Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara que la presencia de roedores en los colegios se debe a las obras en construcción en las inmediaciones de las mismas, los legisladores del Frente de Todos (FdT), La Libertad Avanza (LLL) y Consenso Federal (CF) salieron a responderle con dureza.

En ese sentido, el kirchnerista Javier Andrade (FdT) planteó que “no es una escuela, ni son casos aislados. Son más de 100 escuelas que denunciaron ratas y es el resultado del abandono planificado y sostenido durante más de 15 años”. Mientras que Juan Manuel Valdés (FdT) aseveró: “115 escuelas tienen ratas según las denuncias de docentes, estudiantes y familias. Se ve que Larreta no se enteró porque abandonó la gestión porteña para viajar por el país a hacer campaña. Gastan 33 millones por día en Publicidad y no son capaces de desratizar las escuelas”.

Por su parte, el jefe del bloque LLA, Ramiro Marra, lanzó con dureza: “¿dónde vive este tipo? Las calles de la Ciudad están llenas de ratas, caminan a la hora que sea. Las ratas están porque el servicio de basura y barrido por el que pagamos impuestos no es eficiente, los contenedores están colapsados. Es todo un asco”.

En tanto Rebeca Fleitas (LLA) señaló que “Rodríguez Larreta dice que hay ratas en las escuelas porque están al lado de las obras. Empiezo yo a contarle sobre asentamientos de mamíferos con dientes incisivos sin obras circundantes: ciclo Básico de Formación Ocupacional Nº 03 DE 10, Juramento 2945” e indicó que no pretende que “el Estado fumigue. Trabajo únicamente para subsidiar a la demanda. Las ratas vienen de la biblioteca junto a la escuela, se están comiendo todos los libros”.

Mientras que Eugenio Casielles (CF) concluyó señalando que “desde el 2019 vengo presentando proyectos porque los chicos tienen ratas en las aulas. Siguen sin tratarse. En solo un año, más de 30 colegios denunciaron la presencia de ratas, pero el Gobierno de la Ciudad tiene como prioridad hacer campaña a nivel nacional”.

El legislador de Consenso Federal (CF) y aliado de La Libertad Avanza (LLA), Eugenio Casielles, salió al cruce del diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés, luego de que este asegurara que trabajará junto a su equipo de asesores en la confección de una “Ley Micaela contra el odio” y prevenir ataques como el que vivió Cristina Fernández de Kirchner en los últimos días.

Atento a esta situación, el legislador porteño recurrió a las redes sociales para criticar con dureza la propuesta de Valdés. “¿Quién determina qué es un discurso de odio?”, comenzó preguntándose y aseveró que “quién controla qué podemos decir, controla qué podemos pensar y hacer”.

“Es algo muy peligroso esto y me voy a oponer desde el primer momento ante este avance del kirchnerismo, basta de querer controlarnos”, sentenció Casielles.

Cabe recordar que Valdés aseguró en declaraciones radiales que después del intento de magnicidio contra CFK con su “equipo nos pusimos a trabajar en una Ley Micaela contra el odio. Yo creo que hay que trabajar a conciencia sobre eso, espero que la firmen oficialistas y opositores” y concluyó señalando que “todos tenemos que capacitarnos contra el odio que nos quieren ir poniendo los tiempos mediáticos, los tiempos judiciales. Fomentadores de odio hay en todos lados”.

El diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal – Buenos Aires) manifestó su punto de vista respecto a una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de lo cual consideró que “el Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo como ocurrió en 2020”. Y advirtió que tanto esta medida como el programa plurianual, deben incluir “condiciones orientadas a defender los intereses nacionales”.

“El Congreso debe estar atento para no ser corresponsable de un fracaso indisimulable resultante del eventual acuerdo que se alcance con el Fondo Monetario Internacional, como ocurrió en 2020 con el pacto con los acreedores privados”, consideró Rodríguez y destacó que “para ello, no debe volver a extenderle al Gobierno Nacional un cheque en blanco”.

Por el contrario, aseguró que “corresponde exigir que tanto el ‘programa plurianual’ como la propuesta para negociar con el FMI incluyan un conjunto mínimo de condiciones orientadas a defender el interés nacional”, y agregó que “esas deberían ser las bases del apoyo de los distintos sectores políticos que busca el Gobierno para afrontar la próxima negociación con el Fondo”.

En ese marco, el legislador hizo hincapié en lo que sucedió en el 2020: “El Congreso dio un claro respaldo institucional al Poder Ejecutivo para llevar adelante la negociación con los acreedores privados y lo cierto es que, a pocos meses de cerrado ese acuerdo, el Riesgo País de Argentina tocó los 1800 puntos básicos”.

Por este motivo, sugirió que las autoridades tengan en cuenta algunos aspectos:

• El crecimiento: “Si el programa económico y la estrategia de negociación con el FMI comienzan por el equilibrio fiscal, ajuste mediante, entonces no hay salida económica para la Argentina ni compromisos de deuda que puedan honrarse en el tiempo. Las políticas deben apuntar al crecimiento (inversión, producción, creación de trabajo en el sector privado) para lograr, luego, el equilibrio y hasta el superávit fiscal”.

• El Federalismo productivo debe ser el motor del crecimiento: “La recuperación de la actividad económica, así como la distribución del ingreso, deben ir desde las provincias argentinas hacia el área metropolitana”, argumentó Rodríguez y criticó el cepo a las exportaciones porque “es una mala manera de promover el crecimiento económico”. Por el contrario, sostuvo que “debe trazarse un sendero de progresiva disminución de los derechos de exportación y su gradual incorporación al impuesto a las ganancias”. “También un programa nacional de inversión en infraestructura, logística, comunicaciones, conectividad y electrificación, que hoy está ausente”, agregó.

• El Congreso debe asegurarse que la estrategia de negociación priorizará el interés nacional: “El Congreso de la Nación no debe dar, una vez más, un cheque en blanco a ningún negociador. Sólo debe acompañar si la estrategia de negociación demuestra priorizar el interés nacional”, remarcó el diputado de Consenso Federal.

