Ambos textos prevén la construcción de barrios costeros con espacios de uso público. Vecinos de la Ciudad habían pedido la creación de nuevos espacios verdes en esos predios.
En un contexto sumamente tenso y con una masiva movilización en las inmediaciones de la Legislatura porteña, el oficialismo de la Ciudad aprobó dos convenios urbanísticos que permitirán la creación de nuevos barrios costeros en predios de la Costanera Norte y Sur del distrito.
La primera de las iniciativas tiene que ver con la modificación las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas. El texto fue aprobado con 36 votos positivos (de los bloques VJ, UCR-Ev y PS) y 21 negativos ( de GEN, FdT, FIT, AyL y CF).
De esta manera, la Casa reformuló la actual zonificación de esos terrenos que abarcan unas 17 héctareas, al que también se le suma un predio lindante de otras 14 hectáreas. La intención del Gobierno porteño es avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
En lo que respecta al texto por Costanera Sur, la Legislatura aprobó con 36 votos a favor (de VJ, UCR-Ev y PS), 19 en contra (de FIT, FdT y AyL) y 2 abstenciones (de GEN y CF). Se trata de un convenio entre el Gobierno porteño y la empresa IRSA para llevar a cabo un desarrollo urbanístico en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors
La iniciativa en debate propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
También se aprobaron este jueves (con 32 votos positivos y 25 negativos) otros once convenios urbanísticos, los cuales permitirán la construcción de torres en distintos puntos de la Ciudad. Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83 y Arcos 3631.
El debate en el recinto
El encargado de abrir el debate en el recinto fue el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), quien planteó que “la Costanera se va a transformar, tanto en el norte como en el sur, creando espacios verdes con mixtura de usos que permitan hacer ciudad donde hoy no la hay; dando continuidad a las innovaciones que se vienen concretando en la Ciudad de Buenos Aires hace 14 años”.
“Esta ley permitirá recuperar, renovar e integrar a la Ciudad un terreno en desuso de 70 hectáreas que hace más de 50 años fue cedido por el Gobierno Nacional al Club Atlético Boca Juniors, que se encuentra privatizado, restringido a la ciudadanía y sin la posibilidad de convivencia con el río. Allí se creará un gran Parque Público de 278.380 metros cuadrados, con acceso a la ribera, al cual debemos sumar los espejos de agua, que como parte integral del paisaje aumentarán la superficie de espacio verde, libre y público en la Ciudad”, señaló.
En cuanto a los nueve convenios urbanísticos, el oficialista afirmó que “todas las contraprestaciones serán destinadas a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del Área Central, comprendida en el Fondo para el Desarrollo Urbano Sostenible que aprobamos recientemente, para la utilización y disfrute de los vecinos. Una necesaria reconversión que tiene como objetivos principales facilitar su residencialización, financiar proyectos de construcción, adecuación, puesta en valor de equipamientos urbanos y agregar espacio verde público y de acceso libre, que logren mejorar la calidad de vida de los porteños y de quienes visitan a diario la Ciudad”.
Mientras que la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín señaló que “si se avanza con estos convenios, este va a ser otro jueves negro para los que trabajamos y estudiamos en la Ciudad. Esto va a seguir fomentando la crisis habitacional, la falta de espacios verdes y las inundaciones, ¿vieron cómo nos inundamos la semana pasada?” e insistió en que “llama la atención que nadie del oficialismo quiera dar la cara por estos proyectos, que quieran hacerlo antes del recambio legislativo y de forma exprés. Esto va a agravar la crisis habitacional, ningún trabajador puede pagar entre tres mil y cinco mil dólares por metro cuadrado, si encima cobran en pesos y el salario se lo carcome la inflación”.
En tanto la legisladora de Autodeterminación y Libertad, Marta Martínez, indicó que “hoy la Legislatura aprobará quitar al pueblo trabajador de la ciudad la Costanera Norte y su derecho al acceso al río y espacio verde, arrasar con el Humedal de Costanera Sur con torres con un impacto gravísimo para el ambiente y el calentamiento climático” y precisó que “además va a imponerle la construcción de nueve torres a barrios saturando su densidad habitacional, y por si fuera poco legalizar obras ilegales. Nuestro voto negativo, volveremos a decir ‘¡no a los negocios inmobiliarios!’”.
“Apoyamos y acompañamos a quienes hoy están afuera de esta Legislatura oponiéndose a estos proyectos así como a las organizaciones ambientalistas y vecinales que han venido todo este tiempo manifestándose en contra”, completó.
