La ley, sancionada en septiembre pasado en la Cámara de Diputados, fue publicada este martes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.687 por la cual quedó ratificado el Consenso Fiscal 2021, que fue firmado el 27 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 provincias -no adhirieron San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires-.
A través de decreto 677/2022, publicado este martes en el Boletín Oficial, se oficializó la norma que fue sancionada por la Cámara de Diputados el 15 de septiembre último tras un largo debate.
A partir del nuevo Consenso Fiscal, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos.
Sobre Ingresos Brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota.
Sobre Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario; y abre la posibilidad a que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires.
Las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital, establece el último pacto fiscal.
El diputado lamentó que el Gobierno dé marcha atrás “ese proceso que habíamos llegado en 2017 con el presidente Mauricio Macri”.
En su intervención en el debate por el consenso fiscal, el diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo sostuvo que lo que busca el Gobierno es “financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, y cargó: “Este es el resultado de tanto populismo”.
“Sin duda el Gobierno sigue buscando financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, abrió su alocución el legislador por la provincia de Buenos Aires, y continuó: “Al menú de los 24 aumentos y creación de impuestos hecho por el kirchnerismo en esta última etapa hoy le agregamos el número 25, y damos marcha atrás a ese proceso que habíamos llegado en 2017 con el presidente Mauricio Macri, donde la Argentina empezaba a caminar por la senda de la baja de la presión tributaria, y eliminar los impuestos nefastos como ingresos brutos y sellos”.
Además, se refirió a las últimas mediciones publicadas por el INDEC: “Este mes aumentó el costo mayorista en 8,2%, y mientras el Banco Central acaba de aumentar la tasa, nosotros acá les decimos que les dejamos aumentar ingresos Brutos”.
“La verdad que la gente que nos está viendo pregunta si nosotros estamos acá para defenderlos a ellos o para ver cómo seguimos teniendo esta maraña fiscal con el déficit que vamos creando todos los días desde el Estado nacional”, apunto.
En la misma línea, Ritondo señaló que tendrían que intentar ponernos de acuerdo en alguna cosa, “tan básica como que queremos disminuir la carga tributaria”, no importa quien esté en el Gobierno, y continuó: “tenemos que sacar esa la presión a los contribuyentes en la argentina, que podemos sostener esas políticas en el tiempo. ¿Quién va a invertir en la Argentina si hace cinco años votaban en este recinto muchos de los que todavía siguen siendo gobernadores y hoy borran con la mano?”
Finalmente, se refirió al bloque oficialista y señaló: “Tengan en cuenta no solucionar ninguno de los problemas que teníamos en 2019, los agravaron todos. Y hoy le agregan el problema número 25 a los argentinos. A cada problema que no pueden resolver le crean un problema a la gente aumentándole impuestos o creando impuestos. Ese es el resultado de tanto populismo”.
Al cerrar el debate sobre Consenso Fiscal, el presidente del bloque oficialista se quejó de que la oposición no hablara de la actualidad financiera de las provincias y reiterara “frases hechas”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró este jueves el debate sobre el Consenso Fiscal, con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos.
En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“Y lo quiero decir porque tenemos que tratar de ver qué nos pasa a nosotros a la hora de querer funcionar”, agregó el legislador, que diferenció la extensión de ese debate con el actual y particularmente “la cantidad de diputados oradores individuales, enorme, a lo que se agregan los tiempos de dictámenes y de bloques”.
Martínez se quejó de la reiteración de conceptos. Porque recordó que se le había dado al tema “un fuerte debate en la Comisión de Presupuesto, y las mismas cosas que se plantearon ahí, se vuelven a decir acá. Ya escuchamos lo de los ingresos brutos y los brutos; ya escuchamos todos esos argumentos, como que en diciembre de 2017, Macri era la panacea a la cual esta horda de rebeldes hemos destrozado”, ironizó.
El presidente del bloque oficialista lamentó “la oportunidad perdida”. Y agregó: “Las oportunidades las construimos y aprovechamos nosotros. Si queremos aprovechar el debate sobre consenso fiscal, traigamos argumentos, no cliches y frases hechas”.
“Es muy raro, porque estamos discutiendo Consenso Fiscal y no se tiró ningún dato de las provincias”, señaló, felicitando a continuación a diputados opositores que tienen vínculos con gestiones provinciales, porque “algunos resultados son contundentes”.
Destacó entonces datos de la provincia de Corrientes, Jujuy y Mendoza, en sus resultados financieros y superávits. “No fue magia, diría nuestra vicepresidenta. Esto es el resultado de una articulación de nuestro Gobierno, que está poniendo las cosas en su lugar”, enfatizó.
“En diciembre de 2017 estaban ‘pum para arriba’, creían que venían por 20 años… A los pocos meses se quedan sin financiamiento. Eso los lleva de cabecita al FMI, y a los mil días anunció Macri el aumento de impuestos en 2019”, recordó. Enumeró a continuación noticias de esos días, que daban cuenta de una mayor presión fiscal, o cuando el 6 de mayo de 209 Nicolás Dujovne quintuplicó un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
Por 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones, se sancionó la ratificación del pacto firmado entre Nación y 21 provincias. Junto al oficialismo votaron un puñado de legisladores radicales que responden a sus gobernadores.
Con el apoyo de un puñado de diputados radicales que responden a sus gobernadores, el oficialismo logró este jueves en la Cámara de Diputados la sanción del Consenso Fiscal 2021, que fue firmado en diciembre del año pasado por el Gobierno nacional y 21 provincias.
La votación resultó con 136 votos a favor, 108 en contra y 4 abstenciones. Hubo un fuerte rechazo por parte de la mayoría del interbloque Juntos por el Cambio, en contra de la creación o el aumento de impuestos, pese a que tres gobernadores de la UCR había suscripto el documento. Tampoco acompañaron los bloques de la extrema: La Libertad Avanza, Avanza Libertad y el Frente de Izquierda.
Junto al Frente de Todos votaron afirmativamente los radicales Julio Cobos (Mendoza), Jorge Rizzotti, Gustavo Bouhid (Jujuy), Jorge Vara (Corrientes) y Fernando Carbajal (Formosa). También lo hizo la correntina del Pro Sofía Brambilla.
Además del interbloque Federal y el interbloque Provincias Unidas, también acompañaron el neuquino Rolando Figueroa (MPN) y el santacruceño Claudio Vidal (SER).
En tanto, las abstenciones fueron de los radicales mendocinos Pamela Verasay, Jimena Latorre y Lisandro Nieri; y del catamarqueño Francisco Monti, también de la UCR.
Tras casi ocho meses sin tratarse, el Senado apuró en agosto pasado la aprobación del proyecto, ante las versiones de un posible ajuste en las transferencias a las provincias por parte del Ministerio de Economía. Luego de un mes, este jueves la Cámara de Diputados le dio la sanción definitiva.
A partir de este pacto, las provincias quedan habilitadas para aumentar impuestos locales, entre ellos los de Ingresos Brutos y Sellos.
Al abrir la ronda de oradores el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”, y resaltó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.
“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, insistió Heller.
El Consenso Fiscal no está atravesando por la idea de aumentar impuestos”, afirmó Heller
De la vereda de enfrente, el diputado del Pro Luciano Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal de 2017 al que calificó de “histórico” porque “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”. “Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
El Consenso Fiscal es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, lanzó Laspina.
Complementó el tiempo de exposición de Luciano Laspina el radical cordobés Víctor Hugo Romero, quien reivindicó parte de lo actuado en la gestión anterior, al recordar que en 2016 las provincias recuperaron la detracción del 15% que se hacía desde 1997 y que iba a la ANSeS, generando “desequilibrio en las finanzas provinciales”. El legislador citó el Consenso Fiscal suscripto por esa administración en noviembre de 2016, y recordó que esos pactos “se firman convencidos por el gobernador, pero además deben ser ratificados por cada Legislatura”.
Valoró del mismo dos parámetros básicos de esos consensos. Por un lado, atender la política fiscal, integral, pero en particular de las provincias. “Por eso las obligaba a cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal, y el fin de generar políticas de promoción para el desarrollo a través de la reducción de la carga impositiva”, señaló, agregando el compromiso de parte de las provincias de reducir de manera gradual ingresos brutos, el impuesto inmobiliario, el impuesto de sellos.
“Pero este esfuerzo no era en vano: había una garantía en la seguridad jurídica de la Coparticipación”, aclaró Romero, que habló a continuación de los compromisos entre las provincias y la Nación, aunque reconoció que “hubo dos temas importantes que no se cumplieron: “Se comprometieron a trabajar en una nueva ley de coparticipación, que garantice la distribución federal de los recursos, y eliminar los subsidios diferenciales en el AMBA”.
“Hoy llegamos al Consenso 2021, que en el enunciado es muy parecido -continuó-. Todos hablan de lograr políticas de desarrollo, pero este es totalmente distinto. Este Consenso no suspende lo que fue las distintas adendas de consensos anteriores en las obligaciones; este directamente las deja definitivamente de lado y fija nuevos parámetros, superiores a los que están vigentes hoy: ingresos brutos, de sellos, inmobiliarios y se da la posibilidad de legislar sobre el impuesto a la herencia. Y además se flexibiliza los compromisos en materia de responsabilidad fiscal”. “Por eso digo que es completamente distinto a lo que fue la base del consenso 2017”, lamentó Romero.
A su turno, el oficialista Marcelo Casaretto (Entre Ríos) sostuvo que “esto tiene origen en lo que fue el Consenso Fiscal 2017, que firmaron el entonces presidente con los gobernadores”, y contradijo a los diputados opositores preopinantes porque “en aquel momento se planteaba una baja de impuestos gradual en el ámbito de las jurisdicciones provinciales”, lo que “claramente significaba un desfinanciamiento para las arcas de las provincias en un contexto del 2017, donde el presidente firmante claramente utilizaba la herramienta del endeudamiento interno y externo de la Argentina”.
No dispone ningún aumento de impuesto para nadie”, reiteró Casaretto.
“Ante la falta de financiamiento, las provincias que necesitaban mantenerse con sus servicios y sus prestaciones, claramente fueron inducidos por el Gobierno nacional a tomar las herramientas de endeudamiento externo en moneda extranjera. Por eso 15 de las provincias argentinas tuvieron que ir por ese camino, que en 2018 entró en crisis”, apuntó el diputado entrerriano y criticó: “Entonces, el propio Gobierno que impulsó ese Consenso Fiscal de 2017 ese propio gobierno firmó en 2018 la suspensión de las cláusulas del 2017. Y ese mismo Gobierno en 2019 firmó la suspensión de esas cláusulas”, y destacó que lo que “se viene haciendo en 2020 y 2021 es la suspensión porque no hay otra forma de financiamiento para las provincias”.
En el último tramo de su discurso, Casaretto remarcó que “la baja de impuestos es facultad de cada provincia y de cada Legislatura provincial”, motivo por el que respaldó el proyecto del Ejecutivo porque “no dispone ningún aumento de impuesto para nadie”.
“Y como hay representación política diversa en las administraciones provinciales, ya que a algunos les parece tan ineficientes ingresos brutos, que representa 60, 70% de la recaudación, avísenle a los de su partido, por ejemplo, a (Horacio Rodríguez) Larreta en la Capital, que derogue el impuesto a los ingresos brutos, avísenle al gobernador de Jujuy, al de Corrientes, al de Mendoza que elimine todos esos impuestos distorsivos hoy, y que libere a los ciudadanos de esas provincias de esas limitaciones”, lanzó con un tono de voz elevado el diputado y remató: “Si no cuando gobiernan tienen una actitud, y cuando se sientan en la banca tienen una actitud populista de decir nosotros les queremos bajar los impuestos a los contribuyentes, y los peronistas se los quieren aumentar”.
Por el contrario, su coterráneo Rogelio Frigerio (Pro) destacó que el Consenso Fiscal 2017 fue “el último gran acuerdo político que tuvo la Argentina, con un nivel de consenso muy importante”, y explicó que “ese acuerdo partía de un diagnóstico común, el primero era que en la argentina y en todos los niveles de gobierno se gastaba más de lo que se podía afrontar”.
“El otro consenso era que teníamos una presión impositiva que asfixiaba a los que producen, a los que generan empleo y a la sociedad toda, y que también era menester empezar a bajar. Nos propusimos en consecuencia el primer intento en muchos años en empezar a darle alivio fiscal a los sectores de la producción y a la gente. Además, pusimos una regla de límite del gasto público bastante restrictivo, no podía subir más que el índice de precios al consumidor”, explayó Frigerio.
A su vez, señaló que “para algunos ese acuerdo fiscal fue insuficiente”, pero ponderó que “más allá de esas divergencias, nos pusimos de acuerdo en un camino que iba al norte correcto”. En ese sentido, comparó que “hoy ese diagnóstico ha empeorado significativamente, tenemos más déficit, gastamos más y peor y tenemos mayor presión impositiva que en aquel momento. Sin embargo, en lugar de ratificar ese rumbo, hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que da marcha atrás”.
En tanto, opinó: “Creo que reducir el gasto público, sobre todo los gastos que no son indispensables, que están vinculados con privilegios, y de la mano de esto reducir la presión impositiva, es a nuestro juicio el camino que hay que seguir”.
Por último, volvió a destacar el Consenso Fiscal de 2017 y la reforma tributaria nacional del mismo año porque “fueron los dos últimos intentos de reducción impositiva en las últimas dos décadas en la Argentina”. “Lo que se está por votar hoy no es una buena noticia para los que trabajan, los que producen, los que invierten en la Argentina, para los que buscan empleo. Esta ley va en contra de esta necesidad que tiene la argentina de crear condiciones efectivas para la radicación de inversiones y la generación de empleo genuino”, criticó el diputado entrerriano.
“El impuesto a los ingresos brutos es un mecanismo de generación, propagación y multiplicación del subdesarrollo en la Argentina, con profundos efectos recesivos y sobre la pobreza”, arrancó su intervención el radical Martín Tetaz y comparó: “En los últimos 60 años, según datos del Banco Central, Chile multiplicó su PBI per cápita por 8,7 veces, Colombia por 3,3 y Brasil 3,2. Uruguay por 2,5, Perú por 2,4. Argentina es el país de América Latina con menor desarrollo en los últimos 60 años. Solo 1,68 veces el PBI per cápita”.
En esa línea, señaló que “el estancamiento en el PBI de la Argentina, que todos sabemos que existe en los últimos 11 años, cuando lo medimos en PBI per cápita, tenemos el mismo, en realidad un poco menos, de que teníamos en el año 2007, con el agravante de que tenemos más del doble de pobreza”.
Además, indicó que “es un impuesto con un profundo sesgo anti exportador”, y explicó que “una de las razones por las cuales tenemos un estancamiento hace 60 años en la Argentina es que hemos tenido 15 crisis macroeconómicas severas en los últimos 75 años, 14 de ellas por insuficiencia de divisas”, y remató: “Necesitamos volver al sendero del consenso fiscal de 2017 que estipulaba un camino para la reducción y eliminación gradual del peor impuesto que tiene la Argentina en estos momentos”.
Para la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) existen marcadas diferencias entre el Acuerdo Fiscal que se firmó durante la presidencia de Mauricio Macri y el que se pretende aprobar hoy. “El que se suscribió en nuestra gestión contenía un compromiso, por escrito, de bajar la presión tributaria y los ingresos brutos en las provincias”, afirmó.
A modo de denuncia, sostuvo que “las provincias están a favor de este acuerdo porque las aprietan y les dicen que si no firman, no les van a renegociar las deudas y las amenazan con los juicios que tienen pendientes”.
El titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, recordó que el Consenso acordado en noviembre del 2017 y que fue ratificado por ley 27.429 y publicada en el 2028 “sin duda expresó la voluntad de las provincias por impulsar las demandas agregadas a través de la racionalización de la presión tributaria con especial énfasis de la corrección e los impuestos distorsivos”.
“Los sucesivos acuerdos firmados a partir del 2019 reflejaban precisamente que las premisas de origen fueron extremamente ambiciosas en término de gestión nacional y en cuanto a la sustentabilidad presupuestaria y el clima social de las provincias. Los sucesivos consensos fiscales son un compendio de decepciones y correcciones sobre el espíritu de esa ley. Esto sella todos los fracasos de aquella meta”, lamentó el legislador cordobés.
En representación del bloque Juntos Somos Río Negro se expresó el diputado Agustín Domingo quien aclaró que “no estamos definiendo el nivel de ingresos brutos ni de ningún impuesto provincial, estamos simplemente ratificando el acuerdo que celebró el titular del Poder Ejecutivo nacional con los titulares con los poderes de los Ejecutivos provinciales, muchos oficialistas, otros opositores”, y lo calificó como “un ejercicio de encontrar acuerdos en un tema que es clave como es la cuestión fiscal y la cuestión tributaria provincial y nacional”.
Y se alejó de la grieta: “Nosotros no estamos en esa discusión, nosotros estamos para discutir lo que realmente estamos discutiendo aquí”. A su vez, respaldó que “de ninguna manera este Consenso implica borrar todo lo que estableció aquel primer Consenso del 2017. Haber denunciado el Consenso eso sí hubiera sido un retroceso porque todos los logros se hubieran acabado”.
“La conclusión es que le falta mucho federalismo a este consenso fiscal, palabra que se repite mucho, pero que no todos la entienden cabalmente. El federalismo se discute cuando se discuten los recursos, y una gran asignatura pendiente que tenemos es la de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Y se discute federalismo también cuando discutimos el gasto del Gobierno nacional que tiene que ser equitativo con todas las provincias, que tiene que garantizar que el envío de los recursos sea en forma automática y no sea discrecional”, explayó Domingo.
Por el lado de los libertarios, José Luis Espert (Avanza Libertad)llamó al Consenso Fiscal “cartelización fiscal” porque “si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos”.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
“Desde el bloque La Libertad Avanza vamos a rechazar esta basura de Consenso”, lanzó eufórico el diputado Javier Milei al tiempo que advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
El correntino radical Manuel Aguirre adelantó su voto a favor del Consenso Fiscal, pese a las críticas que realizó, pero remarcó que “el federalismo es cuando me dan lo que mi provincia necesita. Cuando usemos nuestros ríos para el progreso de la ciudad. Cuando acompaño a mi pueblo a que salga de ese estado en el que esta, eso es federalismo”.
Y cerró: “Comparto lo que mi gobernador firmó y lo que las legislaturas provinciales firmaron. Voy a acompañar este proyecto porque, más allá de las críticas que hice, a este federalismo que pretenden justificar como federalismo seguramente va a servir mucho para mi provincia”.
“Este Consenso Fiscal lo firmaron casi todas las provincias y es un acuerdo que se hace entre la provincia y la Nación con respecto a distintos temas impositivos. El problema está en que se han puesto de acuerdo entre ellos olvidándose de la gente”, explicó la diputada nacional por Santa Fe Germana Figueroa Casas (Pro) y denunció que “quieren cambiar Ingresos Brutos, que siempre fue para actividades lucrativas, y ahora quieren que alcance a las cooperativas y asociaciones, pero nadie dice nada”.
Finalmente, afirmó: “Le decimos que no a este Consenso no solo porque retrocede con respecto a lo que se había hecho en el gobierno de Cambiemos y el esfuerzo de todos para ir mejorando nuestro sistema tributario, sino también porque perjudica a la gente”.
Su par de bloque Fernando Iglesias indicó que el Consenso Fiscal es “una autorización a subir impuestos. Estamos hablando de romper definitivamente el Consenso del 2017 que se comprometía a la baja de los impuestos y del empleo público. Estamos hablando de subir del 2,4% el 66% de aumentos brutales de impuestos, autorización para el aumento brutal de los impuestos provinciales y subir, además, ingresos brutos y el más bruto de los impuestos”.
“Es un modelo de país basado en detener el crecimiento productivo y la generación de empleo genuino y ocultar la desocupación con subsidios y con empleo estatal. Estamos en esta enorme grieta que divide al país productivo y a la patria subsidiada”, lanzó entre gritos Iglesias.
El diputado misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero) contradijo a la oposición: “No podemos decir una cosa y hacer otra, no podemos mentirle a la gente”, y señaló: “Acá se habló de suba de impuestos o de nuevos impuestos, cosa que no es así”, ante lo que aclaró: “Hoy ratificamos un pacto de autonomía provincial que los gobernadores tienen que hacer para tener el equilibrio justo para poder llevar adelante una política fiscal en su provincia que permita seguir en crecimiento. Mi provincia es ejemplo es ello y por eso vamos a apoyar el pacto”.
Otro radical que también adelantó su voto positivo fue el formoseño Fernando Carbajal quien defendió el Consenso porque “no estamos votando ningún aumento de impuestos y no estoy dispuesto a ponerme sacos que no me quedan porque no creo que el camino sea el aumento de impuestos para hacer crecer este país”
No estamos votando ningún aumento de impuestos”, defendió el radical Carbajal.
“Voy a acompañar, voy a votar favorablemente porque tengo la obligación ético político de avalar y acompañar lo que han firmado los gobernadores del bloque del cual soy diputado. Lo voy a hacer también desde el comunicado que JxC emitió de que se comprometía a acompañar lo que firmaron los gobernadores”, agregó el formoseño y reiteró que “esto de ninguna manera significa aumentar impuestos. Acá lo que estamos haciendo es rediscutir cuál es la extensión del federalismo”.
En nombre de Republicanos Unidos el diputado Ricardo López Murphy quien señaló que “el impuesto al sello es insólito que se siga creyendo que es un mecanismo idóneo”, y lanzó: “Estamos en un impuesto inflacionario extraordinario que recauda el doble del IVA y no hay otro país que lo tenga y con la eliminación de ceros solo se conduce a la devaluación, no es ese el camino porque no hay salida”. El porteño señaló que “las provincias tienen que ver cómo financiar a la Nación, y acá la Nación está quebrada. No hay plata para todo y tenemos un déficit que esconden”.
A su turno, el diputado bonaerense Diego Santilli (Pro) lamentó que en el país “no hemos obtenido logros económicos” y recordó que “la Argentina viene de muchas décadas de creación de impuestos como en 1932 que se creó el impuesto a las Ganancias que terminó siendo por 90 años al igual que bienes personales que iba ser por 9 años y terminó siendo por 30 años”.
“En vez de estar acá para ver cómo retomamos una reforma fiscal para producir más, para tener más trabajo, estamos discutiendo cosas que no se puede crear porque discutimos quién gobernó, cuántos años. Este es el Gobierno más inflacionario desde el 2013 a la fecha, tenemos problemas gravísimos y en vez de estar discutiendo, estamos perdiendo el tiempo en debates estériles. Hoy estamos perdiendo una oportunidad para tener un a reforma fiscal que baje impuestos”, enfatizó Santilli.
Cerró el debate por p arte de la oposición el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, quiensostuvo que lo que busca el Gobierno es “financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, y cargó: “Este es el resultado de tanto populismo”.
“Sin duda el Gobierno sigue buscando financiamiento para bancar la irresponsabilidad fiscal a costa de los contribuyentes”, abrió su alocución el legislador por la provincia de Buenos Aires, y continuó: “Al menú de los 24 aumentos y creación de impuestos hecho por el kirchnerismo en esta última etapa hoy le agregamos el número 25, y damos marcha atrás a ese proceso que habíamos llegado en 2017 con el presidente Mauricio Macri, donde la Argentina empezaba a caminar por la senda de la baja de la presión tributaria, y eliminar los impuestos nefastos como ingresos brutos y sellos”.
El jefe del bloque Frente de Todos de la Cámara baja, Germán Martínez, cerró el debate con referencias permanentes hacia otro pacto fiscal muy citado a lo largo de la sesión: el de 2017, de tiempos de Cambiemos. En efecto, arrancó remontándose a diciembre de 2017, cuando recordó que se trataron en ese mismo ámbito tres proyectos: el Presupuesto 2018, la prórroga de impuestos y el Consenso Fiscal. Fue “en un único debate, donde en cuatro horas y piquito se aprobaron estas tres cosas”, recordó el diputado santafesino, que destacó que en esta oportunidad se tratan dos de esas tres normas de 2017. “Estamos esperando el Presupuesto”, aclaró.
“En diciembre de 2017 estaban ‘pum para arriba’, creían que venían por 20 años… A los pocos meses se quedan sin financiamiento. Eso los lleva de cabecita al FMI, y a los mil días anunció Macri el aumento de impuestos en 2019”, recordó. Enumeró a continuación noticias de esos días, que daban cuenta de una mayor presión fiscal, o cuando el 6 de mayo de 209 Nicolás Dujovne quintuplicó un impuesto a las importaciones para cubrir el déficit.