• El Gobierno debe comprometerse a no seguir entregando dólares, a cambio de pesos, a fondos especulativos: “En una decisión que no tiene antecedentes y que va exactamente en contra de lo que debe hacerse en materia de desendeudamiento, el actual Gobierno nacional le dolarizó deuda en pesos por un total de 1.500 millones de dólares a fondos”, cuestionó y opinó que “el Congreso de la Nación no debe acompañar ninguna propuesta ni estrategia de negociación si el gobierno nacional no garantiza dejar de entregarles dólares, a cambio de pesos, a los fondos especulativos”.

• Se debe formular e implementar una estrategia consistente y eficaz para desarmar la bola de intereses de pases y leliqs: “Es indispensable que la propuesta del gobierno incluya un programa de acción, claro y contundente, que garantice desarmar la bola de intereses de Pases y Leliqs en el menor tiempo posible”, finalizó.

Con 140 votos afirmativos, 84 negativos y 3 abstenciones, resultó negativo el pedido de apartamiento por parte de la diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal) para incorporar al temario de la sesión de la Cámara de Diputados de este martes, el proyecto de ley de área protegida mariana “Agujero Azul” donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan.

“El proyecto trata de la posibilidad de incorporar una nueva área de reserva sobre la zona de la plataforma extendida del continente, y que arrojó como resultado una extensión del dominio de la plataforma por parte de la República Argentina en lo que hace al fondo del océano que no es algo que se nos regaló, sino que en realidad la estrategia es que haya una protección ambiental, fundamental en lo que implica el arrastre de pesca que es muy dañina para las especies”, explicó Camaño.

En este sentido, destacó: “Hice un zoom con colegas de Cambiemos y de FdT y participamos junto a científicos para que el proyecto sea realidad dando todas las explicaciones. Encontré una acogida por parte de Daniel Filmus que está muy interesado en el tema”.

“Esto es lo que podemos hacer, declararla de una zona estricta a esa parte de la plataforma extendida”, aseguró la diputada y aclaró que “no venimos a vulnerar intereses de ningún sector, no queremos meter al país en un conflicto y por eso tomamos todos los recaudos”.

A su vez, remarcó que “el proyecto tiene la particularidad de que esta en el medio la ubicación del submarino ARA San Juan. Se hizo eco para declararlo monumento histórico a esa zona, pero no sé por qué no se quiere tomar soberanía sobre el sur y proteger las especies del agujero azul que nos dan el turismo”.

“Hay algunos que dicen que vamos a hacer espejo en la resolución de Malvinas, es mentira. Los ingleses otorgan permisos de pesca en la zona que reclamamos legitimante, a esos viejos funcionarios de relaciones exteriores les digo que lo que dicen es una gran mentira”, enfatizó Camaño y destacó: “Pretendo es que se ponga en tratamiento el tema y estaríamos haciendo algo en función de la soberanía del Atlántico sur y dejar de versear que nos importa el medio ambiente”.

En contraposición, Juan Manuel López (Coalición Cívica) manifestó que “este tema tiene que ser tratado en comisión hay temas que por la complejidad y seriedad debe ser tratado en comisión, trabajémoslo bien en comisión, seguramente plantemos que no protege lo suficiente porque solo se remite al lecho, pido votar en contra porque queremos un debate serio”.

Por otro lado, Germán Martínez (FdT) afirmó su acompañamiento al pedido de la diputada y concluyó: “Tengamos algunas consideraciones sobre el nivel de seriedad porque el proyecto fue muy bien tratado en comisión y tuvimos muchas instancias de encuentro con especialistas”.

El jefe de bloque de Consenso Federal en Diputados Alejandro “Topo” Rodríguez reclamó al Gobierno nacional la reglamentación de la Ley de Zona Fría porque “hace más de un mes que el Congreso de la Nación aprobó la Ley para aplicar descuentos en las tarifas de gas domiciliarias. Parece que el presidente (Alberto Fernández), o sus asesores, no tienen ningún apuro en implementarla o no tienen frío”, ironizó.

En declaraciones a parlamentario.com, Rodríguez consideró que “es preocupante que el Poder Ejecutivo nacional no haya avanzado desde hace mucho tiempo con la reglamentación de esta ley que tiene un impacto fundamental especialmente en la clase media trabajadora”.

“Tendría que haber venido trabajando desde antes en una reglamentación de la ley de forma tal de que cuando se publicara en el Boletín Oficial -como se publicó el 7 de julio- y a las 24 horas hubiese estado la reglamentación”, cuestionó.

El diputado bonaerense fustigó: “Este es un ejemplo más de la grave falta de coordinación y capacidad de conducción en materia de políticas públicas que tiene el gobierno del Frente de Todos. Tienen una ley que es modelo que beneficia a millones de presonas en todo el país y no la implementan. Es insólito”, remató.

Los diputados nacionales del bloque Consenso Federal, presidido por Alejandro “Topo” Rodríguez, expresaron este lunes su rechazo a las modificaciones a la ley de Ministerio Público Fiscal al aseverar que “no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.

Al fijar posición respecto a la iniciativa que será tratada este martes a las 19 en un plenario de comisiones con el objetivo de emitir dictamen favorable, desde Consenso Federal agregaron que “no pueden las fuerzas políticas cuyos líderes se encuentran encausados judicialmente resolver las reformas que el servicio de justicia necesita para mejorar su funcionamiento”.

“Las reformas propuestas por Juntos por el Cambio y por el actual gobierno sólo sirven para sacar procuradores, cuando lo que ordena la Constitución Nacional es un Ministerio Público Fiscal independiente, autónomo y autárquico”, sentenciaron los diputados Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

“No son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, la escasez de vacunas contra el Covid y la falta de trabajo”.

“Por estos motivos es que expresamos nuestro rechazo a la reforma que se propicia”, sentenciaron.

En esa misma postura, se manifestó en Twitter el presidente del interbloque Federal, Eduardo ‘Bali’ Bucca, quien afirmó: “Vivimos un drama sanitario que afecta la vida de los argentinos y argentinas en todas sus dimensiones. No logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones”.

