El Frente de Todos logró sancionar el proyecto que estima un monto fijo por los gastos del traspaso de la Policía Federal al distrito porteño, hasta que haya un acuerdo entre ambas partes, para el cual se establecen 60 días.
Por Melisa Jofré
El Frente de Todos convirtió en ley este jueves el proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, que rebaja los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires en concepto de gastos en seguridad por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño durante el gobierno anterior.
La norma cosechó 40 votos a favor, del bloque oficialista y los aliados Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro); y 25 en contra, de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
Mediante la flamante ley se aprueba el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales, firmado en enero de 2016 por el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
De acuerdo a la norma, el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados “en forma bilateral” por el Poder Ejecutivo Nacional y el Gobierno de la Ciudad en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.
“La Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la CABA en el año 2016”, agrega el artículo 2do., incorporado en las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados.
Además, prevé que “el Presupuesto Nacional de cada año contemplará el financiamiento de los gastos” y “hasta la entrada en vigencia” del acuerdo Nación-Ciudad “se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde”.
En tanto, dicha suma será actualizada trimestralmente de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal Argentina, y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad, ambos correspondientes al período precedente.
“A partir de la entrada en vigencia de la ley, el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a la Ciudad la participación que corresponda por aplicación del artículo 8° de la Ley 23.548 y sus modificaciones, así como las sumas destinadas a la atención del gasto que demanda el convenio aprobado”, señala.
También, el proyecto aprobado indica que “el jefe de Gabinete efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes”, al tiempo que se faculta al Ministerio de Economía “a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias necesarias para dar cumplimiento a la ley”.
El debate
Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun aseguró que “no estamos discutiendo coparticipación nacional” y habló de una “banalización” de “la palabra y el concepto de federalismo”.
La senadora del Frente de Todos recordó que al asumir, el expresidente Mauricio Macri “toma la determinación, mediante un decreto que no fue fundado, de avanzar en este acuerdo”, por el cual se amplió “la participación en los recursos del 1,40% al 3,75%” a la Ciudad.
Ese decreto “carecía absolutamente del principio de razonabilidad que debe fundar absolutamente todos los actos de gobierno”, resaltó la oficialista, que continuó diciendo que “cuando admitieron el error” se dictó un nuevo decreto, “previo consenso fiscal con los gobernadores, que prácticamente fue un contrato de adhesión, en el que se bajó a 3,5%”.
“Acá no se deja a los porteños y porteñas sin seguridad”, afirmó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que además enumeró una serie de beneficios que Nación otorgó a la Ciudad durante el gobierno de Cambiemos y añadió que “las transferencias que ha recibido la Ciudad de Buenos Aires han sido fenomenales”.
En contra del proyecto, la porteña Guadalupe Tagliaferri advirtió que lo que sucede con la Ciudad puede en un futuro ocurrir con otras provincias.
Sobre la iniciativa, se quejó: “Nos quieren hacer creer que este proyecto (con modificaciones de Diputados) es mejor, que es distinto”, pero en realidad “no cambia nada” y “va sobre el atropello de la autonomía de una jurisdicción federal”, enfatizó.
“Nos invitan a negociar pero la quita de fondos, tanto del decreto original de estos 150 millones de pesos diarios, más esto, sigue estando vigente. Entonces, nos invitan a negociar pero la plata sigue siendo quitada de la Ciudad de Buenos Aires“, remarcó la legisladora del Pro.
En ese sentido, la macrista cuestionó que “nos dicen cuánto es el valor, cuándo se va a actualizar y con qué fórmula se va a actualizar”, además de “poner como árbitro a la CFI”, que ya expresó “su apoyo a la quita de fondos a la Ciudad”.
También desde el Pro, la cordobesa Laura Rodríguez Machado sostuvo que “si no se estaba de acuerdo con los montos” del traspaso, se tendrían que haber vuelto “a sentar como corresponde al diálogo, como corresponde en un gobierno democrático, a ver los números y se llega nuevamente a un acuerdo…nada es de pecho, de taquito, y te lo saco porque total tengo mayoría”.
“El Gobierno nacional no se volvió a sentar para negociar”, reprochó, al comparar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “en el peor momento de pandemia y cuarentena estuvo sentado al lado del presidente”, a la vez que la Ciudad “estuvo aportando fondos”.
