A pesar de que la iniciativa ya fue aprobada en primera lectura, la Legislatura de la Ciudad sancionó un proyecto de resolución en el que rechazaron la  decisión adoptada por el juez Guillermo Martín Scheibler, recaída en la causa 166469/2021-0, en la que intentó suspender el tratamiento del convenio entre el Gobierno local e IRSA para avanzar con un desarrollo urbanístico en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

En el texto aprobado los diputados manifestaron que la actitud del magistrado demuestra un “claro desconocimiento de las atribuciones constitucionales privativas de esta Legislatura” y reafirmaron “la independencia del Poder Legislativo, en resguardo de todas las facultades  que le son propias y le son concedidas por la Constitución de la Ciudad”.

En los fundamentos de la medida, los legisladores afirmaron que “la interferencia en el procedimiento mismo de formación y sanción de leyes es absolutamente inadmisible, en tanto implica un flagrante avasallamiento de una facultad constitucional privativa del Poder Legislativo, como la de llevar adelante todos aquellos trámites constitucionales y reglamentarios necesarios que suponen el tratamiento de un proyecto de ley”.

“La facultad que le asiste al Poder Judicial de controlar la validez y constitucionalidad de las leyes de ningún modo puede extenderse hasta abarcar al procedimiento mismo a través del que se encauzan los proyectos legislativos, interfiriendo en su desarrollo. Hay profusa y abundante jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que así lo entiende y resguardan esta esfera propia del Poder Legislativo”, añadieron.

Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “los proyectos a tratar y debatir por parte de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden quedar a merced de la voluntad de otro Poder, a cuya circunstancial opinión deberíamos supeditar toda la labor legislativa que se desarrolla en esta Casa. Tal forma de proceder se hallaría reñida directamente con el principio de separación de poderes”.

La iniciativa en debate, que ya obtuvo aprobación en primera lectura y aguarda a la audiencia pública, propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Después de una dura disputa judicial y el rechazo de la oposición de la Ciudad, la Legislatura porteña ratificó –en primera lectura- con 37 votos a favor y 20 en contra el convenio celebrado entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A para avanzar con un desarrollo urbanístico en la Costanera Sur.

La medida contó con el acompañamiento de Vamos Juntos, PS y UCR; y el rechazo de FdT, PTS, FIT y AyL.

Se trata de un convenio entre el Gobierno de la CABA y la empresa IRSA, para el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la “Ciudad Deportiva” del Club Boca Juniors.

Según sostienen los bloques de la oposición, este sería el primer barrio privado de la Ciudad de Buenos Aires, el cual requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.

El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.

Cabe recordar que el proyecto había recibido un tratamiento exprés y que en menos de una semana se había realizado la reunión informativa correspondiente y recibió el dictamen favorable de las comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)-.

Sin embargo, en aquella ocasión hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición al respecto de una delicada situación judicial, dado a que desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó una cautelar para frenar el tratamiento de la medida. Es por ello que el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del mencionado organismo; no obstante, el juez Martín Miguel Converset  dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El conflicto judicial terminó resolviéndose la semana pasada, cuando una resolución del magistrado Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó la orden medida cautelar de su colega, lo que dio luz verde a la Legislatura a llevar al recinto el expediente en cuestión.

El debate en el recinto

El encargado de abrir el debate fue el diputado Del Sol, quien planteó que “sin dudas va a potenciar la Ciudad, con incorporación de más espacios verdes y espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de un área costera que hoy por hoy se encuentra fuera del acceso de la población” e indicó que “el acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la firma IRSA Inversiones y Representaciones S.A. propone recuperar y urbanizar los 716.180 metros cuadrados del predio ubicado en Costanera Sur, de los cuales el 67,53% será cedido como contraprestación al Gobierno de la Ciudad para uso público, que incluye áreas verdes y espejos de agua, calles, bulevares, y una servidumbre administrativa de paso, gratuita y a perpetuidad”.

Por su parte la peronista Claudia Neira (FdT) precisó que está “convencida de que este expediente debió haber tenido giro a la Comisión de Espacio Público que presido, es materia de la comisión porque estamos hablando de la recuperación de áreas costeras y creación de nuevo espacio público. Este es el terreno costero privado más grande que le queda a la Ciudad, hace falta una mirada de espacio público”.