Por su parte el diputado del Frente de Todos (FdT) Juan Manuel Valdés aseguró que “estamos planteando proyectos que pueden alterar la vida de nuestros ciudadanos para siempre, es quizás la última oportunidad de tener contacto con el Río de La Plata. Hay un sector que trae un modelo de Dubai, bueno, yo no… yo traigo de ejemplo a Rosario donde se han construido verdaderos paisajes de cara al río”.
“¿No les parece contra natural tener que trabajar de forma hermética, con seguridad especial? ¿tanto miedo le tenemos a la ciudadanía? ¿no los movilizan las inundaciones que sufrimos el fin de semana? ¿no los sensibiliza la especies que habitan la Costanera?”, se preguntó.
A su turno, el socialista Roy Cortina (PS) afirmó que “hay una estrategia que es una suma de pequeñas mentiras e inexactitudes, la suma de todo eso genera una gran mentira y distorsiona la discusión en la opinión pública” y recordó que “Costa Salguero y Punta Carrasco son dos predios de la Costanera Norte, suman entre los dos aproximadamente 29 hectáreas”.
“La concesión se termina ahora y el Ejecutivo busca que hacer con estos espacios, la idea es que lo que se plasme sea el proyecto que salió ganador en un concurso: crea un parque de 14.7 hectáreas de espacios verdes si solo se toma a Costa Salguero pero si sumamos a Punta Carrasco llega a 22 héctareas, lo que nos da un gran parque”, completó.
Mientras que Matías Barroetaveña (FdT) aseveró que “es un día muy triste para la ciudad de Buenos Aires, el oficialismo de Larreta acaba de votar la pérdida de 100 ha de espacios verdes y humedales sobre la costanera para seguir construyendo torres de lujo que luego, como en el caso de Puerto Madero, quedan vacías por la especulación inmobiliaria” y enfatizó que “se trataba de una oportunidad única para sumar espacios verdes a una ciudad que solo tiene 4 mts por habitante cuando debería tener al menos 12”.
“Es una decisión profundamente anti-democrática ya que desconoce el resultado de la instancias de participación popular como fueron las audiencias públicas y las 53000 firmas avalando el parque público en costa salguero”, concluyó.
Luego de haber pedido el archivo del proyecto y una intensa negociación con Vamos Juntos, el radical Martín Ocampo (UCR-Evolución) comenzó preguntándose “¿qué son las normas urbanas? Son formas que tiene el Estado de decirle al particular que su dominio se le va a limitar. En el fondo de estos tres proyectos de norma urbana hay una forma de entender al Estado, nosotros entendemos que el Estado tiene que hacer que la Ciudad crezca y se desarrolle. La Ciudad no es un lugar sólo para acaparar bienes”.
Al mismo tiempo que argumentó que “todos estos proyectos han tenido las herramientas de participación ciudadana y esta Legislatura ha escuchado a parte de los vecinos que participaron. Lamentablemente, en el caso de Costa Salguero lo hicieron, en su mayoría, creyendo que hoy debatimos si se vende o no un predio” y recordó que “al inicio de esta sesión yo mencione los puntos que eran necesarios para poder avanzar con el proyecto de Costa Urbana, las propuestas que nosotros hicimos las supieron escuchar. Hoy vamos a votar una ley que mejora lo que votamos en primera lectura”.
“Entre las modificaciones que hemos propuesto y han sido acogidas son para el predio de Costa Salguero: se solicitó afectar espacios para espacios verdes, la articulación con sistemas de transporte público, baños públicos cada 500 metros, la reducción de la altura máxima de las torres a 24 metros, juegos infantiles, la eliminación del helipuerto, el compromiso de garantizar la biodiversidad, entre otras cuestiones”, añadió y concluyó precisando que “en el caso de la Costa Urbana se modificó un artículo para pasar del 61% al 71% de espacio público, se reduce la capacidad constructiva en algunos lotes, para costear el espejo de agua se hará un paseo peatonal, baños públicos cada mil metros, entre otros puntos”.
Advirtieron que con el avance de esos proyectos “Larreta remata la Ciudad” y pidieron terminar con “los mega negocios inmobiliarios”.
Mientras los diputados porteños analizan la sanción definitiva de los convenios urbanísticos por la Costanera Norte y Sur y el desarrollo de torres en otros once puntos de la Ciudad, colectivos ambientalistas y organizaciones ciudadanas se reunieron en las inmediaciones de la Legislatura local para expresar su rechazo a esos textos y exigir que se terminen “los mega negocios inmobiliarios”.
