El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo un martes pleno de gestos y mensajes. Al mediodía, acompañó al presidente de la Nación en el acto del Consejo Económico y Social, donde al hacer uso de la palabra habló de establecer con la oposición "políticas de Estado para darles a los argentinos”.

Habló en su discurso de “la posibilidad de que los diferentes se sienten a acordar políticas públicas para hacer un llamado a todos los sectores políticos de la Argentina”, tras recordar que este no es un año electoral, abonó la idea de que precisamente por eso sea un año en el que “sentados en una mesa, Gobierno y oposición podamos darles a los argentinos políticas de Estado alrededor de la educación, desconcentración federal de la Argentina, economía del conocimiento… Tenemos la oportunidad de dar respuestas”.

Por la noche, al participar de la velada en la que la asociación Conciencia celebró sus 40 años de vida, el jefe de la Cámara de Diputados repitió, sino las mismas palabras, el mismo espíritu. Lo hizo ante una audiencia en la que había empresarios y sindicalistas, ONGs y dirigentes oficialistas y opositores.

Entre un evento y el otro, Massa participó por la tarde de un homenaje organizado por el presidente del bloque radical, Mario Negri, para el senador nacional (MC) Hipólito Solari Yrigoyen. Del encuentro participaron numerosos dirigentes de la UCR, entre ellos su titular, el gobernador Gerardo Morales.

Fortalecido luego de los resultados que esa búsqueda de consensos tuvo en la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la que personalmente negoció con los jefes de la oposición para alcanzar un resultado como el que se verificó en la votación posterior, Massa se muestra convencido de la necesidad de alcanzar una suerte de “Moncloa argentina” y con ese objetivo prepara una carta dirigida a todos los líderes parlamentarios.

Así lo confirmaron ante parlamentario.com fuentes cercanas al presidente de la Cámara, que precisaron que la convocatoria formal la haría pública durante los primeros días de abril.

En ese marco, trascendió que esa convocatoria abarcará ejes clave como transformación de planes sociales por planes empleo, cadena de valor del litio, aumento de las exportaciones, medioambiente y lucha contra el narcotráfico.

En la carta, además, planteará a los presidentes de bloque que hagan propuestas. Y convocará a crear un ámbito en el Congreso que se eleve por sobre las discusiones cotidianas.

En el marco de la presentación de la "agenda productiva federal" del Consejo Económico y Social, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, anunció este martes un paquete de iniciativas que se propondrán al Ejecutivo desde ese ámbito, algunas de las cuales se transformarán en futuros proyectos de ley.

"En materia de calidad institucional, respondiendo al mandato del presidente, vamos a presentar en el transcurso de este año las propuestas de Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, será un proyecto de ley; y la la carrera profesional de innovadores gubernamentales del Estado, con el máximo nivel de transparencia en los procesos de selección", expresó el presidente del Consejo durante el acto en el Centro Cultural Kirchner.

También habló del "Código de Ética y el Observatorio de Ética Judicial que varias provincias tienen en marcha y que tenemos que consolidar a nivel nacional" y, en su enumeración, mencionó "la Agencia Nacional para la Prevención de la Violencia y la propuesta de implantación de los juicios por jurados, para juzgar, entre otros, los delitos de corrupción pública que son la peste de nuestra democracia".

Durante la presentación, de la que también formaron parte el presidente Alberto Fernández; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el titular de la Cámara baja, Sergio Massa; entre otros, Béliz reiteró las intenciones de darle rango por ley al Consejo Económico y Social que preside, idea que desde el Gobierno mencionan desde 2020.

"También vamos a elevar al Poder Ejecutivo la propuesta de otorgarle rango legal a este Consejo Económico y Social. No están todos los que tienen que estar en este Consejo, lo queremos ampliar, lo queremos extender al resto del país y el proyecto de ley va a dar un sentido de esto dinámico pero también inclusivo", explicó.

Por otra parte, aunque sin mayores detalles, el funcionario afirmó que se presentará un proyecto para "profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común". "Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia", agregó.

"No lo estamos haciendo solos, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer", destacó.