Mientras que Amanda Martín (FIT) afirmó que “esta Legislatura es una verdadera escribanía al servicio de los negocios inmobiliarios, este proyecto en particular es importante porque es el más grande que se ha tratado aquí. Lo que se quiere hacer es un Puerto Madero dos que, encima, se va a hacer en un humedal… cuando en los últimos días hubo movilizaciones para defenderlos” y remarcó que “esto es un privilegio para los grandes empresarios mientras el 10% de la población de la Ciudad vive en villas”.

A su vez la presidenta del bloque UCR-Evolución, María Inés Gorbea, destacó que “el convenio trata sobre la rezonificación de ese predio que es privado, producto del mismo se le cede a la Ciudad una porción del 67% de la superficie total del predio, por lo que vamos a contar con un nuevo parque público con vistas al río” e insistió en que “estamos recuperando un terreno que hoy se encuentra abandonado y cerrado”.

Tras una semana sin actividad, la Legislatura de la Ciudad se reúne desde las 12.20 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscará avanzar con el convenio celebrado entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A para desarrollar un desarrollo urbanístico en la Costanera Sur.

La iniciativa llega al recinto con un despacho conjunto de Planificación Urbana y de Presupuesto, que presiden los diputados Daniel Del Sol y Claudio Romero (VJ). Se trata de un proyecto de “parque público y urbanización Costa Urbana”, que propone cambios de zonificación en predios de la Costanera Sur. Se trata de un asunto de “doble lectura”, que requiere una aprobación inicial y luego su tratamiento en Audiencia Pública antes de un segundo debate y votación para su eventual sanción.

Por otra parte, otra de las normas que será considerada busca atribuirle a la autoridad de aplicación que corresponda de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la potestad de disponer por sí misma en lo referido al sentido de circulación de las calles, avenidas u otras arterias del ámbito capitalino. Es un proyecto analizado en la comisión de Tránsito y Transporte, que preside Cristina García (J), que busca dar más celeridad a la toma de decisiones que hasta ahora necesita la aprobación legislativa.

Por otra parte, a iniciativa de Manuela Thourte (UCR), se votará instituir cada julio como el “mes del derecho a cuidar y ser cuidado”, con campañas para fortalecer la conciencia ciudadana respecto del acompañamiento de las personas.

Días después de que la Justicia y la oposición porteña le pusieran un freno al proyecto, la Legislatura de la Ciudad debatirá este jueves a partir de las 11 el convenio celebrado entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A para avanzar con un desarrollo urbanístico en la Costanera Sur.

También se consideraría en primera lectura (en caso de aprobarse requiere pasar por Audiencia Pública y luego ir a un segundo debate y votación) un convenio entre el Gobierno de la CABA y la empresa IRSA, para el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la “Ciudad Deportiva” del Club Boca Juniors.

Cabe recordar que el proyecto había recibido un tratamiento exprés y que en menos de una semana se había realizado la reunión informativa correspondiente y recibió el dictamen favorable de las comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)-.

Sin embargo, en aquella ocasión hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición al respecto de una delicada situación judicial, dado a que desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó una cautelar para frenar el tratamiento de la medida. Es por ello que el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del mencionado organismo; no obstante, el juez Martín Miguel Converset  dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El conflicto judicial terminó resolviéndose la semana pasada, cuando una resolución del magistrado Luis Ammirato, a cargo del juzgado 10 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, revocó la orden medida cautelar de su colega, lo que dio luz verde a la Legislatura a llevar al recinto el expediente en cuestión.

En medio de la polémica por el convenio urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A, la presidenta de la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público y diputada del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, analizó en dialogó con parlamentario.com la normativa y advirtió acerca de los profundos cambios que prevé generar en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera Sur.

“El Gobierno pretende generar un proyecto de un millón de metros cuadrados, habilitar torres de 45 pisos donde se podían construir mayoritariamente cuatro pisos, cambiar el objeto del desarrollo de deportivo a inmobiliario, en las tierras -costeras- privadas más grandes de la Ciudad, sin un análisis serio al respecto”, alertó la peronista.

Por otra parte, la legisladora también se refirió al manejo de la pandemia del coronavirus por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y el costo político que podría afrontar el presidente Alberto Fernández en los próximos comicios.