Además los legisladores del Frente de Todos (FdT) realizaron una intervención en las ventanas del palacio legislativo en donde se colgaron carteles con estética de inmobiliaria y la leyenda: “zona Pro. Se vende. Larreta remata la ciudad”.
Al respecto de estas iniciativas la legisladora del FdT Laura Velasco, quien integra la Comisión de Espacio Público, afirmó que “no sólo no resuelven el déficit habitacional que tenemos, sino que lo agudizan expulsando a aquellos sectores que más necesitan acceder a un techo y promoviendo la especulación inmobiliaria a través de la construcción de torres de lujo, que luego quedan mayormente vacías pero empujan hacia arriba los precios de los alquileres”.
“Estos proyectos son malos por donde se lo mire. Si fueran beneficiosos para la Ciudad no presentarían tanta resistencia de propios y ajenos. La ciudadanía se ha manifestado en las distintas audiencias públicas en un noventa y ocho por ciento en contra y no se la ha escuchado”, destacó.
En tanto la diputada del FIT Amanda Martín advirtió que “el impacto ambiental también será muy grave. La Ciudad tiene un déficit de espacios verdes. Se estima que rondan los 7 metros cuadrados por habitante cuando las recomendaciones internacionales duplican esa cifra. Además la construcción en la Costanera Sur será sobre un humedal, que debe ser preservado como parte del cuidado del ambiente”.
“Otro tanto ocurre con las torres en Costanera Norte, que afectarán la circulación de los vientos. Las audiencias públicas realizadas expresaron el rechazo masivo de la población a estos negociados inmobiliarios. Repudiamos que Larreta desconozca la voluntad popular y llamamos a una movilización para el próximo jueves cuando estos proyectos quieran ser aprobados en la sesión”, sentenció.
La Legislatura se reúne desde las 12.06 para buscar darle sanción definitiva a una serie de proyectos que modificarán el paisaje costero.
Mientras en las inmediaciones de la Legislatura de la Ciudad se realiza una concurrida manifestación en contra de varias de las iniciativas que se pondrán en debate, los diputados porteños dieron inicio a las 12.06 a una nueva sesión ordinaria en la que prevén darle sanción definitiva a unos convenios urbanísticos que modificarán el paisaje costero del distrito capitalino.
Una de las iniciativas trata sobre el desarrollo de la Costanera Norte, donde se prevé aprobar en segunda lectura unas modificaciones para los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, donde se buscará desarrollar emprendimientos culturales, recreativos, gastronómicos y residenciales, un paseo costero y generar nuevos espacios verdes.
Otro proyecto importante es sobre la aprobación de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa constructora IRSA S.A, el cual prevé avanzar con la construcción de un barrio costero en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur. El predio cuenta con unas 70 manzanas hoy ociosas, donde se prevé destinar el 67,5% de esa superficie a espacio de uso público.
Por otra parte, se pondrá a consideración una ley que incluye 11 convenios urbanísticos de índole diversa, para autorizar planos de edificación y urbanización, con sus correspondientes afectaciones y desafectaciones catastrales, exceptuando a sus beneficiarios de algunos requisitos o impedimentos. A cambio, la Ciudad recibiría compensaciones o cesión de terrenos para convertir en espacios públicos.
En la misma sesión ordinaria (la penúltima del actual ejercicio legislativo 2021) podría sancionarse un “Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de Edificación”. El objetivo es normalizar edificaciones realizadas en su momento sin la totalidad de los requisitos y atenuar sanciones o multas.
Los diputados de la Ciudad se reunirán este jueves a partir de las 11 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que buscarán darle sanción definitiva a los convenios urbanísticos por la Costanera Norte y Sur, entre otras iniciativas.
Cómo lo anunció parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad se prepara para un fin de año sumamente cargado y este jueves a partir de las 11 se pondrán en debate numerosos convenios urbanísticos, entre los cuales se encuentran dos de los más polémicos: el que corresponde a los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco y el de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.
El proyecto en relación a Costanera Norte busca modificar las definiciones paisajísticas y urbanísticas del Complejo Costa Salguero – Punta Carrasco (también conocido como Distrito Joven – Costanera Norte), que surgieron de un concurso de ideas. Según informaron las autoridades, la norma “tiene el propósito de embellecer, parquizar y revalorizar ese sector ribereño para solaz y esparcimiento público junto a desarrollos privados”.
