional, el marco normativo vigente y que respete la división de poderes”. 

A su turno, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, calificó al fallo contra CFK como “una decisión política de un tribunal político de lo que nosotros denominamos parte de la mafia judicial” que “afecta al pueblo argentino, a todos y todas, y al futuro de la Argentina”. 

“Argentina no puede tener un país en serio con una mafia judicial”, enfatizó y manifestó su “extrema preocupación”. “Ninguno de los jueces y juezas del Poder Judicial han atravesado lo mismo que atravesamos tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Legislativo”, remarcó en cuanto a la elección popular. 

Muy dura, la jefa del bloque K consideró que “no existe más en nuestro país el Poder Judicial de la Nación” porque “fue reemplazado por una verdadera mafia judicial, que es empleada por los poderes económicos más grandes que tiene nuestro país”. 

“A partir de ayer la agenda de Cristina no parece ser la agenda judicial. Toda la sociedad argentina va a tener que hacerse cargo de este problema que tenemos”, señaló y dijo que el hecho es de “gravedad institucional, que no es inusitada”. 

Además, acusó que el Poder Judicial y Juntos por el Cambio “tienen las mismas ideas y persiguen el mismo diseño de país, que es al que le sobra la mitad de los argentinos y argentinas, y al que intentan disciplinar”, por eso van contra “la única dirigenta de este país capaz de enfrentarse” a esos sectores. 

Recordando el caso de José Luis Cabezas, la senadora opinó que “la gran preocupación” de los jueces y los CEO’s de Clarín “es mantener su anonimato” en imágenes. “La vida de ustedes está en riesgo igual que la nuestra, igual que en el ‘97”, expresó a los periodistas presentes en la conferencia. 

Luego, Di Tullio leyó los nombres de todos los involucrados en los escandalosos chats: los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques; los CEO´s de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; y los funcionarios porteños Juan Bautista Mahiques (procurador) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Justicia y Seguridad). Sobre estos últimos afirmó que “deberían dar un paso al costado inmediatamente”. 

“En este país no puede haber privilegios en servidores públicos, y menos en los que tienen que administrar Justicia”, resaltó, al indicar que en este hecho “como mínimo” se dio “el delito de dádivas”. En una exposición similar a la que dio la vicepresidenta luego de la condena, Di Tullio leyó el contenido de los chats, mostró las fotos de los involucrados en el aeropuerto y lanzó: “No son cuatro jueces, son cuatro hampones. Son parte de una mafia contratada por un poder privado para hacerle daño a nuestro país”.

Con todo lo dicho, la senadora cristinista concluyó que el Consejo de la Magistratura “está absolutamente paralizado” porque “es lo que le conviene al Poder Judicial”. “Tiene que empezar a funcionar inmediatamente”, reclamó. 

Finalmente, manifestó que a Cristina “le apedrearon la oficina, luego intentaron matarla con dos tiros que no salieron y ahora la condenan con una inhabilitación de por vida. En este país la historia del peronismo es la que es”. “Le quiero enviar un mensaje a la mafia judicial y al poder económico, en el nombre de Héctor Magnetto, que este espacio político, el peronismo, tampoco nunca, jamás, va a ser mascota del poder y tampoco lo van a vencer”, completó.  

Nota-Dr.-Rosatti

Por su parte, la diputada Vanesa Siley, una de las consejeras designadas por el oficialismo que todavía no asumió dada la decisión de la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de suspender los nombramientos enviados en noviembre pasado a raíz del fallo del juez Martín Cormick, apuntó que el Consejo “es un órgano fundamental de la Nación” y por eso “le importa tanto al poder económico”. “Cambiando la composición lo llevaron a la parálisis absoluta”, reprochó sobre todo lo acontecido desde el fallo de la Corte hace un año atrás, cuando declaró inconstitucional la ley que regía su composición. 

La legisladora subrayó que durante este año, desde que Rosatti asumió la conducción, “solamente dos reuniones plenarias tuvimos”, mientras en 2020, año de la pandemia, hubo 20. Además, denunció que “con la excusa de no votar” a los reemplazos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi “se llevaron puestos” a los candidatos a cubrir vacantes en fueros civil y de familia. 

“El silencio es igual a permitir que siga esta mafia”, enfatizó Siley y pidió que “los funcionarios judiciales de bien salgan a pronunciarse sobre este tema. Si no lo hacen es ser cómplices”. “Miedo nunca, miedo jamás a esta gente, y nosotros siempre del lado de la luz y la transparencia, y con la Constitución en la mano”, finalizó. 

Sobre la condena a CFK y su anuncio de que no será candidata 

Otra de las que habló durante la conferencia fue la vicepresidenta del bloque Frente Nacional y Popular en el Senado, Lucía Corpacci, quien se refirió específicamente a la condena contra Cristina Kirchner y dijo que ese fallo “una vez más nos hace pensar la situación del Poder Judicial que tenemos en nuestro país”. 

En la causa “Vialidad”, la vicepresidenta “estaba sobreseída, había sido girada a la provincia de Santa Cruz, y la volvieron a traer acá para poder juzgar a Cristina”, remarcó la catamarqueña, y continuó: “Todas las pruebas presentadas fueron deliberadamente dejadas de lado, la Fiscalía no pudo sostener las palabras de la defensa y aún así Cristina fue condenada”. “Hace unos cuantos años que a Cristina la vienen persiguiendo”, expresó. 

Corpacci aseveró que “la causa Vialidad fue traída por la ventana” y, en línea con lo dicho por CFK en su descargo, sostuvo: “Cristina era presidenta y el responsable de lo que sucede en todo caso tiene que ser el jefe de Gabinete”. 

“Algo está muy turbio en nuestro país”, denunció y apuntó que “esta persecución la sufren siempre los gobiernos populares”, pero “la historia y el tiempo va a poner las cosas en su lugar. Lástima que mientras tanto se denigra a una persona”. 

Sobre la decisión de la vicepresidenta de no ser candidata “a nada” en 2023, la senadora confesó que “todos estamos en nuestro espacio político muy angustiados con la decisión de Cristina de no ser candidata”. “No hay líder político de la calidad y dimensión de Cristina”, la elogió y dijo que CFK “demostró en todos estos años que, aún sin ocupar ningún cargo público, ocupa una centralidad en la escena política de nuestro país”. Por eso, “va a conducir el espacio político y nosotros vamos a acompañar sus decisiones”, afirmó. 

También añadió que Cristina “tiene la capacidad que pocos políticos tienen, la capacidad de la inteligencia, de anticiparse, de resignar posiciones posiciones para el bien común”. “Yo quisiera que Cristina sea candidata, pero también entiendo que Cristina le dio a nuestra fuerza política y al país, todo”, observó Corpacci y asoció que su decisión a no ser candidata “es porque sabe que van a seguir proscribiendo al peronismo”, pero también “tiene claro que tiene miles y miles de seguidores en todo el país. Cristina conduciendo, como condujo Perón”. 

El diputado nacional Álvaro González (Pro-JxC) presentó este lunes una acción de amparo con medida cautelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal solicitando que se le tome "el debido juramento de ley con la mayor premura" en el Consejo de la Magistratura.

La semana pasada la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, remitió a la Corte Suprema la lista de los nominados por el Cuerpo para integrar el Consejo, con la inclusión del diputado del Pro, la cual fue recibida en Acordada de la Corte ordenando su incorporación al mismo. Posteriormente, Moreau remitió una nueva resolución dejando sin efecto la anterior a raíz del fallo del juez Martín Cormick sobre el nombramiento de la radical Roxana Reyes.

Según el escrito presentado por sus abogados, González considera la última resolución como "manifiestamente nula, toda vez que ha sido dictada sin competencia, en violación a derechos subjetivos adquiridos, e incumpliendo la casi totalidad de los requisitos esenciales".

El objetivo del amparo es lograr que la Justicia declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau que tiene, según el legislador macrista, "el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla".

Para el diputado del Pro, la demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura "es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales".

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) se refirió al dictamen que firmó el oficialismo en la reunión de la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia respecto de la investigación en el caso de “Gestapo antisindical” y afirmó que la idea es llevarlo al recinto.

Por otro lado, habló sobre el escándalo ocurrido en el recinto de la Cámara baja en la sesión de este jueves y apuntó contra JxC por la “violencia y la agresividad que manifestaron”, pero puntualmente por “estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso”.

“La verdad es que no sé cómo va a seguir esto, como se va a recomponer una situación que ayer llegó a un límite en varios sentidos. Por la violencia, la agresividad que manifestaron distintos diputados del bloque de la oposición contra la presidenta de la Cámara, pero fundamentalmente con la estrategia delirante que asumieron decididos a interrumpir el funcionamiento del Congreso, en una actitud rayada con la locura”, expresó Tailhade en una entrevista en Diputados TV.

En ese sentido, respaldó la decisión de la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, de apelar al fallo del juez Cormick y de anular las restantes designaciones al Consejo de la Magistratura porque “lo que está haciendo es defender los intereses de la gente que lo está atacando”. Asimismo, remarcó que la decisión de Moreau “nos afectó, a Vanesa Siley y a mí que no teníamos ninguna impugnación, el juez no declaró nulidad de nuestra designación y, sin embargo, Cecilia la suspendió en función de que la Cámara de Diputados tiene que mandar una representación integral, no puede mandar uno o dos, tiene que mandar a los cuatro juntos, por lo tanto, la decisión fue perfecta a pesar de que a mí me afecto”.

Respecto al anticipo que hizo el jefe del bloque radical, Mario Negri, que pedirá una sanción en su contra de parte de la Cámara de Diputados luego de que dijera: “Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias”, Tailhade se defendió: “Negri puede presentar lo que quiera, la verdad no es triste, no tiene remedio. Eso es la sodomización de la UCR por parte de Macri y del Pro es algo que está claro hace tiempo. Me acusó de discriminación, pero el término no tiene nada que ver ni de homofóbico”.

Por otro lado, comparó: “El gesto de (Cristian) Ritondo fue bastante más claro, yo en cambio sí puedo explicar qué es sodomización, incluso Negri puede explicar si es voluntaria o no de la UCR, pero lo de Ritondo es bastante claro, es un gesto absolutamente grosero dedicado a la presidenta del Cuerpo y alguna consecuencia tiene que tener”.

“Está muy a la vista las agresiones a la presidenta, a (Sergio) Massa no le hicieron esto. Más allá de que hubo conflictos y tensión, pero nunca le hicieron esto. En parte fue porque es mujer. Ayer tuvimos quórum, entraron a pudrir la sesión, algunos diputados que nos dieron quórum se habrán asustado y se fueron”, opinó el kirchnerista y describió: “En esa estrategia de pudrirla fueron agresivos, ordinarios, groseros, violentos con la presidenta el Cuerpo”.

En tanto, insistió en que “lo esquizofrénico de la situación, es que Cecilia está defendiendo los intereses del radicalismo porque está diciendo que la Cámara de Diputados es la única que tiene la facultad de decidir cómo mandamos a nuestros representantes y está defendiendo la designación de (Roxana) Reyes”.

“Se convirtió en representante del kirchnerismo a tal punto que dejó a los dos kirchneristas afuera del Consejo todavía, porque a mi nadie me impugnó”, ironizó Tailhade ante las acusaciones de JxC y agregó: “A Vanesa Siley nadie le presentó un amparo para que no asuma, por lo tanto, y la resolución del juez Cormick es muy clara, la designación de Reyes es nula solamente, no la de los demás, por lo tanto, lo que está haciendo Cecilia es defender esos intereses, por eso es tan delirante lo que está pasando”, y dejó en duda: “Habría que ver qué intereses reales están detrás de toda esta puesta en escena”.