-Hace unos días la Justicia frenó el debate del convenio con IRSA hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. ¿Qué opinión le merece esta situación?

-Creo que tenemos un problema serio cuando el Ejecutivo plantea un proyecto de esta magnitud, sin ningún fundamento técnico, sin diagnóstico, ni marco estratégico y sin mirada ambiental. Más aún cuando en seis días consideró cumplido su tratamiento legislativo, sin siquiera haber dado intervención a la Comisión de Protección y Uso del Espacio Público. Creo que en ese marco era previsible que iban a surgir cuestionamientos de la sociedad civil.

El Gobierno pretende generar un proyecto de un millón de metros cuadrados, habilitar torres de 45 pisos donde se podían construir mayoritariamente cuatro pisos, cambiar el objeto del desarrollo de deportivo a inmobiliario, en las tierras -costeras- privadas más grandes de la Ciudad, sin un análisis serio al respecto.

Desde la Presidencia de dicha Comisión venimos señalando con preocupación la dinámica que plantea el Gobierno de la Ciudad, al celebrar convenios urbanísticos que incentivan la construcción en altura y el desarrollo inmobiliario en áreas de la Ciudad sin una planificación integral de la Ciudad y sin estudios diagnósticos que contemplen las variables ambientales, físicas, económicas y sociales.

Este convenio genera como contraprestación principal del privado al Estado 48, seis hectáreas de espacio público que no son tales y que -además- terminan siendo el entorno paisajístico del desarrollo privado.

Nos parece que no sólo debe replantearse este proyecto sino también la dinámica de los convenios urbanísticos. Hoy la Ciudad no planifica ni su desarrollo, ni la ampliación de sus espacios verdes. En este sentido, el Gobierno incentiva con beneficios normativos la construcción en áreas de la Ciudad que sólo generan reserva de valor para inversores, sin ninguna estrategia para incentivar otro tipo de desarrollo inmobiliario destinado a ampliar la oferta de viviendas.

Por otra parte, tampoco hay un plan para el espacio público que se genera a partir de los convenios en emplazamientos donde muchas veces hay una oferta importante y accesible a pocos metros, mientras otros barrios continúan sin espacios verdes.

-¿Coincide con la mirada del oficialismo de que se trató de una “intromisión” en las facultades legislativas?

-Desviar el debate hacia una disputa entre poderes, parece ser una estrategia que intenta desviar el foco de lo que está en juego: el desarrollo de la ciudad en los próximos 20 años. Para dimensionarlo, pensemos que Puerto Madero tiene en 170 hectáreas de tierra, una superficie construida de 2.300.000 metros cuadrados y tardó 30 años en venderse y construirse. Aquí se propone cerca de 1 millón, que tardarán no menos de 15 años para desarrollarse, que será construido en grandes parcelas por unas pocas empresas poderosas y apuntando a un mercado comprador exclusivo.

Es necesario visibilizar que, la localización, las dimensiones de las parcelas y las tipologías propuestas en torre, son también factores de exclusión. Y prestemos atención a cuando se propone reactivar la economía con la construcción: es imprescindible dimensionar la capacidad de cada uno de los actores intervinientes en el mercado y realizar una planificación equitativa de la oferta de la actividad. Porque construir torres en grandes parcelas…es para muy muy  pocos. Y gobernar se gobierna para todos. O seguimos con este modelo de ciudad exclusiva que concentra la oferta para pocos y subestima los efectos ambientales o apostamos por un modo inclusivo, de crecimiento equilibrado, cuidado del medio ambiente y redistribución de las oportunidades.

Por otra parte, creo que no nos corresponde a nosotros decidir si la decisión judicial fue o no conforme a derecho. Para ello están las instancias judiciales superiores y en esta Legislatura siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales, nos parezcan correctas o no.

-Usted también había solicitado que el proyecto se debata en la Comisión de Espacio Público. ¿Cree que, en caso de que la iniciativa vuelva a tener debate parlamentario, su pedido va a ser tenido en cuenta?

-Como peronista, estoy obligada a ser optimista, sobre todo cuando aportamos una mirada propositiva que dejamos plasmada en nuestro dictamen. Hay que buscar otras soluciones: ¿qué sucede si exploramos otros instrumentos, como la transferencia de capacidad constructiva a otros sectores de la ciudad que necesitan verdadero desarrollo? Estoy convencida que puede ganar el Estado, ganar el desarrollador y sobre todo, que ganen todos los porteños y porteñas. No se trata de oponernos por oponernos.