“Han intentado a lo largo de todo el debate confundir”, se quejó, y lamentó que desde la oposición hubieran dicho que se estaba tratando de “blindar la caja de los gobernadores. “Yo no creo aquí que nuestros diputados del Frente de Todos en Córdoba quieran blindar la caja del gobernador. ¿Les parece que los diputados del Frente de Todos de Río Negro, que quieren competir electoralmente en ese lugar, estén blindando a la provincia? ¿Y nuestros diputados de Jujuy? Eso es la democracia, es lo que tenemos que tratar de lograr, y no me parece correcto el camino del agravio hacia los gobernadores. Me parece que necesitamos otra cosa”.
El documento se firmó el 27 de diciembre de 2021. No adhirieron las provincias que originalmente no lo habían hecho -San Luis y La Pampa- y la Ciudad de Buenos Aires, que mantiene un litigio con Nación por el tema de la coparticipación.
A partir del nuevo Consenso Fiscal, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos y el de Sellos.
Sobre Ingresos Brutos se acordó gravar la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota.
Sobre Sellos se estableció una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la transferencia de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general.
En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.
Además, las provincias podrán elevar más allá del máximo de 2% el impuesto inmobiliario; y abre la posibilidad a que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, actualmente vigente en la provincia de Buenos Aires.
Las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital, establece.
Molesto con el consenso fiscal, el diputado salteño no se ahorró críticas mordaces.
Molesto con el proyecto de consenso fiscal en discusión, el diputado salteño del bloque Ahora Patria Carlos Zapata no se ahorró ironías para manifestar su disconformidad, especialmente con el gobernador de su provincia, Gustavo Sáenz.
Comenzó su alocución aseverando que no acompañará el proyecto de ley porque lo considera “un grave apartamiento del orden constitucional en materia tributaria”, y agregó cargó contra el goernador, que “hace campaña con el tema del federalismo, pero se monta en un caballo de calesita disfrazado, de un Güemes de miniatura, y firma este consenso fiscal que representa una grave claudicación de los derechos federales y las potestades federales que tienen las provincias”.
Y ya finalizando su discurso, Zapata se refirió a la injusticia que ciudadanos de la CABA paguen los mismos impuestos a la valuación de los automotores que un ciudadano del municipio de Isla de Caña, “donde las calles tienen todos los pozos menos el del Quini 6”, y concluyó: “Tenemos que terminar con esta historia de los ingresos brutos”.
El titular del bloque La Libertad Avanza adelantó su rechazo al proyecto y advirtió que “en el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”.
Tal como era sabido, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) expresó su rechazo al Consenso Fiscal 2021 en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados y lo tildó de “basura”, al advertir que “en el fondo es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente”.
“Cuando uno mira los considerandos de este Consenso Fiscal arranca con neoxímoron dice que va a diseñar o a trabajar en una estructura impositiva que va a favorecer la inversión y que eso va a traer un ingreso y crecimiento económico y que eso va a traer empleo formal”, inició su discurso el liberal.
En esa línea, destrozó: “En el fondo todo este Consenso Fiscal es un aumento de la presión tributaria que va a haber efectivamente y en ningún lado de la economía razonable se dice que se crece con más impuestos porque, en general los impuestos en vez de generar crecimiento, producen descrecimiento”, y sumó: “Ni siquiera los dementes de los keynesianos proponen que se crezca subiendo impuesto”.
“Se habla del efecto de la redistribución del ingreso, pero en el fondo lo que se está diciendo que están transfiriendo recursos de un lado a otro para estimular el consumo, pero eso hace que caiga el ahorro al mismo tiempo y hace que se invierta menos por ende el PBI per cápita va a ser más bajo”, precisó el economista.
Y agregó: “Por lo tanto no solo es injusto e inmoral porque implica un trato desigual frente a la Ley, sino que además termina castigando al crecimiento económico y por ende terminan perjudicando a los que menos tienen”.
A su vez, advirtió que “ese deterioro que va a generar en el ahorro, sino solo afecta a la distribución de la acumulación de capital, a la tasa de interés, genera una estructura de capital desequilibrada que va a terminar quebrando y por ende vamos a terminar peor”.
“También hay una cuestión de la eficiencia asignativa, al margen del daño que le produce a una persona de generar un ingreso y que venga alguien y se lo robe como son los impuestos. Tampoco existe un gasto eficiente porque la peor forma de gastar el dinero de otros en otros lo que se propone desde la política y eso tampoco es cierto, siempre va a traer perjuicios para la población”, sumó a su ponencia.
Por otro lado, apuntó contra Axel Kicillof: “El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que a él no le interesaban los números y no le interesaban si los proyectos eran rentables, que no le importaba si daban o no los números. Hizo ganas de despilfarro en una economía que no crece hace 10 años, con el agravante de que gobierno una provincia donde 2 de cada 3 chicos son pobres”.
“Este proyecto trae una profunda distorsión de precios relativos, y van fijando los números al criterio de cada uno. Vamos a rechazar esta basura de consenso”, remató eufórico Milei quien inmediatamente se levantó de su banca y se retiró del recinto.
A su juicio, tiene por objeto “esquilmar a los ciudadanos”. A su juicio, es la representación de que “la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos”.
Previsiblemente, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires) se manifestó decididamente en contra de la ley de Consenso Fiscal. Lo planteó de entrada al señalar que “sancionar esto y el Día Nacional del Queso Mantecoso es más o menos lo mismo”.
El legislador liberal justificó su postura en que “no hay ninguna penalidad en la medida que el acuerdo no se cumpla”. En ese sentido recordó que “en la política nos hablamos a nosotros mismos y no a los ciudadanos. ¿Cuál es la relevancia de firmar algo que no tiene ninguna penalidad?”, insistió.
“En los hechos, hay una suerte de cartelización fiscal, más que de Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, para esquilmar a los ciudadanos, porque si hay algo que cristaliza, friza, congela este nuevo consenso fiscal, son alícuotas de ingresos brutos, que en el caso del impuesto a sellos va más allá, y va más allá todavía en el caso del impuesto a la herencia”, sostuvo.
Agregó Espert que “según el Consenso Fiscal, hay seis actividades que en el 2022, a partir del Consenso Fiscal de 2017, iban a estar exentas; sin embargo, a partir de este nuevo Consenso Fiscal dejan de estar exentas. Y no solo eso, sino que pasan a tener alícuotas superiores a las de 2019: electricidad, gas, agua, comunicaciones, agricultura, industrias manufactureras, etcétera”.
Para el diputado liberal, “la montaña de retenciones y percepciones hacen de Ingresos Brutos un impuesto confiscatorio”, al punto tal que “hay empresas en algunas provincias que tienen hasta 800 meses de retenciones y percepciones realizadas por las direcciones provinciales de Rentas, o sea que no van a tener necesidad de facturar por 66 años para cobrarse el crédito que tienen contra las direcciones provinciales de Rentas”.
Al impuesto de sellos lo definió como “un impuesto medieval que no debería existir”, y advirtió además que el Consenso Fiscal pretende exportar el impuesto a la herencia al resto de las provincias.
Sobre el final, insistió en que “esto más que Consenso Fiscal se parece a feudalismo, a cartelización fiscal, donde la Nación y las provincias se ponen de acuerdo para seguir usando como esclavos a los ciudadanos a los cuales nosotros como diputados tenemos que representar, y por ellos debemos velar, más que por los intereses de las provincias y los estados provinciales en los cuales viven esos ciudadanos”.
Espert concluyó afirmando que “Argentina tiene futuro, pero ese futuro está ceñido al respeto de la Constitución”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda argumentó que el pacto entre Nación y 21 provincias apunta a la solvencia de las jurisdicciones y a que se mantenga la recuperación económica.
Al abrir el debate sobre el proyecto de Consenso Fiscal 2021, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Carlos Heller, aseguró que “de ninguna manera” este pacto tiene “el objetivo de subir impuestos”.
Para el oficialista, “es necesario tener en cuenta todo lo que viene sucediendo en nuestro país en los últimos años” con “las fuertes caídas del PBI y de la actividad industrial ocurridas entre 2016 y 2019; a la pandemia posterior, con todas sus consecuencias; y al agravamiento de la situación internacional producto, entre otras cosas, de la guerra entre Rusia y Ucrania”.
Al destacar que en su informe de gestión, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, exhibió números sobre la recuperación económica, el legislador del Frente de Todos señaló que “para que continúe, para que tenga sustento ese crecimiento que se está dando, para que puedan profundizarse las políticas que apuntan a fortalecer la inclusión social, es a través de procesos de mejora en la distribución de la renta, imprescindible, porque no se puede hablar de inclusión si no se habla de distribución”.
En ese marco, “resulta necesario redefinir los términos del Consenso Fiscal”, dijo el porteño y afirmó: “De ninguna manera el objetivo de este Consenso es subir impuestos”.
Incluso, recordó que cuando se suscribió, en diciembre pasado, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sostuvo que los gobernadores se estaban “autolimitando en la suba de impuestos”, mientras que aquella jurisdicción que no firmaba podía aumentar los impuestos “incluso más” que las que suscribieron.
“Se requiere la instrumentación de una política y una administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones”, expresó el miembro informante del oficialismo, y agregó que “la idea del Consenso es establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico”.
Asimismo, apunta al “objetivo de poder seguir avanzando en forma gradual y sostenida en recortar las diferencias de desarrollo” que existen entre las provincias del país.
Nuevamente al hacer referencia a Manzur, quien manifestó que “para contar con un Estado inteligente, fuerte y cada vez más presente, necesitamos un Estado solvente”, Heller defendió que “esa es la orientación de este Consenso que estamos discutiendo: un Estado solvente que pueda avanzar en la realización de las políticas públicas que lleve a los objetivos planteados”.
“(El Consenso Fiscal) no está atravesado por la idea de aumentar impuestos, sino de implementar instrumentos que procuren que la distribución de la carga impositiva, para lo cual se prevé que tenga mayor incidencia en los impuestos patrimoniales, históricamente débiles en muchas provincias, y de esa forma poder compensar la eventual reducción en la recaudación de impuestos sobre las actividades productivas y el consumo”, ahondó.
También, el diputado dijo que va en línea con “la necesidad de evitar la aparición de desequilibrios fiscales” y que se “reduzca o elimine la necesidad de tomar deuda por parte de las provincias”, o de “mejorar la composición de ese endeudamiento al que fueron llevadas, casi obligadamente, en algún momento”, en referencia a la gestión anterior.
Heller resaltó que este Consenso “es un acto absolutamente federal, no es una cosa discrecional del presidente de la Nación con los gobernadores” ya que “para ser efectivo y aplicable requiere que este Parlamento lo sancione y que cada Legislatura provincial haga lo mismo”. “Se trata de un acto de absoluto funcionamiento del sistema federal en la toma de decisiones”, finalizó.
Además, el diputado santafesino señaló que el proyecto “vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y lo comparó con el Consenso Fiscal del 2017.
Por el dictamen de minoría de Consenso Fiscal se pronunció el diputado nacional Luciano Laspina (Pro – Santa Fe) en la sesión de este jueves de la Cámara baja, quien criticó el proyecto del oficialismo porque “es un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina” y remarcó que “vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”.
Al comienzo de su intervención, Laspina señaló que “este Consenso Fiscal vuelve a repetir el principio de salvación de la política sacrificando a los contribuyentes”, y comparó que el Consenso Fiscal “histórico” fue el de 2017 que “por primera vez en la historia reducía impuestos en la Nación y en las provincias, reduciendo absolutamente los impuestos a los ingresos brutos que es el más distorsivo y el más brutal de los impuestos, es el más violento, el más cruel que castiga a la industria nacional porque tiene que exportar y tiene que cargar detrás un impuesto que no existe en ningún otro lugar del mundo”.
En esa línea, recordó que en la reunión de Comisión “la gente de la industria automotriz nos dijo que lo que más pesaba eran los impuestos intraproducción que son los impuestos a los ingresos brutos que se van sumando en todas las etapas de producción que no existe en ninguna parte del mundo y que, incluso en Argentina, fue derogada en el año 74’ y después volvió”.
“Tiene un poder recaudatorio enorme y el Consenso Fiscal del 2017 estaba destinado a reducir impuestos sustancialmente”, disparó el legislador santafesino.
A su vez, cuestionó: “Tenemos varios dramas en el país, pero un drama que tenemos en esta Cámara es que nosotros no estamos acá no representando a las provincias, estamos acá representando al pueblo de la Nación, a los contribuyentes y en la Constitución Nación fue pensada para que esta Cámara sea la de origen de los impuestos precisamente en búsqueda de la representación y la defensa de los contribuyentes y el Senado es donde las provincias y los gobiernos provinciales están representados”.
“Todos sabemos que hay un problema en esta Cámara, esta Cámara está en puesto dos en el ranking mundial de sobrerrepresentación. Nuestro Senado está primero en sobrerrepresentación y peso relativo a las provincias más chicas lo cual está muy bien, viva el federalismo, pero esta Cámara está puesto dos y a veces los diputados creemos que representamos a las provincias”, criticó Laspina y apuntó: “Entonces venimos acá a defender al gobernador de la provincia y a votar este tipo de Consensos que le rompe la cabeza al contribuyente para que las políticas en las provincias sigan financiando una fiesta del despilfarro del gasto como nunca se vio antes en la Argentina en los últimos 20 años que ha sido un verdadero descontrol”. Y remató: “Acá venimos a defender a los contribuyentes, no a los gobernadores”.
En otro tramo de su ponencia, el referente del Pro indicó que “Argentina tiene el drama de los impuestos invisibles porque cuando vas a la góndola del supermercado y pagar algo $100 y $40 se lo lleva el Estado, pero no sabemos quién porque está todo mezclado el IVA, ingresos brutos, sellos, cheques, toda la parafarnaria de impuestos que tenemos en el país”, y enfatizó: “Por eso los gobernadores de las provincias les gusta ingresos brutos porque no se ve, porque está en el medio de la cadena de producción”.
Por último, describió el proyecto de Consenso Fiscal del oficialismo como “un nuevo clavo en el ataúd del desastre fiscal y tributario de la Argentina”, y cuestionó que “desde que asumió Alberto Fernández no ha dejado de aumentar el gasto público, primero con la excusa de la pandemia, luego de la post pandemia, plan platita, el plan de (Martín) Guzmán que tiraba manteca al techo, y ahora con la llegada de (Sergio) Massa empieza a hacer un ajuste brutal para frental el descalabro anterior”.
“Este proyecto terminó de dinamitar el Consenso Fiscal del 2017 que baja impuestos en las provincias y la hacía crecer al nivel de la población”, cerró Laspina.
La Cámara de Diputados sesionará desde las 12.55 para avanzar con ambos proyectos de índole tributaria. También se tratará la ley de enfermería.
La tan postergada sesión de la Cámara de Diputados para debatir un temario que incluye proyectos de suma importancia arrancó este jueves a las 12.55, con la presencia de 129 legisladores. Como temas centrales, el oficialismo buscará la sanción definitiva del Consenso Fiscal 2021 y avanzar con el proyecto que prorroga seis impuestos por cinco años.
Le costó algunos minutos al oficialismo llegar al número necesario para arrancar la sesión. Juntos por el Cambio tenía decidido no aportar al quórum y al oficialismo le costó algunos minutos llegar al número. Máximo Kirchner fue el anteúltimo en llegar, al punto tal que al ingresar pidió disculpas a sus pares. Eduardo Valdés llegó al final y completó los 129.
Si bien desde el 5 de julio a la fecha hubo tres sesiones, ninguna de ellas fue para debatir leyes: la del 2 de agosto fue cuando Cecilia Moreau asumió en reemplazo de Sergio Massa; la del 3 de septiembre fue para votar un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner; y la de este miércoles fue para recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
A pocas horas de la convocatoria, el Frente de Todos incorporó la prórroga de impuestos, un tema que originalmente no estaba contemplado. Pero sí era el anhelo del oficialismo poder tratarlo antes del ingreso del Presupuesto 2023, que se espera sea girado precisamente este jueves mientras transcurra la sesión, dado que la recaudación por esos tributos rondan alrededor del 32%, lo cual resultan claves. Las negociaciones para lograr los votos para su aprobación continuarán mientras se desarrolle la sesión.
Con la iniciativa, se busca extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Otro tema será la ratificación del Consenso Fiscal 2021, firmado por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y se espera que se convierta en ley también con el acompañamiento de un puñado de radicales que responden a sus gobernadores, los cuales suscribieron.
Entre sus puntos principales, este pacto permite que las provincias puedan aumentar -con alícuotas máximas- impuestos locales tales como Ingresos Brutos y Sellos. Bajo el lema de “no crear” o “no aumentar” impuestos, Juntos por el Cambio tiene fuertes críticas.
El temario de la sesión incluye el proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Además, se tratará el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, se debatirá el proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los consensos necesarios en el recinto, de modo tal que el texto salga con el respaldo más amplio. Las principales diferencias radican en la cuestión presupuestaria que hace a las becas.
La Cámara de Diputados sesionará desde las 12 para avanzar con ambos proyectos de índole tributaria. También se tratará la ley de enfermería.
Tras dos meses, la Cámara de Diputados se reunirá este jueves para aprobar un temario que contiene proyectos de ley. Desde las 12, hora que está prevista la sesión especial, el oficialismo buscará la sanción definitiva del Consenso Fiscal 2021 y avanzar con el proyecto que prorroga seis impuestos por cinco años.
Y decimos dos meses porque si bien desde el 5 de julio a la fecha hubo tres sesiones, ninguna de ellas fue para tratar iniciativas significativas: la del 2 de agosto fue cuando Cecilia Moreau asumió en reemplazo de Sergio Massa; la del 3 de septiembre fue para votar un repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner; y la de este miércoles fue para recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Juan Manzur.
A pocas horas de la convocatoria, el Frente de Todos habría logrado conseguir los votos necesarios para llevar al recinto la prórroga de impuestos, un tema que originalmente no estaba contemplado. Pero sí era el anhelo del oficialismo poder tratarlo antes del ingreso del Presupuesto 2023, que se espera sea girado precisamente este jueves mientras transcurra la sesión, dado que la recaudación por esos tributos rondan alrededor del 32%, lo cual resultan claves.
En las negociaciones, el bloque que conduce Germán Martínez habría accedido a reclamos planteados por algunos diputados del radicalismo, de modo que en el dictamen se separen en distintos artículos lo que es prórroga de impuestos a lo que se refiere únicamente a asignaciones específicas, para lo cual sí se requiere mayoría absoluta.
Con la iniciativa, se busca extender hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Otro tema será la ratificación del Consenso Fiscal 2021, firmado por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y se espera que se convierta en ley también con el acompañamiento de un puñado de radicales que responden a sus gobernadores, los cuales suscribieron.
Entre sus puntos principales, este pacto permite que las provincias puedan aumentar -con alícuotas máximas- impuestos locales tales como Ingresos Brutos y Sellos. Bajo el lema de “no crear” o “no aumentar” impuestos, Juntos por el Cambio tiene fuertes críticas.
El temario de la sesión incluye el proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Además, se tratará el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana; y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, se debatirá el proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los consensos necesarios en el recinto, de modo tal que el texto salga con el respaldo más amplio. Las principales diferencias radican en la cuestión presupuestaria que hace a las becas.
Las autoridades de la Cámara baja oficializaron la convocatoria para una sesión especial que tendrá lugar el día 15, a partir del mediodía. La convocatoria no incluye -por ahora- el proyecto más controvertido.
Finalmente, tras dos intentos fallidos pero nunca oficializados, la Cámara de Diputados convocó a sesionar este jueves 15 de septiembre para tratar una serie de temas que a priori no implican riesgo alguno para el oficialismo.
Según consta en la citación suscripta por el secretario Parlamentario Eduardo Cergnul, la convocatoria es para este jueves 15 de septiembre a las 12, y figura en primer lugar el tratamiento del Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de 21 provincias. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado, y si bien tiene reparos de parte de Juntos por el Cambio, cuenta con garantías de aprobación.
El proyecto que no figura en el temario conocido este lunes es el de la prórroga de seis impuestos, que sí planteaba serias discrepancias con Juntos por el Cambio y el cual, hasta lo que se conoce, no contaba con los votos suficientes para su aprobación. Esa fue la razón concreta de la postergación de las dos últimas semanas.
Amén de ello está previsto el tratamiento del proyecto que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones combinadas, a realizarse entre el 1° de septiembre de este año hasta el 31 de agosto de 2023.
Figura en el temario el acuerdo que crea la Fundación Internacional UE-ALC, celebrado el 25 de octubre de 2016, en la ciudad de Santo Doingo, República Dominicana; como así también la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
Por último, figura el tratamiento del proyecto de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería. Sobre este tema existen dos dictámenes, y un acuerdo previo entre oficialismo y oposición para alcanzar los acuerdos necesarios en el recinto, de modo tal que el proyecto salga con el respaldo más amplio.
La última sesión de la Cámara baja se realizó el sábado 3 de septiembre, para aprobar un proyecto de repudio al atentado perpetrado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Previamente había sesionado el 2 de agosto, para elegir nuevas autoridades de la Cámara de Diputados, tras la renuncia de Sergio Massa para asumir al frente del Palacio de Hacienda.
Así las cosas, este jueves volverá a sesionar la Cámara, un día después de recibir el informe del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y será la primera sesión en la que se debatan proyectos -más allá del de condena del atentado- desde la sesión del 5 de julio pasado.
Citacion-a-Sesion-Especial-15-de-septiembreTratarán Consenso Fiscal y la prórroga de seis impuestos, como temas más destacados para una reunión, en la que en cambio no se tratarán temas con los que se especulaba.
Si bien oficialmente aún no ha sido cursada la convocatoria para la sesión especial de este miércoles, se da por descontado que la misma tendrá lugar este miércoles y que incluirá una extensa lista de temas. Así las cosas, lo que en principio era la fecha reservada para la visita del jefe de Gabinete, será una sesión bien extensa, pues varios de los temas incluidos corresponden a cuestiones que generarán intensos debates.
Originalmente se hablaba de una sesión con un eje de cuatro temas para debatir, que incluían el proyecto agrobioindustrial, la ley de enfermería, alcohol cero y algunos parques nacionales. Así trascendió el 12 de agosto pasado, cuando se sabía que la nueva presidenta de la Cámara estaba negociando con las autoridades de los bloques para organizar un temario lo más consensuado posible.
Después el Senado le dio media sanción al Consenso Fiscal, un tema que viene siendo demorado desde que se suscribió con una veintena de gobernadores el 27 de diciembre pasado, y se reactivó la premura por su tratamiento, que se dará sin dudas este miércoles pues urge su aprobación. El dictamen fue suscripto el pasado 17 de agosto, con 24 firmas a favor y 20 en contra, correspondientes a los bloques Pro, Evolución Radical y Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar, anticipando una radiografía de lo que sucederá este miércoles a la hora de votar.
Preanunciando a su vez que el oficialismo conseguirá aprobar el proyecto correspondiente.
Fue incorporado a esta sesión un megaproyecto que será el que concite la principal atención este miércoles: el que establece la prórroga de seis impuestos, y para el cual la oposición ya anticipó su rechazo. Al menos así lo anticiparon desde Juntos por el Cambio y los libertarios.
La iniciativa, que ingresó el pasado 1ro. de agosto, establece la extensión de la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027 del impuesto a las Ganancias; el impuesto sobre los Bienes Personales; el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque; el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos; los impuestos del régimen de monotributo; y el de Capital de Cooperativas. Además, se prorrogan las asignaciones específicas del IVA.
Desde el viernes que diversos voceros de Juntos por el Cambio se ocuparon de confirmar que van por el rechazo, particularmente de dos de esos proyectos: Bienes Personales y Cheque. Por eso insistieron siempre con la necesidad de que el oficialismo permitiera abrir el proyecto, para votar ley por ley, cosa que fue rechazada por las autoridades del Frente de Todos.
En esas discusiones que se generaron desde la oposición, se generó incluso un contrapunto entre José Luis Espert (Avanza Libertad) y Mario Tetaz (Evolución Radical), porque este último interrogaba al libertario sobre el destino de su voto: habida cuenta del rechazo común, le preguntaba si se inclinaría por un proyecto propio o se sumaría al dictamen de JxC. “La pregunta, estimado José Luis, es si vas a votar el dictamen nuestro de minoría, que baja BBPP y DDy CC, o si vas a ir por una opción testimonial atractiva para tu tribuya, pero que en la práctica no baja ningún impuesto”, le tiró el radical.
“Ya que es ley la de promoción de la industria del cannabis, podés fumar del bueno. No me jodas a mí con cómo tengo que votar ¿Otra vez con el fascismo de ‘tribunero’ o ‘plateísta’ como en 2015-2019? Yo te podría decir cagón por no querer bajar el gasto para eliminar impuestos”, le replicó Espert.