La situación en Diputados y en el Senado

Por otro lado, al ser consultado por la resolución del juez Martín Cormick, el oficialista reconoció que “no” le parece “para anda correcta” porque “el juez se mete en un tema que es privativo del Congreso de la Nación y en particular de la Cámara de Diputados”.

“Lo que pasa es que el juez está habilitado por un fallo de la Corte que es igual de delirante, es mucho peor. Pero Cormick sigue al pie de la letra los criterios, la interpretación que hace la Corte respecto de la situación en el Senado, pero la verdad es que es exactamente la misma situación, por eso no comparto lo que resolvió”, planteó y sostuvo: “Me afecta lo que decidió la presidencia de la Cámara, pero acompaño esa decisión porque en definitiva está tratando de ratificar los cuatro miembros de diputados que fueron enviados al Consejo, uno de los cuales fue rechazado por la justicia”.

Y volvió a reiterar que Moreau “lo que hace es defender los intereses de todos, pero en particular del radicalismo. Es insólito que la esté amenazando con hacer una denuncia penal por abuso de autoridad cuando está defendiendo sus intereses y, al contrario, en el Senado, ya la denunció a la vicepresidenta por hacer otra cosa distinta que, según ellos, hizo Cecilia”.

En ese marco, comparó la situación de ambas cámaras: “En el Senado, según la oposición, Cristina (Kirchner) no cumplió un fallo judicial y la denunció penalmente, y ahora Cecilia Moreau que está cumpliendo el fallo judicial, también es denunciada por el mismo sector”, y denunció que “está bastante claro que acá hay una estrategia que no pasa por las decisiones que tomó Cecilia es más amplia la cuestión”.

“Son dos casos iguales, pero en el Senado reclaman una cosa y en Diputados otra. El fallo de Cormick es un poco más idóneo que el de la Corte, porque en la Corte no hay ninguna duda que fue el periodo que terminó el 18 de noviembre, en cambio el de Cormick es explicito que dice ‘esto es para adelante’. El radicalismo es parte de la segunda fuerza, lo mismo pasa en el Senado”, argumentó el diputado del FdT.

Respecto a los pasos que faltan para que la situación se resuelva y la titular de la Cámara baja pueda enviar una nueva resolución, Tailhade detalló: “Acá hay dos planos, el del expediente propiamente dicho donde salió la resolución de Cormick declarando la nulidad de la designación de Reyes, la presidencia de la Cámara interpuso un recurso de apelación contra esa decisión y lo va a resolver la Cámara en lo Contencioso Administrativo. No se si esto puede resolverse en pocos días, o si ya va a pasar para febrero, es difícil decirlo. Ahora, la Corte también tiene cosas para decir de hecho en el periodo anterior cuando la Corte intima a todos los estamentos a que completen la integración, y particularmente el Congreso, los dos fueron judicializados”.

“En el caso de Roxana Reyes fue por Germán Martínez -jefe del bloque FdT- que es esta sentencia que aparece ahora y en el caso de Martín Doñate por el macrismo, por los jueces. Con expedientes en trámite, con los recursos de amparo en pleno trámite, la Corte le tomó juramento a Reyes y a Doñate, entonces la Corte debería decir algo”, reclamó.

El Consejo de la Magistratura y la Corte

El diputado aclaró que “la ley que la Corte resucitó y, es con la que se maneja el Consejo que es con una conformación de 20 derogada hace 16 años por el Congreso de la Nación, esa ley habla de bloques, no habla de mayorías”, y remarcó que “si lo que plantean los radicales está bien, Unidad Ciudadana y Doñate están bien también. Nosotros tenemos que manejar, no la justicia”.

“El Consejo no puede funcionar sin representantes del Congreso. Hay un interés en paralizar el Consejo de la Magistratura no en que funcione sin legislativo. El Consejo no va a funcionar hasta que no esté integrado en su totalidad y eso implica que estén los 8 legisladores”, advirtió.

Asimismo, apuntó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y a JxC porque “tienen una estrategia que, la verdad a esta altura, nadie puede desconocer que operan juntos y que están coordinados en esta estrategia de no funcionar porque si funciona se tienen que empezar a mover los concursos. Hay una actitud antidemocrática de JxC y del propio Rosatti que no sacan el concurso”.

“Gestapo antisindical”

En otro tramo de la entrevista, fue consultado por el dictamen que firmó el oficialismo esta semana en la reunión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia que investigó el caso de la “Gestapo antisindical”.

“El dictamen de la ‘Gestapo’ va a ser público, Leopoldo (Moreau) está a cargo de eso y será en breve y también vamos a publicar un informe. El trabajo de la subcomisión que investigó específicamente la Gestapo terminó en un informe, en este caso son 250 páginas que relatamos todo lo que hicimos”, contó y afirmó: “La idea es llevar ese dictamen al recinto, nunca hubo una situación de esta, sería la primera vez”.

“El dictamen concluimos algo que era lógico después de un año de investigación donde quedó claro que Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Gustavo Arribas, funcionarios de la provincia, de AFI participaron en el armado de causa con un dispositivo ilegal de persecución contra sindicatos y sindicalistas, en particular ‘Pata’ Medina y Hugo Moyano”, contó.

Y cerró: “Se ordenó que se abran causas contra los jueces que intervinieron, los fiscales que intervinieron, los agentes de inteligencia que intervinieron en el armado en la preparación de pruebas. Es una ratificaron judicial de lo que concluimos en sede parlamentaria”.

El jefe del bloque UCR, Mario Negri, acusó que "el kirchnerismo pretende sumir en un conflicto de poderes a la Cámara de Diputados", en alusión a la postura de Juntos por el Cambio por lo acontecido con las designaciones en el Consejo de la Magistratura y todo lo que esa situación desencadenó en la actitud de su bancada durante las sesiones -fallidas- de este jueves.

Sobre el escándalo ocurrido en el recinto, el radical lo calificó como "lamentable en el contexto que vive la Argentina" y, pese a que la protesta provino desde su espacio, apuntó contra el Frente de Todos por "la manera de atropellar en la búsqueda de sacar cualquier cosa a cualquier precio".

En referencia a la resolución de la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, quien apeló un fallo en contra de la designación de la radical Roxana Reyes, pero al mismo tiempo suspendió todas las designaciones de legisladores para el período 2022-2026 en el Consejo, el cordobés sostuvo: "Hace una suerte de gatopardismo institucional para quedar bien con el kirchnerismo y con lo que lleva adelante Cristina Kirchner en el Senado". "Es un barbarismo jurídico en contra de la ley y raya el delito de abuso de poder", agregó.

Consultado en Radio Rivadavia por las expresiones que Moreau tuvo con él en el recinto, cuando en medio de los gritos la oficialista le dijo "no sé cómo tratará a su mujer, pero a mí por ser mujer no me trata más así", Negri reveló que luego se cruzaron en un pasillo y hablaron. "No solo no la ofendí, sino que no fui parte de los insultos y ni la pelea con ella", dijo y afirmó que le tiene "mucho respeto".

De vuelta sobre el conflicto del Consejo, el legislador manifestó que "Cristina Fernández de Kirchner tiene un conflicto de poder con la Justicia hace mucho tiempo" y "metió en un conflicto de poderes al Senado", donde "dividió su bloque en dos para robarse un consejero". "Y en este caso la Cámara de Diputados no había entrado en ese juego. Creo que el kirchnerismo no ha tolerado que eso siga así, y ahora pretende sumir a un conflicto de poderes a la Cámara de Diputados", observó.

En la antesala del veredicto en el juicio por la causa "Vialidad", donde la vicepresidenta está acusada, Negri advirtió que "hay convocatorias a levantarse en contra de la Justicia, ganar la calle. Yo creo que para el kirchnerismo la anarquía institucional es un sumo, no es un problema. Creen que mientras más anarquía haya mejor se pueden desenvolver".

"Ellos quieren ir a la calle y que nosotros vayamos a la calle, nosotros no debemos ir a la calle ni caer en la provocación. Nosotros lo que debemos afirmar es la firmeza de las instituciones y explicar", completó.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el jefe de bancada oficialista, Germán Martínez, brindaron una conferencia de prensa en el Salón Pasos Perdidos del Congreso, junto a los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, en la que repudiaron la actitud de Juntos por el Cambio por no dar el quórum en la sesión preparatoria de este jueves.

La primera en hablar fue Moreau, quien, ante la denuncia por “atropello institucional” que alegó la oposición tras su decisión de suspender las designaciones en el Consejo de la Magistratura, sostuvo: “Nunca la movieron los cargos, sí las convicciones y la militancia política”.

“La división de poderes es uno de los factores supremos que hacen al funcionamiento de la República. Mi rol es, fue y será garantizar la presencia de los cuatro consejeros de la Magistratura, por lo cual apelamos la decisión del juez con convicción”, expresó sobre el fallo del juez Martín Cormick y agregó: “Para mí no hay fallos buenos y fallos malos según la conveniencia del momento”.

La titular del cuerpo aseguró que seguirán “trabajando para respetar la autonomía de esta Cámara en cuanto a sus decisiones y que no sea vulnerada por nada ni por nadie”. “Los partidos políticos deben transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático donde las instituciones sean libres”, sumó.

Respecto a la conformación de autoridades, aclaró que “continúan vigentes los vicepresidentes (Omar) De Marchi, (José Luis) Gioja y (Julio) Cobos -además de ella como presidenta- hasta no se designe otra conducción”.

En el final, criticó a la oposición: “Son caprichosos los de JxC porque cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter y salen en la radio. Ahora cuando les va mal hacen esto y se van a mirar el Mundial”. También lanzó una indirecta contra el expresidente Mauricio Macri: “Por favor que no vayan más a sacarse fotos en el palco -de los estadios de Qatar- los que traen mala suerte”.

“No voy a tolerar más el maltrato que recibo como mujer de la oposición y tampoco voy a dejar que me corran con los títulos de diarios”, avisó Moreau y concluyó diciendo que están "trabajando para poner de pie al país después del desastre que dejó Macri”.

Por su parte, Martínez explicó: “Veníamos a esta sesión preparatoria con la firme intención de no solamente ratificar la cúpula de conducción de esta Cámara de Diputados sino muy especialmente veníamos a proponer la continuidad de nuestra compañera Cecilia Moreau al frente de la conducción”.

“Cuando por primera vez propusimos a Cecilia (Moreau) reivindicamos su militancia y trayectoria política, su conocimiento, expertiz parlamentario y calidad humana”, siguió, para remarcar luego que venían “a ratificar exactamente lo que habíamos planteado oportunamente”.

Por otro lado, el diputado santafesino enfatizó su repudio contra la oposición por “impedir que la Cámara baja pueda constituir el quórum necesario para dar continuidad al esquema de autoridades”. "Aquí ha habido una clara maniobra por entorpecer”, denunció.

Además, apoyó la decisión tomada por la presidenta de la Cámara de Diputados respecto al Consejo y manifestó que “la presidenta hace las cosas pensando en los 257 diputados. No tiene intereses mezquinos, ni sectoriales reivindicando la autonomía de los bloques y los cuerpos parlamentarios para llevar adelante sus decisiones”.

“Son decisiones irreprochables desde el punto de vista jurídico y con una sabiduría y una prudencia que nosotros como bloque queremos reivindicar”, añadió.

Por último, Martínez se sumó a las acusaciones de Moreau contra la oposición sobre el maltrato por su condición de mujer y expresó: “Hay machismo y misoginia contra Cecilia Moreau. La oposición no haría estas acusaciones si en la presidencia –de la Cámara baja- habría un hombre”.

La diputada nacional Vanesa Siley ratificó el respaldo hacia Cecilia Moreau y cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por “revivir una ley de hace 16 años”, con relación a la conformación del Consejo de la Magistratura.

