El acuerdo entre el Senado bonaerense y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual permitirá establecer un marco institucional de colaboración.
Además, comprende que ambas instituciones tendrán asistencia técnica a fin de coordinar acciones recíprocas para la promoción y el acceso a derechos de la población que habita en el territorio provincial.
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se reunió en el Senado bonaerense con la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, con quien firmó un convenio de colaboración y asistencia técnica.
El objetivo del acuerdo es coordinar acciones recíprocas para la promoción y el acceso a derechos de la población que habita en el territorio provincial, específicamente en políticas que versen sobre la problemática de género, mujeres y colectivos LGTBI+.
Para esto, la Cámara alta bonaerense y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia llevarán adelante de modo conjunto distintas acciones, planes, programas y actividades derivados de convenios específicos para cada caso.
Como presidenta del Senado, Verónica Magario, impulsó la creación de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades; la conformación del Equipo Interdisciplinario de Intervención para situaciones de violencia de Género; y ha bregado por la sanción de profusa normativa que a instancias del Poder Ejecutivo provincial, protege y asiste no sólo a las mujeres, sino a las diversidades.
Según indica el convenio rubricado, “se vuelve indispensable el trabajo colaborativo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que permita dar síntesis efectiva a los trabajos realizados por las distintas áreas que comprometen la actuación de un Estado presente y eficiente desde los poderes que lo conforman”.
Participaron de la firma, la Directora de Mujeres, Géneros y Diversidades del Senado bonaerense, Jazmín Ocampo, y la jefa de Gabinete del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Jimena Orchuela.
Las partes se comprometieron al desarrollo institucional, incrementando sus capacidades y desarrollando la investigación científica, jurídica, tecnológica, social y cultural.
En el marco del Programa Cambios de Roles, el Instituto de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (IEERI) y el Círculo de Legisladores de la Nación presentaron en sociedad el Convenio de Cooperación Académica suscripto con el Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho del Universidad de Buenos Aires, “hacia nuevas estrategias legislativas: actualización del mapa normativo en salud digital”.
Ambas partes se comprometieron al desarrollo institucional, incrementando sus capacidades y desarrollando la investigación científica, jurídica, tecnológica, social y cultural. Entre los objetivos está desarrollar proyectos de relevancia estratégica vinculadas al área de salud. Participaron Humberto Roggero, presidente IEERI; Horacio Pernasetti, vicepresidente IEERI; Cristina Guevara, secretaria de Previsión Social y Salud del Círculo de Legisladores Nacionales), quien actuó de coordinadora del evento, Claudio Mate, asesor en la Cámara de Diputados; Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud y de la Oficina de Acreditación en Salud Digital OASAD, Facultad de Derecho UBA) y los especialistas en salud, Sol García Gili, Andrea Barbiero y Andrés Brandolini.
“Esta alianza que generamos con el Observatorio tiene por objetivo proponer la actualización del mapa digital de salud, busca revisar y actualizar las normas vinculadas a las nuevas tecnologías e innovación que otorguen nuevos derechos enmarcados en ciudadanía sanitaria”, dijo Cristina Guevara, quien coincidió con Horacio Pernasseti.
Guevara señaló que “hoy decimos que no hay marcha atrás, porque la transición a la medicina digital está muy avanzada. El sector sanitario es una de las áreas que emerge con mayores proyección para el desarrollo de herramientas y dispositivos digitales para la atención de la salud de las personas”.
Antes, Rafael Pascual afirmó: “Hace años que desde el Círculo tenemos el objetivo de que la política sea una herramienta de transformación social. Desde el Círculo de Legisladores y desde nuestro prestigioso Instituto de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, dirigido por nuestro querido amigo el diputado (MC) Humberto Roggero, trabajamos para ser cada vez más reconocidos como una institución capaz de difundir y fomentar la gestión legislativa en el marco de respeto y tolerancia de los valores democráticos, incentivando la participación ciudadana”.
La presentación del webinar por el canal oficial de Youtube del CNLA, estuvo a cargo de su presidente, Daniel “Chicho” Basile, quien celebró el convenio de cooperación académica. “Monitorear, recolectar y analizar datos de salud son los pasos que nos guiarán hacia un sistema de salud más eficiente, resiliente, equitativo y sostenible en el largo plazo”, dijo.
