En conferencia de prensa, las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci enfatizaron que la decisión del máximo tribunal es un “avasallamiento” al Poder Legislativo y representa una inconstitucionalidad. La próxima semana volverán a designar a Martín Doñate.
Con durísimas y varias críticas a Horacio Rosatti, los senadores del Frente de Todos rechazaron este miércoles el “fallo político” de la Corte Suprema de Justicia por el cual se hizo lugar al reclamo de Luis Juez sobre la banca en el Consejo de la Magistratura que en mayo pasado ocupó el kirchnerista Martín Doñate, luego de la ruptura del bloque oficialista.
Las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Lucía Corpacci hablaron durante la conferencia de prensa realizada en el Salón de las Provincias, donde enfatizaron que la decisión del máximo tribunal es un “avasallamiento” al Poder Legislativo y representa una inconstitucionalidad. También lanzaron que la Corte está “actuando de una manera tirana”.
La primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del interbloque oficialista, Fernández Sagasti, quien le mandó un “caluroso abrazo” al jefe de la bancada, José Mayans, que aseguró que “se encuentra en buen estado y recuperándose”.
La mendocina calificó al fallo como “lamentable, insólito, inaplicable” y que “además no tiene efecto práctico”. En ese sentido, recordó que la Justicia “nos dio la razón en primera y segunda instancia de que las cuestiones de organización del Senado, es decir, de la composición de los bloques y cómo se puede armar los bloques dentro de la Cámara de Senadores, es una cuestión no judiciable”.
Sobre ese punto, la camporista aclaró que esta facultad “tiene rango constitucional” al estar contemplado en el artículo 66 de la Constitución Nacional. “Incluso la presidenta de este Senado no puede oponerse a la libre asociación de los bloques”, aclaró.
Sobre la causa de este fallo, Fernández Sagasti se preguntó “por qué ahora y con estas características”, para responder que “es claramente una respuesta al resultado de las elecciones del estamento de abogados, que se llevó a cabo el 18 de octubre, donde Rosatti entendía que se iba a quedar con tres de las cuatro bancas que tiene el estamento de abogados y se quedaron con dos”.
“Este fallo es una respuesta de manipulación a la composición del Consejo de la Magistratura”, resaltó, para luego subrayar que Rosatti “es juez y parte” en el asunto. “El mismo presidente del Consejo de la Magistratura firma el fallo anulando la representatividad del bloque Unidad Ciudadana”, explicó, “y se notifica a él mismo para que tome juramento a un miembro de otro bloque”.
Además, la senadora K calificó también al fallo: “Parece más una nota de Clarín que un fallo de un poder del Estado”, por los términos utilizados y “los improperios” contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
A su turno, la vicepresidenta del Frente Nacional y Popular, Lucía Corpacci, expresó su “profunda preocupación por lo que nosotros sentimos que es un avasallamiento del Poder Judicial sobre la potestad que tiene el Poder Legislativo” y remarcó que el fallo “interfiere con la democracia”.
Al recordar que en abril pasado la Corte restituyó una ley de 1997 y ordenó la nueva composición del Consejo, la catamarqueña apuntó que “la Justicia no sanciona leyes”. “Hay una serie de hechos que ponen en riesgo la democracia”, alertó.
La legisladora rechazó que, en su decisión, el máximo tribunal haga “hincapié en la sospecha de por qué se hacen los bloques, cuando son potestad de los senadores y senadores” mientras que la oposición también “está fragmentada en un sin número de bloques”. “No se cuestiona la partición de otros bloques”, reiteró y advirtió que hay que tener “cuidado” cuando “el Poder Judicial se atribuye potestades que no son otorgadas por la Constitución Nacional” porque “nos pone en riesgo a todos”.
Presidenta de Unidad Ciudadana, el bloque al que pertenece Doñate, Juliana Di Tullio sostuvo: “Este fallo es político y merece respuesta política”. Al cuestionar al “autovotado presidente” de la Corte y el Consejo, el juez Rosatti, la senadora señaló que el “primer avasallamiento” contra el Poder Legislativo fue “haber puesto la ley derogada”.
Al enumerar distintas polémicas en torno a los lugares en el Consejo de la Magistratura, el órgano que tiene, entre sus funciones, las de seleccionar y remover jueces, la kirchnerista subrayó que en esta ocasión “ganamos en primera y segunda instancia”. Sin embargo, “(el procurador interino, Eduardo) Casal le pidió a la Corte que se expresara sobre este tema”, y el máximo tribunal lo hizo con “una decisión política en un fallo político”.
La oficialista manifestó que a Doñate “lo echaron del Consejo” y esto lo ven “con enorme preocupación”. “Están construyendo una democracia de bajísima intensidad”, aseveró y agregó: “El Poder Legislativo es el poder político por excelencia, ¿cómo nos van a judicializar la política?”.
Sobre el rol de CFK, Di Tullio dijo que la presidenta del cuerpo “ni pincha ni corta” en la reestructuración de los bloques, porque además “es parte del Poder Ejecutivo” y, por otro lado, indicó que de mayo a esta altura “el bloque del Pro siguió mutandose”. “Yo no se los cuestiono, porque además es una facultad” que tienen, siguió.
Tras afirmar que el Frente Nacional y Popular es la primera minoría, la UCR la segunda y Unidad Ciudadana la tercera, la senadora anticipó: “La semana que viene o dentro de dos días voy a volver a presentar la nota para que el senador Doñate sea el representante ante el Consejo de la Magistratura, porque antes y ahora sigo siendo la tercera minoría, eso no cambió”. “Es un fallo retroactivo para que dure una semana, algo que ya es una vergüenza. Pero, ¿ para qué hacerlo? Es insólito”, insistió y, en la misma línea que Fernández Sagasti, asoció que la decisión tuvo que ver con que “perdieron una elección que no tenían esperado perder”.
“Creemos que todos los bloques tienen que rechazar, porque hoy es con nosotros pero pasado mañana es con ellos. Nosotros creemos que estamos cuidando al Poder Legislativo, incluyendo al interbloque Juntos por el Cambio”, expresó y lanzó: “Una día nos vamos a despertar y Rosatti se habrá declarado presidente de la República”.
Al hablar nuevamente, Fernández Sagasti afirmó: “Vamos a apelar, vamos a seguir con lo que tenemos que hacer, respetando la Constitución y el reglamento, y vamos a proponer lo que nos corresponde por representatividad y voto popular”.
Al mencionar los proyectos con media sanción de reforma judicial, reforma del Ministerio Público Fiscal, reforma del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, señaló que esa fue “la respuesta institucional que ha dado este Senado, y sobre todo el interbloque del Frente de Todos, para hacer frente al avasallamiento tirano de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Vamos a seguir por este camino, siempre defendiendo las instituciones y la representatividad de nuestras provincias”, aseguró y alertó que “mañana puede ser ante otras mayorías u otros poderes ejecutivos porque la actuación tirana de Corte no tiene banderías políticas, tiene banderías de corporaciones económicas”.
En diálogo con la prensa una vez finalizada la conferencia, Doñate insistió que se trata de “un fallo político por el momento en que se está tomando esta decisión, a nueve días del cierre de los mandatos”. Y criticó la decisión “desde la vulgaridad del escrito, las apreciaciones que se hacen y las definiciones con exceso de jurisdicción” ya que los jueces incluso “se extralimitaron en la solicitud de la parte”. “Es arbitrario y claramente ilegal”, subrayó el kirchnerista y sostuvo que “hay un claro conflicto de poderes” que requiere “tomarlo con la gravedad y seriedad que tiene”.
En la conferencia estuvieron presentes además los senadores oficialistas Mariano Recalde, Pablo Yedlin, María Eugenia Duré, Teresa González, Ana María Ianni, María Eugenia Catalfamo, Oscar Parrilli, María Inés Pilatti Vergara, Guillermo Andrada, Antonio Rodas, Carlos Linares y Cristina López Valverde; y los diputados del FdT Leopoldo Moreau y Vanesa Siley.
Así lo manifestó el senador de Juntos por el Cambio, quien además, dijo que para 2023 “deben ir los que mejor midan”.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador oficialista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, el senador nacional Luis Juez (Pro), puesto en su lugar, habló este miércoles y sostuvo que “el kirchnerismo patalea porque descubrieron su estafa”.
Además, manifestó que “la Corte Suprema de Justicia puso en evidencia la irregularidad de una maniobra”. Asimismo, cuestionó a la vicepresidenta de la Nación: “Podes tener mucho poder, pero si no tenes razón, no podés hacer trampa”.
En diálogo por Radio La Red, el senador cordobés agregó que “no perderá tiempo discutiendo con ignorantes”, al ser consultado por el reclamo que el oficialismo elevará a la Corte. A su vez, afirmó: “No hay instancia superior a un fallo de la Corte. Es imposible de no cumplir, le guste a quien le guste”.
“Cometerán el delito de no acatar una orden judicial. Ellos no pueden hacer esa maniobra maliciosa para quedarse con una banca que no les corresponde”, señaló Juez, quien además expresó: “Podrán patalear, pero no se me cruza que en un sistema democrático desobedezcan una orden judicial”.
Por otro lado, consideró que “no entendería si Cristina Kirchner se resista a una orden de la Corte”, y agregó: “Ya pusieron en evidencia la irregularidad de su maniobra, solo queda acatar la orden Judicial”.
Respecto al armado político de la oposición para 2023, Juez dijo que “la gente tiene otros problemas”, y relató que “fue felicitado arriba del avión”. “Como será que estamos de mal que la gente festeja un fallo de la corte”, señaló.
Al ser preguntado por el episodio entre la presidenta del Pro, Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, consideró: “Si no somo capaces de juntarnos y deliberar estamos jodidos. Si después de 25 años, los cuatro o cinco que tenemos que juntarnos estamos mal”.
En el final habló acerca de ser candidato y dijo: “Hace un año me desafiaron y saque 25 puntos. Me gusta más el quilombo que el dulce de leche, ya he pasado por el camino de la confrontación”. Así también enfatizó: “En el futbol como en la política tienen que jugar los que mejor están, los que mejor midan”.
El diputado de Juntos por el Cambio, que actualmente pertenece al Consejo de la Magistratura, explicó que la “división del oficialismo fue una maniobra de CFK para hacerse con un senador más dentro del Consejo”.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – Buenos Aires) se refirió este miércoles a la designación del senador Luis Juez como miembro del Consejo de la Magistratura y sostuvo que “fue una buena decisión de la Corte Suprema de Justicia para evitar la consolidación de un fraude por parte de Cristina Kirchner”.
Además, agregó que “de acuerdo con la ley, corresponden dentro del Consejo, cuatro diputados y cuatro senadores, dos designados de la primera mayoría, uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría, por lo que la designación de Luis Juez es legítima”.
Entrevistado en Radio Delta, Tonelli afirmó que “Cristina Kirchner hizo una maniobra para dividir su bloque entre el Frente de Todos y Unidad Ciudadana y así, hacerse con un legislador oficialista más dentro del Consejo”, y explicó: “Dos iban por el FdT, uno por la UCR y el tercero le correspondía al Pro”.
A su vez, Tonelli, quien forma parte del Consejo de la Magistratura desde el 2016, expresó que “dependiendo lo que suceda en las elecciones del 2023, no será la única ‘embestida’ del oficialismo hacia el Consejo”.
“Hay que recordar lo que ocurrió en diciembre del año pasado cuando la CSJ declaro inconstitucional la vigente Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura y pasó de tener 13 integrantes a tener 20”, indicó Tonelli con relación a la revocación que expresa que el senador del Frente de Todos Martín Doñate no representa a la segunda minoría.
En un día signado por las discusiones que abrió el fallo del Tribunal Superior, el bloque que conduce Mario Negri confirmó a la diputada Roxana Reyes en el organismo.
Mientras crece la polémica luego del fallo de la Corte Suprema que invalidó la designación de Martín Doñate como representante por la segunda minoría del Senado, el bloque radical de Diputados designó a sus representantes por la Cámara baja.
Así lo anunció a través de las redes sociales, precisando que “por decisión unánime” esa bancada resolvió proponer la continuidad de la santacruceña Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, “labor que ha realizado excelentemente”, destacaron.
También ratificaron al catamarqueño Francisco Monti como consejero suplente.
Los senadores del FdT emitieron un comunicado en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desplazar a Martín Doñate del Consejo de la Magistratura. Además, convocaron a una conferencia para este miércoles a las 12.
Tras conocerse este martes que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22, por medio del cual la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Claudio Martín Doñate, el interbloque de senadores oficialistas emitieron un comunicado en el que denunciaron que la Corte “interfiere en las decisiones políticas del Congreso”.
En ese contexto, convocaron para este miércoles 9 a las 12 a una conferencia de prensa que se llevará a cabo en el Salón de las Provincias de la Cámara de Senadores.
En el texto, los bloques de senadores nacionales del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana, que conforman el interbloque Frente de Todos, expresaron que “fue un nuevo fallo político de la Corte Suprema de Justicia que representa un claro conflicto de poderes entre el Poder Judicial y el Legislativo”.
Además, denunciaron que “se demuestra así la vocación de interferir en las decisiones políticas del Congreso, arrogándose facultades que exceden al Poder Judicial”, y apuntaron que tiene como “claro objetivo de beneficiar al macrismo en la composición del Consejo de la Magistratura”.
“El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado. Por otra parte, el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”, agregaron en el comunicado.
Mario Negri, Juan Manuel López, y Graciela Ocaña, entre otras figuras de la oposición se manifestaron rápidamente a favor del fallo.
Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el decreto parlamentario que dispuso la designación del senador kirchnersita Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, legisladores y referentes de Juntos por el Cambio manifestaron su aprobación.
El máximo tribunal consideró el decreto firmado por la vicepresidente Cristina Kirchner, que dispuso la división del bloque del Frente de Todos en el Senado, como “inoponiple”, por lo que impugnó la decisión, y permitió que el escaño por la segunda minoría quede a cargo del macrista Luis Juez.
“No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó”, manifestó al respecto el presidente del bloque UCR de la Cámara baja Mario Negri.
Por su parte, el diputado y presidente del bloque de la Coalición Cívica Juan Manuel López sostuvo que “le guste a quien le guste hoy con Rosatti, Rosenkratz y Maqueda hay una Corte independiente del poder político del FdT y de JxC. Si se consolida tendremos un paso más a la república, a la seguridad jurídica, condiciones del desarrollo”.
Además, la diputada Graciela Ocaña consideró que la Corte Suprema “puso las cosas en su lugar” y “terminó con la trampa de CFK”; y la diputada Mariana Zuvic señaló que “la Corte Suprema le puso un límite a las aspiraciones autocráticas del Kirchnerismo”.
Asimismo, celebraron la presidente del Pro, Patricia Bullrich, y los exlegisladores Luis Petri y Jorge Enríquez.
Por otra parte, desde el oficialismo se manifestó el senador tucumano Pablo Yedlin, que sostuvo que la Corte Suprema “está actuando fuera de lo que marca la constitución nacional”.
Por mayoría, el Tribunal Supremo aceptó el amparo presentado por el Pro contra la maniobra que había dejado afuera al senador Luis Juez.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este martes la nulidad del decreto parlamentario DPP N° 33/22, por medio del cual la Presidencia de la Cámara de Senadores de la Nación designó como representante de la segunda minoría para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Claudio Martín Doñate y, como suplente, al senador Guillermo Snopek.
La presentación había sido elevada oportunamente por los senadores Luis Juez y Humberto Schiavoni, y fue convalidada este martes con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no se sumó, por cuanto considera que la Ley 24.937 que restituyó la vieja conformación del Consejo de la Magistratura está derogada.
La jugada por la cual el oficialismo había conseguido birlarle a Juntos por el Cambio uno de los lugares en el Consejo de la Magistratura tuvo lugar en abril pasado y consistió en partir el bloque del Frente de Todos del Senado, con lo cual el oficialismo pasó a tener una bancada por la “mayoría” y la otra fue la “segunda minoría”.
El FdT tenía 35 miembros y el bloque más grande pasó a llamarse Frente Nacional y Popular, con 21 integrantes. El otro, denominado Unidad Ciudadana, quedó con 14.
Esta medida se da justo cuando este mes el Poder Legislativo deberá renovar a sus representantes. Y ya se sabe que el oficialismo se quedará con una banca más, ya que Graciela Camaño no renovará su mandato y el Frente de Todos reclamará ese escaño. Tampoco renovará el representante del Pro, Pablo Tonelli, quien como Camaño no se amparará en un fallo de la jueza María Servini que le permitiría renovar el cargo, y su lugar será ocupado porp el diputado Alvaro González.
En su fallo, la Corte expresa que el recurso extraordinario “resulta admisible” por cuanto “se encuentran en juego los límites del control judicial respecto de actos del Poder Legislativo y el alcance del principio constitucional de división de poderes y la decisión adoptada ha sido contraria a la pretensión de lols recurrentes que se fundó en ellas”.
El Tribunal Supremo expresa que en el Senado la segunda minoría estaba constituida por el bloque Frente Pro, de 9 integrantes, y al mismo “le corresponde designar un senador como consejero de la Magistratura”. Destaca además que bajo el sistema de la Ley 26.080 el Frente de Todos “constituía el bloque con mayor representación legislativa, razón por la cual envió a dos miembros al Consejo, la senadora María Inés Pilatti Vergara y el senador Mariano Recalde, y la primera minoría era el bloque de la Unión Cívica Radical, que designó a la senadora Silvia del Rosario Giacoppo. Estos bloques, el de mayor representatividad y la primera minoría, a su vez, mantenían su representatividad a la fecha de la notificación de la sentencia, por cuanto el Frente de Todos estaba integrado porp 35 senadores y el de la Unión Cívica Radical por 18.
Para la Corte, “resulta indiscutido que al momento de la notificación de la sentencia del 16 de septiembre –y aun después del vencimietno de los 120 días dispuestos para su implementación- la segunda minoría a los efectos de la conformación del Consejo de la Magistratura era el Frente Pro”.
Destaca el fallo que “luego de esa fecha el bloque Frente de Todos, conociendo ya las reglas de integración establecidas por esta Corte, partió su bloque en dos y dispuso integrar cada uno de ellos con el número de senadores necesarios para quedarse con el bloque mayoritario y, al mismo tiempo, desplazar al Frente Pro como segunda minoría”.
Previsiblemente la decisión fue aplaudida por la oposición. El primero en celebrar fue el jefe de los diputados radicales, Mario Negri, quien tuiteó: “No vale todo. Cristina mandó a dividir el bloque K de Senadores para acaparar 3 de las 4 bancas en el Consejo de la Magistratura. Esta avivada, que muchos festejaron, claramente era irregular y hoy la Corte Suprema la revocó. ¡Felicito a Luis Juez por no bajar los brazos!”
Por Juan Pablo Cosso, diputado provincial por Entre Ríos. El autor destaca la reciente promulgación por parte del gobernador Gustavo Bordet que modifica al Consejo de la Magistratura.
La reciente promulgación por parte del gobernador Gustavo Bordet de la ley 11.003 que modifica al Consejo de la Magistratura constituye, sin lugar a dudas, un paso hacia adelante en la consolidación de la calidad institucional de la provincia de Entre Ríos, situación que nuestro mandatario provincial ha refrendado con hechos concretos en el trayecto de sus dos gestiones de Gobierno y que le han valido ni más ni menos que estar entre los más altos calificativos de transparencia entre las administraciones de todo el territorio nacional.
Esta reforma, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano, por las y los integrantes del Bloque de Diputadas y Diputados del Frente Creer Entre Ríos con aportes de la Ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero y por asesores de la Vicegobernadora, Laura Stratta, trae aparejadas sustanciales mejoras en el proceso de selección de nuestra Magistratura, siendo dable decir que coincido con las públicas manifestaciones que se han hecho en relación al buen desempeño en general de nuestro actual Consejo, pero que ello no lo transforma en un órgano intangible y no obsta que, luego de más de diez años y dos leyes modificatorias, pueda ser pasible de modificaciones y ordenarse en un texto único sujeto a las nuevas perspectivas de los tiempos que corren.
Antes de comentar los aspectos relevantes de esta nueva ley quiero destacar el trabajo que llevamos a cabo en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, se extendió por dos meses y en el que se priorizó la pluralidad de voces. Iniciamos el tratamiento con una amplia reunión pública de cuatro horas, transmitida en vivo y en directo por los medios de comunicación, dando voz y escuchando a todos los estamentos. Esa escucha activa se tradujo en esenciales modificaciones al texto original presentado por nuestro Bloque.
No es menor decir que participaron activamente, con aportes de redacción, sugerencias, opiniones a favor y en contra de distintos aspectos del proyecto: el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de Concepción del Uruguay, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Asociación de Empleados del Poder Judicial, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia, Asociaciones y actores de la sociedad civil que actualmente integran el Consejo de la Magistratura. Cabe destacar que inclusive con algunos de los citados estamentos, como el caso del Colegio de la Abogacía y la Asociación de la Magistratura, se mantuvieron más de un encuentro personal con sus presidentes, siendo ambos quienes más aportes hicieron al texto de la actual ley (más de veinte puntos aportados por ellos fueron tenidos en cuenta en el texto sancionado).
Esta reforma, que modifica al órgano asesor en la designación de nuestra Magistratura -vaya paradoja- trae consigo dos grandes actos de Justicia: la incorporación de las leyes de paridad integral y la incorporación de nuestras Universidades entrerrianas.
El nuevo articulado incluye las modificaciones de las leyes de paridad integral en todas las instancias de evaluación, valora la formación en géneros de los postulantes y las tareas de cuidado, asegurando la igualdad real de oportunidades que consagra nuestra Constitución Provincial en su artículo 17°.
En segundo término, es sumamente necesario que entrerrianas y entrerrianos sepan que la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos estaban totalmente invisibilizadas en la representación del estamento académico de nuestro Consejo.
Tanto UNER como UADER, con cientos de docentes de materias con conocimiento jurídico, que generan conocimientos, proyectos de extensión, con todos abogados concursados, en concursos ordinarios transparentes y carreras acreditadas ante la CONEAU y reglamentadas por la Ley de Educación Superior.
Y me permito extenderme más sobre UADER, Universidad Publica Entrerriana, con reconocimiento constitucional, quien mejores que los docentes que se desempeñan en Entre Ríos para merituar sobre la praxis del derecho procesal, constitucional y municipal entrerriano.
Por otro lado, es necesario reconocer además que el derecho no es un compartimiento estanco, como tampoco lo es el Poder Judicial. Necesariamente nuevos campos del saber lo atraviesan y sin lugar a dudas las miradas que le puedan imprimir nuestras y nuestros docentes de Entre Ríos enriquecerán la labor de los consejeros, más no, como he escuchado y leído livianamente decirse que esta incorporación trae aparejada la desprofesionalización de nuestros futuros magistrados.
Además, y para mayor abundamiento, la experticia en el ámbito del campo jurídico ya está garantizada por los jurados técnicos que examinan en la oposición y por los miembros de la Asociación de la Magistratura y por el Colegio de la Abogacía, aportándole otra mirada a los miembros de la academia, que es en definitiva lo que marca nuestra Constitución que en su artículo 181 no estipula ningún tipo de relación del miembro de la comunidad académica o científica con el ejercicio del derecho.
El nuevo Consejo tendrá también una mirada hacia el interior provincial, ya que se incorporó la obligatoriedad de que uno de los dos miembros representantes de la Magistratura y la Función Judicial como del Colegio de la Abogacía sean de una ciudad distinta a la Capital, como también se insta a la apertura de la incorporación de nuevas ONGs cuyo objeto social tendrá un mecanismo de contralor en consonancia con lo que estipula nuestra Carta Magna. La actual composición cuenta con diez miembros de la Capital de un total once, por lo que esta nueva mirada federal del interior entrerriano será sumamente enriquecedora.
El nuevo articulado amplía las causales de excusación y recusación de los miembros del Consejo y del Jurado, atendiendo a que la redacción anterior solo tenía una generalidad de enemistad manifiesta o amistad íntima, por lo que la especificidad de nuevas causales que a la luz de la realidad se pueden llegar a suscitar, aportan transparencia e igualdad a todos los concursantes. Asimismo, y en este mismo sentido se le incorporó al texto de la ley la publicidad y el libre acceso al público a los expedientes a través de la página web del Consejo.
En lo concerniente al procedimiento de selección, se incorporó un piso de puntaje de treinta puntos para que se pueda continuar el proceso concursal y avanzar a la entrevista personal, por lo que esta instancia jerarquiza y obliga al concursante a dar el máximo de sus esfuerzos en la etapa anterior.
Otro aporte de calidad que fue traído por la Asociación de Empleados Judiciales (AJER), es la realización de una evaluación psicodiagnóstica, la que se efectuará por un cuerpo especial común. Sin dudas, esta innovadora incorporación deja de lado la simple presentación de una certificación médica, ya que consideramos sumamente importante merituar la aptitud psicológica de quienes detentarán funciones en la justicia, como asimismo la participación de un cuerpo común evitará cualquier tacha de arbitrariedad en las evaluaciones.
La experticia es un tema al que se le ha dado un lugar preponderante en el articulado, trasladado ello en una norma clara. Así, se han extendido la cantidad de años de experiencia que deben poseer los jurados en su especialidad, ampliándose de 5 años a 10 de antigüedad, lo que sin dudas jerarquiza la labor del juzgador.
Una innovadora propuesta, y que ha tenido buena recepción por las instituciones, que se ha incorporado, en lo referente al desarrollo de la prueba de oposición, es lo referente al Banco de Casos, el cual viene a reemplazar al existente sistema de examen anónimo que debe llevar el jurado a cada evaluación, iniciativa que ha sido bien receptada porque trae transparencia, evita demoras, o que el caso planteado por el jurado tenga errores, quitándole ese peso al jurado y bajo la coordinación del Secretario del Consejo de la Magistratura.
Este banco público, que fue tomado del derecho comparado, estará integrado -como mínimo- por un piso de cien casos, teniéndose en cuenta el cargo, materia y especialidad a concursar, estando facultado el Consejo a recurrir a distintas fuentes de casos y facultándose específicamente a las Asociaciones integrantes, al STJ y a los titulares de los Ministerios Públicos y a las Universidades a la elaboración de los mismos. Este Banco de casos, tendrá una etapa de transición con el sistema actual hasta el 31 de diciembre del corriente año.
Tal como sucede en la totalidad de los Consejos de las provincias, y ni más ni menos que en el Consejo de la Magistratura Nacional que es presidido por el presidente de la Corte Suprema, la nueva normativa le otorga participación al Superior Tribunal de Justicia, pero no como miembro sino en instancias que permitirán aportar excelencia, transparencia, igualdad de oportunidades y celeridad en los procesos concursales.
Vale decir que la participación del Máximo Tribunal entrerriano se circunscribe a la propuesta de integración de jurados a las listas ya existentes, es decir se busca la excelencia de los evaluadores. Se incorpora un pedido de informes para conocer los antecedentes de los concursantes que integran o integraron el poder judicial y se instaura una vía recursiva judicial directa que acota los plazos de impugnación para no tener concursos paralizados por años, con un plazo perentorio de resolución para el Superior Tribunal, máxime si se tiene en cuenta que en definitiva la última instancia de revisión será siempre nuestro más alto Tribunal.
Entiendo que esta ley recientemente promulgada, enriquece, transparenta e imprime celeridad al trámite de los concursos como, asimismo, varios artículos ponen en pie de igualdad, en todas las instancias a los concursantes, inclusive se refrenda lo atinente a la terna vinculante a elevar, que conforme al art. 182 Inc. c) de la Constitución, se trata de una terna horizontal, porque como la etimología de la palabra lo dice, la terna es de tres miembros, todos con igualdad de oportunidades para ser elegidos por el gobernador, en pleno uso de la facultad que le otorga la Constitución Provincial, 175 Inc. 16).
Como legislador me ha tocado participar, debatir y votar trascendentes iniciativas de todo tipo para nuestra provincia. Sin dudas, como joven, como abogado en ejercicio de la profesión y por sobre todo ciudadano entrerriano, la presente no ha sido la excepción.
Del fruto de enriquecedores aportes comenzará a partir de esta ley un nuevo derrotero para el Consejo de la Magistratura entrerriano, con una nueva integración y nuevos desafíos por llevar a cabo que mejorarán sustancialmente la calidad en la selección de nuestra Magistratura, situación que indudablemente traerá aparejado un mejor servicio de Justicia. El Pueblo así lo exige.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento trató el proyecto de reforma del presidente de la Cámara Ángel Giano.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por el diputado Juan Pablo Cosso (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos). Fue la primera reunión de comisión en ser transmitida en vivo, a través de Radio Diputados y Diputados TV.
En la misma se abordó el proyecto de ley presentado por el bloque Frente Creer Entre Ríos, de autoría del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, que busca modificar las Leyes 9.996 y 10.701 regulatorias del Consejo de la Magistratura.
Giano, entre otras leyes que lo modifican, dijo que este proyecto fue solicitado por el gobernador Gustavo Bordet y que contó con la colaboración de asesores de la vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero. “Pretende modificar las leyes que rigen el funcionamiento del Consejo de la Magistratura para ordenar y mejorar la transparencia”, afirmó, y agregó que “este proyecto tiene implícita la necesidad de unificar en un texto la legislación y adecuar la norma a los cambios de la sociedad, normativos y de contexto además de mejorar el funcionamiento para elegir las mejores personas para impartir justicia”, haciendo énfasis en la perspectiva de género y la igualdad de derechos en el Consejo.
El presidente de la Cámara destacó la propuesta para equilibrar su conformación y que docentes de universidades de la provincia integren el Consejo de la Magistratura. “Nuestras universidades pueden fortalecer la diversidad que el organismo tiene desde su origen”, expresó.
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, dijo que “todas las reformas que tuvieron las regulatorias han sido a partir de las realidades que se dieron en el seno del Consejo. Hay aspectos que debemos corregir para conservar el anonimato de los concursos”, y destacó la necesidad de incluir a las universidades entrerrianas en el Consejo.
“Celebro este diálogo y esta mirada de mejora continua. Si es el momento de reformar la normativa, debemos buscar la mejor manera de hacerlo”, afirmó el presidente del Consejo de la Magistratura, Mariano Churruarín.
El secretario general y presidente electo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial, Alejandro Cánepa; el presidente del Colegio de la Abogacía, Alejandro Canavesio; y la titular suplente de la Asociación Judicial de Entre Ríos, Carina Franchini, coincidieron en que actualmente el Consejo posee equilibrio en su integración y no es necesaria una modificación.
El representante de la sociedad civil en el Consejo, Tristán Uranga; y los representantes de las ONGs, Alfredo Bell y Verónica Acuña; expresaron su desacuerdo con el proyecto debido a que consideraron que el Consejo funciona correctamente y muchas de las modificaciones planteadas son de carácter reglamentario.
En cuanto a las universidades, el rector de la UCU, Héctor Sauret; la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levin; los representantes de la UCA Rodrigo Denivar; compartieron su acompañamiento a la incorporación de la perspectiva de género y disconformidades en cuanto a la modificación de la composición del Consejo.
Por su parte, el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNER, Alejandro Caudis; y el asesor jurídico de la UADER, José Cassano; sostuvieron la necesidad de debatir la composición del Consejo y de que las universidades de Entre Ríos sean integrantes.
También participaron las diputadas y diputados Julián Maneiro, Carina Ramos, Esteban Vitor, Gracia Jaroslavsky, Uriel Brupbacher, Sergio Castrillón, Juan Navarro, Jorge Satto, Vanesa Castillo, María del Carmen Toller y Mariana Farfán.
Del temario elaborado por el Poder Ejecutivo en el verano, solo se aprobó poco más de un tercio de las iniciativas promovidas. Varios proyectos no comenzaron aún a ser analizados.
Dieciocho temas fueron incluidos en el menú elaborado por el Gobierno nacional para ser tratados en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de este año. Como se recordará, el dato saliente fue que ninguno alcanzó a ser tratado.
Contrariamente a lo que se esperaba, no se incluyó en ese temario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho fue el factor que provocó un estallido en el seno del oficialismo, con la renuncia presentada por Máximo Kirchner el último día del mes de enero, precisamente por estar en desacuerdo con el texto que terminó aprobándose en el mes de marzo.
Y fue precisamente el debate interno que desató esa renuncia lo que complicó la discusión del temario de extraordinarias, al punto tal que por primera vez desde 1983, ninguno de los proyectos propuestos alcanzó siquiera a ser tratado.
De ese temario, solo dos tenían inicio en el Senado de la Nación: el Consenso Fiscal y la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. También figuraba el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ya había pasado por la Cámara alta y tenía media sanción.
Comencemos entonces con esos dos temas. En el caso del Consenso Fiscal, el acuerdo busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y fue rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de CABA.
