Milei es un presidente con gestualidad autoritaria pero, a la vez, como ha quedado demostrado en el tratamiento parlamentario de la denominada “ley ómnibus”, sus herramientas políticas son muy débiles para lograr la aprobación de sus iniciativas con el solo argumento de pechear a los adversarios. Herramientas políticas son, en este caso, su esmirriado andamiaje parlamentario -enriquecido, por así decir, por aliados sui generis, que dejan de serlo en cualquier momento- y sus colaboradores directos, ministros, secretarios y asesores. Hay en todo ese equipo una notable falta de experiencia que no se suple con tuits y voluntarismo.

Ahora resta ver como procesa el presidente la frustración del naufragio de la ley. Este es un test ácido que en muchos ámbitos institucionales se esperaba, habida cuenta del carácter por lo menos revoltoso que exhibe el mandatario desde que se lo conoció en las tertulias televisivas de la década anterior.

Las alternativas para el presidente, en principio, son tres: 1) Barajar y dar de nuevo en Comisión hasta lograr un proyecto consensuado, lo cual tiene baja probabilidad de ocurrencia; 2) Gobernar, hasta donde pueda, mediante DNUs y leyes que logren consenso. En este caso, parece un tiempo muy temprano del período presidencial para pensar en gestionar con el nivel de confrontación que eso implicaría, y 3) Convocar a la consulta popular que Milei ha venido meneando desde antes de haber asumido la presidencia. Tampoco esto último sería “soplar y hacer botellas”.

La consulta popular está contemplada en el Artículo 40 de la Constitución Nacional que dice que para que el resultado sea “vinculante”, debe ser convocada por iniciativa de la Cámara de Diputados y aprobada por las dos Cámaras. En ese caso, el resultado de la consulta sería “Vox Dei” y la ley se aprobaría ipso facto.

Difícil misión, si se toma en cuenta la debilidad de los mileistas puros en la cámara baja y, en especial, el grado de ofensa que tendrán muchos legisladores a los que el presidente llamó, como poco, “delincuentes” y “traidores”. No se puede andar por la vida insultando gente y después reclamándoles apoyo. No todos son tan misericordiosos como el Papa Francisco.

El presidente puede per se convocar a una consulta popular, pero en ese caso no sería “vinculante”. Así lo establece la Constitución.

Ahora bien, ¿Milei estará dispuesto a afrontar el riesgo de ir a una consulta popular en la que, entre otras cosas, parte del pueblo que lo votó en noviembre pueda darle la espalda con el sólido argumento de que el sentido del cambio votado entonces era distinto del que está impulsando? Hay muchos argumentos para señalar que el esfuerzo para el “cambio” está recayendo, como siempre, en los sectores más débiles de la sociedad, mientras el presidente acomoda a una parte notable de lo que denominó “casta”, ambula por el mundo junto con el alto empresariado y expone diálogos y tuits cuasi cholulos con inversores globales que lo festejan y que, quizá, estarían dispuestos a arriesgar en Argentina siempre que se haga lo que ellos quieren.

La eventual consulta popular puede plantear, desde el mismo día que sea convocada, una súbita reconfiguración del escenario que ni el más imaginativo de los políticos pudo alguna vez soñar. En un ejercicio de esta naturaleza no habría candidaturas, factor que despeja muchas de las vanidades que frustran la constitución de alianzas que en otras circunstancias hubieran sido muy positivas para reconstituir el implosionado territorio de la política nacional.

Milei podrá contar con mayuoría de quienes lo votaron en las PASO (agosto, 7,1 millones / 30,4%) y en la primera vuelta (octubre, 7,8 millones / 29,9%), pero no puede ni soñar con todos los votos que obtuvo en el balotaje (noviembre, 14,4 millones / 55,69%), porque esa diferencia fue lograda precisamente con lo que, al menos en el orden dirigencial, se quebró. De por sí, si a menos de seis meses de haber asumido, Milei obtuviera un voto menos que en noviembre, para la consideración de muchos, ya habría perdido.