“¿Qué reforma del ministerio público fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?”, se preguntó Bucca, quien preside un interbloque de 11 legisladores que suelen votar cercano al Frente de Todos.

Así las cosas, en la cuenta de los votos a favor que tendría el oficialismo que realizó Parlamentario.com, le faltaría 7 para lograr el quórum y su posterior aprobación.

El oficialismo salió a buscar votos para aprobar proyectos trabados en la Cámara baja. Las luces de alarma en la principal oposición se encendieron a propósito de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, donde desde el Frente de Todos ha trascendido que ya tienen el número para lograr el quórum y, más importante, los votos para aprobarlo.

Por eso desde Juntos por el Cambio advierten sobre los opositores que no son de ese interbloque, de donde provendrían los votos necesarios para una eventual aprobación. Y en ese marco algunos señalaron a los diputados que ingresaron a través del lavagnismo.

El santafesino Luciano Laspina lo hizo de manera literal, pero concreta, y reaccionó Alejandro “Topo” Rodríguez. El legislador del Pro advirtió a través de un hilo de Twitter que “el kirchnerismo reunió los votos para aprobar la estratégica Ley de Ministerio Público Fiscal (MPF) con la ayuda de la falsa oposición, a cambio de una ley para subsidiar tarifas de gas en distritos de donde provienen algunos de estos opositores arietes del gobierno”.

“No se haga el canchero”, le dijo “Topo” Rodríguez también a través de Twitter. “Como uno de los autores del proyecto Tarifas Gas para Zonas Frías, sepa que nuestro bloque no aprobará ni dará quórum para reforma de Ministerio Público Fiscal”, aclaró el legislador de Consenso Federal, que remató diciendo: “Juntitos andan ustedes con el FDT, cuando se trata de cargos para organismos de comunicación”.

“Topo” Rodríguez también salió al cruce del diario Clarín, que había sugerido que Consenso Federal podía ser caracterizado como “indeciso” o, más probablemente, dar quórum. “Indeciso? Dar quórum? Las pelotas”, aclaró el diputado bonaerense de manera drástica.

“Complicidad de terceras fuerzas”

En su hilo de Twitter, Luciano Laspina advirtió que “la historia revela 3 requisitos para la ‘irreversibilidad’ de los populismos: 1) el Control del Procurador; 2) el control de la Corte Suprema y las Cortes Electorales; y 3) que emigre un % de la población desencantada, que abandona la lucha contra el régimen”.

“El 1ro se vota esta semana con la complicidad de ‘terceras fuerzas’ que dicen que ‘no están en la grieta’. Es cierto. Están en su propio negocio político. Impedir el 2do y 3ro depende de TU VOTO en las elecciones y de TU PARTICIPACIÓN en la fiscalización de la elección”, concluyó.

Por estos días se han multiplicado las conversaciones informales, operaciones y rumores sobre intentos de cambiar las reglas electorales. Así lo advirtieron los diputados de Consenso Federal a través de un comunicado en el que sostienen que “lo que corresponde es darle formalidad, seriedad y transparencia a cualquier discusión sobre el tema”.

Recordaron que en diciembre pasado, desde esa bancada presentaron un proyecto que propone modificar el Código Electoral Nacional (Ley N° 19.945), incorporando la boleta única de papel como instrumento para la votación de candidatos a cargos electivos nacionales.

Hoy vuelven sobre el tema al considerar que esa propuesta resulta “especialmente oportuna”. “Creemos que la boleta única de papel simplifica y reduce una gran cantidad de acciones propias del proceso electoral, lo que ayuda a minimizar la exposición al Covid-19”, destacaron los diputados Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini.

Además, sostienen que el nuevo instrumento de votación implicaría mayor eficiencia, más equidad y mejoras en la transparencia de todo el proceso electoral.

A juicio de los diputados de Consenso Federal, el sistema propuesto simplifica los procesos de diseño, impresión, transporte, distribución, disposición, reposición y control de boletas electorales, permitiendo un ahorro de más del 75% en los costos.

Según el proyecto, es la Cámara Nacional Electoral la encargada de diseñar la boleta única de papel destinaa a ser utilizada en los comicios; mientras el Poder Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo el costo y la impresión de dicha boleta.

Señalan los legisladores de Consenso Federal que la boleta única se dividirá en espacios, franjas o columnas de igual dimensión para cada agrupación política, distribuidas homogéneamente entre las distintas listas de candidatos oficializadas. Para facilitar el voto de los no videntes, se incorporan plantillas especiales con alfabeto Braille.

Los diputados nacionales que integran los bloques Justicialista y Consenso Federal reclamaron que el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que el oficialismo espera dictaminar esta semana incorpore un aumento del 50% en las asignaciones familiares para aquellos trabajadores cuyos salarios estén por debajo del nuevo mínimo no imponible.

El pedido fue formulado a través de una nota firmada por los diputados Eduardo “Bali” Bucca, Andrés Zottos, Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, dirigida al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

“Proponemos un incremento de 50% en las asignaciones familiares previstas en la Ley 24.714, en beneficio de los trabajadores en relación de dependencia cuyos ingresos están por debajo del umbral a partir del cual se encuentran gravados por el impuesto en cuestión”, expresaron los legisladores.

Más allá de la sugerencia, cuestionaron al Frente de Todos por entender que “en lugar de proponer una reforma tributaria integral, tal como lo prometió el Gobierno nacional en reiteradas oportunidades, lo que se termina impulsando son modificaciones parciales en algunos impuestos determinados”.

“Lamentablemente, se trata de modificaciones asistemáticas; verdaderos parches que trastocan la estructura de los impuestos y distorsionan los principios básicos que les dan fundamento. Además, se proponen medidas fiscales que no contemplan lo que -a nuestro entender- es el verdadero ‘talón de Aquiles’ del sistema: la informalidad económica”, consideraron los diputados.

En ese sentido, señalaron: “Con respecto al cambio propuesto en el impuesto a las Ganancias, estamos ante un nuevo parche distorsivo que, sin elegir la instrumentación más eficiente ni equitativa, mejora la situación de aquellos contribuyentes alcanzados por dicho tributo en la medida que sus ingresos no superen los 173.000 pesos mensuales”.