No fue tratado en extraordinarias, pero tampoco se inició nunca su debate en la Cámara alta.
En el caso del Consejo de la Magistratura, corría en febrero la cuenta regresiva dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para que el Parlamento elaborara una ley antes de que concluyeran los 180 días de tiempo que había dado el Tribunal Supremo para ese fin, y sin embargo el debate en comisión en el Senado arrancó recién promediando el mes de marzo, aprobándose en el recinto el 7 de abril, por 37 votos a favor y 33 en contra. En Diputados el proyecto está trabado, pues el oficialismo no cuenta con el número necesario para su aprobación, tal cual llegó del Senado y la oposición teme que eventuales reformas que se hicieran en Diputados no prosperen en la Cámara alta.
Por la Cámara baja ya pasaron funcionarios y especialistas para explicar la norma, pero no hay perspectivas de tratamiento en el recinto.
Uno de los temas que está en veremos todavía es el proyecto de Promoción de la Electromovilidad, un proyecto del Ejecutivo que propone fijar las bases para difundir la producción y venta de autos eléctricos en la Argentina, y pone como fecha el 1 de enero de 2041 para la prohibición de la fabricación de motores de combustión interna en el país. El proyecto ingresó formalmente el 24 de enero pasado a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, donde todavía no arrancó su discusión.
El proyecto que sí fue debatido es el de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.
El 5 de julio tuvo media sanción en Diputados por 227 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal fue enviado por el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de este año y ya comenzó su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el 6 de julio se realizó una reunión informativa.
Compre Argentino fue otro de los proyectos del PEN y su tratamiento arrancó antes, pero se complicó en las comisiones, donde se le introdujeron modificaciones para garantizar su aprobación. Sin embargo, el 24 de mayo se emitieron dos dictámenes y si bien desde el oficialismo se aseguraba que los números estaban para su aprobación, la demora en su envío al recinto expresa lo contrario.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas.
También fue incluido en el temario de extraordinarias el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios mediante incentivos a la construcción. Este proyecto sí fue aprobado en la Cámara de Diputados y está en el Senado, donde obtuvo dictamen el pasado 6 de julio.
El proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería tiene por objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua. El proyecto cuenta con dos dictámenes y por lo tanto está listo para llegar al recinto de la Cámara baja.
Una de las leyes más ponderadas de las aprobadas este año es la de Respuesta integral al VIH. Una norma que busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual y que fue aprobada en Diputados el 5 de mayo.
El Senado lo transformó en ley el 30 de junio por 60 votos a favor y 1 en contra.
Otra norma que se convirtió en ley es el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Tuvo sanción definitiva en Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, en la sesión del 5 de mayo. La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021.
Crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
El capítulo medio ambiente incluía la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en Río Negro. La Cámara baja aprobó ambos el 16 de junio y fueron convertidos en ley el 30 de junio en el Senado.
No arrancó en cambio el debate de la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar. La primera fue impulsada a través de un proyecto presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y su compañera de bancada Alicia Aparicio, en tanto que la de Pilar fue impulsada por otro diputado oficialista, Ramiro Gutiérrez. Se aguarda el tratamiento de ambos proyectos en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
En cuanto a la creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, la iniciativa establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Fue aprobada en la madrugada del 6 de julio por 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, al cabo de una áspera polémica en la que desde Juntos por el Cambio cuestionaban el giro que el tema había tenido a las comisiones y terminaron levantándose de sus bancas. Solo se logró la votación por la permanencia de los diputados del bloque Encuentro Federal, de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
En caso de que se hubiera caído la sesión por esa polémica con el Agujero Azul, no hubiera podido aprobarse la norma puesta a consideración a continuación, la de Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana. El proyecto propicia el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos y tuvo media sanción por 199 votos a favor y uno en contra en esa misma madrugada, a continuación de la media sanción de Agujero Azul.
Completaban el temario de extraordinaria una serie de acuerdos y transferencias de inmuebles, que ya fueron tratados.
Sacando entonces esos temas, de los 16 restantes solo 4 completaron el ciclo legislativo y son ley; 5 tienen media sanción y 7 esperan todavía llegar a uno de los recintos.
La diputada radical, que asumió como consejera en mayo pasado, le reclamó al presidente del órgano judicial si se realizó la denuncias y qué medidas se tomaron.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, que informe sobre el posible robo de declaraciones juradas de magistrados.
La radical, que asumió como consejera en mayo pasado, señaló que la solicitud se debe al hecho que se hizo público en los medios de comunicación sobre el robo de documentación sensible vinculada al Poder Judicial.
“En las últimas horas se hizo público en diversos medios de comunicación que el día 21 de junio se habría constatado una irrupción no autorizada en la oficina en la que se encuentran a resguardo las declaraciones juradas que presentan los magistrados en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Ética Pública”, señaló la santacruceña y agregó: “Es decir que se habría cometido un ilícito a fin de acceder a información sensible de los miembros del Poder Judicial de la Nación”.
Cabe destacar que la información que circula en los medios da cuenta de que habrían sido vulneradas 24 de esas declaraciones juradas, encontrándose abiertos los sobres lacrados respectivos.
Por tal motivo, Reyes solicitó a Rosatti que informe si se iniciaron investigaciones, denuncias y qué medidas se tomaron.
“Habida cuenta la preocupación que genera un hecho de tales características, sobre todo en lo vinculado a las condiciones de seguridad con la que está resguardada documentación crítica, como así también la determinación de la identidad de los perpetradores de la intrusión, es que nos dirigirnos al titular del cuerpo con la finalidad de solicitar se informe si se ha ordenado la apertura de un sumario, como así también si interpuso denuncia penal y el estado la misma”, remarcó la legisladora.
El actual titular de la Asociación de Abogados de la República Argentina aseguró que hay que “respetar la autonomía y la independencia del Poder Judicial”.
El expresidente del Consejo de la Magistratura y actual titular de la Asociación de Abogados de la República Argentina (ARA), Miguel Piedecasas, opinó sobre el debate de ampliación de los miembros de la Corte Suprema que el oficialismo impulsa en el Senado.
Para el doctor, el máximo tribunal tiene que en el corto plazo “completarse con una ministra mujer”, cargo que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco, y respetarse “su autonomía y la independencia del Poder Judicial”.
“No se debe pretender modificar la cantidad de miembros (de la Corte) a cada momento o cuando sus pronunciamientos son adversos a los intereses de tal o cual”, advirtió.
Sobre lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura, donde fue restituida su composición de acuerdo a la ley de 1997, Piedecasas dijo que “la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial nacional y federal y el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente de ese poder, por tanto es absolutamente lógico y constitucionalmente sustentable que al Consejo lo presida el presidente de la Corte Suprema”.
Para el abogado, “se debe trabajar en una ley que recoja la experiencia de los 22 años que llevamos en el Consejo. Necesitamos una ley nueva, completa, incorporando la perspectiva de género, los sistemas de control de gestión del Poder Judicial y tener en cuenta los procesos de selección de magistradas/os para que sean lo más transparentes y eficientes posibles, y teniendo la garantía de que se respeten aquellas ternas y dentro de ellas a los que tuvieron mejor desempeño al momento de llegar a la designación por parte del Poder Ejecutivo”.
“La nueva ley del Consejo de la Magistratura debe consagrar un sistema de capacitación profesional permanente de excelencia, tanto para aspirantes como para magistrados. Desde el Consejo de la Magistratura es fundamental contar con un esquema de formación y capacitación que pueda dotar de contenido de justicia a sus sentencias y no que nos quedemos en concepciones anacrónicas que no corresponden con la época actual”, señaló.
Asimismo, se manifestó a favor de “avanzar promoviendo mejoras en el acceso a la información y la modernización del Poder Judicial nacional y federal con la implementación de entornos virtuales y herramientas como la inteligencia artificial”.
“Transitamos un gran proceso de transformación, hemos avanzado bastante. Pasamos del papel, de la notificación personal a través de oficial de justicia, a la notificación electrónica. Pero hay que invertir más en recursos tecnológicos y en una nueva concepción de lo que es el proceso judicial. Y también en la mejora de la infraestructura edilicia”, sumó.
El ministro se quejó porque las preguntas giraron más sobre otros temas que el del Consejo de la Magistratura. Estuvo más de 4 horas en el plenario, y cuestionó que le preguntaran “pavadas”.
La exposición del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Penales se extendió por más de cuatro horas y terminó entre gritos de la oposición ante un funcionario que sobre el final dijo haber tenido que responder “a todas las pavadas que hablaron toda la mañana”.
Fue porque a la hora de las preguntas los diputados no se circunscribieron estrictamente al tema convocante, la reforma del Consejo de la Magistratura. Por eso se quejó sobre el final Soria de que algunos hubieran entendido que “esta era una reunión informativa” y le preguntaran “sobre el avión (venezolano) o Irán”.
En rigor, pasadas las 14.30 el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, planteó que la reunión se estaba extendiendo demasiado y el ministro debía retirarse a las 15, lo que motivó la reacción del diputado Waldo Wolff, que sostuvo que así como los diputados estaban dispuestos a permanecer el tiempo que fuera necesario, el funcionario debía hacer lo mismo. Soria terminó permaneciendo casi una hora más.
Uno de esos temas sobre los que le preguntaron fue el conflicto de la Ciudad de Buenos Aires con la Nación por el tema del alojamiento de los presos. De esa cuestión respondió el viceministro Juan Martín Mena, que atribuyó la situación a que la gestión anterior no construyó cárceles. “El problema que hay es que el Servicio Penitenciario Federal tiene un cupo máximo”, planteó, y la emprendió contra el Gobierno de Mauricio Macri al señalar que “durante 4 años llevaron adelante una política criminal que no se correspondió con la política penitenciaria. Por eso mismo, el ministro (Germán) Garavano se retira declarando la emergencia penitenciaria después de gobernar 4 años. En 2019, diciendo ‘no supe qué hacer en estos 4 años de gestión’”.
Luego insistió Mena: “No construyeron un metro cuadrado de cárcel para las leyes que reformaron. La capacidad del Servicio Penitenciario Federal es la misma que había en 2015, con una inflación penitenciaria. Se incorporaron más presos al Servicio Penitenciario, no solo Federal, sino de todo el país. En 2015 había 60 mil personas privadas de la libertad, y en 2019 nos encontramos con 110 mil personas privadas de la libertad en todo el país”.
“La política criminal que se llevó adelante no se acompañó de una política penitenciaria acorde”, remarcó.
Previamente el mismo Mena había señalado respecto al tema puntual de la Ciudad de Buenos Aires que durante la gestión anterior se le habían otorgado 60 millones de dólares y donado un predio nacional para construir una cárcel en Marcos Paz y el Gobierno de Cambiemos suspendió la obra. “El problema de los presos en comisarías es porque no hicieron lo que tenían que hacer durante los años que fueron Gobierno”, sentenció.
Muy activa durante toda la reunión -al punto tal de que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo le reprochara que sus gritos le habían dejado irritado el oído izquierdo-, Silvia Lospennato intervino sobre el final. Lo hizo para rechazar el argumento de que el fallo de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Magistratura dictado por la Corte Suprema hubiese salido por la ventana. “No puedo dejar de señalar que si algo salió por la ventana no fue el fallo de la Corte, sino un consejero, y no tengo duda que más tarde o más temprano tendrá que volver a salir por donde entró, quien no entró por imperio de la ley sino por una avivada”, enfatizó en referencia a la maniobra con la que el oficialismo en el Senado logró sentar en el Consejo de la Magistratura al senador Martín Doñate.
Luego de varias imputaciones, Lospennato recordó la presencia del ministro en un acto por el atentado a la AMIA, al que concurrió en representación del Poder Ejecutivo, y le refrescó la memoria citando el discurso de la embajadora israelí, que sostuvo esa vez que todos saben qué pasó con el atentado: “El nombre es Hezbollah y el apellido Irán”, parafraseó, para concluir imputándole que al Gobierno le debería dar “vergüenza” no haber sido ellos quienes detectaron la presencia de los tripulantes sospechosos del avión venezolano.
Por parte del oficialismo cerró la diputada Agustina Propato, quien le agradeció a los funcionarios su presencia y les pidió “disculpas por lo excesivo” que habían sido los diputados de la oposición, cuyas “pretensiones” dijo no comprender, pues habían hablado de un sinnúmero de temas que no venían a cuento del motivo de convocatoria. Y para cerrar le dijo al diputado Wolff, en referencia a su reclamo porque el ministro se quedara todo el tiempo que hiciera falta, que “no podemos secuestrar al ministro y al secretario”.
Le respondió el diputado del Pro: “El otro día nos trataron de nazis y di una clase de nazismo; si interpretó que quería secuestrar al ministro, quiero dejar en actas que no suscribo eso. Que se quede tranquila, porque usted es tan literal…”. Y luego Wolff se permitió una chicana, teniendo en cuenta que la diputada Propato es la esposa del ministro de Seguridad bonaerense: “Dice que está desde las 11, ¿sabe que hay gente que se levanta mucho más temprano para ir a trabajar y no puede porque no hay gasoil? Antes de que baje (Sergio) Berni en helicóptero con un perro…”.
Para cerrar la reunión, tomó la palabra el ministro Soria, en lo que fue el pasaje más caliente de su exposición. En principio se quejó porque le terminaran hablando del avión, de Irán, y planteó que no había sido convocado a una interpelación.
“Antes te interesaba el terrorismo, ahora no te interesa”, le gritó Lospennato, a lo que el ministro replicó: “No tengo ningún problema en contestarles lo que quieran, de lo que vine a informar”.
“La verdad es que yo vine a hablar de un proyecto de ley que es muy parecido al que presentaron desde el Gobierno anterior, casi idéntico”, dijo, acusando a la oposición de “manejar la hipocresía, en esto de llenar el vacío con argumentos que no tienen nada que ver”.
“Vine a hablar del Consejo de la Magistratrua, y me salen con el avión, el otro me habla de Hezbollah, de Irán… Todos sabemos que el problema es que la justicia argentina nunca encontró a los culpables”, sintetizó.
Como ya lo había hecho más temprano, volvió a citar a Elisa Carrió, que en su momento rechazó que la Corte integrara el Consejo de la Magistratura. “Pero hay otra perlita: la diputada (Patricia) Bullrich, creo que es de ustedes…”, dijo, precisando que el 13 de marzo de 1997 había ido por el mismo caminó que Carrió. “Patricia, cuándo no… Yo se que les cuesta horrores explicar estos cambios. ¿Por qué en 2017 decían una cosa y ahora otra, sé que es injustificable?… Déjenme decir que decía alguien que hoy dice lo contrario, o como Mario Negri, que firmaba el dictamen de Carrió, y ahora lo veo por los canales y se rasga las vestiduras”, criticó.
Entre gritos de la oposición, mostró recortes de noticias para señalar que “el único que copó la justicia con magistrados y magistradas es Mauricio Macri, y si uno ve en ese cuadro de designaciones, nuestro Gobierno viene en un promedio mucho más que aceptable… Obviamente no creo que ningún presidente en la historia vaya a alcanzar a Mauricio Macri”.
Volvió a quejarse porque en lugar de preguntarle sobre el Consejo de la Magistratura lo habían interrogado sobre un sinnúmero de otros temas. Y continuó: “Sé que a algunos no les gusta, pero es la realidad, que me enseñaron que es la única verdad”, dijo, y siguió enumerando noticias de tiempos de Cambiemos: “La Nación, ‘El Gobierno suspendió la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y traspasó las escuchas a la Corte Suprema’. Retrasaron la instrumentación del cambio al sistema acusatorio; dejaron sin los recursos financieros, pero también sin los recursos de jueces y fiscales… 15 de diciembre de 2015: ‘Con un decreto Macri nombró dos jueces de la Corte’; otro, ‘Cuáles son los 10 jueces que Macri trasladó sin aval del Senado’; ‘Presionada por el Gobierno renunció la procuradora Gils Cabó’; ‘Revelan cómo operó Pepín Rodríguez Simón para lograr la renuncia de Gils Carbó’; ‘El macrismo suspendió a Freiller tras una maniobra en el Consejo de la Magistratura’”.
Ahí fue que entre gritos de la oposición, disparó: “Estoy respondiendo a todas las pavadas que hablaron toda la mañana…”, y siguió: “’Carrió acusó a Macri de tener una mesa judicial’… No yo, Carrió, una genia… todavía no la citan”.
“No lo digo yo, lo dicen sus medios”, insistió y le tiró a Lospennato: “Está muy brotada”.
“La verdad que sumergieron a la justicia argentina en este desprestigio, este manoseo en el que durante 4 años hicieron que hoy los argentinos tengan un descrédito de más del 85% -continuó Soria-. Y esto no lo hizo Alberto, ni Critina, ni el Rodo (Tailhade), ni Hernán (Pérez Araujo), ni yo… Lo hicieron ustedes, háganse cargo. Como se tienen que hacer cargo de los proyectos que presentaban”.
Con fuertes críticas al máximo tribunal, el ministro de Justicia les pidió a los diputados sancionar una nueva ley y recordó lo que la oposición opinaba sobre el tema en su proyecto presentado en 2017.
En una extensa exposición, a la que le siguieron varias preguntas de legisladores, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se presentó este miércoles ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, con media sanción del Senado.
Tal como se esperaba, el funcionario abundó en críticas a la Corte Suprema, al denunciar una “intervención política” en el Consejo, al cual “se metió por la ventana” a través de un fallo en el que “atentaron contra la división de poderes”. “Es absolutamente necesario que avancemos en sancionar una ley y ponerle fin a este entuerto”, señaló.
Al recordar su exposición el 22 de marzo pasado en el Senado, mencionó que en ese momento “faltaban apenas tres semanas para que operara el plazo, plazo impuesto lamentablemente y perentoriamente por la Corte Suprema” que vencía el 15 de abril y “había fijado 120 días para la sanción de una nueva ley”.
Soria subrayó que ese fallo del 16 de diciembre de 2021 representó “una profunda gravedad institucional que revestía que el Congreso de la Nación se viese obligado a legislar bajo presión”.
“Lamentablemente hoy esta Cámara de Diputados ya no está obligada a legislar bajo presión; la Corte hoy lo que ha generado este que esta Cámara ya esté directamente trabajando en la sanción de una ley durante la flagrante intervención de la Corte en el Consejo”, sostuvo.
Además, el titular de la cartera de Justicia consideró que la sentencia “más que un fallo jurídico es un fallo político, instrumentado con la apariencia de un fallo judicial”. Y que “al devolverle la vigencia a una ley derogada por el Congreso, sentó un gravísimo precedente que atenta directamente contra la división de poderes”.
Asimismo, esa decisión “socava y atenta también contra las facultades constitucionales” del Poder Legislativo, y esto “no lo dice solamente un ministro, el presidente o la vicepresidenta”, sino que “lo dice uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema”.
Así, en alusión al voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, citó textual lo dicho por el juez: “Una ley derogada no puede ser restituida en su vigencia y es lo que se enseña en los primeros cursos de la Facultad de Derecho”. Y, sobre la decisión de sus colegas, Lorenzetti señaló que “contradice los principios básicos del derecho que no pueden ser ignorados por ninguno de sus magistrados”.
En su presentación en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, el ministro opinó que en este contexto “sancionar una ley que reestablezca el normal funcionamiento de un órgano constitucional es fundamental”.
“Todos sabíamos que ese fallo no iba a poder ser cumplido. Era prácticamente incumplible esos 120 días. Y no nos equivocamos, fíjense la fecha en la que estamos y todavía no tenemos ley”, continuó.
Tras definir al fallo de la Corte como “de facto”, el rionegrino expresó que “el Congreso no puede avalar este fallo de la Corte, porque estaría sentando, sin lugar a dudas, un precedente contrario a la Constitución, pero también así mismo”.
“Seguramente a algún diputado o diputada no le agrade que yo diga que un fallo de la Corte no es una sentencia judicial, sino más bien un fallo político”, reconoció, pero argumentó: “Si no coinciden con la gravedad no tienen por qué creerme a mí, pero basta con ver los hechos”.
Entonces, repasó que la demanda del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires contra la Ley 26.080, sancionada en 2006, se inició ese mismo año y llegó a la Corte en agosto de 2017. “Precisamente por eso, el Gobierno anterior, en diciembre de 2017, presenta en el Congreso un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura muy, pero muy parecido al que hoy estamos analizando”, apuntó.
Y agregó que, en abril de 2018, la Corte le pidió al procurador interino, Eduardo Casal, que dictamine en la causa del Consejo. Sin embargo, el 16 de ese mes, “en una extraña reunión”, la Corte recibió al exjefe de Gabinete, Marcos Peña, y al exministro de Justicia, Germán Garavano. Y, tras ese encuentro, “de golpe y porrazo desaparece el expediente, se le pierde el rastro. No sabemos en qué cajón de esta Corte, ese expediente durmió el justo sueño”.
Más adelante en el tiempo, apoyado en noticias periodísticas que mostró en pantalla, Soria señaló que el 3 de diciembre de 2021, cuando el oficialismo se aprestaba a cubrir las vacantes de Leopoldo Buglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal, “el Consejo de la Magistratura se aprestaba a cumplir con la Constitución, para reemplazar a esos dos camaristas, que entre tantos otros habían sido trasladados a dedo, y de golpe, por arte de magia, unos días más tarde la Corte vuelve a desempolvar, vuelve a encontrar en un mágico cajón, la causa del Consejo. ¿Qué extraño no?”.
El ministro cuestionó que la Corte tuvo el expediente por 1.710 días, pero al Congreso “le exigen una ley en 120 días”. Tras ello, mencionó que luego que se restituyera la ley de 1997, el 15 de abril pasado, “pasaron 50 días sin que el Consejo se reuniera”. “Esta parálisis no es gratuita, no es inocua”, sumó.
“La interferencia que hizo la Corte en su fallo creo que no puede dejar de conmover a los diputados y diputadas de todos los bloques”, insistió y llamó a debatir por “un Consejo que sea más democrático, funcione más equilibradamente y sea menos corporativo”. “O si por el contrario algunos quieren volver a concentrar todo el poder en pocas personas”, lanzó.
Sobre la iniciativa con media sanción, el funcionario afirmó que “es un proyecto que está totalmente abierto para discutirlo”. “Es inobjetable desde el punto de vista institucional y constitucional e incorpora varias modificaciones que venían de muchos años atrás”, ponderó.
Mientras que diferenció que el modelo de 1997 restituido “es un modelo inconstitucional, ineficiente, pero también totalmente antidemocrático a estos tiempos actuales”. “Se aprobó, fracasó y por eso fue superado con la ley de 2006”, enfatizó y enrostró a la oposición que “esto no es algo que lo digamos nosotros, lo dijeron ustedes mismos en el 2017”.
Así, al repasar los fundamentos del proyecto presentado por la gestión de Cambiemos, indicó que ese texto “tampoco hablaba de que la presidencia del Consejo de la Magistratura la iba a ejercer de facto el presidente de la Corte”. “Sostenían que el mejor equilibrio constitucional se logra sin la Corte Suprema”, recordó y disparó: “Por eso llama la atención que cuatro años más tarde quieran borrar con el codo lo que escribieron con la mano”.
El exdiputado, que estuvo acompañado a su lado por el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, añadió que en ese momento el Frente para la Victoria no lo acompañó porque “el proyecto planteaba la modificación de las mayorías para el quórum. Eso en aquel momento nos parecía grave”.
Al cerrar su exposición, Soria remarcó que “esta Cámara tiene la enorme responsabilidad de legislar sobre una ley que viene a completar lo que el constituyente de 1994 pudo establecer a medias”.
El titular de la cartera de Justicia participará este miércoles de un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales para analizar la reforma del Consejo de la Magistratura.
Un día después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara todos los planteos de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner en la causa por la obra pública, el ministro de Justicia, Martín Soria, estará en la Cámara de Diputados. Y si bien va por un tema puntual como es informar en representación del Poder Ejecutivo sobre el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura, es obvio que en su exposición redoblará sus embates contra el Tribunal Superior.
El máximo tribunal resolvió este martes respecto de una serie de planteos de la vicepresidenta de la Nación y otros imputados en la causa por la adjudicación de obra púbica a las empresas de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, con lo que virtualmente avaló la continuidad del juicio oral y público que se encamina a su finalización.
La Corte rechazó planteos referidos a un supuesto “doble juzgamiento” teniendo en cuenta que 49 de las 51 obras que están bajo análisis del tribunal oral ya habían sido desestimadas por la Justicia Federal de Santa Cruz. Sin embargo el tribunal descartó la violación al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito por “deficiencias de fundamentación”.
Se descartó también un planteo para que se auditaran todas las obras públicas adjudicadas durante los tres gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015 en todo el país y no solo las de la provincia de Santa Cruz.
Asimismo los jueces determinaron que “no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones”.
Tampoco admitieron las objeciones respecto de la falta de un peritaje completo y exhaustivo sobre la propia obra pública de Santa Cruz, ni se hizo lugar a un planteo sobre la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente.
Así las cosas y con este antecedente tan cercano no se espera que Soria vaya a ser moderado con relación a la Corte Suprema. Será a partir de las 11, cuando vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
El ministro ya cuenta con el antecedente de la actitud que mostró cuando le tocó abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura en el Senado. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia.
“El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios.
El ministro de Justicia y su segundo estará este miércoles en la Cámara baja, en la reanudación de las reuniones informativas en el plenario que analiza el tema en la Cámara baja.
A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.
A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El ministro de Justicia y su segundo estará este miércoles en la Cámara baja, en la reanudación de las reuniones informativas en el plenario que analiza el tema en la Cámara baja.
A tres semanas de la última reunión informativa realizada para analizar el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura proveniente del Senado, se reanuda este análisis en Diputados, con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y el secretario de Justicia Juan Martín Mena.
Será este miércoles 22 de junio a partir de las 11, cuando en la Sala 1 (227) del Anexo de Diputados vuelva a reunirse el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, que durante las reuniones anteriores escuchó a numerosos especialistas convocados para hablar a favor y en contra de la iniciativa que ya cuenta con sanción del Senado.
Esta sería la última reunión informativa, por lo que a posteriori será el momento del debate entre los legisladores, a la espera de llevar la iniciativa al recinto.
A diferencia de Diputados, en el Senado Martín Soria concurrió para abrir el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura. Fue el 22 de marzo pasado y en esa oportunidad el ministro realizó una contextualización del tratamiento de la iniciativa y lanzó duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia. “El Congreso está obligada a legislar bajo presión”, comenzó Soria y lamentó el fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado 16 de diciembre de 2021 al cual calificó como una “extorsión sin precedentes en la historia democrática del país”.
En ese sentido, apuntó: “Lamentablemente este fallo de la Corte pone en jaque la división de poderes. El fallo de la Corte no es un fallo, no es una sentencia jurídica, es un verdadero acto político, pero lo peor es que es un acto político extorsivo”, y aclaró: “Porque la Corte, como todos saben, estableció un plazo prácticamente incumplible de 120 días a partir del 16 de diciembre y faltan tan solo menos de cuatro semanas para que se paralice un órgano”.
“De esta manera la Corte nos amenaza, nos extorsiona con un hecho sin precedentes en la historia argentina que es la parálisis de toda la administración de todo el Poder Judicial”, apuntó el funcionario y explicó: “Según el fallo que declara la inconstitucionalidad de una Ley que tiene 16 años de antigüedad, bajo la cual se designaron el 70% de los funcionarios
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, le tomó juramento al nuevo miembro del Consejo de la Magistratura. También se designaron a los representantes de la Comisión de Protección de los bares notables y de un consejo asesor para las milongas.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Legislatura de la Ciudad designó a varios funcionarios: por un lado se le tomó juramento a un nuevo miembro del Consejo de la Magistratura porteño; mientras que por el otro se establecieron los representantes que formarán parte de la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables y del Consejo Asesor del Régimen de Concertación para la Actividad Milongas.
De esta manera, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña y legislador de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, le tomó juramento a juez Rodolfo Ariza Clerici, titular del Juzgado N°1 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
Por otro lado, en esa misma sesión, se designó como representantes del Parlamento en la Comisión de Protección y Promoción de los Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables a los legisladores Roy Cortina (PS), Gimena Villafruela, María Sol Méndez, Cecilia Ferrero (VJ), Claudio Morresi y Juan Pablo Modarelli (FdT).
También se designó a los diputados Matías López (VJ) y Franco Vitali (FdT) como integrantes del Consejo Asesor del Régimen de Concertación para la Actividad Milongas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9, inciso d) de la Ley 5.735.
El exministro de Justicia sostuvo que se requiere de “un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas” al exponer este martes ante un plenario de comisiones.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados realizó este martes una nueva reunión informativa, con la participación de especialistas, sobre el debate de la reforma del Consejo de la Magistratura.
Como a lo largo de las jornadas previas, en esta ocasión los invitados también pidieron aprovechar la discusión para aprobar una modificación más integral, que no tenga que ver solo con la conformación del órgano judicial, sino con su funcionamiento.
Entre los expositores estuvo el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, quien señaló que “institucionalmente no podemos funcionar con un Consejo de la Magistratura que proviene del restablecimiento de la vigencia de una ley anterior por un fallo de la Corte. Esto lo tiene que decidir la política, lo tiene que decidir el Congreso de la Nación”.
En ese sentido, enfatizó: “Pero no decidirlo de cualquier manera, debemos aspirar en esta oportunidad a hacer una ley duradera. No podemos estar cada dos o tres años discutiendo nuevamente”.
Para eso, el flamante presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal consideró que se requiere de “un acuerdo generoso, sólido y verdadero entre las fuerzas políticas”, y no de conseguir sancionar la ley por uno o dos votos de diferencia. “Eso no sirve”, subrayó.
“Hago votos para que las discusiones parlamentarias permitan arribar a un consenso” y “todos los argentinos puedan tener una institución que funcione adecuadamente para el régimen democrático”, sostuvo.
Durante su intervención, el exlegislador y exconvencional constituyente recordó que este se trata de un “tema manido” ya que “pocas instituciones han tenido una discusión parlamentaria como el Consejo de la Magistratura”. En esa línea, dijo que esta es la cuarta ley que se debate en torno a “una institución que es compleja”, pero sobre la cual “la intención del constituyente fue muy clara: no eliminar la política, pero sí restringir esta discrecionalidad para darle una base de idoneidad técnica”.
El abogado constitucionalista defendió que “la ley (de 1997) vigente por la decisión de la Corte fue seguramente la ley que obtuvo mayor consenso; fue votada prácticamente por unanimidad en las dos cámaras” y fue la que “inaugura la mejor etapa que tuvo el Consejo”.
Además, remarcó que todas las otras leyes “fueron sancionadas con minorías apretadas y esto no es bueno, y es lo que hace que el tema vuelva a recurrir”.
El Consejo “no ha funcionado lo bien que se ha querido, ha habido bloqueos permanentes, exceso de partidización, atraso en las designaciones”, enumeró Gil Lavedra, que consideró que “la llave para poder encontrar alguna salida para este exceso de partidización es diferente a discutir tanto el equilibrio, que por supuesto es importante” sino más bien centrarse en “aumentar el empoderamiento técnico del Consejo”.
Sobre si la Corte Suprema debe ser parte del Consejo, o incluso presidirlo, el exministro de Justicia reconoció que “hay buenas razones de ambos lados”, pero deslizó que cuando la Corte estuvo presente “le ha dado una mayor contención, y ha funcionado mejor el Consejo”. “Pero es el punto espinoso que queda librado al debate político”, expresó.
Yendo al proyecto con media sanción del Senado, el exdiputado opinó que los académicos “tendrían que no ser elegidos de manera indirecta”, sino por sus pares o por región.
Si bien vio con buenos ojos que se cree una comisión federal, manifestó: “No entiendo por qué tiene que estar integrada solamente por senadores”. Y propuso que también se sumen a abogados y jueces de las regiones, ya que son cargos ad honorem.
Consideró que deberían incluirse los concursos anticipados para que “las vacantes sean cubiertas rápidamente”; que hacen falta “más pautas respecto de los concursos”, ya que en la cuestión de los antecedentes “debe haber una evaluación objetiva”; y que las impugnaciones no deben ser resueltas por la comisión, sino por un jurado técnico.
El abogado también recomendó que en la ley quede establecido que “al menos uno de los integrantes de las ternas sea mujer”; que se hagan cambios respecto a las entrevistas personales, donde advirtió “se cambian los órdenes de mérito”; y que “los antecedentes judiciales no sean sopesados con mayor intensidad que los de los abogados y abogadas”.
Para Gil Lavedra, respecto a la escuela judicial, “no tiene que ser para cursos ocasionales y discrecionales”, sino que debe haber “cursos permanentes de actualización a los jueces”.