Una parte de lo que fue Juntos por el Cambio puede estar dispuesta a desertar e integrarse, en este caso puntual, con un colorido abanico en el que se expresarían fuerzas de centro derecha, de centro y de centro izquierda que no están de acuerdo con gran parte de la “ley ómnibus” ni con los malostratos del presidente. Como las boletas serían dos, una por SI y otra por NO -aunque siempre estaría la opción de votar en blanco o abstenerse- muchos dirigentes tendrían que tragarse sapos de tamaño baño con el objetivo mayor de sumar una cantidad de votos superior a la del SI.

Ese abanico podría convivir y transformarse en una importante fuerza horizontal si figuras de la vieja política argentina que tienen mucho más rechazo que aceptación en la ciudadanía, se abstuvieran de intentar ponerse al frente o de hacer campaña. Seguro que el primer acuerdo que alcanzarían es sobre la necesidad de un cambio con más libertades -¡claro que está bien!, en el que la justicia social no sea “una aberración”, y que los esfuerzos para lograrlo, desde un principio, deben ser mejor repartidos, estibando las mayores cargas sobre los que más pueden.

A sabiendas de que en el hipotético caso de ganar tendría una exigua cantidad de legisladores, ya en campaña el hoy presidente Javier Milei anticipaba que seguramente recurriría al método del plebiscito o la consulta popular para impulsar las iniciativas que despertaran resistencia entre los legisladores.

Tras el fracaso del proyecto de ley de Bases, volvió a sonar fuerte la posibilidad de que el Gobierno busque esa vía para avanzar con iniciativas que se le puedan complicar. El propio vocero Manuel Adorni admitió este miércoles que el Gobierno está evaluando todas las herramientas constitucionales que puedan ser útiles en ese sentido.

No sería tan sencillo, a juzgar por lo expresado por el constitucionalista Félix Lonigro, quien recordó que los mecanismos de consulta e iniciativa popular fueron incorporados en la reforma constitucional del 94. Pero advirtió que si bien el presidente está habilitado para convocar a consulta popular, siempre debe ser sobre temas que correspondan a sus atribuciones y competencias. “Ya sabemos que la Constitución dice qué cosas puede hacer el presidente y qué cosas puede hacer el Congreso”, precisó el constitucionalista en diálogo con Radio Rivadavia.

Ante la pregunta de si el presidente Milei puede pedir una consulta popular para impulsar la reforma del Estado o cosas que estaban previstas en la ley ómnibus, Lonigro respondió de manera rotunda: “No, porque son temas que no le corresponde a él. Justamente por eso envía un proyecto de ley al Congreso. Porque son temas que le corresponden al Congreso. Como son temas legislativos, o de tratamiento legislativo, según la Constitución, Milei no está habilitado para convocar a consulta popular sobre eso. Lo tiene que hacer el Congreso, a través de una ley de convocatoria”.

“El presidente sí está habilitado para convocar a consulta popular cuando se trate de un decreto, en el que el presidente ejerce una potestad de su competencia”, explicó Lonigro, que puso como ejemplo la aprobación de un tratado.

¿Puede llamar a una consulta popular por el mega DNU, o preguntar en la consulta popular si la gente está a favor o no de la ley ómnibus? No, porque no son temas de su área. Tampoco el DNU, porque los decretos de necesidad y urgencia también son ejercicio de facultades legislativas por el presidente.

No pasa lo mismo con un decreto común y corriente, que sí pueden ser objeto de consulta popular.

Así las cosas, no hay margen de consulta popular para la ley ómnibus, a menos que lo impulsara el Congreso. Pero el presidente de la Nación no tiene margen para ello.

A la hora de analizar alternativas, Lonigro dijo que podría recomendársele al presidente podría convocar a consulta popular dictando un DNU. Pero correría el riesgo de que se lo declaren inconstitucional, porque para poder ejercer atribuciones del Congreso, por ejemplo convocar a consulta popular sobre un tema que no le corresponde, es necesario que haya una necesidad y urgencia que le impida convocar al Congreso. Y en este caso, el presidente ya convocó al Congreso. “Lo que pasa es que no le resultó -observó el especialista-. Entonces está usando este DNU, esta convocatoria, como  un plan B, y para eso no hay necesidad y urgencia”.