Además, Beliz expresó: "Desde este ámbito nos hemos puesto de acuerdo en el proyecto de ley de industria automotriz y electromovilidad, sobre la construcción, sobre lo agrobioindustrial, sobre el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, sobre la industria audiovisual y la ley de economía del conocimiento, sobre la política estratégica del turismo".

"No son anécdotas, no son solo buenas intenciones, estamos demostrando con estos proyectos de ley que el acuerdo y el consenso es posible en la República Argentina", completó.

Por Emiliano Russo

El Gobierno anticipó su agenda legislativa para diciembre y también para las sesiones extraordinarias previstas para el verano próximo: si bien aparecen como prioritarios el tratamiento del Presupuesto 2022 y un plan económico plurianual que destrabe el acuerdo con el FMI, también en el menú hay varios proyectos discutidos en el Consejo Económico y Social (CES), un organismo conducido por el enigmático Gustavo Beliz que tiene como objetivo definir políticas de desarrollo de mediano plazo.

Son iniciativas que se enmarcan en el imaginario de un oficialismo que intenta “vender” para afuera y también hacia adentro, por ahora con suerte dispar, un modelo de producción y trabajo en el que ha estado trabajando el CES con la participación de empresarios, académicos y sindicalistas, pero sin representantes de la oposición. Este jueves el ministro Julián Dominguez presentaría el proyecto de Agroindustria, pero también el Ejecutivo desearía que tengan pronto tratamiento legislativo el de “electromovilidad” -para impulsar medios de energía alternativos-, o el de cannabis medicinal y cáñamo. En las gateras aún están el fomento al Turismo y la regulación del hidrógeno, ese combustible “milagroso” por el que el oficialismo espera una multimillonaria inversión de una empresa australiana en los próximos años tal como lo hizo saber Presidencia en la reciente cumbre climática de Glasgow.

Con la nueva integración del Congreso, con una mayor paridad por los escaños que ha sumado Juntos por el Cambio, no le será fácil al oficialismo poder dar pronto tratamiento a estos proyectos. Pero la intención de empujarlos e incluirlos en la agenda legislativa es parte de la estrategia de mostrar al Fondo que hay “un rumbo”.

Es en este marco en el que se inscriben los proyectos que formaron parte de las discusiones del Consejo Económico y Social. Una fuente del organismo adujo que el CES sería el “quincho” donde se consensuan las propuestas surgidas en los ministerios. Un ejemplo de esta dinámica sería lo sucedido con el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial, que busca fomentar el desarrollo de la cadena productiva, además de promover la participación de las cooperativas del sector y de las PyMEs. Fue presentado hace meses por el ministro Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) ante consejeros y el propio Beliz.

Con la nueva integración del Congreso, con una mayor paridad por los escaños que ha sumado JxC, no le será fácil al oficialismo poder dar pronto tratamiento a estos proyectos.

El proyecto de Agroindustria también se trató durante la 10° reunión plenaria del Consejo, pero tendrá como protagonista del anuncio al ministro Domínguez, en el marco de una iniciativa que aborda uno de los grandes desafíos del sector: agregar valor a los productos agrarios para crear empleos y aumentar el ingreso de divisas vía exportaciones.

En octubre pasado, el Gobierno presentó un proyecto de ley de Promoción de la Movilidad Sustentable, que fue trabajado por Desarrollo Productivo y puesto a consideración del CES. La iniciativa, anunciada luego de una recorrida por la planta de Toyota, en Zárate, por parte del presidente Alberto Fernández, declara de “interés nacional y estratégico” el diseño, el desarrollo y fabricación de medios de movilidad propulsados por energías alternativas, donde las baterías de litio tendrían preponderancia. Además, tiene por objetivo la reconversión y la utilización de vehículos sustentables, de producción nacional y plantea una serie de beneficios fiscales para estimular la demanda y promover una fuerte inversión en la industria automotriz.