En defensa de la gestión de Cambiemos, la opositora subrayó que “nuestra política fue diametralmente opuesta; capaz fue más peronista que ustedes”. “Lo que se hizo fue sentarse con todas las provincias argentinas para devolverle recursos”, agregó.
En tanto, el macrista Esteban Bullrich enrostró que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner “Santa Cruz recibió hasta 10 veces lo que recibía mi provincia (Buenos Aires) por habitante”, dinero que “fue a valijas y bolsos y no a obras de para los santacruceños”, lanzó.
“No somos una oposición que judicializa la política, judicializamos el abuso de la mayoría”, señaló y dijo al oficialismo que “están aprovechando esta mayoría circunstancial para evitar el debate, para imponer”. Por eso, adelantó: “Vamos a ir la Justicia porque creemos en la independencia de poderes”.
Y defendió: “Durante el gobierno de Mauricio Macri se devolvieron más de 10 puntos de coparticipación a las provincias, eso es federalismo”.
Desde el Frente de Todos, Oscar Parrilli destacó que “acá estamos hablando de abusos autoritarios de poder ejercidos por el presidente Mauricio Macri, y de privilegios, que todavía muchos quedan, que ofenden a la inmensa cantidad de los argentinos”.
“La Ciudad de Buenos Aires y los habitantes de la Ciudad son privilegiados en comparación con el resto del país”, cargó el neuquino, e indicó que el distrito porteño “recauda impuestos propios diez veces más que Formosa, siete veces más que Santiago del Estero, cuatro veces más que la provincia de Buenos Aires”.
Para el kirchnerista, el gobierno porteño se tiene que sentar “a ver cómo devuelven lo que se llevaron de más”, porque “los fondos que necesitaban eran el 30, 40 por ciento de lo que Macri le dio a Larreta”.
En el bloque de los cierres, el salteño Juan Carlos Romero observó que “hay dos tipos de motivaciones que se expresan en todas las sesiones” y son “la búsqueda de impunidad o la revancha y la venganza. Esta ley sobre los fondos para la Ciudad de Buenos Aires se enmarca dentro de ese deseo tan explícito, con nombres y apellidos”. “Acá no se está haciendo justicia, se está buscando revancha y venganza por algo tan obvio y evidente, que el Gobierno (nacional) en la Ciudad no ve votos”, manifestó.
Por el interbloque Juntos por el Cambio, el radical Martín Lousteau aseguró que “detrás” del proyecto “se esconden especulaciones políticas” y la idea “a aquel que no piensa como yo le voy a dificultar la vida”.
“La idea es recortar las autonomías, esto es lo contrario de federalismo”, aseveró el porteño, que dijo que ese distrito es “esquivo” al peronismo y “cada tanto da dirigentes que los hace competir en serio y eso no les gusta”.
Para el radical, la ley tiene el objetivo de “tratar de complicarle la vida” a Horacio Rodríguez Larreta, pero “se la complican a todos los que viven en la Ciudad de Buenos, a todos los que vienen a trabajar y atenderse en la Ciudad”.
Finalmente, el senador Mariano Recalde criticó la postura del Gobierno porteño “como si fuera víctima del manotazo, cuando el manotazo lo dio el presidente (Mauricio) Macri a los fondos de la Nación y se los revoleó a la Ciudad”.
El legislador porteño por el Frente de Todos consideró que “no es ni quita, ni estamos hablando de coparticipación. No es quita porque lo que estamos haciendo es corregir, enmendar, perfeccionar”. En esa línea, enfatizó que el traspaso “se hizo mal” y “de mala forma, y también estaban mal los fondos, que es el meollo de la cuestión”.
El exsenador repasó un fallo de la Corte Suprema para remarcar que una quita o transferencia de recursos no puede darse sin el acuerdo de ambas partes. En igual sentido se expresó Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro.
El exsenador Federico Pinedo expuso este miércoles ante comisiones del Senado sobre el proyecto de ley que busca ratificar el convenio del traspaso la Policía Federal al distrito porteño, y afirmó que “la Nación no tiene ninguna facultad para sacarle coparticipación” a la Ciudad de Buenos Aires.
El dirigente del Pro recordó que “las provincias son anteriores a la Nación” y en el artículo 121 de la Constitución Nacional, “las provincias le delegaron pocos poderes a la Nación y mantienen todo los demás”, entre ellos “el poder tributario”.