Por el contrario, suena a que “no me gusta que el Congreso no me aprobó, le pregunto a la gente. Ese DNU que estaría usando, seguramente va a ser declarado inconstitucional, y además en este caso concreto, seguramente la Justicia Electoral que tiene que intervenir en un proceso eleccionario, también le va a hacer una observación”.

“Le dirá: señor presidente, usted quiere preguntarle a la gente por sí o por no sobre 600 artículos, o los que hayan quedado, sobre temas tan diversos… Seguro que la Justicia Electoral le va a decir que no”, auguró.

En una breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), que se llevó a cabo en la tarde de este miércoles, el kirchnerismo logró el dictamen de los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El senador oficialista Oscar Parrilli hizo uso de la palabra para destacar que el proyecto “fue ampliamente debatido con expositores que dieron su opinión sobre los aspectos constitucionales. También la experiencia similar que hubo con el FRENAPO que explicó el hoy diputado Hugo Yasky”.

“Este es un avance importante en aras de mejorar el funcionamiento de la democracia en la Argentina, los mecanismos de participación popular, de identificación de los temas que los gobiernos tienen que resolver y tener siempre a mano la posibilidad de consultar al pueblo sobre temas importantes de la gestión”, ponderó.

Además, remarcó que “la iniciativa que propiciamos respeta los términos constitucionales, los límites que la Constitución Nacional pone a la consulta popular”, tras lo que pidió pasar a la firma el dictamen para que sea debatido en el recinto y agregó con una chicana a la oposición: “Quienes no están de acuerdo que lo expresen como corresponde. Acá hemos agotado todo debate y discusión entre los que quisieron y los que no, porque hubo senadores de bloques que no les interesaba el tema”.

“Las expresiones de estar o no estar simbolizan tácitamente una posición. Creo que se ha dado, ha sido extenso y la idea es seguir avanzando”, señaló Snopek. Cabe mencionar que solo estuvieron presentes de la oposición los senadores radicales Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Eduardo Vischi (Corrientes).

Luego se presentaron para el trabajo en comisión, tres iniciativas, dos del senador Snopek, relacionadas a cambios planteados para el tiempo y mecanismos de designación de las vacantes del Defensor del Pueblo y de cargos adjuntos en la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“El Defensor del Pueblo es un instrumento que tiene la ciudadanía para la defensa de sus derechos y creo que nos debemos este debate”, afirmó Snopek.

El tercero, perteneciente al senador por Chaco, Antonio Rodas (Frente Nacional y Popular), trata sobre la modificación de la ley 24.284 de la Defensoría del Pueblo, respecto de la adecuación del texto normativo a las nuevas exigencias del derecho convencional.

Al finalizar, se aprobaron siete proyectos de resolución y cinco pedidos oficiales para nombramientos de cónsul y vicecónsul.

LOS PROYECTOS

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

El kirchnerismo buscará este miércoles, a partir de las 17, avanzar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Guillermo Snopek (UC-FdT), con los proyectos que proponen modificar los requisitos para convocar a una consulta popular y, por otro lado, la iniciativa que reforma la norma que regula la iniciativa popular.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek apunta a regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

La iniciativa propone que las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesite solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, se pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el jujeño Guillermo Snopek (FdT), se reunió este miércoles para continuar con el debate en torno a los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante, a la cual estuvieron de invitados a exponer el constitucionalista Eduardo Barcesat y el diputado nacional Hugo Yasky (FdT).

El encuentro comenzó con virulencia, ya que la vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, mandó al frente a la bancada opositora que se ausentó de la reunión y destacó que el único presente fue el radical Pablo Daniel Blanco quien le reclamó: “las comisiones hay que convocarlas con tiempo y no de un día para el otro”.

Tras ese cuestionamiento cruzado, el titular de la Comisión aclaró: “El espíritu de funcionar hemos tratado siempre de respetar los plazos legislativos y lo que establece el reglamento para las convocatorias en virtud de la celeridad y para no seguir demorando el tratamiento”.