La intención del Gobierno porteño es avanzar con la creación de un barrio náutico, aunque las medidas deberán volver a analizarse en una segunda lectura. Es así que en la zona de Costa Salguero se prevé la construcción de diez edificios que podrán alcanzar una altura máxima de 29 metros, contarán con calles internas y un espacio público que los llevará hasta la ribera.
Mientras que en Punta Carrasco se generarán espacios de recreación, en los que las construcciones podrán alcanzar los 12 metros de alto y solo podrán ocupar un 35% del suelo; el resto será parquizado y habrá un helipuerto.
Por otro lado, también se pondrá en debate el convenio celebrado entre el Gobierno local y la empresa IRSA S.A para avanzar con el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la “Ciudad Deportiva” del Club Boca Juniors.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
Otro de los proyectos que se pondrán en debate este jueves tiene que ver con la creación de un Régimen Especial de Regularización de Construcciones y Obras llevadas a cabo en contravención. El texto busca establecer un régimen especial que busca resolver la presentación de mejoras edilicias sin declarar y la regularización de edificaciones que, como consecuencia de la dinámica del desarrollo inmobiliario en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido construidas incumpliendo los Códigos de Edificación, aprobado por Ley Nº 6.100 y Código Urbanístico, aprobado por Ley Nº 6.099.
La norma proyectada contempla una escala de recargos en los Derechos de Delineación y Construcción de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados no reglamentarios que pretendan regularizar y una exención en del recargo mencionado en aquellos casos que se regularicen obras en contravención reglamentarias sin límite de superficie. Asimismo, se establece un recargo del sesenta y cinco por ciento (65%) equivalente al Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable para las regularizaciones de obras en contravención que transgreden el Código Urbanístico.
En otro orden de cuestiones, la Legislatura evaluará los convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno porteño y constructoras privadas para levantar once nuevas torres en distintos barrios de la Ciudad.
Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Corrientes 5761, Corrientes 3410, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83, Arcos 3631 y 11 de septiembre 1535.
En las dos últimas sesiones ordinarias del 2021, los diputados prevén avanzar con múltiples (y polémicos) convenios urbanísticos, el Presupuesto 2022 y regímenes para evitar el cierre de más comercios.
Se vienen días agitados para la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que los diputados porteños acordaron –durante la sesión ordinaria de este jueves- el temario para las últimas dos sesiones del año, los cuales incluyen varios proyectos controversiales que tienen que ver con convenios urbanísticos y el Presupuesto 2022 que recibió un tratamiento exprés.
De esta manera, se prevé que el próximo jueves 2 de diciembre se ponga en consideración el convenio urbanístico suscripto entre el Gobierno de la Ciudad e IRSA en la Costanera Sur, un proyecto que fue sometido hace unos días a una audiencia pública que generó un amplio rechazo por parte de los expositores, quienes reclamaron por la creación de nuevos espacios verdes.
En esa misma línea, se prevé aprobar unas modificaciones a la normativa urbanística aplicable al conjunto “Costa Salguero – Punta Carrasco, donde el Ejecutivo local prevé realizar un barrio náutico. Al mismo tiempo que se avanzaría con la creación de un régimen especial de regularización de construcciones y obras llevadas a cabo en contravención a lo establecido en el Código de Edificación y Código Urbanístico y la ratificación de otros 11 convenios urbanísticos.
En tanto en la sesión de 9 de diciembre, la Legislatura de la Ciudad tiene previsto avanzar con un Plan Integral de Convivencia Vial; modificaciones al Régimen de Faltas `y otros cambios en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad. Asimismo se buscará crear el Régimen de Protección y Promoción de las Librerías Ilustres; se impulsará un Festival de Teatro y Artes de Calle de Buenos Aires y un Torneo Argentino de Deportes Urbanos y Nuevas Tendencias.
Mientras que en lo que respecta al Presupuesto 2022 y otras leyes económicas relacionadas al mismo, la Comisión de Presupuesto –presidida por el oficialista Claudio Romero (VJ)- debatió el miércoles al respecto. Tras el encuentro, se firmó el despacho favorable del proyecto, lo que lo dejó habilitado para ser tratado en alguna de las dos próximas sesiones, aunque aún no se definió en cual de ella será.
De todas formas la Legislatura porteña aprobó con 33 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones otros once convenios urbanísticos que habían sido impulsados por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
El “súper jueves de sesión” generó arduas negociaciones entre el oficialismo porteño y sus aliados, tan es así que una “rebelión” de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) terminó dejando fuera del temario uno de los proyectos claves para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta: el convenio de Santa Catalina. No obstante, la Casa logró sancionar con 33 votos positivos, 18 negativos y 5 abstenciones otros once convenios urbanísticos.