Consultados algunos representantes de los “bloques del medio”, como los rionegrinos, adelantaron que votarán a favor del proyecto del Gobierno. En cambio en el interbloque Federal no tomaron aún una resolución. Recordemos que el cordobés Ignacio García Aresca no firmó ningún dictamen en la Comisión de Presupuesto, y según pudo saberse, lo definirán a principios de esta semana.
Con todo, un legislador de los bloques del medio consultado por parlamentario.com advirtió que no ve “una posición monolítica” en el seno de JxC, y citó el caso de Ricardo López Murphy diciendo que no va a votar las prórrogas de Cheques y Bienes Personales, mientras que el interbloque tiene el proyecto alternativo citado.
Recordó lo sucedido en diciembre del año pasado, cuando la principal oposición forzó una sesión sobre Bienes Personales, “terminamos votando al revés”. No sea cosa, sugirió alguno, que el oficialismo vote con la izquierda y termine aumentando impuestos.
Si bien todo indicaba que el proyecto sobre enfermería era número puesto para esta sesión, no sería tan así. Así se desprende del adelanto formulado por el diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) el viernes pasado. En diálogo con Diputados TV, quien es además uno de los vicepresidentes de la Comisión de Salud contó que no creía que se tratara en esta sesión, porque “me parece que hay un intento de que lleguemos a un acuerdo antes, porque hay dos dictámenes. No nos han dicho que haya voluntad de tratarla, pero en unos días la situación puede variar”.
En efecto, existen dos dictámenes sobre este proyecto, donde hay más coincidencias que disidencias, razón por la cual todo indicaría que van a buscar hasta último momento acercar posiciones cuestión de alcanzar algo cercano a la unanimidad, y eso podría implicar una postergación.
En cambio no habría problemas para convertir en ley la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. El pasado 24 de agosto se alcanzó el dictamen, que tuvo algunas disidencias como la expresada por la diputada de la CC Mónica Frade, que hubiera querido que antes de avanzar con el proyecto hubiera sido citada la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, Natasa Loizou.
El temario incluirá también la creación de tres universidades, cuyos dictámenes se aprobaron también el 24 de agosto. Hablamos de las universidades del Delta, de Pilar y Saladillo.
Un día antes se emitió dictamen para otro proyecto que será incluido este miércoles y será ley: el que autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida del mismo de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios del programa de ejercitaciones.
No alcanzó a tener dictamen para llegar al recinto el proyecto de alcohol cero, como así tampoco todavía está listo el proyecto de ley de agrobioindustria, uno de los que pidió especialmente el ministro de Economía, Sergio Massa.El 17 de agosto pasado el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, fue a defender el proyecto al plenario de comisiones de Agricultura y de Industria, y también irá esta semana al Senado. Pero todavía no tiene dictamen para llegar al recinto.
Con estos temas, a los que podrían sumarse algunos más, se augura una sesión extensa. Además, porque hay muchos temas acumulados que no han llegado al recinto.
Descontándose que en las bancas del oficialismo aparecerán carteles referidos a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, habrá seguramente cuestiones de privilegio sobre ese tema en uno y otro sentido. Y sobre otros, como así también homenajes.
La Cámara baja no sesiona para tratar proyectos desde el 5 de julio pasado, y la sesión del 2 de agosto solo estuvo dedicada a tratar la renuncia de Sergio Massay la asunción de su sucesora, Cecilia Moreau. Por acuerdo de todos los bloques, se decidió postergar ese día cuestiones de privilegio o apartamientos de reglamento.
Una alternativa que seguramente se analizará será la de que ese espacio de “catarsis” quede reservado para promediando la sesión, dividido en un par de tramos, como ya se ha hecho en otras reuniones.
Con 24 firmas a favor y 20 en contra, el proyecto que ya cuenta con media sanción en el Senado, quedó habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara baja. La oposición expresó su preocupación por el aumento de la presión tributaria que plantea el texto.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, presidida por el oficialista Carlos Heller, finalmente emitió dictamen favorable al proyecto de Consenso Fiscal, que ya cuenta con la media sanción en el Senado, y quedó listo para ser debatido en el recinto. El oficialismo buscará convertirlo en ley en la próxima sesión que, a priori, será el 31 de agosto.
El despacho contó con 24 firmas a favor y 20 en contra, que fueron de los bloques Pro, Evolución Radical, Coalición Cívica, mientras que los diputados de la UCR se dividieron a la hora de firmar.
El acuerdo fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y, desde entonces, espera su rúbrica no solo en las legislaturas provinciales, sino también en el Congreso. Las jurisdicciones que no se plegaron al acuerdo tributario son San Luis, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.
La reunión fue encabezada por Heller, pero a la hora de explicar los lineamientos del acuerdo le cedió la palabra al miembro informante por el oficialismo Marcelo Casaretto quien describió las “seis partes” del proyecto: compromisos en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos de Gobierno nacional; y compromisos comunes.
En materia tributaria, el legislador explicó que “hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal”, y “un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación”. Además, señaló la elaboración de un padrón federal de registro único, y la “coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral”; así como “la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos. La organización del organismo federal de valuación de inmuebles. El fortalecimiento y la modernización de los organismos de catastro y registro de la propiedad inmueble, rentas, agencia de recaudación en las provincias, tratando de aumentar la cobrabilidad de esos impuestos”.
Mientras que, en materia de endeudamiento responsable, señaló que el proyecto dice que “durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores. De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre”.
“El capítulo 3 es en materia de responsabilidad fiscal, se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia. El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”, agregó Casaretto.
En tanto, explicó que “el capítulo 4 trata de compromisos en materia de procesos judiciales: las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados”. Mientras que el quinto es respecto a los compromisos del Gobierno nacional que se compromete a cancelar las deudas pendientes, “básicamente a caja de jubilaciones no transferidas por las provincias. Y a compensar deudas y créditos recíprocos”.
Y, finalmente, el capítulo seis sobre los compromisos comunes, señala que las partes “acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a traes de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020. En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias”.
La primera en tomar la palabra por parte de la oposición fue Germana Figueroa Casas, del bloque Pro, que retomó inmediatamente las palabras del diputado preopinante: “Acabo de escuchar que no es vía libre para aumentar tributos, y es lo primero que está haciendo. Claro no es vía libre porque tiene topes, pero algunos llegan a casi duplicar lo que estaba, o actividades que antes estaban exentas ahora están gravadas”, expresó.
En este sentido, indicó que, por ejemplo, “estamos sin poder tratar la Ley de Alquileres, planteando disminuir impuestos a eso, y la actividad que tiene que ver con la inmobiliaria, de un 4% podría pasar a un 5. La gente no puede acceder al crédito, y el aumenta a la actividad financiera puede llegar a un 9%. Sí hay vía, no libre, para aumentar impuestos, y bastante”.
Por otra parte, la legisladora advirtió la necesidad de sancionar una nueva Ley de Coparticipación: “Es importante pensar que esta es una ley que tiene que ver con el federalismo de concertación, pero hay una ley que está por encima de eso y es la Ley de Coparticipación Federal; y parte de este federalismo de concertación tiene que ver con la falta de cumplimiento a la obligación constitucional, que era dictar una nueva Ley de Coparticipación, y esto son acuerdos que se van dando, pero nunca pueden pasar por encima de lo que dice la ley. Y hay algunos puntos donde podrían tacharse de inconstitucionales, por ejemplo, afectado el hecho imponible de Ingresos Brutos”.
Respecto a Ingresos Bruto, señaló que “hay estudios sobre la carga tributaria que lo plantean como uno de los impuestos que más carga por el procedimiento de cascada que tiene. Y, sin embargo, lo ponemos como la columna vertebral para las provincias en la recaudación”.
“Por otro lado, -consideró- invita a las provincias, en un país que ya tiene una presión tributaria enorme, las invita a otro impuesto que, combinado, con el impuesto a los Bienes Personales con estas alícuotas tan altas que tienen, realmente estaría presionando sobre los constituyentes, desincentivando el ahorro, que es plantear que las provincias tengan que dictar leyes al impuesto a la herencia. Que es una facultad que ya tienen, de hecho, hay una provincia que lo tiene, y hubo una provincia, que tuvo que volver atrás, Entre Ríos, porque se declaró inconstitucional”.
“Creo que estamos dando vuelta el camino que habíamos planteado con el consenso fiscal 2017, un camino de empezar a beneficiar a la inversión, a la producción y esto conspira en contra de lo que dice que va a beneficiar”, concluyó la legisladora.
A continuación, se manifestó la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, quien coincidió con la legisladora preopinante, respecto a que debe discutirse si es constitucional “permitir, a través de este acuerdo, que Ingresos Brutos en las provincias también grave actividades no lucrativas”.
“Todos sabemos que este falso consenso fiscal su objetivo es tirar por la borda para atrás los acuerdos logrados en el 2017. En ese momento todos destacaron versiones exactamente opuestas a lo que ahora dicen que son las motivaciones ara firmar el presente mal llamado consenso fiscal”, manifestó.
En este sentido, reprochó que “la reforma tributaria de 2017 está siendo eliminada, cuando era una reforma que tendía a bajar impuestos. Si hoy mantuviéramos esta reforma fiscal de 2017 tendríamos un esquema sin impuesto al cheque, con retenciones muy bajas, con contribuciones patronales cero para sueldos inferiores a 54 mil pesos, o con un impuesto a las ganancias con el 25% y sin impuestos al sello en muchas de las provincias”.
“El Gobierno lo que hace con este mal llamado consenso fiscal, está claro que los gobernadores y sus legisladores, porque están ahorcados presupuestariamente, lo que quieren hacer es financiar las cajas de jubilaciones no transferidas, y aquellas deudas recíprocas que también se solucionan. Básicamente se está permitiendo a los gobernadores que se logren soluciones financieras a costa de los ciudadanos particulares”, agregó.
“¿Todo esto qué significa? El Estado nacional no puede solamente financiar su excesivo gasto pública con Emisión, inflación y deuda, y como tampoco puede transferir los recursos necesario a las provincias lo que hace es permitir que las provincias se las arreglen solas tal cual hace el Estado nacional. Esto es arréglensela cómo puedan total el ciudadano siempre paga, y la presión tributaria siempre es la moneda de cambio”, indicó Rodríguez Machado.
Y concluyó: “Estos son los motivos por los que no vamos a firmar, y lo que sí quería es saber si existe en las autoridades de la Comisión que nos pueda alcanzar al bloque opositor la presión fiscal final que va a haber sobre las alícuotas de los ingresos brutos en las provincias”.
Quien recogió el guante por parte del oficialismo fue el diputado cordobés Eduardo Fernández, que recordó que es potestad de las provincias aumentar impustos o no: “Los pactos fiscales siempre se han firmado y comienzan casi siempre igual. Este se firmó en diciembre de 2021, y aclara que son acciones colectivas que generan condiciones básicas para su logro, a la vez que conservan las autonomías y potestades. El consenso fiscal no obliga a las provincias”.
Y agregó: “Es un acuerdo que viene el Congreso nacional para que se ratifique, ya el Senado, donde están los representantes de las provincias lo han hecho”.
En este sentido, concluyó que “este consenso fiscal es federal, respeta la autonomía y me parece que tratar de atribuirle direccionalidad fiscal habla por lo menos peyorativamente de las autonomías provinciales de sus legislaturas y sus gobernadores”.
Seguidamente tomó la palabra el diputado radical formoseño Fernando Carbajal, quien coincidió con el legislador preopinante: “Me voy a permitir controvertir la afirmación de que este convenio fiscal implica la suba de impuestos. Lo cierto es que este convenio, en todo caso, desde el punto de vista técnico lo que hace es remover obstáculos que tienen las provincias para subir impuestos”, inició.
Y señaló que “la eventual responsabilidad política de los aumentos de impuestos yo no lo acepto, ni creo que caiga en manos de este Congreso. Será en todo caso de los gobernadores y las Legislaturas provinciales que en medio de esta crisis les suban los impuestos a los ciudadanos y asumirán los costos. No me gustan ponerme sacos que no me quedan”.
De todas formas, manifestó dudas respecto al artículo 7: “Donde desde el Congreso de la Nación nos permitimos indicarles caminos o políticas tributarias a las provincias me parece que no corresponde desde el punto de vista Constitucional”.
A su turno, el legislador por Evolución Radical por la CABA Martín Tetaz se manifestó contra la idea de incrementar el impuesto sobre los Ingresos Brutos: “Quiero ser muy claro con todos, el impuesto sobre los Ingresos Brutos es el impuesto de los brutos. Es un impuesto que promueve el subdesarrollo. Y si nosotros nos alejamos del camino de la reducción de ese impuesto, vamos a aumentar la brecha de desarrollo con las provincias que tienen menor nivel de desarrollo. Y más tarde o más temprano nos vamos a ver con la necesidad de compensar el menor desarrollo de aquellas zonas”.
“Por esta razón alcanza y sobra para oponernos tajantemente a cualquier alejamiento del consenso fiscal 2017, es un consenso que implicaba la mitad de impuestos a los ingresos brutos que el que permite esta nueva ley”, agregó.
En este sentido, manifestó “no entender” por qué razón “nos alejamos de esa senda, y le permitimos a algunas provincias, cuyo único objetivo es de corte fiscalista, y de corto plazo que aumenten un impuesto que todos reconocemos que genera subdesarrollo”.
Por otro lado, consideró que “es una barbaridad que las provincias que no tienen nada que ver con la actividad económica, porque el hecho imponible no se genera en las fronteras de esas provincias, efectúan retenciones sobre por ejemplo los ingresos brutos. Esto es una aberración que tenemos que terminar, no tenemos que legislar sobre cómo podemos recuperar esas retenciones, tenemos que prohibirlas enfáticamente. Cada provincia tiene que remitirse a cobrar los impuestos de los hechos imponibles que se generan en su provincia, y no puede cobrar impuestos sobre hechos imponibles que se generan en otras provincias”.
Quien respondió las manifestaciones de Tetaz fue el exgobernador sanjuanino José Luis Gioja, que abrió el diccionario para buscar la definición de ‘bruto’: “Quiere decir que hace uso excesivo de la fuerza, la emplea sin control, o se comporta de manera mal educada, o desconsiderada con los demás. Mi provincia ni ninguna provincia argentina se la puede equiparar de esa forma. Creo que se le escapó al diputado. Me parece que hay que retractarse de eso, porque quienes vivimos en las provincias no nos sentimos brutos, nos sentimos bien argentinos”, replicó.
Y recordó que la constitución reformada de 1994 “mandó a hacer una nueva Ley de Coparticipación que tenía que estar vigente dos años después. En esa época conformamos la comisión de coparticipación en el Senado para tratar exclusivamente este tema. Y fue imposible ponerse de acuerdo, porque se habla de recursos para las provincias. Y la misma constitución reformada decía que ninguna provincia podía recibir menos de lo que estaba recibiendo”.
“La Nación empezó a hacer estos consensos fiscales, que tienen que ver con acuerdos de quienes democráticamente gobiernan las provincias, provincias que están antes que la Nación, y que conformaron la Nación, tienen todo el derecho a firmar convencidos, porque, además, son las Legislaturas de esas provincias que deben aprobar el consenso. Así que no es un hecho autoritario de gobernador que viene y firma lo que quiere, si no que tiene validez cuando el Parlamento de la provincia le aprueba el consenso fiscal”, señaló.
“Estamos discutiendo en demasía cosas que son muy claras, y quiero ratificar mi preocupación de bruto por ser del interior. Orgullosamente soy del interior, levantamos la celeste y blanca, que es la bandera de todos los argentinos, y la queremos levantar bien alta”, cerró Gioja.
A continuación, tomó la palabra el presidente del bloque del Frente de Todos Germán Martínez que señaló la necesidad de “recuperar la secuencia” para entender qué es lo que pasó: “16 de noviembre del 2017, Mauricio Macri presidente, Frigerio como ministro del interior, y García de Luca uno de los principales negociadores. Venían ustedes de ganar una elección intermedia, con un porcentaje importante. Y fue el momento donde se aceleran algunos procesos de toma de definiciones en el Gobierno, entre ellos se va al consenso fiscal. Acuerdo que se firma el 16 de noviembre de 2017 que estipulaba un plan plurianual, de cinco años. Buscar un consenso fiscal de 5 años presumía el espíritu optimista de ese momento, y el vínculo que después de las elecciones tuvieron a la hora de plantear el consenso fiscal”.
“Bueno, ganamos las elecciones en el 2019, y ni bien ganamos los gobernadores se reúnen en diciembre, y dice que los topes de las alícuotas del 2018 y 2019 ya pasaron, y las alícuotas vigentes para el 2020, 2021 y 2022 no las aplicamos. Entonces los topes en cada uno de los rubros, quedó como la del año 2019. La planilla que hoy nosotros estamos viendo es exactamente igual a los topes establecido en las alícuotas en las grillas 2019, el último año que ustedes gobernaron, bajo un pacto fiscal impulsado por ustedes”, prosiguió el legislador.
“En síntesis, excepto en tres rubros, no se está aumentando el tope de ingresos brutos, y los topes establecidos son los topes que los propios gobernadores de las provincias y de la CABA decidieron dejar fijados en diciembre de 2019”, concluyó Martínez.
Finalmente, tomó la palabra el diputado del Pro por la provincia de Santa Fe Luciano Laspina que advirtió que “si seguimos insistiendo con las mismas recetas, vamos a perder el partido. Si seguimos provocando aumento de salarios públicos, de gasto público, aumentos de impuestos vamos a terminar peor de lo que ya estamos”.
En este sentido, sostuvo que “la mayoría de los gobernadores, lamentablemente, utilizan los impuestos brutos que cargan de manera brutal, yo no sé si son brutos como dijo el diputado Tetaz, pero sí es un impuesto brutal. En la definición de brutal encontré violento, cruel e inhumano. No sé si es inhumano, pero sí que es violento y cruel, porque carga sobre los sectores más vulnerables, porque pega en la góndola como ningún otro, en cascada y se va acumulando, porque genera un efecto distorsivo en las inversiones, en la producción y sobre todo en las exportaciones”.
“Evidentemente tenemos un empecinamiento terapéutico que yo creo que no es porque la política no tenga un diagnóstico claro, es porque se salva la política, los gobernadores, los intendentes a costa del pueblo argentino, esta es la verdad. Me salvo yo, total no se dan cuenta”.
Seguidamente, el diputado citó a Perón y dejó un augurio para los próximos comicios: “Cómo decía Perón, va a tronar el escarmiento en las elecciones. Porque obviamente la Argentina tiene una inflación monetaria y una inflación impositiva. Porque este Gobierno no ha parado de aumentar impuestos, y ustedes creen que en una economía cerrada como es la Argentina, que es una de las más cerradas del mundo, esos impuestos ¿los pagan los empresarios? Los pagan los consumidores. Están en las góndolas, cada 100 pesos que pagamos 40 son impuestos”.
Por otra parte, señaló que “el consenso suspende, en medio de una crisis fiscal fenomenal, las restricciones que había para la expansión del gasto público y empleo público. Lo que está diciendo, es que yo voy a seguir con la fiesta del sector público, total esto me lo pagan los giles de las provincias. Esto es lo que está diciendo el consenso fiscal pasado por el filtro”.
En tercer punto, reiteró la preocupación del bloque un convalidar una Ley que devenga en inconstitucional: “Este consenso fiscal modifica el hecho imponible que establece la Ley de Coparticipación, al establecer el alcance de Ingresos Brutos a actividades no lucrativas, o sea acaba de cambiar la Ley de Coparticipación. Y al respecto hay dos fallos llamativos, en contra de estos. De la posibilidad de las provincias de aplicar ingresos brutos a actividades no lucrativas, uno es justamente una cooperativa, y la segunda es asociación bancaria”.
“Es obvio que estamos en crisis, es un sálvese quien pueda, y este consenso fiscal es la expresión más cabal, absoluta y clara del sálvese quien pueda de la política, hundiendo a los contribuyentes. Todo esto conforma una verdadera tragedia en materia tributaria y fiscal, lo que nos lleva a nosotros rechazar de plano esto consenso fiscal. Me parece que es, otra vez, la política del sálvese quien puedo, o el sálvese quien pueda de la política en detrimento de los contribuyentes”, concluyó Laspina.
Finalmente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados le dio dictamen de mayoría al proyecto de ley por el cual se aprueba el Consenso Fiscal con 24 firmas a favor y 20 en contra.
Al cierre de la reunión, también se aprobó un proyecto de ley por el cual se sustituye el artículo 1° de la Ley 27.047, sobre declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble de la localidad de Chacras de Coria, provincia de Mendoza, conocido como “Casa Mazzolari-Cerutti” o “Casa Grande”.
En un comunicado, la bancada que conduce Cristian Ritondo anticipó que votará en contra. “Se trata de un aumento de impuestos encubierto”, afirmaron.
En la previa de su tratamiento en comisión, el bloque Frente Pro de la Cámara de Diputados anticipó su voto en contra del proyecto de ley de Consenso Fiscal, que la semana pasada recibió media sanción del Senado, luego de estar ocho meses sin tratarse.
A través de un comunicado, la bancada que conduce Cristian Ritondo adelantó que cuando se trate en el recinto votarán negativamente, porque entienden que “se trata de un aumento de impuestos encubierto que perjudicará a la producción y a la creación de trabajo genuino”.
En esa línea, los legisladores macristas consideraron: “Debemos promover a las economías regionales a través de mecanismos de alivio fiscal y no con medidas que atentan contra el desarrollo productivo. Más carga impositiva es menos trabajo y más aumento de los costos que se trasladan luego a la inflación, creándose un círculo vicioso en detrimento del bienestar general”.
Además, calificaron al proyecto como “perjudicial” y señalaron que “atravesamos por una crisis económica inédita y la sociedad demanda responsabilidad de los gobernantes, racionalidad en el gasto público y señales austeras de la dirigencia en su conjunto”.
“Lamentamos que la única idea que plantea el kirchnerismo siempre sea un ajuste al sector privado con impuestos regresivos. Por este motivo, votaremos en contra cumpliendo con el compromiso que asumimos ante nuestros votantes”, concluyeron, anticipando la misma postura que tuvo el Pro en la Cámara alta.
La senadora tucumana de Juntos por el Cambio se manifestó contra otorgarle facultades a los gobernadores de aumentar impuestos.
En su intervención en el debate por el Consenso Fiscal, la senadora de Juntos por el Cambio Beatriz Ávila se manifestó en contra de otorgarle la posibilidad a los gobernadores de que puedan incrementar impuestos a discreción, y denunció un “pacto de poder” para que algunas provincias puedan recaudar de cara al año legislativo 2023.
“Quiero argumentar el motivo de mi rechazo del dictamen del proyecto, porque considero que este consenso fiscal entre la Nación y las provincias constituye un retroceso considerable en la búsqueda de proteger al sector productivo, en incentivar a las economías regionales, en brindar seguridad jurídica, y en alentar a la inversión y las exportaciones. Y también es un retroceso para los contribuyentes”, comenzó su alocución la legisladora tucumana.
En este sentido, indicó que “el consenso fiscal es una herramienta valiosa en otro contexto, pero en el actual, en el que estamos viviendo, lamentablemente tengo que decir que es un retroceso. No solamente porque a las provincias se la da la atribución de poder incrementar ya la enorme presión fiscal que soportan las empresas y las personas físicas, alentando impuestos arcaicos, como ingresos brutos y el impuesto a los sellos que son altamente distorsivos y regresivos dentro del sistema tributario argentino, y además la Argentina tiene un sistema tributario que no alienta la competitividad de nuestra economía”.
“Yo creo que subiendo impuestos no solucionamos ninguno de los problemas que tiene nuestra economía. Por el contrario, a más carga tributario, menor es la inversión, menor es la productividad, menor es la calidad de vida de los argentinos, lamentablemente. Y el actual modelo económico, que esta caracterizado por una inflación desbordada, se ha hablado de entre 90 y el 100% anual, que ha generado mayores niveles de pobreza, mayores niveles de indigencia y un hartazgo, una incertidumbre en toda la sociedad que obviamente esto no trae ningún aliciente para mayores inversiones. A la Argentina nadie le confía”, agregó.
En otro tramo de su discurso, Ávila sostuvo que “no solo este consenso apunta a que se puedan aumentar impuestos, sino que también se pueden crear impuestos, como es el impuesto a las herencias. Y este no es el camino. Porque este Gobierno desde que asumió ha generado muchos impuestos, y la verdad es que no ha logrado ninguno de los objetivos que quería: no ha logrado bajar la inflación, no ha logrado bajar el riesgo país, no ha logrado bajar la pobreza, esto solamente se ha multiplicado. Y siguen proponiendo más ajustes al sector productivo y a los trabajadores, con impuestos, con incrementos tarifarios, con gastos improductivos en distintas áreas del Estado, y sin embargo el gasto político no se lo toca, en absoluto”.