“Distinto es el caso de lo que pueda salir de la Mesa del Hidrógeno, que busca regular la actividad y se discute en las comisiones del Consejo”, explicó la fuente consultada sobre la posibilidad que directamente surja un anteproyecto desde el organismo. Fue en este marco que el pasado 27 de octubre se llevó a cabo el Segundo Diálogo Público Privado “Oportunidades del Hidrógeno en Argentina y Potencial Régimen de Promoción”, durante el cual referentes del sector conversaron acerca del potencial del país para la producción y exportación de hidrógeno nacional al mundo.

El fomento al Turismo interno ya fue discutido por la institución y hoy está a consideración del ministerio a cargo de Matías Lammens, que ha iniciado una ronda de consultas con los distintos eslabones de la actividad. Se estima que la iniciativa parlamentaria sería presentada en los próximos días.

El reciente lanzamiento del Consejo Económico y Social, encabezado por el presidente de la Nación Alberto Fernández, ha suscitado todo tipo de debates y posiciones en la esfera política de la Argentina. Es un ámbito institucional creado con el propósito de intercambiar y resolver sobre cuestiones fundamentales para el país, en materia de políticas económicas y sociales, en el difícil contexto que está atravesando nuestro país y el mundo entero a raíz de la pandemia por Covid-19. 

No se trata de una medida tan novedosa, dado que el primer anuncio fue previo a la pandemia y formó parte, de hecho, de la campaña electoral de Fernández. Desde luego, los efectos que la misma ha provocado en la economía del país resignifican sus tareas, que se vinculan, según el presidente, con la recuperación económica y social, con eje en educación, empleo, jubilaciones, economía popular, desarrollo regional y ciencia y tecnología. Todos ellos tópicos centrales para el desarrollo del país. Sin embargo, no constituye una mera mesa de diálogo en la que consensuar en materia de salarios y políticas sociales sino también en la que elaborar y desarrollar proyectos productivos a mediano y largo plazo. 

En la historia argentina se han sucedido, en distintos momentos históricos, otras iniciativas de este estilo, tendientes a lograr un objetivo fundamental en situaciones de crisis: que las patronales y las representaciones sindicales de los trabajadores se sienten en la misma mesa, dejando diferencias de lado y tratando de consensuar una línea económica en común para superar contextos adversos. Sin ir más lejos, el famoso Pacto Social Gelbard que impulsaron Perón y Gelbard en 1973 constituye un fuerte antecedente. Anteriormente, a mediados de la década de 1950, el peronismo había impulsado el Congreso Nacional de la Productividad y Bienestar social, que sin dudas significó un cambio en los parámetros intercambio entre los actores sociales más relevantes, tanto en términos objetivos como simbólicos. Es innegable, asimismo, la experiencia que este tipo de consejos ha constituido en otros países. En concreto, el Consejo Económico y Social español –uno de los modelos tomados por Argentina –se ha convertido en un ejemplo para los consejos del mismo tipo en el resto de los países de Europa. 

El hecho de que se haya acelerado la creación del Consejo responde, sin dudas, a la decisión del Ejecutivo Nacional de ofrecer a los mercados internacionales –y en especial al Fondo Monetario Internacional –una mayor certeza económica basada en el consenso interno entre sectores estratégicos de la sociedad. Los temas más relevantes de la reunión fueron, en efecto, la inflación, la deuda externa –de la que se logró una importante reducción –y el problema salarial. El gobierno nacional ya venía dando algunas muestras de la intención de avanzar en ese sentido, con declaraciones del Ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre el objetivo de lograr que el salario crezca más que los precios y, también, alrededor de la necesidad de estabilizar el cambio como forma de estabilizar la economía. No se trata del único guiño al bolsillo de los trabajadores: se estima que uno de los objetivos del Consejo será la eliminación del impuesto a las ganancias, un reclamo que ha cobrado cada vez más fuerza del lado de las representaciones sindicales. 

A cargo de la presidencia del recién inaugurado Consejo se encuentra Gustavo Béliz, actual secretario de Asuntos Estratégicos, y hombre de larga relación con Alberto Fernández. La elección de Béliz claramente tiene que ver con experiencia que lo precede, ya que hace treinta años que se desempeña en tareas vinculadas con el desarrollo social, económico e institucional, cumpliendo funciones incluso en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha formado parte de diferentes gabinetes peronistas, en el gobierno del exmandatario Carlos Menem y también del expresidente Néstor Kirchner, en el que se desempeñó como ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.  