Fue el senador y autor del proyecto el neuquino Oscar Parrilli en abrir la ronda de expositores y remarcó que la iniciativa lleva la firma de senadores que “ya no son legisladores” porque “hace más de dos años que está presentado”.

Por otro lado, comentó que “se conversó en el seno de la Comisión la posibilidad de que el bloque de JxC proponga oradores, pero dijeron que no les interesaba. Siempre está abierta la posibilidad para que lo hagan. El hecho de haberla convocada de ayer para hoy es porque ya varias veces se convocó, hubo problemas con los horarios de los invitados y por eso se fue postergando, de manera que acordamos ayer porque los expositores tenían el horario libre”.

Sobre el proyecto explicó: “Lo que intentamos desde nuestro interbloque es poner en la discusión pública a 40 años de la democracia en la Argentina un mecanismo que, a nuestro entender, mejora y le da más participación y protagonismo al pueblo en las decisiones democráticas que toma un Gobierno”.

“Nuestro proyecto trata sobre las Consultas populares que está establecida en la Constitución de 1994 y allí se estableció que una ley iba a reglamentar su mecanismo de realización de la consulta y que esa ley tenía que tener una mayoría especial que es la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. De manera que el proyecto va a tener necesariamente que ser aprobada por la totalidad de los miembros de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional”, explayó Parrilli.

En suma, precisó: “Lo que nosotros tenemos son cuatro mecanismos de participación de pueblo en las decisiones de gobierno”, y procedió a describir: “Tenemos dos tipo de consulta popular no vinculante, la que está convocada por el Poder Ejecutivo y la convocada por el Poder Legislativo que también puede convocar a consulta popular no vinculante; la consulta popular vinculante que es exclusivamente por ley que requiere una mayoría especial y por otro lado la iniciativa popular que merece otra ley que no estamos tratando ahora, pero hay un proyecto del senador Snopek”.

“Nosotros proponemos darle mayor agilidad, dar mayores posibilidades de que se lleven adelante las consultas populares”, remarcó el senador oficialista y opinó: “Se dictó la norma en la Constitución del 94’, pero fue de una manera como para ponerlo para que nunca se haga porque después cuando se puso esa ley fue tan complicada que en realidad la Consulta Popular solo existe en la cuestión teórica y no en la práctica. Desde el año 94 hasta ahora nunca hubo una Consulta Popular y la experiencia que tenemos es anterior a la Constitución que llevó adelante la presidencia de Alfonsín que tuvo protagonismo del pueblo y ayudo a tomar una decisión trascendental como era la citación al límite con Chile”.

Y reiteró: “Nuestro proyecto tiende a facilitar el llamado a las consultas populares y eso está básicamente en el artículo 2 que hacemos una modificación solamente de redacción porque dice que la ley de convocatoria dice ‘mayoría absoluta de miembros presentes’ y si se trata de miembros presentes, mayoría siempre es mayoría es la mitad mas uno de los presentes. Le sacamos lo de mayoría absoluta porque es una redundancia. La mayoría absoluta es para la ley que reglamenta la Consulta Popular”.

En segundo lugar, aclaró: “Mantenemos las limitaciones de aquellos temas que no pueden ser sometidos a Consulta Popular que está en la Ley de iniciativa para que no se ponga en cuestionamiento si estamos queriendo modificar la Constitución porque hay temas que tienen mayorías especiales”.

“La Consulta Popular consideramos que, si puede hacerse el mismo día que una elección general porque también es bueno porque, de alguna manera, involucra a los candidatos a expresarse a favor o no de lo que se consulta. También se ahorra dinero, es mayor democracia y mayor participación”, destacó Parrilli.

Por último, explicó: “Establecemos que la Consulta Popular no vinculante, es decir la que no es obligatoria, pueden ser ampliados los temas porque nos parece que eso no modifica ni entra en coaliciona con ningún artículo, ni leyes vigentes, ni tratados porque no es obligatorio lo que allí se expresa. Pero es importante que ante tenas importantes el Gobierno pueda recabar la opinión del pueblo sobre esos temas”.