Los mismos recibieron el apoyo de los bloques GEN, UCR-Ev, PS y VJ –sólo Pro y Confianza Pública-; el rechazo del FIT, AyL y FdT; y la abstención de los cinco legisladores de la Coalición Cívica que integran el bloque Vamos Juntos.
La decisión de Vamos Juntos (VJ) de bajar varios de los convenios que había impulsado el alcalde local tuvo que ver con los cuestionamientos del radicalismo, que señaló que varios informes técnicos que debían haberles enviado no habían llegado. No obstante, en los proyectos que sí acompañaron lo hicieron votando en contra.
Sin embargo no fueron los únicos en poner reparos ante los convenios, de hecho los legisladores de la Coalición Cívica decidieron abstenerse en la votación.
Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas en los barrios de Caballito, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Belgrano, Núñez y San Cristóbal. De esta manera, los predios afectados por los convenios serán los de Campichuelo 664, Díaz Vélez y Virasoro, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Corrientes 5761, Corrientes 3410, Av. Del Libertador 5723, San Juan 2502, Arcos 1865/83, Arcos 3631 y 11 de septiembre 1535.
El debate en el recinto
El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel Del Sol (VJ), aseguró que “votamos once convenios urbanísticos, los cuales fueron analizados y seleccionados por la Secretaría de Desarrollo Urbano entre más de 100 iniciativas presentadas en la Convocatoria de Convenios Urbanísticos de Proyectos Urbanos Innovadores” e indicó que “las contraprestaciones totales por los convenios alcanzan una suma de 36 millones UVA, lo que significa alrededor de 30 millones de dólares”.
“Los convenios urbanísticos en cuestión representan seis mil puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad. Las contraprestaciones propuestas tienen como primer y único objetivo mejorar la calidad de vida de todos los porteños que la habitamos, incluso para aquellos que la visitan día a día o que por alguna razón transitan en ella”, sentenció.
En contraposición Amanda Martín del FIT planteó que “hay un 40% de la población que alquila a precios exorbitantes, con estos convenios termina siendo expulsada de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad no hay una política de crédito para que las familias puedan acceder a la vivienda, ¿qué es lo que hacemos acá con estos desarrollos urbanísticos? Favorecer a las empresas, no le facilita la situación a las familias”.
A su turno el diputado del FdT Matías Barroetaveña argumentó que “la Ciudad de Buenos Aires tiene la misma población desde hace cuarenta años pese a haberse construido más de treinta y siete millones de metros cuadrados en los últimos veinte años, y se ha duplicado el déficit habitacional con 130 mil viviendas vacías” e indicó que “estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres.”
“Luego de vender más de 500 ha de tierras públicas ahora venden el aire duplicando la posibilidad de construir”, manifestó Barroetaveña y agregó que “estos convenios impactan también en la calidad del ambiente complicando la mitigación del cambio climático generando mayor efecto de isla de calor”.
Los diputados se reúnen desde las 12.07 para llevar a cabo una nueva sesión urbanística en la que buscarán ratificar una serie de convenios impulsados por Horacio Rodríguez Larreta, un texto para instaurar el juicio por jurados, entre otras cuestiones.
Tal y cómo lo anunció días atrás parlamentario.com, los diputados de la Ciudad se reúnen desde las 12.07 para llevar a cabo un “súper jueves” de sesión en el que se pondrán a consideración numerosas iniciativas, entre ellas, 16 convenios urbanísticos impulsados por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Los proyectos buscarán ser aprobados en primera lectura y autorizan el desarrollo constructivo e inmobiliario con fines residenciales, comerciales, culturales y recreativos, a cambio de contraprestaciones a la Ciudad y/o la cesión de terrenos destinados a espacio público y zonas verdes de libre acceso. Uno de los acuerdos se vincula al entorno de la Iglesia de Santa Catalina de Siena y su contiguo convento, donde se prevé abrir un espacio verde y público de casi media manzana.
Todos esos temas urbanísticos, si se aprueban, deben pasar por el sistema institucional de Audiencia Pública antes de un segundo tratamiento por parte de los legisladores para su sanción definitiva.
Por otra parte, la Casa tiene previsto debatir y votar un proyecto de ley para establecer el sistema de juicios por jurados en su distrito, después de un intenso trabajo de consulta, asesoramiento e intercambio de opiniones en la comisión de Justicia.