“Este acuerdo tiene por objeto llevar adelante acciones frente a los desafíos que nos plantea la salud digital”, dijo al inicio de su presentación Marisa Aizenberg.
Agregó: “La irrupción de las tecnologías y el uso de dispositivos electrónicos, aparatos de seguimiento, medios, redes sociales e interacciones en internet en el sector sanitario, están produciendo una profunda transformación en los modelos de atención y gestión en salud. Enormes cantidades de datos, incluidos los datos sensibles en salud permiten, a través de técnicas avanzadas de tratamiento y análisis, utilizando algoritmos matemáticos, inteligencia artificial, machine learning, modelos estadísticos, redes neuronales y otras técnicas, establecer relaciones entre esos datos, predecir, prevenir y tratar enfermedades y también determinar tendencias, patrones, comportamientos y toma de decisiones. Aunque se sabe que esos datos no son siempre neutrales ni transparentes”.
Aizenberg señaló que “cuando damos información a una página para acceder a su contenido gratuito, lo hacemos a cambio de nuestra privacidad. Las apps suelen solicitar acceso a la geolocalización, micrófonos, cámara, listas de contactos, tarjetas de almacenamiento, sin que ello sea necesario para su funcionamiento. La explosión de la Internet de las cosas y su capacidad para proporcionar monitoreo en tiempo real, son motivo de preocupación del derecho. Frente a un entorno de riesgo de esta magnitud, aparecen nuevas amenazas y vulnerabilidades emergentes y se espera que las violaciones de seguridad aumenten en los próximos años y con ello posibles discriminaciones a nivel individual y de grupos que, por determinadas características, podrían ver en riesgo su derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la salud, empleo o educación”.
En representación de la Cámara de Diputados de la Nación y su presidente Sergio Massa, expuso Claudio Mate. Habló de “la sensación de vértigo que nos da este tema. La transformación digital es un debate que tenemos que agradecerle al Covid-19. La pandemia aceleró los tiempos que hubieran sido muy difícil si sólo se hubieran discutido en el sector académico”.
Mate puso como relevancia la relación entre lo individual y lo colectivo. Que debe ser compartido y preservado. Como un diagnóstico individual puede afectar la salud de una población. Para el sanitarista hay que resolver el equilibrio entre lo que debe ser preservado y lo que debe ser compartido.
“Hay que poner la salud al alcance de las personas para mejorar su calidad de vida. Debemos igualar los derechos entre los profesionales de la salud y los pacientes. Para eso debe haber un Estado presente con intervención legislativa para terminar con el desfinanciamiento de los sistemas solidarios de Salud”, agregó.
La especialista en salud digital Andrea Barbiero afirmó que “respecto de la propiedad, ya nadie les tolera que pretendan adueñarse de la información. La titularidad de la información es de quien la protagoniza”.
Barbiero añadió luego: “Viendo los cambios permanentes en el mundo de la tecnología, necesitamos educación digital, y no la tenemos. No estamos siendo educados digitalmente para comprender lo que hacemos cuando damos nuestros datos. No sabemos el impacto que tiene poner a disposición de un tercero nuestra información. Hacemos clic en siguiente una y otra vez, sin tener noción de lo que habilitamos. No leemos las condiciones porque no nos han educado para ello. Y las condiciones muchas veces mienten. Tenemos que saber cómo haremos para educar en el impacto de la tecnología en nuestras vidas”.
La coordinadora académica en Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho Universidad de Buenos Aires, Sol García Gili, que para impulsar la transformación digital de los sistemas de salud es de principal importancia que los países de América Latina y el Caribe (ALC) cuenten con sólidos marcos normativos que faciliten la implementación y el uso de soluciones digitales. Para Gili, “hay que generar hojas de rutas para lograr una transformación digital que tenga en cuenta la dignidad humana, una transformación que sea segura, ética, equitativa, e inclusiva con pautas que ayuden a crear soluciones sustentables en el tiempo”.
“Frente a ello, se requiere generar saberes y desarrollar marcos ético-legales que permitan una rápida adaptación de las organizaciones sanitarias, como una clara oportunidad de mejorar las condiciones de equidad y acceso a la salud pero también, de más y mejores derechos para los ciudadanos sanitarios”, dijo la especialista en salud digital.
