Por supuesto que la pandemia y el avance de la tecnología, en particular, llevaron a urgencias que deben ser abordadas de manera inmediata.

Hay una serie puntos que entendemos que son urgentes en la modificación de la ley que hacen a la protección del derecho del  consumidor en una relación en la cual se entiende que hay una parte más débil y otra más fuerte.

Se debe proteger el derecho al consumo desde el punto de vista del consumidor. Hay, en ese sentido, nueve artículos que se proponen modificar  y tienen que ver con el  contenido y las posibilidades que el consumidor tiene de ejercer su derecho

Un ejemplo concreto  para entender esto es al momento de querer dar de baja un servicio. Hasta ahora, se hace de manera telefónica o presencial y todos conocemos la dificultad que eso implica.

Por eso proponemos, entre otras cosas, que se logre notificar a la empresa el cese de la prestación a través de un correo electrónico que sirva de notificación fehaciente. Otra cosa que buscamos es que la letra chica de las publicidades tengan un formato legible.

En suma, debemos facilitar los instrumentos y herramientas que el consumidor tiene a la hora de ejercer su derecho.

El jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, presentó un proyecto de ley para crear un nuevo Código de Protección de Usuarios y Consumidores de la Nación.

El objetivo del Código, explicó el diputado, es “centralizar de manera independiente las regulaciones y mecanismos protectorios de manera federal”  para atender las problemáticas de usuarios y consumidores en todo el país.

“También cuida a las pymes y controla fuertemente a las empresas proveedoras de bienes y servicios”, destacó el autor.

Ramón explicó que “el proyecto busca empoderar a estos sectores frente a un pequeño grupo de empresas con gran poder de lobby y a gobiernos débiles o cómplices”.

“Necesitamos generar mayores equilibrios en una economía concentrada, donde siempre sale desfavorecido el eslabón más débil de la cadena”, insistió.

Una de las novedades de la iniciativa, que consta de consta de 440 páginas y siete títulos, es la regulación de las relaciones de consumo en entornos digitales, así como la operatividad del principio de acceso al “consumo sustentable”.

Se establecen, además, reglas y mecanismos para prevenir el sobreendeudamiento personal y familiar de usuarios y consumidores.

El nuevo Código sistematiza el trabajo de Ramón en los cuatro años como legislador nacional y en sus años previos desde la sociedad civil.

El año pasado, recibió dictamen favorable en la Cámara baja la creación de una comisión bicameral para la elaboración de un nuevo Código de Usuarios y Consumidores, pero el proyecto -también de Ramón- no llegó al recinto.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados, que preside Diego Mestre (UCR), escuchó este jueves a representantes de asociaciones de consumidores que plantearon distintas problemáticas derivadas de la pandemia del Covid-19.

El primero en exponer en la videoconferencia fue Diego Fontela, del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC), quien hizo diversas propuestas, como declarar “servicio público” a la garrafa de gas licuado de petróleo, así como los servicios de Internet, cable y telefonía celular.

También llamó a “revalorizar lo que queda del teléfono fijo, que es servicio público pero la tarifa está un poco desregulada”.

Fontela además pidió “mayores regulaciones en la Ley de Medicina Prepaga” y “reforzar los mecanismos de precios claros” transparentando los costos de la cadena de valor.

Por otra parte, apuntó a la “falta de entrega” de los productos adquiridos mediante el comercio electrónico, y denunció “abusos” por parte de las tarjetas de crédito no bancarias.

Asimismo, el referente de CESYAC manifestó “interés” por integrar el futuro Consejo Económico y Social, un organismo que el Gobierno tiene intenciones de crear por ley.

Adriana Malek, de la UCA (Universidad Católica Argentina) expresó: “Lo que nos preocupa y mucho en este contexto de pandemia son los consumidores hiper-vulnerables. Después de que pase la pandemia, muchos van a quedar en esta situación de hiper-vulnerabilidad”.

En ese sentido, Malek sostuvo que “muchas familias están sufriendo un sobreendeudamiento, sobre todo con las entidades financieras que no están dentro de la resolución del Banco Central y que están cobrando intereses que son usura pura”, y que además “dejan de lado el trato digno hacia el deudor”.

Desde la Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes (ACUCC), Ana María Godoy llamó a revisar el sistema de medicina prepaga por los “abusos continuos”, y también se preguntó “qué va a pasar con el PMO (Programa Médico Obligatorio), que está sumamente atrasado”.

En el marco de la pandemia del coronavirus, la diputada Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por bancos -o el Banco Central- desde el 1ro de mayo y hasta que finalice la cuarentena.

“Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, explicó la legisladora.

Schwindt expresó que “lo que buscamos es justamente proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras”.

Además, la diputada aseguró que “de no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”.