Asimismo, agregó: “Toda la sociedad la está pasando muy mal, no solo por la inflación, sino sobre todo por las decisiones equivocadas y una gestión ineficaz, donde tengo que decir que lamentablemente tenemos un presidente vacilante, perdido, carente de poder, y que permanentemente es sometido por las presiones de sus socios políticos, de su propio espacio. Creo que el Gobierno ya cumplió su ciclo, y lamentablemente se está empeñando en encaminarse al precipicio”.
En tanto, llamó la atención sobre la designación de sergio Massa al frente del Ministerio de Economía: “Puede decirse que el consenso fiscal tiene intenciones nobles, pero a mí me gustaría preguntarles a los senadores del oficialismo es ¿qué pasó con este proyecto, que tenía un placido sueño, y qué de repente tomó tanta velocidad? ¿Cuál ha sido el estímulo para convocar aceleradamente a la comisión, pocas horas antes de asumir el salvador Massa? ¿Por qué tanto apuro? Y como nada es casual, es inevitable concluir que hay algunos gobernadores muy interesados en blindar a sus provincias ante un eventual ajuste que pudiera realizar Massa”.
“La clave del acuerdo pasa por la facultad de crear nuevos impuestos, y que esta también podría ser una herramienta que podría recurrir el año que viene con vistas a las elecciones”, analizó
Ya finalizando su discurso, Ávila advirtió que cree “que el camino que nos espera a los argentinos es muy difícil, muy temerario, y como representante de la provincia de Tucumán, puedo asegurar que la provincia está a la vanguardia de este proceso. La carga tributaria de Tucumán es una de las más altas del país, y solamente voy a dar un ejemplo respecto al precio de la electricidad. Tucumán tiene el servicio de electricidad más caro del país, y no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Energía”.
“La luz, el agua y el gas tienen Ingresos Brutos, y nosotros estamos con este Consenso Federal habilitando que el gobernador continúa con esta temática”.
“En definitiva, este pacto lo que habla en el fondo es una discusión de poder, donde algunos gobernadores, a través de este pacto, quieren recaudar para que, en el año 2023, que es un año electoral, tengan los recursos”, agregó.
“Estamos viviendo momentos muy críticos, yo creo que la sociedad nos está interpelando a todos, oficialismo y opositores, es momento de estar a las circunstancias, dar señales claras, no podemos avalar la creación de nuevos impuestos, la gente no da para más. Está harta de la presión económica que está teniendo. Lo que necesitamos es un país serio, previsible, que genere confianza. Por eso yo voy a rechazar el proyecto”, concluyó la senadora tucumana.
Suscripto por 20 gobernadores con el presidente Alberto Fernández en diciembre del año pasado, la Cámara alta dio media sanción al pacto que ahora deberá ser aprobado por Diputados.
El Consenso Fiscal era otro de los temas que figuraban en el temario habilitado por el Poder Ejecutivo en febrero de este año para las sesiones extraordinarias que finalmente pasaron sin que ninguno de los proyectos fuera tratado. Debió transcurrir medio año más para que recién este miércoles la Cámara alta diera cuenta del mismo y lo aprobara.
La norma obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, y ahora será el turno de Diputados, para ser convertido en ley y habilitar de una vez los elementos que establece el acuerdo suscripto con todos los gobernadores, menos los de San Luis y La Pampa, más el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Asimismo, se busca fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
Fue el riojano Ricardo Guerra (FdT) quien abrió la ronda de oradores y procedió a explicar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Al respecto, señaló que el documento suscripto por representantes del Gobierno y las provincias a excepción de los mandatarios de San Luis y La Pampa que “mantienen esa posición desde el primer Consenso Fiscal puesto a consideración a l que se agrega el representante de la Ciudad de Buenos Aires”.
Acto seguido apeló al artículo 1 de la Constitución Nacional para remarcar que la Argentina adopta la forma federal de gobierno y, desde la perspectiva fiscal, explicó que “precisa de acciones colectivas que generen condiciones favorables a ese cometido, pero respetando las potestades de los distintos niveles de gobierno”.
“Se hace necesario generar las circunstancias para una política tributaria coordinada, entre las jurisdicciones participantes y así dotar al país de un marco legal estable y tributariamente armónico que instaure una estructura impositiva que propenda a la inversión, al crecimiento, a la generación del empleo”, explayó Guerra.
En otro tramo de su alocución, indicó que también es necesario “dotar de progresividad a la estructura tributaria vigente a partir de una mayor preponderancia a partir de los impuestos patrimoniales en compensación de las reducciones a la tributación sobre actividades productivas y el consumo sin que eso altere el equilibrio fiscal del Estado”.
“Otro aspecto es la eficacia a la gestión de los organismos recaudadores en relación a la reducción de la evasión y la elución fiscal, así como también de alcanzar mayor eficiencia en la administración tributaria”, agregó el senador oficialista.
Por otro lado, explicó que el texto reza por “acordar y definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias y revisar conforme al contexto económico las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad fiscal; reducir la litigiosidad entre el Estado y las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires para proponer el arribo de acuerdos”.
A su turno, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) analizó que el proyecto “hay que ponerlo en el contexto en el que se firmó”, para sumar: “Esto se firmó en 2021 donde sin dudas las condiciones económicas y sociales eran diferentes a las actuales. Veníamos saliendo de una pandemia donde los gobernadores y municipios tuvieron que hacer un enorme esfuerzo tanto para sostener y aumentar infraestructura en materia sanitario. Tuvieron que hacer un aporte importante al sector privado para el sostenimiento de la economía porque sabemos cuáles fueron los primeros impactos de la pandemia”.
“En esa fecha tampoco se había arreglado la reprogramación de deuda con el FMI, que todos sabíamos que teníamos vencimientos imposibles de afrontar y que necesitábamos esto. Era imprescindible generarles previsibilidad a nuestros gobernadores e indirectamente a los intendentes”, amplió en su discurso.
Y señaló que fue “en ese marco y sin la aprobación del Presupuesto 2022, que generó incertidumbre porque se había rechazado, es que se firma este pacto fiscal”. “¿Qué es un pacto fiscal?”, preguntó el radical y explicó: “Es una nueva relación entre el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la gerencia de los municipios”.
“Tiene un aspecto muy importante desde el punto de vista de los impuestos y los tributos donde en algunos casos como el ingreso bruto que faculta a los gobernadores a aumentarlos, el impuesto a los sellos”, cuestionó Zimmermann y destacó el comportamiento de los gobernadores radicales sobre ese tema. Sin embargo, en relación al endeudamiento responsable y al gasto expresó su acuerdo con eso porque “significa que los gobernadores tienen que garantizar el equilibrio para poder funcionar y no van a poder tomar deudas. Son temas importantes”.
En el uso de la palabra la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) lamentó no contar con la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, y comparó el Consenso Fiscal del 2017 que “bajaba impuestos” con el actual que “crea nuevos impuestos”.
“Aunque se llame igual y digan que es una prórroga está justamente permitiendo lo contrario, eso es frustrante”, advirtió la cordobesa y criticó que el proyecto es “un guiño a las provincias para que puedan aumentar los impuestos”. “Este Consenso Fiscal nos trae ingresos brutos distorsivos y les permite y los deja sujetos en la responsabilidad de cada gobernador aumentar; inclusive quieren grave el comercio electrónico, los servicios de internet”, cuestionó la senadora del Pro.
Al igual que sus predecesores, el radical Martín Lousteau recordó que el proyecto se firmó hace ocho meses y señaló que “las provincias necesitan que les giren los fondos que corresponden”. “Mientras esto sigue siendo demorado, las provincias no reciben lo que corresponde en materia de la cancelación de los montos actualizados por el famoso 15%”.
“Cuando los aportes empezaron a ser derivados a un fondo individual, alguien tenía que saldar la diferencia para pagarle a los jubilados que, antes se les pagaba con los aportes de trabajadores activos, para eso se les sacó plata a las provincias se les sacó el 15% de la coparticipación”, explicó Lousteau.
En esa línea, criticó que “en 6 años ese dinero nunca se les devolvió a las provincias cuando el sistema previsional se estatizó, nunca se les dio esa autonomía”. Respecto al proyecto, manifestó que se hace referencia a los Consensos Fiscales de 2017-2018-2019 y apuntó: “Muchas veces repetimos muchas de las cosas que queremos que pasen en materia de coordinación, de comportamiento fiscal y no ocurre”.
“Esto se firmó hace 8 meses no sé qué piensan del proceso inflacionario en curso”, preguntó Lousteau y adelantó que “cuando termine el mes va a ir un 48% acumulado y cerca de 100% anual y ni que hablar de obtener financiamiento internacional”.
Además, disparó contra el Gobierno porque “no solucionó la inflación, la empeoró y dijo muchas veces que con la reestructuración de deuda con los privados iba a poder acceder a los mercados de créditos y todavía Argentina sigue cada vez más lejos de eso; hablan de autonomía y a las provincias no les devolvieron la plata y les dicen que para acceder tiene que denegar todo proceso judicial contra la Nación”, y cerró: “Todo lo que se dice en el Consenso Fiscal está muy lejos de materializarse en la Argentina”.
De la vereda de enfrente, el kirchnerista Oscar Parrilli (Neuquén) se sinceró al manifestar: “Este Consenso Fiscal me hubiese gustado que tenga muchas otras cosas”, pero señaló que “es un avance importante de lo que se logró en diciembre del 2021 en relación a Consensos Fiscales anteriores”.
En ese sentido, cuestionó que hubo Consensos Fiscales “unitarios” desde donde “el poder central se les impone condiciones a los gobernadores en una suerte de paternalismo se les quiere enseñar a cómo gobernar. Se les decía que debían bajar impuestos, debían bajar los ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a ver operadores de deuda y así endeudaron a muchísimas provincias en dólares a causa de esa baja de impuestos”.
“Fueron pactos fiscales unitarios, centralistas con desprecio a la potestad de los gobernadores donde se les imponía básicamente la baja de impuestos”, lanzó Parrilli y comparó que el actual proyecto les da “potestad a los gobernadores porque son los que en definitiva van a definir si aumentan o no las tasas de impuestos, a qué sector aumentan y a cuál les reducen”.
Por otro lado, ponderó que “establece la posibilidad de aumentar los impuestos patrimoniales a la vez de bajar aquellos que tienen que ver con las actividades productivas y de consumo, así que de ninguna manera este es un Consenso Fiscal que autorice a poner este impuesto para aumentar el costo de los consumidores o de las actividades, todo lo contrario, sino que se debe gravar a los que tienen ingresos, fortunas, riquezas que son los que tienen que tributar”.
Además, recordó que “durante el gobierno de Cambiemos bienes personales que estaba gravados se los sacó, es decir, una persona que tiene una casa paga bienes personales, una persona que tiene un campo o estancia no paga porque no están gravados”. Asimismo, apuntó contra la Ciudad de Buenos Aires que “recauda 10 veces más por habitante de impuestos propios que cualquier otra ciudad y se debe a que en una cuadra tiene 50 edificios. No se le sacó la coparticipación, sino que se le devolvió a la Nación una coparticipación que el gobierno de Mauricio Macri les había sacado a las provincias para aumentarle a la Ciudad, le dio más riqueza”.
“Este proyecto le da facultades y atribuciones a las provincias que les habían sacado”, resaltó Parrilli y cerró: “De ninguna manera se puede decir que esto va a perjudicar a las provincias, les va a dar la posibilidad de que administren sus propios recursos y lo más importante es que una acción de respeto hacia esas autoridades”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba Federal) sostuvo que el proyecto tiene la intención de “llevar adelante un ordenamiento tributario que garantice un crecimiento de la economía”, y recordó que “fue firmado por los gobernadores y por el presidente como también se firmó en el 2017 en el que estaban muchos gobernadores que también están en la actualidad”. En esa línea indicó que “se firmó entre quienes tenían que hacerlo, no entre los bloques políticos”. “Esto es un ordenamiento, una contribución y una herramienta más de la que tiene el Estado apelando al consenso con los gobiernos provinciales para ordenar la economía”, destacó Vigo.
La palabra de los jefes de bloques
El titular del bloque Pro, Humberto Schiavoni (Misiones), arrancó su discurso con munición pesada calificando el proyecto como un “nuevo parche a nuestro sistema de distribución de recursos fiscales. Es un nuevo parche al mal trecho régimen que en su última versión está instituido por la Ley 23.548 de 1988, a partir de ahí se han hecho innumerables agregados, quitas y tenemos ahora el laberinto de la coparticipación”.
“Es necesario un ordenamiento que de previsibilidad a la distribución fiscal entre la Nación y las provincias y entre las provincias en el caso de la distribución secundaria”, sostuvo el misionero y subrayó que han pasado “25 años y aún tenemos pendiente esta deuda”.
Por último, indicó que “con este nuevo Consenso Fiscal lo que hace es interrumpir la baja en impuestos altamente distorsivos para la actividad económica y autoriza a gravar la transmisión de impuesto a la herencia”.
A continuación, fue el turno del jefe del bloque UCR, el formoseño Luis Naidenoff, ratificó la postura de los tres gobernadores radicales y del jefe de Gabinete Porteño, Horario Rodríguez Larreta, que no suscribieron el Consenso Fiscal acordando “no aumentar ni generar nuevos impuestos”.
“La base de este acuerdo fiscal son los que se firmaron en 2016-2017-2018-2019 y 2021, esos cinco acuerdos son las marchas y contramarchas de una Argentina pendular en materia fiscal por un país acostumbrado a tensar la cuerda, por una dirigencia que no está dispuesta a asumir costos, porque gobernar es hacerse cargo y eso implica tomar decisiones que muchas veces no son para los aplausos porque los países serios se construyen con bases sólidas y los aplausos se ven con el paso de los años”, apuntó.
Al igual que sus compañeros preopinantes, Naidenoff ratificó que el acuerdo se firmó el año pasado y agregó que se incorporó al temario de sesiones extraordinarias convocada el 26 de enero de 2022 para sesionar entre el 1 y 28 de febrero y la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió el 3 de agosto de este año para su tratamiento y apuntó: “Solamente el oficialismo que tiene mayoría en esta Cámara podrá explicar por qué pasaron 180 días para dar tratamiento a un Consenso Fiscal que fue de imperiosa necesidad para las provincias”.
“Hay un nivel horizontal en el sistema representativo y federal entre los tres poderes y una distribución vertical. El problema es que esos sistemas están en crisis en la Argentina. Se han soportado embates del Ejecutivo hacia el Legislativo de forma constante, ni hablar con el Poder Judicial fallo que no me gusta emplazamiento, empujar y remover. En materia de distribución es la gran deuda pendiente porque hay un federalismo de concentración, entonces la lapicera siempre está en el Ejecutivo”, enfatizó el titular del bloque UCR.
Fue el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, el encargado de cerrar el tema quien explicó que “se trata de la administración nacional y provinciales y depende de cada jurisdicción en cuanto a las obligaciones que tiene cada estamento”.
“Las provincias que se han endeudado en dólares tienen la dificultad de poder sostener la usura. Esta es la situación de gran parte de las provincias del país”, dijo el oficialista y agregó que “la base de este acuerdo es el compromiso en materia tributaria, en materia judicial, en endeudamiento responsable, la responsabilidad fiscal y los compromisos mutuos con la Nación”.
“Vamos a acompañar, como bloque, la decisión que han tomado el presidente y los gobernadores”, finalizó.
Se propone convertir en ley Resistencia Antimicrobiana y la prórroga de incentivo a la construcción, uno de los temas pedidos especialmente por Sergio Massa. También tratan Consenso Fiscal.
La Cámara de Senadores desde las 14.23 para tratar una serie de temas que a priori no ameritan controversias y entre los que se destacan la prórroga del Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda y el proyecto de Resistencia Antimicrobiana. Descontándose su aprobación, ambos temas se convertirán en ley.
El resto del temario incluye más de una decena de temas, comenzando por el ingreso de una serie de acuerdos.
El temario incluye un proyecto de los senadores Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana-Río Negro) y Mario Fiad (UCR-Jujuy) para crear un régimen previsional diferencial para trabajadores que se desempeñan o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales.
Además de convertir en ley el proyecto del Ejecutivo sobre entrada y salida de tropas, se tratará también, como dijimos el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados de incentivo a la inversión, construcción y producción argentina, uno de los temas pedidos especialmente al Congreso por Sergio Massa el jueves pasado.
Figura también el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que tuvo media sanción de Diputados en la madrugada del 6 de julio pasado.
Asimismo y finalmente se abordará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el presidente con una veintena de gobernadores en diciembre pasado.
También otro proyecto de la fueguina Eugenia Duré (FdT) para crear el “Foro de jóvenes para el diálogo por Malvinas”.
Sesionará para convertir en ley el proyecto de incentivos a la construcción. También tratará Resistencia Antimicrobiana y Consenso Fiscal, entre otros temas.
La Cámara de Senadores volverá a sesionar este miércoles a partir de las 14 para tratar una serie de temas que a priori no ameritarían controversias y entre los que se destacan la prórroga del Régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda y el proyecto de Resistencia Antimicrobiana. Descontándose su aprobación, ambos temas se convertirán en ley.
El resto del temario incluye más de una decena de temas, comenzando por el ingreso de una serie de acuerdos.
Según se adelantó a través del decreto suscripto por la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, el temario incluye un proyecto de los senadores Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana-Río Negro) y Mario Fiad (UCR-Jujuy) para crear un régimen previsional diferencial para trabajadores que se desempeñan o se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales o rurales.
Además de convertir en ley el proyecto del Ejecutivo sobre entrada y salida de tropas, se tratará también, como dijimos el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados de incentivo a la inversión, construcción y producción argentina, uno de los temas pedidos especialmente al Congreso por Sergio Massa el jueves pasado.
Figura también el Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que tuvo media sanción de Diputados en la madrugada del 6 de julio pasado.
Asimismo y finalmente se abordará el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el presidente con una veintena de gobernadores en diciembre pasado.
Será el turno también para una serie de proyectos que no tendrán debate, como los de Silvina García Larraburu que instituyen el Día Nacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia; y el que crea el Día Nacional de la Mujer Petrolera; el de la senadora María Eugenia Duré (Unidad Ciudadana-Tierra del Fuego) que declara el Día Nacional de la Mujer en la Antártida; el de Cristina López Valverde (Frente Nacional y Popular-San Juan) que instituye el Día Nacional de la Mujer en la Minería; y el que declara el Día Nacional del Pistero Socorrista.
Asimismo se tratará el proyecto de Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) que declara parte el patrimonio inmaterial nacional a la celebración del Viernes Santo en Yavi, Jujuy; y el de la senadora riojana Clara Vega declarando “Sepulcro Histórico Nacional” al sepulcro de Facundo Quiroga.
Por último se dará sanción al proyecto de la senadora Duré para crear el “Foro de Jóvenes para el Diálogo por Malvinas” y el del rionegrino Alberto Weretilneck para declarar bien de interés histórico nacional a la Casa Peuser en Cipolletti, Río Negro.
En el marco de una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, desde la oposición adelantaron su apoyo, aunque pidieron precisiones respecto de si el acuerdo con el FMI no alteraba lo suscripto.
Una de las 18 cuestiones incluidas en el temario de extraordinarias, que como todos saben quedaron sin tratar este año, fue el Consenso Fiscal. Ese pacto fue firmado entre las provincias y el Gobierno nacional el 27 de diciembre del año pasado y desde entonces espera su rúbrica, no solo en las legislaturas provinciales, sino por supuesto también en el Congreso.
Esa deuda comenzó a ser saldada este miércoles, al emitirse dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que dejó el tema entonces listo para ser incluido en la próxima sesión de la Cámara alta.
Fue en el marco de una reunión encabezada por el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), quien al iniciar la reunión aclaró que habían sido designados en la comisión los oficialistas Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Daniel Bensusan (La Pampa), en lugar de la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde. Por tratarse de un reingreso a la comisión, Di Tullio volvió a su cargo original de secretaria de la comisión.
A continuación, Guerra habló sobre el Consenso Fiscal, recordando que fue suscripto por 20 provincias. Hay dos que no lo hacen nunca, La Pampa y San Luis -aclaró-, agregando esta vez a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no envió ningún representante a firmar el pacto.
El acuerdo pretende “tratar de consensuar políticas en materia de tributación en todo el territorio nacional, para trabajar mancomunadamente, que haya ciertos equilibrios y a su vez haya tareas inherentes al control de la elusión”, comentó el presidente de la comisión.
Luego hizo referencia a una serie de compromisos que se asumen al suscribir el Consenso, que son en materia tributaria; en materia de endeudamiento responsable; en materia de responsabilidad fiscal; en materia de procesos judiciales; compromisos que asume el Gobierno nacional con las jurisdicciones, y ciertos compromisos comunes.
Luego detalló cada uno, citando en materia tributaria límites o techos en lo que son las alícuotas de los distintos impuestos provinciales. Respecto de endeudamiento responsable, “se procura que no se repita la historia reciente de tomar deuda por encima de las efectivas posibilidades que se tienen, y que no se tome deuda para gastos corrientes, sino que tienen que tener como contraprestación, por ejemplo, obras de infraestructura”.
En materia de responsabilidad fiscal, puso el ejemplo de que “la economía luego de la pandemia ha comenzado un proceso de recuperación, y es necesario retornar a los compromisos asumidos oportunamente en esa materia”.
El senador riojano señaló en referencia a los procesos judiciales los acuerdos a los que se pueda arribar previamente a las instancias de juicio en sí, y hacer un compás de espera por un año para no avanzar en esos procesos.
“También hay compromisos del Gobierno nacional, que tienen que ver con algunas deudas que tenía el Fisco nacional con las provincias, y que se compromete a pagarlas en determinados plazos”, explicó Guerra, concluyendo que “este es en esencia el contenido que tiene este Consenso Fiscal, que para que tenga operatividad debe ser aprobado por las legislaturas de todas las jurisdicciones y el Congreso nacional”.
Habló a continuación el radical chaqueño Víctor Zimmermann, quien es vicepresidente de esa comisión, y recordó que dicho acuerdo firmado en diciembre de 2021 “prevé una nueva relación del Gobierno nacional con las provincias y con sugerencia a los municipios. Desde el punto de vista fiscal permite inclusive algunos incrementos en impuestos como Ingresos Brutos, con un límite por actividad; también en el caso de Impuesto a los sellos; también una adecuación del impuesto automotor e inmobiliario, y la posibilidad de que cada una de las provincias puedan reglamentar y cobrar el impuesto a la herencia, como ya lo está haciendo la provincia de Buenos Aires”.
Entonces hizo algunas observaciones puntualmente respecto de los gastos, por cuanto fue suscripto antes del acuerdo con el Fondo. Según el mismo, las provincias no van a poder tomar endeudamiento para gasto corriente, tampoco van a poder incrementar el gasto público por encima del PBI, y también puede llegar a haber alguna limitación para las transferencias a las provincias por financiamiento, observó el legislador, que en ese sentido adelantó el deseo de conocer la opinión del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa.
Como sea, aclaró en nombre de Juntos por el Cambio que “nosotros vamos a acompañar, porque entendemos que en las provincias ya está siendo operativo. Pero quedemos dejar sentada nuestra inquietud respecto de poder cumplir con el Fondo”.
Como es habitual de su parte, el presidente del interbloque Frente de Todos, José Mayans, intervino a continuación para resaltar la importancia de ese tipo de acuerdo. “Este es un acuerdo general con respecto a la percepción de los tributos en todo el territorio, teniendo en cuenta que son 5 o 6 los más importantes. Primero está el IVA, después las contribuciones para la Seguridad Social; Ganancias; después transacciones comerciales, como el impuesto al cheque, el impuesto a los combustibles, y estos son los tributos que se recaudan en todo el territorio”, comentó el formoseño.
A continuación sumó “los derechos de importaciones y exportaciones, que también son una parte importante de los recursos del Estado nacional, que a través de la coparticipación se distribuyen”. Ese punto merecería más tarde una observación de parte de una senadora de Juntos por el Cambio.
Mayans apuntó que esos acuerdos permiten lograr “una mejor relación e información entre los estados nacional y provinciales”, y a continuación se preocupó de hacer hincapié en la cuestión de los gastos provinciales. En el caso de su provincia, dijo que le hacía gracia que siempre se dijera que Formosa “está llena de empleados públicos”.
“Desconocen los datos -se quejó-. Nosotros tenemos 700 mil habitantes y hay menos de 50 mil empleados públicos. 47 mil. Menos del 10%. ¿Dónde están esos empleados públicos? El 50% son docentes; le sigue el sistema de salud, y el sistema de seguridad, las fuerzas policiales, está tercero. Esto pasa en todas las provincias. Y después la justicia, y obviamente los municipios. En esto consiste el gasto”.