La iniciativa impulsada por Leandro Halperín (UCR) busca cumplir el mandato de las constituciones nacional y local y se basa en un texto elaborado en la comisión legislativa de Justicia, donde se procuraron consensuar tres proyectos: el inicial de la bancada Unión Cívica Radical, uno posterior de Vamos Juntos y un último presentado por el bloque Frente de Todos.
También se someterá a consideración de los legisladores un texto de María Luisa González Estevarena (VJ), se propicia la modificación de la regulación vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales en la CABA “a fin de posibilitar su realización de manera virtual o mixta así como la implementación de notificaciones electrónicas en los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad”.
En el temario de la sesión ordinaria de este jueves también se incorporó un despacho oficialista con propuestas de modificaciones al Código Fiscal, a fin de regular exenciones impositivas y de diferimiento de pago de gravámenes vinculados a la actividad de la construcción, con el declarado objetivo de reactivar ese sector productivo y promover fuentes de trabajo.
La diputada Amanda Martín aseguró que “con mega torres Larreta insiste en expulsar a los trabajadores de la Ciudad”.
Tal y como lo anunció parlamentario.com, este jueves la Legislatura porteña pondrá a consideración de los diputados de la Ciudad 16 convenios urbanísticos impulsados por el alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, y la legisladora del Frente de Izquierda Amanda Martín salió a repudiar este avance.
En ese sentido la diputada aseguró que “esta nueva avanzada de Larreta sobre la Ciudad tiene como único propósito fomentar la especulación inmobiliaria. No hacen viviendas para los trabajadores, sino para que queden vacías” e indicó que “este proceso de larga data ha provocado el mayor déficit habitacional que la Ciudad haya tenido. No solo se incrementan las villas de la Ciudad, sino que cada vez a más trabajadores les resulta imposible pagar un alquiler”.
“Este fin de semana la población de Berlín se pronunció en mayoría en favor de expropiar las viviendas ociosas. Desde el Frente de Izquierda, proponemos un plan de viviendas populares, con créditos subsidiados, para trabajadores, estudiantes y desocupados de la Ciudad, financiados a través de un impuesto a la vivienda ociosa”, aseguró Martín.
Cabe recordar que estos proyectos que se pondrán a consideración del cuerpo parlamentario, habilitan la creación de torres en 12 barrios porteños a cambio de una contraprestación económica para la Ciudad.
Se pondrán en debate los 16 convenios urbanísticos impulsados por el jefe de Gobierno, incentivos a la construcción y la extensión de la emergencia sanitaria, entre otras cuestiones.
Después de tres semanas sin sesión, fuentes parlamentarias le confirmaron a parlamentario.com que vuelve la actividad al recinto de la Legislatura porteña con un “súper jueves” en el que se pondrán a consideración de los diputados una serie de proyectos impulsados por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Uno de los principales temas en debate serán dos normas que incluyen 16 convenios urbanísticos, ambas fueron presentadas en el Parlamento porteño horas después de la realización de las PASO y tras un breve tratamiento en las Comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)- se encuentran listas para ser puestas en debate.
Uno de los textos presentados contempla 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.
stos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. De esta manera, estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.
De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas “deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.
Mientras que en relación al segundo proyecto, el mismo define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.
A la par de estos numerosos convenios, la Legislatura también pondrá en debate un proyecto impulsado por el vicepresidente primero de esa misma Casa y legislador de Vamos Juntos (VJ), Agustín Forchieri, mediante el cual se buscará modificar la cláusula transitoria quinta del Código fiscal con el objeto de extender el plazo para recibir los beneficios de pago escalonado y exenciones para quienes hayan iniciado el registro en etapa proyecto desde el 15 de septiembre de 2020 y antes del 31 de agosto de 2021, con inicio de ejecución de obra hasta el 31 de marzo de 2022.
También se incorporan las clausulas sexta y séptima al Código Fiscal que permiten el diferimiento del pago de los derechos de delineación y construcción y generación de residuos áridos.
Otro de los proyectos de Rodríguez Larreta que llegará al recinto este jueves un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para extender la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19 hasta el 30 de septiembre.
Además entran en la sesión 3 despachos de Ley inicial de la Comisión de Cultura con denominación de calles y espacios verdes. Y una Ley para declarar al historiador porteño 2020.