Tampoco se “pueden tener los procesos disciplinarios abiertos indefinidamente”, alertó y completó: “No hay nada en la media sanción sobre la evaluación del desempeño de la justicia. El Consejo tiene que tener estadísticas confiables, que evalúen el desempeño judicial, y auditorías, justamente para poder ejercer su función disciplinaria”.
Más expositores
A su turno, Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles, no se refirió a la composición del Consejo de la Magistratura, sino a dar sugerencias sobre aspectos en el proceso de selección de magistrados que deberían cambiarse o incluirse en la ley, para dar a esa instancia una “mayor eficiencia y rapidez”.
En ese sentido, explicó que habría que “contener plazos perentorios en todo lo que son procesos anteriores a la etapa de oposición” y sanciones “si no se siguen esos plazos”. Por ejemplo, recomendó poner límites de tiempo para la toma de exámenes y para dar las calificaciones. También opinó que la entrevista personal a los candidatos debería ser “directamente ante el plenario” y no en comisión; y mencionó que la evaluación de las impugnaciones “lleva mucho tiempo”.
En su exposición, Segarra planteó que habría que establecer “lineamientos generales un poco más específicos” para la selección de los magistrados respecto de su “formación, experiencia laboral, docencia” e incluso la perspectiva de género, y “cómo se puntúan este tipo de antecedentes”.
Por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Sebastián Pilo apuntó que el proyecto que se sancione “tiene que ser constitucional” y tener un “equilibrio de estamentos”, el cual consideró que la iniciativa con media sanción sí “cumple ese estándar” que reclamó la Corte Suprema en su fallo de diciembre pasado.
Pero también advirtió por el “equilibrio en las fuerzas políticas” y, en esa línea, reivindicó que la ley de 1997 contempla en definitiva una “mayor pluralidad en la representación política”, mientras que el proyecto en tratamiento “quita las segundas minorías”. Por eso, solicitó “generar mecanismos que representen la diversidad de la conformación del Congreso de un modo genuino”, al considerar que debería tomarse el concepto de interbloques para elegir a los representantes por el Poder Legislativo.
“Necesitamos que el proyecto atienda a los problemas de funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que no son solamente sus equilibrios o desequilibrios en los estamentos, y este proyecto no atiende esos problemas”, señaló.
Pilo enumeró que entre esos problemas, “tenemos un sistema pésimo, muy malo, de selección de magistrados; uno todavía peor en materia de procesos disciplinarios; niveles de transparencia y de acceso a la información muy debilitados; e instancias de participación ciudadana nulas”.
En su intervención, el expositor remarcó que “necesitamos un proyecto que no se revierta en dos años, necesitamos un diseño para el Consejo de la Magistratura que pueda pensarse en el mediano plazo”, en alusión a que se necesita un respaldo mayoritario a la hora de su sanción.
Por su parte, Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, se mostró a favor de la “búsqueda del mejor modelo constitucional posible”, pero recordó que, en su origen, el Consejo se creó “hasta donde llegó el consenso” -en la reforma constitucional de 1994- y se trata de “una figura extraña”. Por lo tanto, “no podemos diseñar una mejor ley posible si no sabemos que ese Consejo no se parece a los Consejos del sistema comparado”, expresó.
Sobre el proyecto con media sanción, la abogada observó “un problema de sobrerepresentación del Senado” ya que los senadores “tienen una segunda intervención” en el proceso en el proceso de selección de los magistrados, al participar de las audiencias públicas que se realizan en la Cámara alta y el tratamiento de los pliegos.
También opinó que en la quinta comisión que se crea, de representación federal, hay “un problema de subrepresentación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” por el traspaso de las competencias pendiente.
González Tocci se manifestó a favor del plazo de cuatro años con una reelección para los consejeros; mientras que, por otro lado, consideró que en una nueva ley hay que “reducir el peso de la entrevista” para los candidatos y “hacer hincapié en la formación y capacidad”. También sostuvo que sobre el tema de las vacantes, uno de los “más graves que tiene el Consejo”, debería haber “concursos preliminares o anticipados”.
Finalmente, aunque reconoció un “avance claro en casi todos los aspectos” en el proyecto sobre la cuestión de género, resaltó que “lo mira en una única dirección” respecto de la integración, pero la paridad debe estar contemplada también para las ternas en la selección de magistrados.
Sobre la conformación del Consejo, el abogado Sebastián Guidi aseveró que “la discusión más urgente no es si vamos a agregar un abogado más o dos jueces más, porque si esos jueces o abogados están igual de politizados que los diputados y senadores no resolvemos el problema”.
Así, opinó que deberían plantearse como “requisitos para ser representantes de los jueces o abogados, no haber ocupado cargos públicos o haber sido candidatos”.
En alusión a los académicos, el letrado los consideró “veedores, por lo cual se puede pensar en mecanismos no electorales para su designación” tales como “un sorteo, un concurso” ya que “no tienen por qué ser representantes”.
Y llamó a establecer que “la elección de los políticos en estas cámaras sea menos conflictiva” y no “hacer depender la elección de los bloques, de cómo se autoperciben, si como bloque, como mayoría y demás; eso es problemático”. Guidi propuso entonces una “solución ancestral y sabia” que es que los representantes se elijan con “los dos tercios de la Asamblea Legislativa”. “Esto soluciona este problema, obliga al diálogo político y además permite enviar representantes full time, ya que estamos”, añadió.
Solo cinco expositores tendrá este martes la tercera reunión para avanzar con el proyecto para modificar la ley aprobada en 1997.
Prevista para las 12 de este martes, la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja donde se debate sobre el proyecto proveniente del Senado para modificar la ley del Consejo de la Magistratura, contará con cinco invitados.
Según pudo saberse, estarán Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles; Sebastián Pilo, co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia; el jurista Ricardo Gil Lavedra, excamarista del Juicio a las Juntas y flamante titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Lorena González Tocci, miembro fundadora de la Asociación Civil de Estudios Constituicionales; y Sebastián Guidi, relator en la Corte Europea de Derechos Humanos.
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
También se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
Asimismo se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
El diputado oficialista apuntó además que el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta sobre la coparticipación “está claro que responde a una connivencia”.
El diputado nacional Hernán Pérez Araujo (FdT) opinó este lunes sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia y se sumó a las críticas que desde el oficialismo hacen sobre el máximo tribunal. Al ser consultado en AM750 sobre si cree que la Corte responde a “un juego político parcial con Juntos por el Cambio”, el pampeano respondió: “Sí, totalmente, yo estoy absolutamente convencido de eso. Hoy la Corte está recostada sobre ese sector político”.
En ese sentido, señaló que eso ocurre “desde el origen de por lo menos dos de los miembros de la Corte”, en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri, aunque luego sus pliegos pasaron por la aprobación del Senado.
También, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja consideró que en el tema del Consejo de la Magistratura, esa posición “es evidente, clara y no hay discusiones al respecto”.
En relación a las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo que bajará los impuestos si la Corte falla a favor de la Ciudad en el reclamo por la coparticipación, el legislador opinó: “Implica claramente una presión a la Corte, o un guiño, depende de qué lado lo miramos. Está claro que responde a una connivencia”.
“Si Larreta quiere bajar impuestos que los baje, pero que lo haga con dinero propio no con dinero de todos los argentinos”, agregó.
Por otro lado, celebró la iniciativa de un grupo de gobernadores para “modernizar la Corte, federalizarla y democratizarla”.
“Está claro que la Corte como está funcionando no puede seguir funcionando, pero no porque no nos guste a nosotros en esta coyuntura, sino porque no podemos seguir tolerando que los expedientes que hacen a la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos y argentinas sigan dando vueltas 15 años en los despachos de la Corte”, argumentó.
Sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, Pérez Araujo expresó que “estamos analizando y conversando con todos”, porque “los votos el Frente de Todos no los tiene”, pero se abrió “un camino de diálogo y búsqueda de consenso que, en principio, cuando vino el proyecto del Ejecutivo, no estaba”, y a partir de las modificaciones que tuvo el texto en el Senado, eso “nos puede acercar a algunos sectores en Diputados”.
“Estamos en un buen camino, nos hemos tomado un tiempo prudencial”, apuntó y aclaró que el dictamen se firmaría “en las próximas semanas”. No obstante, resaltó que en las exposiciones de especialistas que ya han pasado “se ha dejado evidente la inconveniencia de que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura; creo que en esto más o menos nos vamos poniendo todos de acuerdo”.
El plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto tratará de emitirlo este martes, en una reunión que se celebrará al cabo de aquella en la que seguirá debatiéndose sobre el Consejo de la Magistratura. Cuál sería el dictamen de mayoría.
Se invertirá esta semana el orden de las reuniones de comisiones en las que se analizan los proyectos de boleta única en papel y el Consejo de la Magistratura. En lugar de arrancar con un plenario de Asuntos Constitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Hacienda, se reunirán este martes solo las dos primeras a partir de las 12 para seguir escuchando a expositores hablando a favor y en contra del proyecto de ley ya aprobado en el Senado para modificar la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura.
La reunión siguiente está prevista para realizarse a partir de las 14, sumando a los integrantes de Presupuesto y Hacienda. Seguramente será más tarde, pues como viene sucediendo las reuniones informativas se extienden más de lo previsto, pero cuando eso suceda se buscará avanzar con la reforma del Código Electoral Nacional para introducir el uso de la boleta única de sufragio.
El dato saliente de esta reunión es que según el emplazamiento aprobado por 132 votos en la última sesión de la Cámara de Diputados se debería emitir dictamen este martes 31 de mayo con el fin de llevar el tema al recinto en fecha a determinar.
El oficialismo ya dejó claro que avanzará con un dictamen de rechazo, tal cual surge de las expresiones escuchadas en el último tiempo y resumidas en su exposición del martes pasado por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien estableció el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación. “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó ese día la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.
La oposición, por su parte, prepara un dictamen unificando las posiciones a favor, con el fin de que la mayoría ya expresada en ocasión del emplazamiento no se divida en el recinto. Así las cosas, figuras de Juntos por el Cambio y del resto de la oposición vienen negociando la letra chica del dictamen que tratarán de suscribir este martes.
Si el dictamen opositor se unifica, sería el de mayoría, según el siguiente detalle:
Frente de Todos: 17 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 17 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 15 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 15 firmas (a favor)
Identidad Bonaerense: 1 firma (a favor)
Frente de Todos: 24 firmas (en contra)
Juntos por el Cambio: 23 firmas (a favor)
Frente de la Concordia: 1 firma (en contra)
Córdoba Federal: 1 firma (a favor)
57 firmas a favor del rechazo
58 firmas a favor de la boleta única
Será este martes a partir de las 11. En paralelo, se llevarán a cabo dos plenarios que retomarán los respectivos debates de la reforma al Consejo de la Magistratura, que contará con invitados a exponer, y Boleta única.
Se viene el tercer martes consecutivo intenso en la Cámara de Diputados, en el cual se completará el cuadro de conformación de comisiones, detalle indispensable para que pueda llevarse adelante el trabajo legislativo. En paralelo, se realizarán dos plenarios que retomarán los respectivos debates de la reforma al Consejo de la Magistratura, que contará con invitados a exponer, y el otro se abocará a Boleta única.
Solo cinco comisiones restan constituirse para que el esquema quede completo en la Cámara baja. Por eso a las 11 se reunirá la Comisión de Legislación Penal en la Sala 1 (227) que presidirá alguien de Juntos por el Cambio.
A las 13 será el turno de la Comisión de Transportes cuyo encuentro tendrá lugar en la Sala 2 (223) que será presidida por un radical, el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, según pudo saber parlamentario.com.
A las 15 la Comisión de Minería se reunirá en la Sala 3 (244) y designará a sus autoridades, la cual también quedará presidida por alguien del Frente de Todos.
Desde las 16 la Comisión de Energía y Combustibles se congregará en la Sala 1 (227) para elegir autoridades, cuya presidencia estará en manos de un legislador del oficialismo. Cerrará la jornada y completará el esquema la Comisión de Defensa Nacional que mantendrá un encuentro desde las 17 en la Sala 2 (223), de la cual restan confirmar los nombres de los miembros. Hasta diciembre pasado la encabezaba el radical Carlos Fernández.
Por otro lado, a las 12 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, llevarán a cabo una tercera reunión informativa con invitados a exponer sobre la reforma al Consejo de la Magistratura, sobre todo por el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.
A las 14, se sumará al plenario la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del oficialista Carlos Heller, para continuar con el debate de la implementación de la Boleta única, esta vez será entre los legisladores de cara al dictamen.
El diputado pampeano apuntó que el máximo tribunal “está recostado sobre el ala política opositora”, por lo que “hay que modernizar su funcionamiento y federalizarlo”.
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos – La Pampa) disparó contra la Corte Suprema de Justicia porque “está recostado sobre el ala política opositora”, y consideró que “hay que modernizar su funcionamiento y federalizarlo”.
“La Corte como está, no puede seguir funcionando”, sostuvo el diputado oficialista al tiempo que remarcó que el máximo tribunal “está jugando abiertamente para Juntos por el Cambio”.
En diálogo con FM La Patriada, el pampeano afirmó que la Corte que preside Horacio Rosatti “está recostada sobre el ala política opositora”, al tiempo que consideró que “hay que modernizar su funcionamiento, democratizarla, federalizarla”.
En una entrevista con el programa Nobleza Hormiga, Pérez Araujo contó que “el proyecto de ley para modificar el Consejo de la Magistratura se está tratando en el plenario de la Cámara de Diputados en dos comisiones: Asuntos Constitucionales y la de Justicia que preside Tailhade”, respecto lo cual señaló: “Llevamos dos reuniones en las que venimos escuchando expositores”.
Además, indicó que “del lado de la oposición en el Congreso, hay una clara manifestación de que todo lo que venga del oficialismo va a ser difícil que pase”.
Al cierre de la entrevista, Pérez Araujo afirmó: “Estamos dialogando, buscando consensos, revisando los proyectos de diputados de distintos bloques para ver si podemos encontrar una salida que nos saque de esta ilegalidad en la que nos ha metido la Corte”.
Fue en un plenario de comisiones de Diputados, donde los invitados por las distintas fuerzas políticas participaron del debate sobre los proyectos para modificar la composición del órgano judicial, entre ellos, el que ya cuenta con media sanción del Senado.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade recibieron a casi una veintena de expositores, en su mayoría abogados, que plantearon sus argumentos en favor o en contra de las distintas iniciativas, puntualmente la que ya cuenta con media sanción del Senado, que proponen modificar la composición del Consejo de la Magistratura.
El abogado penalista Francisco Marull abrió la ronda de expositores para compartir una reflexión con el fin de que “ayuden a construir una ley trascendente y necesario. Trascendente porque puede que se trata de una de las reformas vinculadas a la Justicia más importante de los últimos años, y necesaria porque nos encontramos en una coyuntura ante la vigencia de una ley, que todos coincidiremos, no refleja ni las representaciones ni las realidades, ni mucho menos de las necesidades de nuestros tiempos si no aquellas de hace más de 25 años”.
“Vengo a hablar de la representación de los ámbitos académicos en el Consejo. Necesitamos un Consejo que se estructura de una forma efectivamente federal. Esto es importante no solo porque la Justicia Federal tiene juzgados y Cámaras en todos los rincones del país y es importante atender a las necesidades de funcionamiento de estos organismos; pero hay otra razón más importante que tiene que ver con las necesidades de la ciudadanía toda. Los asuntos que trata la Justicia Federal son asuntos que interesan y afectan a todos los habitantes de nuestro país”, resaltó Marull.
Y cerró: “Entiendo que el proyecto que ya cuenta con media sanción, considera esta perspectiva federal y resuelve satisfactoriamente la cuestión. El camino que la ley puede y debe confirmar es el camino de una representación federal real, y no formal”.
A su turno, María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, manifestó que “hay un tema que debemos profundizar y es el tema de género”, y destacó: “El proyecto que viene con media sanción me parece clara en la composición de paridad, es una positiva propuesta de integración paritaria. Y tal como está redactada, señala que esta paridad es un piso y no un techo”.
“Pero analizando las posibilidades que puede tener esta reforma creo que hay que profundizar este tema”, cuestionó y propuso “contemplar en la ley diversas acciones positivas como en el proceso de selección de magistrados para que se presentan las ternas conformadas por lo menos por una mujer. Además, propongo que cuando la vacante a cubrir correspondiera a un fuero en el cual las magistradas mujeres estén subrepresentadas, las vacantes sean cubiertas por candidatas mujeres”, entre otros.
Por otro lado, Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial, adelantó: “Lo que vengo a exponer son los resultados de mi investigación respecto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura en las últimas dos décadas”.
“Cuando en el 2006 el oficialismo explicaba los objetivos de su reforma, estos no se cumplieron. Porque el Consejo no fue más ágil, no fue más eficaz en los procesos de selección, de sanción y de remoción de los jueces. A partir la Ley 26.080 se da un escenario de mayor participación de los estamentos partidarios, y del oficialismo en particular”, relató.
En ese contexto, opinó: “Creo que se puede hablar de equilibrio cuando no hay un poder hegemónico. Y creo que después de 25 años aproximadamente, podríamos coincidir en que la reforma constitucional y la redacción del artículo 114 tal vez se quedaron cortos en algunos aspectos, que podrían habernos evitado al menos 15 años donde esta cuestión de fondo que atañe al Consejo de la Magistratura fue judicializada y no tuvo respuesta”.
En tanto, recomendó que “hay consejos en el mundo que cuando entran en situación de parálisis tienen mecanismos para destrabarlos”, por lo que hay que “dotar de opinión no vinculante en los temas de modificación del Poder Judicial y administración de Justicia. Es muy importante establecer los criterios de gestión”.
En su intervención, el abogado Joaquín Da Rocha ponderó: “De la lectura que he hecho del texto del proyecto, diría que satisface las características mínimas que yo creo que debe tener una reforma para ser adecuada, y sobre todo útil. De estudios pasados yo creo que muchos de los defectos de otras reformas tienen que ver con los números. Yo creo que en este proyecto están bien en la integración”.
“Me adelanto a decir que cuando el presidente de la Corte era el presidente del Consejo no fue una buena experiencia”, cuestionó y sumó: “Si bien facilitó el encuentro con el más alto tribunal del país, por otra parte, también se sintió la presencia del presidente que ejercía ambos cargos en ambas entidades. Cuando salió el presidente de la Corte nos manejábamos con mayor igualdad”.
Su par Andrés Gil Domínguez celebró que “sea el ámbito del Congreso mediante la sanción de una nueva ley el órgano que dé respuesta a la exportación dictada por la Corte Suprema de Justicia”, porque “es la respuesta más racional, democrática y adecuada al fallo, y bajo ningún punto de vista puede serlo el restablecimiento permanente de una ley que fue derogada en 2006 por los severos y graves problemas que trajo esa ley para un funcionamiento eficaz del Consejo de la Magistratura”.
“En segundo lugar, la Corte Suprema estableció un estándar muy claro al interpretar por equilibrio entre los cuatro estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura se entendía la imposibilidad que, en el número determinado por la ley, un estamento tuviera una posición hegemónica formal con respecto a los otros estamentos”, enumeró.
En tanto, precisó que, para evitar futuros planteos de inconstitucional, “hay dos posibilidades de desarrollar este estándar: una primera, el equilibrio por igualdad. Esto es que todos los estamentos tengan la misma cantidad de integrantes. Y la otra forma, es el equilibrio por imposibilidad de hegemonía estamental”, y siguió: “Desde mi punto de vista, la que tiene mayor intensidad democrática es aquella a la que otorga a todos los estamentos la misma cantidad de miembros”.
En suma, consideró: “El proyecto que ha recibido la sanción por la Cámara de Senadores responde al estándar establecido por la Corte Suprema. En términos que el número 17 y como está distribuido desde mi punto de vista impide que ningún estamento tenga una postura hegemónica respecto al resto de los estamentos”.
“Finalmente, desde mi punto de vista la situación de que el presidente de la Corte presida al Consejo de la Magistratura por imposición legal, esta situación es inconstitucional. Establecer en una ley que el presidente de la Corte es a priori y para siempre el presidente del Consejo sin ser electo por sus pares parlamentarios del plenario implica una quiebre del equilibrio de los estamentos que establece la Constitución y que la Corte ha impuesto para declarar la inconstitucionalidad de una ley”, criticó.
A su turno, César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal, señaló que “la finalidad mínima que tiene que tener esta ley es que sea constitucional, es decir que pase el filtro posterior del Poder Judicial. Y la segunda finalidad es que sea una mejora de la ley actual”.
“El tema esencial que divide las aguas en los trece proyectos presentados, aparte del que ya tiene media sanción, es la incorporación o no del miembro de la Corte”, indicó.
Respecto a este tema, manifestó que “la Constitución no previó el carácter contra mayoritario del Consejo como órgano porque previó precisamente un equilibrio estamentario. Y lo segundo es que la Constitución lo que quiso es garantizar la independencia de los jueces, y esta independencia tiene un doble sentido, horizontal, respecto al Ejecutivo, y vertical, de la Corte”.
Por otro lado, Grau precisó que “más de la mitad de los proyectos presentados contemplan la incorporación de la Corte en el Consejo”, y se preguntó: “¿Es posible esta incorporación? Sí, en el mundo hay modelos repartidos en este aspecto”.
“Podrían incorporarse ciertos contrapesos que hagan al equilibrio constitucional. En primer lugar, la duración del miembro de la Corte Suprema sea de un año, que sea rotativo. Por otra parte, podría retrotraerse la participación de los jueces a tres, más el de la Corte. Esto es un principio básico”, consideró.
En su exposición, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo sostuvo: “Hoy estamos acá porque una ley de 2006 fue controvertida y dictada inconstitucional”, pero señaló que “además de inconstitucional, era una ley débil porque había sido aprobada en el Congreso por estrictas mayorías partidarias, y no es un dato menor que una ley de esta naturaleza deba tener consenso fuerte”.
En ese sentido, subrayó que “en un tema como este se necesita una ley que tenga fuertes consensos democráticos que superen las limitaciones partidarias”, y opinó: “Creo que es una gran oportunidad para que nos tomemos el tiempo para que la ley sea la mejor ley posible, que tenga los fuertes consensos democráticos y supere cualquier cambio de gobierno”.
“La propuesta que viene del Senado solamente se acomodó a un legislador para incorporar algunos temas y conseguir el voto que faltaba, pero no es producto de un consenso. Ustedes tienen la posibilidad hoy de salir a buscar consensos fuertes”, cuestionó Vítolo.
Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y funcionarios Judiciales de Catamarca, destacó la importancia que en el ámbito del Congreso “se analiza y se resuelva la determinación de la configuración y funcionamiento de un órgano de origen constitucional”.
“En mi provincia funciona la comisión evaluadora, con competencia para sustanciar los procesos de selección de los magistrados del Poder Judicial que requieren acuerdo del Senado. El nuestro es un diseño académico, jurídico y técnico más que político. Ya que queda mayormente el espacio de la política reservado para la etapa del gobernador y el Senado que decidirán si aprueban o no el pliego en cada caso”, contó.
Por otro lado, se refirió a la cuestión de género: “Con relación a la perspectiva de género, en nuestro reglamento se incluyen normas que contemplan expresamente en el proceso de selección de jurados se hacen preguntas de género y derechos humanos. Y existe una norma que dispone expresamente que se observara a lo largo de todo el proceso de selección el principio de equidad entre el hombre y la mujer, asegurando en todas sus etapas la efectiva aplicación de este paradigma rector”.
Por consiguiente, ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, donde se reconoce el importante rol de las mujeres en la construcción de nuestras instituciones. Es una medida de acción positiva que asegura un piso mínimo de participación”.
Al tener la palabra la abogada y profesora de Derecho, Natalia Volosin, sobre el proyecto que tiene media sanción del Senado señaló como aspectos positivos que “la integración que plantea supera el estándar que planteó la Corte y que no haya ningún estamento, ningún sector que tenga predominio uno sobre el otro. Esto no ocurre con la integración que se propone, sobre todo si pensamos en el quórum”.
“Si veo un problema en la eliminación de la segunda minoría, que ya se había hecho en el 2006, y en el 2003 e insiste de nuevo en esto que es inaceptable”, cuestionó y solicitó volver a la ley del 1997 que planteaba “que haya un Consejo de la Magistratura integrado por el sector político de una manera más plural. Tal vez les puede servir en el futuro, piénsenlo de esa manera”.
Otro de los aspectos que destacó es la paridad de género, pero señaló: “La integración en el caso del Poder Ejecutivo porque hay una mala concepción en lo que es en materia de género respecto a que sea por mandatos. Las acciones afirmativas tienen por objetivo reparar o corregir una situación de desigualdad histórica y estructural que tenemos las mujeres para acceder al Poder Judicial”, señaló que esto debe avanzar en la integración de los jurados, de las comisiones.
“Sería inaceptable que si sale esta ley nueva no establece al menos un cupo femenino con la integración de las ternas algo que no se respeta dentro del Consejo y que se tuvo que judicializar”, precisó y, en tercer lugar, ponderó la federalización que plantea el proyecto.
Respecto a las cuestiones negativas, enumeró: “La cuestión de la escuela judicial que son jueces y juezas que dan clases y cobran un segundo salario. Sostener esto es un papelón; eliminamos el principio de igualdad de trato y no de discriminación a los efectos de los concursos de quienes hicieron carrera judicial o en otro lado; la eliminación de los diputados del jurado de enjuiciamiento, no los pueden borrar de un plumazo; el tema del procedimiento de remoción porque se elimina el proceso de remoción por mal desempeño a quienes sean integrantes del sector político, parece un chiste”.
A su turno, el profesor de derecho constitucional e integrante de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales, Pedro Caminos, señaló que lo importante cuando pensamos reformas institucionales es que “estamos, precisamente diseñando instituciones. Estamos tratando de crear, o de reformar instituciones para que perduren en el tiempo”.
Respecto a la necesidad de construcción de consenso consideró que hay que agregarle una perspectiva adicional: “Que es que en una democracia que funciona razonablemente bien, mayorías y minorías se alternan a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tenemos que tratar de pensar la mejor reforma institucional posible para cualquiera de los lugares del mostrador que nos toque estar. Este tiene que ser el baremo para pensar una reforma institucional”.
Finalmente, sobre la discusión sobre la presencia de la Corte en el Consejo sostuvo que “debemos pensarla pragmáticamente, si no queremos que la ley sea nuevamente judicializada de forma predecible, entonces debemos incluir a la Corte Suprema de alguna manera en el Concejo”.
José Luis Lasalle, presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, y actual presidente de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, destacó que, efectivamente, la intención de los convencionales del 94’ “fue de pasar de la partidización de un proceso de elección de magistrados, para pasar a un proceso de selección sobre la base de concursos públicos”.
Por esto, manifestó estar convencido “de que todo el tiempo que perdamos en debatir y en generar un consenso tan necesario para lograr una ley perdurable en el tiempo, se va a ganar en el futuro evitándose cuestionamientos, judicializaciones y diferencias que en nada contribuirán en ese objetivo fundamntal que es garantizar la independencia de la Justicia y fundamentalmente generar ante la sociedad civil una credibilidad hoy perdida en un gran porcentaje”.
A continuación, Gustavo Arballo, profesor de derecho en la Universidad Nacional de La Pampa advirtió la urgencia de resolver la situación en la que la Corte Suprema resolvió “resucitar una ley”; y respecto a la nueva composición propuesta por el proyecto del oficialismo consideró “que está balanceada, y que tiene un uso razonable de las mayorías agravadas, bien calibradas para que no haya sorpresa y no haya predominio. E incorpora una demanda que no puede ser soslayada, que es tomarse muy en serio la participación de igualdad de género”.
Leandro Halperín, abogado y docente se refirió a las funciones originales del Consejo: “La Justicia es el sistema que debiera resolver conflictos cuando requieren del arbitraje estatal de manera eficaz. Interpretar si la Justicia funciona o no de esa manera es lo que motivó al constituyente en 1994 a crear el Consejo de la Magistratura, porque lo se consideraba era que la Justicia era ineficaz, lenta, cara, que su lenguaje era incomprensible, etc. y que los resultados eran escasos y frágiles. Varios años más tarde el diagnóstico de entonces no se aleja mucho en la actualidad”.
Respecto al proyecto con media sanción, lo primero que señaló es que “se distorsiona la representación popular. Porque si efectivamente se aprobase la nueva composición, el oficialismo pasaría a tener un 71% de la representación política, cuando en realidad la voluntad popular le da apenas por encima del 40, y en el Congreso también. Creo que debiera revisarse esta política”.
Y el segundo aspecto que cuestionó es “la politización del estamento de los académicos. Considero que no corresponde que sean los decanos quienes elijan los representantes de los profesores. Creo que la interpretación correcta de la representación de sus pares es si ellos elijen”.
Seguidamente, la politóloga y directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Aldana Romano, señaló que para ellos es especialmente importante este debate: “Es uno de los pocos proyectos que nos entusiasma. Y creemos que estamos ahora sí ante un proyecto que puede realmente tener impacto en la calidad del sistema de Justicia penal, algo que nos preocupa y ocupa hace más de 30 años en la Argentina”.
En este sentido, profundizó: “Creemos que estamos ante una posibilidad única de mejorar la media sanción que viene del Senado, y encontrar un proyecto posible que pueda converger en una reforma que tenga impacto real en la calidad institucional. Si nos quedamos solamente en la conformación, para nosotros es una reforma insuficiente. El Congreso tiene que dar un mensaje claro para evitar tergiversaciones a la norma sobre dos aspectos claves: uno los concursos. Y el otro el tema de la administración”.
Martín Hevia, decano y profesor de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella, remarcó que el fallo de la Corte Suprema “hizo que el debate público se concentrara en lo que hace a la integración del Consejo. Pero creo que también es una gran oportunidad para debatir sobre otras dimensiones relevantes”.
Y señaló que “uno de los grandes avances ha sido el sistema de concursos. En términos de la transparencia para el funcionamiento de la Justicia. Con el sistema de concursos disminuyó la discrecionalidad en la selección de magistrados, y eso creo que ha sido un gran avance”
“La Constitución cuando hace referencia al Consejo de la Magistratura menciona las funciones, entre otras cosas centrales es la selección de magistrados. Un siguiente salto de calidad podría ser un acuerdo o un consenso acerca de la discrecionalidad y del mérito basado en antecedentes de los candidatos. Creo que esta es una pregunta muy importante, cómo organizamos los concursos, y cuál es el papel que le vamos a dar en esa evaluación a la entrevista con candidatos, y cuánto pesa el examen”, concluyó
Finalmente, Martín Casares, magíster en Derecho Penal y consultor en Política Criminal y Justicia Penal, señaló que, en primer lugar, es “muy importante destacar la necesidad de una ley que sea con amplio consenso, para tener una ley duradera y que no estemos discutiendo una de las leyes institucionales más importantes del Poder Judicial cada cinco o seis años”.
“El fallo de la Corte destacó el equilibrio como tema central en el Consejo de la Magistratura por las funciones de seleccionar jueces, de administrar el Poder Judicial, y también de aplicar sanciones y de impulsar los procesos de remoción”, agregó, al tiempo que advitió que el Consejo de la Magistratura “es clave en la función de garantizar la independencia judicial, y volver un poco al objetivo que tuvo el constituyente a la ahora de incorporar a la Constitución esta figura”.
“En cuanto al proyecto, si bien puede ser que sea equilibrado en la cantidad de integrantes en los términos que definió el fallo de la Corte, me parece que el estamento político sigue siendo el de mayor tamaño, a su vez esto tiene la debilidad que deja de lado la tercera posición, la tercera mayoría. Yo me inclino por un modelo donde los tres estamentos tengan la misma cantidad de integrantes”, cerró el expositor.
Un plenario de comisiones de Diputados continuará con el debate de los distintos proyectos, entre ellos el que cuenta con media sanción y busca reformar la composición del órgano judicial.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, que presiden los oficialistas Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade, respectivamente, retomarán este martes las audiencias en torno al tema del Consejo de la Magistratura.
El encuentro se realizará desde las 14, posteriormente a la reunión informativa por boleta única, en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja y contará con la participación de invitados, en su mayoría abogados.
Por el bloque del Frente de Todos fueron convocados Fernando Ávila, asesor del Gobierno de Catamarca y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; Marcia Lozada Figueroa, presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca; César Antonio Grau, abogado e integrante del Ministerio Público Fiscal; Francisco Marull, abogado penalista; y Marcos Aldazabal, abogado y profesor UBA.