Se trata de fundamentar técnicamente que otros caminos son posibles y deseables; y entre ellos señalamos la necesidad de dejar de conceptualizar al espacio público como un área residual del desarrollo urbano.

La Comisión de Protección y Uso del Espacio Público debe intervenir en el trámite legislativo no sólo porque corresponde normativamente y porque en los expedientes anteriores fue el criterio adoptado, sino porque resulta incoherente que se plantee que se obtienen 48,6 hectáreas de espacio público y que no haya una mirada al respecto.

-Por otra parte, la Ciudad de Buenos Aires está próxima a llegar al medio millón de contagiados desde el inicio de la pandemia. ¿Por qué se llegó a esta situación?

-Creo que no hay que caer en análisis simplistas y menos aún electoralistas. Desgraciadamente, Juntos por el Cambio ha hecho política con la pandemia y eso no es bueno para nadie.

Creo que los contagios en CABA tienen múltiples causas. En gran parte, es una Ciudad importante con mucha actividad y ha pasado en las grandes ciudades del mundo que han existido muchos casos. Por otra parte, creo que el Gobierno de Larreta ha fluctuado entre políticas razonables, en particular de su Ministerio de Salud y otras que han priorizado la popularidad a los tiempos de la pandemia. Además se ha coexistido con un discurso anti cuidados de sectores de Juntos por el Cambio que, lejos de ayudar a que los porteños y porteñas respeten los cuidados, confundieron y generaron enojo en tiempos muy difíciles.

-Pensando en la ciudad de la post pandemia, ¿cuáles serán los desafíos que deberá afrontar la CABA?

-La pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas pero también reforzado convicciones. Al respecto, desde la comisión que presido, estamos trabajando en una publicación que pretende abordar una mirada transdisciplinar del espacio público para los tiempos venideros y que pretendemos sea un disparador al debate. Sin dudas serán múltiples los desafíos y van de la mano: en primer lugar, es necesario concertar un modelo de  ciudad para todos definiendo como queremos vivir… Porque de eso se trata finalmente y ese modelo de ciudad debe abordar diversas escalas o miradas, desde lo metropolitano al rol de las comunas.

En segundo lugar, basta recorrer las noticias del mundo para darnos cuenta que las cuestiones ambientales deben ser prioritarias en la agenda pública y de que no podemos seguir pensado el desarrollo urbano sin un Código Ambiental.

En tercer lugar, es necesario reforzar y ampliar la participación ciudadana como soporte fundamental del proceso de planificación de la ciudad. Es ese ejercicio del derecho a la ciudad, que puede verse en fenómenos cada vez más frecuentes y auspiciosos (Colectivo de Arquitectas, Mesa de trabajo y consenso de Parque Avellaneda y Parque de la Estación, etc.) y que nos van a permitir identificarnos con la ciudad donde vivimos. Pese a que hoy, el Ejecutivo avanza en plena pandemia y de modo unilateral, con la actualización del Plan Urbano Ambiental.

-¿Considera que el presidente Alberto Fernández pagará un alto costo político por la gestión que viene llevando a cabo?

-Creo que en el mundo viene siendo muy difícil para los oficialismos ya que la pandemia ha complejizado todas las gestiones y ha generado un enorme costo para los pueblos. En nuestro caso, pese a haber recibido el país en medio de una crisis económica fenomenal, nuestro Gobierno Nacional encaró la pandemia usando todas las herramientas posibles para aliviar la situación de los y las argentinas.

La verdad que fue muy difícil porque no había recursos y sin embargo se generó el IFE, el ATP, la Tarjeta alimentar y tantos otros programas para estar al lado de los que necesitaban. Y al mismo tiempo, pese a la emergencia, pudo abordar el problema de la deuda, comenzar a reactivar la economía y la producción. Claramente hay un sufrimiento enorme de este año y medio, en términos sociales y económicos pero creo que la gente sabe que el presidente hizo todo lo posible por acompañar y aliviar esa situación. Y también que ahora empieza a caminar en la dirección que nos propusimos en 2019. Se empieza a sentir la reactivación y hay otro ánimo.