Finalmente otro de los grandes proyectos que se pondrán en debate en esta nueva sesión ordinaria fue impulsado por la oficialista María Luisa González Estevarena (VJ), el cual propicia la modificación de la regulación vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de posibilitar su realización de manera virtual o mixta así como la implementación de notificaciones electrónicas en los procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Asimismo se agrega un artículo que viene a afianzar la autonomía de la Ciudad permitiendo presentar recursos de inconstitucionalidad ante el TSJ sobre sentencias de los jueces nacionales de la Capital Federal.
El vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano cuestionó con dureza el avance de numerosos convenios urbanísticos e insistió en que “para Larreta la prioridad son los negocios inmobiliarios”.
Después de que la Legislatura porteña le diera un tratamiento exprés a 16 convenios urbanísticos, el vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y diputado del Frente de Todos (FdT), Javier Andrade, advirtió que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, tiene preparados otros cien convenios urbanísticos más.
En ese sentido, el legislador aseguró que “después de 14 años de gobierno en la Ciudad, ya ni tratan de disimular los negocios estatales con los desarrolladores inmobiliarios y ahora directamente los privados planifican el modelo urbano mientras el Estado local acepta los proyectos”.
Al mismo tiempo que insistió en que “por si fuera poco el uso tergiversado de los convenios, la velocidad para tratar estos temas es una completa falta de respeto para la ciudadanía” y remarcó que “se definen en escasos días proyectos que afectan de manera permanente el patrimonio urbano e histórico de la Ciudad”.
“Es necesario que los porteños se enteren de la modalidad que está usando el GCBA para vender constructividad. Hay 100 convenios más en carpeta”, alertó Andrade concluyó señalando que “es muy evidente que para Larreta la prioridad son los negocios inmobiliarios pero el costo no puede ser la calidad de vida de todos”.
Los legisladores porteños se preparan para debatir los 16 convenios en el recinto en los próximos días, por lo que parlamentario.com le acerca este informe en el que le explica al detalle el alcance de estos proyectos impulsados por el propio jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Luego de que las Comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieran dictamen favorable a dos proyectos que buscan avanzar con 16 convenios urbanísticos, parlamentario.com le acerca este informe en el que le explica punto por punto cómo son estas dos normas impulsadas por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y cómo fue la discusión en torno a los mismos.
Ambos proyectos ingresaron a la Legislatura porteña el lunes pasado, horas después del triunfo de Juntos por el Cambio (JxC) en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y tras un tratamiento exprés ya se encuentran listos para ser debatidos en el marco de una sesión ordinaria en los próximos días.
Uno de los textos presentados contempla 15 convenios urbanísticos firmados entre el 2 de agosto y el 10 de septiembre último entre el Gobierno porteño y las firmas PMJ Fiduciaria, Grupo Azopardo, Mario Manso, Livnot, Proyecto 43, Marosmar, Management Libertador, Martesboys, Arcos 1865, Instrumentos Musicales y Marby, entre otras.
Estos convenios crean “áreas de desarrollo urbano especial” en varias parcelas de la ciudad, ubicadas, por ejemplo, en los barrios de Núñez, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas. De esta manera, estas parcelas serán desafectadas de las “normas de edificabilidad” que las rigen actualmente para habilitar construcciones en altura.
De acuerdo con el proyecto, los fondos que reciba el Gobierno porteño a cambio de la modificación de las normas urbanísticas “deberán destinarse a promover el desarrollo urbano equitativo y sustentable del área central de la ciudad, facilitando su residencialización, financiando proyectos de construcción, adecuación o puesta en valor de equipamientos urbanos, la conformación de áreas peatonales y calles de convivencia con vistas a su revitalización y diversificación funcional”.
Mientras que en relación al segundo proyecto, el mismo define un “área edificable” en la parcela ubicada en la esquina de la avenida Córdoba y la calle San Martín, en el centro porteño, la cual es lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina.
Al igual que ocurrió con el convenio urbanístico por la Costanera Sur, donde se encuentra la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, la presidenta de la Comisión de Espacio Público y legisladora del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira, insistió en que es necesario contar con mayor tiempo de debate en comisión. “Estos convenios no contienen, a nuestro modo de ver, un detallado y pormenorizado análisis técnico, dominial y administrativo sobre el impacto que tendrán en la Ciudad. Hoy podemos decir que en la Ciudad no existe la más mínima voluntad de planificación. La Ciudad ha abandonado la pregunta sobre el modelo de Ciudad que queremos”, aseguró en diálogo con parlamentario.com.