Advirtió en ese sentido que la Seguridad Social se lleva el 70% del Presupuesto nacional, que aseguró que se queda en 4 o 5 provincias. “Y uno de los más beneficiados es la Ciudad de Buenos Aires. En el sistema previsional, el 30% de la ciudadanía de la Ciudad está dentro del ANSeS”, aseguró. Agregó que el 67% del gasto público nacional es gasto social, y después hay un 18% que representan los subsidios.
Mayans concluyó considerando “muy importantes” los consensos, y aseguró que “esto ayuda, porque tenemos un sistema que algunos dicen que es injusto, pero es importante que nosotros ratifiquemos el Consenso, porque esto respalda la acción del presidente de la Nación con los gobernadores y hace certero el sistema de recaudación del país”.
Intervino entonces la senadora de JxC Carmen Alvarez Rivero, quien dijo venir a “defender los recursos de Córdoba, porque Córdoba está muy pobre”, y advirtió entonces un error de parte de Mayans, que había mencionado que las retenciones se coparticipaban, cosa que no sucede. “Creo que es un excelente momento para revisar la coparticipación y ordenar los impuestos directos e indirectos; simplifiquemos y quedémonos especialmente con esos impuestos que recaudan y no aquellos que distorsionan las actividades económicas”, concluyó.
Mayans le contestó admitiendo que los derechos de exportación no se coparticipan. “Son de jurisdicción nacional; desde la guerra de la Triple Alianza que es así, para financiar los gastos de la guerra”, apuntó.
Pero como para quedarse con la última palabra aclaró que las provincias grandes en general y Córdoba en particular “es una de las grandes receptoras de los impuestos nacionales. No es lo que ella dice –afirmó-. Por ejemplo, en el caso del ANSeS, prácticamente el 20% de la población (de esa provincia) está dentro del gasto del ANSeS. Las provincias grandes son las más beneficiadas por el ANSeS, por eso digo que si se va a hacer justicia, se tiene que hacer con la inversión pública, que es lo que están reclamando los gobernadores”.
“Es un tema para discutirlo en la Comisión de Coparticipación, y la provincia de Córdoba es una de las más beneficiadas por el Presupuesto nacional, después de Buenos Aires”, concluyó.
Otro radical, Julio Martínez (La Rioja), ratificó los dichos de Zimmermann respecto del acompañamiento que harían con el Consenso Fiscal, “porque nuestros gobiernos lo firmaron”, dijo. Pero hizo una salvedad: “Esto implica la posibilidad de subir algunos impuestos, y nuestros gobernadores acompañaron con el compromiso de no subir impuestos y no ajustar las tasas de ingresos brutos, y otros impuestos”.
Agregó Martínez que el Consenso Fiscal se firmó en diciembre de 2021. “Van casi 8 meses y yo viendo cómo en estos tiempos los compañeros juegan a la payana con granadas, me llama la atención el apuro”, observó con ironía, agregando que “hoy tenemos dos realidades a tener en cuenta: esto fue antes del acuerdo con el Fondo, no sé si requiere una adenda; y la otra es que hoy tenemos un mega-acto, se inicia de nuevo un gobierno, hay un nuevo ministro que refunda el Gobierno… Parece ser que antes (Sergio Massa) no estaba, no sé si tiene que ver con una marcada de cancha, no sé si tendríamos que esperar la opinión del nuevo ministro…”.
Desde el oficialismo salieron al cruce de su tono irónico, y Martínez insistió: “Pero ahora hay un nuevo gobierno, un nuevo presidente… Ah, bueno, no, me parecía”.
Para dar por cerrada la reunión, Ricardo Guerra volvió a tomar la palabra y dio por cerrada la polémica incipiente señalando que “yo valoro que en el sistema democrático tenemos derecho a opinar cualquier cosa, están en su derecho”. Y con respecto al acuerdo con el Fondo y las prevenciones expresadas desde la oposición, aclaró que “no hay nada que se contradiga con los compromisos asumidos con el FMI”.
Del temario elaborado por el Poder Ejecutivo en el verano, solo se aprobó poco más de un tercio de las iniciativas promovidas. Varios proyectos no comenzaron aún a ser analizados.
Dieciocho temas fueron incluidos en el menú elaborado por el Gobierno nacional para ser tratados en las sesiones extraordinarias convocadas para febrero de este año. Como se recordará, el dato saliente fue que ninguno alcanzó a ser tratado.
Contrariamente a lo que se esperaba, no se incluyó en ese temario el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho fue el factor que provocó un estallido en el seno del oficialismo, con la renuncia presentada por Máximo Kirchner el último día del mes de enero, precisamente por estar en desacuerdo con el texto que terminó aprobándose en el mes de marzo.
Y fue precisamente el debate interno que desató esa renuncia lo que complicó la discusión del temario de extraordinarias, al punto tal que por primera vez desde 1983, ninguno de los proyectos propuestos alcanzó siquiera a ser tratado.
De ese temario, solo dos tenían inicio en el Senado de la Nación: el Consenso Fiscal y la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura. También figuraba el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, que ya había pasado por la Cámara alta y tenía media sanción.
Comencemos entonces con esos dos temas. En el caso del Consenso Fiscal, el acuerdo busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y fue rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de CABA.
No fue tratado en extraordinarias, pero tampoco se inició nunca su debate en la Cámara alta.
En el caso del Consejo de la Magistratura, corría en febrero la cuenta regresiva dispuesta por la Corte Suprema de Justicia para que el Parlamento elaborara una ley antes de que concluyeran los 180 días de tiempo que había dado el Tribunal Supremo para ese fin, y sin embargo el debate en comisión en el Senado arrancó recién promediando el mes de marzo, aprobándose en el recinto el 7 de abril, por 37 votos a favor y 33 en contra. En Diputados el proyecto está trabado, pues el oficialismo no cuenta con el número necesario para su aprobación, tal cual llegó del Senado y la oposición teme que eventuales reformas que se hicieran en Diputados no prosperen en la Cámara alta.
Por la Cámara baja ya pasaron funcionarios y especialistas para explicar la norma, pero no hay perspectivas de tratamiento en el recinto.
Uno de los temas que está en veremos todavía es el proyecto de Promoción de la Electromovilidad, un proyecto del Ejecutivo que propone fijar las bases para difundir la producción y venta de autos eléctricos en la Argentina, y pone como fecha el 1 de enero de 2041 para la prohibición de la fabricación de motores de combustión interna en el país. El proyecto ingresó formalmente el 24 de enero pasado a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, donde todavía no arrancó su discusión.
El proyecto que sí fue debatido es el de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. La iniciativa del Poder Ejecutivo busca promover las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, es decir, terminales y autopartistas de los diferentes anillos, sistemistas y empresas que agregan valor a partir de procesos industriales.
El 5 de julio tuvo media sanción en Diputados por 227 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención.
El Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal fue enviado por el Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de este año y ya comenzó su tratamiento en las comisiones de Agricultura y Ganadería, de Industria y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el 6 de julio se realizó una reunión informativa.
Compre Argentino fue otro de los proyectos del PEN y su tratamiento arrancó antes, pero se complicó en las comisiones, donde se le introdujeron modificaciones para garantizar su aprobación. Sin embargo, el 24 de mayo se emitieron dos dictámenes y si bien desde el oficialismo se aseguraba que los números estaban para su aprobación, la demora en su envío al recinto expresa lo contrario.
La iniciativa impulsada desde el oficialismo eleva la preferencia de empresas nacionales en licitaciones públicas.
También fue incluido en el temario de extraordinarias el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que establece una prórroga sobre los plazos de la Ley 27.613 que busca promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios mediante incentivos a la construcción. Este proyecto sí fue aprobado en la Cámara de Diputados y está en el Senado, donde obtuvo dictamen el pasado 6 de julio.
El proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería tiene por objetivo mejorar la calidad de las trayectorias profesionales, fortalecer el sistema sanitario aumentando el personal y a las enfermeras y enfermeros en su formación continua. El proyecto cuenta con dos dictámenes y por lo tanto está listo para llegar al recinto de la Cámara baja.
Una de las leyes más ponderadas de las aprobadas este año es la de Respuesta integral al VIH. Una norma que busca dar una respuesta integral a personas con Virus de la Inmunodeficiencia Humana, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual y que fue aprobada en Diputados el 5 de mayo.
El Senado lo transformó en ley el 30 de junio por 60 votos a favor y 1 en contra.
Otra norma que se convirtió en ley es el Marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial. Tuvo sanción definitiva en Diputados por 155 votos a favor, 56 en contra y 19 abstenciones, en la sesión del 5 de mayo. La norma había recibido media sanción del Senado en julio de 2021.
Crea un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.
El capítulo medio ambiente incluía la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en Río Negro. La Cámara baja aprobó ambos el 16 de junio y fueron convertidos en ley el 30 de junio en el Senado.
No arrancó en cambio el debate de la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar. La primera fue impulsada a través de un proyecto presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y su compañera de bancada Alicia Aparicio, en tanto que la de Pilar fue impulsada por otro diputado oficialista, Ramiro Gutiérrez. Se aguarda el tratamiento de ambos proyectos en las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.
En cuanto a la creación del Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, la iniciativa establece también que “ninguna cuota de pesca para dicha zona puede ser renovada, ni otorgarse nuevas una vez vencidas o revocadas las vigentes”. Fue aprobada en la madrugada del 6 de julio por 127 votos afirmativos, 2 negativos y una abstención, al cabo de una áspera polémica en la que desde Juntos por el Cambio cuestionaban el giro que el tema había tenido a las comisiones y terminaron levantándose de sus bancas. Solo se logró la votación por la permanencia de los diputados del bloque Encuentro Federal, de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.
En caso de que se hubiera caído la sesión por esa polémica con el Agujero Azul, no hubiera podido aprobarse la norma puesta a consideración a continuación, la de Prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana. El proyecto propicia el uso responsable de los antibióticos y regula cuestiones referidas al expendio de los medicamentos y tuvo media sanción por 199 votos a favor y uno en contra en esa misma madrugada, a continuación de la media sanción de Agujero Azul.
Completaban el temario de extraordinaria una serie de acuerdos y transferencias de inmuebles, que ya fueron tratados.
Sacando entonces esos temas, de los 16 restantes solo 4 completaron el ciclo legislativo y son ley; 5 tienen media sanción y 7 esperan todavía llegar a uno de los recintos.
Serán durante todo el mes de febrero y el decreto incluye 18 temas, entre ellos Consenso Fiscal y Consejo de la Magistratura.
Finalmente el Poder Ejecutivo convocó este martes a sesiones extraordinarias a partir del 1 y hasta el 28 de febrero. Esto es, hasta la Asamblea Legislativa. El decreto se publicará este miércoles en el Boletín Oficial e incluye 18 proyectos, entre los cuales figuran el Consenso Fiscal, el proyecto de ley del Consejo de la Magistratura y la Ley de Compre Argentino.
Según pudo saber parlamentario.com, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ya transmitió a los jefes de bloques el temario remitido por el Poder Ejecutivo y comenzó el diálogo para la formación de las comisiones.
Como se recordará, solo se conformaron el año pasado las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras, para el fallido tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2022 en Diputados y la reforma de Bienes Personales en el Senado.
Dieciocho son los temas previstos en el listado enviado al Congreso de la Nación, y el mismo comienza por el proyecto que aprueba el Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de todos los distritos, a excepción de la Ciudad de Buenos Aires.
También figura el proyecto que modifica la Ley del Consejo de la Magistratura, ya enviado al Senado de la Nación en diciembre pasado.
En el temario se incluyen proyectos que crean el Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro.
El proyecto de ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales; y el proyecto tendiente a establecer el marco regulatorio de la cadena de producción industrialización y comercialización de la planta cannabis.
Figuran en el temario los proyectos de ley de Promoción de la Electromovilidad, y de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. Asimismo el proyecto que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal; y el proyecto de ley de Compre Argentino.
La lista elaborada por el Poder Ejecutivo contempla el proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, como así también el de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería.
Se contempla el tratamiento de acuerdos, como así también transferencias de inmuebles.
Dos universidades están previstas de creación: la Universidad Nacional del Delta y la de Pilar.
Los últimos proyectos incluidos son el de prevención y control de la Resistencia Antimicrobiana y el que crea el Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”.
IF-2022-07656558-APN-SSTSLYT-1Se trata del documento suscripto por los gobernadores el pasado 27 de diciembre de 2021.
Uno de los temas que será incluido en el llamado a extraordinarias que próximamente dispondrá el Poder Ejecutivo será el Consenso Fiscal suscripto el 27 de diciembre de 2021.
Precisamente para su tratamiento, el Gobierno envió al Congreso el proyecto correspondiente para su ratificación legislativa. El mismo consta de dos artículos y remiten a un anexo donde se establecen las disposiciones suscriptas por los mandatarios.
INLEG-2022-03275905-APN-PTEEl Consenso Fiscal 2021 representa un acuerdo en materia tributaria alcanzado entre el Estado Nacional y los gobernadores de todas las provincias.
El acuerdo impulsa en materia de administración tributaria la promoción del “intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes” de las distintas jurisdicciones con el objetivo de mejorar “las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal, en el marco del federalismo fiscal vigente”.
En cuanto a Impuesto de Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. No están sujetos a alícuota máxima “los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar”.
En el transcurso del presente año, las provincias y CABA deberán legislar sobre un impuesto “a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una trasmisión o acto de esa naturaleza”.
Asimismo el nuevo Consenso Fiscal invita a las jurisdicciones a abstenerse por el período de un año de iniciar procesos judiciales, así como suspender los ya iniciados por el mismo período de tiempo.
Por su lado, Nación se compromete a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación; al tiempo que fija para las provincias parámetros para el “endeudamiento responsable” en moneda local y extranjera.
El acuerdo fue suscripto por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Corrientes, Gustavo Valdés; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santa Fe, Omar Perotti; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
También lleva las firmas del vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo; la de Entre Ríos, María Laura Stratta; y la de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza.
Cabe consignar que el gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, y el de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, adhirieron pero no firmaron el Consenso Fiscal 2021 por cuanto eran las únicas provincias que no suscribieron el convenio original de 2017 celebrado con el expresidente Mauricio Macri, por lo que no están obligadas a refrendarlo.
El único que no estuvo representado ni suscribió el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
A fines de esta semana se oficializaría el llamado y el temario diseñado por el Poder Ejecutivo. Proyectos económicos y reforma del Consejo de la Magistratura. Pocas chances para el “Plan Plurianual”.
El Gobierno nacional prepara el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias -serían a partir del 20 de este mes-, con un temario basado en leyes de corte económico y la reforma del Consejo de la Magistratura.
Sin la base de una Ley de Presupuesto, pues resultó rechazada en diciembre pasado en la Cámara de Diputados, y también todavía sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se caen las chances de que el Poder Ejecutivo envíe durante el verano el proyecto de “Plan Plurianual”.
Esa iniciativa había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández el día de las elecciones legislativas, cuando prometió que la enviaría al Parlamento en la primera semana de diciembre. Finalmente no ocurrió y se estima que tampoco forme parte del paquete de extraordinarias.
Entre los proyectos que sí podrían ser parte del temario se encuentra el Consenso Fiscal 2021, que firmaron en diciembre pasado el presidente y 21 de los 24 gobernadores.
Además, serían parte del listado dos iniciativas enviadas por Casa Rosada justo antes de la Navidad a la Cámara de Diputados. Una tiene que ver con un nuevo régimen de Compre Argentino, que aumenta el margen de preferencia de bienes de producción nacional.
La otra se refiere a cambios en el monotributo, de modo de permitir el ingreso al régimen de personas que inician una actividad económica o la hacen en la informalidad; otorgar beneficios impositivos a las categorías más bajas; y crear el “Monotributo Productivo” para trabajadores de la economía popular.
Entre los proyectos que figuran en la agenda oficialista se encuentra la ley de hidrocarburos, enviada al Senado en septiembre pasado; la ley de fomento a la agroindustria, anunciada en septiembre de 2021 pero girada al Congreso en noviembre; la ley de promoción de la industria automotriz, enviada en agosto pasado; y la ley de movilidad sustentable, que aún no ingresó por ninguna de las dos cámaras.
También podría ser de la partida la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, que cuenta con media sanción del Senado y tuvo dictamen de comisiones en Diputados, pero no llegó a tratarse en el recinto antes de fin de año.
Otro punto importante será la modificación del Consejo de la Magistratura, sobre la cual el Gobierno envió un proyecto al Senado el 7 de diciembre pasado, previo a que saliera la decisión de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del 2006 impulsada por Cristina Kirchner -entonces senadora nacional-.
En su fallo, el máximo tribunal le encomendó al Congreso sancionar una nueva ley en un plazo de 120 días, recomendación que no cayó para nada bien en el núcleo más duro del kirchnerismo.
El proyecto oficial propone pasar de los 13 miembros actuales a 17. Por su parte, desde la oposición, el jefe de la UCR en Diputados, Mario Negri, presentó una iniciativa para que se restituya la composición de 20 miembros -como planteó la Corte-.
Por Carlos Lionel Traboulsi. El secretario general del Partido Demócrata Cristiano CABA se señala a la oposición por la posibilidad de que se apruebe un nuevo consenso fiscal.
Recientemente el Congreso Nacional rechazó el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el Ejecutivo Nacional por las inconsistencias que llevaba el mismo. Ni lerdos ni perezosos mostrando un manejo del poder exquisito, el Gobierno Nacional impulsó el Consenso Fiscal 2021 como forma de eludir al Congreso Nacional, bajar subsidios y desplazar la carga tributaria a las provincias para que el costo lo afronten los gobernadores.
Esta acción política de Alberto Fernández no es ni más ni menos que burlar las competencias originarias constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde están en apariencia nuestros representantes, y establecer por vía indirecta una nueva andanada de impuestos que deberán soportar el bolsillo de todos los argentinos desde los que más tienen hasta los que no tienen para comer.
Casi todos los gobernadores firmaron este lunes 27 de diciembre el Consenso Fiscal que faculta a las provincias a subir y crear nuevos impuestos, y lo grave de ello es que la firma lo ha sido con el respaldo de oficialistas y opositores. El presidente sale fortalecido dentro del Frente de Todos y utilizará el pacto para mostrar iniciativa y consenso político frente a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Trabajamos construyendo acuerdos con las provincias, atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal. Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos excepto CABA”, expresó De Pedro remarcando el rechazo de Horacio Rodríguez Larreta, continuando con la confrontación política en vez de dar una solución al reclamo de los porteños.
El Consenso Fiscal 2021 —que se aplicará a partir del año próximo— les permitiría a las provincias crear nuevos impuestos, como, por ejemplo, un “impuesto a la herencia” y también incrementar otros, como las alícuotas de ingresos brutos de algunas actividades. Sin embargo, en Casa de Gobierno aseguran que se trata de una “armonización tributaria”.
Lo cierto es que nuevamente se ve burlada la voluntad popular por un equipo de funcionarios que en vez de trabajar buscando formas de consenso que impliquen verdaderamente beneficios para los ciudadanos, se ponen de acuerdo para seguir profundizando el gasto y la presión tributaria en beneficio de la política.
¿Y a esta altura tenemos que preguntarnos qué hace la oposición? Vemos que los gobernadores radicales quienes con ínfulas recientemente declamaron que son el futuro en miras a 2023, domésticamente ahora acuerdan con el Gobierno Nacional en el “consenso del poder” dando la espalda a los trabajadores, a la clase media, a los jubilados, a los pobres, al conjunto del pueblo que hoy reclama vivir con dignidad.
¿La oposición es o se hace? ¿Tiene capacidad de enfrentar en un solo bloque al Frente de Todos o también son parte de un relato que de día se pelean y de noche duermen en la misma cama? Los argentinos necesitamos certezas y terminar con las mentiras, con los engaños y con los versos.
También el Ejecutivo autorizaría un copago del 9% para las prestaciones de las prepagas, y ello no es otra cosa que un aumento solapado e imposible de medir por el organismo que tiene dicha responsabilidad, es decir el INDEC. Esta dificultad de mediación significa que tendremos más inflación, pero los índices nos dirán que ello no es así, que es una sensación inflacionaria.
El dirigente histórico democristiano dr. Jorge Alberto Lorenzut, asesor económico, en forma reiterada viene sosteniendo la necesidad de la baja del IVA para la medicina y salud pública, pero nuevamente en vez de pensar en la gente pensamos en la “casta política” y su perpetuidad.
El 14 de noviembre los argentinos masivamente votamos. Más del 70% rechazando el rumbo en general del Gobierno nacional; se votó una oposición para que nos represente, pero los hechos están demostrando que no están a la altura de las circunstancias. ¿Se les escapó el impuesto a los bienes personales, ahora se les escapará la aprobación del consenso fiscal 2021? ¿Quién respeta la voluntad popular? ¿Estaremos ante una oposición fantasma?
Los argentinos queremos recuperar la confianza en nuestra clase política, pero debemos colaborar nosotros como políticos en ayudar para recuperar esa confianza, dejando al descubierto desde quienes no tenemos cargos de gestión o legislativa lo que sucede, y llevando adelante con sus acciones y con los votos aquellos que tienen esa responsabilidad. El Congreso tiene oportunidad de rechazar este mentiroso consenso. Hay tiempo todavía, por lo menos somos muchos que estamos dispuestos a aportar y esperanzados en un frente opositor que haga lo que dice y promete.
El senador opositor apuntó contra el Gobierno nacional: “Estamos en medio de una gran ensalada de mentiras”. Respecto al proyecto que busca legalizar el juego virtual criticó que “algunos entienden que es un mecanismo maravilloso de recaudación”.
La firma del Consenso Fiscal entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y 23 gobernadores despertó fuertes críticas. Una de esas voces, fue la del senador nacional Luis Juez (JxC – Córdoba) que tildó al Gobierno de “mentirosos”, y apuntó contra la legalización del juego online en su provincia y argumentó “sacarles plata a los pobres para enriquecer al Estado es una gran falacia, una gran mentira”.
En declaraciones a Radio Rivadavia, Juez se refirió a la firma de los gobernadores del Consenso Fiscal y la explicación que tendrán sobre el acuerdo con el FMI, respecto de lo cual sostuvo: “Estamos en el medio de una gran ensalada de mentiras, (Juan) Schiaretti firma pero no puede aumentar porque Córdoba es la provincia más cara del país, no tiene margen, no tiene alícuotas que pueda tocar porque ingresos brutos, contribución sobre inmuebles, Córdoba es la mas cara en un 40%, no aumenta porque no quiere, de hecho entre gallo y medianoche están solucionando el tema del juego online”.
“Estamos en un fango de mentirosos donde el presidente les dice a los gobernadores que le van a explicar el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario y no tienen ningún plan”, denunció el exdiputado y señaló: “Les diría a los gobernadores lo que se vota en Diputados y el Senado, podrían haberlo hecho antes. El presidente dijo que el 14 de noviembre con la derrota en sus narices de que al otro día estaba enviando un Plan Plurianual y no explicó nada, lo mando al ministro 60 días tarde”.
Respecto del Presupuesto 2022 lo calificó como “mentiroso” y agregó: “Después se enojaron porque no se lo arpaban cuando provocaron la reacción de todo el mundo para que eso sucediera”.
“Un Gobierno serio se sienta con la oposición a discutir las cosas en serio. Si vienen con un plan de acuerdo con el FMI deberíamos conocerlo porque eso va a pasar por el Parlamento o ¿el presidente cree que lo van a aprobar los gobernadores y con eso ya alcanza?”, cuestionó el legislador cordobés y criticó: “El Gobierno es como esos quinceañeros que acumulan fotos para preparar el vídeo el sábado a la noche. Una foto con los gobernadores y voy y le vendo al Fondo Monetario que ya arreglé con los gobernadores del país. Todo viene muy poco serio”.
Retomando el tema del juego online y la posible legalización, explicó: “Es un proyecto que vienen presentando cinco legisladores de la oposición. Como será de vertiginoso que el Gobierno no salió a dar la cara y aparecieron un puñado de idiotas útiles haciéndole el trabajo sucio que el gobernador no se anima a hacer. Legalizar online la apuesta que muchas provincias han hecho”.
“Los que están detrás de esto nunca se sabe, son grandes financiadores de campañas electorales una larga fila de dirigentes políticos que esperan que les toquen el timbre para que les financien sus campañas, su patrimonio. Estoy en contra de esto, sacarles plata a los pobres para enriquecer al Estado es una gran falacia, una gran mentira”, enfatizó Juez.
Y cerró: “Algunos entienden que es un mecanismo maravilloso de recaudación. Schiaretti tiene mayoría absoluta para aprobarlo. Esta mentira de los gobernadores de Consenso Fiscal es como darle una ametralladora para que salgan a matar a sus contribuyentes aumenten los impuestos, los ingresos brutos, total que la clase media pague más impuestos para que sostenga los gastos del Estado no les importa”.