En tanto, según supo parlamentario.com, desde el interbloque Juntos por el Cambio propusieron a Pablo Hunger, politólogo y consultor en administración judicial; Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista; Pedro Caminos, abogado y miembro de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales; Natalia Volosin, master y doctora en Derecho Universidad de Yale; y Gustavo Arballo, abogado con especialidad en Derecho Público.
También, a instancias de la oposición, estarán Andrea Castagnola, politóloga, docente e investigadora del Centre on Law & Social Transformation; Martín Hevia, abogado con doctorado en Derecho de la Universidad de Toronto; Leandro Halperín, abogado y exlegislador porteño de Evolución; Martín Casares, abogado y magíster en Derecho Penal; y Miguel Berri, decano de la Facultad de Derecho de la UNLP.
Por pedido del diputado Enrique Estévez, del interbloque Federal, asistirá María Elena Barbagelata, dirigente socialista, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y titular de la Comisión de Derechos de la Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Entre los distintos proyectos que hay presentados, el oficialismo impulsa la aprobación de la iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado y busca ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros. Ese texto tiene el rechazo absoluto de Juntos por el Cambio por no incluir a un representante de la Corte Suprema.
Ese proyecto fue votado por la Cámara alta al filo del vencimiento del plazo que el máximo tribunal le dio al Congreso en diciembre de 2021 para dictar una nueva ley, tras declarar inconstitucional la de 2006.
En abril pasado, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 y su presidente, Horacio Rosatti, asumió también la conducción del Consejo.
Tras varias idas y venidas, con presentaciones judiciales mediante, el Consejo se completó la semana pasada con la jura de los dos legisladores que fueron designados: el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.
El oficialismo aseguró que está abierto a introducir modificaciones en el proyecto, con el objetivo de sumar apoyos, sobre todo de los bloques federales, donde por ejemplo hay una propuesta de Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) para garantizar la presencia de la Corte en el Consejo, pero no presidiéndolo.
Igualmente, el Frente de Todos requiere de 129 votos para la aprobación de la iniciativa que, de tener cambios volvería al Senado, y allí es donde Juntos por el Cambio advierte que sin un apoyo mayoritario en la Cámara baja, el oficialismo en la cámara de origen podría insistir con la redacción original.
En 1997 se legisló por primera vez sobre el tema, conforme el mandato constitucional dado tres años antes. Se aprobó entonces la ley que fue repuesta ahora por la Corte Suprema de Justicia. Qué sucedió desde esa primera norma y todo lo que rodeó las sucesivas discusiones sobre el tema hasta llegar a la disputa actual, con final abierto.
Por José Angel Di Mauro
Creado durante la reforma constitucional de 1994 a instancias del radicalismo, el Consejo de la Magistratura no ha encontrado desde entonces una composición que satisfaga plenamente a las partes. En rigor, bastaría con que cumpliera plenamente con los objetivos para los cuales fue ideado y claramente la justicia da cuenta diariamente de que los resultados no han sido los buscados.
Cuentan los memoriosos que Raúl Alfonsín -clave en la reforma acordada con Carlos Menem, recordar el Pacto de Olivos- era reacio a aceptar la presencia de la Corte Suprema en el seno de ese organismo, a sabiendas de las intenciones del entonces presidente detrás de tal objetivo: poner al frente del Consejo a Julio Nazareno, el riojano que presidía por entonces el Tribunal Superior. No hace falta recordar aquello de “la Corte menemista”, pero finalmente el expresidente radical dio el brazo a torcer. Al fin y al cabo, el amigo de Menem no estaría eternamente al frente de la Corte.
De ahí que surgió la composición actual del Consejo, que ahora ha vuelto a los orígenes a partir de que la Corte Suprema de Justicia actual declarara la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que impulsó la entonces senadora nacional y primera dama (mejor dicho, primera ciudadana) Cristina Fernández de Kirchner.
Ese detalle viene perfecto para observar que el órgano constitucional que tiene a su cargo la selección de jueces federales y nacionales, como así también el control disciplinario de los mismos y la administración del Poder Judicial de la Nación ha sido siempre una obsesión de la actual vicepresidenta.
Al punto tal que ese fue el detonante de su expulsión del bloque oficialista, allá por 1997. En efecto, todos recordarán las posturas rebeldes que la entonces joven primera dama de Santa Cruz asumía en el bloque que en esos tiempos conducía el entrerriano Augusto Alasino. Mas no fueron sus permanentes rechazos a las posturas oficiales los causales de la expulsión de Cristina. Si bien sus actitudes y cuestionamientos habían tenido a maltraer a sus “compañeros” de bancada, la supremacía que el peronismo ejercía en la Cámara alta le permitía darse el lujo de “tolerar” la rebeldía patagónica. Cosa que hicieron más allá de los constantes pedidos de expulsión que se escuchaban -no sólo querían echarla del bloque, sino del propio partido- por sus permanentes cuestionamientos a la gestión oficial.
Pero la gota que colmó la paciencia de Alasino y compañía fue la negativa de la senadora a apoyar el texto de creación del Consejo de la Magistratura, con lo que le impidió a su bancada lograr el número necesario para insistir con la sanción original del proyecto. Como dijimos, corría 1997 y eran tiempos en que Menem y Eduardo Duhalde extendían al Senado su anticipada pulseada por la sucesión en 1999, y en la Cámara alta se quiso dar una muestra de que allí el poder menemista era aún real y concreto.
Mas no la echaron. Con la intención de que ella misma se apartara de la bancada, según confiaron fuentes del propio oficialismo, la mesa directiva del bloque resolvió expulsarla de las comisiones de las que formaba parte.
La medida fue sorpresiva y la involucrada se enteró al cabo de una reunión de comisión celebrada el 7 de mayo de 1997, cuando le llegó un memo al despacho en el que le indicaban que había quedado fuera de todas las comisiones que integraba: Relaciones Exteriores y Culto; Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios; Educación; Familia y Minoridad; Economías Regionales; Coparticipación Federal de Impuestos; Asuntos Administrativos y Municipales, y hasta de la Bicameral de Esclarecimiento del Atentado a la Embajada de Israel y la AMIA. La nota estaba firmada por el jefe de los senadores justicialistas, Augusto Alasino, y el secretario general del bloque, Angel Pardo. Allí se indicaba además quiénes serían los senadores que la sustituirían en esos grupos de trabajo.
El senador entrerriano Héctor Maya se encargó ante la prensa de justificar los motivos que llevaron al bloque a tomar la inédita medida: “Nosotros venimos registrando una serie de cuestiones donde la senadora Kirchner se maneja con excesiva individualidad, lo cual es respetable, pero no es muy común dentro del peronismo… En un bloque hay que debatir, pero para mantener la unidad de un cuerpo es necesario que nos sometamos a distintas reglas”.
La senadora santacruceña tomó la decisión como “un castigo a la provincia de Santa Cruz”, según expresó. Y agregó: “Yo soy representante de una provincia y del Partido Justicialista de esa provincia. Seré una minoría disidente, pero tenemos el derecho de serlo”. Cuando le preguntaron si creía ver en esa maniobra el intento de forzar su renuncia al bloque, ella dijo que no se iría del justicialismo. “Yo voy a seguir defendiendo a muerte mi derecho a poder discernir democráticamente”, esgrimió.
Según transcribe el libro Cristina K. La dama rebelde (Sudamericana, 2004), la decisión adoptada por la conducción del bloque justicialista generó un vendaval de críticas que no hizo más que fortalecer la posición de Cristina Kirchner. Un grupo de diputados justicialistas suscribió un proyecto de resolución de la diputada santacruceña Rita Drisaldi manifestando su discrepancia con semejante actitud. “Esta medida priva a la provincia de Santa Cruz de ejercer plenamente su autonomía, ya que impide la labor de uno de sus representantes electos constitucionalmente”, señalaba el proyecto suscripto además por Irma Roy, Mario Das Neves, Rodolfo Gazzia, Julio Migliozzi, Julio Salto, Fernando Maurette, Darci Sampietro, Carlos Vilches, Sara de Amavet y Sergio Acevedo.
A partir de ello se abrió un debate sobre si la representación en las comisiones corresponde al legislador o al bloque. De hecho, al comunicarle el bloque la decisión al presidente del Cuerpo, Carlos Ruckauf, éste les advirtió que la medida era antirreglamentaria: “Muchachos, según los antecedentes de la Cámara, la separación de un senador no puede hacerse sin su consentimiento”, aclaró el entonces vicepresidente de la Nación.
Ante las circunstancias, el bloque decidió revisar la resolución y, habida cuenta de la intención de la señora Fernández de Kirchner de dar pelea, resolvieron no dar más vueltas y directamente separarla de la bancada. Eduardo Menem, Bauzá, Yoma y Alasino fueron algunas de las voces de peso que se pronunciaron por semejante decisión y pusieron las primeras firmas que se recolectaron para echar a Cristina.
“Cuando mi voto en contra no alteraba el resultado que quería mi bloque, no hubo problemas. Pero ahora que mi voto era decisivo en busca de los dos tercios que necesitaban para aprobar el Consejo de la Magistratura, me castigan”, argumentó la legisladora, enfatizando que lo suyo no era indisciplina, sino que nunca aceptaría “disciplinarme para una asociación ilícita”.
Como puede verse, el Consejo de la Magistratura ha estado desde sus orígenes en el ojo de la tormenta, por lo que amerita recurrir a los archivos para conocer todos los hitos que marcaron a esta institución hasta la actualidad. De ahí que bien podríamos caracterizar esta historia como “25 años sin dar con una buena ley”. Porque de lo contrario no estaríamos recurriendo a la ley original, de 1997, y debatiendo una nueva ley en la que oficialismo y oposición lejos están de ponerse de acuerdo.
Para llegar a los orígenes de la institución Consejo de la Magistratura debemos remontarnos a 1994, cuando la Asamblea Constituyente incluyó en el artículo 114 de la Constitución reformada la creación del organismo que se encargaría de confeccionar listas de candidatos para tribunales inferiores, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces e imponer sanciones.
Tres años después y transcurrido el episodio de la expulsión de Cristina Kirchner del bloque oficialista, el 10 de diciembre de 1997 fue sancionada la Ley 24.937, que el Ejecutivo que encabezaba Carlos Saúl Menem, promulgó el 30 de diciembre.
Ya en 1998 comenzó a funcionar, en el mes de noviembre, el Consejo de la Magistratura, presidido por Julio Nazareno. Además de Nazareno, integraban ese primer Consejo de la Magistratura los jueces Bindo Caviglione Fraga, Claudio Kiper, Margarita Gudiño de Argüelles y Javier Fernández Moores.
Por el Poder Legislativo estaban en esa primera conformación del Consejo los senadores Augusto Alasino, Ricardo Branda, José Antonio Romero Feris y Horacio Usandizaga, y los diputados nacionales Melchor Cruchaga, Juan Carlos Maqueda, Oscar Massei y Miguel Angel Pichetto.
En representación de los abogados estaban Juan Gersenobitz, Diego May Zubiría, Ángel Garrote y Eduardo Orio; mientras que por el ámbito científico y académico asumieron Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié.
Por el Poder Ejecutivo Nacional estaba Julio Comadira, un reconocido catedrático que en tiempos de Duhalde condujo de manera eficiente la Sindicatura General de la Nación y que durante la presidencia de Menem fue jefe de Gabinete del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo.
La reforma de la ley del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Fernández de Kirchner tuvo media sanción del Senado el 22 de diciembre de 2005. La misma reducía de 20 a 13 miembros ese organismo y fue aprobada por 45 votos a favor y 16 en contra, correspondientes al radicalismo y partidos provinciales.
Criticada por instituciones judiciales y organismos no gubernamentales, la iniciativa fue defendida por la senadora Kirchner, que negó que se intentara producir un bloqueo de las decisiones del órgano y criticó a “la corporación de jueces y abogados” por ejercer una fuerte presión para mantener el “status quo”.
Uno de los más críticos en ese debate fue el senador radical Rodolfo Terragno, quien expresó en la sesión del 22 de diciembre de 2005: “El oficialismo pasará de tener el 25% a tener el 38%. Nadie puede entrar a la justicia si el Ejecutivo le pone bolilla negra, y nadie saldrá de ella si el Ejecutivo le tira un salvavidas. Esto genera sospecha sobre el objetivo de esta iniciativa”.
La norma se convirtió en ley en la Cámara de Diputados el 22 de febrero de 2006 por 148 votos a favor, 89 en contra y dos abstenciones.
A ese número llegó el Frente para la Victoria con los votos de 113 diputados oficialistas, 20 diputados del Peronismo Federal y 5 radicales.
Fue miembro informante por el oficialismo en ese debate el salteño Juan Manuel Urtubey, quien presidía por entonces la Comisión de Asuntos Constitucionales, y buscó descalificar los cuestionamientos al asegurar que “aquellos que se verán afectados en la posición de poder que habían alcanzado van a sostener con fiereza su lugar”. Tras ello, le endilgó al actual Consejo “ineficiencia” y un “sesgo corporativo”.
Integrante del Consejo de la Magistratura por entonces, la diputada del ARI Marcela Rodríguez retrucaba: “Curiosamente quienes se oponen a la reducción de los miembros de la Corte Suprema para agilizar los trámites defienden la reducción del Consejo”, calificando a la reforma impulsada desde el oficialismo como “el mayor retroceso del Poder Judicial desde la reducción de la Corte Suprema por parte de Carlos Menem”.
Al momento de la votación en general, el Frente para la Victoria no contó con la presencia de Rafael Bielsa y Oscar Massei, este último integrante del Consejo de la Magistratura original, como ya hemos indicado. Ambos diputados se ausentaron del recinto para no dejar sentado su rechazo al proyecto.
Más datos relevantes: esa votación fue la génesis del alejamiento del radicalismo de los diputados de ese origen que respondían al gobernador -por entonces radical- Gerardo Zamora. Eran Daniel Brue –hoy en el Frente de Todos y presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja- y Cristian Oliva, quienes recibieron desde la gobernación santiagueña la orden de votar junto al oficialismo. En la bancada de la UCR aseguraron que inicialmente ambos querían votar en contra de la iniciativa oficial, pero una conversación de Zamora con un funcionario del Gobierno alcanzó para revertir la decisión. Ese funcionario era Alberto Fernández, por entonces jefe de Gabinete de Néstor Kirchner. El cambio generó fuertes cruces entre legisladores del partido centenario, al tiempo que las autoridades partidarias advertían sobre la posibilidad de aplicar sanciones a los “disidentes”. Así las cosas, los santiagueños adelantaron a sus colegas de bancada su determinación de formar un grupo aparte, cosa que terminarían formalizando.
“No puede ser que en aspectos básicos y fundamentales, los diputados que responden a provincias donde gobierna el radicalismo voten a favor del Gobierno (nacional) a efectos de lograr alguna medida que signifique algún beneficio para su provincia”, expresó entonces nada menos que el expresidente Raúl Alfonsín, mientras que el Comité Nacional que entonces presidía el mendocino Roberto Iglesias difundía un comunicado para anunciar la expulsión de los afiliados diputados que habían votado a favor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Estos eran los citados Brue y Oliva, más el catamarqueño Genaro Collantes, el correntino Ricardo Colombi y el rionegrino Hugo Cuevas, quienes se alinearon con la transversalidad que promovía en esos tiempos Néstor Kirchner.
La ley aprobada recibió el número 26.080, y la composición del Consejo se redujo de la siguiente manera: los jueces pasaron de 4 a 3; los legisladores de 8 a 6; los representantes de abogados de 4 a 2.
En el futuro habría un nuevo intento para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Fue en 2013, en el marco de la reforma judicial que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentó como la “Democratización de la Justicia”. El 25 de abril de ese año, tras una sesión de 24 horas cargada de tensión, se aprobó a las 6 de la mañana esa polémica norma por 130 votos a favor y 123 en contra. En rigor, eran seis los proyectos discutidos y entre ellos figuraba la reforma del Consejo de la Magistratura.
Entre los que votaron en contra vale mencionar a 5 diputados del Frente para la Victoria: los sindicalistas Facundo Moyano y Omar Plaini; el riojano Jorge Yoma; la bonaerense Mabel Müller; y Blanca Blanco de Peralta, esposa del gobernador de Santa Cruz. También votaron en contra un puñado de aliados habituales del oficialismo: Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos), Julio Ledesma (Corriente de Pensamiento Federal), Jorge Garramuño (Movimiento Popular Fueguino) y Mariana Veaute (Frente Cívico Catamarca).
Previsiblemente el tema se judicializó, pero el Gobierno de entonces siguió actuando como si las causas no fueran a prosperar. Así publicó en el Boletín Oficial el decreto 577/13, convocando a los ciudadanos a elegir en las elecciones legislativas integrantes del Consejo de la Magistratura. Conforme lo indicado por la nueva ley, el decreto establecía que el Consejo pasaría a ser de 19 miembros: 3 jueces; 3 representantes de abogados; 6 representantes de los ámbitos académicos o científicos; 6 legisladores y 1 representante del Ejecutivo.
El 11 de junio de 2013 la jueza federal María Romilda Servini decretó la inconstitucionalidad del voto popular para la elección de consejeros y anuló la convocatoria, el nuevo número de integrantes para el Consejo de la Magistratura y el voto popular para elegir consejeros. Una semana más tarde, la Corte resolvió por per saltum en la sentencia que se conoció como “Caso Rizzo” declarando inconstitucional la reforma, con el único voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni.
El 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la inconstitucionalidad de la ley que establecía la composición del Consejo de la Magistratura, por no respetar el “equilibro” entre los estamentos que exige la Constitución. Fue la causa sobre la cual, años después, se expediría el Tribunal Superior.
Esa demanda llegó a la Corte Suprema recién en el año 2017. A partir de ello, el Máximo Tribunal debería resolver sobre el pedido de inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006 impulsado en su momento por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Por entonces gobernaba Mauricio Macri y hacia fines de ese año el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que modificaba el régimen legal de la Magistratura, proponiendo una composición de 16 miembros, incorporándose un juez o jueza y 2 abogados/as. Como se ve, el proyecto que impulsaba en esos días el Gobierno de Cambiemos no sumaba a miembros de la Corte, de ahí que al defender la propuesta del actual Ejecutivo en el Senado se hiciera notar que su proyecto no difería demasiado del presentado por la administración anterior.
Cuando se hace referencia al tiempo que a la Corte Suprema le demandó resolver sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de 2006 se omite que ese Tribunal siempre privilegió que fuera la política la que resolviera el tema y así evitar intervenir. Estaba claro que el Gobierno de Cristina Kirchner no modificaría la norma que precisamente ella había promovido siendo senadora y más no habiendo prosperado la reforma judicial de 2013. La CSJN esperaba que el Gobierno de Cambiemos lo hiciera, pero el proyecto de 2017 no llegó nunca al recinto, y así fue que hacia fines de 2021 el Máximo Tribunal dejó trascender que finalmente resolvería el tema como lo hizo.
Por eso fue que el 6 de diciembre el Gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, elevando la cantidad de miembros de 13 a 17. Once días más tarde, el 17 de diciembre de 2021, la Corte Suprema confirmó el fallo de cámara de 2005 y declaró inconstitucional la composición vigente del Consejo de la Magistratura aprobada en 2006, exhortando al Congreso para que “en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo del a Magistratura”. En caso de que no lo hiciera en el plazo de 120 días, el Consejo volvería a su vieja composición de 20 miembros.
Si bien el Poder Ejecutivo incluyó el proyecto de reforma del Consejo en extraordinarias, no se trató. Pasarían 106 días hasta que el oficialismo decidiera iniciar su tratamiento en el Senado. Recién el 22 de marzo arrancó en esa Cámara el debate y el proyecto llegó al recinto el 7 de abril, obteniendo media sanción por 37 votos a favor y 33 en contra.
El plazo impuesto por la Corte Suprema vencía ocho días después y todavía no habían sido conformadas siquiera las comisiones que deberían tratar el tema en Diputados.
Eso recién sucedió el 11 de mayo pasado. Un mes antes, el 18 de abril, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, ocupó la presidencia del Consejo.
Los nuevos miembros titulares del Consejo juraron el 20 de abril, a excepción de los dos representantes del Congreso de la Nación, que lo harían recién el 19 de mayo, tras una intensa pulseada entre oficialismo y oposición por los dos lugares en disputa. Juntos por el Cambio confiaba que sendas bancas le correspondían, como segunda minoría, pero el oficialismo sacó un impensado as de la manga en el Senado al dividir el bloque FdT y recrear una segunda minoría.
La pregunta del millón es qué sucederá ahora con la nueva ley que tiene media sanción del Senado. Tal cual lo exteriorizó Juntos por el Cambio durante el debate en la Cámara alta, el proyecto del Poder Ejecutivo es rechazado por esa bancada, postura que comparte con la mayoría de la oposición. Así las cosas, la iniciativa podría tener en la Cámara baja el mismo destino que todos los proyectos judiciales del oficialismo: el cajoneo.
Sin embargo el debate de la boleta única en papel fue el disparador que usó el oficialismo para activar la discusión del proyecto que tiene media sanción del Senado, logrando al menos que paralelamente al otro proyecto se discuta el tema en comisión. Lo cual tampoco le garantiza al Frente de Todos los votos para la aprobación.
Juntos por el Cambio está conforme con la composición actual, presidida por alguien de la Corte Suprema, cosa que rechaza enfáticamente el oficialismo. Por eso dependerá de “los bloques del medio” la suerte de esta ley. Allí el Frente de Todos cuenta hasta ahora solo con los 4 votos del interbloque Provincias Unidas, integrado por misioneros y rionegrinos: precisamente los votos aliados que permitieron la media sanción del Senado.
Es clave en este contexto la postura del interbloque Federal, de 8 miembros, donde Graciela Camaño -quien integra además el Consejo de la Magistratura- se ha expresado a favor de la presencia de un miembro de la Corte en el organismo… mas no presidiéndolo.
Según se especulaba paralelamente a la media sanción alcanzada en la Cámara alta, la cerrazón del oficialismo para aceptar modificaciones que incluyeran al Tribunal Supremo en el futuro Consejo de la Magistratura podría ser vinculada a una eventual negociación a encarar en la otra Cámara para lograr la aprobación. Lo cual motivaría una vuelta al Senado para convalidar o no los cambios. He ahí un detalle no menor.
Fuentes consultadas por Parlamentario aclararon que la principal oposición mantendrá su rechazo al proyecto del Poder Ejecutivo proveniente del Senado, más allá de la disposición que pueda mostrar el Frente de Todos a aceptar modificaciones. Habría que buscar las razones de esa postura en el hecho de que, como dijimos, los eventuales cambios deberían ser luego convalidados por una Cámara alta que a los miembros de JxC no le da mayores garantías.
– Si Diputados aprobara el proyecto que viene del Senado, pero con modificaciones y por un número ajustado como puede pasar hoy en la Cámara baja, ¿el Senado podría ratificar el propio con 37 votos? Y si por ventura hubiera un acuerdo que permitiera una aprobación con cambios más amplia, ¿de qué manera el Senado podría insistir con el proyecto original? –preguntó Parlamentario.
– Si Diputados aprueba el proyecto con modificaciones y mayoría simple, el Senado puede insistir en su propia sanción con igual mayoría simple. Si Diputados modifica y aprueba con dos tercios, el Senado necesitaría los mismos dos tercios para insistir con su sanción original –explicó el diputado Pablo Tonelli, quien es además miembro del Consejo de la Magistratura.
Consultada por este medio, otra fuente de Juntos por el Cambio fue más allá del detalle reglamentario al advertir que, atento a la posibilidad concreta con la que cuenta el Senado para insistir con el texto original, “los cambios en Diputados pueden ser una trampa cazabobos… Claro que más que bobos, yo diría cómplices”.
“Porque no hay bobos de este lado… Puede haber vivos, pero no bobos”, insistió una importante fuente del interbloque JxC al justificar el rechazo que estarían dispuestos a mantener respecto de las modificaciones al Consejo de la Magistratura.
Con invitados a exponer, distintos plenarios se abocarán a analizar los proyectos de Boleta única, Compre argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán las nueve comisiones que faltan para completar el cuadro.
Con otra semana corta, esta vez por el feriado del 25 de mayo, toda la actividad legislativa de la Cámara de Diputados recaerá -otra vez- en el día martes, ya que desde las 10 un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; Justicia y Presupuesto y Hacienda retomará el debate de boleta única de papel. A las 14 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, mientras que en paralelo en una reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia se analizará la reforma al Consejo de la Magistratura. Las reuniones contarán con invitados a exponer. También se conformarán nueve comisiones, con lo que se completará el cuadro de la Cámara baja.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria a las 10 el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Tal como sucedió la reunión anterior, fueron invitaros expositores relacionados a la temática.
Desde las 14, ya sin la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el plenario retomará el debate del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura. Será con la presencia nuevamente de invitados.
En forma paralela, un plenario de las comisiones de Industria -a cargo del entrerriano oficialista Marcelo Casaretto– y de Presupuesto y Hacienda, volverán a analizar el proyecto de Compre Argentino, con la decisión anunciada de emitir dictamen.
También, se llevará a cabo en el mismo horario una reunión informativa de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, que preside Mariana Zuvic (CC-ARI). Será con invitados y se desarrollará en la Sala 5.
Por otro lado, a las 16.30 la Comisión de Legislación General, en manos de la oficialista Cecilia Moreau, le darán tratamiento a los proyectos de ley que ceden jurisdicciones para crear el Parque Nacional Islote Lobos, la Creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza y el proyecto que propone crear el Área Marina Protegida Bentonica Agujero Azul.
Por otro lado, se constituirán las nueve comisiones restantes y se completará el cuadro de la Cámara baja. Las comisiones que se conformarán son las de Asuntos Municipales; Legislación Penal; Defensa Nacional; Energía y Combustibles; Transportes; Peticiones, Poderes y Reglamento; Juicio Político; Minería y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.
2022896-1La flamante consejera electa remarcó que es “fundamental” que la Corte Suprema de Justicia esté “vinculada” al Consejo de la Magistratura.
La diputada nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz), subrayó que el órgano debe tener “agilidad” en su funcionamiento para poder avanzar en la cobertura de juzgados vacantes, al tiempo que remarcó que es “fundamental” que la Corte Suprema de Justicia esté “vinculada” al organismo encargado de controlar a los jueces.
“Tenemos que tener agilidad en la cobertura de los juzgados, porque hay algunos que están vacantes durante años. Y también tenemos que ser un Consejo de la Magistratura de puertas abiertas a la población, transparente con los procesos. Que el Consejo no sea algo extraño y de espaldas a la gente”, remarcó la santacruceña en declaraciones en la AM 990.
La dirigente opositora remarcó que se debe “afianzar la justicia”, ya que advirtió que de lo contrario “las consecuencias son muy difíciles de reparar, muy estructurales, el daño para la ciudadanía es irreversible”.
Al retomar el tema de los juzgados vacantes, Reyes señaló que “si bien la agenda de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) está vinculada a las causas de corrupción que tiene la Justicia, hay muchas más que están paralizadas por falta de jueces”.
Por otra parte, la patagónica se refirió a la Corte Suprema y los proyectos de modificación que hay en el Congreso, ante lo cual indicó que “hay que dar un debate profundo”.
Y agregó: “No me gusta esto de la manipulación por coyunturas políticas vinculadas al poder por conveniencias. Es un tema que tenemos que debatir”. Además, destacó que “es fundamental tener a la Corte Suprema vinculada al Consejo de la Magistratura”.
Fue por parte de un grupo de personas que se expresaron frente al Palacio de Tribunales contra la asunción del senador kirchnerista y también apuntaron a Cristina Kirchner. “Luis Juez es el elegido, basta de trampa”, rezaba en un cartel.
Un grupo de manifestantes expresó su repudio, frente al Palacio de Tribunales, contra la asunción del senador kirchnerista Martín Doñate como miembro del Consejo de la Magistratura, que asumió luego de la maniobra de división del bloque del Frente de Todos por parte de Cristina Kirchner.
“Luis Juez es el consejero. Doñate es un tramposo”, expresaban en las pancartas del reducido grupo de manifestantes. También apuntaron contra la Corte Suprema de Justicia por habilitar la toma de juramento al senador K.
Otro de los carteles hizo alusión a la maniobra de la presidenta del Senado de la Nación, que logró meter al camporista Doñate en la Magistratura: “Repudiamos las trampas de la vice”.
Al llegar al edificio judicial, Doñate se topó con la protesta contra, donde también además de carteles había banderas argentinas, pero el legislador y flamante consejero pasó sin prestarle mayor atención.
Por su parte, la senadora radical Roxana Reyes decidió sumarse al grupo de manifestantes y aprovechar para reclamar el lugar de consejero para la oposición y no para el integrante de Unidad Ciudadana, la bancada que responde a Cristina y al oficialismo.
Así lo aclaró el jefe del bloque radical al acompañar a Roxana Reyes en la jura para integrarse a ese organismo. Para él, se trata de “un escándalo institucional sin precedentes”.
El presidente del bloque radical de la Cámara baja, Mario Negri, asistió este jueves a la jura de su correligionaria Roxana Reyes como miembro del Consejo de la Magistratura, que se realizó en la sede de la Corte Suprema.
“Desde el bloque de diputados radicales vinimos a acompañar a Roxana Reyes en su jura como miembro por la segunda minoría de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Roxana defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”, publicó Negri en Twitter.
Al ser consultado por la prensa, Negri agregó: “El fallo de la Corte lo que ha dicho con respecto a estos dos casos (el de Reyes y el del senador Martín Doñate) es que no están finalizadas las apelaciones, en absoluto, sin perjuicio que hayan tomado juramento y con dos diferencias notorias”.
Y agregó: “En el caso de Roxana Reyes, se cumplió de acuerdo con lo que dice la Constitución. Lo del Senado es de un mamarracho y de un escándalo institucional sin precedentes, porque ahí lo que había que elegir era la segunda minoría para completar el mandato que termina en noviembre de todo el Consejo de la Magistratura. Eso no es picardía eso es fraude a la ley. Dividieron un bloque para quedarse con 3 de 4 integrantes”.
“El peligro es si es noviembre siguen haciendo lo mismo, en ese caso estaríamos ya con la Constitución pisoteada por completo”, concluyó.
Junto al presidente del bloque UCR, también estuvieron la vicepresidenta Karina Banfi y el secretario general de la bancada Miguel Bazze.
Con la vuelta a la conformación original de la ley de 1997, ese órgano judicial vuelve a tener 20 miembros y ya juraron todos sus integrantes.
Tal cual lo resuelto por la Corte Suprema el martes último, juraron este jueves el senador nacional Martín Doñate y la diputada nacional Roxana Reyes como nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura.
La ceremonia se celebró al mediodía en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales, con la presencia de integrantes del Consejo e invitados, y encargado de tomarles juramento a los legisladores fue el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, quien es además presidente del Consejo de la Magistratura.
Concretada la jura, el Consejo de la Magistratura quedó completo, con los 20 miembros que establece la ley de 1997 que fue restablecida a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
Es en principio el final de la larga disputa generada a partir de la polémica en torno a las designaciones por parte de ambas cámaras de los representantes del Senado y Diputados ante el Consejo. Recordemos que Juntos por el Cambio reclamaba los dos lugares vacantes a partir del hecho de ser segunda minoría, pero en el Senado el oficialismo optó por dividir su bloque, creando el del Frente Nacional y Popular y el de Unidad Ciudadana, con lo que determinó que le correspondía ese lugar en dicha Cámara a un miembro de UC.
El juramento se concretó luego de la acordada 11/22 suscripta el martes por los cuatro miembros de la CSJN, que avaló las designaciones más allá de los cuestionamientos existentes en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal. De hecho, la propia Corte aclaró que su convalidación está sujeta a la resolución final de los reclamos que tramitan ante la Justicia contra ambas designaciones.
Acompañaron a la diputada santacruceña Roxana Reyes miembros del bloque radical, que afirmaron que ella “defenderá la independencia del Poder Judicial y los más altos valores republicanos”. Ella, por su parte, señaló en declaraciones al periodismo que “vamos a trabajar para que se cubran rápidamente las subrogancias evitando juzgados vacantes y que los procedimientos sean ágiles y transparentes al momento de selección de cada uno de ellos”, expresó la legisladora.
Por último, la diputada santacruceña remarcó y sostuvo la postura que “el lugar para la segunda minoría en el Senado le corresponde a Juntos por el Cambio y no a Unidad Ciudadana que son parte del oficialismo”. “Esto fue una estrategia del kirchnerismo al igual que lo hicieron y siguen haciendo en Santa Cruz, es parte de la maqueta que intentan replicar en todo el país y de la impunidad que quieren lograr con la justicia”, finalizó Roxana Reyes.
“Independientemente del servicio de justicia y de la nueva ley orgánica y de funcionamiento del Consejo de la Magistratura que se debate en el Congreso, entiendo que es momento de repensar una nueva arquitectura institucional en la justicia Argentina”, expresó por su parte el senador rionegrino.