Andrés Brandolini, farmacéutico, abogado, señaló que la reciente Ley 27.553 de Recetas Electrónicas sancionada en el Congreso Nacional “facilita los controles de las dosis, los alertas por reacciones adversas y un seguimiento terapéutico más eficiente”.
Brandolini, responsable del Área Régimen Jurídico del Medicamento del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, resaltó que “en definitiva favorece el uso racional del medicamento y en consecuencia reduce los costos que pueden ocasionar los efectos no deseados de un fármaco”.
“La posibilidad de utilizar las plataformas de teleasistencia o de salud digital, las teleconsultas, son un nuevo modelo de hacer salud”, reforzó el panelista.
En tal sentido, resaltó que “estamos ante un nuevo paradigma que es lo más relevante de los últimos sesenta años”. Mencionó como ventajas del nuevo sistema que “mejora la seguridad de pacientes y reduce los errores como los yerros de lectura y legibilidad, elimina los volúmenes de los archivos en papel, es una nueva forma de hacer salud digital en medicina y farmacia y mejora la adherencia terapéutica del paciente”.
Finalmente Brandolini habló de algunas cuestiones pendientes como la responsabilidad, es decir los derechos y obligaciones en la prestación del servicio, el federalismo sanitario, una matriculación específica de profesionales matriculados, la historia clínica electrónica, el consentimiento informado digital, capacitación de profesionales y pacientes y la conectividad universal, entre otras”.
Participaron también del encuentro, las senadoras (MC) Liliana Gurdulich y Mabel Müller, el senador de la Nación y titular de la Comisión de Salud, Mario Fiad, los diputados de la Nación (MC) Fernanda Bendinelli y Alicia Besada y Domingo Vitale, entre otros.
Cristina Kirchner y el rector de esa alta casa de estudios suscribieron un acuerdo para la nueva diplomatura de gestión legislativa.
La vicepresidenta de la Nación y el arquitecto Fernando Tauber, máxima autoridad de la UNLP, rubricaron el convenio de colaboración, mediante el cual la Universidad Nacional de La Plata le otorga certificación universitaria a la diplomatura en gestión legislativa lanzada por el Senado de la Nación.
La nueva Diplomatura en Gestión Legislativa es gratuita y está dirigida especialmente a empleados de organismos legislativos de nivel nacional, provincial y municipal, estudiantes universitarios y ciudadanos en general con interés en el conocimiento de la gestión legislativa.
Se trata de una iniciativa impulsada por la Secretaría Administrativa e implementada por la Dirección General de Recursos Humanos, a través de la Subdirección General, con el propósito de sistematizar el conocimiento del personal legislativo, formalizarlo y jerarquizarlo mediante certificación universitaria, a partir de una currícula diseñada conjuntamente entre especialistas legislativos y de educación en adultos.
La propuesta está destinada a crear una red de trabajo colaborativo para perfeccionar y actualizar conocimientos propios de la gestión legislativa a partir de un abordaje temático integral con genuina visión federal. Se encuentran inscriptas más de 600 personas, que representan a 16 provincias del país.
Incorpora perspectiva de género a la currícula, a través de la materia “Perspectiva de Género en el trabajo Legislativo”. Las clases comenzarán el 3 de agosto y se prevé que su dictado se desarrolle a través de la plataforma virtual del Senado, a través de streaming, trabajándose también con webinarios, conversatorios y foros de discusión.
Desde las 15.18, la Cámara alta debate un proyecto de Oscar Parrilli para que el Congreso investigue la relación crediticia entre la empresa y el Banco Nación. También se ratificará un convenio de la OIT sobre acoso laboral.
Con una oposición molesta por el tratamiento de temas ajenos a la pandemia del Covid-19, el Senado sesiona desde las 15.18 para aprobar un proyecto de ley de Oscar Parrilli (Frente de Todos) que busca que el Congreso investigue las deudas que contrajo la empresa Vicentin con el Banco Nación.
La iniciativa apunta a crear una comisión integrada por seis senadores y seis diputados que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la firma agroexportadora -que el Gobierno busca expropiar- y el Banco Nación, que durante la gestión anterior presidió Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, podrá solicitar informes y tendrá que elaborar un informe final sobre el tema.
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