“La presidenta de esta Cámara lo que hizo fue solo cumplir un fallo judicial. Lo que pasa es que JxC no está acostumbrado a perder en la Justicia”, señaló y lamentó que “es grave que un bloque como la UCR avale a una Corte Suprema que históricamente los ha complicado”.

Del mismo modo, le pidió a la oposición que “se presente en el Congreso a debatir, en vez de mandar denuncias judiciales”. “No se puede impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados y culpar a otras fuerzas políticas”, cerró Siley.

En última instancia, el diputado Rodolfo Tailhade acusó a la Corte Suprema y a la oposición de “trabajar coordinadamente” y afirmó que “la Justicia quiere poner a los consejeros que les conviene”.

“Son los responsables de este desquicio, pero se encontraron con una persona mesurada que hizo lo que tiene que hacer”, expresó el diputado en alusión a Moreau y comparó: “Amenazan con denunciar a Moreau como lo hacían con Cristina Kirchner”.

Para finalizar, el bonaerense cargó contra con el jefe del bloque radical, Mario Negri: “Me llamó la atención con el tono marcial que habló este gran responsable del enchastre sucedido. No convenció a nadie con esa postura porque él no es ningún general, es un soldado raso que cumple ordenes de la Corte Suprema”.

Decididos a no dar quórum en la sesión preparatoria de elección de autoridades, los principales referentes de Juntos por el Cambio cuestionaron este jueves la decisión de Cecilia Moreau de suspender las designaciones en el Consejo de la Magistratura y llamaron a que se revierta. Además, asociaron que la medida responde a “la estrategia de Cristina Kirchner”. 

En conferencia de prensa, el jefe de la UCR, Mario Negri, rechazó la “resolución contraria a derecho que tomara la presidenta de la Cámara, y que no tiene facultades, que fue la de retrotraer la designación de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura”. 

“Estamos frente a un hecho de enorme gravedad institucional que nunca ha ocurrido en esta Cámara”, advirtió y consideró que Moreau “ha decidido no representar al Cuerpo ni defender al Cuerpo, sino asociarse a la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner, que es paralizar las instituciones, el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia”. 

En alusión a la conferencia de prensa anterior de Alejandro “Topo” Rodríguez, el legislador de Juntos por el Cambio señaló: “No solo estamos de acuerdo con la agenda que proponen de los grandes temas, sino que hace mucho que venimos bregando por la ley de alquileres, porque se resuelva el problema de los créditos UVA, el problema de los jubilados, por el problema de la inseguridad, pero para el kirchnerismo la vida de los argentinos pasa por la impunidad o voltear la Justicia”. 

“En Labor Parlamentaria les dijimos que no estaban dada las condiciones para la elección de autoridades”, reveló. 

Negri aseguró no estar “en ningún escándalo personal”, sino que les “ preocupa la situación del país, pero lo que no puede ser es que se lleven por delante las instituciones a cualquier precio. No estamos de acuerdo, no van a poder pasar, no podemos dejarlo pasar”. “Ojalá nos vaya bien en el Mundial, pero que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones”, completó. 

Por su parte, el presidente de la bancada Pro, Cristian Ritondo, dijo que “el presidente de la Cámara debe ser el representante de todos y no de un bloque”. “Saquen la resolución que presentaron y llamen al resto del Cuerpo para elegir las autoridades y seguir una vida parlamentaria normal. Y que los cuatro representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura sean un hecho y se les tome la jura inmediatamente”, reclamó. 

“Cristina Kirchner atropelló a la Cámara de Diputados, se la acaba de llevar puesta, porque tiene una sentencia el martes y está presionando para que el Consejo de la Magistratura no sea integrado por las minorías”, lanzó el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que acusó a la vicepresidenta de querer que el Consejo, “que selecciona y remueve jueces, y además administra el Poder Judicial, se paralice”. 

También habló el jefe de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, quien observó que de todas las “responsabilidades” y “expectativas” que tiene Juntos por el Cambio “la más nítida” es la de “recuperar la institucionalidad el país”. “Están en una estrategia de apropiación del Estado, de las instituciones y la impunidad”, criticó sobre el oficialismo y cargó: “La presidenta de la Cámara lo que hizo fue apropiarse de la representación del Parlamento”. “No nos vamos a prestar al sendero al margen de la ley al cual quieren someter al país”, agregó. 

La presidenta de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, expresó que “la estrategia del kirchnerismo durante sus gobiernos anteriores fue su enriquecimiento” y “en esta oportunidad la estrategia es lograr la impunidad de los delitos que cometieron en los gobiernos anteriores”. 

A través de su cuenta oficial de Twitter, el bloque del Frente de Todos publicó un comunicado en el que resaltó que las decisiones impulsadas por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, "son institucionalmente correctas y plenamente ajustadas a derecho" y, en otro orden, que "no hay motivo alguno para que el interbloque de Juntos por el Cambio descalifique el accionar de la presidenta de la Cámara y recurra a críticas políticas infundadas, de claro corte misógino".

Los legisladores del oficialismo respaldaron su decisión de apelar el fallo  del juez Martín Cormick y poner el suspenso las designaciones de Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Álvaro González y Roxana Reyes.

Por su parte, los legisladores se sumaron a la iniciativa e hicieron lo propio desde sus cuentas personales.

Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque FdT, sostuvo: "La presidenta de la Cámara tomó una decisión ecuánime con todos los diputados designados".

Mientras que Vanesa Siley consideró que en su accionar a Cecilia Moreau "la asiste la Constitución y el derecho, la historia institucional y el ejercicio pleno de la división de poderes".

En respuesta al comunicado de JxC, el diputado Juan Marino twitteó: "Abuso de poder ejerció la Corte Suprema cuando se apropió de la presidencia del Consejo de la Magistratura y cuando suspendió la asunción de (Martín) Doñate. JxC pretende un criterio para el Senado y otro para Diputados, según su conveniencia. Todo nuestro respaldo a Cecilia Moreau".

De igual manera, Rodolfo Tailhade expresó: "Lo de la presidenta de la Cámara es impecable en términos jurídicos e institucionales. Actúa con responsabilidad y equilibrio en medio de este desquicio provocado por la Corte con la complicidad de Juntos por el Cambio. Mi total y absoluto respaldo a Cecilia Moreau".

Lo de la Presidenta de la Cámara es impecable en términos jurídicos e institucionales. Actúa con responsabilidad y equilibrio en medio de este desquicio provocado por la Corte con la complicidad de Juntos por el Cambio. Mi total y absoluto respaldo a @ceciliamoreauok. https://t.co/EAmW8vHsQg

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) November 30, 2022

Lo que se perfilaba como una sesión preparatoria tranquila en la que sin mayores inconvenientes se ratificara a todas las autoridades de la Cámara de Diputados, se complicó rotundamente este miércoles con el devenir de los acontecimientos.

Todo comenzó con el fallo del juez Martín Cormick, que el lunes consideró inválida la designación de la diputada radical Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría de la Cámara baja, utilizando los argumentos de la Corte Suprema para rechazar el nombramiento del senador Martín Doñate en representación de la segunda mayoría del Senado.

La situación se complicó este miércoles, cuando la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, se hizo eco del pedido del radicalismo y apeló el fallo del citado magistrado, pero al mismo tiempo dejó en suspenso todas las designaciones establecidas por la Resolución 1608/2022, hasta tanto se salde la cuestión.

Semejante proceder desató la inmediata reacción del presidente del bloque radical, Mario Negri, quien sin rodeos la emprendió contra la presidenta de la Cámara al señalar que ella “se subió a la campaña de Cristina para atropellar la Justicia. Dejó de ser la presidenta del Cuerpo para militar por los intereses K”.

La medida anunciada por Cecilia Moreau generó el apoyo del bloque oficialista, cuyo presidente, Germán Martínez, fue quien precisamente impulsó en su momento el planteo judicial al que el juez Cormick terminó dando curso. Y en los cruces posteriores que se dieron a lo largo del día quedó abonado el terreno para complicar definitivamente la sesión preparatoria de este jueves. Más aún: también la sesión especial prevista para las 13.

Recordemos que en la sesión preparatoria la Cámara se propone ratificar en sus cargos a Cecilia Moreau al frente de la misma, y a Omar De Marchi, José Luis Gioja y Julio Cobos como vicepresidentes del Cuerpo.

El tema fue evaluado por el interbloque Juntos por el Cambio que se reunió este miércoles a partir de las 18.30. “No, no tiene nada que ver con el partido”, aclaró una legisladora de ese espacio ante una observación sobre la hora para la convocatoria: “Siempre nos reunimos a esa hora, solo que lo hacemos los martes; pero en este caso como la sesión es este jueves, lo hicimos el miércoles”.

No se descarta que la postura de JxC sea presentada en el marco de una conferencia de prensa que tendría lugar antes de la sesión, en el Salón de Pasos Perdidos.

Lo cierto es que la algarabía generada por el triunfo de la Selección en Qatar no sirvió para morigerar los ánimos encendidos con los que buena parte de los diputados opositores llegaron a la reunión. Según pudo saber parlamentario.com, de inmediato se estableció la decisión tan previsible como irrevocable de no dar quórum para la sesión preparatoria convocada para las 11. Y cuando la sesión pueda arrancar, si es que está el número necesario para hacerlo, Juntos por el Cambio tiene previsto votar en contra de la renovación del mandato de Cecilia Moreau por un año más.

Algo que claramente hasta hace tres días se daba por descontado, se modificó a partir de esta decisión judicial, con lo cual una vez más desde la principal oposición no le darán su apoyo a la titular de la Cámara. Es que el 2 de agosto pasado, cuando asumió en reemplazo de Sergio Massa, Juntos por el Cambio se abstuvo de votar a Cecilia Moreau.

No se descarta que la postura de JxC sea presentada en el marco de una conferencia de prensa que tendría lugar antes de la sesión, en el Salón de Pasos Perdidos. La decisión de hacerla antes y no una vez que comience la sesión, como ha sucedido en otras oportunidades en las que la oposición se retira del recinto para hablar ante la prensa, se debe a que una vez arranque esa sesión -si es que logran el quórum-, la misma se alargaría deliberadamente con el fin de complicar el inicio de la sesión especial posterior.

De hecho, algunas fuentes consultadas sugirieron que la sesión especial directamente podría no realizarse, aunque eso estaría por verse. Recordemos que el tema principal de la sesión de este jueves tiene que ver con la creación de ocho universidades, y Juntos por el Cambio -al menos la mayoría de sus miembros- rechaza a varias de esas altas casas de estudio, con diversos y distintos argumentos.

Luego de que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló este miércoles el fallo del juez Martín Cormick sobre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, pero también suspendió las recientes designaciones de los restantes diputados, el interbloque de JxC emitió un fuerte comunicado en contra de la titular del Cuerpo.

“Repudiamos la determinación del kirchnerismo, a través de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, de dejar sin efecto las designaciones de diputados en el Consejo de la Magistratura”, comenzaron el texto.

En esa línea, advirtieron: “El interbloque Juntos por el Cambio bajo ningún punto de vista puede permitir este atropello a las instituciones de la República ni consentir que la Cámara de Diputados quede sometida a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner”.

Según el documento, la resolución tomada por Cecilia Moreau “es una decisión ilegal por cuanto los nombramientos efectuados por la Resolución 1.608/22 del 17 de noviembre firmada por la propia Moreau son irrevocables por provenir de los únicos legitimados para proponer tales nombramientos, esto es, el bloque más numeroso (FdT) y los bloques de primera minoría (PRO) y segunda minoría (UCR)”.

“Más allá de la ilegalidad, arbitrariedad y nulidad del fallo dictado por el Juez Cormick en franco desconocimiento de la ley 24.937, lo cierto es que en el mismo no se dispuso la nulidad de la Resolución 1.608/22 ni tampoco se decretó una medida cautelar suspendiendo sus efectos”, señalaron.