Los legisladores de Vamos Juntos aseguraron que “no queremos apoyar ningún aumento, ni la creación de nuevos impuestos al trabajo ni a la producción”.
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, decidiera no adherir al Consenso Fiscal 2022, los legisladores porteños de Vamos Juntos acompañaron la decisión y advirtieron que el acuerdo crea nuevos impuestos y que no fomenta la creación de nuevos empleos.
En ese sentido, el vicepresidente primero de la Legislatura, Emmanuel Ferrario, aseguró que “en la Ciudad tenemos un compromiso claro: no apoyar la creación ni el aumento de impuestos y seguir peleando por los fondos de coparticipación que le corresponden a los porteños” y advirtió que “el Consenso Fiscal que propone el Presidente va en el camino opuesto y por eso no vamos a acompañarlo”.
“Los sectores productivos necesitan que los dejen trabajar para poder generar empleo y que el país pueda crecer, este no es el camino”, aseveró en su cuenta de Twitter.
Al mismo tiempo que el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero, indicó que “no avalamos ninguna suba de impuestos ni la creación de algún nuevo tributo como sería el impuesto a la herencia” y remarcó que desde la Ciudad “no vamos a renunciar al legítimo reclamo interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia, en reclamo de la quita intempestiva de la coparticipación”.
Asimismo precisó que “este Consenso es opuesto al del 2017 donde algunos impuestos del sector productivo medio hoy estarían en 0%, como ser el de agricultura, ganadería, caza, pesca y minería 0.75%, el de la industria manufacturera hasta un 1.5%, transporte hasta el 2% y el de electricidad, gas y agua hasta un 3.75%” y concluyó haciéndose “dos preguntas entonces ¿quién sigue más firmemente las recetas del FMI? y ¿por qué no achican gasto en lugar de subir impuestos? Como no socializan la emisión monetaria, fondean las provincias con la suba y creación de impuestos”.
Mientras que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, opinó que “las propuestas innovadoras de este Gobierno se reducen siempre a lo mismo: meterle la mano en el bolsillo al contribuyente. El Consenso Fiscal 2017 había significado un avance en aliviar al sector productivo argentino. Pero esta gestión tiene todo el pasado por delante” y explicó que “el acto reflejo del Frente de Todos ante cualquier eventualidad es aumentar impuestos. Mientras tanto, seguimos esperando que nos expliquen un plan económico. Queremos saber a dónde vamos. Sean honestos”.
“En 2020, de la noche a la mañana le quitaron más de un punto de coparticipación a la Ciudad y siguen sin devolverlo. Desde que asumieron, llevan creados 14 nuevos impuestos y tienen más en carpeta. No vamos a convalidar otra suba de alícuotas a la producción. No nos representa”, sentenció.
El diputado de La Libertad Avanza disparó contra la nueva iniciativa del Gobierno tras la firma del Consenso Fiscal. También criticó a Guzmán por el Presupuesto 2022.
Luego de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el nuevo Consenso Fiscal con 23 provincias, el diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) se sumó a las críticas a la habilitación del impuesto a la herencia la cual tildó como “aberrante e inmoral”, ya que habilita a las provincias a aumentar el gasto público por encima de la suba de la inflación.
En declaraciones en TN, el dirigente libertario expresó: “El impuesto a la herencia me parece aberrante. Hay por lo menos cinco aristas del problema: una de índole moral, una de eficiencia asignativa, una en términos dinámicos, un problema de técnica impositiva y una ideológica”.
En ese sentido, explicó: “Si yo me gano el dinero honestamente, puedo disponer del mismo. Y si yo decido hacer un regalo mientras vivo o post mortem es un problema mío. Entonces esto es inmoral porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo queres asignar”, y juzgó: “¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?”.
En ese contexto, el economista señaló que “cuando el Estado reciba ese nuevo ingreso lo va a asignar a cualquier otra cosa”, y agregó: “Así va a afectar los precios relativos, va a modificar la forma en que se asignan los recursos, van a modificar la estructura del capital y eso termina haciendo daño. Genera pérdida de bienestar, porque vos no ibas a gastar en eso, y pérdida de eficiencia económica y penaliza el crecimiento”.
Consultado por el Presupuesto 2022 que fue rechazado en el Congreso por 132 votos en contra y 121 a favor, Milei criticó al ministro de Economía, Martín Guzmán: “Cuando uno va a hacer una proyección es muy importante el dato base del cual se proyecta. Guzmán vino con datos tres meses viejos. Quiere decir que está proyectando sobre una base que es cualquier cosa”.
“Le van a dar a la maquinita y nos van a romper la cabeza con la inflación”, advirtió el diputado libertario y sostuvo que “el Presupuesto original parado a inicios de septiembre implicaba una expansión del gasto del 40% y cuando alguien miraba las partidas ya ejecutadas, ese número más la inflación pasada implicaba una expansión del 20% que ya sabemos que no va a ocurrir. Por eso de un día para el otro se cayeron con 56 artículos nuevos, con una expansión del gasto furiosa y cuando se le preguntaba como lo iban a financiar, no sabían”.
Y concluyó: “Puede ser que el Gobierno tenga una visión miope, pero cuando vas a tomar decisiones y tenes que hundir el capital vos, no pensas en los próximos 15 días, seis meses o dos años. Cuando vos miras una inversión miras 10 años”.
El diputado entrerriano dijo que “seguramente” se trate en sesiones extraordinarias durante el verano. Palo para la Ciudad.
El diputado nacional Marcelo Casaretto (FdT) destacó este martes la firma del Consenso Fiscal y aseguró que apunta al “federalismo y el crecimiento equilibrado de la Argentina”.
“El presidente y los gobernadores, entre ellas Entre Ríos, firmaron ayer el Consenso Fiscal. Seguramente se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para enero y febrero de 2022”, señaló.
En su cuenta de Twitter, el secretario segundo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda consideró que “es importante que el presidente convoque a los gobernadores devolviendo las facultades de 2017. Las decisiones de crear o suprimir impuestos, subir o bajar alícuotas es de cada provincia, los gobernadores y sus Legislaturas”.
Al repasar las rúbricas, Casaretto mencionó que “firmaron los 23 Gobernadores: 17 del FdT, 3 partidos provinciales que gobiernan en Misiones, Neuquén y Río Negro, y 3 de JxC de Mendoza, Corrientes y Jujuy”.
“Sólo no firmó la CABA, que recibió importantes aumentos de coparticipación por decreto, sin consenso de las provincias”, apuntó en referencia al distrito porteño y los fondos que recibió durante el gobierno anterior.
La legisladora del FdT aseguró el mismo no sugiere la suba de impuestos y advirtió que “Larreta está más preocupado en ser oposición que en gobernar”.
Luego de que el Gobierno de la Ciudad adelantara que no formaría parte de la firma del Consenso Fiscal, la diputada del Frente de Todos (FdT) María Bielli salió a cuestionar con dureza al alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, y advirtió que su postura tiene que ver con que “está más preocupado en ser oposición que en gobernar”.
En ese sentido, la kirchnerista afirmó que este lunes por la tarde el presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a 23 gobernadores “van a firmar el consenso fiscal para el año que viene, un acuerdo clave para sostener una política impositiva federal que le de previsibilidad a las provincias. Para sorpresa de nadie, el único distrito ausente va a ser CABA”.
“¿Por qué no va a ser parte del acuerdo la Ciudad? Larreta dijo que no va a firmar ‘aumentos de impuestos’. Ah pero cuando gobierna te aumenta: peajes, estacionamiento medido, VTV, sellos, patentes, subtes y te empieza a cobrar por las bicis”, agregó molesta y remarcó que “el consenso fiscal no sugiere la suba de impuestos, sino que homogeneiza los topes que puede cobrar cada provincia en cada actividad”.
A la vez que concluyó aseverando que “el acuerdo es fundamental para cuidar el bolsillo de les argentinos como así también para devolver la autonomía de decidir en qué forma se aplicarán los impuestos a las provincias. Parece que Larreta está más preocupado en ser oposición que en gobernar”.
La firma del documento se concretó este lunes en la Casa Rosada. Mediante el pacto se habilita a las provincias a crear o aumentar impuestos. Rodríguez Larreta no asistió.
El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la firma del nuevo Consenso Fiscal, mediante el cual las provincias quedarán habilitadas a crear o aumentar impuestos locales.
Del acto, que se realizó en Casa Rosada, participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y gobernadores y vicegobernadores de todo el país.
El que tuvo ausente, pero con aviso fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien en declaraciones públicas sostuvo que “en la Ciudad no vamos a subir impuestos”.
El jefe de Estado planteó: “Celebro que hayamos logrado el consenso de 23 jurisdicciones y lamento que haya quedado sin firmar la ciudad de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”.
En su discurso, Fernández ponderó la puesta en marcha del nuevo consenso fiscal porque “implica un paso más para garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina, preservando la autonomía de las provincias y profundizando el sistema federal”.
Además, convocó a los gobernadores y las gobernadoras a reunirse el próximo 5 de enero con el ministro Martín Guzmán para “explicarles en qué punto estamos en la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.
“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el Fondo porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, consideró el presidente de la Nación.
Y sumó: “Es importante poner en debate buscar la progresividad del sistema recaudatorio, y que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que en 2022 podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.
Por su parte, De Pedro señaló que el consenso “les devuelve autonomía a las provincias y equilibra la situación impositiva”. “Es un consenso que sirve mucho, sobre todo en la colaboración fiscal entre las provincias para la simplificación y modernización del sistema tributario federal”, indicó.
El ministro también destacó que el acuerdo “no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores y gobernadoras que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos”.
Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Rodolfo Suárez (Mendoza); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Gustavo Sáenz (Salta); Sergio Uñac (San Juan); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero), además de la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la vicegobernadora de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.
A partir del nuevo pacto, las jurisdicciones podrán aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos; y para las transferencias de inmuebles y automotores.
En cuanto al endeudamiento, las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera en los casos de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, desembolsos pendientes, incrementos de stock generados por administración de pasivos, canjes o reestructuraciones y amortizaciones de capital.
Mediante el nuevo Consenso se abre la posibilidad también de que las jurisdicciones reestablezcan el impuesto a la herencia, un tributo que había sido eliminado durante la dictadura militar.
Previamente, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, explicó que el nuevo documento busca “dar más autonomía a las jurisdicciones y mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino, ya que mantendrá vigentes las alícuotas establecidas en 2019, 2020 y 2021, por lo que ya no va a ser necesario el próximo año firmar un consenso por materia tributaria provincial”.
“El proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales”, sostuvo.
Y señaló que a partir de esta rúbrica “tendrán un tope máximo en las alícuotas”, entonces “volverán a contar con la autonomía que les quitó la gestión de Mauricio Macri con el consenso del año 2017″, dijo.
Por último, Batakis recordó que las provincias de La Pampa y San Luis “no firmaron en 2017 el Consenso Fiscal, por lo que no se ven en la necesidad de firmar hoy, pero acompañan la iniciativa”.
Una vez firmado, el Consenso Fiscal deberá debatirse, como cada año, en el Congreso.
La norma, sancionada por el Senado el pasado 25 de junio, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial. También se promulgó el Consenso Fiscal 2020.
El Gobierno nacional promulgó este miércoles la Ley 27.637, que amplía el régimen de zona fría, incorporando nuevas provincias y localidades argentinas al beneficio de tarifas diferenciales de gas, que tendrán a partir de ahora reducciones de entre un 30% y 50% para los usuarios.
La norma, sancionada el pasado 25 de junio en el Senado, prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565 -de Presupuesto Nacional-), y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país con temperaturas bajas, incorporándolas al beneficio.
Hasta ahora, los beneficiados por el régimen eran unos 849.965 usuarios, distribuidos en la Patagonia, la Puna y Malargüe (Mendoza), y con la nueva ley se sumarán 3,1 millones de nuevos consumidores. De 10 provincias y 79 departamentos se pasa a 15 provincias y 231 departamentos.
A partir de la norma se incluyeron al régimen a zonas de las provincias de Buenos Aires -en gran parte-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de Malvinas que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
Consenso Fiscal 2020
Por otra parte, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.634 que ratifica el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre de 2020 por el presidente Alberto Fernández y todos los gobernadores, excepto Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), dos provincias que no habían adherido originalmente en años anteriores. Tampoco se sumó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación de las jurisdicciones.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
El proyecto fue sancionado con 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. Se trata del acuerdo firmado entre Nación y 21 provincias. Un puñado de diputados de Juntos por el Cambio acompañó al oficialismo.
En un breve debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 provincias en diciembre del año pasado. El proyecto recibió 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención -del radical tucumano José Cano-.
La iniciativa había quedado pendiente de aprobación cuando en la última sesión, del 19 de mayo, se aplazó el tema, luego de varias horas de debate.
Al Frente Todos lo acompañaron bloques provinciales y aliados, pero también un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio, que responden a sus gobernadores. Se trata de la correntina Sofía Brambilla (Pro); y los jujeños Gabriela Burgos, Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (Pro).
Votaron a favor los diputados del Interbloque Federal, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, del bloque Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino. En tanto, en contra lo hizo Juntos por el Cambio, el Partido por la Justicia Social y la izquierda.
El nuevo documento, que fue suscripto el 4 de diciembre de 2020, modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019. Fue firmado por todos los gobernadores, excepto Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), dos provincias que no habían adherido originalmente. Tampoco se sumó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación de las jurisdicciones.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, detalló los puntos del Consenso, el cual destacó que ya fue “ratificado por 16 provincias” en las Legislaturas locales, y está siendo tratado por otras dos.
Y defendió que “ante la situación de pandemia se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas” para los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos.
En contra del proyecto, el radical Luis Pastori aseguró que este nuevo acuerdo “lesiona a los intereses de los contribuyentes, especialmente en cuanto a los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos, que son los más gravosos y de los más regresivos que tiene el sistema tributario de la República Argentina”.
El misionero explicó que este nuevo documento va en contra del Consenso Fiscal de 2017, que “buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual” de estos impuestos, de modo de llegar, en algunos casos, “en 2022 a una alícuota 0 de Ingresos Brutos”, excepto para algunas operaciones.
Asimismo, el legislador agregó que “tenemos que poner todos los esfuerzos en disminuir la presión impositiva, no en aumentarla”, y puso como ejemplo “lo que está pasando ahora con el monotributo” y la marcha atrás que debe dar el Gobierno. Entonces, abogó que “el próximo año podamos volver a tener esta marcha virtuosa de bajar la presión impositiva en estos impuestos provinciales”.
Por la Izquierda Socialista, el diputado Juan Carlos Giordano lamentó que “para nada en este Consenso Fiscal hay un beneficio para el pueblo trabajador”. “Si hay un impuesto nocivo, espoleador, regresivo, inequitativo, es el IVA, que es el que más recauda y que lo paga el pueblo en un 21%, uno de lo más altos del mundo”, resaltó.
Y se preguntó: “¿En la emergencia hay un impuesto para las grandes ganancias de los bancos, las multinacionales, los terratenientes, laboratorios? Nada”.
Por último, la tucumana Beatriz Ávila sostuvo que este nuevo acuerdo genera “más inseguridad jurídica” y va “en contra de la inversión, del trabajo”, al dejar “sin efecto medidas que estaban orientadas a mejorar el perfil competitivo de nuestras alicaídas economías provinciales”.
“Estamos retrocediendo”, afirmó la diputada de Partido por la Justicia Social, y añadió: “Me parece preocupante que la Nación entregue a las provincias esta herramienta para oprimir aún más a los contribuyentes, a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a los consumidores. Por eso voy a votar en contra”.
La Cámara baja sesiona desde las 15.29. El temario incluye además el Consenso Fiscal, un proyecto de cupo laboral trans y otro sobre paridad en los medios públicos.
La Cámara de Diputados sesiona este jueves desde las 15.29, en una jornada en la que buscará aprobar el proyecto que apunta a rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías” del país, que sufren bajas temperaturas en el invierno. Además tratará el Consenso Fiscal, pendiente de la sesión anterior.
Según se acordó en Labor Parlamentaria, las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento se realizarán en el final de la sesión. Con todo, se prevén 20 horas de debate en el recinto.
Además de “zonas frías”, el temario incluye la iniciativa de Consenso Fiscal -que se convertirá en ley-; un proyecto de cupo laboral trans; y otro de equidad en la representación de los géneros en los medios públicos.
También se tratarán convenios internacionales firmados con República Dominicana, México e Israel. Asimismo, se aprobará un proyecto de resolución en reconocimiento al Dr. Bernardo Houssay.
El pleno comenzará con el debate del Consenso Fiscal -tema que quedó pendiente de la sesión pasada- firmado entre el presidente Alberto Fernández y 21 gobernadores.
El nuevo acuerdo permitirá a las provincias, si así lo consideran, aumentar los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos; al tiempo que las limita a tomar deuda en dólares y suspende los litigios que tengan con Nación.
Posteriormente, la Cámara baja encarará el debate del proyecto denominado “zonas frías” de rebaja de tarifas de gas en municipios bonaerenses y las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, Jujuy, Santa Fe y La Rioja.
Los usuarios de esas zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una disminución entre un 30% y 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según explica la iniciativa.
Los usuarios que tendrán una reducción de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Malvinas.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Además, Diputados debatirá un proyecto de inclusión laboral para la población trans-travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
La iniciativa cosechó en comisión un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó disidencias parciales.
En tanto, se convertirá en ley la equidad de género en los medios de comunicación públicos.
“Ley pandemia”, sin chances
Finalmente, y pese a que consiguió dictamen de comisión -durante un plenario de comisiones que se extendió por casi cinco horas-, el oficialismo no sumó al temario de la sesión el proyecto del Poder Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para gestionar la pandemia, llamado desde Juntos por el Cambio de “superpoderes”.
Complicado con los votos, el Frente de Todos no consiguió sancionar la ley en el Congreso en la previa del vencimiento del último DNU de Alberto Fernández sobre restricciones, con lo cual en Casa Rosada ya se prevé un nuevo decreto.
La Cámara baja volverá a realizar una sesión luego de varias semanas. En el temario se incluyó Zonas Frías, pero todavía no está definido si se debatirá la media sanción del Senado sobre Emergencia Covid-19.
La Cámara de Diputados llevará a cabo una sesión en la que buscará aprobar los proyectos que reducen las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías” del país que sufren bajas temperaturas en el invierno y además tratará el Consenso Fiscal, el Cupo para las personas Trans-Travestis.
El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, pidió la sesión para este jueves a las 15 para debatir un amplio temario, que tendrá como punto central el proyecto para reducir las tarifas para más de tres millones de usuarios de las zonas de bajas temperaturas.
La única incognita es si el oficialismo logrará imponer su voluntad de aprobar la ley de Emergencia Covid-19 que establece criterios epidemiológicos para administrar la pandemia de coronavirus, con distintas medidas sanitarias restrictivas según la situación de cada región.
Ante la falta de votos que acompañen la iniciativa impulsada por Ejecutivo nacional, el Frente de Todos logró que se trate en comisión un día antes de la fecha límite del DNU que vence el viernes 11. La cita será este jueves a las 11 y puede incluirse en el orden del día si 10 diputados piden a través de un documento firmado, la ampliación del temario y su inclusión al final del debate de todos los temas ya acordados con Juntos por el Cambio, que rechaza el tratamiento y la aprobación de dicho proyecto clave para el Gobierno al denominarlo “superpoderes”.
Por eso, por ahora, el temario es este:
Ley de “Zonas Frias”.
-Ley de Consenso Fiscal.
-Ley de Cupo Laboral Trans.
-Ley de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual.
-Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de
Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República
Argentina y la República Dominicana.
-Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus
denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos
Mexicanos.
-Resolución. Reconocimiento HCDN al Dr. Bernardo Houssay.
El plenario legislativo comenzará con el debate del Consenso Fiscal -tema que quedó pendiente de la sesión pasada- firmado entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores, que otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías, prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.
El nuevo acuerdo fiscal permitirá a las provincias contar con unos $70.000 millones para reactivar sus economías regionales, luego de un año atravesado por la crisis generada por la pandemia del coronavirus.
Posteriormente, la Cámara baja encarará el debate del proyecto denominado “Zonas Frías” de baja de tarifas de gas en municipios bonaerenses y de Mendoza, San Juan, San Luis y Salta, lo cual implicará un beneficio para más de tres millones de usuarios.
Los usuarios de esas zonas con temperaturas muy bajas en el invierno tendrán una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas, de acuerdo a la situación económica de cada sector, según explica la iniciativa.
Los usuarios que tendrán una reducción de la mitad de la tarifa son los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados de hasta 4 salarios mínimos, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
Además la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de inclusión laboral para la población trans-travesti, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1% de la dotación de la administración pública.
La iniciativa cosechó en comisión un amplio respaldo político ya que fue apoyado por el Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda y Juntos por el Cambio, aunque la principal bancada opositora planteó disidencias parciales.
Además, el plenario legislativo convertirá en ley la Equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual, un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República Argentina y la República Dominicana.
También se votará un convenio de reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos y una resolución del cuerpo en reconocimiento al doctor Bernardo Houssay.
El oficialismo citó a un plenario de Asuntos Constitucionales y Salud este jueves a las 10. Pero no incluyó el tema en el temario de la sesión prevista para las 15.
El Frente de Todos intentará avanzar este jueves con el proyecto de “ley pandemia”, que establece parámetros sanitarios y epidemiológicos que sirvan al Gobierno nacional y a las provincias para gestionar las restricciones. Pero esa carrera contrarreloj se da de bruces con los reglamentos de la Cámara, por lo que no le darían los tiempos ni los números para darle tratamiento este mismo jueves. Ese era el deseo original, dado que este viernes vence el último DNU emitido por el presidente Alberto Fernández, y la idea era que la nueva ley comenzara a regir antes de tener que emitir un nuevo decreto.
Parecía todo encaminado cuando el oficialismo convocó para este jueves, a partir de las 10, a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde -sin obstáculos con los números- se alzaría con el dictamen de mayoría de la iniciativa que ya tiene media sanción del Senado. La reunión será en el recinto.
La sesión fue convocada para las 15 en Diputados, y el proyecto central que se desprende del temario conocido este miércoles es el que prevé rebajar las tarifas de gas en las denominadas “zonas frías”, incorporando varias localidades de distintas provincias al beneficio que ya tiene la Patagonia.
Cabe señalar que en el proyecto de ley de “zonas frías” se introdujeron modificaciones y se sumaron a varias localidades de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy y La Rioja. La pregunta que circulaba en el Congreso era si estos cambios tendrán relación con los votos que el oficialismo necesita para sacar la “ley pandemia”.
Pero al conocerse el temario para la sesión, el proyecto de emergencia Covid directamente no fue incluido. La sesión que dará comienzo a las 15 incluirá en primer lugar el proyecto de ley conocido como “Zonas frías”, y continuará con el debate del Consenso Fiscal, que fue suspendido en la sesión anterior, cuando se decidió dejarlo para la reunión venidera.
En tercer lugar figura el tratamiento de la ley de Cupo Laboral Trans, y a continuación el proyecto de ley de equidad en la representación de los géneros en los servicios de comunicación audiovisual.
Para el final de la sesión aparece, según la agenda difundida, un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República Argentina y la República Dominicana; el convenio de
reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos; y finalmente un reconocimiento de la Cámara de Diputados al doctor Bernardo Houssay.
¿Y la emergencia Covid? No fue incluido. Se esperará primero que tenga el dictamen correspondiente por la mañana y luego verán si están los votos para aprobarlo. Es impensado que el oficialismo “se tire a la pileta” para debatirlo sin la garantía de su aprobación. Y como ese dato todavía no está, se decidirá antes del inicio de la sesión. “Veremos mañana”, expresó ante la consulta de parlamentario.com una fuente del oficialismo.
Pero además, la intención del oficialismo choca con una cuestión reglamentaria, pues la norma vigente exige la conformidad de 3/4 de los presentes. Obviamente Juntos por el Cambio no brindará esta mayoría para para la emergencia Covid. La única vía que podría tener el oficialismo para tratar en la sesión de este jueves ese proyecto fuera de temario es pedir con diez firmas una ampliación del mismo.
En este caso, el tema se introduce al final del cronograma. De suceder así, quedaría en manos de la oposición darles o no quórum para que puedan avanzar.
La Cámara baja se disponía a aprobar finalmente el proyecto proveniente del Senado, pero pasadas las 4 de la madrugada se decidió el aplazamiento del temario.
Ya promediando la extensa jornada de debates en la Cámara de Diputados el presidente del Cuerpo, Sergio Massa, había advertido que numerosos legisladores tenían que viajar a sus provincias durante la mañana del jueves, por lo que sugería no extenderse en los discursos. Cosa que obviamente no sucedió. Así, pasadas las 4 de la mañana, cuando la sesión llevaba casi 14 horas, se decidió un aplazamiento del temario, con lo que todo lo que no alcanzó a ser tratado en esta sesión quedará para la próxima.