“La Ciudad de Buenos Aires es equiparable a las provincias en materia de impuestos y coparticipación”, enfatizó y dijo que “no cabe ninguna duda” que el artículo 75, inciso 2, de la Constitución “iguala a la Ciudad con las provincias”.
En cuanto a los convenios sobre coparticipación, el expresidente provisional de la Cámara alta subrayó que “nadie puede modificarla unilateralmente”. “Es plata de las provincias que las provincias agarran en forma automática porque le pertenece”, agregó.
Al leer puntos del “fallo Entre Ríos” de la Corte Suprema, Pinedo mencionó que hace referencia “al Pacto Fiscal de 1992 por el que el Estado Nacional se comprometía a no detraer recursos ni a transferir nuevos servicios sin conformidad de las provincias”. “Este mismo criterio es el que tomó después la Constitución Nacional” en la reforma de 1994, sostuvo.
“La Corte dice que si no hay acuerdo no puede haber transferencia”, enfatizó. Además, defendió: “El decreto del (ex)presidente (Mauricio) Macri transfiriendo la Policía, los recursos y reasignando las partidas, es un convenio que está avalado por ocho leyes”. “Esta teoría de que requiere una novena aprobación me parece improcedente”, añadió.
A continuación, asistió también al plenario Carlos Balbín, exprocurador del Tesoro, quien aseguró que el decreto firmado por Mauricio Macri para redefinir en 3,5% el porcentaje de coparticipación de la Ciudad, “es legítimo” y “la disposición de ese porcentaje es propia de un acto complejo, no es una decisión unilateral, ni solo una ley del Congreso”, además de que contó con “la conformidad expresada por la jurisdicción destinataria”.
“Si hay que modificar el porcentaje, hay que construir la decisión con los mismos criterios” que aquella vez, opinó, y reiteró que “es posible modificar ese porcentaje pero para ello no es solo necesario un decreto del presidente, una ley del Congreso, sino además el consentimiento de la jurisdicción” o “eventualmente una decisión judicial”.
Miembros del Ministerio de Seguridad afirmaron que en 2016 no se especificó la inversión que demandaba la transferencia. Según estimaron, fueron casi 27 mil millones de pesos.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación asistieron este miércoles a una reunión virtual de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado para exponer sobre el proyecto de ley que busca ratificar el convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, aprobado en 2016, y a su vez volver a 1,4% el coeficiente de coparticipación para el distrito porteño.
En primer lugar, Daniel Fihman, secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, se refirió a los 24.500 millones de pesos estimados en el artículo 2 de la iniciativa: “Ese monto no constituye una estimación teórica de lo que podría valer la transferencia de estos servicios, ni tampoco un índice o una fórmula matemática sobre funciones de un presupuesto determinado”.
“El monto por los gastos que efectivamente correspondieron a las consecuencias del convenio suscripto” fue de “8.046.971 millones” de pesos, precisó, de los cuales los gastos en personal fueron de “7.828 millones” de pesos.
El funcionario remarcó que, de acuerdo a información aportada desde la PFA, “del total del estado de bienes inmuebles transferidos a la Ciudad, la valoración es de casi 36 mil millones de dólares”, el total en vehículos unos “2.237 millones de pesos”, entre otros.
“La inversión que en su momento no fue valorizada y que es importante que se conozca alcanza la suma de 26.714.179,47, casi 27 mil millones de pesos”, detalló Fihman.
En tanto, Silvia La Ruffa, subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, recordó que el expediente enviado a la Legislatura porteña -aprobado en enero de 2016- no contó “con un informe técnico que explicite cuáles fueron los criterios que utilizó en ese momento el Gobierno nacional para definir cuáles son las estructuras necesarias”.
“Tampoco estaba el cálculo necesario de recursos para financiar ese compromiso que se asumía con la Ciudad de Buenos Aires, sino probablemente no estaríamos en esta discusión”, añadió y defendió que actualmente, para la elaboración de este proyecto, se contó con “información respaldatoria” que se deriva de “las órdenes de pago” de la Policía Federal.