A su vez, remarcaron que “las designaciones de los cuatro diputados dispuesta por la Resolución 1.608/22 fueron avaladas por la Corte Suprema mediante la Acordada 31/22. Tampoco ha existido una impugnación judicial de ningún particular o dirigente político contra la Resolución 1608/22 de fecha 17 de noviembre”.

“No existen motivos para dejar sin efecto los nombramientos y además carece la presidenta de la Cámara de Diputados de atribuciones para impedir la asunción de los representantes de la Cámara designados para actuar como consejeros de la Magistratura”, plantearon desde el interbloque.

En suma, consideraron como “un hecho de gravedad institucional sin precedentes que la Presidencia de la Cámara se arrogue esta atribución que tiene consecuencias de trascendencia para la integración y funcionamiento del Consejo de la Magistratura”.

“La presidenta de la Cámara ha abusado de su autoridad y se ha entronizado como la dueña de la voluntad de un Cuerpo colegiado como lo es la Cámara de Diputados de la Nación, impidiendo con ello que las minorías integren el Consejo de la Magistratura”, denunciaron y advirtieron: “Vamos a emplear todos los medios legales disponibles para hacer cesar este atropello al orden constitucional y hacer efectivas las responsabilidades del caso”.

La jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, rechazó este miércoles la medida cautelar que había presentado el senador Luis Juez (Pro – Córdoba) para que se anule la designación del kirchnerista Martín Doñate comomiembro en el Consejo de la Magistratura.

El senador del Pro acudió a la justicia para frenar la designación de Doñate como consejero en el órgano responsable de la selección y remoción de jueces. Sin embargo, la magistrada desestimó el pedido de medida provisoria y aún no resolvió sobre el fondo de la cuestión.

Juez reclama para sí la representación por la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema y, por este motivo, la jueza rechazó la medida cautelar pedida el senador, debido a que entendió que su planteo no tenía sustento suficiente, porque la incorporación de Doñate a la Magistratura no es "inminente", puesto que el máximo tribunal resolvió por ahora no tomar juramento a los consejeros senadores y analizar en profundidad la disputa entre Juntos por el Cambio y el oficialismo.

“En un estadio procesal preliminar y en el marco cognoscitivo limitado propio de toda medida cautelar, se dicte una medida que interfiera con la función que, como cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema está ejerciendo en la situación”, dijo la jueza del fuero Contencioso al rechazar la medida cautelar interpuesta por el senador cordobés que buscaba impedir que se le tome juramento al candidato de Cristina Kirchner para el Consejo de la Magistratura.

Y diferenció: “Dicha situación, y en particular la posición adoptada por la Corte Suprema resulta distinta a la debatida en autos. Ello pues, el Alto Tribunal dispuso que se tome juramento a los representantes de la Cámara de Diputados, pero no así a los de la de Senadores, objeto del planteo de autos”.

Biotti se refirió a la resolución de mayo de este año, a través de la cual se dispuso que se tome juramento a los consejeros -entre ellos al senador Doñate- "a pesar de la existencia de la causa judicial iniciada por los senadores Juez y Schiavoni".

Este expediente, entendió la magistrada, "culminó con el dictado de la sentencia que declaró que correspondía que el lugar del senador Doñate fuese ocupado por el senador Juez, cargo que este último nunca llegó a asumir". La jueza aludió al fallo de la Corte que consideró una maniobra “ilegal” dividir el bloque de senadores oficialistas en dos.

Al continuar con sus argumentos para rechazar la medida cautelar y despejar el camino para que Doñate jure como consejero, la jueza Biotti entendió este miércoles que el segundo hecho manifestado por Juez tampoco tiene “sustento”, en relación a la última resolución de la Corte Suprema.

La Corte dijo que las designaciones de los cuatro senadores que deben incorporarse al Consejo "se encuentran a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento.” Es decir, a diferencia de lo ocurrido con el reclamo anterior -indicó la jueza Biotti-, "el máximo tribunal optó por no tomar el juramento de ley a los representantes del Honorable Senado de la Nación".

Por eso entendió que no debía hacer lugar a la medida cautelar, ya que al interpretar esta resolución de la Corte "se permite descartar la supuesta inminencia en la toma de posesión de sus cargos por los representantes del Senado, lo que determina la improcedencia de la tutela cautelar pretendida".

El motivo del amparo

El 18 de noviembre, Juez presentó un recurso de no innovar contra el Senado para declarar la nulidad de la maniobra impulsada por el oficialismo que aprobó el decreto firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, que designó a tres representantes del oficialismo para el Consejo.

Junto a Humberto Schiavoni, presidente del bloque Pro y designado suplente del cordobés para el Consejo- habían reclamado en el escrito que "se declare la nulidad absoluta e insanable" de los nombramientos dado "las improcedentes designaciones de los senadores Doñate y (Anabel) Fernández Sagasti".

La situación que derivó en una constante judicialización se remonta a abril de este año cuando el oficialismo dividió su bloque en el Senado presidido por Cristina Kirchner para ganar un sillón más en el órgano que designa y sanciona a los jueces que incurren en el mal desempeño. Así el Frente de Todos con dos bloques conformados, se arrogó la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura.

Así fue que se conformaron los bloques del Frente Popular y Nacional, con 21 miembros, y el de Unidad Ciudadana con 14 senadores. La división le permitió sumar dos consejeros por la mayoría y uno por la segunda minoría.

En su planteo ante la justicia del fuero Contencioso, Juez había requerido que se ordene a la vicepresidenta que lo designe a él y Schiavoni como consejeros de la Magistratura titular y suplente, respectivamente, por la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026.

En los fundamentos, los senadores de la oposición plantearon que se declare la nulidad de lo realizado durante la sesión del Senado cuando se convalidó el decreto con las designaciones no solo de Doñate, sino también de María Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente de Todos, y de Eduardo Alejandro Vischi por el radicalismo.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló este miércoles el fallo del juez Martín Cormick sobre la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, entendiendo “la necesidad de custodiar y preservar la autonomía y las decisiones de la Cámara que representa”, señalaron desde su entorno. 

Sin embargo, en función del conflicto planteado, la titular del cuerpo resolvió dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1.608/2022 hasta tanto se salde la cuestión. Esos nombramientos corresponden al período 2022-2026, es decir, sobre los diputados que debían asumir próximamente, mientras que el fallo de Cormick hacía lugar a un amparo presentado por el jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, en mayo pasado, cuando hubo que enviar nuevos consejeros debido a la restitución de la ley de 1997 por parte de la Corte Suprema. 

“Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas e instituciones de la República para encontrar una pronta resolución a este tema”, sostuvo Moreau.

En el escrito de la apelación, se señaló que “el objeto de autos se encuentra íntimamente relacionado a la conformación e integración de los bloques parlamentarios, conforme las decisiones políticas emanadas de los representantes legislativos, democráticamente elegidos. Admitir una intromisión del Poder Judicial, implicaría una gravísima vulneración de las facultades que resultan exclusivas del Poder Legislativo Nacional”. 

“Se deduce sin mayor esfuerzo que la pretensión del actor gira en torno a un debate de una cuestión que corresponde a la autonomía funcional de la Cámara de Diputados y es ajena a la intervención judicial”, se agregó. 

Pese a que desde el bloque radical le habían reclamado a Moreau que apele, ante la suspensión de la resolución del 17 de noviembre por la cual se designó a Vanesa Siley (FdT), Rodolfo Tailhade (FdT), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR), la oposición anticipó que hará un fuerte reclamo que podría trasladarse a la sesión preparatoria prevista para este jueves, donde se busca ratificar a Moreau al frente de la Cámara. 

“No hay motivos para suspender la resolución 1.608 porque justamente Moreau apeló el fallo del juez Martín Cormick”, señalaron desde la bancada de Juntos por el Cambio y consideraron que ambas decisiones presentan una contradicción. Además, acusan de que va en línea con “los deseos de Cristina Kirchner de entorpecer la jura de diputados en el Consejo de la Magistratura, equiparando la situación de Diputados a la de Senadores”. 

Luego de que este lunes por la tarde se conociera que el juez Martín Cormick anuló la designación de la radical Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura, respondiendo a una presentación de amparo que había realizado el jefe del FdT en la Cámara Baja, Germán Martínez, el bloque de Diputados de la UCR emitió un comunicado.

“El fallo del juez Cormick es arbitrario, político, nulo y extemporáneo”, calificaron y denunciaron que “ha sido dictado contrariando la ley con el único objetivo de generar confusión” porque “carece de todo efecto jurídico al nulificar una resolución que ha perdido vigencia por haber agotado su objeto”.

En ese contexto, recuerdan que la resolución de la Presidencia de la Cámara de Diputados cuya nulidad decreta la sentencia (resolución 689/22) “se encuentra agotada”, ya que fue la que “designó” como consejera por el bloque de la segunda minoría a la diputada Roxana Reyes para cubrir el lapso que iba entre abril y noviembre de 2022 para cumplir con el fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 hasta la conformación del nuevo período del Consejo de la Magistratura.

“El mandato devenido de esa resolución concluyó el 18 de noviembre de este año con lo cual la anulación que dispone el fallo lo ha sido sobre una cuestión abstracta que inhibe al juez de resolver”, remarcaron en el texto.

En ese sentido, consideraron que “el fallo no afecta la validez y cumplimiento de la resolución 1608/22 mediante la cual la presidenta de la Cámara de Diputados designó como consejeros por la mayoría a la diputada Siley y al diputado Tailhade por el bloque de mayoría (FDT), al diputado Álvaro González por el bloque de primera minoría (Pro) y a la diputada Roxana Reyes por el bloque de segunda minoría (UCR)”.

“Sin que fuera objeto de la acción el juez Cormick se adentra en una interpretación sobre las pautas para las designaciones de los representantes de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura que contradice abiertamente la ley 24.937 y de manera improcedente ‘intima’ a la Cámara de Diputados de la Nación a designar los representantes en el Consejo de una forma que no es la prevista en la ley”, argumentaron.

En tanto, señalaron que “la norma claramente expresa que las propuestas corresponden a los bloques (dos al que tiene mayor representación, uno por la primera minoría y uno por la segunda). Peso a ello el juez pretende que la pauta sea la pertenencia a un mismo frente electoral”.

“Con malicia habla de un ardid que está desmentido por el hecho de que el Pro y la UCR siempre fueron bloques independientes con sus propias autoridades y funcionamiento autónomo”, subrayaron y compararon que “no se trata de una situación equiparable a la escisión del bloque del FDT en el Senado pues en este caso los bloques de la UCR y el Pro son preexistentes al fallo de la Corte y de ninguna manera fueron montados para aprovechar una designación adicional”.

En ese marco, calificaron al fallo de “escandaloso” que resuelve sobre una cuestión que se había tornado “abstracta por tratarse de una resolución que ya ha perdido vigencia, que comete la grosería de tener una fecha de emisión antedatada ya que fue firmado el día de hoy, pero en el encabezado se cita al mes de septiembre”.

Y reiteraron que “intima a la Cámara de Diputados con un mandato de en lo sucesivo efectuar designaciones en contradicción con lo que dispone la ley orgánica del Consejo de la Magistratura y que en dicha intimación remita a un considerando –el nro. XIV se lee en el punto 2° de la parte dispositiva de la sentencia- que no existe en el resolutorio, lo que evidencia la desprolijidad e improvisación con el que fue redactado”.

“Se ha pretendido generar confusión y zozobra institucional con la evidente intención de compensar con la cuestión suscitada con la representación de la minoría correspondiente al Senado”, denunciaron.