A su turno, el dirigente sindical Hugo Yasky recordó que en el año 2001 hubo una experiencia autogestionada de Consulta Popular que se impulsó desde el FRENAPO (Frente Nacional Contra la Pobreza) y explicó que “fue un Frente de organizaciones sociales, empresariales del sector PyMes, de movimientos políticos. Se constituyó en julio y elaboró un programa consistente básicamente en una serie de instrumentos para paliar la crisis social y se resolvió solicitar al gobierno la convocatoria a Consulta Popular que se resolvió en tres días”.

“En ese momento para nosotros fue un éxito enorme porque participar más de 3 millones de personas”, resaltó el diputado y sumó: “Había una necesidad de participación. Se dio dos semanas previo al estallido de la crisis del 2001”.

A su vez, resaltó que “el mecanismo de Consulta Popular democrático, participativo que le puede dar a la democracia, sobre todo en tiempos donde se trata de instalar un discurso antipolítico, donde se trata de mostrar a la política alejada de la participación popular. Me parece que puede ser un instrumento dinámico que le dé más fuerza a la democracia”.

El constitucionalista Barcesat expresó su “más enérgico repudio y condena a la tentativa de magnicidio que ha asistido la Nación Argentina y el pueblo que no solo afecta el supremo derecho a la vida, sino la vida democrática y el orden constitucional”, y apuntó: “La legislación argentina y la Internacional castiga la incitación a cometer delitos de odio y lo que nos falta fiscales y jueces que la apliquen”.

Respecto al proyecto oficialista manifestó su acuerdo y, luego de repasar los artículos que “mejoran a las leyes vigentes”, sugirió que ” este marco de fortalecimiento planteado se incorpore a los fundamentos de la ley, porque posibilitan una mejor defensa cuando se trata, como es en ese este caso, de mejorar los mecanismos de la democracia participativa”.

Los proyectos

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Tras el receso invernal en el Congreso, la próxima semana comenzará a reactivarse la labor parlamentaria de las comisiones y el Senado ya se anotó para el miércoles 3 de agosto un par de reuniones.

Entre ellas, a las 11 está previsto que se reúna la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, para tratar un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que fue enviado en abril del año pasado.

La iniciativa modifica la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24.660), con el objetivo de actualizar la normativa para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según expresó el Poder Ejecutivo en los considerandos, “el sistema propone centrar la respuesta sancionatoria a los casos de infracciones graves y recurrir en los casos de infracciones leves o medias a la aplicación de mecanismos alternativos, conciliatorios o de justicia restaurativa para resolver las diferencias entre las personas privadas de libertad”.

En el texto, “se incluyen reglas para garantizar que las personas dispongan de un tiempo y de medios suficientes para preparar su defensa y puedan compulsar en todo momento el expediente administrativo”; también “se prohíbe la imposición de sanciones disciplinarias sin que se haya permitido a la persona privada de libertad el ejercicio de su derecho de defensa en las audiencias que se dispusieren y luego de haber sido previamente asesorada”; se la “autoriza a solicitar la comparecencia de testigos y a interrogarlos o hacer que los interroguen, así como a requerir y controlar la producción de cualquier otra prueba pertinente y conducente”, entre otros puntos.

El otro encuentro que figura en la agenda de la Cámara alta está previsto para las 14.30 y es el que corresponde a la Comisión de Salud, que conduce el oficialista Pablo Yedlin. El temario incluye un proyecto con media sanción para instaurar el 23 de junio como el Día Nacional del Síndrome de Dravet; y la iniciativa sobre prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que también ya cuenta con aprobación de la Cámara baja.

Yedlin, quien asumió como senador en diciembre pasado, había trabajado en este último tema en su mandato como diputado -y también como presidente de la Comisión de Salud- y la iniciativa que fue representada este año por la socialista Mónica Fein, el oficialista Daniel Gollan y el cívico Rubén Manzi fue casi idéntica a ese texto.