Para Doñate, “la Justicia debe adecuarse y dar respuestas a las demandas propias de un mundo en permanente transformación, y a las demandas sociales que lejos están de ser satisfechas con el modelo institucional actual”.
El senador K y la diputada de la UCR tomarán juramente este jueves al mediodía. Así, se completará el órgano judicial, cuya composición de 20 miembros fue restituida por la Corte en abril pasado.
Luego de más de un mes desde que la Corte Suprema de Justicia restituyó la composición de 20 miembros del Consejo de la Magistratura, y tras las controversias que se dieron en el Congreso por los representantes a enviar, asumirán este jueves al mediodía como consejeros el senador kirchnerista Martín Doñate y la diputada radical Roxana Reyes.
Así, se completará la conformación del órgano encargado de seleccionar y remover jueces, y administrar el Poder Judicial, que desde abril pasado es presidido por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, después de haberse vencido el plazo que el máximo tribunal le dio al Poder Legislativo para sancionar una nueva ley.
Es que la ley de 2006, impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner, fue declarada inconstitucional por la Corte, en diciembre de 2021, y entonces se resolvió retornar a la composición que el Consejo tenía según la ley de 1997, salvo que en un plazo de 120 días el Congreso aprobara una nueva ley, lo que no ocurrió.
De acuerdo a la norma del ’97, en el Consejo deben tener lugar las “segundas minorías”, con cual ahí comenzó la puja en el Congreso: mientras la UCR pudo imponer a Reyes en esa condición, el oficialismo en el Senado dividió el bloque para desplazar al Pro de ese lugar y evitar que sea consejero Luis Juez.
Ambas designaciones originaron presentaciones ante la Justicia. En el caso de la Cámara alta, reclamaron contra la decisión de Cristina Kirchner desde la bancada macrista; pero en el caso de Diputados, fue el propio jefe del Frente de Todos, Germán Martínez, quien recurrió a una acción de amparo contra la resolución de Sergio Massa.
Finalmente, ambos juzgados en lo Contencioso Administrativo, donde recayeron las presentaciones, resolvieron a favor de las resoluciones que las autoridades del Congreso firmaron.
Este martes, en la acordada 11/22, suscripta por sus cuatro integrantes, la Corte Suprema avaló las designaciones y expresó que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Y agregaron que, más allá de las tramitaciones presentadas, “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
Para el entrerriano, la decisión del Tribunal Supremo sobre las designaciones en el Consejo de la Magistratura les dio la razón, y lo graficó de manera resultadista: 1 a 1.
Autor del amparo ante un juez entrerriano con el que buscó frenar la designación de dos legisladores para el Consejo de la Magistratura, el diputado nacional Marcelo Casaretto consideró que la acordada 11/22 conocida este martes no hizo más que darle la razón, y sintetizó su reflexión con este resultado: 1 a 1.
“Hoy la Corte Suprema de Justicia dispuso tomar juramento a Martín Doñate, senador del Frente de Todos, y a Roxana Reyes, diputada de JxC en el Consejo de la Magistratura”, tuiteó este martes el diputado entrerriano.
Y continuó señalando que “finalmente el tiempo nos dió la razón”. ¿En qué se basa para semejante planteo? En que “ante la pretensión de JxC de designar los 2 nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, uno por cada Cámara, el resultado sería 2 a 0. Por eso presenté una precautelar y una cautelar ante la Justicia Federal para evitar esas designaciones”.
“Obtuve un fallo a mi favor, pero la Corte Suprema aplicando el per saltum dispuso la nulidad de la cautelar otorgada en mi presentación. Pero durante la vigencia de esa medida, los presidentes de las cámaras, Cristina Fernández y Sergio Massa dispusieron la designación de Doñate y Reyes, con un equilibrio entre las 2 principales coaliciones parlamentarias, lo que finalmente termina siendo convalidado hoy por la Corte Suprema, disponiendo recibir juramento a estos legisladores, más allá de los trámites de las impugnaciones realizadas en otros juzgados”, describió el legislador oficialista.
De tal manera, tuiteó, en tono deportivo: “Resultado 1 a 1. El partido no termina, hasta que no termina… y se juega en equipo…”.
Más allá de que haya todavía reclamos judiciales pendientes, el Tribunal Superior aceptó sus designaciones y de esta manera podrán asumir.
Tras tantas dilaciones, la Corte Suprema de Justicia dio luz verde para las dos designaciones del Congreso de la Nación, por lo que el Consejo de la Magistratura podrá completarse esta semana. Así las cosas, el senador nacional del Frente de Todos Martín Doñate y la diputada nacional radical Roxana Reyes podrán asumir este jueves, con lo que el Consejo de la Magistratura estará completo, con sus 20 miembros según la ley que entró en vigencia tras la declaración de inconstitucionalidad de la norma aprobada en 2006.
De tal manera, este jueves se les tomará juramento a ambos legisladores en el Salón Bermejo del Palacio de Tribunales al mediodía y han sido invitados los restantes integrantes del Consejo.
La decisión de la Corte Suprema figura en la acordada 11/22, suscripta por los cuatro integrantes del Tribunal, y allí se expresa que “la remisión de los títulos de los legisladores Doñate y Reyes no supone la emisión de opinión o juicio de ningún tipo respecto de su validez”.
Con todo, la resolución de la Corte es ad referéndum de cómo se resuelvan los reclamos judiciales pendientes en la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. “La circunstancia de que se encuentren en trámite actuaciones judiciales en las que se impugnan expresamente los títulos de los legisladores mencionados”, precisa el fallo, que tiene en consideración que “no existen resoluciones judiciales que pudieran constituir un impedimento para que, en las condiciones reseñadas, se tomen los juramentos requeridos”.
Fue la primera reunión con invitados a exponer sobre el tema donde la mayoría destacó la cuestión de paridad de género. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara baja, debatió el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura con cuatro invitados a exponer de los cuales, tres de ellos respaldaron la propuesta y destacaron los ejes de paridad de género y federalización, mientras que el otro expositor criticó la iniciativa. La próxima semana continuarán el debate con más expositores.
Este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharon a Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz; a la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz; a Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza; y al abogado Miguel Piedecasas, quienes opinaron sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.
Abrió la ronda de expositores Darío Kusinsky, rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, quien ponderó el proyecto porque “tiene un gran avance en materia de género, destacable, que reconoce el rol de las mujeres en la construcción de las instituciones. Habla de igualdad, estoy convencido que la presencia de mujeres en el Consejo va a permear, con perspectiva de género, todas las decisiones que se tomen. Por eso es tan importante que la ley se sancione para tener una sociedad y una justicia más justa”.
“También vería de modo positivo si la cantidad de mujeres por estamento aumentara, para que tengan mayor participación que los varones”, sumó Kusinsky porque el mundo del derecho es “bastante machista”.
Respecto a la conformación que contempla el proyecto, consideró que “mantiene los niveles y mejora la participación de los distintos estamentos”. Asimismo, agregó: “Quita dos representantes del Legislativo tanto en su composición y comisiones de esquema de mayoría requeridas para la toma de decisiones”. Por otro lado, celebró que sea “el propio Consejo quien elija a sus autoridades y no que venga determinado por la ley”.
“No resulta admisible contemplar la integración de la Corte Suprema o al menos, si lo integran, que no necesariamente venga determinado por el proyecto de ley que ocupen sus miembros la presidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser elegido en el ceno del propio órgano. La decisión de incluir a la Corte como miembro era una decisión privativa del constituyente del 94 que no lo incluyó en el texto del 114”, expresó el rector y cerró remarcando que “es importante que sea el Consejo quien elija a su presidente y traería el formato que hay en las universidades donde los órganos de cogobiernos están integrados por representantes de cada claustro o estamentos que se eligen en el seno de un debate”.
A su turno, la presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, Marcela Ruiz, subrayó que el proyecto “es tan importante para los argentinos”. En primer lugar, explicó que dentro de la federación representan a las 23 provincias argentinas y a CABA, cuyo objetivo es “la defensa de la independencia del Poder Judicial y esa independencia comienza con los mecanismos de selección de los magistrados porque cuando se habla de la justicia, en lo bueno y en lo malo no se incluye”.
A su vez, hizo referencia a tres ejes que se “resaltan y son positivos dentro del proyecto”, y enumeró: “La paridad de género, la federalización y la regionalización”. Respecto al punto sobre género, opinó: “Si bien ha habido avances en materia de género todavía hay estereotipos que están muy arraigados culturalmente. Las mujeres tenemos barreras invisibles para acceder a lugares de tomas de decisiones y acceden a diferentes cargos. Siempre planteo que cuando miramos la pirámide judicial que en los estratos más bajos o de mero jerarquía hay muchas más mujeres que varones, pero al llegar al vértice un 29% de mujeres acceden a los cargos de ministros. Si analizamos quiénes presiden, solamente un 8% presiden los Tribunales Superiores. Se trata de una desigualdad estructural”.
En ese sentido se preguntó: “¿Cómo combatimos esa desigualdad? a través de políticas diferenciadas que tengan en cuenta a esos sectores que han sido postergados dentro de l cual se encuentran las mujeres. Tenemos que hacer acciones positivas del Estado”.
“todos queremos una democracia paritaria, pero para eso es importante necesario e imprescindible tener igualdad de género porque si no nunca se van a ver las instituciones con clave de género y eso necesitamos porque las mujeres aportan miradas y voces importantes para el fortalecimiento de sistemas judiciales y legitimidad que tiene la justicia en la sociedad”, explayó Ruiz.
Respecto a la composición aseguró que “cumple con las mantas constitucionales”, y también ponderó “el lenguaje” con el que está redactado el proyecto. Otro de los puntos que resaltó fue el de la federalización y apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional y criticó que “se pregona mucho el federalismo, pero cuesta. Todos soñamos y proyectamos en clave unitaria”, por lo que destacó el proyecto: “Esto es muy acertado que se hayan incluido en el artículo 8 que el Consejo va a sesionar cada 3 meses en algún asiento de Cámara Federal del territorio argentino con el objetivo de analizar las necesidades o problemáticas que aquejan a ese lugar”.
“La sociedad exige una justicia cercana y eso comienza con el Consejo e la Magistratura que elige a los magistrados”, apuntó y cerró con su opinión respecto a la regionalización y sugirió que “la representación de los abogados debe responder a cada una de esas regiones”.
Durante su intervención, Milagros Noli, directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte de Mendoza, subrayó la importancia de “resolver en el ámbito del Congreso la determinación y la configuración y funcionamiento de un órgano de categoría constitucional como es el Consejo”. Por consiguiente, resaltó cinco condiciones: “Porque no es sino una ley del Congreso de la Nación la que asegura la pluralidad de voces que legitima el mandato de origen que ustedes tienen”.
“Una ley del Congreso de la Nación otorga mejor seguridad jurídica que una decisión adoptada por el organismo que tiene el mayor déficit de legitimación democrático de nuestra organización del Estado que se autorregula. En tercer lugar, porque es una ley a través de Congreso mediante lo cual se puede hacer efectivo el ideal de republicanismo que nos impera en la nación que tiene que ver con el control ciudadano de las órbitas de ejercicio de poder”, describió.
En cuarto lugar, explicó que “es a través de la emisión de una ley de este Congreso que va a dar cumplimiento efectivamente a la sanción de la Corte porque la Corte reconoce que es en la órbita de este Congreso donde tiene que emerger la disposición normativa, la ley, que regule el funcionamiento”.
Y por último manifestó que “intuitivamente nos parece costoso que hoy nos esté regulando una ley que ha sido derogada hace 16 años y ha sido dictada en el contexto de hace 25 años”, y señaló: “Es operativo la necesidad de una reglamentación emanada de este Congreso”.
Además, Noli ponderó el eje de perspectiva de género que es una “medida de acción positiva”, pero cuestionó que “no establece un piso porque habla de ‘al menos’”; la federal ya que “la composición de la sociedad de cada provincia no es igual una a la otra”; la interdisciplinaria porque “supone una mejor ampliación en cuanto al reconocimiento de derechos y ampliación de miradas”; y la de derechos humanos.
“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente”, apuntó Piedecasas.
Por su parte, el jurista Miguel Piedecasas aseguró que el ámbito del Consejo de la Magistratura es “plural y democrático”, y señaló que en el mundo hay modelos del órgano de “todo tipo y clase” por lo que el debate “debe estar acotado al artículo 114 de la Constitución Nacional”.
“No estoy de acuerdo en que estemos discutiendo una reforma del régimen legal vigente“, apuntó el abogado y explicó críticamente que “es una oportunidad histórica, institucional de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos que proyecte un marco jurídico para el tiempo de lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, mezquina que lleva a apreciaciones y a modelos que no se corresponden con la definición constituyente”.
En ese marco, precisó que “no tiene unanimidad ni siquiera al interior de los bloques como lo demuestran los distintos proyectos que presentaron”, en ese punto hizo hincapié respecto a la Corte Suprema: “Es absolutamente cierto que en la convención constituyente se discutió si era conveniente o no que la Corte integrara el Consejo, pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y si se afirmó que el Consejo era un órgano que perseguía el auto gobierno del Poder Judicial en un momento donde la sociedad tenían una visión crítica del Poder Judicial”.
En tanto opinó que “no queda ninguna duda que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del Poder Judicial y porque esta ley, que viene aprobado del Senado, es una modificación, pero no modifica el artículo primero que el Consejo es un órgano permanente del Poder Judicial, de manera tal que la Corte debe integrarlo”. “Hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano virtuoso”, apuntó.
En el mismo día distintos plenarios se abocarán a analizar, con invitados a exponer, los proyectos de Boleta única, Compre Argentino y la reforma al Consejo de la Magistratura. Además, se constituirán siete comisiones.
La Cámara de Diputados tendrá una agitada agenda este martes, casi sin respiro, que se pondrá en marcha desde las 10 con la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y de Presupuesto y Hacienda que se abocará al debate del proyecto de Boleta única. A las 13 las comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda analizarán el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino. Más tarde, será el turno de la reunión conjunta de Asuntos Constitucionales y Justicia para tratar la reforma al Consejo de la Magistratura. Todas las reuniones contarán con invitados a exponer.
Abrirá la jornada de labor parlamentaria el plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Hernán Pérez Araujo (FdT-La Pampa), Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) y Carlos Heller (FdT-CABA) respectivamente, que se reunirán en el Anexo “C” para abocarse a los proyectos presentados sobre boleta única de papel. Para esta ocasión han sido citados 23 expositores relacionados al tema. Juan Manuel Urtubey, Adrián Pérez -exdiputado y exsecretario de Asuntos Políticos durante el gobierno de Cambiemos e impulsor de la reforma electoral que quedó trunca- y Pablo Javkin, entre los primeros oradores sobre boleta única.
A las 13 tendrá una destacada importancia el plenario de comisiones de Industria y de Presupuesto y Hacienda que retomarán el cuarto intermedio para debatir el proyecto del Ejecutivo de Compre Argentino, en la cual el oficialismo estima emitir dictamen. Según confirmó este lunes por la noche a parlamentario.com Marcelo Casaretto, recibirán a representantes del movimiento obrero, las cámaras representativas de los sectores de la industria nacional y funcionarios. Estos son: Abel Furlán (UOM), Fidel Jerez (Calzado) y Gustavo Gándara (UOCRA), por la CGT; Pedro Dragún y Francisco Abramovich (UIA); y representantes de ADIMRA y CIPIBIC (metalmecánicos); CADIEEL (electrónica); Cooperala (laboratorios); CAEHFA (equipos médicos); CARAE (aeronáutica); CINA y ABIN (naval); CIC (calzado); CIFRA (fundidores); CAPGEN (laboratorios); CEMA (medio ambiente); CAS y CAIDyD (seguridad); y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.
Una hora más tarde, en el Anexo “C” un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia retomarán el debate, con invitados a exponer, del proyecto que tiene media sanción del Senado que reforma la composición del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, se constituirán siete comisiones más en la Cámara baja Relaciones Exteriores y Culto; la Comisión de las Personas Mayores; la Comisión de Discapacidad; la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas; la Comisión de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales; la Comisión de Seguridad Interior y la Comisión de Turismo. También estaba en agenda la conformación de la comisión de Libertad de Expresión, pero se suspendió por el viaje a Ucrania de Waldo Wolff quien iba a ser reconfirmado como presidente de la comisión.
Con esa cantidad, ya serán 38 las conformadas, por lo que solo restará que se conformen ocho comisiones para el cuadro completo en la Cámara baja.
Será la primera reunión informativa del plenario de comisiones de diputados que comenzarán a analizar el proyecto proveniente del Senado.
De manera paralela al tratamiento del proyecto de boleta única de papel, que se discutirá este martes a partir de las 10, este martes a partir de las 14 se realizará un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para hablar del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
A partir de este martes los miembros de las comisiones presididas por Hernán Pérez Araujo y Rodolfo Tailhade escucharán expositores propuestos por oficialismo y oposición para opinar sobre la norma que tuvo media sanción del Senado el pasado 7 de abril.
El proyecto aprobado en la Cámara alta establece una composición del Consejo de la Magistratura integrada por 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, un representante del Poder Ejecutivo y 2 representantes de los ámbitos académicos y/o científicos.
A propuesta del senador Alberto Weretilneck, se estableció que el Consejo “sesionará al menos una vez por trimestre en el ámbito de las distintas cámaras federales del interior del país, a efectos de interiorizarse y abordar las problemáticas y necesidades de todas las jurisdicciones del país”.
También se creará la Comisión de Asuntos Federales, que deberá estar integrada por 16 senadores, 4 de cada región. En ese sentido, se crean las regiones de AMBA, Norte, Centro y Sur.
La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.
A instancias del radical Pedro Galimberti quien argumentó en su denuncia que el magistrado entrerriano Edgardo Alonso “actuó sin fundamento para justificar su competencia e irrumpir de manera irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal”.
En una presentación realizada ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, el diputado nacional Pedro Galimberti (UCR – Entre Ríos) solicitó la apertura de un procedimiento de remoción del juez Edgardo Alonso, titular del Juzgado Federal Nº 2 de la ciudad de Paraná, como así también la suspensión del mismo, tal como lo establece el artículo 114 inc. 5 de la Constitución Nacional.
El pedido se realiza con motivo de la actuación del magistrado en el marco de la causa “Casaretto, Marcelo Pablo c/ Cámara de Diputados de la Nación y otro s/Amparo Ley 16.986”, por intermedio de la cual Alonso, el pasado 12 de abril, dictó una medida interina que ordenaba a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, a través de sus respectivos Presidentes, que se abstuvieran de designar nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, medida que a los pocos días fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, declarándola nula y calificándola de “alzamiento contra el Máximo Tribunal del país”.
La medida precautelar, como se recordará, fue solicitada por el diputado nacional Marcelo Casaretto en el marco de una acción de amparo promovida ante el denunciado, en el contexto en el que los estamentos del Consejo de la Magistratura de la Nación estaban en proceso de dar cumplimiento a lo ordenado en fecha 16 de diciembre de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.
En este sentido Galimberti entiende y comparte, con el criterio de la Corte, que Alonso actuó sin fundamento alguno el título para justificar su competencia e irrumpir de manera absolutamente irregular en la ejecución de la sentencia firme dictada por dicho Tribunal.
“Como vemos, la contundencia de esta sola afirmación resulta suficiente, para someter al magistrado denunciado al proceso de remoción”, expresó el legislador en la presentación, que calificó la situación de un “absurdo jurídico”.
Este “error judicial inexcusable” es, a juicio de Galimberti, causal de mal desempeño y amerita la sanción de remoción, ya que no cabe duda que la conducta de Alonso atentó contra la propia organización del Poder Judicial.
En la presentación se cita, además, como fundamento, una segunda causal, que es la de negligencia grave en el ejercicio del cargo, por no tener su despacho al día; y una tercera, que es haber puesto la jurisdicción al servicio de profesionales que representaban a integrantes de las fuerzas de seguridad domiciliados fuera de la provincia de Entre Ríos entre 2008-2013.
La cuestión generó una discusión entre el oficialismo y la oposición cuando se dio ingreso al decreto por el cual se establece la designación del senador rionegrino como representante de la Cámara alta.
La de este jueves fue la primera sesión desde que se produjo la división del bloque oficialista para hacerse de la banca correspondiente a la segunda minoría del Senado en el Consejo de la Magistratura. Y previsiblemente entonces la polémica por la designación de Martín Doñate llegó entonces al recinto.
Fue inmediatamente después de que se anunciaran los anuncios entrados, entre los cuales figurara esa designación, por lo que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, pidió la palabra para recordar que “hay una instancia judicial a la que hemos recurrido, por cuanto el bloque Pro es al que le corresponde ocupar ese lugar, como dice el espíritu y la letra de la ley”.
“En una maniobra que podemos definir de cualquier manera, pero menos ‘transparente’, se han apropiado, dividiendo el bloque artificialmente, del lugar que le corresponde a la segunda minoría”, señaló el senador mendocino reiterando que el decreto por el cual el Senado designa a Doñate en el Consejo de la Magistratura fue posterior al vencimiento de los tiempos ordenados por la Corte Suprema.
Cornejo consideró que “es una maniobra que sin duda ensucia a esta Cámara, y pedimos que reflexione el Frente de Todos acerca de esta maniobra que avergüenza a la institución y nos genera una situación de conflicto institucional que los argentinos no merecen”.
Previsiblemente le salió al cruce el presidente del interbloque oficialista, José Mayans, quien calificó como “delicado” el tema. Arrancó diciendo que “la Corte declara inconstitucional una ley y dice que puede ser constitucional por 120 días más, primera aberración. Segundo problema, dice del fallo uno de los miembros de la Corte que podemos declarar una ley inconstitucional, pero no podemos poner en vigencia una ley que está derogada. Lo dice (Ricardo) Lorenzetti, y acá la política no puede permitir esto. No puede permitir primero que uno de los poderes del Estado se arrogue facultades que no le da la Constitución, que legislen, pone en falta a la política… La política no puede permitir que tres personas, por sobre los diputados y los senadores, y el Ejecutivo, decidan una ley que funcionó 16 años, en los que se nombró al 75% de los magistrados”.
“Deroga una ley y pone en vigencia una ley derogada y pone al presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura -agregó-. Todos sabemos de la influencia que tiene sobre las segundas instancias, y sobre el cuerpo de profesionales, el grado de influencia que tiene un hombre sentado ahí y que no tiene la misma finalización del mandato”.
Luego cuestionó que la Corte amenazara -a su juicio- a un juez, en referencia al de Paraná, Daniel Alonso, que dio curso al amparo del diputado Marcelo Casaretto contra la designación de Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
Mayans consideró que la división del bloque Frente de Todos es algo “perfectamente lícito”. “Tuvimos una discusión, decidimos agruparnos, como hacen ustedes, en sub bloques. Nosotros nunca les cuestionamos a ustedes que tuvieran sub bloques”, agregó.
Se realizarán dos o tres reuniones informativas, según señalaron desde el oficialismo. La oposición pidió que no se acote la discusión por boleta única ante la superposición de temas.
En una breve reunión, que comenzó luego del plenario por boleta única, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados acordaron citar a especialistas para dar el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura.
El presidente de Asuntos Constitucionales, el oficialista Hernán Pérez Araujo, señaló que se pondrán en consideración los distintos proyectos presentados y la media sanción del Senado -aprobada el pasado 7 de abril-. “La idea es fijar un cronograma de trabajo y tener la posibilidad de escuchar a expertos en la materia”, dijo el pampeano.
Por su parte, el titular de Justicia, Rodolfo Tailahde, reveló que la intención es realizar “dos o tres reuniones informativas” y que “los bloques nos hagan llegar sus propuestas” para los invitados.
La intención del Frente de Todos es dar la discusión por el Consejo de la Magistratura los mismos días en que también se debatirán, más temprano, los proyectos de boleta única, por impulso de la oposición. Por eso, desde Juntos por el Cambio, el diputado Juan Manuel López pidió que “no se acote el tratamiento de boleta única, que no se le ponga un plazo”.
Y aclaró que una vez agotado ese primer plenario -que también incluye a la Comisión de Presupuesto- desde la oposición están dispuestos a “quedarnos con todo el tiempo del mundo y hasta que sea necesario”. “No es nuestra falta que no se haya debatido antes”, lanzó el jefe de la Coalición Cívica.
En una mínima lista de oradores, la diputada Graciela Camaño enfatizó que esta “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año”. “Poder ordenar el Consejo es absolutamente necesario”, sostuvo la consejera.
En esa línea, aseguró que “las carencias presupuestarias, edilicias y tecnológicas que existen en el Poder Judicial” ameritan que “abordemos el tema”.
Ubicada en el medio de ambas bancadas mayoritarias, tanto en esas comisiones como en el Consejo de la Magistratura, la bonaerense aclaró: “Defino mi voto de acuerdo a mi leal saber y entender”.
Y, tras opinar que los constituyentes de 1994 cometieron “un error” al dejar el artículo 114 de la Constitución Nacional a “los vaivenes de la política”, Camaño abogó por que se tenga “la inteligencia de hacer una ley que interprete el 114”.
En tanto, el diputado Fernando Carbajal alertó que “si no tenemos la capacidad de discutir y consensuar una ley, para el mes de noviembre vamos a estar viviendo nuevamente un proceso de elección de los miembros, siguiendo la lógica del viejo Consejo corporativo, que a mí sigue sin gustarme, como no me gustaba en el ‘97”.
Al recordar que la media sanción del Senado no contó con el consenso de la principal oposición, el legislador de la UCR expresó: “Tenemos el enorme desafío de ver si logramos un consenso que supere los dos tercios”.
También convocó a “buscar un Consejo que satisfaga a todos” porque “en estos años ha funcionado muy mal”. “No nos quedemos en la discusión solamente de la conformación y de las representaciones estamentarias”, sugirió, sino “demos una discusión real sobre cómo establecemos mecanismos que aseguren la eficacia en el Consejo”.
En el final, Pérez Araujo pidió que “nadie vea nada raro, que nadie se asuste” sobre el tratamiento de ambos temas. “Vamos a tratar los dos temas en los dos plenarios”, garantizó y sumó que “estamos con predisposición para escuchar a todas las voces”.
El proyecto para ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17 miembros fue votado en el Senado en el filo del vencimiento del fallo de la Corte Suprema. Sin chances de tratar en cuatro días la iniciativa, y tampoco sin los votos necesarios, la Cámara de Diputados nunca arrancó el tratamiento del tema hasta este miércoles.
Por su parte, la Corte restituyó la composición del órgano judicial de acuerdo a la ley de 1997 -ya que declaró la inconstitucionalidad de la reforma de 2006- y el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asumió la conducción del Consejo. Hasta ahora está conformado por 18 miembros, pues los representantes por el Poder Legislativo todavía no asumieron.
Además, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo al senador del Pro Luis Juez para ingresar al órgano judicial.
El conflicto en torno a la designación de los miembros al Consejo de la Magistratura sigue dando de qué hablar. Por un lado, Diputados solicitó a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó el titular del bloque FdT, Germán Martínez, contra la designación de la radical Roxana Reyes. Por el otro lado, la Cámara en lo Contencioso desestimó el pedido del senador nacional Luis Juez (Pro) para ser designado en el Consejo.
La Cámara de Diputados, como cuerpo legislativo, le pidió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que rechace el amparo que presentó Martínez contra la designación de como consejera de la Magistratura por la segunda minoría de la Cámara baja. Fue a través de un escrito firmado por el abogado Raúl Garo, la representación legal reclamó que la Cámara confirme el fallo de primera instancia del juez Martín Cormick, que en los hechos avaló la designación de Reyes.
La diputada de la UCR fue designada el 13 de abril junto con Francisco Manuel Monti en calidad de suplente, pero en el marco de la disputa política que también incluye a la Cámara de Senadores, Martínez judicializó la nominación.
Según el apoderado de la Cámara de Diputados, Martínez -quien apeló el rechazo de primera instancia- “no acredita ni delimita de qué manera fueron afectados sus derechos ni qué perjuicios sufrió como consecuencia del dictado del acto que aquí cuestiona”, por lo que el recurso debería ser rechazado.
Además, subrayó que “según la doctrina sentada por la Corte Suprema, es regla general la no judiciabilidad (sic) de las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder”.
“El objeto de autos se encuentra íntimamente relacionado a la conformación de los bloques parlamentarios, conforme las decisiones políticas emanadas de los representantes legislativos, democráticamente elegidos, siendo ello lo que precisamente pretende impugnarse”, advirtió el escrito, de 23 páginas.
“De admitirse, implicaría una gravísima vulneración de las facultades exclusivas del Poder Legislativo Nacional”, resumió.
Por otro lado, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia que desestimó el pedido del Juez para ser designado en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Así lo resolvieron los camaristas Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani, hay un planteo de per saltum presentado ante la Corte Suprema de Justicia por el propio Juez.
Lo hizo la Sala V que ratificó lo resuelto por el juez Pablo Cayssials, quien rechazó el pedido del legislador cordobés luego que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, designara en su lugar al oficialista Martín Doñate.
“Lo relacionado con el momento, y consistencia de las afinidades políticas necesarias y suficientes para conformar un nuevo bloque, constituyen cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la Cámara, y responden a las reglas de la lógica política, puesto que de la propia dinámica parlamentaria resulta que los bloques conformados por los representantes elegidos por el voto popular se forman, se modifican, mutan, se transforman y se transfiguran; se integran y se desintegran; forman coaliciones entre ellos, de un modo temporal o permanente”, según los jueces.
Además, señalaron que “la representación parlamentaria puede asumir válidamente cualquiera de esas modalidades, con el debido respeto de las reglas preestablecidas por el propio cuerpo, a los derechos y prerrogativas inherentes a la calidad de legislador, y a la participación de las minorías”.
La queja de Juez es porque él debía ser designado en representación de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió su bloque del Frente de Todos y así habilitó que sea designado un senador oficialista. La polémica se desató cuando la Corte Suprema de Justicia dispuso el regreso de la vieja ley luego de vencer el plazo de 120 días que tenía el Congreso para sancionar una nueva ley.
De esta manera, la composición pasó de 13 a 20 miembros y la titularidad del Cuerpo a manos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Horacio Rosatti.
La diputada del Frente de Todos cuestionó al presidente de la Corte Suprema, Héctor Rosatti, y lo responsabilizó por “arrogarse facultades que no le son propias sobre el Poder Legislativo”.
La diputada nacional Carolina Moisés advirtió la necesidad de aprobar una reforma del Poder Judicial, y comparó la actuación del juez de la Corte Suprema, Héctor Rosatti, con “los atropellos a la Justicia en Jujuy que viene realizando el gobernador Gerardo Morales”.
En su pedido de cuestión de privilegio contra el magistrado de la Corte, la legisladora jujeña del Frente de Todos lo responsabilizó de “avanzar sobre una función exclusiva del Poder Legislativo para hacerse del control del Consejo de la Magistratura”.
“Esto ha tenido una escalada en todos los órdenes justamente por la gravedad institucional que ha implicado que el juez Rosatti hoy convoque, presida y domine el Consejo de la Magistratura”, indicó Moisés, quien consideró que “así se profundiza el proceso de descomposición de la Justicia y además distorsiona el funcionamiento de la división de poderes en una república democrática”.
“¿La Corte Suprema de Justicia puede declarar inconstitucional una ley? Sí. Y hasta ahí terminan sus facultades para hablar o decidir sobre nuestras facultades como Congreso de la Nación”, subrayó la diputada sampedreña.
“Es tan grave que el Poder Judicial se arrogue facultades que no le son propias sobre el Poder Legislativo como que el Poder Ejecutivo tome por asalto al Poder Judicial”, completó la legisladora, en referencia a la situación en Jujuy: “En mi provincia el republicano gobernador Morales se ha llevado puesto al Superior Tribunal de Justicia de la provincia a través de voltear, bajo extorsión, forzando la renuncia de seis de sus miembros”, manifestó.
“Por no cumplir con sus órdenes les instala juicios políticos en la Legislatura de Jujuy, en la cual también tiene mayoría, y de esta forma fuerza sus renuncias”, agregó Moisés.
Finalmente, pidió que el Congreso “haga cumplir la Constitución nacional, que esta Cámara trate de manera urgente la conformación del Consejo de la Magistratura que tiene media sanción del Senado y no se trata porque la oposición no permite hacerlo y avancemos en la reforma judicial en este país”.
El senador cordobés presentó una apelación contra el fallo del juez Pablo Cayssials del sábado pasado.
