Fue en el marco de una reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo. El diputado del Pro Sergio Capozzi y la diputada Mónica Frade (CC) sumaron sendas iniciativas sobre la actualización de los créditos laborales. El tratamiento continuará el próximo martes.
La Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, a cargo del radical Martín Tetaz, avanzó este miércoles con el tratamiento de distintos proyectos vinculados a la actualización y repotenciación de los créditos laborales, pero no emitió dictamen, por lo que estiman hacerlo en una próxima reunión el martes 5 de noviembre a las 12.30.
Durante la reunión, se analizaron las iniciativas presentadas por los diputados Verónica Razzini (Pro), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR), que proponen la modificación de la Ley de Contrato De Trabajo –Ley 20.744–, con el fin de lograr la adecuación de los créditos laborales. El titular de la comisión comentó que se incorporó al temario un proyecto del diputado Sergio Capozzi (Pro) que va en la misma sintonía.
“La intención no es de dictaminar el día de hoy. Ojalá podamos ponernos de acuerdo, es la conversación que vengo teniendo con los distintos bloques, pero es la oportunidad para que cada uno defienda su proyecto e intercambiar opiniones y limar diferencias para avanzar hacia un dictamen”, explicó el radical.
Capozzi comentó que la cuestión relacionada con la readecuación de las sumas de dinero provenientes de créditos laborales “ha generado un grado alto de incertidumbre impacta de lleno la economía productiva de la Nación”.
“La Justicia no ha logrado, hace 30 años, unificar criterios en la forma de readecuar las sumas de dinero derivadas de un reclamo de derecho de trabajo generando, no solo resultados altamente disvaliosos, sino también un alto grado de inseguridad jurídica”, fundamentó y recordó que la situación “se fue agravando a fines del 2022”.
El diputado rionegrino señaló que las condenas “tuvieron un fuerte impacto negativo produjeron en las finanzas de las castigada PyMES”. Así, manifestó la necesidad de abocarse al tratamiento de la cuestión y “establezca un mecanismo equitativo de actualización de los créditos laborales, unificado en todo el país y con capacidad de recomponer el poder adquisitivo”.
También propone que se rija por el índice RIPTE porque “es un parámetro equitativo y objetivo que permitirá conjurar los intereses entre ambas partes”. “Este nuevo sistema de actualización, ya utilizado en la actualización de las prestaciones dinerarias del sistema de riesgo del trabajo”, lo cual -explicó- “permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica a quienes puedan ser condenados”, cerró y agregó que se le agrega una tasa del 3% anual.
Luego, la diputada Mónica Frade (CC), quien presentó un proyecto en el mismo sentido, explicó que “debemos ajustarnos a lo que ha planteado el Decreto 7023 que ha modificado el artículo 276 que pone como pauta tope el IPC más el 3%”, y al respecto afirmó: “Nosotros coincidimos con este criterio que es razonable, pero no ideal”.
“El trabajador va a mantener su indemnización justa, aunque en algún caso puede haber algún desajuste. La parte a proteger es el trabajador y eso va a seguir existiendo”, enfatizó.
Desde el bloque Unión por la Patria, el diputado Sergio Palazzo manifestó su apoyo a la propuesta del diputado Jorge Ávila (Encuentro Federal) “porque queremos preservar y mantener el poder adquisitivo” e indicó: “Tenemos que desalentar la posibilidad de que los abogados del sector empresario continúen peloteando los juicios en el tiempo, por eso nos parece razonable una tasa del 8%”.
El chubutense Ávila expresó: “Tenemos que empezar a mirar y darnos cuenta de que no es solamente un paquete, estamos mirando un envoltorio que tiene un montón de dificultades a la hora de resolver. Nosotros queremos que salgan adelante, es por eso que presentamos un proyecto también, pero mirando todo, no solo a la PyME”.
El titular de la Comisión del Legislación del Trabajo planteó la existencia del problema de la nominalidad y de la incertidumbre: “Lo que genera más problemas e incentivos a litigar es la incertidumbre”, y añadió: "Usar la tasa nominal trae problemas, porque la tasa debería reflejar el costo de oportunidad por haberle hecho perdido tiempo a las personas, por la propia demora de la Justicia".
La iniciativa tiene el objetivo de equiparar las licencias por motivos de cuidados entre todas las personas trabajadoras independientemente de su género.
Las diputadas nacionales por el Frente de Todos Gabriela Estévez y Marisa Uceda presentaron un proyecto de ley de modificación del régimen de licencias de cuidado de la ley de contrato de trabajo. El nuevo esquema que proponen hace hincapié en la urgencia en la incorporación de la igualdad y equidad de género, la integración de principios de no discriminación e inclusivos y la necesidad de contemplar las diferentes realidades y formas en que hoy se constituyen las familias.
En ese sentido, el proyecto de ley tiene como objetivo “promover la igualdad, inserción y continuidad de las mujeres y personas gestantes en el mercado laboral, mediante la equiparación de las licencias de cuidado, así como de la protección y estabilidad en el empleo de todas las personas trabajadoras con responsabilidades familiares, sin distinción de sexo, género, expresión de género o capacidad de gestar y la inclusión de las y los progenitores adoptantes, así como la creación de licencias para el cuidado de la salud, y en especial, para los casos de violencia de género”.
Las legisladoras sostienen que al volverse indistinto el régimen de licencias, dejará de ser un motivo para que el empleador prefiera contratar varones y enfatizan en la necesidad de afrontar la temática con una verdadera perspectiva de género e incorporar una regulación sobre derechos y licencias por nacimiento con verdadero carácter inclusivo que promueva y fomente la corresponsabilidad sobre los cuidados familiares, para evitar que estos sigan recayendo casi exclusivamente en las mujeres.
Además se incorporan los distintos tipos de filiación al régimen de licencias: hijos biológicos, adoptivos y técnicas de reproducción médicamente asistida. También incluye otros tipos de licencias especiales, como licencias para personas trabajadoras que asuman el cuidado de una niña, niño o adolescente como medida excepcional de protección y amplía las ya existentes.
En el mismo sentido, la modificación del sistema de licencias por nacimiento permitirá una nueva perspectiva en el reconocimiento de derechos, los que serán ejercidos desde una verdadera igualdad y perspectiva de género por las personas trabajadoras. Este proyecto aspira a ser un instrumento de inclusión y desea eliminar el estigma discriminatorio con el que cargan las mujeres y personas gestantes, de no ser contratadas por las licencias que se les deben reconocer.
De igual manera apunta a reformular la división del trabajo, las nociones de familia, reparentalización, integración familiar y corresponsabilidad en las tareas de cuidados eliminando el trato discriminatorio por razones de sexo, género o capacidad de gestar.
También dispone la obligación del empleador de proveer de infraestructura de cuidado en las inmediaciones del establecimiento de trabajo o bien de incorporar una suma no remunerativa al salario del trabajador o trabajadora con niños menores de tres años a cargo, en los términos de la Ley 26.233 (Centros de desarrollo infantil).
El proyecto presentado en la Cámara Diputados por las diputadas Uceda y Estévez cuenta con el acompañamiento de diputados del bloque del Frente de Todos, tales como Vanesa Siley, Hugo Yasky, Walter Correa, Mónica Macha, Lucila Masin, Daniela Vilar, Florencia Lampreabe y Santiago Igón.