Finalmente, a las 16 en el Salón Illia, está citada la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo del oficialista Guillermo Snopek, donde el Frente de Todos reanudará el cuarto intermedio de la discusión sobre proyectos referidos a cambiar los requisitos y condiciones de las consultas populares, por un lado, y las iniciativas populares, por el otro.

El proyecto presentado por Oscar Parrilli apunta a modificar la Ley 25.432, que regula la consulta popular vinculante y no vinculante, una herramienta prevista en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Puntualmente, el texto prevé cambios en cinco artículos.

Por medio de su iniciativa, el senador K propone que el Congreso de la Nación, a iniciativa de la Cámara de Diputados -tal como figura actualmente en la ley- “podrá someter a consulta popular vinculante todo proyecto de ley con excepción de aquellos en los cuales se traten reformas a la Constitución Nacional, presupuesto nacional y temas tributarios, materia penal y Tratados Internacionales”.

En cuanto a la modificación del artículo 2 de dicha norma, establece que “la ley de convocatoria a consulta popular vinculante deberá tratarse en una sesión especial y ser aprobada con el voto de la mayoría de los miembros presentes en cada una de las Cámaras”. Actualmente determina que debe ser con “la mayoría absoluta”. También modifica esa condición en el caso de la consulta popular no vinculante.

Además, el texto de Parrilli busca que el día fijado para la consulta popular pueda coincidir con otro acto eleccionario, algo que no está permitido ahora en la ley. Este es un punto idéntico al que contempla la iniciativa de la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, quien además busca que se derogue el artículo 12 de la 25.432, que indica que “la consulta popular deberá realizarse dentro de un plazo no inferior a 60 días y no superior a 120 días corridos desde la fecha de publicación de la ley o el decreto de convocatoria en el Boletín Oficial”.

Por su parte, el proyecto de Snopek se refiere a la iniciativa popular, prevista en el artículo 39 de la Constitución. El texto plantea la derogación de la actual ley 24.747, que la regula, y dispone modificaciones en los requisitos y la creación de una Oficina de Iniciativa Popular.

El senador nacional y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista jujeño Guillermo Snopek, presentó un proyecto de ley para regular el sistema de consulta popular que se suma a otras dos iniciativas impulsadas por legisladores del Frente de Todos a principios de mayo.

El proyecto tiene características similares a los expedientes registrados anteriormente por los senadores oficialistas Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio.

El objetivo es regular el derecho de iniciativa popular establecido en el artículo 39 de la Constitución Nacional, y reformar la actual Ley 24.747, aprobada en 1996, y que imponía mayorías especiales en el Congreso.

En este proyecto las mayorías especiales desaparecen, por lo que queda tácitamente registrado que para que una iniciativa popular vea la luz en forma de proyecto de ley necesita solamente del voto de la mayoría de los legisladores presentes.

Por otro lado, la iniciativa pretende excluir ciertos temas que no podrán ser fijados ni modificados por este mecanismo: reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal; aunque sí cuestiones referidas a la materia electoral. También se crea la Oficina de Iniciativa Popular (OIP), en el ámbito del Congreso de la Nación.

El 8 de junio pasado el Senado comenzó a debatir los proyectos presentados por el oficialismo para modificar la ley de convocatoria a consultas populares con el objetivo de “agilizar” los mecanismos para eventuales llamados a este tipo de votaciones junto con las elecciones generales. En aquellas iniciativas se permite que la consulta pueda ser llevada adelante el día de una elección, y también relajan las mayorías.

Durante la breve reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este miércoles, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli expuso los lineamientos de las dos propuestas para modificar las leyes vigentes referidas a las convocatorias a consulta popular vinculante y no vinculante. 

Ante los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador por Jujuy Guillermo Snopek (Frente de Todos), Parrilli dio detalles de su iniciativa y otra de su par bonaerense Juliana Di Tulio: “Las leyes que rigen actualmente datan del 2000-2002 aproximadamente y desde esa vez nunca se hizo una consulta popular”, y aseguró que “esto quiere decir que el mecanismo no funcionó. Evidentemente algún problema tenía esas leyes”, evaluó. 