Sucedió cuando promediaba el debate del proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2021, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias. Cuando arrancó el tratamiento de ese tema estaba previsto que se votara a las 4.05. Pero conforme fueron exponiendo los diputados anotados para hablar se advirtió que eso no sería posible. Atentos a ello, previamente se había votado una alteración en el orden de tratamiento de los temas, y así fue que alcanzó a aprobarse antes del tratamiento del Consenso Fiscal el proyecto para garantizar asistencia a los transportistas escolares en el AMBA. Se votó la moción y luego sin debate se votó ese proyecto.
Cerca de las 3 de la mañana comenzó el tratamiento del proyecto con la palabra del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, quien planteó que “hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas han aprobado el consenso, y dos que lo tienen en tratamiento”.
“El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales, plantea que ante la situación de la pandemia, se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas, contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos: aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos”, expresó el legislador oficialista.
Heller detalló puntillosamente los aspectos centrales del proyecto proveniente del Senado, en tanto que el radical Luis Pastori (Misiones) planteó luego su rechazo al dictamen de mayoría por considerarlo “lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales, en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de sellos”, a los que consideró “dos de los tributos más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino”.
Para Pastori se debería “tomar conciencia desde el Poder Legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos. Y más tratándose de tributos tan regresivos en términos económicos como los que estamos tratando en este proyecto. Al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello”.
El oficialista Ariel Rauschenberger (La Pampa) valoró que su provincia no hubiera firmado el Pacto Fiscal en 2017 para no renunciar a los juicios contra el Estado nacional por las deudas, y además porque “esta es una provincia que desde que la gobierna el justicialismo no tenemos déficit fiscal, tenemos equilibrio presupuestario; tampoco tenemos deuda pública, la provincia siempre se ha manejado con austeridad. Y además no hemos recurrido al endeudamiento”.
En cambio ahora La Pampa firma, dijo, pero aclaró que con Alberto Fernández se acordó “suspender por un año los procesos judiciales, suspender los procesos judiciales, no renunciar a los procesos judiciales de las provincias”.
“Esto es un consenso de apriete al contribuyente”, denunció por su parte el radical Ricardo Buryaile (Formosa), quien recordó que “la Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y hace 10 años que estamos estancados”. Recordó que entre otras cosas las provincias se habían comprometido en 2017 a converger en las alícuotas de impuestos distorsivos hacia cero. El sistema implementado ahora, dijo, “consolida un sistema regresivo al empleo y la inversión y consolida los impuestos distorsivos”.
Hubo más oradores, pero pasadas las 4 de la mañana, el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez planteó la disposición de los diputados a quedarse el tiempo que hiciese falta para tratar un tema importante como era el que estaban debatiendo, aunque advirtió que por la hora avanzada, estaba claro que ni ese, ni los temas restantes no recibirían la atención merecida. Por eso sugirió un aplazamiento del temario de la sesión y su moción encontró aceptación en la secretaria Parlamentaria de JxC, Silvia Lospennato, primero, y luego en la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau. Luego se votó la moción y el proyecto de Consenso Fiscal, y las cuestiones de privilegio y apartamientos de reglamento, que por un acuerdo en Labor Parlamentaria se habían dispuesto para el final de la sesión, quedaron para la próxima.
La Cámara baja se reúne desde las 14.11, con un temario que incluye el Consenso Fiscal 2021 y la modificación del impuesto a las Ganancias para empresas.
Luego de votar el corrimiento de las elecciones de este año y el proyecto sobre caducidad de los partidos políticos, la Cámara de Diputados continúa con la sesión que se inició este miércoles a las 14.11 y terminará en la madrugada de este jueves.
El temario sigue con el tratamiento de un proyecto para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, y luego vendrá la discusión sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo para modificar el impuesto a las Ganancias para empresas, la cual establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
De acuerdo a la propuesta, por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Más tarde, sin oradores, se votarán un conjunto de transferencias de inmuebles, y posteriormente se pasará al debate del Consenso Fiscal 2021, el documento firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias. Juntos por el Cambio se opone al proyecto oficial, pero hay diputados que responden a sus gobernadores y podrían votar junto con al oficialismo. De aprobarse, será ley.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación, con lo cual las jurisdicciones quedan habilitadas a aumentar los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos.
Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, sino de asignaciones presupuestarias.
En el temario se incluyó un proyecto vinculado a transportistas escolares. Y, finalmente, las cuestiones de privilegio y los apartamientos de reglamento tendrán lugar en el final de la sesión, un hecho inusual en la Cámara baja, pero reclamado desde hace tiempo por distintos diputados.
Tras casi dos meses sin sesiones, la Cámara baja se reunirá en el recinto para aprobar la iniciativa que modifica el cronograma electoral de este año. Además, debatirán caducidad de los partidos políticos, el Consenso Fiscal 2021 y la modificación del impuesto a las Ganancias para empresas, entre otros puntos.
Se oficializó en el mediodía de este martes la convocatoria a sesión especial en la Cámara de Diputados para este miércoles, a partir de las 13. Tras dos meses sin reunirse en el recinto, el pleno abordará un temario cargado, que comenzará a tratarse luego del tiempo de homenajes y cuestiones de privilegio, período que podría demandar horas.
La cantidad de oradores se terminará de definir en la reunión de Labor Parlamentaria que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y los jefes de bloques realizarán a las 11.30 el Salón Delia Parodi.
Uno de los temas centrales de la jornada será el proyecto de ley para postergar las PASO al 12 de septiembre y las elecciones generales al 14 de noviembre, debido al contexto de pandemia de Covid-19. La iniciativa cuenta con el aval de todos los bloques, con lo cual se prevé que será votada por unanimidad y se girará al Senado.
El acuerdo se alcanzó en la propia Casa Rosada, luego que el oficialismo aceptara incluir una “cláusula cerrojo” -reclamada desde Juntos por el Cambio- que garantice que el calendario electoral no volverá a ser modificado este año. Después, la iniciativa fue girada al Congreso, y obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada.
Otro tema vinculado a la cuestión es el proyecto de suspensión de dos causales de caducidad de los partidos políticos que no pudieron cumplir con los requisitos legales a causa de la pandemia, de modo que todos puedan participar en el proceso electoral de 2021.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara alta, suspende las causales de caducidad por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el número mínimo de afiliaciones.
Además, establece que el dinero no ejecutado en 2020 en materia de capacitaciones que no se pudieron llevar adelante, será reservado para el ejercicio 2021, y se suspenderán las sanciones por el no desarrollo de esos cursos.
En materia económica, se tratará la ratificación del Consenso Fiscal 2021, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias. Juntos por el Cambio se opone al proyecto oficial, pero hay diputados que responden a sus gobernadores y podrían votar junto con al oficialismo. De aprobarse, será ley.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación, con lo cual las jurisdicciones quedan habilitadas a aumentar los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos.
Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación, sino de asignaciones presupuestarias.
Otro “plato fuerte” de la sesión será el proyecto del Poder Ejecutivo de modificación del impuesto a las Ganancias para sociedades, el cual establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%.
En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Finalmente, el temario incluye una iniciativa -con amplio consenso- para fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, a través de una serie de beneficios impositivos e incentivos económicos; y un paquete de transferencias de inmuebles desde el Estado Nacional a distintas provincias.
La Cámara baja vuelve a sesionar después de dos meses y tratará el consenso fiscal y, entre otros, el que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas.
El recinto de la Cámara de Diputados volverá a abrir sus puertas este miércoles, a casi dos meses de su última sesión, el sábado 27 de marzo cuando entre otras cosas trataron la reforma al impuesto a las Ganancias.
Con un protocolo renovado y presto a ser aprobado en el inicio de esta sesión, la Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles con un temario que incluye como tema saliente la postergación de las elecciones de agosto y octubre. El proyecto obtuvo dictamen el jueves pasado y quedó listo para su debate en el recinto.
En efecto, el Cuerpo se apresta a darle media sanción a un proyecto que habilita el traslado de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 8 de agosto al 12 de septiembre, y las elecciones generales del 24 de octubre al 14 de noviembre. La norma establece, tal cual pidió la oposición, que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.
Hay otra serie de temas como el referido a la caducidad de los partidos políticos. El proyecto que cuenta con media sanción del Senado apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19. A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.
También tratarían el consenso fiscal, que tuvo dictamen el pasado 22 de abril. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019. En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Asimismo se abordará un proyecto de ley que establece nuevas alícuotas escalonadas del impuesto a las Ganancias para las empresas. El proyecto del Poder Ejecutivo establece nuevas alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada.
Por ganancias de hasta 5.000.000 de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5.000.000 y 20.000.000 de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 20.000.000 de pesos pagarán el 35%. En el dictamen final se introdujeron dos modificaciones: en primer lugar, se incluyeron incentivos para la incorporación de mujeres, travestis, transexuales y transgéneros como directores y síndicos de las empresas; y en segundo término, se aclaró en la redacción -tal como pedía el diputado de Consenso Federal Jorge Sarghini- que no se reducirá la alícuota del 41,5% para los juegos de azar.
Otro proyecto previsto obtuvo dictamen el pasado 22 de abril y es el que busca jerarquizar las Reservas Naturales de la Defensa, otorgándoles rango de ley.
El temario de la sesión de Diputados incluiría un proyecto de transferencia de inmuebles a provincias y municipios, y otro que busca fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, promovido por el diputado Eduardo “Bali” Bucca (interbloque Federal). El proyecto crea un régimen tarifario especial de servicios públicos, por el cual se les reconocerá a las entidades de bomberos la totalidad de la facturación de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía fija y móvil, y TICs, que se encuentren bajo jurisdicción nacional.
Por otra parte, las entidades quedarán exentas del pago de contribuciones patronales con destino a la seguridad social; y se reducirá a cero la alícuota del IVA para las compras realizadas. También se propone “la asistencia médica de bomberos que padezcan accidentes, en materia de tratamientos de rehabilitación, medicamentos y prótesis”, puntualizó el autor del proyecto. Por último, se otorga a los bomberos una asistencia económica por 24 meses, “que les permita mantener una vida diaria familiar cuando hayan tenido un accidente que no les permita seguir con su tarea laboral”.
Diputados volvería a reunirse este miércoles, por primera vez desde que en marzo realizó una maratónica reunión en la que debatieron Ganancias.
La última sesión de la Cámara de Diputados se realizó en una fecha impensada: un sábado. Fue además la primera sesión del período ordinario del presente año, el 27 de marzo pasado, y concluyó el domingo por la mañana. Desde entonces no volvieron a reunirse.
Ahora, con un protocolo renovado y presto a ser aprobado en el inicio de la próxima sesión, la Cámara de Diputados volvería a sesionar este miércoles, y prueba de ello es que convocaron a los diputados y diputadas para los PCR para este lunes.
Será con un temario que incluye como tema saliente la postergación de las elecciones de agosto y octubre. El proyecto obtuvo dictamen el jueves pasado y quedó listo para su debate en el recinto.
Hay otra serie de temas como el referido a la caducidad de los partidos políticos. El proyecto que cuenta con media sanción del Senado apunta a suspender hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos políticos por no haber podido celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar con el mínimo de afiliaciones, producto de la pandemia de Covid-19. A partir de una incorporación en el Senado, la iniciativa exceptúa de esta normativa a aquellos partidos con elecciones internas en trámite.
También tratarían el consenso fiscal, que tuvo dictamen el pasado 22 de abril. La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019. En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Otro proyecto previsto también obtuvo dictamen el pasado 22 de abril y es el que busca jerarquizar las Reservas Naturales de la Defensa, otorgándoles rango de ley.
El temario de la sesión de Diputados incluiría un proyecto de transferencia de inmuebles a provincias y municipios, y otro que busca fortalecer el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, promovido por el diputado Eduardo “Bali” Bucca (interbloque Federal). El proyecto crea un régimen tarifario especial de servicios públicos, por el cual se les reconocerá a las entidades de bomberos la totalidad de la facturación de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía fija y móvil, y TICs, que se encuentren bajo jurisdicción nacional.
Por otra parte, las entidades quedarán exentas del pago de contribuciones patronales con destino a la seguridad social; y se reducirá a cero la alícuota del IVA para las compras realizadas. También se propone “la asistencia médica de bomberos que padezcan accidentes, en materia de tratamientos de rehabilitación, medicamentos y prótesis”, puntualizó el autor del proyecto. Por último, se otorga a los bomberos una asistencia económica por 24 meses, “que les permita mantener una vida diaria familiar cuando hayan tenido un accidente que no les permita seguir con su tarea laboral”.
Fue en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Juntos por el Cambio rechazó la ratificación del acuerdo a pesar de que fue firmado por los gobernadores de esa alianza. Un diputado de Morales, la única excepción.
El proyecto de ley que ratifica el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 de las 24 provincias, obtuvo dictamen favorable este jueves en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
El dictamen recibió 26 firmas y quedó en condiciones de ser votado en el recinto en la próxima sesión, que aun no tiene fecha confirmada.
Con 18 firmas, el grueso de Juntos por el Cambio rechazó el proyecto a pesar de que los gobernadores de esa alianza (el jujeño Gerardo Morales, el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez) adhirieron al pacto.
Pero hubo una excepción, la del radical jujeño Jorge “Colo” Rizotti, quien anunció que votará a favor del proyecto en función del acompañamiento de Morales. “Nos pone a las provincias en condiciones de aumentar las alícuotas de Ingresos Brutos. En Jujuy seguimos por debajo de algunas provincias”, argumentó.
El vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (Pro) fue el encargado de fundamentar el rechazo de la mayoría de su interbloque.
“Nuestra posición como interbloque es la de rechazar la aprobación del pacto. Entendemos las necesidades de muchas provincias en el marco de la pandemia, pero por una cuestión de coherencia debemos rechazar la aprobación de este nuevo Consenso Fiscal, que pone en suspenso, o elimina, o retrotrae muchos de los avances logrados en 2017”, aseguró.
Laspina recordó que aquel acuerdo “se firmó bajo un ánimo muy positivo, que era la reducción gradual y paulatina de impuestos regresivos como Ingresos Brutos y Sellos”.
Por el contrario, advirtió el santafesino, ahora se aprobará “una contrarreforma tributaria en las provincias que va en la dirección contraria a la que establecía el pacto de 2017 y a los intereses de los consumidores y pequeñas y medianas empresas”.
“Lamentamos que en el marco de la pandemia el único recurso al que las provincias y la Nación pueden echar mano es a la suba sistemática de impuestos”, expresó.
Por el oficialismo, el exgobernador riojano Sergio Casas señaló que el Consenso Fiscal “es el marco de la convivencia democrática entre el Estado Nacional y el conjunto de los gobernadores”.
“A nadie le gusta perjudicar a la gente, ni al presidente, ni a los gobernadores, ni a los intendentes; el fin último es trabajar para la gente, pero acá pareciera ser que cuando se está participando del gobierno se ven las cosas de una manera, y cuando se está en la oposición es más fácil ver la paja en el ojo ajeno”, cuestionó.
Otra exmandataria, la catamarqueña Lucía Corpacci, aclaró que “no es que ahora estamos aumentando los impuestos. La situación económica es espantosa, el Estado Nacional no puede sostener más aportes a las provincias, y las provincias tienen que generar sus propios recursos”.
La diputada del Frente de Todos recordó la firma del pacto durante la gestión de Mauricio Macri: “Sucedió en una época donde no había pandemia, pero lo que sí teníamos era una crisis económica enorme y falta de credibilidad en nuestro país, donde nadie nos iba a prestar absolutamente nada”.
Desde la UCR, Luis Pastori alertó que “Argentina es uno de los países más gravosos del mundo. No lo digo yo ni la oposición, lo dice el Banco Mundial en un estudio del año 2020 sobre 190 países somos el número 189. Solamente nos supera en ese ranking de países más gravosa las Islas Comoras del África”.
El misionero consideró que “subsistir para una empresa y para una pyme es un acto heroico. Hay que ser un héroe para mantener hoy una pyme, y este tipo de leyes va en sentido contrario de lo que la economía demanda y de lo que se aprobó en la gestión de Cambiemos”.
“Más allá de que gobernadores de nuestro propio espacio político lo han firmado, Argentina es un país federal en los papeles, pero en la práctica es absolutamente unitario, y muy especialmente en el orden fiscal debemos ser uno de los países más unitarios de todos”, lamentó.
El puntano Carlos Ponce recordó que en 2017 San Luis no adhirió al acuerdo porque significaba “quitarle autonomía a las provincias” y además “nada de lo que decía el oficialismo iba a pasar”.
San Luis también se negó a firmar porque “había que renunciar a los reclamos que las provincias tenían con la Nación” y en ese momento su distrito “tenía dos juicios con sentencia firme”, y además el Consenso Fiscal de ese año “obedecía a los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde febrero pasado y busca ratificar el acuerdo suscripto el 4 de diciembre de 2020, que modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019.
En esos acuerdos se fijaron exenciones y reducciones impositivas, pero la pandemia, la crisis sanitaria y la necesidad de fondos hicieron necesario rever los compromisos asumidos, que ahora se suspenderán hasta el 31 de diciembre de este año.
Además, se permite a las provincias tomar deuda en pesos y se limita el endeudamiento en dólares; se suspenden las demandas judiciales contra el Estado Nacional por un año; y se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias no será a través de la coparticipación.
Debido a esos dos últimos puntos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se rehusó a firmar el Consenso Fiscal en esta oportunidad. Tampoco adhirieron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto, por no haber firmado el documento original en 2017.
La Cámara alta aprobó el proyecto enviado por el Gobierno por 49 votos a favor y 15 en contra. La discusión pasa a la Cámara de Diputados.
El Senado dio media sanción este miércoles al proyecto de ley, enviado por el Gobierno, que ratifica el Consenso Fiscal 2021. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva, fue votada por 49 votos a favor y 15 en contra.
A la hora de la votación, Juntos por el Cambio se dividió: al oficialismo lo acompañaron el fueguino Pablo Blanco; el correntino Pedro Braillard Poccard; los mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay; los jujeños Mario Fiad y Silvia Giacoppo; el riojano Julio Martínez y la entrerriana Stella Maris Olalla.
En tanto, por el interbloque Parlamentario Federal, la riojana Clara Vega fue la única que votó a favor. También acompañaron al Frente de Todos los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro).
El acuerdo fue suscripto el 4 de diciembre pasado por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto Sergio Ziliotto (La Pampa) como Alberto Rodríguez Saá (San Luis) no firmaron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí expresaron esta vez su apoyo. La otra excepción fue la del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Abrió el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Carlos Caserio, quien destacó que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”.
Al recordar los acuerdos que se firmaron entre Nación y las jurisdicciones durante el gobierno de Mauricio Macri, el oficialista señaló que “lamentablemente la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
El legislador, que dio una explicación detallada de lo que prevé el nuevo acuerdo, defendió que la gestión de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
Luego, el puntano Claudio Poggi adelantó su rechazo al expresar que “no podemos habilitar a través de un Consenso Fiscal la posibilidad de que se sigan aumentando los impuestos en la Argentina”. En ese sentido, consideró que si los Estados necesitan más recursos, “ya no se puede echar más mano al bolsillo de la gente; en todo caso cada Estado, y en todos sus poderes, deberán ser más austeros en el gasto público”.
“Austeridad, no ajuste. Austeridad, es muy distinto. Como la austeridad que están haciendo cada una de las familias en el medio de la crisis”, reseñó el senador aliado de Juntos por el Cambio.
Poggi agregó que tampoco estaba de acuerdo con que se suspendan los procesos judiciales contra el Estado nacional, recordando que en su provincia hubo una consulta popular en la que se votó mayoritariamente iniciar las demandas judiciales que están en curso. “Hoy hay 12 juicios en trámite”, detalló.
También en contra del proyecto, la macrista Guadalupe Tagliaferri dijo que “estamos completamente convencidos de la necesidad de un Consenso Fiscal”, pero resaltó que el mismo debe ser “en términos de acuerdos” y de “una responsabilidad en el manejo de los fondos de las provincias”.
Para la porteña, hay que “consensuar el sistema tributario argentino, tener entre todos una hoja de ruta que guíen las políticas económicas”, sin embargo comparó que este documento se diferencia del firmado en 2017, bajo la gestión de Mauricio Macri, “que sí vino a resolver problemas históricos, les venía a dar dinero (a las provincias), a ser más justo”.
La senadora recordó que el año pasado “a la Ciudad le sacaron de un día para el otro un punto de coparticipación para dárselo a la provincia de Buenos Aires y otro punto para que vuelva al Gobierno nacional”. Tagliaferri enfatizó que esa medida fue para que la Ciudad “se arrodille a pedir que nos den la plata”.
Entonces, justificó que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, haya ido a la Corte Suprema y no haya adherido a este Consenso Fiscal, porque “no estamos dispuestos a renunciar a nuestra autonomía” y este acuerdo “nos ata de pies y manos y nos vuelve a someter al Gobierno nacional”.
En tanto, su par Martín Lousteau coincidió que votaba en contra porque el Consenso Fiscal prevé que “no se pueden hacer reclamos” ante la Justicia contra el Estado Nacional, y otro aspecto tal como que “la plata de las transferencias (de servicios, competencias y funciones) la va a tener el Tesoro Nacional”. “Eso es pisotear el federalismo, es apropiarse del Estado de otro para someterlo”, observó el radical.
Por su parte, el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni, opinó que el Consenso Fiscal 2021 es “un nuevo parche a nuestro maltrecho sistema impositivo” y tiene “el sentido contrario” al acuerdo firmado originalmente en 2017, por lo que lo calificó como “un grave retroceso”.
El macrista defendió que el pacto firmado bajo el gobierno de Cambiemos tenía como fin “ir a un sistema más progresivo” eliminando “impuestos altamente distorsivos”, mientras que este nuevo acuerdo “es un claro hostigamiento a la Ciudad de Buenos Aires”.
A su turno, el chubutense Mario Pais se refirió al aspecto de la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias, y aclaró que en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional “no dice que tenga que ser por un mecanismo similar al de la Coparticipación”.
“Prevé, primero, la existencia de un convenio, y segundo, la transferencia y los recursos. Los recursos deben estar garantizados y además deben ser aprobados por ley del Congreso”, explicó. En esa línea, el oficialista criticó que esa ley “nunca proyectó el presidente Macri” cuando le transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires.
Para el legislador del Frente de Todos, “necesitamos tender a una armonización fiscal” y a futuro realizar “una reforma tributaria provincial y nacional que promueva las inversiones”. “Esta es una norma transcendente, importante y una herramienta de gobierno que debemos apoyar indubitadamente”, completó.
En el tramo final, el correntino Pedro Braillard Poccard argumentó su voto a favor porque “el convenio menciona cuáles son las motivaciones que llevaron a los gobernadores a firmar este acuerdo”. Entre los “compromisos” asumidos por las partes, el senador indicó que “se libera el tema de algunas limitaciones a impuestos locales”, algo que “corre por cuenta de cada provincia el aumento de impuestos” y “tendrán que asumir el costo o riesgo que eso significa”.
“Lo que realmente lleva como factor fundamental a la firma de este acuerdo es la situación especial generada por la pandemia”, resaltó.
Finalmente, el jefe de la bancada oficialista, José Mayans, remarcó que el acuerdo establece que “hay que controlar el tema del endeudamiento, no se puede hacer lo que se hizo en el gobierno de Macri”. “Venimos a acompañar el pacto que firman sus gobernadores porque han hecho un desastre en su administración, y por eso estamos cómo estamos, y por eso hay pobreza, indigencia y niños que se mueren”, cargó.
Y añadió: “Por más que se ría la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, cuando estaba Macri abandonó todo el sistema nacional como buen porteño y le importó tres pitos la salud, la educación, la justicia y el desarrollo de las economías regionales, dándoles una plata que no les correspondía”.
Puntos centrales del Consenso Fiscal
El Consenso Fiscal 2021 fue firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.
Como consecuencia del impacto económico generado por la pandemia, Nación y las provincias aseguraron que “necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”.
Dentro de los compromisos comunes asumidos, el Consenso Fiscal prevé “la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos” previsto en la Ley de Coparticipación (N° 23.548), sino que será por la vía presupuestaria.
Por otra parte, en el documento se estipuló suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos.
De igual forma, se introdujeron modificaciones tendientes a “homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el impuesto automotor, con el fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar de radicación, así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo”.
También se pactó la definición de “una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias” que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, manteniendo como eje la sostenibilidad de sus deudas.
En esa línea, se acordó que a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, previéndose ciertas operaciones de manera excepcional.
Asimismo, “que las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020”.