Y concluyeron: “De ningún modo son situaciones equiparables y más allá de que la Presidencia de la Cámara de Diputados ha comunicado a este bloque que el fallo será apelado, es importante dejar sentado que de ninguna manera lo resuelto conmueve o afecta la legalidad de la designación de la diputada Reyes ni constituye un obstáculo para que le sea tomado el juramento de ley e incorporada al Consejo de la Magistratura como vocal para el período 2022/2026”.

A tan solo cuatro días de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolviera tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura - lo que todavía no tiene fecha-, y mientras la designación de los senadores continúa en un limbo por la disputa entre el Pro y el FdT por el escaño, se sumó este lunes otro capítulo de polémica.

Un juez federal falló contra la designación de la diputada radical Roxana Reyes, al considerar que la UCR y el Pro deberían ser considerados la misma minoría para acceder a una banca en el organismo de contralor judicial.

El fallo Martín Cormick, juez en lo Contencioso Administrativo Federal, responde a una presentación de amparo que realizó el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez.

Reyes había jurado como integrante del Consejo de la Magistratura en mayo pasado. El fallo se refiere al mandato ya cumplido de la radical en el organismo, pero avanza sobre los criterios usados para que sea nuevamente postulada.

Con firma de la presidenta de la Cámara, la kirchnerista Cecilia Moreau, Reyes fue propuesta y aprobada como representante de la segunda minoría de la UCR, junto con Álvaro González, del Pro y por la primera, además de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, los dos correspondientes a la mayoría. Todos ellos entrarían en funciones con el juramente que les toma la Corte, que fuera ordenado, pero no tiene fecha.

Los motivos del rechazo de la designación

Cormick basa su argumentación citando el fallo que la Corte Suprema realizó en favor de Luis Juez para que ocupe una de las bancas en la Magistratura desde el Senado, al considerar que el oficialismo dividió el bloque entre Unión Ciudadana y Frente Nacional y Popular para ocupar más representación de la correspondiente para la mayoría.

“Los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”, dijo el magistrado.

Y sumó: "De otorgarle un integrante al bloque constituido por el Pro, y otro integrante al bloque UCR, se estaría vedando de participar a la real segunda minoría de la Cámara, cometiéndose una situación, de hecho, similar a la analizada por la Corte en el fallo citado. Ello, porque los miembros de los bloques Pro y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019".

"En ambos procesos electorales –más allá de denominaciones circunstanciales, el Frente de Todos (Partido Justicialista y otros), constituyó una alternativa para votar; el Frente Juntos por el Cambio (PRO, U.C.R., Coalición Cívica, entre otros), otra; y, por mencionar dos más, el Frente de Izquierda los Trabajadores, y La Libertad Avanza, entre otras, otras alternativa que, según el análisis que debe hacerse en el seno de la Cámara de Diputados y ajeno a este proceso, debiendo la Presidencia de la Cámara dictar una nueva Resolución acorde a lo aquí decidido, no pudiendo otorgar la representación del tercer espacio a la Unión Cívica Radical", analizó y determinó el juez.

En ese contexto el juez dio lugar a la acción de amparo que presentó el oficialista Martínez y declaró "nula la Resolución 689/22 [de] la Presidencia de la Cámara de Diputados y las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con Partidos Políticos o Alianzas a las que ya les han sido asignados integrantes en mayoría o primera minoría".

El senador nacional Luis Juez (Pro – Córdoba) criticó “al pueblo argentino” por “no apoyar” su reclamo por el escaño en el Consejo de la Magistratura y lanzó: “Qué pueblo de mierda somos los argentinos, porque le exigimos mucho más a un equipo de fútbol que a los dirigentes políticos”.

En conversación con La Nación +, el senador denunció que el juez federal Daniel Rafecas “no le dio bola” a la demanda que presentó contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, mientras que la jueza María Alejandra Biotti "hizo lo mismo" en el amparo que el senador presentó.

El cordobés reclamó su silla en el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría del Senado, disputada por el kirchnerista Martín Doñate. En tal sentido, chicaneó: “Ya tenemos preparado el quilombo por si perdemos con Polonia, pero si te aparece Cristina y te roba un lugar de la oposición no hacemos nada”.

Además, enfatizó: “Sé que se van a enojar con esta frase, pero lo siento en el alma. Siento que somos mucho más feroces con nuestros jugadores, que con nuestra dirigencia política”.

Así también, disparó contra el presidente Alberto Fernández: “Piensa que como el gol lo hizo otro Fernández, algún gil podía comerse el amague de que fue él”, y denunció que el oficialismo se “quiere colgar de cualquier éxito menos de los propios”.

Consultado por las críticas que realizó contra Mauricio Macri tras juntarse con Martín Llaryora, Juez decidió calmar las aguas y explicó: “A nosotros no nos tiene que mover un líder, sino el futuro de nuestros hijos”, haciendo referencia a la unidad de Juntos por el Cambio, más allá de los candidatos.

En el final de la entrevista, apuntó en contra del gremialista Roberto Baradel: “Los quilombos que nos van a hacer cuando gobernemos este país”. De todos modos, Juez sostuvo que “la gente les va a dar la oportunidad de ganar”, y concluyó: “A estos tipos -sindicalistas- que no están haciendo nada, los vamos a tener en la vereda de en frente”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves tomar juramento a los cuatro diputados nacionales elegidos para integrar el Consejo de la Magistratura. Por el contrario, los cuatro miembros correspondientes al Senado deberán seguir esperando, ya que el Tribunal seguirá estudiando el caso, que ha sido judicializado por haber considerado las autoridades del Cuerpo que ese lugar le corresponde a Martín Doñate, mientras que desde la oposición reclaman ese escaño para el bloque Pro.

Así las cosas, el presidente de la Corte Suprema y titular del Consejo de la Magistratura tomará juramento a los consejeros y consejeras Vanesa Raquel Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes.

Sin embargo no se estableció la fecha para la jura.

Para el caso de los miembros del Senado, la acordada señala que “la designación de los representantes titulares y suplentes del H. Senado de la Nación” se encuentran “a estudio del Tribunal, por razones que son de público conocimiento”.

La lista de consejeros enviada por el Senado señala a los senadores oficialistas

María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y al radical Eduardo Vischi.

El diputado nacional Juan Manuel Pedrini (FdT – Chaco) presentó una cuestión de privilegio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su accionar en torno al Consejo de la Magistratura y sostuvo que “el accionar de la Corte es propio de autócratas y protofascistas que no reconocen los límites de la ley”.

Además, cuestionó al órgano judicial por “obstaculizar el desempeño de las funciones del Congreso de la Nación, ni dejar cumplir con las potestades y obligaciones”. En esa línea, afirmó: “Hay una permanente interferencia de la Corte Suprema para con el accionar del Poder Legislativo”.

“El caso más reciente es el del Consejo de la Magistratura”, indicó Pedrini.  A su vez, expresó: “En el 2013 con la Ley 26.885 se reglamentó un principio republicano -el de elección popular- y la declararon inconstitucional. En 2021 volvieron a fallar en contra de la ley después de 16 años de vigencia”.

En tal sentido, el diputado chaqueño agregó que “esto no es nuevo”, y cuestionó: “Los autócratas querían quedarse con la presidencia del Consejo de la Magistratura con fallos inconstitucionales”. Del mismo modo, apuntó contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema al expresar que “ejercen un tutelaje vergonzoso e inaceptable contra el Congreso”.

En el cierre, Pedrini le pidió al Congreso “intimar a los representantes de la Corte”, y concluyó arengando: “Debemos luchar por democratizar el Poder Judicial. Basta de autócratas con actitudes fascistas que no reconocen a la ley ni a sus representantes”.

El senador nacional Luis Juez (Pro-JxC) presentó este jueves una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por considerar que “desoyó a la Corte Suprema de Justicia” y, al avanzar con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura, “se despojó” a lo que señaló como “la verdadera segunda minoría”, es decir, la bancada del Pro.

En el escrito, que fue presentado ante la Fiscalía Federal 9 en los tribunales de Comodoro Py, el legislador cordobés sostuvo que “se desoyó a la Corte, no en el sentido doctrinario, sino en una orden expresa y operativa”, haciendo alusión al fallo que le dio la razón a él por el amparo interpuesto en mayo pasado, cuando la bancada oficialista se dividió en dos y el kirchnerismo envió a Doñate, al ocupar Unidad Ciudadana la condición de segunda minoría en lugar del Pro. 

Ante el vencimiento de los mandatos en noviembre, el Frente de Todos ratificó el nombramiento de Doñate para el período 2022-2026, lo que abrió una nueva disputa judicial. Incluso el decreto con los nombramientos, que llevó la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, fue refrendado por el oficialismo y tres aliados dentro del recinto. 

“Tal conducta se denomina desobediencia a la autoridad y está tipificada en el artículo 239 del Código Penal”, afirmó Juez y agregó: “La cuestión dirimida se remontaba a la falsedad montada para dividir fraudulentamente en dos el bloque de la mayoría Frente de Todos, de manera de quedarse con la mayoría y la segunda minoría, a la cual se la denominó ‘Unidad Ciudadana’”.

https://twitter.com/ljuez/status/1595778496483233793

Con ello, “se despojó a la verdadera segunda minoría, constituida en la sesión preparatoria del 16 de diciembre de 2021, -la bancada ‘Frente Pro’-, de la representación que por ley le correspondía”, recordó y, así, se le impidió a él asumir en la Magistratura.

“En el Derecho Penal, las cosas no funcionan como uno quiere, sino como la ley lo disciplina”, enfatizó Juez en su denuncia y apuntó contra CFK: “La voluntad de que el compareciente no formara parte del Consejo de la Magistratura ya había sido individualmente expresada en abril del corriente año, por la denunciada, que es quien arma y acepta la falsa división del bloque oficialista y envía al Consejo de la Magistratura el decreto amañado y destrozado por la Corte Suprema”. 

Por otra parte, este jueves el diputado de Avanza Libertad José Luis Espert, quien también fue a la Justicia por el caso, ratificó su denuncia recaída en el Juzgado Criminal y Correccional N°1 a cargo de la jueza María Servini de Cubría. 

Recién ratifiqué mi denuncia contra CFK y otros en la causa nro. 4166/2022, caratulada como “Fernandez, Cristina Elizabet y otros s/ asonada". Será Justicia. @AlberdianoArg @diegoarmesto pic.twitter.com/SGuP3B1vZy

— José Luis Espert (@jlespert) November 24, 2022

Luego de la decisión del Senado de la Nación de insistir con el nombramiento de un senador en el Consejo de la Magistratura, a pesar del fallo de nada menos que la Corte Suprema, el Foro de Convergencia Empresarial sostuvo que esa Cámara “perdió una oportunidad histórica de generar un punto de inflexión y enviar una señal que fortaleciera el frágil estado de la Seguridad Jurídica existente en nuestro país”.

“La decisión del bloque mayoritario de Senadores de insistir en la división en dos subbloques, a fin de enviar tres representantes al Consejo de la Magistratura, constituyó un claro desafío al fallo emitido hace menos de una semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, expresaron a través de un comunicado titulado: “El respeto a las reglas de juego es imprescindible para la inversión”.

Desde el Foro de Convergencia Empresarial vienen insistiendo en que Argentina necesita atraer inversiones para lograr revertir la difícil situación económica y social que estamos atravesando.

“Para ello es imprescindible generar confianza en los inversores acerca del respeto a las reglas de juego y a las decisiones del Poder Judicial”, afirman en el comunicado, que concluye diciendo que “es por tal circunstancia que solicitamos a los senadores tengan a bien revertir la decisión adoptada a fin de comenzar un camino virtuoso de acuerdos en beneficio de la sociedad toda”.

El diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés cargó con dureza contra la Corte Suprema de Justicia en relación al Consejo de la Magistratura y lanzó que "el partido judicial ha venido a ocupar el lugar" que dejó "el partido militar", al cual "nos costó mucho tiempo derrotar. "Les digo a los políticos de la oposición que hoy es el Frente de Todos, mañana serán ustedes", advirtió.

Consultado en AM 990 sobre la jura de los nuevos consejeros, aunque no todavía de los representantes del Congreso, el legislador señaló que en la oposición "hasta que no pongan uno de ellos no van a parar".

El porteño cuestionó al máximo tribunal, que el próximo jueves analizará las designaciones de los legisladores ante el amparo presentado por el senador Luis Juez, quien reclama el lugar que el kirchnerismo le otorgó a Martín Doñate en virtud de considerar a Unidad Ciudadana la segunda minoría de la Cámara alta.

"Es una vergüenza lo que hacen, inclinan la cancha de tal manera que ya rompe toda la imaginación de uno”, sostuvo el oficialista, quien además dijo que Juntos por el Cambio se beneficia “transitoriamente” con las decisiones de la Corte.

Para Valdés, desde la asunción del juez Horacio Rosatti, “la Corte se dedica a cumplir los caprichos de la 'corona' a la enésima potencia”. “No solo aceptaron ser nombrados por decreto, sino que asaltaron el Consejo de la Magistratura”, cargó contra Rosatti y Carlos Rosenkrantz.

“Durante 15 años el Consejo funcionó bien, y de repente quieren cambiar el reglamento”, remarcó sobre la inconstitucionalidad que declararon de la ley de 2006. Y agregó: “Ante estos hechos aberrantes, la política y el Frente de Todos debemos reaccionar”.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomó juramento este martes a los nuevos integrantes del Consejo para el período 2022-2026.

Se trata Hugo Galderisi y Guillermo Ricardo Tamarit, en representación del ámbito científico y académico; Miguel Alberto Piedecasas, Héctor Pedro Recalde, María Isabel Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en representación de la abogacía; Diego Gustavo Barroetaveña, Alberto Agustín Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero, en representación de la magistratura; y Gerónimo Javier Ustarroz, en representación del Poder Ejecutivo Nacional.

Del acto, celebrado en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, participaron los otros tres jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Asimismo, estuvieron presentes funcionarios de la Corte y del Consejo, y familiares e invitados de los flamantes consejeros.

En la ceremonia no se le tomó juramento a los representantes del Poder Legislativo, cuyas designaciones se analizarán el próximo jueves. La polémica controversia pasa por los enviados del Senado, no así por los de la Cámara de Diputados.

El nombramiento del kirchnerista Martín Doñate por la segunda minoría en la Cámara alta fue objetada por el Pro, que reclama ese lugar para el cordobés Luis Juez, en base al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón en el amparo interpuesto en mayo pasado, cuando el Congreso tuvo que enviar nuevos consejeros dado que el máximo tribunal reinstauró la ley de 1997 y se recompuso la composición de 20 miembros.

Sin embargo, para este nuevo período, el oficialismo ratificó que Unidad Ciudadana es la segunda minoría. Además, sometió el decreto de designaciones a la votación del pleno en la sesión del miércoles pasado. De acuerdo a esa medida, se nombraron a María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde, por el Frente Nacional y Popular; a Eduardo Vischi, por la UCR; y a Doñate por UC.

Esta situación generó la protesta de Juntos por el Cambio, que además de ausentarse de la sesión, presentó un nuevo amparo ante la Justicia.

Por su parte, por la Cámara de Diputados fueron designados los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade; del Pro Álvaro González; y de la UCR Roxana Reyes.

Queda claro, por si quedaban dudas, que el área judicial es de máximo interés para Cristina Fernández de Kirchner en esta gestión que la muestra motu proprio generalmente ajena al Gobierno, mas no por completo. La cuestión judicial, vale repetirlo, es central para ella por múltiples razones.

Prueba de ello es el ministro del área, que si bien fue elegido por el presidente Alberto Fernández, da permanentes muestras de responder a los intereses de la vicepresidenta de la Nación. Eduardo Soria se ha peleado con la Corte Suprema de Justicia y mantiene una aspereza más afín a lo que ella representa, que lo que respecta al presidente de la Nación.

No fue así siempre, muy por el contrario, ya que al frente del Ministerio de Justicia Fernández había puesto inicialmente a una persona de su máxima confianza, amiga y socia en el estudio jurídico que compartían: Marcela Losardo. Finalmente ella dejó esa cartera ante la fuerte presión del Instituto Patria y luego de haber formado parte del grupo de “funcionarios que no funcionan”, según la curiosa interpretación que en un momento clave de esta gestión hizo pública CFK.

Pero si hubo algo que nunca dejó librado a designios ajenos Cristina Kirchner fue la representación oficialista en el Consejo de la Magistratura. Allí siempre puso gente muy afín: si son de La Cámpora, mejor.

Es lo que decidió ahora con los representantes legislativos del Frente de Todos ante el Consejo de la Magistratura. Allí, todos los titulares reportan a Cristina. En Diputados, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley son los representantes titulares y son camporistas y cristinistas, que en este caso viene a ser redundante. Los suplentes no son camporistas, pero sí están muy alineados con la vicepresidenta y responden a gobernadores totalmente afines a CFK: el chaqueño Juan Manuel Pedrini y el santiagueño Bernardo José Herrera.

Respecto del Senado, fueron nombrados otros dos camporistas: Mariano Recalde y Martín Doñate, cuya designación es la que ha generado el conflicto de poderes tan difundido. Y otra chaqueña, María Inés Pilatti Vergara, que ya estaba antes en la Magistratura, y que está súper alineada con Cristina Kirchner.

Los suplentes son otra señal hacia los gobernadores, pero en definitiva son suplentes: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador santiagueño, el pampeano Pablo Bensusán, y otra camporista, Anabel Fernández Sagasti, quien integra el selecto grupo de preferencias de la vicepresidenta.

No cabe ninguna duda de que ese organismo encargado de la selección, nombramiento y destitución de los jueces en todo el país fue, es, y seguirá siendo un de interés supremo para la exmandataria.

Una presencia permanente

En tiempos del kirchnerismo fueron integrantes del Consejo de la Magistratura, entre 2006 y 2007, la senadora María Laura Leguizamón, muy cercana a Cristina, y, entre 2006 y  2010, el senador santacruceño Nicolás Fernández y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, los tres muy kirchneristas.

Igual que Marcelo Fuentes, histórico amigo de Néstor Kirchner y actual secretario Parlamentario del Senado que presiden CFK, que estuvo entre 2007 y 2017, en representación del Senado. El mismo tiempo que Ada Itúrrez de Cappellini, senadora santiagueña. Como se ve, esa provincia gobernada por Gerardo Zamora ha tenido habitualmente representación en el Consejo.

Desde 2010 a 2017 estuvieron en el Consejo de la Magistratura un ultra K como Carlos “Cuto” Moreno y la tucumana Stella Maris Córdoba, también ella alineada con el kirchnerismo.

Sigamos: el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro -uno de los principales referentes camporistas- fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2015, mientras que entre 2014 y 2016 lo fueron otras figuras muy referenciadas en el kirchnerismo: el senador santacruceño Pablo González y los diputados Anabel Fernández Sagasti (Cámpora pura) y el histórico abogado laboralista Héctor Recalde, presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja entre 2015 y 2017.

Entre 2014 y 2017 estuvo en el Consejo el senador sanjuanino Ruperto Godoy, en tanto que entre 2016 y 2017 lo estuvo otra santacruceña, Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.

De origen kirchnerista, el chubutense Juan Mario Pais fue representante en el Senado entre 2017 y 2020. Rodolfo Tailhade, que ahora vuelve al Consejo, ocupó allí un lugar entre 2016 y 2019.

Ahora vuelve allí, junto con los ya citados Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, en representación del Senado, y Vanesa Siley, que allí está desde 2019.

Listado histórico de legisladores en el Consejo de la Magistratura

Nombre	Cargo	Partido	Inicio	Finalización
Jorge Solana	Senador	MPN	1998	1999
Augusto Alasino	Senador	PJ	1998	2001
Carlos Branda	Senador	PJ	1998	2001
Horacio Usandizaga	Senador	UCR	1998	2002
Juan Carlos Maqueda	Diputado	PJ	1998	1999
Oscar Massei	Diputado	PJ	1998	1999
Melchor Cruchaga	Diputado	UCR	1998	2000
Miguel Angel Pichetto	Diputado	PJ	1998	2001
Miguel Angel Pichetto	Senador	PJ	1998	2005
Miguel Angel Pichetto	Senador	FpV	2001	2005
José Angonio Romero Feris	Senador	PA	1999	2001
Pablo Fernández	Diputado	FrePaSo	1999	2001
Lelia Chaya	Diputada	PJ	1999	2005
Carlos Maestro	Diputado	UCR	2000	2001
Marcelo Stubrin	Diputado	UCR	2001	2006
Jorge Casanovas	Diputado	PJ	2001	2005
Jorge Yoma	Senador	PJ	2001	2005
Ricardo Gómez Diez	Senador	PRS	2001	2006
Carlos Prades	Senador	UCR	2002	2005
Marcela Rodríguez	Diputada	ARI	2003	2005
Juan Jesús Minguez	Diputado	UCR	2003	2005
Federico Storani	Diputado	UCR	2005	2007
Nicolás Fernández	Senador	FpV	2006	2007
María Laura Leguizamón	Senadora	FpV	2006	2007
Ernesto Sanz	Senador	UCR	2006	2007
Diana Conti	Diputada	FpV	2006	2010
Carlos Kunkel	Diputado	FpV	2006	2010
Marcelo Fuentes	Senador	FpV	2007	2014
Oscar Aguad	Diputado	UCR	2007	2014
Ada Itúrrez de Cappellini	Senadora	FC	2010	2014
Mario Cimadevilla	Senador	UCR	2010	2014
Carlos “Cuto” Moreno	Diputado	FpV	2010	2014
Stella Maris Córdoba	Diputada	FpV	2010	2014
Eduardo "Wado" de Pedro	Diputado	FpV	2014	2015
Ruperto Eduardo Godoy	Senador	FpV	2014	2017
Pablo González	Senador	FpV	2014	2016
Angel Rozas	Senador	UCR	2014	2018
Anabel Fernández Sagasti	Diputada	FpV	2014	2016
Héctor Recalde	Diputado	FpV	2014	2016
Gustavo Valdés	Diputado	UCR	2014	2017
Virginia García	Senadora	PJ/FpV	2016	2017
Juan Mario Pais	Senador	PJ/FpV	2017	2020
Rodolfo Tailhade	Diputado	FpV	2016	2019
Rodolfo Tailhade	Diputado	FdT	2022
Mario Negri	Diputado	UCR	2017	2019
Pablo Tonelli	Diputado	Pro	2016	2022
Graciela Camaño	Diputada	CF	2018	2022
Roxana Nahir Reyes	Diputada	UCR	2022
Vanesa Siley	Diputada	FdT	2019
Mariano Recalde	Senador	FNyP	2020
María Inés Pilatti Vergara	Senadora	FNyP	2020
Silvia Giacoppo	Senadora	UCR	2019	2022
Martín Doñate	Senador	UC	2022

El conflicto por el representante por la tercera minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura entre oficialismo y oposición sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el senador y titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), y su par de bancada Luis Juez presentaran ante la justicia un amparo y medida cautelar mediante el cual solicita al Consejo que se abstenga de tomarle juramento al senador kirchnerista Martín Doñate e insistieron con el fallo de la Corte Suprema.

Luego de que el oficialismo logró en el Senado refrendar el decreto firmado por la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala, que nombraba a los cuatro representantes para el órgano encargado de designar y controlar a los jueces, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro), desde JxC habían adelantado que volverían a recurrir a la justicia para que resuelva quién debe ocupar dicha silla.