En este sentido, Parrilli sostuvo que a través de la consulta popular “lo que se plantea es más democracia directa, más participación de la población”, por lo que con los proyectos “se busca hacer más ágiles, más dinámicos, los mecanismos para la participación del pueblo por medio de la consulta popular”. 

“No estamos siendo originales, ni creativos ni novedosos en este tema, sino lo que queremos es empezar a trabajar y que asumamos que las leyes actuales vigentes, como están vigentes no permiten que las iniciativas de consulta popular se puedan llevar adelante”, remarcó. 

Además, informó que por los proyectos en debate se intentará modificar permitir que el día de una elección se pueda concretar en forma paralela una consulta popular y que para su convocatoria solo se necesite una mayoría simple de legisladores “en vez de una mayoría absoluta”, como se requiere en la actualidad. 

Por último, dijo que la intención es que se pueda convocar a consulta popular por cualquier tema de interés “excepto en lo que respecta a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos y materia penal”. 

Tras su exposición, tomó la palabra la senadora radical mendocina Mariana Juri, para señalar que –a título personal- le parecía que “no era momento para tratar esos temas”, pero que sí le parecía bien escuchar a invitados. 

Y a continuación pasaron a un cuarto intermedio hasta la semana entrante. 

La dirigencia de Libres del Sur presentó los resultados de la Consulta Popular realizada entre el 6 y 8 de marzo, en la cual votaron 1.295.580 personas en todo el país.

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie Libres del Sur, dijo que “una abrumadora mayoría de 1.180.823 (91,1%) personas votó por el NO al acuerdo, y 114.757 (8,9%) votó a favor del acuerdo. La Consulta mostró, por un lado, el despliegue territorial y la militancia y el compromiso de miles de compañeras y compañeros de nuestro movimiento. Por otro lado, nos da la pauta de que hay muchas personas interesadas en el tema, con información y ganas de participar, con la preocupación de que si se avanza con este acuerdo tendremos un futuro próximo peor que la situación actual”.

Por su parte, el presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini, sostuvor que “el Gobierno debería haber hecho como hizo Alfonsín con el Beagle: informar detenidamente y llamar a la ciudadanía a pronunciarse y de ahí tener la legitimidad si la mayoría de la sociedad está de acuerdo con que firmen con el FMI. Seguramente no estaba seguro de obtenerla, por eso lo hicimos nosotros. Votaron 1.295.580 argentinos y argentinas, para un partido político que solamente impulsó esto es una respuesta ciudadana excelente”.

Del evento participaron también Isaac Rudnik, director del Isepci, Daniela Gasparini, presidenta de Libres del Sur Caba y Mauro López, coordinador provincial de Barrios de Pie en Buenos Aires.

A pocas semanas de que la Legislatura de la Ciudad lleve a cabo la audiencia pública para analizar un proyecto de ley impulsado por el club San Lorenzo que prevé la construcción de un nuevo estadio en Boedo, la agrupación vecinal “Vecinos unidos por Boedo” exigieron que esa Casa lleve a cabo una consulta popular sectorizada, obligatoria y vinculante al respecto.

De acuerdo a la petición, participarían de dicha consulta los vecinos que viven dentro de las diez cuadras a la redonda del predio de Av. La Plata al 1600/1700, a fin de que puedan expresarse acerca del proyecto de rezonificación que habilita la construcción de ese estadio con capacidad para 42 mil personas.

Además insistieron en la necesidad de que se realice dicha consulta antes de que la iniciativa de la institución deportiva sea debatida en segunda lectura. “Los vecinos defendemos el medio ambiente y nuestra calidad de vida”, aseguraron.

En tanto la Legislatura porteña se prepara para llevar a cabo una audiencia pública al respecto el próximo 24 de febrero a las 14 horas, en la que expondrán autoridades del club, funcionarios del Gobierno, simpatizantes de San Lorenzo y vecinos en general. Tal y como lo anunció parlamentario.com, las inscripciones a la audiencia se realizarán en los próximos días y los interesados deberán inscribirse a través de la web www.legislatura.gov.ar