El proyecto propone convocar a una Convención Reformadora para modificar la Constitución bonaerense y eliminar el esquema bicameral, con el objetivo de “reducir costos, agilizar el proceso legislativo y mejorar la representatividad”.
Un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados por el actual integrante del bloque LLA Héctor Gay, ex intendente de Bahía Blanca y que previo a esa gestión se desempeñó como diputado provincial tras haber acompañado al referente político Francisco de Narváez, cuando en soledad utilizó el sello de Unidos por la Libertad y el Trabajo, mandato que interrumpió para en 2015 asumir la candidatura a intendente de Cambiemos, para luego ser reelecto por Junto por el Cambio. En 2025 fue electo diputado en las listas de LLA.
La iniciativa propone declarar la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de la provincia de Buenos Aires para avanzar hacia la implementación de un sistema legislativo unicameral.
A su vez, se plantea realizar esa reforma luego de convocar a una Convención Reformadora que tendrá como eje central modificar “la actual estructura bicameral, compuesta por la Cámara de Diputados y el Senado”.
Según se establece en el articulado, la reforma se enmarca en lo dispuesto por los artículos 206 a 209 de la Constitución provincial y habilita la revisión de múltiples artículos vinculados al funcionamiento del Poder Legislativo, así como de la totalidad de la Sección IV correspondiente a ese poder del Estado.
El proyecto faculta a la Convención Reformadora a reordenar y adecuar el texto constitucional en función de los cambios que se impulsen, y fija un plazo de 120 días para llevar adelante su tarea.
Asimismo, se dispone que el órgano dictará su propio reglamento de funcionamiento y que las modificaciones deberán ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de sus integrantes.
En cuanto a su integración, se establece que los convencionales serán elegidos mediante el voto popular en cada sección electoral, en igual número que los legisladores provinciales actuales.
También se fijan incompatibilidades para el ejercicio del cargo, excluyendo a funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial, organismos constitucionales, fuerzas de seguridad y otros cargos jerárquicos del Estado.
El Poder Ejecutivo, por su parte, deberá convocar a elecciones de convencionales dentro de los 120 días posteriores a la promulgación de la ley, mientras que los gastos derivados del funcionamiento de la Convención serán cubiertos con recursos de Rentas Generales.
Entre los fundamentos del proyecto, se sostiene que el actual sistema bicameral genera una “duplicidad de estructuras administrativas, técnicas y políticas” que resulta costosa e ineficiente.
En ese sentido, se argumenta que la unificación en una sola Cámara permitiría reducir el gasto público y destinar esos recursos a áreas prioritarias como salud, seguridad y educación.
Asimismo, los impulsores de la iniciativa señalan que el esquema vigente puede generar demoras en la sanción de leyes debido al mecanismo de revisión entre ambas Cámaras, lo que “atenta contra la capacidad de respuesta del Estado frente a demandas urgentes”.
El texto también plantea que la unicameralidad contribuiría a mejorar la transparencia y el control ciudadano, al concentrar la responsabilidad legislativa en un único Cuerpo, facilitando el seguimiento de los proyectos y del desempeño de los representantes.
Finalmente, se destaca que el proyecto “encuadra la propuesta dentro de una tendencia ya adoptada por varias provincias argentinas que cuentan con sistemas unicamerales”, y sostiene que la calidad institucional “no depende de la cantidad de cámaras, sino de la eficiencia, la transparencia y los mecanismos de control democrático”.