La presentación de 29 páginas, que recayó en el juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 5 a cargo de María Alejandra Biotti, lleva las firmas de Schiavoni y de Juez, pide que "se declare la nulidad absoluta e insanable" de los nombramientos dado "las improcedentes designaciones de los senadores Doñate y (Anabel) Fernández Sagasti para integrar el CMN, como miembros titular y suplente respectivamente”.

También solicitan la “nulidad absoluta e insanable de su inclusión como primer punto del temario para ser aprobado por el cuerpo en la sesión especial que se llevó a cabo este miércoles”.

“Ordenar a la presidenta del Senado que cumpla con designar a Juez -Schiavoni (titular y suplente) por la segunda minoría”, reclaman y agregan que el Consejo de la Magistratura “disponga la inmediata designación de los senadores Juez y Schiavoni como representantes de la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026".

Además de los representantes del Senado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, oficializó este jueves la designación de los cuatro representantes de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura.

El organismo que designa y sanciona a los jueces estará integrado, en representación del oficialismo por Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. Mientras que por la oposición fueron nombrados la radical Roxana Reyes y Álvaro González.

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Con duros descalificativos hacia la figura de la vicepresidenta, el diputado nacional José Luis Espert aseguró que la votación en el Senado de las designaciones en el Consejo de la Magistratura fue "un atentado contra el sistema democrático".

Sobre la denuncia penal que presentó, el liberal sostuvo: “El espíritu de la demanda es para mí que acá hay una carrera entre Cristina presa o Cristina destruyendo el sistema democrático con tal de no ir presa. Y yo no tengo ninguna duda en qué carrera me pongo, primero como ciudadano, y ahora como diputado, para que Cristina Kirchner no destruya la democracia con tal de no terminar presa por chorra".

“Con el patrocinio de los doctores Pablo Torres y Diego Armesto presenté una denuncia penal porque lo que ha hecho el Senado en su conjunto es atentar contra la democracia, delito configurado en el artículo 36 de la Constitución", consideró, al señalar que en la Cámara alta "desoyeron el fallo de la Corte Suprema" y "la desobediencia está agravada por convocar al pleno" a refrendar el decreto con los nombramientos, entre los que está el de Martín Doñate (UC-FdT) en lugar de Luis Juez (Pro).

Además, en declaraciones a radio Mitre, diferenció que "la Cámara de Diputados ha seguido el procedimiento que establece la Ley del Consejo de la Magistratura", en referencia a la resolución firmada por Cecilia Moreau.

Espert comentó que se presentó como querellante "para empujar la causa" y que ya recibió "una citación para el jueves 24 para ratificar" su denuncia en el juzgado de María Servini de Cubría. “Esto no puede quedar impune”, concluyó.

El titular del bloque Pro en el Senado, el misionero Humberto Schiavoni, se refirió este jueves a la estrategia de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en relación al fallo de la Corte Suprema y la conformación del Consejo de la Magistratura y lo calificó de “insólito”.

En declaraciones radiales, el senador opositor tildó la situación de “insólita” y sostuvo que “es difícil encontrar una situación similar”, luego de que el oficialismo aprobó en el recinto de la Cámara alta la designación de Martín Doñate (FdT) como representante de la segunda minoría en el Consejo.

Schiavoni advirtió que “se ha hecho cómplice a senadores de una maniobra que va a en contra de un fallo de la Corte Suprema y tratándose del Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar y seleccionar jueces”.

En este contexto, Schiavoni aclaró que “un lugar en el Consejo no es menor para quienes resguardar sus intereses personales y se ven jaqueados por la Justicia. Es un atropello enorme y decidimos dar una respuesta política para no dar lugar a esto”.

“Es importante el voto del año próximo y el accionar de la Corte Suprema para resguardar los intereses de todos nosotros. Hay que apostar a que esto siga funcionando como una república”, finalizó.

La Mesa Nacional de JxC emitió un duro comunicado este jueves en contra del oficialismo, puntualmente de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de enviar al pleno del Senado a aprobar la designación del senador Martín Doñate al Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría lugar que, según denunció la oposición, corresponde a Luis Juez (Pro).

En el texto que difundieron advierten sobre “la grave situación institucional que ha provocado la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, de alzarse contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de interpretación constitucional de la República, insistiendo en la maniobra urdida para obtener la mayoría de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura”.

En ese sentido, alertaron que “se está poniendo en peligro el orden institucional del país en procura exclusivamente de favorecer la situación personal de alguien procesado por gravísimos hechos de corrupción, que ya deberían estar resueltos para la salud de la Republica si no se estuviera intentando permanentemente evitar el pronunciamiento de la Justicia”.

“Los argentinos no nos merecemos semejante manoseo”, expresaron y lanzaron: “Las máximas autoridades del país no pueden actuar como delincuentes acorralados y arrastrar en sus intentos de impunidad a los pilares de la institucionalidad del país”.

Al cierre del documento, manifestaron que “la convivencia ha de fundarse con todos los ciudadanos iguales ante la ley y sin privilegio alguno”.

La senadora nacional y nueva integrante del Consejo de la Magistratura, María Inés Pilatti Vergara (FdT – Chaco) se refirió a la aprobación en el recinto, durante la sesión de este miércoles, al decreto por el cual se nombran a los cuatro representantes ante el Consejo, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, cuya designación había sido rechazada por la Corte Suprema y por JxC, respecto lo cual disparó: “La Corte parece una terminal del Pro”.

En diálogo por la AM 990, la chaqueña apuntó: “La Corte cayendo ya en una suerte de manía de dictaminar con total alejamiento a las normas más elementales del derecho, porque ya lo hizo en diciembre del año pasado cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley con el que se regia el Consejo de la Magistratura, y puso en vigencia la ley derogada hace 16 años atrás. Ahora también con este nuevo fallo al desconocer la voluntad y la facultad exclusiva del Congreso de la Nación de elegir, a través de sus integrantes, quiénes son los senadores que los van a integrar en cada periodo del Consejo”.

“Ellos argumentaron que nosotros nos dividimos en dos bloques o casualidad al momento que había que designar a los consejeros. Juntos por el Cambio desde que se creó como tal como bloque, siendo uno, al día de hoy está partido en nueve partes. El interbloque de JxC está conformado por nueve bloques”, comparó y preguntó irónica: “¿Alguna vez a la Corte o alguien se le ocurrió preguntar por qué se dividen o qué están buscando? No, silencio recio”.

Y siguió: “Ahora cuando nosotros decidimos dividirnos en dos bloques, ahí somos los tramposos y lo estamos haciendo a propósito, que hay maniobras. Lo peor de todo y la animosidad que se ve contra la vicepresidenta de la Nación, es que la supuesta maniobra de dividir el interbloque se la ligan a ella”.

“Hay un primer bloque mayoritario que es el de Frente Nacional y Popular, después sigue el de la UCR y después viene el frente Unidad Ciudadana, no el frente Pro que tiene cuatro integrantes menos, obviamente le corresponde a Martín Doñate”, explicó y defendió Pilatti Vergara.

Por otro lado, se refirió sobre la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner: “La vicepresidenta en esto no tiene nada que ver porque no es senadora y porque no tiene otra cosa que hacer que instrumentar lo que los senadores le decimos. La elección de los consejeros es la voluntad expresa de los bloques de representar la primera, la segunda y la tercera minoría”.

Además, calificó el fallo de la Corte de “abstracto e inaplicable, no tiene sentido”. “Las cosas que esta gente hace no tienen sentido quieren judicializar todo lo que venga del FdT. No ve el que no quiere, pero realmente esta Corte está trabajando con el Pro desde el mismísimo gobierno de Macri, se hace muy difícil trabajar de esta manera institucionalmente hablando porque es un escollo tras otro. Parecen una terminal del Pro porque todo te lo declara inconstitucional”.

“No existe en ningún lugar del mundo que el presidente de la Corte Suprema (Rosatti) le comunique al presidente del Consejo de la Magistratura que le tome juramento a tal y al otro no, con un desprecio a cada poder del Estado que es inadmisible de aceptar. Estamos en un serio problema porque no sabemos qué va a pasar”, advirtió la senadora oficialista.

Y cerró: “Me pareció muy bueno poner a consideración del pleno la nota porque como no entienden muy bien esto de la división de poderes y de las facultades propias y excluyentes de cada poder del Estado y la importancia de la doctrina y jurisprudencia”.

Sin el polémico contexto que acompaña al tema en la Cámara alta, la presidenta del Cuerpo envió este jueves al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Senado, la nómina de nuevos consejeros que corresponden a Diputados.

La resolución suscripta por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, establece la designación de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos; el diputado Alvaro González (Pro) y la radical Roxana Reyes por la tercera minoría.

Es la vuelta de Tailhade, un viejo habitante del Consejo de la Magistratura donde estuvo hasta 2018. En ese entonces, un acuerdo del Frente para la Victoria y el Frente Renovador les permitió arrebatarle a Cambiemos un lugar. Presente en esa negociación, el líder del FR, Sergio Massa, le había pedido al FpV que le aportaran un nombre que no fuera el de Tailhade, que no veía viable, y entonces el bloque que entonces conducía Agustín Rossi sugirió a Eduardo “Wado” de Pedro, quien despertaba menos resistencias en el Frente Renovador, que por su parte impulsó a Graciela Camaño. Esta última renunció ahora a ser reelecta y su lugar es el que ocupará Tailhade.

El otro nuevo es Alvaro González, quien reemplaza a Pablo Tonelli, quien tampoco buscó su reelección, cosa que podría haber hecho a partir de un fallo de la jueza María Servini.

Los diputados suplentes designados son, por el oficialismo, Juan Manuel Pedrini y Bernardo José Herrera, y por la oposición la diputada del Pro Soher El Sukaria y el radical Francisco Monti.

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La senadora nacional Carolina Losada (UCR – Santa Fe) opinó este jueves sobre la nominación por parte del oficialismo de Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura y sostuvo que “el kirchnerismo busca llevarse puesta a la República”.

“Cristina Kirchner está demostrando que no le importa nada y va por todo”, afirmó Losada, en alusión al fallo de la Corte Suprema que dio espacio al reclamo del senador Luis Juez, iniciado en mayo pasado. Así también, manifestó que “el FdT, con CFK a la cabeza, está obsesionado con atropellar a la Justicia”.

Entrevistada en CNN Radio, la santafesina señaló: “Tenemos un Gobierno autocrático donde nadie se le anima a la vicepresidenta, que es quien realmente tiene el poder”. Además, agregó que “a CFK no le importa la vida de los argentinos”.

En esa línea, la senadora advirtió que Argentina va camino a “ser Venezuela, Cuba o Nicaragua”, e indicó que esas naciones “son aliadas de Cristina Kirchner”.

Respecto a la designación del senador camporista rionegrino, Losada ratificó que “se está preparando un amparo jurídico porque no vamos a permitir que se lleven puesto a un fallo del máximo tribunal de Justicia”. En tal sentido, aclaró: “Dejamos un ejemplar de la Constitución Nacional en cada una de las bancas y no asistimos al recinto – el miércoles – porque no vamos a ser cómplices de este atropello”.

Por otro lado, Losada hizo referencia a la situación económico-social de la Argentina y cuestionó: “Mientras el oficialismo se pelea con la Justicia, un nene murió atropellado en Entre Ríos buscando comida en la basura”.

“Estamos en una situación muy precaria donde la inflación y la inseguridad están desbordadas, y el narcotráfico, que se apoderó de Santa Fe, está llegando a Córdoba”, remarcó Losada.