Sin lugar a dudas, decisiones de envergadura que se tomen considerando no uno sino varios puntos de vista serán más eficientes, funcionales y contribuirán de una mejor forma al bienestar común, más si se tiene en cuenta que se trata de instancias de diálogo institucionalizadas y en las que el Estado juega un rol primordial. En los últimos años, los diferentes caminos adoptados desde los ámbitos de gobierno han resultado infructíferos en la resolución de problemas económicos tanto coyunturales como estratégicos, es por ello que el camino elegido por el actual Ejecutivo, en común con los distintos ministerios y representantes de todos los sectores estratégicos de la economía y la sociedad resulta más que auspicioso para la superación de dificultades económicas que, aunque muchas vienen de arrastre, se han profundizado aún más con las consecuencias de la pandemia. Los resultados están por verse, pero es innegable que el funcionamiento de una instancia multisectorial constituye un claro avance en ese sentido y un acierto del gobierno como apuesta al diálogo. Lo único que pide el pueblo argentino es que se puedan tomar las medidas pertinentes para lograr un plan de diez años en materia económica para poder sacar adelante a la República Argentina. 

Diputados nacionales de la UCR cuestionaron la ausencia de los partidos políticos en el Consejo Económico y Social presentado este viernes por el presidente Alberto Fernández. Remarcaron que sin la búsqueda de un amplio consenso está destinado a fracasar.

Mario Negri, titular del bloque, afirmó que “es incomprensible la ausencia deliberada de los partidos políticos y de representantes del Parlamento en el lanzamiento del Consejo Económico y Social. Las políticas de largo plazo deben consensuarse con las fuerzas que se alternan en el gobierno y con quiénes hacen las leyes”.

“El consenso para enfrentar la crisis de hoy y para diseñar un futuro sustentable es imprescindible. Pero no puede hacerse sin el respaldo de los actores políticos que deben llevarlo adelante. No hay más tiempo para entretenimientos inconducentes”, agregó Negri.

Alfredo Cornejo señaló que “el discurso sobre el diálogo de Alberto Fernández fue de una falsedad absoluta. Excluyó deliberadamente a la oposición de la presentación del Consejo Económico y Social. El Consejo fracasará sin un plan económico y sin consenso.

En el mismo sentido se expresó Carla Carrizo: “Lamento que el Consejo Económico y Social excluya a los partidos políticos. ¿Supone que el modo en que la política gestiona lo público está bien y que no es parte de un problema estructural a modificar? Se asume así que lo de Verbitsky y las vacunas es casual. Sabemos que no es así”.

Álvaro de Lamadrid aseguró que “el presidente Alberto Fernández llama a lo que no hace: dialogar. No puede dialogar, porque Cristina Kirchner no dialoga ni reconoce pares, gana tiempo para redoblar la apuesta e imponer. Por eso el Consejo Económico y Social es una farsa pour la galerie. No hay plan. Todo es para que parezca en el Gobierno.

Claudia Najul recordó que “en Mendoza armamos un Consejo Económico y Social con participación de todos los partidos con representación legislativa la y los ex gobernadores. El Consejo Económico y Social de Alberto Fernández  discrimina a los que pueden cuestionarlo. Va camino a ser el Instituto Patria versión light”

Luis Petri, por su parte, insistió en que “Decir que apela al diálogo sin convocar a la oposición es cinismo e hipocresía, no hay otra definición posible.

El Poder Ejecutivó enviará al Congreso un proyecto para consagrar el flamante Consejo Económico y Social, que fue lanzado este viernes en el Centro Cultural Kirchner por el presidente Alberto Fernández y que será encabezado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

“Tenemos el mandato del presidente de que este Consejo se consagre a través de una ley que será enviada al Congreso y que reflejará las lecciones aprendidas de estas deliberaciones que son enormemente desafiantes y demandantes”, informó Béliz durante la presentación ante ministros, funcionarios, gobernadores, dirigentes gremiales y empresariales.