Sigue la pelea en torno a las designaciones de representantes del Congreso en el seno del Consejo de la Magistratura. Y así es que este lunes a última hora el senador cordobés de Juntos por el Cambio Luis Juez presentó una apelación contra el fallo que el sábado pasado firmó el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials desestimando el reclamo del cordobés contra la designación del rionegrino kirchnerista Martín Doñate.
Juez pide así la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por entender que “la sentencia nos genera un gravamen irreparable, toda vez que, en caso de quedar firme, se completaría el Consejo de la Magistratura con un tercer senador oficialista sobre el total de 4 que la ley prevé para integrar el órgano por parte del H. Senado de la Nación, ello en violación al derecho adquirido por la segunda minoría (Bloque Frente Pro), a integrar el Consejo en ese carácter”.
El planteo fue formulado por Juez y quien figura como consejero suplente, el senador del Pro Humberto Schiavoni.
La había impulsado el titular del bloque oficialista de la Cámara baja, Germán Martínez.
Así como el sábado un juez falló en favor del senador Martín Doñate, ahora otro magistrado lo hizo por la diputada radical Roxana Reyes. Se trata del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien se pronunció en contra del pedido del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos Germán Martínez, que buscaba frenar la designación de la diputada santacruceña como consejera de la Magistratura.
Para el juez Cormick, “la UCR constituye -al día de la fecha- la ‘segunda minoría’ en cantidad de diputados”, por lo que rechazó la “verosimilitud del derecho”, condición necesaria para el dictado de una medida cautelar que impidiera la asunción de Reyes como consejera.
El fallo establece que “no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho del amparista para otorgar la medida cautelar de suspensión solicitada. La falta de acreditación de ello exime de analizar el peligro en la demora pues la sola ausencia de uno de los requisitos es suficiente para impedir su procedencia”.
“La circunstancia de que la diputada Reyes -a la fecha- no ha asumido como representante de la Cámara de Diputados ante el Consejo de la Magistratura quita sustento al peligro invocado por el amparista”, agrega el fallo frente al planteo del diputado Germán Martínez.
El magistrado rechazó la consideración del legislador santafesino que había expresado que si asume Reyes “todos los actos en los cuales participe dicha diputada como consejera serian pasibles de la sanción de nulidad”, expresando que en tal situación “podrían tomarse medidas que declaren nula su designación en el resolutorio de fondo”, la cual aún no ha sido expresada.
El senador del Pro se refirió al fallo judicial en contra del amparo que había presentado para evitar la asunción de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura.
El senador nacional Luis Juez (Pro) se refirió al fallo que salió en contra del amparo que él había presentado contra de la designación del kirchnerista Martín Doñate, y expresó: “Lamento la oportunidad que se perdió la Justicia”.
“Después no se quejen que el kirchnerismo los aprieta, los maltrata, los denigra, los humilla, los ningunea”, lanzó el cordobés, que buscaba asumir ese lugar argumentando que el Pro era la segunda minoría del Senado al momento que salió el fallo de la Corte Suprema -restituyendo la composición anterior del Consejo-, pero quedó desplazado por Unidad Ciudadana ante la división de la bancada oficialista.
Sobre ese punto, el legislador consideró que Cristina Kirchner cometió “una barbaridad absoluta” y la fractura del bloque Frente de Todos respondió a “un abuso de autoridad” por parte de la vicepresidenta.
En declaraciones a radio La Red, reiteró que los jueces “después no se lamenten cuando estos tipos quieren llevarse la poquísima institucionalidad que tiene el país”. “Estoy seguro que si la Justicia no interviene, estamos muy cerca de una tiranía”, agregó.
Consultado por las internas del Gobierno, Juez sostuvo que “actúan con un nivel de salvajismo e irracionalidad que verdaderamente asusta”. “En el medio de la situación de angustia, miseria, desesperación, si la propia tropa lo trata al ministro de Economía (Martín Guzmán) de la forma que lo tratan, si lo tratan al presidente (Alberto Fernández) de la forma en que lo tratan, es muy difícil que podamos tranquilizar los mercados, que la gente pueda venir a invertir”, apuntó.
Y sobre las últimas manifestaciones del diputado Máximo Kirchner, observó: “Bueno loco, si no te gusta ándate, pegá un portazo. La coherencia dice que si te sentís tan incómodo te tenés que ir”. Pero, sobre La Cámpora, señaló que “ellos manejan el 75% de las cajas nacionales”.
En cuanto a Juntos por el Cambio, el senador afirmó que “la interna la vamos a dividir en una PASO”, a diferencia del peronismo que “la dirimen a billetazo”, disparó.
Por otra parte, en relación a Javier Milei y el último comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el cordobés criticó “el nivel de ridiculismo que tuvimos no tiene parangón. Estamos hablando de un tipo que no quiere jugar con nosotros”.
Los abogados de la Cámara de Diputados expresaron ante la justicia que el nombramiento de la diputada fue legal, tras el amparo que presentó el jefe del bloque oficial para que sea declarado nulo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, remitió al fuero contencioso administrativo el informe sobre la designación de la diputada Roxana Reyes (UCR) para que integre el Consejo de la Magistratura. En el planteo, pidió que se rechace el amparo solicitado por el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, que se había opuesto en la justicia a dicha designación.
El nuevo Consejo que se restableció tras el fallo de la Corte comenzó a funcionar, bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con 18 de sus 20 miembros, ya que la justicia debe dirimir la situación de los dos representantes del Congreso: por un lado, el reclamo de Luis Juez para que no asuma el candidato de Cristina Kirchner, Martín Doñate, mientras que desde el Senado solicitaron que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro. Por el otro, el reclamo del diputado Martínez, que se opuso a la decisión de Massa de postular a Reyes como integrante de la segunda minoría.
Desde ambas cámaras del Congreso remitieron a la justicia en lo contencioso administrativo el informe requerido, donde explicaron bajo qué criterios se designaron los representantes como también la documentación que sustenta que cumplen con los requisitos impuestos por la normativa del Consejo.
En el escrito que presentó el asesor de asuntos jurídicos de la Cámara baja sostuvo que el planteo del diputado Martínez es “manifiestamente improcedente” y que por ese motivo “planteamos la falta de legitimación del accionante, circunstancia que sella la suerte no sólo de la medida cautelar, sino también del proceso en general”.
Entre los argumentos, indicó que el presidente del bloque del Frente de Todos, “no especifica la existencia de un derecho subjetivo concreto que se encuentre agraviado, así como tampoco alega ni demuestra la existencia de una afectación particular” causada por la designación de Reyes. “Cabe el rechazo de la pretensión cautelar por la falta de legitimación activa del actor como diputado nacional y como presidente del bloque que integra”, sostiene la presentación.
El titular del bloque oficialista había presentado un amparo reclamando la nulidad de la designación, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 a cargo de Martín Cormick, quien consideró que “no aparecen conformada” las “circunstancias graves y objetivamente impostergables”, que justifiquen dictar la medida cautelar para impedir que Reyes asuma como consejera.
A través de un escrito, la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort, aseguró que se está ante “una cuestión política” detraída “del control del Poder Judicial”.
A través de un escrito, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, solicitó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo del magistrado Pablo Cayssials, que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro Luis Juez y Humberto Schiavoni para que se impida la asunción como consejero del kirchnerista Martín Doñate.
La presentación se realizó este jueves, en el marco del pedido que el juez había realizado al comienzo de la semana, cuando le dio un plazo de 5 días a la Cámara alta para que informe sobre la designación del rionegrino.
“Es indudable que estamos frente a una cuestión política o si se quiere de carácter institucional, de ordinario, detraídas del control del Poder Judicial”, señaló la abogada.
Peñafort indicó que “la mera disconformidad con los temperamentos adoptados en el marco del ejercicio democrático de las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo no permiten ni evidencian la existencia de controversia legal alguna que importe la intervención del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades propias de otro Poder del Estado Republicano”.
En ese sentido, expresó que “debe quedar absolutamente en claro que no hay causa cuando, como en autos, lo que se procura es tan solo que el Poder Judicial se pronuncie sobre el acuerdo político en la constitución de los Bloques Parlamentarios”, en referencia a la división del Frente de Todos en dos bloques, lo que provocó que Unidad Ciudadana desplace como segunda minoría al Pro y la vicepresidenta Cristina Kirchner nombre como consejero a Doñate y no a Juez.
“Más aún, cuando los supuestos afectados por dicha actividad no han realizado acción alguna en el marco de sus competencias legislativas para reconducir una supuesta situación que entendían vulneradora de sus derechos”, agregó en el texto.
En el escrito se consideró que el amparo del Pro busca “subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión ‘política’ inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo, en particular del H. Senado de la Nación, toda vez que lo exhorta a decidir en abstracto sobre una cuestión que deriva del juego de mayorías y minorías parlamentarias”.
“Niego que la división del Bloque Frente de Todos haya sido simulada al sólo y manifiesto efecto de hacer todo lo contrario a lo dispuesto por la ley y el fallo de nuestra Corte Suprema”, completó.
“No confirmo ni desmiento”, dijo la portavoz de la Presidencia al ser consultada por un encuentro que el gobernador jujeño desmintió.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada este jueves por un presunto encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador jujeño, Gerardo Morales, en el marco de negociaciones para la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
“No confirmo ni desmiento reuniones del presidente que tiene habitualmente. No sé en particular esa reunión”, respondió en su habitual conferencia de prensa.
Aunque luego aclaró que “el mismo Juntos por el Cambio y Gerardo Morales dio las explicaciones que tenía que dar por esa nota del diario Clarín“, que aseguraba que el mandatario provincial había hecho un acuerdo con el presidente, Sergio Massa y Cristina Kirchner.
En el comunicado que sacó la Mesa Nacional de JxC, los dirigentes aseguraron que el gobernador y presidente de la UCR fue víctima de “una operación de envergadura intentando involucrar en una negociación con el Gobierno por los cargos del Consejo de la Magistratura. Negamos esta falsa información de manera rotunda”.
Por otra parte, Cerruti no dio opinión sobre la sesión pedida por la oposición en la Cámara de Diputados para tratar la boleta única. “Es una discusión que tiene que darse en el Congreso. El Congreso elige los temas a los que le da prioridad”, se limitó a decir.
Salió así al cruce de las versiones periodísticas que lo sindicaban en un toma y daca por aprobación de la reforma del Consejo de la Magistratura.
El presidente del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, salió al cruce de las versiones que lo sindicaban habiendo negociado probablemente la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura con Sergio Massa.
Puntualmente fue el periodista Carlos Pagni el que en su programa de La Nación+ deslizó que el mandatario jujeño habría negociado con el titular de la Cámara baja para que no hiciera allí lo que hizo Cristina Kirchner en el Senado. Y a cambio él aportaría los votos de los diputados de su provincia para que se pueda aprobar una nueva ley del Consejo de la Magistratura.
En ese sentido Morales recordó que “el radicalismo es quien impulsó, junto a otras fuerzas de JxC, un único proyecto de ley para el Consejo. Por eso rechazamos las versiones que buscan desprestigiar al radicalismo en un tema medular y estructural para el sostenimiento de la República en nuestro país”.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente del radicalismo sostuvo que la designación de la diputada Roxana Reyes en el Consejo se la Magistratura “es innegociable, porque es la representación que le corresponde a la UCR a partir del fallo de la Corte. No es moneda de cambio, es un derecho que vamos a defender frente a cualquier circunstancia”.
“La maniobra y la trampa llevada a cabo por Cristina Kirchner en el Senado es repudiada y rechazada por todo el arco del radicalismo. Se trata de un burdo atajo que toma el kirchnerismo para impedir que Luis Juez ocupe el lugar que le corresponde a JxC en el Consejo de la Magistratura”.
La diputada de Identidad Bonaerense recordó que ella accedió a ese sillón de la misma manera que lo hizo Pablo Tonelli en 2015.
La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño consideró que los dichos de su par Mario Negri sobre su lugar en el Consejo de la Magistratura fueron “una chicana berreta de una persona a la que estimo muchísimo”.
“(Pablo) Tonelli ingresó de la misma manera que ingresé yo”, le recordó la legisladora al jefe de la UCR en la Cámara baja, quien le sugirió a Germán Martínez, presidente de la bancada oficialista, que en lugar de reclamarle a la oposición por una banca en el Consejo, le pida a Camaño que se sume a su espacio.
En ese sentido, la bonaerense apuntó que en 2015 el gobierno de Cambiemos construyó una mayoría, que incluso “apoyó el bloque de Victoria Donda“, para que el diputado del Pro Pablo Tonelli pudiera ser designado en el Consejo.
Y ese esquema fue justamente el que la oposición copió en 2018, y por el cual ingresaron Vanesa Siley y Camaño. En diálogo con radio La Red, la diputada recordó que su postulación la apoyó “el Frente para la Victoria, pero también otros bloques”.
“No se trata de que yo pertenezca al bloque del kirchnerismo, nunca pertenecí”, agregó.
Por otra parte, la consejera afirmó que se encuentran esperando que “el juez (Horacio) Rosatti nos convoque a todos los miembros”. “Ya estamos para funcionar”, afirmó, a pesar de que “hay una controversia que está planteada en la Justicia” sobre los nombramientos del senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes. Pero aclaró: “La Corte puede tomarles juramento y la Justicia seguir su análisis respecto al tema”.
Al no formar parte de ninguna de las dos grandes coaliciones, y ser consultada por la importancia de su voto en el Consejo, Camaño mencionó el antecedente de su decisión en contra sobre “los 10 jueces que fueron trasladados de manera anticonstitucional -no lo dije solamente yo, lo dijo la Corte-, por el gobierno de Mauricio Macri“.
“Yo voy a hacer lo que considero correcto porque no tengo sesgos ni intereses dentro de la Justicia. No me voy a prestar a ningún manipuleo ni maniobra”, subrayó la diputada del interbloque Federal.
El juez Martín Cormick no hizo lugar al reclamo del jefe del Frente de Todos en Diputados, que buscaba invalidar la resolución del presidente de la Cámara.
El magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nro. 11, rechazó la medida cautelar presentada por el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, quien buscaba que se declare “inválida” la designación de la diputada radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura.
No obstante, al igual que ocurrió en el caso del Senado, el juez solicitó a la Cámara baja que remita un informe sobre el nombramiento, en este caso en un plazo de tres días, tras lo cual se pronunciará sobre la resolución que firmó Sergio Massa la semana pasada.
El escrito señala que “la medida cautelar interina está prevista en el artículo 4to., segundo párrafo de la Ley 26.854 para que ‘solo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción'”.
“El argumento que lleva al amparista a solicitar la petición interina -tal es ‘…que suspenda los efectos del acto hasta tanto se corra traslado al Sr. Presidente…’- no aparece conformada pues no existe impedimento legal o fáctico para requerir -a la fecha- el informe previsto en el artículo 4to. de la Ley 26.854 al Presidente la Honorable Cámara de Diputados por el plazo de tres (3) días”, agrega.
Luego de la designación de Reyes, Martínez salió a anunciar su disconformidad con la decisión del presidente de la Cámara baja, al asegurar que, de concretarse la jura de la legisladora radical, el bloque oficialista, siendo el de la mayoría, quedaría subrepresentado en el Consejo.
A diferencia del Senado, donde el bloque Frente de Todos se partió con el objetivo de arrebatarle al Pro la condición de segunda minoría, en Diputados, Massa resolvió nombrar a la diputada de la UCR, bloque que representa la segunda minoría.
Además de la presentación ante la Justicia, Martínez había enviado una carta al presidente de la Corte Suprema y -ahora también- del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que se “abstenga” de tomar juramento a Reyes.
Un juez del fuero en lo Contencioso Administrativo le dio un plazo de 5 días a la Cámara alta para que explique el nombramiento del senador K, en el marco del amparo presentado por Luis Juez.
La controversia en torno a la designación de dos consejeros por el Poder Legislativo suma un nuevo capítulo, pues ambos nombramientos, como fueron el del senador camporista Martín Doñate y el de la diputada radical Roxana Reyes, se han judicializado.
En el marco del amparo presentado por el senador el Pro Luis Juez, el magistrado Pablo Cayssials -del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3- le pidió al Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, que presente un informe sobre la designación de Doñate.
Tras declararse competente para intervenir en el caso, y habilitar días y horarios para tratar el expediente, el juez envió un oficio a la Cámara alta para que en el plazo de 5 días hábiles se remita esa solicitud.
El informe deberá presentarse bajo los requerimientos del artículo 4 de la Ley 26.854, que refiere a las instancias previas a que un juzgado resuelva sobre una medida cautelar: “previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.
La semana pasada el senador Juez y su par Humberto Schiavoni fueron a la Justicia a raíz de la designación de Doñate como consejero, que se dio luego que el bloque oficialista se dividiera en dos y Unidad Ciudadana desplazara al Pro como segunda minoría.
En los argumentos de su presentación, los legisladores de Juntos por el Cambio subrayaron que al momento de dictarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, por el cual se reestableció la composición de 20 miembros en el Consejo de la Magistratura, el bloque de segunda minoría era el Pro, correspondiéndole así ese lugar.
Se mostró crítica respecto del tiempo que demoró la Justicia en resolver sobre la constitucionalidad de la ley de 2006, pero dijo esperar que ahora ese organismo pueda volver a ponerse en funcionamiento.
Integrante del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño aclaró que la legalidad de la jugada del kirchnerismo en la Cámara alta para quedarse con un lugar más en ese organismo la deberá resolver la Justicia, aunque desde el punto de vista ético la consideró “una actitud repudiable”.
Tras reconocer que hay un cuestionamiento vinculado a si la representación del estamento legislativo debe hacerse con la vieja o la nueva ley, observó que “el oficialismo en el Senado ha resuelto de una manera drástica, creo que es éticamente repudiable”.
Con todo, estimó que “se van arreglando los problemas del Consejo de la Magistratura”. Así y todo, reconoció que ella personalmente es crítica respecto del tiempo que la Justicia se tomó para decidir sobre la constitucionalidad de la ley de 2006, cosa que consideró “un problema endémico de la Justicia en Argentina”.
Como ejemplo, recordó que “con esta ley que han declarado inconstitucional se han nombrado 708 magistrados en la Argentina y la Corte puntualmente tuvo este tema durante cinco años. O sea, me parece que debió haber sido mucho más eficiente con los tiempos para el análisis de la constitucionalidad”.
Así y todo, en diálogo con Actualidad Política TV, sostuvo que más allá de todas estas vicisitudes, espera que esta semana el Consejo retome sus tareas habituales con el cumplimiento del fallo.
Con relación a la presencia del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, al frente del Consejo, aclaró que “nadie puede manejar el Consejo de la Magistratura porque es un órgano colegiado”. Señaló en ese sentido que “sería muy importante ponernos de acuerdo y poder hacer una ley que no sea el producto de un fallo que declara inconstitucional alguna ley, lo que nos remite a una vieja ley, fundamentalmente por el propio Poder Legislativo. Y en ese sentido digo, esa crítica de ilegalidad por parte de la Corte con su fallo es absolutamente absurda. Primero, el instituto Consejo de la Magistratura, en nuestra Constitución, está en la órbita del Poder Judicial, más allá de que es un instituto nuevo y que es un instituto que tiene una suerte de coparticipación de varios estamentos, en donde también está el estamento de aquellos que somos elegidos, o sea, los que ejercemos la acción política. También está el estamento de los abogados, el estamento de los académicos y también de los jueces. Esto es lo que lo que han querido los constituyentes. O sea, no hay preeminencia de nadie sobre nadie”.
Nadie se esperaba la maniobra que el oficialismo realizó en el Senado, que no le reportará beneficios concretos en el Consejo de la Magistratura. Le sirve a Cristina como demostración de fuerza y deja señales para el futuro.
Por José Angel Di Mauro
Pocas imágenes grafican mejor el momento que atraviesa el presidente Alberto Fernández, y su gobierno en general, que las que lo mostraron el jueves pasado en el lanzamiento de la obra del gasoducto troncal, en Vaca Muerta. Casi arrastrado por un temporal de viento, despeinado, con frío y rodeado, sino de enemigos, de oficialistas que no lo reconocen como su jefe directo. Anunciando una obra que interrumpió al llegar porque había licitado el gobierno anterior y que encima inaugurará la próxima administración.
Y si queremos ir más lejos, ese fue un detalle más de un gobierno en el que a nadie se le ocurrió reprogramar el acto en un espacio cerrado cuando el pronóstico del tiempo adelantaba lo que después todos vieron.
Fue una anécdota de la que el mismo Alberto F. se reirá quizá en el futuro, pero no es el modo como debe ser visto un presidente en esas circunstancias.
Debería tenerlo claro, cuando un día antes se presentó en José C. Paz, en un escenario amigo que le montaron para aumentar su autoestima y donde hizo caso a la recomendación de “mostrarse más enérgico”. “¡Un carajo estamos perdidos!”, exclamó y repitió en referencia a 2023. Si hasta la imagen, captada por celular, aumentaba la sensación de endeblez.
No parecía el presidente estar hablándole a la oposición. Más bien la advertencia parecía dirigida a Cristina Kirchner y su hijo Máximo, con el que dicen que la relación no tiene vuelta atrás.
Esos mensajes dirigidos a los propios son casi inéditos tratándose de un gobierno. Pero si vamos un día más atrás, al martes, ese trasfondo también se le podrá encontrar al anuncio del ministro Martín Guzmán del paquete de bonos para reforzar ingresos. Con el presidente sentado a su derecha, el jefe del Palacio de Hacienda habló de “recuperación económica”, buscando difundir un mensaje de optimismo que la realidad desautoriza. Ante un auditorio cuyos rostros denotaban una sensación muy distinta.
El ministro de Economía voló después a Washington para reunirse el viernes con Kristalina Georgieva, tras cuyo encuentro aclaró que “las metas fiscales no se van a cambiar”. Si ya tenía motivos para viajar preocupado, se llevó más dudas al saber datos de la inflación de abril. El ya anunció antes de que se confirmara el récord de marzo que ese sería el índice más alto del año, y que a partir del segundo trimestre el costo de vida tendería a la baja. No es lo que le confirmó el titular del INDEC en la semana. Parece que se viene un índice cercano a los 6 puntos.
Todos auguran una inflación anual superior al 60%; y lo que es peor, muchos economistas sugieren que hoy esa la base. Las paritarias de los gremios más poderosos están rondando esa cifra. Es el camino que abrió el Sindicato de Comercio, con el 59,5% acordado. Se trata de la actividad privada más numerosa, con 1,2 millones de trabajadores y cuyo parámetro alcanzado buscarán replicar los principales gremios cegetistas en las próximas semanas.
En un contexto económico tan crítico, la política apareció plantada en un mundo lejano cuya discusión estuvo centrada toda la semana en torno al Consejo de la Magistratura. La jugada sorpresiva de Cristina Fernández de Kirchner sorprendió a propios y extraños y le generó un triunfo pírrico de un vuelo no muy elevado. Porque de confirmarse los cargos como oficialmente se anuncian, el Consejo de la Magistratura seguirá empatado: mucho desgaste para tan poca compensación. Veremos.
La realidad es que conforme los parámetros cristinistas, la jugada se mantuvo en la máxima reserva hasta último momento, y solo trascendió la noche del martes porque algunas listas de los nuevos bloques comenzaron a circular y fue así que el presidente del ahora interbloque Frente de Todos se vio obligado a confirmar la movida. Si no se hubiera anunciado al día siguiente, en conferencia de prensa en horas de la mañana.
Un senador que quedó en el bloque más grande confesó que se enteró de la partición de su bloque a las 23.30 del martes. Eso sí, el esmero puesto en los números como quedarían ambos bloques no fue el mismo que con los nombres de los protagonistas. La consigna era poner de un lado a los senadores que tuvieran gobernadores propios, y del otro a los senadores más afines al Instituto Patria. Según ese esquema, el jujeño Guillermo Snopek pasó a revistar en Unidad Ciudadana; lo mismo que el chubutense Carlos Linares, o la neuquina Silvia Sapag, muy identificada en su caso con CFK. El salteño Sergio “Oso” Leavy no tuvo problemas en dejar el bloque de José Mayans, pero nadie objetó que la santacruceña Ana María Ianni se quedara en el bloque referenciado en la vicepresidenta.
El que no quiso saber nada con cambiar de bloque fue el correntino Carlos “Camau” Espínola, que rompe la regla pues el gobernador de su provincia es radical.
Muy kirchnerista, la chaqueña María Inés Pilatti Vergara pasó al Frente Nacional y Popular, dijeron que porque su gobernador es Jorge Capitanich. Pero en realidad es porque ella ya es consejera de la Magistratura, por la mayoría. Lo mismo que Mariano Recalde, quien sin embargo figuró originalmente en el bloque Unidad Ciudadana. Camporista de la primera hora, siendo consejero por la mayoría no podía estar en UC, creada para oficiar como segunda minoría. Después de ser corrido Recalde al Frente Nacional y Popular, se anunció que el representante por la segunda minoría sería el rionegrino Martín Doñate, y en lugar de Recalde fue la puntana María Eugenia Catalfamo al bloque K.
En Diputados para muchos fue un acting el planteo hecho por el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, contra la decisión del presidente de la Cámara de oficializar a la radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría. Porque en realidad Sergio Massa no tenía mayor margen de maniobra. Diputados no es el Senado, donde las cosas hoy están más parejas, pero el oficialismo mantiene una ventaja indescontable. Massa no tenía mucho más para hacer y mucho menos podía partir el bloque. En cambio con su resolución mantiene la línea alcanzada cuando el acuerdo con el Fondo, y de paso hasta podría llegar a sumar cierta discordia en el seno de Juntos por el Cambio, al salir favorecido el radicalismo y no el Pro.
La pregunta del millón es si Unidad Ciudadana volvió para quedarse y tal vez representar una división del Frente de Todos en general y el peronismo en particular. Hay quienes se aventuran a anticipar una réplica de la fractura en Diputados para noviembre, cuando deban elegirse los consejeros en su totalidad. En el Senado, quedarían igual: dos senadores para el oficialismo por la mayoría y uno más por la segunda minoría, tres en total; contra un radical por la primera minoría. En Diputados hoy el oficialismo tiene un solo representante, JxC dos y el interbloque Federal el restante.
Si las cosas se mantuvieran así para noviembre, el Frente de Todos podría quedarse con dos consejeros por la mayoría, el Pro con uno por la primera minoría y la UCR el restante por la segunda minoría. Pero si el FdT también se partiera, alumbrando un bloque grande de -por ejemplo- 70, y otro de 48, sería mayoría y segunda minoría. Se quedaría así con 3 consejeros y el Pro retendría el restante.
Esto se resolvería aprobando una ley que diera certezas en una cuestión como se ve tan “maleable” como la elección de consejeros en ambas cámaras. Para eso habría que introducir cambios en la media sanción proveniente del Senado. El camporista Martín Doñate se mostró dispuesto a aceptar cambios en el texto aprobado en el Senado, pero JxC no quiere saber nada. Si se aprobara un proyecto con mayoría simple, el Senado podría ratificar el texto original por la misma mayoría simple que hoy ostenta. Y no hay visos de que se vayan a poner de acuerdo.
Consejera de la Magistratura, Graciela Camaño (interbloque Federal) se muestra a favor de la presencia de la Corte en la Magistratura, más no presidiendo. Eso no lo acepta Juntos por el Cambio, cuyo referente en la Magistratura, Pablo Tonelli señala que eso sería como “poner a Cristina en el Senado y pedirle que no presida”. Una fuente de la principal oposición advirtió contra una aprobación con modificaciones que se transformen en “una trampa cazabobos… Y acá no hay bobos, hay vivos…”, señaló a este medio.
Mientras tanto en el Senado el cristinismo arranca el tratamiento de un proyecto para ampliar la Corte Suprema. Tendrán número para aprobarlo, más no en Diputados. Movidas para buscar el beneplácito de los propios y cascotear a la CSJN. Lo mismo que el proyecto sobre “rentas inesperadas” anunciado por Martín Guzmán para financiar los bonos para reforzar ingresos, pero de cuyo texto nadie del oficialismo ha visto ni una línea. No lo aprobarán en Diputados y eso bien lo sabe el oficialismo. Pero está claro que la intención de anunciarlo fue tan solo mandar una señal al cristinismo, al que denuestan en privado, mas tratan de congraciarse en público.
Por Anahí Abeledo. Tras la maniobra del oficialismo en el Senado, la experiodista legislativa recuerda situaciones similares que generaron polémica.
La maniobra de Cristina Kirchner, alzándose -mientras preservaba la mayoría- con la segunda minoría del Senado al partir el bloque oficialista en dos para quedarse con un cargo clave que no le corresponde en el Consejo de la Magistratura, no fue algo surgido de su ingenio malicioso, sino que desprende ese “deja vu” recurrente de la política argentina.
El recurso no puede sorprender porque ya era conocido. Por lo tanto, es algo que, quizá, pudo evitarse anticipando la jugada y afinando la letra de la ley para impedir que, una vez más, la Constitución Nacional sea pisoteada por la ambición de poder de cualquier gobierno de turno.
Antes de la reforma constitucional de 1994, los senadores nacionales eran elegidos por las legislaturas provinciales. El bloque mayoritario enviaba dos representantes, que -con mandatos de seis años- se renovaban cada tres. El título, o diploma, llegaba al Senado de la Nación y en su comisión de Acuerdos se analizaba su validez revisando el proceso de designación y atendiendo otro tipo de impugnaciones posibles al elegido. Luego, el pleno lo aprobaba y el nuevo senador se integraba al cuerpo.
En muchas ocasiones este trámite, que debía ser sencillo, se empantanaba durante meses debido a los poco transparentes procesos de designación en las legislaturas. Se originaban discusiones, impugnaciones y denuncias.
Un método utilizado para quedarse con bancas ajenas era que bloques de las legislaturas provinciales se unieran, entre gallos y medianoche, para constituirse en mayoría mediante una inesperada alianza de dos bancadas que, hasta ese momento, eran adversarias. Así, enviaban su representante a la Cámara alta. En lugar de senadores para integrar el cuerpo ahora se trata de enviarlos al Consejo de la Magistratura. En lugar de unir bloques, el martes se dividieron. Es más, de lo mismo.
Aquello que se cuenta sucedía aun cuando la gobernación hubiera cambiado de manos con la consiguiente modificación de la mayoría parlamentaria provincial. Hasta ese momento se suponía que los senadores -gracias al federalismo consagrado en la Constitución Nacional- representaban al gobierno provincial.
Más de una vez, el justicialismo, aliado con partidos provinciales, desorientó al bloque de la UCR con estas maniobras. Por supuesto que la comisión de Acuerdos podía haber atendido impugnaciones y rechazado dichos diplomas, pero en general todo estaba acordado con el hegemónico justicialismo en la cámara alta y aquellas designaciones poco claras eran funcionales a su agenda y se avalaban.
Más de una vez, los senadores radicales reclamaron por estas cuestiones, aunque no podían hacer nada en concreto para impedirlo. Esta cronista, acreditada por aquel entonces ante el Senado de la Nación por una conocida agencia de noticias, recuerda haber pasado noches cubriendo estas discusiones tan largas como escandalosas.
Esto sucedió hasta mitad de los años 90 cuando fue reformada la Constitución Nacional tras el “Pacto de Olivos” acordado por el entonces presidente Carlos Menem y el ex-presidente Raúl Alfonsín. Junto al tercer senador por la minoría -que le permitiría a Alfonsín sumar senadores propios en varias provincias- el líder radical logró que estos se eligieran por el voto directo de los ciudadanos y no por componendas legislativas. Pero llegar a esto no fue sencillo.
Las negociaciones eran infinitas en cada punto y había presiones para seguir dejando en manos de las legislaturas la designación de sus senadores nacionales pese a que el punto había estado acordado en el “Pacto de Olivos” que se tradujo en el papel en el Núcleo de Coincidencias Básicas, un compendio de todos los artículos que ambos líderes habían pactado.
Sin embargo, con la elección directa se le escabullía al justicialismo una herramienta clave para retener su amplísima mayoría en la cámara alta y no la aceptaban tan sencillamente. Por eso, horas antes de la votación de este núcleo, el fantasma de la elección indirecta por las legislaturas cobraba vida en los pasillos de la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, donde sesionaba la Convención Reformadora.
Esta fue la pregunta clave que, quien aquí escribe, llevaba en su cabeza para hacerle a Alfonsín en un off concedido esa tarde y este fue el diálogo:
– Doctor, ¿Qué están haciendo? – Dijo la periodista con respeto, pero con cierto tono de reto e incredulidad.
¿Por qué? – Preguntó Alfonsín mientras alegaba que no era un asunto tan grave.
-Porque nunca van a poder tener los senadores por la minoría si cuentan con elección indirecta, estoy acreditada ante el Senado y todos los periodistas de esa sala comentamos lo mismo, que a los que sean minoría los van a pasar como poste caído, discúlpeme, pero es así. Ellos son más rápidos.
