La iniciativa busca que el sector empresario participe de manera directa en la definición de políticas y herramientas de promoción destinadas a fortalecer el desarrollo productivo, el empleo y las economías regionales.
El senador nacional Ezequiel Atauche presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 25.300 de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de incorporar a representantes de las asociaciones civiles de las MiPyMEs al Consejo Federal del sector. La iniciativa busca dar participación directa a las entidades empresarias en el ámbito donde se definen criterios y políticas de promoción para estas empresas.
El proyecto (S-1143/26) propone incorporar un inciso al artículo 44 de la Ley 25.300 para que el Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incluya a dos representantes de asociaciones civiles que nuclean a las MiPyMEs y cuenten con reconocimiento nacional. Asimismo, encomienda a la autoridad de aplicación la definición de los mecanismos de selección de esos representantes.
En los fundamentos de la iniciativa, Atauche señala que el Consejo Federal fue creado para unificar criterios entre las distintas jurisdicciones del país y velar por una aplicación equitativa de los instrumentos de promoción destinados a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, advierte que actualmente el organismo está integrado únicamente por los ministros de Producción de las provincias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el secretario nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, sin participación directa del sector empresario.
Según el legislador jujeño, el objetivo es que las empresas alcanzadas por la normativa tengan voz en la mesa donde se discuten las políticas destinadas al desarrollo de la actividad. Para ello, propone incorporar a representantes de entidades que expresen las necesidades de las economías regionales y de los distintos sectores productivos del país.
El proyecto sostiene que una mayor participación de actores privados contribuiría al fortalecimiento del entramado productivo nacional, integrado mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas. También plantea la necesidad de avanzar hacia esquemas de gestión más horizontales, que favorezcan la interacción entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil afectadas por las decisiones públicas.
Para respaldar la propuesta, Atauche menciona experiencias de articulación público-privada desarrolladas en distintas jurisdicciones. Entre ellas, destaca el Consejo PyME de Córdoba, que incorpora representantes de instituciones privadas vinculadas al sector, y el Instituto de Desarrollo Empresario Bonaerense (IDEB), que contó con participación de dirigentes empresariales en su directorio. También cita casos de cooperación entre organismos públicos y empresas en materia de innovación tecnológica, como el Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR), surgido de la articulación entre Bioceres y el Conicet.
De acuerdo con los fundamentos, la incorporación de representantes de las MiPyMEs al Consejo Federal permitiría mejorar la planificación y la definición de políticas destinadas a un sector considerado clave para la producción, el empleo y el desarrollo económico del país.