-Por último ¿confía en que el FDT pueda tener un crecimiento en las urnas en estas elecciones?

-Creo que vamos a hacer una muy buena elección. Lo importante es pedirles a los argentinos y argentinas que nos den la confianza para poder hacer con fuerza todo aquello que soñamos en 2019 y que, en gran parte, se demoró porque la pandemia fue muy difícil. Ahora estamos arrancando, la economía está empezando a moverse y queremos hacer que los que perdieron el empleo vuelvan a tenerlo, que los negocios que cerraron abran sus puertas y las empresas puedan producir y generar trabajo. Para todo ello necesitamos la confianza.

Luego de que la Legislatura porteña reservara el convenio entre el Gobierno local e IRSA S.A a raíz de un fallo judicial que impedía su debate, los legisladores Amanda Martín (FIT) y Javier Andrade (FdT) aseguraron que esa medida “agravará la especulación inmobiliaria” y que no permitirá a los porteños acceder a soluciones habitacionales.

En ese sentido, Martín afirmó que “la medida que frenó el tratamiento del proyecto de Irsa y Larreta es el primer paso para que los sectores populares frenemos definitivamente este negociado” y recordó que “implicaría la entrega de 71 hectáreas de la ex ciudad deportiva de Boca al grupo IRSA, donde pretende construir un nuevo Puerto Madero que tendrá un impacto ambiental negativo y agravará la especulación inmobiliaria”.

“Desde el Frente de Izquierda continuaremos enfrentando esta política de pactos de Larreta para la Ciudad, contraponiéndole nuestro proyecto que incluye la espacios verdes deportivos culturales y viviendas”, señaló.

En tanto Andrade planteó -en diálogo con AM 750- que “en la Ciudad se viene construyendo un millón y medio de metros cuadrados por año, el 65% es vivienda lujosa y son utilizadas como reserva de valor. No viene a resolver ninguna problemática de vivienda y por eso nos encontramos con edificios vacíos” y precisó que “en un relevamiento que hizo el IVC se identificaron más de 130 mil viviendas ociosas en la Ciudad. Eso encarece el suelo y obstruye el acceso al alquiler y la vivienda”.

“Es muy preocupante que después de la reacción que provocó el proyecto de Costa Salguero quieran avanzar con este mega barrio privado náutico en la Costanera Sur. No están evaluando el impacto socioambiental y avanzan vorazmente priorizando la especulación inmobiliaria”, concluyó.

Desde que ingresó a la Legislatura de la Ciudad, el convenio entre el Gobierno porteño e IRSA S.A generó controversia: en primera instancia por la rapidez con la que obtuvo dictamen favorable; luego por una determinación por un revés judicial que permitía su debate y ahora por otra resolución judicial que le puso un freno al análisis del expediente.

Es que hace pocas horas el juez Guillermo Martín Scheibler aceptó el amparo impulsado por la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad y resolvió que antes de que continúe el debate parlamentario se deberá realizar un estudio de impacto ambiental. Esto se debe a que el convenio celebrado entre ambas partes prevé desarrollar un emprendimiento inmobiliario en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.

Ante esta situación el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, pidió una cuestión de privilegio en la que denunció que la resolución del magistrado era una “intromisión” sobre las facultades del Poder Legislativo. “Nos vemos afectados como representantes del pueblo de los vecinos de la Ciudad”, explicó.

Al mismo tiempo que recordó que “el 26 de julio mientras estábamos en una reunión de comisión tratando un expediente referido a un convenio urbanístico, en el que un juez emitió una cautelar que pretende frenar el tratamiento de un expediente” y remarcó que “hay un juez que pretende decirnos a nosotros que no podemos tramitar un expediente, es así como lo están escuchando, nosotros lo discutimos en la comisión y planteamos que no había una notificación formal. No puede haber un juez que nos diga que podemos votar o no, se puede estar más o menos de acuerdo pero no incidir en la actividad legislativa. Es una intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, es una barbaridad”.

“El juez dice que hay un peligro en la demora sin tener en cuenta que este era un proyecto de doble lectura, que debía pasar por una audiencia pública y luego una segunda instancia de votación. Yo busque en los considerandos cual era el peligro en la demora, pero no lo encontré”, completó.