“En ese contexto consideramos que, para una mayor justicia social, es indispensable que la modificación puesta a consideración sea complementada con, al menos, otra medida que contemple la particular situación de los trabajadores de menores ingresos”, afirmaron los representantes de la oposición al pedir el incremento en las asignaciones familiares.

La pandemia del Covid 19 profundizó la crisis económica que atraviesa la Argetnian, el legislador de Consenso Federal Eugenio Casielles continúa reuniéndose con distintos rubros que se vieron severamente afectados por esta situación y ahora alertó acerca de las complicaciones que están viviendo las librerías históricas de la Ciudad.

Con la intención de agregar experiencias y propuestas por parte de este sector, mantuvo una reunión con dueños y empleados de diversas librerías, entre ellas Losada y Obel. Sobre esto, Casielles indicó que “recorrer la calle Corrientes buscando libros es un plan casi tradicional para los porteños e incluso para visitantes de nuestra ciudad. Ver tantos comercios cerrados y a las propias librerías esforzándose para poder pagar el alquiler o el ABL es muy doloroso”.

Sobre esa misma línea, precisó que “la presión y abandono que hay en calle Corrientes es descomunal. Es triste ver el cierre de locales históricos que recordamos desde nuestra infancia como Chiquilín, Pippo, La Paz, el Vesuvio” y destacó que “el cambio de la cultura de consumo de la sociedad provoca una menor circulación en la zona, y si no les damos una mano en este momento de dificultad, las persianas cerradas van a ser cada vez más”.

Además Casielles explicó que “el primer paso a la hora de buscar solucionar un problema concreto y particular, es ponerse en contacto con quienes lo enfrentan día a día” y partiendo de este punto de vista, Casielles visita restaurantes, librerías, comercios y teatros, con el objetivo de informarse de primera mano acerca de la situación.

Sobre esa misma línea, concluyó señalando que “la visión que tienen los porteños sobre las crisis que atraviesan es la más valiosa para poder enfrentarlas. Cualquier otra propuesta, sin cierto grado de experiencia concreta, puede no valer la pena”.

Lo cierto es que a lo largo de todo el año pasado muchas históricas librerías cerraron sus puertas definiticamente y en diciembre la librería de las Luces, otro emblema de la CABA, anunció que seguirá el mismo camino y puso en liquidación todos sus libros, esperan haber vendido todos los ejemplares en stock para junio del 2021.

Tras el inicio de las clases presenciales en la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados del Frente de Todos (FdT) y de Consenso Federal (CF) exigieron en las redes sociales que la vuelta a las aulas sea “segura” para disminuir el riesgo de contagio del Covid 19 y expresaron su temor por las aglomeraciones en las puertas de los colegios.

En ese sentido la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT),  se preguntó si “¿el Gobierno porteño está bregando por una presencialidad cuidada? ¿Estamos cuidando de nuestras niñeces y adolescencias?” y manifestó que “queremos que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas, necesitamos que sea de manera segura y cuidada. El Gobierno de la Ciudad debe garantizar las condiciones para un regreso seguro”.

“El miércoles se reunió el Comité de Crisis de la 31 en el Ministerio de Educación por este mismo motivo, reclaman que este inicio de clases fue pensado a puertas cerradas, sin diálogo con las familias ni con la comunidad educativa”, añadió y precisó que “a nivel nacional se calcula que un millón de niños y adolescentes quedaron desvinculados de la escuela por falta de computadoras y conectividad ya que se discontinuó el programa Conectar Igualdad durante el gobierno macrista, y en Ciudad pasó lo mismo con el Plan Sarmiento”.

Asimismo indicó que esta situación “pone a estudiantes de los sectores populares al borde de la deserción. Las familias se debaten entre la esperanza de que sus hijos puedan volver a la escuela y el temor por los contagios si no se cumple con una presencialidad cuidada”.

Sobre esa misma línea la peronista Claudia Neira (FdT) manifestó que con el comienzo de las clases vio “con preocupación las aglomeraciones de familias y docentes en las entradas de las escuelas. Esto da cuenta, una vez más, la grave falta de planificación de la Ministra Acuña” y resaltó que “el Gobierno porteño anuncia que se cortará el tránsito en la cuadra de 10 establecimientos educativos de la Ciudad. Esto será llevado adelante por el personal de la escuela, previa capacitación, ¡pero existen los Agentes de Tránsito para llevar adelante esas tareas!”.

“Luego de un año en que directivos y docentes sostuvieron la virtualidad y hasta repartieron mercadería, el GCBA les pide que garanticen los cortes de calle”, agregó y remarcó que “Acuña tuvo un año para planificar el regreso seguro. No hay lugar para la improvisación, necesitamos un regreso cuidado”.

En tanto el diputado de Consenso Federal, Eugenio Casielles, aseguró que “volvieron los chicos a las aulas y nuestro compromiso con su futuro”  y concluyó señalando que “para que funcione tenemos que trabajar en conjunto respetando protocolos y sobretodo entendiendo que la educación es fundamental, siempre cuidando a nuestros alumnos y docentes”.

Luego de que se publicara en el Boletín Oficial una nueva ampliación del temario de sesiones extraordinarias para tratar las reformas en el impuesto a las Ganancias, el diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez criticó que se excluyera la prórroga de la Ley de Promoción de los Biocombustibles, un proyecto que cuenta con aprobación del Senado y que el oficialismo se había comprometido a tratar durante el verano.

Rodríguez advirtió que “el gobierno del Frente de Todos sigue negándose a cumplir el compromiso parlamentario de tratar la prórroga a la Ley de Biocombustibles en el período de sesiones extraordinarias”.

“No puede interpretarse de otra manera que no sea una provocación el hecho de que el Poder Ejecutivo apruebe cuatro decretos para poner 35 proyectos en la agenda de extraordinarias y se niegue de manera sistemática a incorporar lo que es un compromiso parlamentario y también un compromiso público”, amplió el legislador lavagnista.