El Consejo estará dedicado a discutir políticas en torno a cinco áreas (Productividad e Integración Social; Medio Ambiente y Cambio Climático; Futuro del Trabajo; Seguridad Alimentaria y Cuidados; y Democracia Innovadora), en el marco de 30 mesas de trabajo.

Béliz explicó que se contará con un consejo asesor de rango internacional integrado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias; la economista Mariana Mazzucato; y los expresidentes de Chile,  Ricardo Lagos; de Brasil, Dilma Rousseff; y de Uruguay, José “Pepe” Mujica.

También participarán como asesores los economistas Jeffrey Sachs, Luigino Bruni, José Antonio Ocampo; la secretaria general de la CEPAL, Alicia Bárcena; y la secretaria general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Rebeca Grynspan.

Con un llamado al diálogo, el presidente Alberto Fernández dijo que no cree que "los argentinos seamos una sociedad que nació genéticamente para odiarse", aunque "algunos nos han hecho creer que el secreto es estar el uno contra el otro".

Esos métodos "nos han dejado donde estamos", señaló el mandatario, en referencia a que vivimos "en medio de una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual" y "una comunidad que condena al 40% de los argentinos a vivir en la pobreza, una comunidad donde los ingresos se concentran y no se distribuyen adecuadamente".

"Lo moral de la política es llamar al otro a construir una sociedad más igualitaria", sostuvo Fernández, que agregó: "La ética en la política no es solo no robar, eso es un valor agregado, garantizado, asegurado, no debe estar en discusión. La ética en la política es sacar del pozo al que está en el pozo. La ética de la política es que todos crezcan y tengan posibilidad de crecer".

El presidente destacó que en el Consejo "tienen que sentarse todos los argentinos". "Yo no tengo ni idea cuántos opositores hay acá, porque a nadie le pregunté lo que piensa, están acá en representación de sectores sociales, de instituciones de la economía, de instituciones los trabajadores, de los movimientos sociales, no tengo ni idea si son oficialistas o no lo son. Pero sí de lo que estoy seguro es que están convocados para que de una vez por todas construyamos un país con otra lógica, que es la lógica del diálogo, del encuentro", enfatizó.

Para el jefe de Estado, "acá hay que hablar de todo, pero básicamente hay que hablar del futuro del país. ¿Qué país queremos? ¿Cómo lo construimos? ¿Qué compromisos asumimos cada uno de los que estamos acá?". "Esto no es una mesa para ver qué interés predomina, es una mesa para ver cómo los intereses confluyen hacia el desarrollo común", insistió.

"Si bien es cierto que el capitalismo existe, también es cierto que el capitalismo debe ser repensado a la luz de la experiencia que la misma pandemia nos ha marcado", reflexionó y aseguró que "no es posible pensar una economía sin ética, la economía no es números, la economía es una ciencia humanista aunque nos hayamos olvidado de eso".

Por su parte, Béliz expresó que esta es "una iniciativa largamente reclamada, diseñada y soñada por distintos sectores". "Convocamos a este Consejo porque creemos en la cultura del encuentro, en la potencia de la amistad social y en lo imperioso del desarrollo humano-integral", manifestó.

El funcionario indicó que "este Consejo tiene que ser la voz de los que no tienen voz, de los descartados, de los que están en el basurero de la historia, de los que no tienen un lugar en la mesa de los argentinos y argentinas".

El secretario de Asuntos Estratégicos consideró que “ingenuidad es pensar que tenemos un país con desarrollo humano integral caminando divididos, pensando fracturados o suponiendo que una parte de Argentina se puede imponer sobre la otra”.

“Tenemos que ser capaces de poner en marcha una inteligencia colectiva, un espíritu colaborativo, pensando en los que más están sufriendo, sabiendo que solamente podemos salir del pozo recordando aquella frase de que ‘para un argentino no hay nada mejor que otro argentino’”, afirmó Béliz.

Además, destacó que el Consejo cuenta con apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). “El sistema de Naciones Unidas en su conjunto va a estar alimentando esta discusión”, resaltó Béliz.