La funcionaria indicó que “es el propio convenio el que establece que durante 2016 la Nación se va a hacer cargo de la liquidación de los haberes, de la concesión de licencias, del trámite del legajo de los agentes y personal transferido, como así también de la gestión de compra y contrataciones de insumos, del mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles”. “Por una cuestión de índole práctica, la Ciudad no podía disponer que su servicio de administración resolviera estas cuestiones”, explicó.
La Ruffa apuntó que, si bien se generó el “aumento de coparticipación de manera diaria” para girar recursos, la Nación gestionó el “paquete de recursos humanos, materiales, inmuebles, y la Ciudad le fue transmitiendo estas órdenes de pago”. “Esta es la única documentación respaldatoria en manos del Poder Ejecutivo que sirve para hacer la evaluación del costo concreto”, reiteró.
Además, leyó una de las cláusulas del convenio donde se deja en claro que “a pesar de que la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en materia no federales, el Gobierno siguió prestando servicios”.
Luego fue el turno de Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad, quien enfatizó que “existen una cantidad de datos que de ninguna manera tiran para atrás la ratificación del convenio”. Asimismo, destacó el rol de la Policía de la Ciudad en la pandemia: “Tengo el más alto de los respetos por la estructuración y el profesionalismo que se ha construido”.
El exlegislador porteño -que en su momento debatió sobre el convenio en el Parlamento porteño- precisó que “la preexistencia de la Policía Metropolitana era en enero de ese año de aproximadamente 5 mil efectivos” y se traspasaron “19.953 efectivos”, además de 1.800 nuevos cadetes desde ese momento a la actualidad.
“La suma de efectivos no puede estar nunca por debajo de 29 mil y puede estar en 32 mil”, sostuvo y mencionó que las recomendaciones de las Naciones Unidas son de “300 efectivos por 100 mil habitantes”, con lo cual la Ciudad podría “con 9 mil efectivos estar satisfaciendo las necesidades acorde a su territorio de tres millones de habitantes”.
Al igual que La Ruffa, Fuks resaltó que “el Estado Nacional sigue prestando servicios” en barrios populares, “por un total de recursos de 1.811 millones” de pesos. “Estamos ratificando también en este convenio este dato”, dijo.
Volviendo hacia atrás, el funcionario recordó que el expediente del convenio se inició el 4 de enero de 2016 “a las 18 horas, 33 minutos y 41 segundos” y “el 5 de enero se fue a votación” sin “ningún tipo de información contributiva y técnica”.
“Está bien, habían ganado las elecciones hacía muy pocos días, había una capacidad política de imponer agenda. Ahora están reclamando una capacidad de información, que por supuesto estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó en ese momento“, completó.
La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia destacó el convenio firmado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par en la Ciudad, Soledad Acuña, que permitirá garantizar la continuidad pedagógica de los estudiantes.
Tras la polémica por la intención del Gobierno porteño de que los estudiantes sin conectividad regresaran a las aulas, la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia y diputada del Frente de Todos (FdT), Laura Velasco, celebró el convenio recientemente firmado por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y su par en la Ciudad, Soledad Acuña, a través del cual se entregarán 6500 dispositivos electrónicos para garantizar la continuidad pedagógica de esos estudiantes y se buscará garantizar el acceso al wifi.
Al respecto de la medida, la legisladora consideró que “Nación respondió de la forma que la Ciudad no lo hizo” y recordó que desde “hace tiempo que venimos diciendo que lo correcto es garantizar los dispositivos y conectividad a Internet, en lugar de exponer a nuestros niños, niñas y adolescentes más pobres en plena pandemia”.
“Celebramos que desde el Ministerio nacional se haya tomado la decisión de poner los recursos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan, con la ayuda de los y las promotoras territoriales que siguen demostrando lo esenciales que son, sobre todo, en tiempos de coronavirus”, indicó y concluyó expresando su anhelo de que “la Ciudad esté a la altura y cumpla con proveer el resto del equipamiento y la conectividad, así como distribuir los útiles escolares necesarios para las tareas educativas en los hogares y los Cuadernillos ‘Seguimos Educando’ u otros recursos impresos tal como lo detalla el convenio”.
Cabe recordar que de acuerdo a un relevamiento realizado por la Universidad Popular del Movimiento Barrios de Pie (Somos) a niños y adolescentes que concurren a centros educativos comunitarios de doce barrios populares, el 82,5% no tiene internet y el 70% no posee computadora.