En el final, Losada lamentó que Argentina no tenga una economía estable para “atraer inversiones del extranjero” y poner, así el país “en marcha”. Asimismo, concluyó: “Ellos decidieron no respetar anda, pero nosotros no dejaremos que lleven puesto al país”.

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert denunció penalmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la presidenta provincial del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y todos los senadores que votaron a favor del decreto con las designaciones de ese cuerpo para el Consejo de la Magistratura. 

El liberal se sumó así al reclamo que encabeza Juntos por el Cambio. En su escrito, recordó que en abril pasado “Cristina Fernández de Kirchner ordenó partir el bloque oficialista del Senado de la Nación en dos bancadas: una denominada ‘Frente Nacional y Popular’ compuesta por 21 senadores, y otra integrada por 14 senadores a la que se llamó ‘Unidad Ciudadana’, alterando de esta manera la composición de las mayorías y minorías de esa Cámara”. “Para mayor ilustración debemos decir que antes de dicha partición el bloque mayoritario era el Frente de Todos con 35 miembros, siendo la primera minoría la UCR con 18 integrantes y la segunda minoría el bloque Pro con 9 senadores”, continuó.

En esa línea, señaló que “siendo segunda minoría el bloque del Pro había anunciado que el senador Luis Juez sería su representante en el Consejo de la Magistratura”, sin embargo “esto no fue escuchado y Cristina Fernández de Kirchner designó a Claudio Martín Doñate”.

Ahora, ante el vencimiento de los mandatos de los consejeros, y “pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia” a favor de Juez (sobre el reclamo de hace seis meses), el bonaerense resaltó que se decidió designar nuevamente a Doñate. 

Para el legislador, el decreto 86/22, firmado por Ledesma Abdala de Zamora, “no ha hecho más que continuar con el ardid y la mala fe a la que se alude en el fallo de la Corte, para vulnerar la finalidad representativa de la Ley 24.937, norma que reglamente el artículo 114 de nuestra Ley Fundamental”. 

“Esta conducta prolongada en el tiempo, constituye a mi juicio un hecho único continuado que se encuadra en el artículo 230 inciso 2 del Código Penal, que sanciona con prisión de uno a cuatro años a los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”, aseveró. 

Espert consideró que “en efecto los aquí denunciados mediante el ardid y las maniobras descriptas  impidieron la  ejecución -en primer término- de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, la actitud asumida por parte de los 37 senadores  en  violar  la  normativa  vigente  (Ley  24.937), frente  a  una rara interpretación de la regla, claramente constituye un ataque al sistema democrático que debe ser sancionado con todo el rigor de la ley”. 

Además, el diputado expresó que el decreto “y el  insólito y carente de sustento constitucional procedimiento posterior que se analiza, constituyen -sin duda alguna- actos  de  fuerza  y  rebeldía  contra  el  orden  institucional  y el sistema democrático, que la Constitución reputa como insanablemente nulos en su artículo 36”. 

“Ello, por cuanto no sólo desoyen pasivamente, sino que avanzan dirigidos a  oponerse  a  una  sentencia  pasada  en  autoridad  de  cosa  juzgada  de la Suprema Corte de Justicia, cuya palabra en la interpretación de la Constitución y las leyes es simplemente final, generando una alteración del orden establecido para proteger las libertades de los ciudadanos de sus gobernantes”, completó en su acusación. 

Hoy presenté una denuncia penal contra CFK y los senadores que ayer atentaron contra la democracia (art. 36 CN). El delito es el de desobediencia agravada (art. 230 inc. 2 CP) por desconocer un fallo de la CSJN. Abogado patrocinante @AlberdianoArg

Link: https://t.co/GdJRn1Db7k

— José Luis Espert (@jlespert) November 17, 2022

La denuncia quedó a cargo de la jueza María Servini de Cubría en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1.

Desde Mar del Plata, donde se encuentra recorriendo esa ciudad luego del lanzamiento de su candidatura a la gobernación bonaerense, Espert declaró ante la prensa: "Presenté una denuncia penal contra Cristina Kirchner y todos los senadores que en el día de ayer desconocieron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declara inconstitucional a la Ley de Consejo de la Magistratura del 2006. Eso constituye un delito, el de desobediencia agravada".

Y agregó: "Su traducción a la Constitución es un atentado a la democracia. No puede ser que Cristina Kirchner llegue al punto de atentar a la democracia con tal de quedar libre de culpa y cargo de todas las causas que la involucran. Es de una gravedad extrema lo que está ocurriendo en Argentina, y eso es lo que estamos denunciando penalmente”. “Denunciamos penalmente a la persona que está atentando contra la democracia con tal de salvar su pellejo, bien sucio que lo tiene por chorra”, disparó. 

Luego que el oficialismo en el Senado lograra refrendar el decreto que nombra a Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura, el senador nacional Daniel Bensusán (FNyP-FdT) defendió este jueves que esa designación “es legítima porque está dentro del reglamento y cumple con el mapa de bloques”.

En relación al fallo de la Corte de días atrás, a favor de Luis Juez, donde se cuestionó la partición del bloque oficialista, el pampeano remarcó que “la agrupación en bloques, según afinidad política, es parte del reglamento”, el cual tiene rango constitucional.

En declaraciones a AM 530, el legislador lanzó: “Desde la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema todo ha sido más difícil”.

“Siempre fuimos claros, el Frente de Todos se compone del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Es decir, somos dos bloques al igual que el Pro y la Unión Cívica Radical que conforman a Juntos por el Cambio”, explicó Bensusán. Asimismo, señaló que “la ley dice que son dos lugares para la primera mayoría, uno para la primera minoría y uno para la segunda minoría”.

Consultado por la ausencia de Juntos por el Cambio en la sesión, el senador pampeano lamentó que “muchos gobernadores” se hayan sumado a no asistir y cuestionó: “¿Cómo harán los gobernadores para gestionar si no conocen el Presupuesto?”.

En el final, afirmó que la Cámara de Senadores “es el ámbito más federal de todo el país con tres integrantes por distrito”, y consideró que “los medios de comunicación hegemónicos guían las decisiones de la oposición”.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, opinó este jueves sobre las designaciones en el Consejo de la Magistratura por parte del Senado, luego que el oficialismo refrendara el decreto con los nombramientos en el recinto.

"Cristina Kirchner volvió a no cumplir con la ley. Pasó una raya además porque hay un fallo de la Corte", sostuvo el dirigente del Pro, en alusión al fallo del máximo tribunal de días atrás que hizo lugar al reclamo de Luis Juez, iniciado en mayo pasado.

La Corte consideró que el lugar por la segunda minoría le correspondía al Pro, en lugar de a Unidad Ciudadana, que le arrebató esa condición a la bancada macrista al dividirse el bloque. Sin embargo, hace seis meses atrás la Corte le tomó juramento a Martín Doñate, el enviado por el kirchnerismo.

A poco de vencer los mandatos, el oficialismo insistió con la designación de Doñate, en este caso para el período 2022-2026. El decreto con los nombramientos fue votado este miércoles en la sesión a la que faltó Juntos por el Cambio, en rechazo total a esa decisión.

Al igual que lo anunciaron en conferencia de prensa los senadores de la oposición, Rodríguez Larreta dijo: "Nosotros vamos a insistir siempre por los canales institucionales como corresponde, vamos a ir a la Justicia".

"No tengo ninguna duda que Luis Juez es y va a ser el representante del Senado en la Magistratura", añadió.

Al mismo tiempo que el oficialismo, junto a aliados, refrendaba en el recinto el decreto por el cual se designaron a los representantes ante el Consejo de la Magistratura, los senadores de Juntos por el Cambio brindaron una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias donde anticiparon que continuarán en la Justicia -con la presentación de un nuevo amparo- el reclamo por el lugar que consideran corresponde a Luis Juez (Pro) en vez de Martín Doñate (UC-FdT), en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de días atrás. 

En primer lugar, el jefe de la bancada, Alfredo Cornejo, leyó un comunicado y luego habló Juez, quien fustigó al kirchnerismo: “No tienen límites, cuando dijeron que venían por todo, venían por todo. Han decidido llevarse puesta la poquísima calidad institucional que queda en la República”. 

“No entendíamos otra manera desde el interbloque de expresar nuestro absoluto repudio que diciendo no vamos a convalidar con nuestra presencia este acto de atropello absoluto”, explicó sobre la decisión de no bajar al recinto. 

Comunicado-JxC-16-11

En alusión al fallo de la Corte que le dio la razón, sobre el lugar que reclamaba desde mayo pasado cuando el Frente de Todos dividió el bloque y envió como consejero por la segunda minoría a Doñate, el cordobés subrayó que “es una sentencia definitiva de la Corte que dice cómo deberían ser las cosas”. 

“Vamos a seguir la vía judicial como corresponde, vamos a hacer los reclamos que corresponden en el marco de la democracia, vamos a recurrir a los organismos judiciales”, adelantó y continuó: “No creemos que las instituciones deben ser dobladas o forzadas conforme a los intereses personales de las personas que las integran”. 

Juez criticó que se designe a Doñate nuevamente, pero ya para el período 2022-2026, y “pretenden darle legitimidad pensando que si votan 37 senadores esa maniobra irregular, arbitraria, será más legítima porque va a tener la mano levantada de 37 senadores. ¡Lo irregular sigue siendo irregular!”. “Nuestra presencia en el recinto podría convalidar la locura institucional que se está llevando adelante y no lo vamos a hacer de ninguna manera”, ratificó sobre la ausencia a la sesión.

Por su parte, el jefe de la UCR, Luis Naidenoff, opinó que “esta maniobra que hoy pretenden convalidar tiene que ver con lo que nosotros denunciamos hace más de dos años, desde que asumió el Frente de Todos: la agenda de la vicepresidenta alejada de la realidad y proclive a sus intereses”. 

“Donde pisa el kirchnerismo se destruye la institucionalidad en la Argentina”, enfatizó y cuestionó que  “el kirchnerismo siempre cumple con los trajes a medida”. 

Consultado por la ausencia también a la discusión del Presupuesto 2023, el formoseño observó que el Gobierno “está, quebrado, dividido, roto” y “no logra armonizar ni siquiera un criterio interno para que el Presupuesto pueda ser convalidado con la participación de todos los actores en el ámbito del Senado de la Nación”. “Rubinstein declaró que el Presupuesto es incumplible. No podemos convalidar una sesión donde el viceministro de Economía dice que este Presupuesto no se va a poder cumplir”, insistió. 

En la conferencia, Cornejo explicó que “se resolvió por unanimidad en el interbloque dar un gesto muy fuerte acerca de una violación flagrante de la ley del Consejo de la Magistratura y una desobediencia a la máxima instancia del Poder Judicial”. “La irrelevancia del tratamiento del Presupuesto está dada con solo remitirnos al viceministro de Economía”, coincidió con Naidenoff. 

“Queremos alertar a la sociedad de que van por todo. No hay antecedentes de fallos de la Corte que haya sido desobedecidos”, resaltó. 

También tuvo la palabra la senadora radical María Belén Tapia, en relación a los pliegos que se trataron en la sesión para cubrir vacantes en la recientemente creada Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz. 

“Este es un atropello a la Justicia, una puja de poder entre el Poder Ejecutivo, la vicepresidenta y la Justicia. No es la primera vez que desoyen un fallo de Corte Suprema, ya sucedió hace varias décadas en mi provincia Santa Cruz” cuando se ordenó “reintegrar en el cargo al procurador Eduardo Sosa y nunca lo hicieron. Siempre se basan en artilugios”, sostuvo la legisladora. 

Asimismo, denunció que “Santa Cruz está cooptado, tienen jueces militantes, no solamente los que pretenden nombrar hoy”, entre ellos Marcelo Hugo Bersanelli, quien “es familiar de la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner” y “con todos sus fallos viene demostrando que está del lado del poder político”.