En 2026 resulta curioso y algo sintomático que muchos consorcios sigan funcionando con la lógica de otra década pues plantea una inercia no dialoga con la vida real.

Mientras casi toda nuestra experiencia cotidiana está mediada por sistemas digitales la administración de numerosos edificios continúa atrapada en circuitos informales, comunicaciones desordenadas y decisiones que llegan tarde o nunca.

El concepto de consorcio conectado no habla de pantallas ni de aplicaciones de moda. Habla de orden, de trazabilidad y de asumir que una comunidad de vecinos necesita reglas claras, información accesible y procesos que no dependan de la memoria, el WhatsApp del portero o la buena predisposición de alguien que avisa cuando puede.

En los últimos años, la digitalización empezó a exponer que muchos conflictos históricos de la propiedad horizontal no eran inevitables, sino consecuencia directa de una gestión opaca o fragmentada. Cuando los números no están claros, cuando los reclamos se diluyen y cuando las decisiones se comunican mal, la convivencia se erosiona sola.

La tecnología no hace más simpáticos a los vecinos ni más baratos los arreglos. Pero sí introduce evidencia. Todo queda registrado, accesible y verificable. Y cuando eso ocurre, cambian las reglas del juego. Discutir deja de ser una cuestión de versiones para pasar a ser una discusión sobre datos.

También se transforma el rol del administrador. En 2026 ya no alcanza con “estar encima” o “poner el cuerpo”. La gestión profesional exige sistemas que ordenen, automaticen y documenten. No para reemplazar personas, sino para reducir errores, anticipar problemas y sostener decisiones con información concreta. El margen para la improvisación se achica.

Hay además una dimensión menos visible pero igual de importante que es la participación. Las herramientas digitales no garantizan consenso, pero sí bajan barreras. Facilitan que más vecinos se informen, opinen y voten, sin depender de horarios imposibles o asambleas eternas que terminan decidiendo siempre los mismos.

Administrar un consorcio en 2026 como si fuera 2010 es ineficiente. Y, en muchos casos, injusto para quienes pagan, reclaman y esperan respuestas acordes a la época que viven.

La tecnología vino a mostrar sin filtros la gestión de la administración consorcial Y eso, para bien o para mal, ya no tiene marcha atrás.

Martín Eliçagaray es especialista en tecnología aplicada a la Propiedad Horizontal (Simple Solutions)

En un contexto económico marcado por la inflación persistente y el deterioro del poder adquisitivo, el diputado nacional Martín Tetaz (UCR - CABA) presentó un proyecto de ley que busca aliviar la carga financiera de miles de argentinos que viven en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal. La iniciativa propone eximir del impuesto a los débitos y créditos bancarios —conocido popularmente como “impuesto al cheque”— a las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente por consorcios de propietarios.

El proyecto plantea una modificación al artículo 2° de la Ley 25.413, incorporando a los consorcios como sujetos exentos del gravamen, siempre que las cuentas estén destinadas exclusivamente a operaciones inherentes a la actividad consorcial. Esta medida, según Tetaz, apunta a reducir los costos administrativos que inciden directamente en el valor de las expensas, un gasto que se ha vuelto cada vez más difícil de afrontar para propietarios e inquilinos.

El impuesto a los débitos y créditos bancarios fue instaurado en 2001 como una medida transitoria para enfrentar la crisis fiscal. Sin embargo, más de dos décadas después, sigue vigente y afecta a múltiples sectores, incluyendo a los consorcios de edificios, que deben pagar este tributo por cada movimiento bancario que realizan.

En la actualidad, las expensas se han convertido en una carga significativa para las familias. Según datos del portal ConsorcioAbierto.com, en 2024 las expensas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumentaron un 154,7%, superando ampliamente la inflación nacional del 117,8% y la inflación local del 136,7%. En la provincia de Buenos Aires, el incremento fue aún mayor: 166,1%. Córdoba lideró el ranking con un alza del 180,1%, seguida por Santa Fe (154%) y Entre Ríos (150,7%).

Este fenómeno ha generado un preocupante nivel de morosidad: se estima que el 35% de los consorcistas no logra pagar sus expensas en tiempo y forma, y en algunos edificios el índice asciende al 40%. Esta situación no solo afecta a los vecinos, sino que también pone en jaque la administración de los edificios, que enfrenta dificultades para cubrir servicios esenciales como limpieza, mantenimiento, seguridad y reparaciones.

Una propuesta con impacto directo

La exención propuesta por Tetaz no implica una eliminación general del impuesto, sino una medida focalizada que busca aliviar un eslabón clave en la cadena de costos de los consorcios. Al eliminar el tributo sobre las cuentas bancarias utilizadas exclusivamente para la gestión consorcial, se reduciría un componente del gasto administrativo que, en última instancia, se traslada a los vecinos en forma de expensas.

“Esta medida no solo es justa, sino también necesaria”, argumenta el legislador radical. “El impuesto al cheque es altamente distorsivo y fue concebido con fines recaudatorios en un contexto de emergencia. Hoy, su permanencia afecta directamente a los ciudadanos que ya están haciendo malabares para llegar a fin de mes”.

Tetaz también señala que esta iniciativa se enmarca en una visión más amplia de reforma tributaria, que apunte a un sistema más simple, equitativo y menos regresivo. “La eliminación total del impuesto debería ser el objetivo final, pero entendemos que la situación macroeconómica actual no lo permite. Por eso proponemos avanzar con medidas parciales que generen alivio inmediato”, concluye.

Repercusiones y perspectivas

El proyecto ha sido bien recibido por administradores de consorcios y asociaciones de propietarios, que desde hace años reclaman una revisión del esquema impositivo que grava la operatoria bancaria de los edificios. También ha despertado interés en otros bloques legislativos, lo que podría facilitar su tratamiento en comisiones.

No obstante, algunos especialistas advierten que la medida, si bien positiva, debe ir acompañada de un control riguroso para evitar abusos o desvíos en el uso de las cuentas exentas. La clave estará en la reglamentación que determine los criterios de exclusividad y trazabilidad de los fondos.

En definitiva, la propuesta de Martín Tetaz abre un debate necesario sobre la racionalidad del sistema tributario argentino y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. En tiempos donde cada peso cuenta, aliviar la carga de las expensas puede ser un paso concreto hacia una mayor equidad fiscal y una mejor calidad de vida para millones de argentinos.