A fines de diciembre, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, informó que en enero se trataría la prórroga del Régimen de Biocombustibles, pero el Ejecutivo no incorporó el proyecto en ninguna de las tres ampliaciones de temario, por lo que podrá ser tratado recién a partir de marzo.

Hace un mes, el bloque Consenso Federal -integrado por Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini- le envió una nota a Massa reclamando el tratamiento “urgente” de la iniciativa, ya que los beneficios impositivos dispuestos en la ley caducan en mayo y comprenden a productores de 54 plantas asentadas en diez provincias.

El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Aejandro “Topo” Rodríguez, pidió que se trate de modo “urgente” la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, ya que esta semana no pudo concretarse la sesión pautada por falta de acuerdo entre el oficialismo Juntos por el Cambio.

Los legisladores de Consenso Federal, que responden al exministro Roberto Lavagna, le enviaron una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, solicitando que vote lo antes posible el proyecto aprobado en el Senado, ya que el régimen caduca en mayo.

La iniciativa prevé beneficios impositivos hasta diciembre de 2024 para los productores de las 54 plantas asentadas en diez provincias argentinas.

“La continuidad del régimen es vertebral para la producción federal, el agregado de valor y el sosteniendo del trabajo en gran parte del territorio nacional”, sostuvieron los diputados de Consenso Federal en un comunicado.

Además, señalaron que “las necesidades y compromisos ambientales del país aconsejan no distraer esfuerzos en materia de biocombustibles. Su uso es una manera eficaz e ineludible de contribuir al cumplimiento efectivo del Acuerdo Climático de París, suscripto por la República Argentina y ratificado por el Congreso de la Nación en 2016”.

“La utilización de biocombustibles reduce entre un 70% y un 80% los gases de efecto invernadero, comparados con los combustibles fósiles. Avanzar en la ratificación del régimen también contribuirá a cimentar confianza y construir las certezas imprescindibles para atraer inversiones productivas. Cuanto menos se dependa de los devaneos de la política, más virtuosa resultará la planificación y concreción de ese tipo de inversiones”, consideraron en la nota.

Por eso, exigieron que el Poder Ejecutivo dicte un nuevo decreto ampliando el temario de extraordinarias, ya que el proyecto en cuestión no fue incorporado originalmente.

“Está claro que la agenda parlamentaria en sesiones extraordinarias debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional. El caso al que nos estamos refiriendo registra el compromiso de que se aprobará un decreto presidencial para incorporar la prórroga de la Ley de Biocombustibles en el temario de extraordinarias. Por eso es que solicitamos su cumplimiento”, aseguraron.

Por último, aclararon: “No está en nuestro ánimo ni forma parte de nuestras acciones imponer asuntos a ser tratados ni limitar el tratamiento de los que están previstos. Solo pedimos que se cumplan los acuerdos”.

Los diputados nacionales de Consenso Federal, sumados a los santafesinos Enrique Estévez y Luis Contigiani, anunciaron este martes que no apoyarán la nueva fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en el Senado porque “sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”.

“No vamos a acompañar la fórmula de movilidad jubilatoria que aprobó el Senado de la Nación porque sigue perjudicando a los jubilados y pensionados”, informaron Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez en un comunicado, al que también adhirieron Estévez, del Partido Socialista, y Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social.

Los legisladores advirtieron que los jubilados “no pueden seguir siendo la variable de ajuste de los errores en que incurren los sucesivos gobiernos”.

“Mauricio Macri y Cambiemos los perjudicaron seriamente al cambiarles el sistema, con una fórmula de movilidad jubilatoria sólo defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación. También fueron perjudicados por la dolarización de las tarifas y su duro impacto en el costo de vida. Ahora, la propuesta del Frente de Todos y de Alberto Fernández no resuelve el problema del achatamiento y de la pérdida de poder adquisitivo”, argumentaron.

Según los diputados que integran el Interbloque Federal, “una vez más, sigue soslayándose el problema de fondo, que no se soluciona con una fórmula de actualización: el sistema previsional argentino está quebrado y es indispensable aumentar la cantidad de aportantes, lo que se puede lograr incorporando al 50% de los trabajadores privados que hoy están en la informalidad y creando trabajo. Ese es el gran mandato social que debe cumplir el gobierno”.

Además, señalaron que defenderán su propia propuesta, “una fórmula más justa, con garantía de que no se perderán ingresos reales sobre la base de considerar parámetros como el costo de vida, la recaudación, los precios y los salarios”.

“Pero no alcanza con discutir proyectos aislados. Argentina requiere, principalmente en este tema, una salida sostenida en consensos sociales amplios, profundos y permanentes”, concluyeron.

El proyecto de movilidad jubilatoria fue aprobado en el Senado el 10 de diciembre con 41 votos a favor y 26 en contra, y en la Cámara de Diputados todavía no tiene fecha oficializada de tratamiento, pero se especula con que sea el próximo 29 de diciembre.

La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida ésta última de la más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

Un grupo de diputados presentó un proyecto para incorporar la boleta única de papel en las próximas elecciones legislativas, adelantando que estarían dispuestos a evaluar el acompañamiento a una eventual suspensión de las PASO en 2021, con la condición de que se incorpore esa modalidad para votar.

La iniciativa fue presentada por los diputados de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini, más el santafesino Luis Contigiani.

Los autores de la norma sostienen que la boleta de papel permite reducir significativamente los costos del proceso electoral, garantiza equidad entre las fuerzas que compiten y mejora notablemente la transparencia.

Además, “la simplificación de las acciones propias del proceso electoral implica una drástica reducción de la cantidad de personas involucradas en el mismo, minimizando la exposición al contagio o a la transmisión del Covid-19”, expresa el texto del proyecto, que agrega que “el sistema de boleta única en papel facilita el trabajo de la justicia electoral y consecuentemente de los partidos politicos, en los procesos de diseño, aprobación y presentación de las mismas”.

Según la iniciativa, la Cámara Nacional Electoral será la encargada de diseñar la boleta única de papel destinada a ser utilizada en los comicios, en tanto que el Poder Ejecutivo Nacional tendrá a su cargo el costo y la impresión de las mismas.