Sin embargo, a la hora de votar la cuestión de privilegio la oposición logró ponerle el freno y envío la medida a la Junta de Interpretación, la misma tuvo 35 votos afirmativos –de los bloques GEN, VJ, PS y UCR- y 20 en contra del resto de las bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad.

También presentaron cuestiones de privilegio los diputados Sergio Abrevaya (GEN) y Martín Ocampo (UCR-Ev) quienes advirtieron que veían limitadas sus facultades como legisladores. No obstante, las mismas también fueron rechazadas.

Cabe recordar que minutos antes de la realización de esta sesión ordinaria, desde el FdT advirtieron que “el proyecto ingresó a la Legislatura y obtuvo dictamen en un plazo récord de siete días sin tener siquiera giro a la comisión de Espacio Público y obturando cualquier instancia de debate genuina de cara a la sociedad” e insistieron en que “carece de los estudios de impacto ambiental requeridos por el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad. A su vez, tampoco se analizó la integración que tendría en relación al barrio Rodrigo Bueno ni se informó o consultó a las autoridades de la Comuna 4, donde se ubica el proyecto”.

La Legislatura de la Ciudad sesiona desde las 12.14 con un temario en el que se destaca el debate y votación, en segunda lectura, del proyecto para construir un gran estadio, complejo deportivo, recreativo, cultural, educativo y comercial en los terrenos con frente hacia avenida La Plata 1600/1700, en el barrio Boedo en la Comuna 5.

Lo que se tratará es el despacho de la Comisión de Planeamiento Urbano del parlamento porteño, elaborado según una iniciativa legal del diputado Manuel Socías (FdT), quien a su vez hizo suyo un proyecto presentado por un miembro de la comisión directiva del Club San Lorenzo de Almagro. La comisión incorporó las adecuaciones surgidas de una Audiencia Pública que se extendió durante diez jornadas, con 12 expositores y 753 vecinos oradores.

También se consideraría en primera lectura (en caso de aprobarse requiere pasar por Audiencia Pública y luego ir a un segundo debate y votación) un convenio entre el Gobierno de la CABA y la empresa IRSA, para el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la “Ciudad Deportiva” del Club Boca Juniors.

Sin embargo, pocas horas antes de la sesión, el juez Guillermo Martín Scheibler falló a favor de una asociación civil que exigía la realización de un estudio de impacto ambiental antes de su tratamiento en el recinto, por lo que el debate podría quedar paralizado y ser archivado en secretaría hasta que se resuelva el conflicto judicial.

Además se avanzará con otros proyectos de ley: uno referido a la reglamentación del sistema de prescripciones y recetas médicas por métodos digitales (propuesto por Inés Gorbea – UCR); y el otro, denominado “cuadras notables”, destinado a proteger contra el vértigo del tránsito el estilo y la forma de vida en calles y otros espacios públicos de tradición barrial (impulsado por Cecilia Ferrero – VJ), entre otras cuestiones.

La Legislastura porteña se preparaba para un super jueves en el que iba a debatir el proyecto de rezonificación de un predio en Boedo y el convenio entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA S.A para desarrollar un proyecto inmobiliario en zona sur, sin embargo, las intenciones legislativas se vieron afectadas por el fallo del juez Guillermo Martín Scheibler quien aceptó el amparo impulsado por la asociación civil Observatorio por el Derecho a la Ciudad y le impidió a la Casa seguir con el trámite legislativo.

El magistrado resolvió que el Parlamento no pueda seguir avanzando con el debate legislativo hasta que se realice un estudio de impacto ambiental. La determinación fue tomada en base al artículo 63 de la Constitución de la Ciudad, el cual establece que ese tipo de estudios  tiene que hacerse antes que nada. No obstante, los legisladores porteños del oficialismo advirtieron que el estudio se haría igual ya que está contemplado en la normativa.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

Ante esta situación, el proyecto no puede seguir su curso legislativo, es por ello que el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, va a presentar un jury de Enjuiciamiento contra el juez Scheibler con la intención de que el Consejo de la Magistratura porteña investigue si incurrió en una mala praxis.

“Es muy peligroso que un juez pretenda indicarnos a los miembros de la Legislatura qué podemos votar y qué no. Constituye un pésimo antecedente para el Estado de Derecho y atenta contra un principio básico de la democracia: la división de poderes”, advirtió García Vilas en sus redes sociales.