Los diputados Pro Cristian Ritondo y Silvia Lospennato proponen la creación del Consejo Nacional Económico Social (CONAES), para brindar asesoramiento en la búsqueda de los consensos necesarios para el desarrollo productivo, económico y social de nuestro país.

El consejo estará integrado por una mesa directiva con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios. Los consejeros serán representantes del jefe de gabinete, de los diputados y senadores respetando la proporción de fuerzas de ambas cámaras, de las entidades gremiales, de organizaciones empresariales, y de colegios profesionales, universidades y otros actores económicos y sociales. Todos los miembros trabajarán ad-honorem.

Al fundamentar el proyecto, los diputados afirmaron que la iniciativa propone institucionalizar la función consultiva, un pilar fundamental de todo estado moderno. Se propicia alcanzar una participación caracterizada por la “discusión” en un marco institucional, con reglas claras, que canalice intereses y demandas entre los sectores representados.

El CONAES, que funcionará bajo la órbita del Congreso, propone ser un vehículo para la participación de los actores sociales y económicos en la planificación de la política productiva, económica, social y laboral del país, a través de espacios de diálogo y consenso entre el Gobierno y los agentes económico sociales, con el fin de promover la generación de fuentes de trabajo sostenible, con énfasis en las MiPyMES.

El consejo estará facultado a emitir opinión, informes o propuestas sobre decretos, proyectos de ley, o programas con impacto económico, social y laboral, que sean iniciativa del Poder Ejecutivo o del legislativo, además de presentar propuestas propias en materia económica, social y laboral.

Además, el CONAES actuará como órgano colegiado consultivo de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de los gobiernos provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires en materia económica, fiscal, social y laboral.

El senador Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos) propicia la creación del Consejo Económico, Social y Ambiental de la República Argentina (CONESARA) como órgano consultivo del Poder Ejecutivo Nacional, que permita desarrollar “políticas públicas a largo plazo”, algunas de las cuales podrían dar soluciones en situaciones de crisis como ocurre en la actualidad con la pandemia del Covid-19.

Cabe consignar que el presidente ya se ha mostrado favorable a un consejo de esas características, y durante el verano incluso comentó que tenía decidido el envío al Congreso de un proyecto en ese sentido, pero fue uno de los temas postergados por la pandemia.

La iniciativa ingresada por la mesa de entrada del Senado, establece la actuación del organismo “en materia socioeconómica, laboral y ambiental”, que promueva la participación ciudadana mediante “la concertación y el consenso de los distintos sectores sociales”, gremial, industrial, que fomenten “la producción sostenible” en todo el país.

Desde ese contexto, se hace hincapié en el compromiso con “el progreso económico y social a través de la generación de fuentes de trabajo sostenibles, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas”, y un enfoque destinado a “consolidar el federalismo, los valores democráticos, la convivencia y la unidad nacional, con especial énfasis en las problemáticas regionales, a efectos de diagramar estrategias comunes”.

La necesidad de contar con un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, va en línea al planteo que el propio presidente Alberto Fernández, formalizó durante la Asamblea Legislativa del pasado 1 de marzo, donde habló sobre la necesidad de “abrir cauces de participación novedosos en nuestro sistema democrático”.

Al respecto, Rodríguez Saá se remitió a expresiones del jefe de Estado, que en esa oportunidad se pronunció sobre un futuro órgano consultivo de reactivación al sostener: “Queremos que sea el motor no sólo de políticas de Estado, sino de políticas de la sociedad. Los sectores del trabajo, de la empresa, de los movimientos sociales y de la comunidad científica y tecnológica también serán convocados”.

De ser aprobado, el CONESARA estará conformado por ministerios del gabinete nacional (Trabajo, Desarrollo Social, Economía, Salud, Interior y Desarrollo Sostenible) legisladores de ambas cámaras, junto a representantes de los distintos sectores: agropecuario, comercio, servicios, construcción y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Las organizaciones sindicales, movimientos sociales, universidades nacionales y representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), formarán parte del órgano consultivo.