En las papeletas, los espacios asignados a cada agrupación política deben ser idénticos, debiendo incorporar simétricamente los símbolos partidarios y la fotografía de los candidatos.

En caso de que una agrupación no presente candidatos en ninguna categoría, su espacio permanecerá en blanco y se consignará en el mismo la leyenda: ”No presenta candidato”.

Se deberá incluir un casillero de “voto en blanco” para cada una de las categorías.

La boleta debe estar escrita e impresa en idioma español, en forma legible, en papel no transparente, y deberá contener indicación y la forma en que debe plegarse, indicada mediante línea de puntos.

Cada una de las boletas tendrá adherido un talón donde se indique su correlatividad, del que será desprendida al momento de entregarla al elector. Sus dimensiones no podrán ser menores a 42 centímetros de ancho y 29,70 centímetros de alto.

Cada mesa electoral deberá contar como mínimo con igual número de boletas únicas de papel que de electores habilitados para sufragar en la misma.

En vísperas del tratamiento en la Cámara baja del proyecto que le restará una parte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, los diputados de Consenso Federal llamaron al Gobierno nacional y a las autoridades porteñas a encontrar los caminos que permitan llegar a acuerdos, sin necesidad de la intervención legislativa.

En efecto Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez expresaron este sábado que en caso de no llegar a un acuerdo “que se expidan las instancias institucionales que correspondan”, pero “no el Congreso”.

A través de un comunicado, los diputados alineados con el excandidato presidencial Roberto Lavagna aclararon que “el federalismo argentino es un sistema institucional encarnado en la propia Constitución nNacional, no un dispositivo instrumental para ser manipulado a la medida del Poder Ejecutivo de turno en el marco de disputas coyunturales”.

“Más grave aún, el Gobierno federal no puede ni debe ser desnaturalizado, ni bastardeado, para dirimir disputa política alguna”, señalaron, a propósito de la polémica generada entre Nación y CABA, en cuyo marco este lunes el oficialismo buscará transformar en ley un proyecto que le generará a la Ciudad una merma de fondos. Con todo, los diputados advirtieron que “en contra del federalismo, el expresidente Mauricio Macri hizo uso discrecional de los recursos nacionales para favorecer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Los diputados lavagnistas señalan que “el Gobierno actual abandona el camino del diálogo iniciado con la Ciudad y elige una vía rápida para quitarle fondos a una jurisdicción federal”, ante lo cual sostienen que “poner al Congreso de la Nación a resolver lo que el Gobierno no quiso arreglar, es un atajo política e institucionalmente inadecuado, propio de quienes no confían en el diálogo, en los acuerdos esenciales sobre los que históricamente se ha construido el federalismo argentino”.

El bloque de diputados nacionales de Consenso Federal se manifestó sobre el proyecto de fórmula de actualización jubilatoria, señalando que la propuesta del Gobierno requiere importantes modificaciones, pero aclararon que “estamos ante un sistema previsional en crisis”.

Fuentes del bloque señalaron a parlamentario.com que su apoyo a la fórmula oficial dependerá de la recepción que tengan los cambios que sugieren.

A través de un comunicado, los legisladores señalaron que “el sistema previsional argentino está quebrado y no hay fórmula de actualización de haberes que lo haga sustentable. No cierra de ninguna manera con el 50% de los trabajadores privados en la informalidad”.

Para los diputados alineados con Roberto Lavagna, la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada durante la gestión de Mauricio Macri no era buena. “Solo es defendible en una economía que fracasa: se estanca o decrece con alta inflación”, advirtieron.

Además, agregaron, “las cláusulas exclusivamente indexatorias contradicen toda política anti inflacionaria. Esa misma fórmula, aplicada en el período 2003-2007, que fue de crecimiento con estabilidad, hubiese sido marcadamente injusta por excluir a los jubilados de los beneficios del crecimiento”.

¿Qué posición tienen respecto de la fórmula decidida por el Gobierno nacional? Para Jorge Sarghini, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez, la fórmula que propone el actual gobierno “va en sentido apropiado”, aunque reconocen que “no tiene cláusulas de salvaguarda que garanticen a los jubilados no seguir perdiendo, especialmente mientras la economía no recupere un sendero de crecimiento con estabilidad de precios”.

Con todo, aclaran que la propuesta “está bien orientada porque incorpora la variable ‘precios’ al ajustar por variaciones del salario (ajusta un 50% por variación salarial, que es el precio más relevante al que debe asociarse un haber jubilatorio) y porque también incluye una variable vinculada a la evolución económica (ya que ajusta el 50% por la recaudación, con la que aquella se correlaciona directamente)”.

Por otro lado, sostienen que la fórmula “tiene un techo que puede aceptarse, en nombre de no agregar insustentabilidad al sistema”, pero aclaran que la propuesta requiere “dos modificaciones imprescindibles, a favor de los jubilados”. En ese sentido señalaron que la fórmula debe tener un piso asociado a la variación de la canasta básica de consumo; y los aumentos deben ser cuatrimestrales y no semestrales, como prevé el proyecto oficial.

“De todas formas, como ya se ha señalado, llegó la hora de no seguir postergando el debate de las causas estructurales que han puesto en quiebra al sistema jubilatorio en su conjunto”, expresaron, para concluir diciendo que “el primer paso para salir de esa situación es la incorporación masiva de aportantes, es decir, convertir en registrados a millones de trabajadores que hoy están en la informalidad”.

Luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciara el envío de un proyecto para que el Congreso autorice la emisión de deuda en moneda extranjera bajo legislación extranjera, así como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el bloque de diputados de Consenso Federal consideró que la iniciativa debe contener límites a ese endeudamiento.

Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo aun no ingresó al Parlamento, la bancada integrada por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro “Topo” Rodríguez -que responde al exministro de Economía Roberto Lavagna- emitió un comunicado expresando su posición.

Los legisladores condicionaron su apoyo al hecho de que se establezca “una serie de limitaciones claras y explícitas a ese tipo de operatorias”.