En lugar de molestarse o de cambiar de tema, Alfonsín se inclinó hacia adelante, se tocó la cara, fijó unos ojos muy pícaros en su interlocutora y le dijo:
A ver, contame, ¿qué es eso que andan diciendo los periodistas acreditados en el Senado…?
-Es que, doctor, lo vemos todo el tiempo, hay diplomas de senadores que llegan a la Comisión de Acuerdos y mucha transparencia no traen. Los bloques de los partidos provinciales arman y desarman bloques, muchas veces en alianza con el justicialismo o entre ellos, discúlpeme, pero todos sabemos que el peronismo es más rápido que ustedes. Los que sean mayorías van a partir bloques para tratar de convertirse también en la segunda minoría y nada será claro por más disposiciones que incluyan. Si se hacen trampas para elegir a los senadores de la mayoría no quiero pensar lo que será para pasar por encima al de la minoría. Por más que lleguen diplomas con impugnaciones, no se tendrán en cuenta. Uds. saben todo esto, entonces no entiendo lo que están haciendo.
Alfonsín sonreía, pero comenzó a pedir ejemplos de diplomas controvertidos ingresados en los últimos tiempos, algunos eran enviados un año antes de que se produzcan las vacantes y otros con mucho retraso para dar tiempo a que los bloques se reacomodaran.
La cronista se empeñaba en hacer dibujitos sobre sus hojas de apuntes como si fueran rompecabezas. Eran líneas, cuadraditos que significaban las bancas, que se separaban y se unían, etc. Alfonsín miraba con atención los espantosos dibujos como si pudieran entenderse y preguntaba detalles mientras insistía en minimizar los riesgos de mantener la elección indirecta (es facil presumir que pensaba todo lo contrario).
Finalmente dijo que todo eso sería contemplado en el artículo, que todo estaría bajo control.
Un par de horas después comenzaba a votarse el Núcleo y el primer boletín urgente de la cronista fue para dar la noticia de que los senadores se elegirían por el voto directo y no de modo indirecto como se había anticipado. Fue así, una pelea hasta último momento, tan delicada era esta cuestión.
La charla que aquí se reprodujo no pretende adjudicar ninguna influencia de esta cronista en las decisiones de Raúl Alfonsín, pero sí mostrar su interés particular tanto en la cuestión como en conocer una opinión objetiva y desinteresada de alguien que era testigo de lo que ocurría. Mientras se producía ese off the record, las negociaciones continuaban. La anécdota intenta dar fe de lo complicado que era el tema como para que el líder radical se ocupara en persona del mismo; del riesgo que se corría y, especialmente, de la humildad de un ex presidente al escuchar tan atentamente la opinión de una joven periodista que se indignaba cada vez que alguien saltaba por encima de la Constitución.
Dentro de la reforma constitucional ya se habían introducido cláusulas transitorias muy oportunas que anticiparon posibles maniobras, como la de considerar el mandato presidencial que transcurría en ese entonces, expresamente, como el primero de los dos mandatos a los que podía aspirar el titular del ejecutivo. Recordemos que la Constitución se reforma para permitir la reelección de Menem. Si se introdujo una cláusula por única vez pensada a su medida fue porque se descontaba que, si era reelecto en 1995, intentaría postularse a un tercer mandato consecutivo en 1999, algo que por supuesto ocurrió pero que Menem no pudo concretar gracias a esa cláusula. Se legisló pensando en la trampa y en la peor de las posibilidades y se legisló correctamente. Fue una forma de anticiparse a la ambición desmedida de poder de quien gobernaba al evitar que la letra de la ley dejara lugar a interpretaciones más ambiguas.
Si era previsible que Menem quisiera candidatearse al tercer mandato, también pudo ser previsible que un gobierno alterara las mayorías y minorías con un simple juego de divisiones y pretendiera quedarse con representantes del oficialismo por la mayoría y representantes del oficialismo por la primera minoría.
Hoy, Cristina Kirchner simplemente tuvo que apelar a la memoria del justicialismo y de la vieja política para manotear un recurso y resolver el problema que tendría si la composición del Consejo de la Magistratura no le era favorable.
Los legisladores que redactaron la ley del Consejo pudieron recordar esto al momento de hacerlo y haber definido con precisión de qué se habla cuando se habla de bloques de la mayoría y de la primera minoría. Por ejemplo, congelar la conformación de los bloques en un momento determinado -que puede ser al renovarse la cámara- y prohibir expresamente que se considere válida la división de una bancada, o la unión de dos o más, unas horas o días antes del nombramiento de sus representantes al organismo. ¿Cómo? Seguramente hay fórmulas que la técnica legislativa permite y los juristas pueden encontrar si la decisión política existe.
Porque, si la unión o división oportunista de los bloques en las cámaras legislativas podía representar un problema tan serio como lo es ahora -y si esto tenía antecedentes-, entonces había que preverlo e impedir la trampa.
Quejarse después o recurrir al Poder Judicial para que dirima cuestiones internas del Poder Legislativo no parece muy práctico.
La oposición debe asumir al legislar que, ahora como entonces, “ellos son más rápidos” y van a recurrir a todo tipo de componendas para pasar por encima de la Constitución como si esta fuera “poste caído”.
En una entrevista con parlamentario.com el diputado del bloque Juntos Somos Rio Negro también opinó sobre el Consejo de la Magistratura y expresó malestar: “Las divisiones de los bloques mayoritarios perjudican siempre a los bloques minoritarios”.
En una semana cargada de actividad parlamentaria, parlamentario.com dialogó con el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) e integrante del bloque Provincias Unidas, quien se refirió al debate por la Ley de Alquileres: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques para lograr un dictamen de consenso”. Por otro lado, expresó su postura respecto al conflicto por el Consejo de la Magistratura y la ruptura en dos del bloque FdT en el Senado: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación”. También opinó sobre el proyecto kirchnerista para crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.
Diputados debatió la Ley de Alquileres y luego de escuchar las diferentes voces de más de 100 expositores invitados, Domingo adelantó: “No apoyamos la derogación total porque hay aspectos de la Ley 27.551 que fueron positivos y tampoco creemos que una mayor intervención del estado sea una solución, por el contrario, agravaría aún más la situación”.
“Nosotros proponemos volver al plazo de 2 años y dejar librado a la autonomía de las partes la determinación del precio y de los eventuales ajustes durante la duración del contrato. También proponemos medidas para incentivar la formalización de los contratos que apuntan a simplificar y reducir la carga tributaria de los propietarios monotributistas”, explicó respecto al proyecto presentado por su bloque.
En ese sentido y previo a obtener dictamen, Domingo manifestó: “Estamos dialogando con diputados de otros bloques que presentaron proyectos para lograr un dictamen de consenso. Somos optimistas en lograr un acuerdo que pueda mejorar el texto de la ley y corregir los aspectos que contribuyeron a retraer la oferta de unidades en alquiler.
Cabe recordar que, durante las exposiciones con invitados, desde el sector de martilleros y corredores inmobiliarios coincidieron en que “ninguna modificación va a terminar solucionando el problema de los alquileres mientras haya tanta inflación, y estuvieron de acuerdo con la modificación de la ley, puntualmente en bajar de tres a dos años los contratos y que las actualizaciones sean de forma semestral. Mientras que los representantes de asociaciones de inquilinos respaldaron la Ley de Alquileres, pidieron que los contratos continúen siendo de tres años porque “sí da previsibilidad” y que las actualizaciones sean cada un año.
Consultado por la situación en torno al Consejo de la Magistratura y al proyecto del Ejecutivo que obtuvo media sanción en el Senado, pero que no llegó a ser debatido en tiempo y forma en Diputados, mencionó: “Nosotros presentamos desde el bloque de JSRN de Diputados el mismo proyecto que presento el senador Alberto Weretilneck en el Senado y que sirvió para introducir cambios al proyecto del oficialismo que le darán una perspectiva más federal al Consejo de la Magistratura, con abogados y magistrados elegidos por regiones”, remarcó: “Desde Diputados vamos a defender esos cambios”.
Sobre la jugada que hizo el bloque Frente de Todos de partir el espacio en dos para quedarse con un lugar en el Consejo, Domingo apuntó: “Las divisiones de los bloques mayoritarios en ambas cámaras perjudican siempre a los bloques minoritarios como el nuestro que quedan sin representación. Es una maniobra que se repite a ambos lados de la grieta”.
Por último, como exministro de economía de su provincia, sobre el proyecto oficialista que propone crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI con bienes no declarados en el exterior, expresó: “No creo que pagarle al fondo sea una prioridad en este momento cuando el primer vencimiento es dentro de 4 años”, y remarcó que “deberíamos orientar todo el esfuerzo del Estado a recomponer la macroeconomía para volver a los mercados voluntarios de deuda, y poder atender todos los vencimientos de nuestra deuda (no solo la del FMI) a tasas razonables”.
La portavoz de la Presidencia dijo que el Gobierno analiza el tema desde su comité de expertos, pero el Poder Legislativo puede “fijar su propia agenda”.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, evitó este viernes opinar sobre el debate que comenzará en el Senado, con la anuencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner, para ampliar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, aunque remarcó que el presidente Alberto Fernández tiene “preocupación” por el funcionamiento judicial y ese es uno de los temas que “trabaja” el comité de expertos que lo asesora en la materia.
Consultada por el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, la funcionaria señaló que “el Gobierno no comenta fallos de la Corte y fallos judiciales”, y que “la solución” al conflicto generado es el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que está en tratamiento en el Congreso.
Para la portavoz, la Corte “debería estar más abocada a resolver la cantidad de fallos que tiene pendiente, a impartir Justicia”. “El estado de la Justicia es una preocupación del presidente, lo dijo cada vez que habló ante el Congreso”, recordó y agregó que por eso “conformó una comisión de juristas para analizar el tema”.
“El Ejecutivo en muchas ocasiones envió proyectos al Poder Legislativo para que sean tratados, entre otros, el de reforma del Consejo de la Magistratura, que se envió antes del fallo de la Corte y que está en tratamiento y tiene media sanción”, expresó.
Sobre la controversia generada, Cerruti afirmó que “el Gobierno entiende que se trata de un conflicto de poderes entre el Poder Legislativo y la Corte. Sigue atentamente el tema y atentamente las soluciones que se está dando el Poder Legislativo para poder avanzar en la cuestión”.
Y, al ser consultada por el debate para ampliar la composición del máximo tribunal, se desligó: “En cuanto a la agenda del Poder Legislativo, la independencia de poderes indica que es el Legislativo el que fija su propia agenda, salvo cuando el Ejecutivo envía sus proyectos”.
Por otra parte, criticó que “la oposición se ha divido en el Congreso Nacional para tener los representantes en RTA y ENACOM. Cada vez que hay en disputa cargos que son para la oposición, la oposición se divide para que le correspondan a los dos bloques que integran Juntos por el Cambio, ahora hay más bloques todavía”.
“No es una novedad que Juntos por el Cambio se junta para conseguir los cargos que tienen que ver con la primera minoría, y se dividen para quedarse con los que tienen que ver con la segunda minoría”, manifestó.
Sin responder sobre la división del Frente de Todos en el Senado, pero sí recordando movimientos de la oposición en otro momento -o como oficialismo del Pro en la Legislatura porteña-, la funcionaria fustigó que “esta es una práctica habitual de Juntos por el Cambio” que tiene “doble vara”.
“Para nombrar a (Pablo) Tonelli en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa, y juntaron todos los bloques para decir que todos los era un interbloque y así poder tener un representante”, añadió.
Y completó: “Nos tienen totalmente habituados a este tipo de trampas a la política, a la democracia, lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege”.
Renta inesperada
En otro tramo de su habitual conferencia de prensa, Cerruti confirmó que el proyecto de ley para establecer un impuesto a la renta inesperada “está siendo trabajado”, pero no se va a enviar hasta que alcance el respaldo en “conversaciones previas” que se están dando desde el Ministerio de Economía con los sectores que serían alcanzados. “No queremos el hecho de enviarlo (al proyecto) y que después termine sin salir”, aclaró.
La portavoz sostuvo que este “es un tema que está en debate en el mundo” ya que “la guerra tiene consecuencias económicas graves”, pero “también está produciendo que algunos sectores crezcan mucho”, lo que provoca un incremento en “los niveles de desigualdad”.
“En esta situación excepcional del mundo es necesario que esto sea distribuido para no seguir incrementando las brechas”, sumó.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación negó la validez de la denuncia de Alejandro Fargosi contra la designación del senador de La Cámpora.
Martín Doñate “cumple con todos los requisitos legales para asumir el cargo” de consejero de la Magistratura, afirmó este jueves por la noche la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Al salir al cruce de la denuncia efectuada horas antes por el exconsejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, la funcionaria le atribuyó al mismo “un claro desconocimiento de la ley vigente” al haberse presentado ante la justicia afirmando que Doñate no puede ser miembro del Consejo de la Magistratura por no tener 8 años de profesión de abogado.
“Su presentación tuvo amplia difusión en los medios y en las redes. Estos temas legales son áridos y para saber si lo que dice es verdadero o falso, es necesario analizar leyes y fallos. Pero sus dichos, muy difundidos, generaron dudas, confusión y tuvieron repercusión política”, observó Vilma Ibarra.
A través de un hilo de tuits, la funcionaria continuó: “Yo no sé si se trató solo de desconocimiento de la ley de parte del abogado o si tuvo alguna otra intención. Pero la ley hoy vigente, teniendo en cuenta el último fallo dictado por la Corte Suprema, no exige el requisito de 8 años de abogado, el que se eliminó en 2013”.
“Es importante hacer estas aclaraciones porque estas denuncias, que se repiten y circulan, sugieren que quienes proponen al senador Doñate como Consejero en la Magistratura, incumplen la ley. Es al revés, lo que ha sostenido el abogado Fargosi está fuera de la ley”, afirmó Ibarra, que fundamentó sus dichos señalando que “el art. 4 de la ley 24.937 (1997) establecía el requisito de 8 años de abogado para ser consejero. Luego, la sanción de la ley 26.080 en el año 2006 modificó diversos artículos de la ley 24.937, pero no su artículo 4, que se mantuvo vigente”.
Ese artículo sí fue sustituido por el art. 5 de la ley 26.855 (2013). Esta ley modificó la 24.937, eliminó el requisito de 8 años y requirió para desempeñar el cargo, las condiciones exigidas para ser diputado y respeto al estado de derecho y a los derechos humanos, agregó Vilma Ibarra.
A continuación, la secretaria señaló que “esta Ley 26.855 fue declarada inconstitucional en algunos de sus artículos, no en todos, por el fallo Rizzo. Su artículo 5, que sustituía el artículo 4 anterior, no fue declarado inconstitucional y por lo tanto continuó vigente”.
“El último fallo de la CSJN (Colegio de Abogados de la Ciudad) tampoco declaró inconstitucional ese artículo que exige los requisitos para ser diputado y que sustituyó la exigencia de 8 años de profesión de abogado. Por lo tanto, sigue vigente en la actualidad”, agregó Vilma Ibarra, que concluye afirmando que “el senador Doñate cumple con los requisitos legales exigidos para integrar el Consejo de la Magistratura y eso surge de una lectura atenta de las leyes y de los respectivos fallos de la Corte Suprema. Lo demás es grueso error jurídico o falsedad para obtener rédito político”.
Alejandro Fargosi hizo una presentación para que no se le permita al senador oficialista asumir en el Consejo de la Magistratura.
El ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi presentó una impugnación contra la designación del senador Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que se recibió recién en 2015 y por lo tanto no tiene los 8 años de profesión que exige la ley para ocupar un cargo en ese organismo.
“La Corte no debiera tomarle juramento”, concluyó el abogado.
En el escrito presentado por Fargosi se recuerda que el artículo 111 de la Constitución nacional exige como requisito para ser miembro del Consejo de la Magistratura “ser abogado de la Nación con ocho años de ejercicio y tener las calidades requeridas para ser senador”.
“Tal como resulta de las fuentes públicas de información disponibles, el mencionado senador no cuenta con los ocho años de ejercicio de la profesión de abogado que requiere la ley vigente y la Constitución nacional”, señala Fargosi en su escrito, en el que destaca que esos datos resultan evidentes “ni bien se constata que Doñate culminó sus estudios de abogacía en la Universidad Empresarial Siglo XXI con fecha 2015, tal como resulta del sitio web del Directorio Legislativo”.
En sentido coincidente, el sitio web de la Universidad Empresarial Siglo XXI registra que el senador finalizó sus estudios con la presentación de un trabajo práctico con fecha noviembre de 2015. Además Doñate obtuvo la matrícula federal recién en el año 2018.
En síntesis, Doñate obtuvo su título de abogado hace 6 años y 4 meses, y comenzó el ejercicio profesional de abogado hace 3 años y 9 meses.
La legisladora de JxC sostuvo que partir el bloque en la Cámara alta fue “una artimaña más” de la vicepresidenta “en contra de la división de poderes”.
La senadora nacional de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila se refirió a la maniobra del oficialismo en el Senado para alcanzar un asiento más en el Consejo de la Magistratura, y sostuvo que se trata de “una artimaña más” de la vicepresidenta “en contra de la República”.
Para la legisladora tucumana, la decisión de partir el bloque en la Cámara alta para arrebatarle un magistrado a la oposición va “en contra de la división de poderes, en contra de la independencia del Poder Judicial”, y es “una maniobra desesperada que solamente busca la impunidad”.
En este sentido, consideró que “es preocupante” porque no sabe “qué es capaz de hacer” la vicepresidenta: “Era muy claro lo que había dicho la Corte Suprema, a través del fallo del 16 de diciembre, que teníamos que volver al equilibrio entre los distintos estamentos, y que ninguno sobrepase al otro”, señaló Ávila en declaraciones a los medios.
Además, sostuvo que la maniobra “va en contra del espíritu de la ley de un Poder Judicial absolutamente independiente”, que la “artimaña” es “prácticamente casi un fraude”, al tiempo que adelantó que cree que va a terminar judicializándose.
Finalmente, lamentó haber “perdido la oportunidad de poder hacer una muy buena ley del Consejo de la Magistratura”, y cargó contra el ministro de Justicia Martín Soria, que a su parecer “actuó prácticamente como un barrabrava cuando se enteró que del fallo”.
El senador de Juntos por el Cambio criticó la jugada del oficialismo por el Consejo de la Magistratura. También advirtió que Javier Milei “con poder, sería peligroso”.
El senador radical Martín Lousteau se sumó a los cuestionamientos al oficialismo por la división del bloque en la Cámara alta para conseguir un lugar más en el Consejo de la Magistratura. El legislador criticó a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con una duda sarcástica, no saber “por qué sigue infundiendo temor en propios y ajenos”. Además, apuntó contra el diputado libertario Javier Milei porque “con poder, sería peligroso”.
“No entiendo por qué, pero Cristina sigue infundiendo temor. Veo que hay muchos que le tienen miedo, de los propios y de los ajenos”, sostuvo el economista en declaraciones a TN sobre la reacción que suscitó la maniobra de la vicepresidenta, respaldada por el Gobierno nacional.
En ese sentido, analizó: “Hay una cuestión de base: el carácter personal. Aquellos que tenemos suficiente carácter y tranquilidad no tenemos miedo de nada de eso”, respecto a la división del bloque del Frente de Todos para que el kirchnerismo logre un representante más en la Magistratura, en detrimento de Luis Juez, que debía ser designado por la segunda minoría en la Cámara por el Frente Pro.
“Es amoral e ilegal”, remarcó sobre la jugada que lanzó la vicepresidenta este martes, poco antes de la medianoche. Y profundizó: “Si lo que hace Cristina fuera la norma, cada vez que tengo una mayoría lo suficientemente grande la parto y me quedo con la primera minoría, la segunda. Eso es absolutismo, no es representación de la minoría”.
A su vez, lanzó: “Está obsesionada hace mucho tiempo con sus temas personales. No le preocupa avasallar ni lo legal ni lo moral en aras de conseguir el objetivo que está buscando”.
En otro tramo de la entrevista, Lousteau se refirió al diputado de La Libertad Avanza Javier Milei y lo definió como “un populista de derecha. Peca de liviandad sobre la Argentina y habla en eslóganes. Me preocupa el carácter. ¿Qué es el carácter? Sin poder se maneja como se maneja. Si tuviera poder, sería peligroso“.
“Me parece peligroso que defina nuestro futuro alguien que niega el cambio climático. Alguien que niega los derechos de la mujer me parece peligroso. Alguien que cree que aquellos que no piensan como él son ‘zurdos de mierda’, es peligroso”, continuó Lousteau.
Y lo comparó con la vicepresidenta: “Si a veces vemos a Cristina avasallando las instituciones, si alguien con esas características tuviera poder, sería igual o peor”.
Por último, analizó los discursos de Milei y cuestionó que “lo que propone no existe en Estados Unidos, en Reino Unido, Suecia, Japón, Europa. No sé dónde existe”, y cerró: “Me hace acordar muchas veces a la izquierda: propone un modelo que es lindo en eslóganes pero que después no se verifica en ningún país del mundo. Los argentinos estamos hartos del nivel del Estado y del debate político. Ahora, cuando preguntan por respuestas concretas, ninguna caminaría”.
Luego de que el jefe del bloque oficialista impugnara la decisión de Sergio Massa de respetarle a la UCR un lugar en el Consejo de la Magistratura, el titular del bloque UCR le reclamó al santafesino “no robarle un cargo a la oposición como hizo Cristina”.
El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, le respondió al presidente del bloque Frente de Todos, Germán Martínez, quien presentó un amparo para intentar impedir que la diputada Roxana Reyes (UCR) jure como miembro del Consejo de la Magistratura.
El diputado oficialista reclamó para el bloque del Frente de Todos el puesto que el miércoles el presidente de la Cámara, Sergio Massa, comunicó al Consejo de la Magistratura que corresponde a la UCR, por ser la bancada radical la segunda minoría en Diputados.
El argumento de Martínez, al que Negri consideró “flojo de papeles”, es que el oficialismo tiene solo un consejero en la Magistratura por la Cámara de Diputados.
Negri recurrió a sus redes sociales para “refrescar la memoria de Martínez y evitar que siga con su campaña de confusión ante la opinión pública”. Para ello, el diputado radical recordó que, en 2018, cuando se eligieron los consejeros de la Magistratura, todos los bloques peronistas se unieron para quedarse con las dos bancas de la mayoría en el Consejo. Esto incluyó una alianza del kirchnerismo, el peronismo de los gobernadores y el massismo. Así fue como los dos candidatos fueron Eduardo de Pedro (La Cámpora) y Graciela Camaño (entonces en el Frente Renovador). Juntos por el Cambio logró el consejero de la minoría para el Pro (Pablo Tonelli).
“Germán, en 2018 los 2 consejeros designados por la mayoría fueron De Pedro y Camaño, candidatos de la unidad de todo el peronismo. La minoría fue para el Pro (Tonelli). Deberías reclamarle a Camaño que se sume a tu bancada, no robarle un cargo a la oposición como hizo Cristina”, le respondió Negri a Martínez por Twitter.
Luego, Negri explicó a Martínez que la Corte Suprema, en su fallo de diciembre de 2021 en el que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner en 2006, decidió reponer provisoriamente -hasta que haya una nueva ley- la norma original de 1997, que incluía un consejero para la segunda minoría, es decir para el tercer bloque con más legisladores. “No se está designado ahora un consejero por la mayoría que se votó en noviembre de 2018, sino uno por la segunda minoría que tendrá mandato hasta noviembre de este año”.
“La Corte puso en vigor la ley de 1997 y repuso el consejero por la segunda minoría, que es el tercer bloque con más miembros. Esto lo entendió Massa porque los números no mienten y la ley es clara. La UCR tiene 33 diputados, el Pro 50 y el FdT 118. No podrán engañar a la Justicia”, recalcó Negri a Martínez por Twitter.
Negri aclaró también que el kirchnerismo no puede pretender que en el Senado se designe a un consejero por la segunda minoría y en Diputados intentar designar un consejero por la mayoría “solo porque la alianza panperonista que forjaron hace cuatro años se desarmó y hoy Camaño está enrolada fuera del Frente de Todos”, bloque que, a su vez, fue creado en diciembre de 2019, es decir un año después de la designación de los consejeros. “Martínez está embarrando la cancha, como lo intentó hacer su bloque en el Juzgado de Paraná. Esto terminará de la misma manera, con un papelón judicial”.
“La única verdad es la realidad”, le dijo más tarde Negri al oficialismo, al difundir el acta donde se ven las firmas de los diputados de extracción peronista en 2018 proponiendo la dupla De Pedro – Camaño para el Consejo de la Magistratura. “Firmaban Rossi, Camaño, Solá, Grosso, etc. –recordó Negri-. Ahora quieren robarnos un cargo porque ellos se pelearon. ¡No podrán!”.
7225-D-2018-1El senador presentó este jueves una denuncia en los tribunales de Comodoro Py contra la presidenta de la Cámara alta y la acusó de “inobservancia de los deberes de funcionario público”.
El senador nacional Luis Juez (Frente Pro – Córdoba) se presentó este jueves por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la maniobra que armó desde el Senado de dividir su bloque en dos para poder meter un legislador afín en el Consejo de la Magistratura.
“Denuncio a la Sra. Cristina Fernández de Kirchner en tanto como presidenta del Senado de la Nación, incurrió en el delito de inobservancia de los deberes de funcionario público peticionando al Señor Procurador Fiscal promueva la acción penal pública que corresponda”, sostuvo Juez en la presentación que radicó ante el fiscal federal Guillermo Marijuan.
En declaraciones a Infobae, Juez sostuvo: “Vengo a denunciarlo en la fiscalía de Marijuan, que está de turno, porque él intervino en una denuncia que me hicieron a mí en la época del kirchnerismo. Así como en su momento le pedí que me investigara hasta que fui sobreseído, vengo a denunciar para que investiguen esta situación”.
La denuncia penal del senador del Pro contra Cristina fue posterior a otro escrito que había presentado junto a su colega del Humberto Schiavoni en el fuero Contencioso Administrativo en el que buscaban anular la designación del senador kirchnerista Martín Doñate por las presuntas irregularidades en la designación.
El cargo le correspondía a Juez por ser parte de la segunda minoría, pero la presidenta del Senado partió el bloque del Frente de Todos para que se lo quede Doñate.
En el descargo, el legislador del Pro apunta contra la vicepresidenta por no cumplir con la ley: “Comparezco a los efectos de formular denuncia penal en contra de la Presidenta del Honorable Senado de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, en virtud del haber incumplido la nombrada, la ley 24.937, en tanto obliga a la misma a comunicar al Consejo de la Magistratura, a quien resulte, el Senador propuesto para integrar el Consejo, en nombre del bloque de la segunda minoría, y a propuesta de tal bancada”.
En tanto, explica que Cristina debería haberlo propuesto a él y no a Doñate y hace un repaso de cómo estaba compuesto el Senado. “El 10 de diciembre del 2021, se configuró una composición del Senado donde el mayor número de legisladores se agruparon en el bloque parlamentario al cual se denominó Frente de Todos”, arranca.
“La Unión Cívica Radical, por número de Senadores, quedó como primera minoría parlamentaria. El Partido Pro, al ser tercero en cantidad de integrantes, se erigió como segunda minoría”, agrega y concluye: “Ese cuadro, refleja la voluntad popular expresada en las urnas en el mes de noviembre del 2021, y ningún artilugio retorcido puede quebrar aquello que el electorado libremente decidió”.
El jefe del Frente de Todos presentó una acción de amparo contra la decisión del presidente de la Cámara baja, al tiempo que envió una carta al presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura.
Tal como lo adelantó al expresar su disconformidad con la designación de la diputada radical Roxana Reyes como consejera, el jefe del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare “inválida” la resolución de Sergio Massa, al tiempo que exigió a Horacio Rosatti, presidente de la Corte y el Consejo de la Magistratura, que no permita la asunción de la legisladora.
“Lo anticipé ayer. Como Presidente de Bloque @Diputados_Todos presenté un amparo pidiendo la nulidad de la designación de la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura. La solicitud recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 11 a cargo del Dr. Martín Cormick“, reveló este jueves el santafesino en su cuenta de Twitter.
Además, el presidente de la bancada oficialista señaló que le pidió mediante una carta a Rosatti que “se abstenga de tomarle juramento a la diputada Reyes en el Consejo de la Magistratura”.
“Es ilógico que el bloque con mayor representación parlamentaria (Frente de Todos) tenga UN solo diputado en el Consejo de la Magistratura. Y que Juntos por el Cambio tenga DOS representantes”, argumentó.
En esa línea, en la misiva enviada a Rosatti, Martínez señala: “Advertirá usted que, de aceptar la integración al cuerpo de la Dra. Reyes, se producirá una sobrerepresentación del espacio Juntos por el Cambio, que pasará a tener dos diputados dentro del Consejo, considerando que ya forma parte del mismo el Dr. Pablo Gabriel Tonelli”.
“El Frente de Todos tendrá la representación de tan solo una diputada, la Sra. Vanesa Siley y el interbloque Federal, por su parte, tendrá también una representante, la Dra. Graciela Camaño”, continua.
En la carta, el diputado destaca “la complejidad que reviste la determinación del criterio de definición de lo que cabe considerar como ‘el bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’ conforme al artículo 2, inciso 3, de la Ley 24.937, y su modificatoria ley 24.939”.
Pero le pide al juez que “se abstenga de adoptar cualquier medida u acto que implique la concreción de la aludida designación hasta tanto se consensue en el seno de la Cámara de Diputados el criterio mediante el cual deberá completarse la representación del estamento de los diputados y las diputadas para el período 2018/2022”.
Asimismo, Martínez insiste que, de asumir Reyes, se “atentará contra el equilibrio y representación de las fuerzas políticas que deben integrar el Consejo”.
Por otra parte, en la acción de amparo presentada contra la decisión de Massa, Martínez enfatiza que “se trata de una resolución dictada con vicios en la causa, objeto, competencia y procedimiento”.
“La resolución adoptada avasalla el principio republicano y el gobierno representativo y, por ende, el federalismo al avanzar sobre los principios establecidos tanto en la Constitución Nacional como por una ley formal del Congreso de la Nación”, apunta, solicitando que se declare “inválida” y se así también la “ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad” de la designación de Reyes.
Denuncia-SolaA su vez, se refirió a la resolución que firmó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en la que designó a Reyes al Consejo de la Magistratura: “Entiendo que el presidente hizo lo que corresponde a sus funciones”.
La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) se metió en la discusión sobre la composición del Consejo de la Magistratura y acusó a la oposición de defender al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que presida órgano judicial y, de esa manera, “sacar propuestas de jueces que le garanticen impunidad a Mauricio Macri” y advirtió que “es muy grave lo que está pasando”.
“Lo importante es que se siente Rosatti en el Consejo de la Magistratura presidiendo algo que hoy no sucedía. La Constitución no dice eso, en absoluto dice eso, está fuera de la ley”, aseveró la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura en declaraciones radiales.
Para Siley “las decisiones que adopte el Consejo son muy importantes para todos los días, aunque no tenga un efecto inmediato en la gente”, con lo cual “es muy grave lo que está pasando”.
“Como decía Cristina (Fernández de Kirchner), si quieren hacer política que se presenten a elecciones: este tipo de jueces ya tienen su partido político que es Juntos por el Cambio”, señaló la legisladora nacional.
En ese sentido, Siley consideró que “hay que manifestarse, hay que movilizarse, pero después tenemos un deber como espacio político que es gobernar para la gente y ganar elecciones”.
“Hablan de República, pero trabajaron y trabajan porque hay justicia vacante. El objetivo que venga Rosatti es quedarse con mayoría. Antes no teníamos ninguno mayoría. No avanzaron en consensos y, ahora, quieren conformarse una mayoría propia para sacar las propuestas de jueces que le garanticen impunidad a Macri”, analizó la diputada del FdT y planteó: “Vamos a ver qué es lo primero que hacen”.
La diputada nacional hizo referencia además a la decisión adoptada este miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para designar a la radical santacruceña Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación: “Entiendo que el presidente hizo lo que corresponde a sus funciones”, al sostener que, “una cosa es el rol institucional de Massa y otra la del jefe de nuestro bloque, Germán Martínez“, en referencia a la diferente actitud adoptada por ambos dirigentes del Frente de Todos.
Martínez dejó expuesto su desacuerdo con la resolución firmada por Massa para designar a Reyes, al sostener que “esa resolución la composición de los 4 miembros va a quedar en contradicción por lo dispuesto en el inciso 3 art 2 de la ley del Consejo sancionada en 1997 señaló el santafesino en una conferencia de prensa desarrollada en el salón de los Pasos Perdidos.