Cabe recordar que el proyecto recibió un tratamiento exprés en la Legislatura, es que en menos de una semana ingresó y tuvo dictamen favorable de las comisiones de Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)- y la de Planeamiento Urbano –presidida por Daniel Del Sol (VJ)-. Además en los últimos días la presidenta de la Comisión de Espacio Público, Claudia Neira (FdT), había solicitado que la iniciativa volviera a comisión y fuese analizada en la que ella preside.

Ante su inminente debate en la sesión de este jueves, la presidenta de la comisión de Uso y Protección del Espacio Público y diputada del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, busca frenar el avance del convenio entre IRSA S.A y el Gobierno de la Ciudad, el cual busca desarrollar un mega proyecto inmobiliario en las tierras de la ex ciudad deportiva Boca Juniors, en la Costanera Sur.

En este sentido, la peronista presentó una observación al Despacho N° 0220/2021 emitido el pasado 26 de julio por las comisiones de Planeamiento Urbano –presidida por Daniel Del Sol (VJ)- y Presupuesto –a cargo de Claudio Romero (VJ)-, en la que advirtió acerca de la exclusión de la Comisión de Espacio Público en el debate.

“En sólo seis días el oficialismo presentó el proyecto en la Legislatura, reunieron a las comisiones y dejaron el proyecto en condiciones de ser votado en la sesión del próximo jueves 5 de agosto. Han excluido explícitamente a la única comisión que tiene competencias originales en este tema. Y es justamente la única que es presidida por una diputada de la oposición”, señaló molesta y preocupada Neira.

Además consideró que “crear y mejorar el espacio público en la Ciudad es un tema prioritario y debe ser analizado en detalle. En estas condiciones pretenden votar una construcción en la parcela más grande y más cara de la Ciudad” y subrayó que “nunca hemos logrado que el Ejecutivo explique cuál es su planificación, ni los modelos de gestión de los escenarios de urbanización destinados a desarrollos inmobiliarios”.

“Vemos que la única política es la celebración sistemática de convenios urbanísticos bajo una lógica regida por los proyectos de los privados. Larreta no tiene una estrategia de desarrollo y no hay una política inteligente donde el Estado planifique, establezca prioridades y ordene la inversión pública y privada que garantice el equilibrio sustentable en toda la Ciudad”, completó la peronista.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

OBSERVACIÓN-AL-DESPACHO-N°-0220_2021

Luego de dos semanas sin actividad en el recinto a causa del receso invernal, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires volverá a sesionar el próximo jueves 5 de agosto y lo hará con un temario cargado: por un lado, se buscará avanzar con la primera lectura del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno porteño e IRSA S.A para desarrollar un nuevo complejo urbano en la ex ciudad deportiva de Boca, en la Costanera sur; y por el otro, se prevé darle sanción definitiva a la reurbanización del predio ubicada en Av. La Plata 1600/1700, lo que permitirá que el club San Lorenzo construya su nuevo estadio deportivo en el barrio de Boedo.

La primera de las iniciativas obtuvo dictamen favorable de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto este último lunes, en medio de un fuerte cruce con la oposición por la celeridad con la que fue tratado el expediente.

El acuerdo busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría. A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.

En tanto el proyecto del club San Lorenzo es fuertemente resistido por los vecinos de la zona, quienes se oponen a la construcción del estadio. Cabe recordar que la Legislatura aprobó la medida en primera lectura el pasado 19 de noviembre, la misma contempla la edificación de una nueva cancha con capacidad para unas 42 mil personas y un concepto 365 para beneficio vecinal, albergando otros usos como comercios, jardín de infantes, escuela primaria y secundaria, una delegación del Gobierno de la Ciudad, un establecimiento policial, una biblioteca y un museo.

El predio se dividirá en cuatro grandes zonas: la primera de ellas, estará destinada a espacios verdes o parquizados de dominio privado de uso público y acceso libre con control de acceso, admitiéndose estacionamientos y áreas de servicios y usos complementarios, bajo cota de parcela.

Mientras que la segunda zona también contará con espacios verdes de acceso público, pero también tendrá un espacio de equipamiento educacional y para eventos culturales, deportivos, artísticos y sociales de interés ciudadano admitiéndose estacionamientos bajo cota de parcela. y ocupación transitoria de instalaciones destinadas a eventos puntuales de interés cultural, deportivo, artístico y social.