“Al proyecto del Ejecutivo le está faltando un componente fundamental, que es una clara y explícita limitación al endeudamiento en moneda extranjera”, consideraron.

El bloque “lavagnista” sostuvo que “estas limitaciones al endeudamiento en moneda extranjera pueden ayudar a lograr una economía más estable porque se morigeran los riesgos asociados al descalce de monedas, se disminuye la volatilidad del balance de pagos y se reduce una fuente de costo del endeudamiento público que, en general, no se visibiliza cuando se está contrayendo. Además, se crea una regla más factible de cumplir que una basada en el déficit, y, por lo tanto, más exigible”.

En ese sentido, Sarghini recordó que a fines de febrero presentó un proyecto que modifica la Ley de Administración Financiera 24.156 para establecer que, además de la prohibición ya existente de las operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes, se incorporen otras limitaciones para el crédito en moneda extranjera.

La iniciativa de Sarghini propone modificar el artículo 56 de esa norma, que actualmente establece que se prohíbe “realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”. El diputado propone agregar nuevas prohibiciones, que son las siguientes:

Realizar operaciones de crédito público en moneda extranjera, con las siguientes excepciones:

a) Operaciones cuyo producido será aplicado íntegramente a cancelar servicios de la deuda pública en moneda extranjera. En este caso, no deberá realizarse la conversión a pesos de ese producido, ni siquiera en forma transitoria.

b) Financiaciones de organismos multilaterales u oficiales de crédito, o que cuenten con garantía de estos organismos, cuyo producido se aplique únicamente al financiamiento de proyectos específicos.

c) Avales u otro tipo de garantías necesarias para que empresas públicas o con participación estatal mayoritaria del Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales puedan realizar contratos en el extranjero que impliquen exportaciones de bienes o servicios desde nuestro país.

d) Financiaciones o garantías de organismos no gubernamentales sin fines de lucro, dirigidos a la protección de recursos naturales o a la mejora de la calidad de vida de la población.

e) Financiaciones o garantías necesarias para proyectos de inversión estratégicos para el desarrollo, en la medida en que la realización de dichos proyectos y su estructura de financiamiento cuenten con aprobación por ley del Congreso Nacional.

Mientras en el Senado el proyecto ingresó en un camino acelerado que en dos semanas concluirá en su media sanción gracias a la amplia mayoría de la que el oficialismo goza en esa Cámara, la reforma judicial visualiza nubarrones para lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados.

Es que en vísperas de que el plenario de comisiones que viene debatiendo el tema emita este miércoles dictamen, se confirmó que el bloque de Consenso Federal, que responde a Roberto Lavagna no votará el proyecto del Poder Ejecutivo por considerar que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio, tales las palabras que expresó a través de un comunicado el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez.

En ese contexto pasan a ser clave los votos de los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, y que integran también el interbloque Federal junto a Consenso Federal. Esos diputados son Carlos Gutiérrez, Paulo Eduardo Cassinerio, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés. Y según se anticipa en una nota de La Nación, la decisión de los cordobeses está tomada: no votarán el proyecto.

El argumento es similar al de sus compañeros de interbloque: entienden que si bien la Justicia amerita cambios, los mismos deben instrumentarse “con un amplio consenso político”. Lo contrario sería “sacarla con fórceps”.

La nota firmada por Gabriela Origlia aclara que la decisión de los cordobeses es previa a las grandes movilizaciones registradas el lunes, uno de cuyos ejes fue la oposición a la reforma judicial.

Otra de las razones que sostiene la postura de los cordobeses es un detalle que los críticos ya hicieron notar tras conocerse la conformación del consejo asesor que asesorará al presidente Alberto Fernández sobre modificaciones en el sistema de Justicia: la falta de cordobeses en esa comisión, que no tiene en cuenta la importancia de la escuela jurídica cordobesa.

El interbloque Federal cuenta con los mencionados cuatro cordobeses del bloque Córdoba Federal, el citado “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini; los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos, y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Rodríguez.

El bloque del Frente de Todos cuenta con 119 diputados, pero solo 117 votos disponibles, pues Sergio Massa no vota y José De Mendiguren está de licencia. Así que necesitaría 12 votos más para imponer la ley por mayoría simple. Depende entonces de lo que pueda cosechar en el interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón. Los primeros son 11 diputados y los segundos 8. Del interbloque Federal ya se sabe que no debería contar el oficialismo con 7 diputados, o sea que necesitaría sí o sí los 8 del interbloque de Ramón.

Pero en esa bancada la diputada tucumana Beatriz Avila ya anticipó que no votará la reforma judicial. De hecho, ya viene diferenciándose del resto del bloque, lo mismo que el santacruceño Antonio Carambia. Tanto Avila como Carambia formaban parte hasta el año pasado del interbloque Cambiemos.

El bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial, enviado por el Gobierno.

Desde la bancada referenciada en el economista Roberto Lavagna consideraron que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio.

Mediante un comunicado, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que su par Graciela Camaño ya había anticipado la posición del bloque en declaraciones públicas.

“La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, señaló el jefe de la bancada.

En ese sentido, expresó que “sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe”. “Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, afirmó.

El legislador consideró que sin esos consensos “será malo para la Argentina sacar con fórceps una reforma judicial, por más que la mejoren técnicamente, dado que otra vez se correría el riesgo de caer en un conflicto institucional”.

“Esa es y será la posición del bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación”, sentenció.

Además, en el texto se agregó que “la prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las PyMEs de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”.

“La Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, opinaron.

Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini forman parte del Interbloque Federal, comandado por Eduardo “Bali” Bucca, donde conviven los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez -cada uno con su propio monobloque-; y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. En algunas ocasiones, el espacio suele votar dividido.

El diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini apoyó este viernes la moratoria ampliada, pero criticó el polémico artículo 11 del proyecto, al sostener que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.

Sarghini expresó que el acompañamiento del bloque que comparte con Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez “a las razones generales que motivan la moratoria”, ya que “nadie discute lo que ha venido al mundo y a la Argentina con esta pandemia”.