Rodríguez Saá, consideró necesario un órgano consultivo nacional, en línea con experiencias de algunas provincias –como San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otras–, que ya poseen Consejos Económicos y Sociales en sus respectivas jurisdicciones.

La iniciativa le otorga al Consejo funciones y atribuciones de “emitir recomendaciones y dictámenes facultativos sobre los asuntos de su competencia”, como así también “elaborar estudios e informes para el desarrollo de políticas económicas y sociales” que den respuestas a las “necesidades y demandas de la sociedad”.

Además, podrán desarrollar “una gestión sostenible y adecuada del ambiente para la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible”.

El diputado nacional por Santa Fe Enrique Estévez presentó en el Congreso el proyecto de ley para la creación de un Consejo Económico, Social y Político, un órgano para brindar asesoramiento permanente al poder ejecutivo en materia económica, social, laboral y productiva, pero que también tenga poder de decisión.

“Seguimos insistiendo en la necesidad de crear un Consejo Económico, Social y Político. Poder sentar a todos los representantes de la sociedad argentina en una mesa y planificar políticas públicas a mediano y largo plazo, es clave para el crecimiento sostenido de nuestro país”, argumentó Estévez, y dijo que “en esta crisis económica y social es fundamental la participación de todos los actores sociales en la toma de decisiones”.

Asimismo, el dirigente socialista manifestó que “este órgano asesor y consultivo para compartir diagnósticos y propuestas que visibilizan las diferentes realidades” debe ser “una política de Estado más allá de los gobiernos de turno”.

Además, Estévez recalcó que el mismo debe ser “federal”, y contar con la presencia de todos los gobiernos provinciales. “Con un país con un territorio tan vasto y disímil, tenemos el gran desafío que todos los sectores estén representados. Estamos convencidos que sin una mirada federal del país va a ser muy difícil poder resolver los problemas que tenemos”, argumentó el santafesino.

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“Este proyecto de ley pretende fortalecer las instituciones representativas e incorporar a la cultura política de nuestro país la idea básica de la institucionalización de la concertación y el consenso”, contó el diputado Enrique Estévez, y acotó: “Es necesario realizar acuerdos

perdurables en el tiempo que nos permitan sortear la crisis, recuperar la confianza, y retomar la senda del crecimiento”. “Como argentinos nos debemos un plan estratégico de desarrollo a mediano y largo plazo, más allá de los colores políticos”, enfatizó.

“El contexto económico y social nos obliga a que, una vez por todas, terminemos con la grieta. Hoy más que nunca Argentina nos necesita unidos, lejos de especulaciones políticas coyunturales, porque la desigualdad que padecen nuestros niños y jóvenes nos impide pensar en un futuro en donde se garanticen todos los derechos”, señaló el legislador nacional. “No podemos pensar en un futuro de crecimiento si en nuestro país 1 de cada 2 jóvenes menores de 14 años son pobres”, expresó Estévez, e indicó que “este flagelo se produce en una economía estancada que no crea empleo desde hace 8 años”.

Con la misión de constituir un ámbito estratégico de deliberación, consulta y

concertación plural, este Consejo Económico, Social y Político tendrá, con participación igualitaria y alternancia, representantes del sector trabajador y del sector empresario, del Estado nacional y de las universidades nacionales, de las provincias, de las cooperativas y mutualidades, de las asociaciones culturales y artísticas, de las asociaciones gremiales de profesionales, de las organizaciones juveniles y del movimiento estudiantil universitario, de los jubilados y pensionados, de los usuarios y consumidores, de los pueblos originarios, de organizaciones de mujeres y colectivos LGBTIQ+, de las organizaciones de derechos humanos, de las asociaciones o entidades ecologistas o ambientalistas, de las organizaciones de desocupados, y de los partidos políticos.

Desde el regreso de la democracia, el Partido Socialista ha insistido varias veces en la creación de este órgano asesor y consultivo; el histórico dirigente socialista Guillermo Estévez Boero, había planteado en 1988 la necesidad crear este Consejo en el ámbito nacional, idea que también fue promovida casi dos décadas más tarde por Hermes Binner cuando fue legislador nacional.