En este caso se permitirá que las construcciones que contemplen una mixtura de usos, por lo que podrá construirse allí: establecimientos educativos, deportivos, de lectura, de fiestas o diversión, juego, residencias para estudiantes y deportistas, empresas, viviendas, entre otros.

Por otro lado, la tercera zona estará destinada a la localización de equipamiento administrativo, residencial, comercial e institucional a escala local. Es así que se permitiría el emplazamiento de locales abasto y alimentos, gastronómicos, farmacias, de indumentaria y calzado, joyerías, remates, entre otras actividades.

En tanto la cuarta zona será de escala urbana y usos deportivos, comerciales y culturales complementarios de escala barrial, por lo que además de las varias actividades ya mencionadas, permitirá la instalación de establecimientos sanitarios, destacamentos policiales y oficinas administrativas.

A una semana de su presentación en la Legislatura porteña y con un tratamiento exprés, las Comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo del oficialista Daniel Del Sol (VJ)- y la de Presupuesto –presidida por el diputado Claudio Romero (VJ)- firmó el dictamen favorable de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A, el cual permitirá que se avance con la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

La reunión, que se realizó este lunes de manera presencial y virtual, comenzó con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición al respecto de una delicada situación judicial, dado a que desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó una cautelar para frenar el tratamiento de la medida. Es por ello que el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del mencionado organismo; sin embargo, en las últimas horas el juez Martín Miguel Converset  dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El mayor punto de conflicto estuvo en este punto, dado a que en ninguno de los dos fallos la Legislatura porteña fue informada al respecto de cómo debía proceder.

En este contexto, el legislador del Frente de Todos (FdT) y vicepresidente primero de la Comisión de Planeamiento Urbano, Javier Andrade, planteó su preocupación por “la forma en la que estamos llevando el trabajo legislativo, se avanza en definiciones de una manera que no es correcta y sin tener en cuenta a las autoridades de la Legislatura y de la Comisión. Cuando nos conviene hacemos caso a la Justicia y cuando no nos conviene no”.

“No entendemos como ante esta situación y después del antecedente de Costa Salguero siguen con estos proyectos… creímos que iban a recapacitar y que no iba a haber de estos proyectos”, aseveró.

Al mismo tiempo que Matías Barroetaveña (FdT) aseguró que no lo sorprendió la celeridad con la que fue tratado el proyecto –que ingresó al Parlamento el 20 y el 23 se realizó la reunión informativa-: “sabíamos que iban a avanzar así, esta es la forma de gobernar que tienen y a uno esto lo indigna porque salen a los medios de comunicación a plantear la dicotomía entre democracia y dictadura. Nosotros siempre fuimos respetuosos con la libertad de poderes”, indicó.

Asimismo planteó que “ya no nos sorprende nada, después de haber ido en contra de un fallo que protegía la salud de los chicos, ya no hay nada que sorprenda. Tenemos una Legislatura que día a día viene atropellando la capacidad de participación de los vecinos” y precisó que “este convenio se firmó el 19 de este mes, al otro día lo presentaron en la Legislatura porteña y al día siguiente hubo una reunión informativa… es un atropello absoluto y está claro que no se hicieron los estudios pertinentes”.

Por su parte el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, expresó que “lo que nosotros lamentamos es la posición de algunos representantes del pueblo, que deciden darle validez a una precautelar que dice que nosotros no podemos hacer esta reunión, eso es preocupante”  y remarcó que “nosotros respetamos los fallos de la Justicia, inclusive cuando son una barbaridad jurídica, pero hay que tener en cuenta las formalidades”.

 “Nos hablan de la celeridad del proyecto, también fue acelerado el accionar de este juez, se aparta del consejo del fiscal y falla en menos de 48 horas. Toman la parte de la realidad que quieren construir”, añadió y en relación al proyecto concluyó señalando que ve “un proyecto que sobre tierras de un privado, el Gobierno de la Ciudad recupera tierras de espacio público para los vecinos. Pretender que el proyecto hace cosas que el convenio no dice, como torres de lujo o un nuevo Puerto Madero, no sé qué fin persigue, no lo entiendo”.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.