En ese sentido, destacó que se haya atendido en el dictamen de mayoría “el reclamo que hicimos desde el primer día de darle un premio a los buenos contribuyentes”.

Sin embargo, advirtió que presentaron observaciones porque la iniciativa oficial permite acceder a la moratoria a empresas en quiebra.

El bonaerense recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.

“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó el diputado.

Sarghini insistió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.

Reconoció que siempre que se elabora un régimen de este tipo “es muy difícil distinguir entre buenos y malos contribuyentes”, pero pidió “no caer en la casuística” sino “hacer una ley justa y equitativa”.

“Nunca un evasor que no pudo pagar sus impuestos es igual a alguien que ha quebrado de manera fraudulenta”, concluyó el legislador.

El jefe del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró que la expropiación de la empresa Vicentin “no serviría ni para empresa testigo, ni para soberanía alimentaria”. “Y si fuese para evitar la extranjerización, que me parece razonable, no se necesita una expropiación sino que se puede hacer con una ‘acción de oro’, como definió (Roberto) Lavagna”, agregó.

El legislador consideró que el Gobierno todavía “tiene tiempo” -ya que la intervención de la agroexportadora es por el plazo de 60 días- para buscar acuerdos con la oposición. “Ese tiempo hay que llenarlo con una estrategia que genere la mayor cantidad de apoyo posible a esa política”, señaló.

“Para mí lo que el Gobierno tiene que hacer es bajarse de la moto, empezar a andar en bicicleta. Tiene tiempo para llegar e ir mirando lo que está en el paisaje, saludando, generando afecto, construyendo una red de apoyo. Y si hace eso, lo que venga después como proyecto al Congreso es el moño a un proceso de acuerdo”, sostuvo este miércoles.

Además, el bonaerense se mostró escéptico de que la iniciativa sea enviada al Parlamento y recordó: “Yo no me comí el amague de que iban a mandar un impuesto a los ricos después de que pasaron 30 días y cada semana (Carlos) Heller decía ‘el viernes llega’. Ya pasaron dos meses y medio”.

Para el “Topo” Rodríguez, “el Gobierno no sabe a dónde va, no tiene ni idea a dónde va” con este tema y se preguntó si alguien “sabe ¿cuánto se va a pagar por Vicentin? ¿Qué se va a expropiar de Vicentin? ¿Todo el grupo o también las empresas cuyo capital mayoritario están en manos extranjeras?”.

El diputado, que forma parte del Interbloque Federal compuesto por 11 miembros, consideró que en el Ejecutivo “se dieron cuenta que no era bueno” el borrador del proyecto, que circuló tras el anuncio hace dos semanas. “En el artículo 3 de ese borrador, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado a tomar deuda externa para pagar la expropiación de Vicentin”, apuntó y advirtió que eso “no es bueno” en “el medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa”.

Por otra parte, el presidente de Consenso Federal dijo: “Me produce profunda preocupación que el ministro de Economía (Martín Guzmán) no diga nada, que el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) no diga nada, y que nos apuren a ver qué vamos a decir cuando el Gobierno todavía no mandó nada. Así que cuidadito, ojo al piojo, que el Gobierno no me apure”.

El legislador ponderó la iniciativa que se encuentra elaborando su par Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social), quien fue ministro de la Producción de Santa Fe y “tiene una visión progresista de la vida de la relación entre el Estado y la economía”, destacó en diálogo con FM La Patriada.

“Él está diseñando una serie de ejes para construir una propuesta, acompañado también por Jorge Sarghini y Graciela Camaño, que en su momento, cuando el Gobierno presente un proyecto, nosotros vamos a compararlo con nuestra idea y tomar una decisión“, adelantó. “Mientras tanto, quien tiene que decidir qué quiere hacer y comunicarlo es el Gobierno”, agregó.

En tanto, Rodríguez manifestó su molestia por el retraso de la Cámara baja en aprobar la nueva ley de Economía del Conocimiento, al considerar que eso “es más urgente” ya que “se está destruyendo empleo porque los incentivos no están vigentes”.

El bloque de diputados de Consenso Federal, integrado por Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, también cuestionó la expropiación de la empresa Vicentín, y consideró que “el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa”.

“No advertimos que existan fundamentos para que las acciones realizadas por el Gobierno nacional constituyan una razón que ‘procure el bien común’”, expresaron, aunque aclararon que “esto de ninguna manera implica o significa avalar lo actuado por el grupo empresario que está siendo investigado por la Justicia, además de tener su empresa en concurso preventivo”.

Según señalaron los legisladores en un comunicado, “el concurso preventivo establecido en la Ley 24.522 resguarda como ley de orden público las acreencias de todos”.

“Consideramos que el Estado cuenta con los instrumentos para elaborar una alternativa con la participación de cooperativas, pequeños y medianos productores y los propios trabajadores que cuentan con créditos en el concurso”, indicaron Camaño, Rodríguez y Sarghini.

Por último, advirtieron que “resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, en referencia a la expropiación de YPF.

El bloque de diputados de Cambio Federal de la Legislatura bonaerense le solicitó al gobernador Axel Kicillof “diferir todos los vencimientos tributarios mientras dure la situación de emergencia por la pandemia del coronavirus”.

Walter Carusso, presidente del bloque indicó que “presentamos un proyecto de declaración en la Legislatura en donde le pedimos al Poder Ejecutivo que, a través de la Agencia de Recaudación (ARBA) se establezca el diferimiento de todos los vencimientos tributarios mientras perdure la situación de emergencia actual”.

“Este pedido va en línea con el mensaje del presidente Alberto Fernández quien manifestó públicamente que la prioridad son las personas y no la economía. Se deben pensar estrategias que faciliten la vida de los bonaerenses y hagan que este esfuerzo histórico que está haciendo la comunidad sea con las menores preocupaciones posibles”, señaló Carusso.

El legislador de Cambio Federal dijo que “es entendible la necesidad de recaudar fondos en estos momentos pero estamos convencidos de que aliviar a los vecinos y vecinas, a las empresas y en especial a las Pymes, en esta situación traumática, es clave para poder continuar con esta lucha contra el coronavirus”.