Por último, “en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 ‘postpandemia’ en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, se acordó poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto defendió el Consenso Fiscal y cargó contra la gestión anterior. Explicó los compromisos que asumirán las provincias en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Carlos Caserio, destacó en la sesión de este miércoles que “el esfuerzo del Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, al defender el Consenso Fiscal firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores en el marco de la pandemia.
Caserio explicó que este Consenso Fiscal fue concretado el 4 de diciembre del año pasado entre la Nación y 21 de las 24 provincias, ya que San Luis y La Pampa se negaron a suscribirlo porque no lo habían hecho con los anteriores pactos, y la Ciudad de Buenos Aires -que sí había adherido- rechazó las nuevas condiciones.
El cordobés hizo un repaso por los acuerdos anteriores y recordó que el primero se firmó el 23 de mayo de 2016, y fue renovado en 2017 y 2018. “Hasta ahí hablábamos del país de (Mauricio) Macri, de Disneylandia, donde se festejaba y se bailaba en los actos porque parecía que Argentina mejoraba”, ironizó.
“Pero lamentablemente -prosiguió- la realidad política y económica demostró que estos consensos no pudieron dar resultado, y para 2019 el país había cambiado abruptamente”.
Caserio señaló que el gobierno de Alberto Fernández “se tuvo que hacer cargo de que la realidad económica que se venía manifestando no tenía ningún fundamento”. En este contexto, a fines de 2019 las provincias solicitaron suspender las medidas acordadas en años anteriores, sobre todo la rebaja de Ingresos Brutos.
El senador del Frente de Todos cargó contra la gestión anterior al advertir que “prometían una inflación de un dígito y terminaron con una inflación del 40% durante los cuatro años, y en 2019 batieron el récord de inflación de toda la historia argentina, con un 54,8%”.
También precisó que “la fuga de capitales fue de 86.000 millones de pesos” y que el endeudamiento con el FMI se hizo insostenible. “El gobierno de Macri lo único que hizo fue ajustar”, se quejó.
Luego, con la llegada de la pandemia, “el esfuerzo que hizo el Gobierno nacional para sostener los ingresos de las provincias fue enorme”, destacó Caserio.
“Hasta el 1ro de octubre las provincias perdieron recursos por 200.000 millones de pesos, y la Nación las asistió por 199.000 millones de pesos. Esto permitió a las provincias cumplir con sus compromisos”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda destacó que el Consenso Fiscal “busca un proceso de armonización con las provincias en el cumplimiento de algunas normas básicas”.
El legislador oficialista informó que “las provincias asumen compromisos en materia tributaria, de endeudamiento responsable y de procesos judiciales”.
Explicó que “en materia tributaria provincial y nacional se busca una armonización que permita recaudar de manera más eficiente y facilitar la vida de los ciudadanos” a través de la automatización de trámites.
De esa forma, indicó el senador, “se prorrogan todas las alícuotas de Ingresos Brutos de las provincias hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, no podrán subirlo pero tampoco podrán bajarlo”.
También se busca “acordar mecanismos de devolución automática y compensaciones a favor de los contribuyentes”.
En cuanto al endeudamiento, el pacto establece que “a partir del 31 de diciembre y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera”, afirmó Caserio.
Asimismo, precisó que durante un año las provincias no podrán iniciar procesos judiciales contra la Nación y deberán suspender los que se encuentran en trámite, motivo por el cual el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -quien presentó una demanda ante la Corte Suprema por la quita de coparticipación a la Ciudad- se negó a firmar el acuerdo.
Por último, el Consenso Fiscal especifica que “no habrá más transferencias de competencias y funciones sin la respectiva asignación de recursos aprobada por ley del Congreso”, como sucedió el año pasado con los fondos destinados a financiar el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad.
El acuerdo firmado entre Nación y 21 provincias será sometido a votación para ser girado a Diputados. Además, se tratará el incentivo a construcciones privadas, el incremento del presupuesto para Ciencia y Tecnología y el resarcimiento a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. También recibirán aval tres pliegos de embajadores
Luego de la sesión preparatoria en la que ratificó a sus autoridades, el Senado realiza desde las 15.02 una nueva sesión extraordinaria en la que tratará un conjunto de proyectos, de los cuales se prevé que uno reciba media sanción y tres se conviertan en ley.
La reunión es la primera que se realiza tras el escándalo por la vacunación “VIP”, dentro de la que fue incluida el senador oficialista Jorge Taiana, con lo que el inicio de la sesión no escaparía a la polémica.
El primer punto del temario serán tres pliegos de candidatos a embajadores: Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.
Luego, la Cámara alta tratará la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores -las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.
A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la Coparticipación, se negó a firmar el documento.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Los senadores también debatirán un proyecto, que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados, para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones; además de un régimen de blanqueo para inversores.
La otra iniciativa a tratar, que se convertirá en ley, es la que apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.
Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos, que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.
Será en el marco de dos sesiones que tendrán lugar a partir de las 14: la preparatoria y luego arrancará la última sesión extraordinaria en esa cámara.
El Senado tendrá a partir de las 14 de este miércoles una doble jornada: en primer lugar se realizará la tradicional sesión preparatoria y luego, a partir de las 15, arrancará la segunda sesión extraordinaria de este año que ha sido citada por la vicepresidenta Cristina Kirchner para tratar una serie de proyectos, entre ellos el Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias.
En primer lugar, tal como establece el reglamento, la Cámara alta renovará sus autoridades y se espera que todas ellas sean ratificadas por un nuevo año: la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).
Luego, el Senado abordará un temario de cuatro proyectos de ley y tres pliegos de candidatos a embajadores, Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.
El tema principal de la sesión será la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores -las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.
A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación, se negó a firmar el documento.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
El Senado también tratará otros tres proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara de Diputados, el primero de ellos para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones.
Otra de las iniciativas apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.
Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.
A las 14 la Cámara alta realizará su sesión preparatoria y luego tratará una serie de proyectos, entre los que se encuentran el pacto firmado entre la Nación y provincias y la reparación económica para familiares de tripulantes del ARA San Juan.
El Senado tendrá el próximo miércoles doble jornada: la vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a renovar autoridades en la tradicional sesión preparatoria, citada para las 14, mientras que a las 15 habrá otra sesión especial para tratar una serie de proyectos, entre ellos el Consenso Fiscal 2020 firmado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores de 21 provincias.
En primer lugar, tal como establece el reglamento, la Cámara alta renovará sus autoridades y se espera que todas ellas sean ratificadas por un nuevo año: la presidenta provisional, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y los vicepresidentes Martín Lousteau (UCR-Evolución), Maurice Closs (Frente de Todos) y Laura Rodríguez Machado (Pro).
Luego, el Senado abordará un temario de cuatro proyectos de ley y tres pliegos de candidatos a embajadores, Luis Ilarregui (Cuba), Ariel Basteiro (Bolivia) y Sabino Vaca Narvaja (China), quienes cuentan con aval de la Comisión de Acuerdos.
El tema principal de la sesión será la ratificación del Consenso Fiscal firmado el 4 de diciembre pasado por el presidente y 21 de los 24 gobernadores –las excepciones fueron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los mandatarios de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de La Pampa, Sergio Ziliotto-.
A través de este nuevo pacto, que actualiza el firmado originalmente en 2017, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en ese entonces, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares, y se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte de la coparticipación, se negó a firmar el documento.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
El Senado también tratará otros tres proyectos que ya cuentan con aprobación de la Cámara de Diputados, el primero de ellos para promover la construcción de obras privadas nuevas a través de diferentes beneficios impositivos, como por ejemplo la exención del impuesto a los Bienes Personales, durante dos años, a los activos financieros que se apliquen a esas construcciones.
Otra de las iniciativas apunta a incrementar de forma progresiva el presupuesto destinado a ciencia y tecnología, desde el 0,28% del PBI en 2021 hasta alcanzar el 1% en 2032, con una perspectiva federal en el reparto de esos fondos.
Por último, se votará una reparación económica de carácter extraordinario para familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por un monto de alrededor de 7.000.000 de pesos que serán entregados por única vez a los hijos, progenitores, cónyuges o convivientes de las víctimas, según corresponda.
Fue al cabo de una breve reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la que se analizó la ratificación del pacto suscripto con todos los gobernadores, menos los de La Pampa y San Luis y el jefe de Gobierno porteñ.
La Cámara alta retomó este miércoles la actividad, y la primera comisión en reunirse fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el cordobés Carlos Caserio. Fue para tratar uno de los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de extraordinarias: la iniciativa para ratificar el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.
La reunión, que fue bastante breve -duró menos de media hora- se inició con bastante puntualidad, a las 11.05, con la palabra del presidente de la comisión, que detalló las características de la iniciativa. “Este es uno de los tantos consensos fiscales que venimos desarrollando en los últimos años, que por distintas razones se van modificando”, expresó Caserio al inicio. “Determinadas circunstancias que fue viviendo el país, las distintas crisis han hecho que esto se vaya modificando”, insistió.
A continuación, el misionero Maurice Closs fue sumamente breve y tan solo sugirió “acompañar” la iniciativa, “porque todas las provincias y la Nación necesitan este consenso fiscal”, mientras que el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, habló de estabilizar las cuentas públicas a nivel nacional y provincial.
“Obviamente también tiene que haber una coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para ver cómo se puede potenciar el desarrollo de las provincias, para que cada una pueda generar un crecimiento de la economía que repercute en la creación del empleo”, apuntó el formoseño, que agregó luego que “estos pactos fiscales tienden a eso: a ver cómo resolvemos los problemas económicos del país, que son varios”. Y enumeró: el problema de la deuda externa, la deuda de las provincias, las cajas y también una unificación en el tema tributario, que es lo que reclama también el sector privado, apuntó.
Para Mayans, “el pacto tiende a tener un comportamiento responsable como para que el sector privado no esté presionado en ese sentido. Este es un acuerdo que hacen los gobernadores con el Poder Ejecutivo, que tiende a ver cómo se repara el esquema económico del país”.
Finalmente el presidente del bloque oficialista apuntó que “estamos acompañando ese acuerdo que se ha hecho y viendo el comportamiento que tenemos en esta emergencia sanitaria, buscando salidas para poder comenzar a tener el crecimiento económico que va a llevar al crecimiento del país”. Así las cosas, anunció el acompañamiento del proyecto.
El primer representante de la oposición en hablar fue el radical chaqueño Víctor Zimmerman, quien coincidió en que “este Pacto Fiscal tiene uno de los objetivos recuperar la recaudación, tras un escenario como el que fue la pandemia”. Pero observó que “en estos sucesivos pactos fiscales, lo que estamos haciendo es abandonando un criterio de reducción de impuestos. Mi preocupación tiene que ver con que no hay ninguna recomendación respecto del comportamiento del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral”.
Así las cosas, Zimmerman dijo que le parecía que “tendríamos que hacer una recomendación al respecto”, y expresó su deseo porque en algún momento los funcionarios pudieran expresar cuál es el criterio para manejar esos mayores recursos. “Ojalá se pueda hablar de la calidad del gasto y hacer algunas recomendaciones, por ejemplo para fortalecer el sistema sanitario; garantizar todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa y obviamente el gasto social”, señaló.
Poner el foco, además, en “cómo se gastarían los recursos, para no incurrir en problemas del pasado como el incremento del gasto improductivo”.
A continuación, otro radical, el riojano Julio Martínez, observó que durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos la mayoría de las provincias “han tenido superávit. Cuando llegamos, 14 no podían pagar los aguinaldos, y 17 en déficit. Cuando terminamos, la mayoría estaban en equilibrio y bien. Debemos avanzar sobre lo bueno y lo malo de cada gobierno para poder sustentar la relación Nación – Provincias en adelante”.
Al concluir, se refirió a un caso particular, el de su provincia. Señaló que el actual gobernador riojano fue durante 12 años intendente, y por eso pensaron que cambiaría la relación con los municipios, pero aseguró que no es así. Lo dijo por el caso puntual del municipio de la capital riojana, que pertenece a Juntos por el Cambio y aseguró que sufre de parte del Gobierno provincial una situación de “asfixia”, y fue más lejos al señalar que “el gobernador se transformó en un municipio paralelo, que paraliza las acciones del municipio”.
A su turno, la senadora santacruceña Ana María Ianni abogó por suscribir ese acuerdo “luego de un año tan duro como 2020, lleno de imponderables, en un marco de emergencia económica, social y sanitaria. Creo que ha habido muchos esfuerzos por parte del Gobierno nacional, las provincias y de muchos municipios, que aun en su baja recaudación resignaron ese poco o mucho al servicio de los comercios, no solo con la prórroga de vencimientos, sino también con la condonación de deudas”.
A continuación, José Mayans solicitó pasar el dictamen a la firma, a la espera de ver cuándo se le podrá dar tratamiento en el recinto, mientras que Carlos Caserio destacó que “el consenso es una cosa muy significativa en un momento muy complejo de la economía mundial, y argentina, y el hecho de que se pongan de acuerdo los gobernadores con el presidente es realmente una herramienta significativa”, en el marco de “una pandemia que no se fue y que no sabemos cuándo se va a ir”.
La reunión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el oficialista Carlos Caserio, se realizará este miércoles desde las 11.
Comenzó febrero y el Senado puso marcha al trabajo legislativo, que estuvo paralizado todo enero, desde la última sesión realizada en diciembre, cuando se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Esta semana, la Cámara alta no sólo realizará una sesión extraordinaria el jueves, sino que también tendrá actividad de comisiones. En ese sentido, este miércoles a partir de las 11, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el cordobés Carlos Caserio (FdT), tratará uno de los proyectos incluidos por el Gobierno en el temario de verano.
Se trata de la iniciativa para ratificar el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.
En los argumentos del proyecto, el Poder Ejecutivo señaló que “como consecuencia” de la emergencia económica y la pandemia “se ha reducido la actividad económica con inevitable impacto en los niveles de recaudación, a la vez que los Gobiernos Nacional y Provinciales necesitan contar con recursos fiscales para la atención de una creciente demanda social cuya resolución permita contener a los sectores más vulnerables de la población”.
“El Estado Nacional y las provincias han asumido el compromiso de aunar los esfuerzos de las administraciones tributarias a efectos de mejorar y avanzar en la armonización de las acciones, reduciendo y simplificando trámites y presentaciones de los y las contribuyentes, en el marco del federalismo fiscal”, señaló el Gobierno en la iniciativa.
Dentro de los compromisos comunes asumidos, el Consenso Fiscal prevé “la reafirmación de que la reasignación de recursos en el marco de la transferencia de competencias, servicios o funciones previstas en el párrafo quinto del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional no se implementa mediante el esquema de distribución de fondos” previsto en la Ley de Coparticipación (N° 23.548).
Por otra parte, en el documento se estipuló “suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y las disposiciones de los Impuestos Inmobiliarios, a los Sellos, aquellos que gravan la nómina salarial y a los tributos específicos”.
A su vez, se impulsa la continuidad de una “mejor adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para los y las contribuyentes del Convenio Multilateral”.
De igual forma, se han introducido modificaciones tendientes a “homogeneizar el tratamiento impositivo que las distintas jurisdicciones provinciales o municipales, según sea el caso, otorgan en el impuesto automotor, con el fin de eliminar distorsiones en la carga tributaria basadas en el lugar de radicación, así como mejorar el índice de cobrabilidad del mismo”.
También se pactó la definición de “una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, manteniendo como eje la sostenibilidad de sus deudas”.
En esa línea, Nación y las provincias acordaron que “a partir del 31 de diciembre de 2020 y durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto a los valores registrados a tal fecha, previéndose ciertas operaciones de manera excepcional”.
Asimismo, “que las operaciones de emisión de Títulos Públicos, en moneda nacional de las provincias, cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión, estarán exceptuadas de lo establecido en los artículos 7 y 10 de la Ley N° 23.928, siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020”.
Por último, “en un marco de resolución de conflictos concertado y, considerando imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacionla y las jurisdicciones provinciales en el marco de un 2021 ‘postpandemia’ en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública, se acordó poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal”, indicó el Poder Ejecutivo.
La Legislatura porteña aprobó con 33 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria, mediante las cuales dejaron sin efecto el acuerdo suscripto en 2017 y 2018 entre el Gobierno nacional, el de la Ciudad y las provincias.
En la primera sesión ordinaria del año y con el dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto, la Legislatura porteña sancionó con 33 votos positivos, cinco negativos y dos abstenciones un proyecto de ley que había sido remitido a esa Casa por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual suspendió el Consenso Fiscal de 2017 y 2018 y adhirió a un nuevo acuerdo con el Gobierno nacional.
La medida contó con el acompañamiento de GEN, UCR-Ev, PS y VJ; el rechazo de PTS, FIT, PO, CF y AyL; y la abstención de UC y los diputados de la CC ARI, y puso a la Ciudad de Buenos Aires en consonancia con la administración del presidente Alberto Fernández , quien ya los había cancelado temporalmente con anterioridad.
Asimismo, el distrito capitalino adhirió al nuevo Pacto Fiscal firmado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el alcalde local en el que se “acordó suspender hasta el 31 de diciembre del año 2020” lo relativo “a la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Sellos entre otros”. En tanto el Estado nacional prevé un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con esta medida.
Para poder congelar esos gravámenes, la Legislatura porteña también aprobó con 50 votos a favor, nueve en contra y una abstención una serie de modificaciones a la Ley Tarifaria, las cuales ya se encontraban previstas en el artículo dos de esa normativa, la cual había sido votada en 2019 por los legisladores de esa misma Casa.
El debate en el recinto
Al respecto de la medida, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero (VJ), indicó que “lo que estamos haciendo es suspender el Consenso Fiscal Federal, que es un acta acuerdo que firmó el presidente de la Nación con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, que deja sin efecto la reducción que venía aparejando en la gestión de Mauricio Macri en 2017 y 2018; entonces nos retrotrae a que en este año volvamos a la base del impuesto que fueron en 2019”.
Al mismo tiempo que insistió en que “no se trata de ningún aumento de impuestos sino que lo que hacemos es mantener en 2020 los mismos impuestos que en 2019” y precisó que “en este caso se van a ver beneficiados dos o tres sectores, uno de ellos es la industria del conocimiento, que al haberse suspendido la ley nacional a todos aquellos que tengan registro, la Ciudad de Buenos Aires los va a incluir dentro de lo que es industria. Por lo cual, hasta los que facturen 130 millones de pesos por año, van a pagar cero pesos de Ingresos Brutos”.
En tanto la vicepresidenta segunda de la Legislatura, María Rosa Muiños (FdT), explicó que “este acuerdo fue acompañado por todas las provincias del país, a diferencia de lo que ocurrió con los Consensos Fiscales de 2017 y 2018” y remarcó que desde ese espacio entienden que “es parte del pensamiento liberal pensar que bajar los impuestos, significa que no aumenten los precios, pero eso no fue lo que ocurrió el año pasado”.
Además el trotkista Gabriel Solano (PO) manifestó que las sesiones ordinarias “debutan con un pacto entre el Gobierno de la Ciudad y el Nacional, el cual fue elaborado no por Alberto Fernández o por Horacio Rodríguez Larreta, sino que fue diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tenemos al FMI en casa, aplicando una política de ajuste” e insistió en que “este ajuste no es solamente para los jubilados, los docentes, los empleados estatales, sino que es para todas las provincias y para la Ciudad. Lo que se está aprobando acá es una suma de impuestos que va a terminar pagando la población, lo que va a significar una reducción de su capacidad adquisitiva”.
A su turno, Martín Ocampo (UCR-Ev) precisó que “acá estamos votando algo que tiene que ver con una consecuencia de una decisión que se ha tomado a nivel nacional” y detalló que el radicalismo acompaña la medida “porque entendemos que es un valor la posibilidad de arribar a acuerdos, necesitamos de más pactos y de políticas consensuadas”.
“El sistema tributario de la Ciudad es el sistema de ingresos públicos de la Ciudad y esto es lo que permite realizar políticas públicas, creemos que el Estado tiene tener esos ingresos para poder desarrollando estas políticas. Cuando votamos por estos impuestos votamos por la educación, la salud, la seguridad”, añadió.
Por otro lado, el diputado de Consenso Federal, Eugenio Casielles, remarcó que “este Consenso Fiscal tenía más un tinte electoralista, ya en ese momento nos dimos cuenta que había cosas que no se podían cumplir y eso se terminó viendo mucho más adelante” y detalló que celebra “el diálogo entre el presidente y el jefe de Gobierno, pero queremos dejar claro que no está bien que cada vez que asume un nuevo Gobierno haya que cambiar Leyes Tarifarias”.
Asimismo, el legislador del GEN Sergio Abrevaya destacó que “la Argentina se tiene que decidir por los impuestos progresivos e ir hacia ellos, esto es lo que no hizo el Consenso Fiscal anterior y que puede hacerse hoy” y recordó que “el anterior continuaba con un régimen de coparticipación que no resolvía el problema que había, dado que la Nación consumía demasiado; ese acuerdo no resolvía esa cuestión de fondo y este tampoco lo hace”. No obstante, aclaró que “hoy tengo que acompañar este nuevo Consenso Fiscal porque si no se afectaría más a la Ciudad”.
Los diputados de la Ciudad se reunirán este jueves a las 11 para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del año, en la cual prevén modificar la Ley Tarifaria y darle el visto bueno al nuevo directorio del Banco Ciudad.
Tras el receso de verano, la Legislatura porteña se reunirá este jueves a las 11 para llevar a cabo la primera sesión ordinaria del período 2020, en la que debatirán una modificación a la Ley tarifaria y un pliego del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, para definir a las nuevas autoridades del Banco Ciudad.
De esta manera, la Casa buscará establecer la suspensión del Consenso Fiscal al que el distrito capitalino había adherido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y buscar la aprobación del nuevo Consenso Fiscal suscripto el 17 de diciembre último por el Ejecutivo de la Ciudad, los representantes de las provincias y el Gobierno nacional.
Este acuerdo federal provoca la necesidad de modificar la ley tarifaria que había sido sancionada y promulgada a principio de diciembre 2019 y las adecuaciones pertinentes en el Código Fiscal.
Por otro lado, con despacho de la Junta de Ética, también se pondrá a consideración de los legisladores la nómina propuesta de nuevas autoridades del Banco Ciudad (presidente, vicepresidente, vocales y síndico).
Otras iniciativas con tratamiento previsto refieren a la evocación del Día de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, a la declaración del “Día de la Visibilidad Lésbica” (propuesta por el Frente para Todos), una declaración de interés sobre “La Marcha de las Antorchas” y la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito de los Derechos Humanos al señor Víctor Basterra obrero gráfico y militante peronista que fue secuestrado durante la dictadura militar y en su cautiverio de la ESMA logró fotografiar a represores y víctimas de ese centro clandestino.
La legisladora de la UCR-Evolución Inés Gorbea presentó en la Legislatura un proyecto para que las empresas les devuelvan el dinero correspondiente al tiempo que se suspendió el servicio, cuando los cortes sean superiores a dos horas.
A tres años de la firma del Consenso Fiscal, la Comisión de Presupuesto -encabezada por el oficialista Claudio Romero (VJ)- firmó este miércoles el despacho de un proyecto que envió a la Legislatura porteña el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, a través del cual buscaran cancelar temporalmente ese acuerdo y suspender por el plazo de un año la baja de Ingresos Brutos en el distrito capitalino.
Dicho pacto había sido firmado por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el alcalde local, quienes acordaron “suspender hasta el 31 de diciembre del año 2020” lo relativo “a la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Sellos entre otros”, asumidos en 2017 y 2018.
De esta manera, una vez que la Legislatura apruebe el dictamen recientemente firmado, el Ejecutivo porteño se pondrá en consonancia con el Gobierno nacional que había suspendido dicho acuerdo en diciembre pasado. Cabe destacar que a pesar de ello, se cobrará este año las mismas alícuotas que percibió durante 2019.
Según se desprende de la iniciativa presentada en el Parlamento, este mecanismo de revisión ya se encontraba previsto en el artículo 2 de la Ley Tributaria, la cual había sido votada en 2019 por los legisladores de esa misma Casa.
Cabe señalar que la semana pasada el titular de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Andrés Gustavo Ballotta; el responsable de la Dirección General de Rentas (DGR), Demian Eliel Tujsnaider; y la representante de subsecretaria de Finanzas, Nereida María Laura Delgado, brindaron precisiones al respecto de la medida ante la Comisión de Presupuesto.
“No habrá suba en medicina prepaga y se generará mayores ingresos brutos que estimamos en 14.700 millones de pesos, de los cuales 5.400 millones serán por servicios financieros y 4.000 millones por industria”, afirmó Ballotta en aquella ocasión. Respecto a Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) aseguró que “la actualización seguirá siendo en función de la inflación con cinco meses de antigüedad”.