Para el senador oficialista la decisión de haber designado a un consejero por la oposición “fue un gesto de grandeza y de convocatoria a consensuar la nueva ley”.
El senador nacional Mariano Recalde abrió la puerta este jueves a que el proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura se pueda modificar en la Cámara de Diputados y finalmente aprobarse.
“Estoy convencido que existen chances”, afirmó sobre el futuro de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara baja antes del plazo dado por la Corte Suprema al Congreso en diciembre pasado.
Para el camporista, quien integra el Consejo, “la decisión política que se tomó de parte del presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y de la presidenta de la Cámara de Senadores (Cristina Kirchner), de mandar dos nombres, uno de cada color político, fue un gesto de grandeza y de convocatoria a consensuar la nueva ley“.
Así, reafirmó que “es factible” incorporar cambios que logren los apoyos necesarios. Y explicó: “La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé la posibilidad de que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente yo creo que podría ser una opción para destrabar y que salga la ley”.
En ese sentido, el porteño explicó que el proyecto habla textualmente como se menciona en la Constitución Nacional, de que el estamento de los jueces debe “incluir integrantes de todas las instancias”, esto sería primera instancia, camaristas y cortesanos.
Sobre el debate que tendrá que tener Diputados, y la propuesta de la legisladora Graciela Camaño sobre que la Corte forme parte pero no que presida el Consejo, Recalde señaló: “No sé la decisión que tomarían, yo creo que hay apertura a discutir modificaciones“.
“Lo que tenemos que hacer es sancionar una ley, porque no puede ser que nos rijamos por un decreto casi de facto de la Corte Suprema”, enfatizó en declaraciones a radio Futurock.
El senador kirchnerista opinó, por otra parte, que la recomposición de la conformación anterior del Consejo, con 20 miembros, hará un funcionamiento “más complicado” ya que esa “fue una integración que no funcionó muy bien y por eso se modificó hace 16 años”.
“El resultado de estos últimos 16 años fue mejor. No digo que fue perfecto, porque es complicado, y para designar o remover jueces se requieren mayorías muy elevadas que requieren consensos y acuerdos que no siempre se logran. Ahora va a ser más difícil. Espero que sea provisorio y podamos sancionar una ley como corresponde”, insistió.
Sobre las discusiones en torno a los espacios que corresponden por el Congreso, el legislador observó que “es difícil determinar cuál es la segunda minoría, en base a qué criterios, a qué bloques”. Pero defendió: “La oposición tiene dos bloques, esto que pasa ahora con el oficialismo, pasa con la oposición. ¿Por qué ellos van a elegir dos utilizando la distribución de sus senadores de una manera determinada, y no se puede hacer del otro lado? Está dentro de las reglas”.
“Parece que no se está dando cuenta de la magnitud del problema”, lanzó la senadora kirchnerista, que además se refirió a la división del bloque oficialista y aseguró “es para multiplicarnos”.
La senadora nacional María Inés Pilatti Vergara reprochó al presidente Alberto Fernández que no se haya pronunciado sobre la controversia por el Consejo de la Magistratura, órgano que ella integra actualmente.
“La verdad que yo hubiera querido que se exprese. Insisto sobre la gravedad institucional y parece que el presidente no se está dando cuenta de la magnitud del problema en el que estamos insertos todos los argentinos, no solamente los consejeros o los diputados y senadores”, lanzó.
En diálogo con AM750, la legisladora fue consultada por los dichos del jefe de Gabinete, Juan Manzur, quien este jueves dijo al ingresar a Casa Rosada: “Hoy la instrucción que tenemos del presidente es no hablar de política”.
“Por suerte, de política se habla en el Congreso, porque el Congreso es el poder político por excelencia y tratamos de actuar en consecuencia”, expresó la chaqueña.
Además, aseguró que espera “que más temprano que tarde, lo más pronto posible, podamos darle sanción al proyecto de ley que envió el Ejecutivo en su momento, si bien no es una panacea, es un mal menor”.
En ese sentido, cuestionó la iniciativa oficialista, que igualmente votó a favor días atrás, pero enfatizó que peor beneficio trae al Consejo la restitución de la norma de 1997.
Por otra parte, la senadora que se referencia en Cristina Kirchner, pero en la división de los bloques quedó dentro del Frente Nacional y Popular, calificó a la vicepresidenta como “líder y conductora”.
“Esta decisión de dividir los bloques me parece lo más atinada. Funcionalmente nos es más cómodo estar divididos en dos bloques, para la discusión, para los trabajos parlamentarios. No tiene que ver absolutamente en una división política, catastrófica. No, no, es dividirnos para multiplicarnos. Tampoco se coman la curva”, resaltó.
Sobre la decisión de la Corte respecto al Consejo, la oficialista expresó: “El estado de sorpresa ya lo superé, pero persisto en la preocupación terrible, porque se me hace que estamos como en ascuas”.
“Más allá de la gravedad institucional que significa esta maniobra de la Corte Suprema a partir del fallo del mes de diciembre, estamos ahora en una suerte de laguna legal en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que es una incógnita día a día”, agregó.
“Cuando entras en un estado irregularidad total, la incertidumbre es plena”, dijo y se preguntó sobre “cuál es la causa verdadera, cuál es el poder, cuál es la manía de la Corte de invadir el Consejo de la Magistratura”.
En cuanto a la representación de los distintos estamentos, Pilatti Vergara señaló que en el caso de abogados y jueces “es habitual que ganen las listas conservadoras”. “Todos esos representantes después votan sistemáticamente, y hoy votan a la par de lo que vota (el diputado Pablo) Tonelli o (la senadora Silvia) Giacoppo“.
En esa línea, consideró que “tener más integrantes les asegura a ellos (la oposición) tener un voto que les permita ir eligiendo a los jueces en Comodoro Py que tienen que ver con sus intereses”.
Y al ser consultada sobre “qué intereses representa” el presidente de la Corte y el Consejo, Horacio Rosatti, la senadora respondió: “No sé si representa los intereses de Juntos por el Cambio, pero los que no son populares, seguro”. “Es asombrosa la conducta y el proceder de este cortesano”, añadió.
Además, en el escrito presentado por Humberto Schiavoni y Luis Juez se solicita que se haga cumplir el fallo de la Corte.
Los senadores Humberto Schiavoni y Luis Juez presentaron este jueves una ejecución de sentencia para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema y declarar nulo el decreto mediante el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner designó al rionegrino Martín Doñate como consejero. El expediente se tramita en el juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3, Secretaría 5.
Luego de la decisión de la titular del Senado, que nombró a un senador de La Cámpora a raíz de la división que hubo del bloque oficialista, lo que convirtió a Unidad Ciudadana en segunda minoría en lugar del bloque Pro -que preside Schiavoni-, Juntos por el Cambio anticipó que iría a la Justicia.
En el escrito, los legisladores opositores mencionan que “habiendo vencido el 15 de abril pasado el plazo de 120 días corridos dispuesto en autos en la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 16 de diciembre de 2021” para sancionar una nueva ley sobre el Consejo de la Magistratura, inician un “proceso de ejecución de sentencia” contra la Cámara de Senadores “a fin de que se proceda a designar” como representante al Consejo al senador Juez y a Schiavoni como suplente.
“Motiva adicionalmente esta solicitud el hecho que, con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente”, agregan.
Y consideran que ese hecho representa una “notoria violación a las disposiciones de la ley 24.937”, que es la ley del Consejo de 1997, la cual había sido reemplazada en 2006, pero que la Corte Suprema restituyó el lunes pasado al declarar inconstitucional la 26.080.
En la presentación, Juez y Schiavoni recordaron que el pasado 13 de abril, en la antesala de que venza el plazo dado por la Corte, solicitaron a CFK la designación de los consejeros titular y suplente por la segunda minoría, que en ese momento era el Pro; y que el 19 de abril reiteraron dicho pedido.
“Resulta claro que el incumplimiento por la Sra. Presidenta de la Cámara de lo solicitado por nuestro Bloque importa un notorio e ilegal desconocimiento de la autoridad de la sentencia de la Corte Suprema”, señalaron.
Y explicaron que “lo que solicitamos en esta presentación no se ve en nada afectado por la ‘novedosa’ división del bloque del Frente de Todos en el Honorable Senado de la Nación y el Decreto DPP 33/22 de la Presidenta de la Cámara designado como consejeros titular y suplente a los senadores Doñate y Snopek, división que, no solo resulta inoponible a nuestra solicitud en tanto extemporánea, sino que además debe considerarse fraudulenta y, por lo tanto, inválida”.
En ese sentido, remarcaron que “el derecho a designar a los representantes de dicha minoría en el Consejo de la Magistratura corresponde al bloque que constituía la segunda minoría al tiempo en que la sentencia debió haber sido cumplida. Y no cabe ninguna duda que al 15 de abril el Bloque Frente Pro revestía dicho carácter”.
Así, los senadores del Pro consideraron que la ruptura de la bancada oficialista se trató de “una medida artera, simulada y manifiestamente fraudulenta y tendiente a vulnerar una ley de orden público de enorme relevancia institucional en especial en lo que hace a la independencia del Poder Judicial”.
“Si se permitiera a la mayoría parlamentaria modificar su bloque con el único objeto de vulnerar el derecho de una minoría parlamentaria, se admitiría afectar el derecho subjetivo de esa minoría a estar representada en el Consejo de la Magistratura, tal como lo persigue la Constitución Nacional y su ley reglamentaria 24.937”, sumaron.
También, los opositores consideraron que el decreto de la vicepresidenta designando a Doñate “debe ser fulminado de manera instantánea con la pertinente declaración de nulidad absoluta e insanable”.
Los dos bloques en que se dividió el Frente de Todos tienen referencias bien definidas: unos reportan a los gobernadores, los otros a Cristina. Pero hubo un detalle que obligó a reorganizar los nombres de las listas.
No todos los senadores del oficialismo sabían de la movida que se estaba gestando para arrebatarle a Juntos por el Cambio el consejero en la Magistratura por la segunda minoría. Tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los actores que orquestaban la operación. Un senador del bloque más grande confesó este miércoles por la mañana que al menos él se había enterado de la partición del bloque a las 23.30. Sucede que el factor sorpresa era clave para garantizar el éxito de la operación.
Según pudo saber parlamentario.com, quienesestuvieron a cargo de la parte organizativa fueron muy puntillosos en el armado de las listas, al menos en la parte numérica, cuestión de evitar que en una contraofensiva les desbarataran la jugada. Pero se ve que el esmero puesto en los números no fue el mismo con los nombres. Ya veremos por qué.
La consigna clara era poner de un lado a los senadores que tuvieran gobernadores propios, y del otro a los más referenciados en el Instituto Patria. Así es que por ejemplo el jujeño Guillermo Snopek pasó a revistar en Unidad Ciudadana; lo mismo que el chubutense Carlos Linares, o la neuquina Silvia Sapag, aunque ella está muy identificada con Cristina Kirchner. Del mismo modo Sergio “Oso” Leavy no tuvo problemas en dejar el bloque de José Mayans. La excepción que confirma la regla es la santacruceña Ana María Ianni, que no podría estar en un bloque que no sea el que se referencie en la vicepresidenta.
El que no quiso saber nada con cambiar de bloque, según trascendió, es el correntino Carlos “Camau” Espínola, en cuya provincia gobierna un radical, y así y todo se quedó en el Frente Nacional y Popular.
Llamó la atención que allí estuviera la chaqueña María Inés Pilatti Vergara, integrante del bloque original de Unidad Ciudadana, pero se interpretó su presencia en el Nacional y Popular en que ella sí tiene un gobernador propio, Jorge Capitanich.
Pero no, pasa que ella ya es consejera de la Magistratura. Lo mismo que Mariano Recalde, quien figuraba originalmente en el bloque Unidad Ciudadana. Con toda lógica para un camporista de la primera hora. El tema es que cuando se anunció quién sería el miembro de la segunda minoría que Cristina Kirchner mandaría al Consejo, el también camporista Martín Doñate (Río Negro), cayeron en cuenta que era un contrasentido que la segunda minoría tuviera dos senadores, en tanto que la “mayoría” contaba con uno solo.
Por eso fue que pasado el mediodía comenzaron a circular las listas definitivas y allí se reubicó al porteño Mariano Recalde -que obviamente no reporta al jefe de Gobierno- en el bloque de Mayans. Y para mantener los números en orden hubo que mandar a alguien del bloque de 21 miembros al de Unidad Ciudadana, y la elegida fue la puntana María Eugenia Catalfamo, de buena relación con el kirchnerismo.
El constitucionalista aclaró que la maniobra del oficialismo en el Senado para elegir un miembro para el Consejo de la Magistratura es “legal”.
Antes de resolver el tema de la designación de un legislador como consejero de la Magistratura en Diputados, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para consultarlo sobre los bemoles constitucionales del tema.
Entrevistado en Todo Noticias, el especialista confirmó la reunión con Massa para analizar “un eventual conflicto que podía escalar”. Contó que le planteó distintas alternativas, precisamente “para que esto no escalara en un conflicto”.
Para el constitucionalista, la Corte Suprema falló “de forma correcta”, y remarcó que él siempre sostuvo que el proyecto vigente “era inconstitucional”.
“Hace muchos años que lo vengo diciendo. El fallo está bien, pero rompió con la lógica de sus antecedentes”, se explayó Gil Domínguez, que recordó que en otros casos, como la causa “Riachuelo” o “jubilados”, la Corte dictaba un plazo razonable para que el Congreso se expidiera y sino volvía a intervenir. “Haber otorgado un plazo de 120 días, con efectos concretos de la reposición de la ley, había generado problemas de naturaleza política”, reconoció el constitucionalista.
Destacó que ahora el fallo se ha cumplido formalmente, “no hay un desconocimiento del fallo”, dijo, rechazando muchas de las críticas expresadas durante los últimos días, por ejemplo la que habla de “golpe institucional”. “No existen los golpes institucionales -aclaró-. Es un oximorón, la institucionalidad nunca genera un golpe”.
Gil Domínguez explicó en el programa Una vuelta más que “la Corte estaba ejerciendo sus funciones, podemos discutirlas, si está bien o no, los años que se tomó para dictar sentencia”, pero en líneas generales insistió en que el fallo es correcto.
Y ante la consulta de la maniobra realizada por el oficialismo, Gil Domínguez señaló que “Cristina no fue original, copió la estrategia de Juntos por el Cambio de 2015, cuando ni siquiera dividieron el bloque”. Reconoció que la jugada que entonces le permitió a Cambiemos quedarse con un consejero a expensas del Frente para la Victoria le pareció mal entonces, lo mismo que le parece mal ahora. Pero aclaró que “se puede hacer legalmente; en 2015 fue impugnada y la justicia lo desechó”. Y además acotó que en 2018 pasó algo parecido.
¿La Corte puede modificar esto?, le preguntaron, a lo que Gil Domínguez respondió que “en la medida que (Horacio) Rosatti le tome juramento a (Martín) Doñate, que es el consejero del conflicto, ya la cuestión se vuelve abstracta”.
El presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura tomó el juramento a cuatro de los seis nuevos miembros del organismo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación, Horacio Rosatti, tomó juramento a las consejeras representantes de la magistratura, la abogacía y el ámbito académico y científico.
Las doctoras Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez prestaron juramento en un acto celebrado en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia, del que participaron el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y el ministro decano, Juan Carlos Maqueda.
De tal manera no juraron aún los dos legisladores designados este miércoles, en medio de gran polémica entre el oficialismo y la oposición: el senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes.
Estuvieron presentes los consejeros Diego Molea (académico), Ricardo Recondo (juez), Juan Manuel Cullota (juez), Carlos Matterson (abogados del interior del país), Pablo Tonelli (diputado), Silvia Giacoppo (senadora) y Diego Marías (abogados de la Capital Federal). También, el secretario general de Administración de la Corte, Héctor Marchi, y el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller.
Presenciaron el acto integrantes de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura y familiares de las nuevas consejeras.
Eso expresó el jefe del bloque radical en Diputados luego de que el legislador oficialista anticipara la “impugnación de la resolución” que firmó Sergio Massa al designar a Roxana Reyes ante el Consejo de la Magistratura.
Tras conocerse la resolución por la cual el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, comunicó al Consejo de la Magistratura la designación de la radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría en la Cámara baja, el jefe del bloque UCR, Mario Negri, destacó: “El presidente de la Cámara baja no ha hecho más que reconocer y acatar lo que mandó la Corte”.
“La emergencia institucional en Argentina no ha desaparecido. En el Senado lo que sigue en juego tiene la misma gravedad institucional que venimos advirtiendo desde un comienzo”, señaló el titular del bloque UCR en Diputados.
Negri se refirió luego al anuncio formulado por el titular de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, sobre una posible impugnación a esa resolución: “Germán Martínez corre el riesgo de hacer el mismo papelón que hizo el diputado Marcelo Casaretto, quien acudió al juez de Paraná Daniel Alonso en búsqueda de un ridículo fallo contrario a una sentencia de la Corte Suprema”.
“Nos preocupa mucho lo del Senado, no hay que bajar la guardia. El oficialismo parece no tomar dimensión de lo que están haciendo. La inflación vuela, la tensión social es tremenda, y ellos jugando con cuestiones de extrema gravedad. Cristina y el kirchnerismo llevan a situaciones de elevado nivel de tensión social y política al país”, sostuvo Negri.
Y agregó: “En el Senado es tanto el barbarismo, que de 4 integrantes se quieren quedar con 3. Con tantos problemas de inflación, de desocupación, de inseguridad, creen que la gente no se da cuenta de estas cosas. Impugnaremos en el Consejo de la Magistratura la designación de Doñate. Incluso evaluaremos una posible sanción penal”.
“Además, el presidente se metió hoy al barro a través del jefe de Gabinete para convalidar la violación de la Constitución y el atropello al Poder Judicial y sus decisiones. Es una franca obsesión por controlar la Justicia para que no se avance en la investigación de hechos del pasado. Perdí ya toda capacidad de asombro al escuchar al jefe Gabinete decir que se dividen solo porque no les gusta la ley, y que eso está bien. Han hecho barbarismo constitucional”, finalizó el diputado cordobés.
Por su parte, Reyes agregó que esto es algo “que está en el ADN del kirchnerismo y de Cristina Fernández de Kirchner. Ella quiere todo, no acepta límites, se lleva puesta la República, la división de poderes. Su única agenda es la impunidad y el dominio de la Justicia. Hay un toque de brutalidad, es gravísimo”.
“En Santa Cruz, durante mucho tiempo, manipuló los sistemas electorales, los sistemas de control, la Justicia; pusieron la reelección indefinida, la ley de lemas; está el caso del fiscal Sosa que nunca fue restablecido pese a un fallo de la Corte”, sumó.
Y señaló que Cristina Kirchner “está perdiendo el estilo, ahora ya hace cosas que causan gracia, como fue echar mano a un juez inferior para intentar suspender una orden firme de la Corte Suprema”.
“Sergio Massa demoró la resolución, no debería haber dudado. Pero finalmente priorizó la continuidad y el funcionamiento de las instituciones. Hizo lo que tenía que hacer. Hubiera sido muy difícil continuar trabajando en la Cámara de Diputados si no tomaba esta decisión”, finalizó Reyes.
Desde el bloque presentaron otra nota solicitando la designación de Luis Juez y Humberto Schiavoni como miembros correspondientes al Senado por la segunda minoría. Denunciaron la maniobra del FdT de dividir el bloque para nombrar 3 consejeros.
Mientras en Diputados Sergio Massa firmó la resolución para designar a la radical Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, en el Senado la situación continúa discutida. En ese marco, el Frente Pro volvió a presentar una nota ante el Consejo de la Magistratura para que se nombre a los senadores Luis Juez como consejero titular y a Humberto Schiavoni como suplente en su carácter de representantes de la segunda minoría en la Cámara alta.
En ese marco solicitaron al titular del Consejo de la Magistratura y presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, abstenerse de “proceder a tomar juramento a cualquier senador que no sea el propuesto por el bloque Frente Pro por la segunda minoría” de la Cámara alta.
Desde el bloque recordaron que el Congreso de la Nación no sancionó una nueva ley que reglamente el Consejo de la Magistratura dentro del plazo que dio la Corte Suprema de 120 días el cual venció el pasado 15 de abril. En ese sentido, denunciaron que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, “no cumplió con su obligación de completar la integración del Consejo con el senador por la segunda minoría”.
El Frente Pro propone al senador cordobés Luis Juez como consejero titular y al presidente del bloque, Humberto Schiavoni, como consejero suplente, conforme a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 2 de la Ley 24.937.
En tanto, advierten de la maniobra del oficialismo de dividir el bloque en dos de forma “ilegítima” con el fin de “quedarse con 3 de los 4 consejeros por esta Cámara” y adelantaron el rechazo a dicha medida que “solo busca vulnerar el equilibrio que dispone nuestra Constitución Nacional, el espíritu de la Ley 24.937 y lo resuelto por el máximo tribunal”.
A su vez, adelantaron su impugnación a la designación de cualquier otro senador distinto al propuesto por el bloque porque “viola el equilibro exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional”.
Doc-20-de-abr.-de-2022-4.55Además, el jefe del bloque oficialista en Diputados adelantó que analizarán en términos jurídicos la resolución para hacer una denuncia en sede judicial.
Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cediera a la presión de JxC y firmara la designación de la radical Roxana Reyes al Consejo de la Magistratura por la segunda minoría, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, rechazó el nombramiento de la diputada opositora y anticipó que analizará en términos jurídicos junto a su equipo la resolución para “impugnarla y hacer una denuncia en sede judicial”.
“Hace minutos hablé con el presidente de la Cámara de Diputados y le transmití que no estoy de acuerdo con la resolución firmada respecto de la designación de la diputada nacional Roxana Reyes de la UCR como integrante del Consejo de la Magistratura”, informó desde el Salón de los Pasos Perdidos.
En ese sentido, Martínez explayó: “Habida cuenta de la resolución la composición de los 4 miembros que la Cámara de Diputados tiene que enviar, entre ellos están los enviados del 2018, por ende, va a quedar claramente en contradicción con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada a final de 1997”.
“Va a quedar de una manera muy particular somos el bloque parlamentario con mayores miembros y nos correspondería dos integrantes. Vamos a quedar con un solo integrante que es la diputada Vanesa Siley”, explicó el titular del bloque oficialista y sumó: “JxC va a quedar con 2 diputados, Roxana Reyes y Pablo Tonelli, que viene en ese lugar desde 2018, y el tercer interbloque minoritario en cantidad es el que preside el diputado Alejandro Rodríguez, que designa a Graciela Camaño”.
En ese marco, procedió a leer de forma textual el artículo 2 inciso 3 de la Ley que regula la figura del Consejo de la Magistratura: “A tal efecto los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.
“A mi criterio eso queda en claro incumplimiento y pedí a la Cámara la resolución, que ya circula en redes, y voy a analizarla en términos jurídicos y a realizar una impugnación para hacer la denuncia en sede judicial”, lanzó Martínez y reiteró: “Estoy en desacuerdo con la designación de Reyes, vamos a pedir formalmente la resolución y analizar la posibilidad de una impugnación”.
A su vez, remarcó que está “en vínculo permanente con el presidente de la Cámara, Sergio Massa, tenemos la confianza de compañeros, de amigos, de poder plantear las diferencias sobre la resolución que ha firmado. Se lo comunique primero a él por respeto”.
Por otro lado, se distanció de lo que ocurre en la Cámara de Senadores: “Sobre lo que va a ser tanto el bloque de JxC como la decisión que tomó el Senado, no es de m incumbencia no me corresponde, no es mi ámbito”.
“Tengo que valorar la resolución exclusivamente en función de que soy presidente de un bloque y de los intereses de mi bloque a los cuales represento y en ese sentido entiendo la resolución que deja sub representado a mi bloque que es el más numeroso de la Cámara de Diputados, voy a leerlo, a analizarlo con mi equipo y a hacer la impugnación”, sostuvo el santafecino y cerró: “Me parece que se rompe la idea de equilibrio con esta decisión. Voy a trabajar para mejorar la ley del Consejo de la Magistratura”.
Fue luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmara la resolución. En tanto, el jefe del bloque radical pidió que se “rectifique la nominación del senador K”.
Pasado el mediodía de este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y firmó la designación de la diputada radical Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura, en medio de la jugada que hizo el Frente de Todos en el Senado de dividir el bloque oficialista en dos para convertir a Unidad Ciudadana en la segunda minoría y, así, dejar sin chances al Pro para poder designar al senador Luis Juez.
En ese contexto, el titular del bloque UCR en la Cámara baja, Mario Negri, lo celebró a través de las redes sociales: “El presidente de la Cámara de Diputados firmó la designación de Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de Magistratura”, y le dejó un mensaje a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado: “Cristina Kirchner se burló de la ley y del fallo de Corte. ¡Debe rectificarse la nominación del senador K!”.
En una resolución que firmaron en conjunto, las autoridades del Congreso formalizaron los nombramientos de los nuevos consejeros.
En una resolución conjunta, pero con decisiones de diferente tenor, Sergio Massa y Cristina Kirchner firmaron este miércoles la resolución designando a los dos nuevos consejeros: mientras el presidente de la Cámara baja cedió a los reclamos de Juntos por el Cambio y nombró a la diputada de la UCR Roxana Reyes, la vicepresidenta, en virtud de la reciente fractura del bloque oficialista, envió al órgano judicial al senador kirchnerista Martín Doñate, desplazando así al macrista Luis Juez, pedido por la oposición.
La controversia llegó a su punto máximo este lunes cuando la Corte Suprema de Justicia tomó el control del Consejo ante el vencimiento del plazo dado al Congreso -en diciembre pasado- para sancionar una nueva ley, la cual tuvo media sanción en el Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara de Diputados.
El reclamo de Juntos por el Cambio para que se designen como consejeros a dos legisladores por su espacio se hizo más fuerte, pidiendo esos lugares para la diputada Reyes y el senador Juez, por ser la UCR en Diputados y el Pro en el Senado la segunda minoría, como lo establecía la ley de 1997 que la Corte restituyó al declarar inconstitucional la ley de 2006 que había llevado el Consejo de 20 a 13 miembros.
Pero en la noche de este martes, en una jugada orquestada por CFK, el bloque Frente de Todos en la Cámara alta se partió, quedando por un lado el Frente Nacional y Popular, con 21 miembros, y el de Unidad Ciudadana, con 14 integrantes, convirtiéndose así este en la segunda minoría y desplazando al Pro, con 9 senadores.
En Diputados la estrategia no fue la misma, pues la bancada no se iba a partir.
En la antesala de las juras de los nuevos consejeros, este miércoles, pasadas las 16, se conoció la resolución en la que las autoridades del Congreso designaron finalmente a los consejeros: mientras Massa cedió al pedido de la oposición, Cristina se aseguró un representante más de su núcleo duro en el órgano encargado de seleccionar y remover jueces.
Nota-CONG.-1Doñate se sumará a sus pares María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde. Por JxC ya es consejera la radical Silvia Giacoppo.
En tanto, por Diputados, Reyes se acoplará al macrista Pablo Tonelli. Las otras diputadas consejeras son Vanesa Siley, del Frente de Todos, y Graciela Camaño, de Identidad Bonaerense.
La resolución establece que el eventual reemplazante de Reyes es el catamarqueño Francisco Monti; mientras que el de Doñate es el jujeño Guillermo Snopek.
Tras varias reuniones por Zoom, la Mesa Nacional de la coalición opositora emitió un comunicado en el que afirma que las minorías que deben ser designadas son las que existían al momento del fallo del máximo tribunal.
Tras la jugada del Frente de Todos en el Senado de dividir el bloque oficialista en dos para convertir a Unidad Ciudadana en la segunda minoría y, así, dejar sin chances al Pro para poder designar a un senador –Luis Juez– en el nuevo Consejo de la Magistratura, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio ratificó que a su espacio le corresponden los dos consejeros por el Congreso que deben asumir.
Tras varios Zoom realizados este miércoles, los líderes de la coalición opositora emitieron un comunicado en el que afirman que “los representantes de las minorías que deben ser designados en el Consejo de la Magistratura son las vigentes al momento del fallo del máximo tribunal”, esto es el lunes pasado.
Durante el encuentro por videoconferencia, los dirigentes de la principal oposición acordaron notificar al presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosatti, “respecto a los bloques que deben integrar el Consejo y los elegidos: el senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes”, del Pro y la UCR, respectivamente.
En el texto, insistieron que “los representantes de las minorías que deben ser designados en el Consejo de la Magistratura son las vigentes al momento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Esa posición, explicaron, se fundamenta en “ratificar que las minorías son las vigentes al momento del fallo; y partir el bloque representa una maniobra engañosa para construir fraudulentamente una primera minoría con el objeto de desnaturalizar la designación de un consejero, que por derecho corresponde a la oposición (ratificar concepto de minoría al momento del fallo)”.
También, la Mesa Nacional afirmó que “con esta maniobra se está impidiendo hacer operativo el fallo de la Corte e inhibir la Constitución del Consejo de la Magistratura”.
“Ante esta ‘gravedad institucional’ la Corte tiene que intervenir en forma urgente fijando la modalidad y alcances para la conformación del Consejo de la Magistratura”, agregaron.
El senador kirchnerista fustigó a Juntos por el Cambio por su reacción y pidió no “desaviar la atención” sobre el “golpe de Estado” que, a su juicio, se realizó sobre el Consejo de la Magistratura.
Tras la decisión del Frente de Todos de partir el bloque en el Senado, en medio de la controversia por el Consejo de la Magistratura, el senador kirchnerista Oscar Parrilli manifestó que la división responde a una “necesidad de mostrar una realidad política” y señaló que ambas bancadas quedaron entre quienes “vienen de Unidad Ciudadana y quienes responden a los gobernadores”.
“Más allá de que somos un interbloque, estaban estas dos procedencias; por eso la decisión que se tomó”, afirmó Parrilli, que ante la reacción que provocó la noticia, pues se presume es por la polémica en torno al Consejo, el oficialista fustigó que Juntos por el Cambio “intenta ver en los demás las acciones que ellos llevan adelante”.
El neuquino resaltó que “no debemos desviar la atención. Hemos sufrido un golpe de Estado institucional a un órgano como es el Consejo de la Magistratura por parte de dos jueces nombrados a dedo por (Mauricio) Macri“, en alusión a Horacio Rosatti -titular del máximo tribunal- y Carlos Rosenkranzt.
Asimismo, subrayó que el poder del presidente de la Corte “excede los límites de cualquier democracia”, y acusó que “estamos frente a una Corte macrista para que no avance ninguna de las causas que hay contra él (en referencia a Macri)”.
“Están al servicio de los intereses políticos de Macri, para defender el espionaje que llevaron adelante. Ése es el objetivo del Consejo de la Magistratura, que no avance ninguna de las causas que le imputan”, insistió en diálogo con FM La Patriada.
El senador, que era propuesto por el Pro para ocupar el Consejo de la Magistratura, criticó la maniobra del oficialismo al dividir el bloque.
El senador nacional Luis Juez, quien era propuesto desde Juntos por el Cambio para ocupar por el Pro una banca en el Consejo de la Magistratura ante la restitución de la antigua composición, criticó este miércoles la maniobra realizada por el oficialismo en la Cámara alta al dividir el bloque.
En declaraciones a Urbana Play, el cordobés consideró que la vicepresidenta “Cristina Kirchner tiene pánico” de la Justicia y “quiere trabar el Consejo de la Magistratura”. “Ella (por CFK) va a poder darse el lujo de poner amigos, esa es la verdadera maniobra: administrar la justicia como unidad básica”, apuntó.
Además, el legislador observó que “cuando las cosas están mal hechas, están mal hechas. Boludearon 118 días y decidieron avanzar con la ley en la última semana; estos plazos no se manejan como si fuera la cuenta del almacenero de la esquina”.
En cuanto a la ley que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en diciembre pasado, Juez expresó: “Yo vengo planteando la inconstitucionalidad desde 2006, cuando era uno de los cultores de la transversalidad. Es cierto que se tardaron 16 años en declararla inconstitucional, pero juntá (por el Frente de Todos) los diputados que te faltan para modificar la ley y hace las cosas por derecha. Cambiá la ley por otra ley, no con una maniobra artera a las 12 de la noche”.
“No estamos discutiendo un caramelo más. Es una cuestión de fondo que quieras quedarte con una banca en el Consejo de la Magistratura”, agregó.
Y tras asegurar que “nos acaban de dar pie para presentaciones judiciales”, el senador comparó: “Ellos pueden ganar en los 90 minutos, pero quieren comprar el VAR, el árbitro, la FIFA y la AFA”.