Además planteó que “los convenios urbanísticos se han convertido en la única herramienta de planificación urbana del oficialismo. Esto demuestra lo que venimos sosteniendo: que estamos diseñando una Ciudad de las excepciones” e indicó que “los convenios urbanísticos, en definitiva, son un impulso del privado por generar una normativa especial que le permita construir por fuera de los patrones establecidos por el Código Urbanístico y que la Legislatura acepta a cambio de alguna contraprestación. Un retroceso frente al compromiso del Nuevo Código urbanístico que ofrecía una certidumbre respecto a un crecimiento más homogéneo en toda la Ciudad. Así termina primando la excepción y no la regla”.
“Por ese motivo estamos pidiendo que la Comisión de Planeamiento Urbano trate nuestro proyecto donde solicita información sobre la metodología que utiliza el Ejecutivo para la evaluación de este tipo de Convenios. Porque ninguno de ellos se enmarca en una planificación de la Ciudad que atienda los intereses colectivos de los vecinos y vecinas de las diferentes comunas”, sentenció.
Al mismo tiempo, la peronista presentó en la Legislatura un pedido de informes al respecto de estos convenios, en los que le exige al Gobierno de la Ciudad que brinde precisiones al respecto de cómo se evalúan las diferentes propuestas de los privados y los criterios de selección a la hora de ser remitidos al Parlamento.
Audiencia-Informativa-Santa-Catalina¿Cómo son los convenios?
Según informó el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, “los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse”.
Al mismo tiempo que indicó que en enero de este año el GCBA lanzó una “convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes” y precisó que este tipo de iniciativas propician “la cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan”.
La primera de las normas a evaluar contiene 15 convenios urbanísticos: Campichuelo 664, Hurgo Azopardo, Pinzón 1258, Amenabar 1501, Lafinur 3126, Av. Del Libertador 5723, Arcos 1865/83, Arcos 3631, San Juan 2502, Corrientes 5761, 11 de septiembre 1535, Corrientes 3410, Díaz Vélez y Virasoro, Virrey Liniers 2301 y Álvarez Thomas 401.
La parcela de la calle Campichuelo cuenta con 2.135 metros cuadrados y actualmente se está utilizando como un centro médico privados y generará una contraprestación para la Ciudad de 3.358.399 UVAS.
En el caso de Hurgo Azopardo, la parcela cuenta con 1.218 metros cuadrados y la contraprestación será de 2.209.189 UVAS. Mientras que en Pinzon 1258 la parcela tiene 1.035 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, generará una contraprestación por 580.092 UVAS.
El de Amenabar 1501 cuenta con un predio mucho más pequeño de 583 metros cuadrados y actualmente se utiliza como comercio y la contraprestación será de 1.595.243 UVAS. A la vez que en Lafinur 3126 el predio cuenta con 1.590 metros cuadrados, en la actualidad es una vivienda y generará una contraprestación por 7.109.227 UVAS.
En Libertador 5723 hay actualmente unas canchas de futbol que cuentan con un predio de 1.558 metros cuadrados y generará una contraprestación de 3.770.044 UVAS; mientras que en Arcos 1885 hay un complejo de viviendas de 720 metros cuadrados, en el que se construirá una torre que generará una contraprestación de 3.405.235 UVAS. En Arcos 3631 el predio es amplio dado a que cuenta con 1.491,71 metros cuadrados, actualmente funciona en el lugar unas oficinas y generará una contraprestación de 4.853.515 UVAS.
A su vez el predio de la calle San Juan 2502 tiene una de las parcelas más amplias con 2.155 metros cuadrados, allí también se avanzará con la construcción de una torre y se generará una contraprestación de 1.802.674 UVAS. En Corrientes 5761 la parcela es de 1071 metros cuadrados y le dará a la Ciudad 3.652.052 UVAS. En tanto en 11 de septiembre 1535 actualmente hay una vivienda con 882 metros cuadrados, se prevé la construcción de una torre de más de 59 metros de altura y generará una contraprestación por 3.130.413 UVAS.
En lo que respecta a Corrientes 3410 la parcela cuenta con 1.212,61 metros cuadrados y actualmente tiene un uso residencial, le generará a la Ciudad una contraprestación por 1.908.798 UVAS. Mientras que en el caso de Díaz Vélez y Virasoro el predio también tiene un uso residencial y cuenta con 616 metros cuadrados, la contraprestación será por 1.478.690 UVAS.
Asimismo en Virrey Liniers 2301 se encuentra la parcela con mayor superficie: 3.204 metros cuadrados, y se prevé una contraprestación de 46.624 UVAS. Mientras que en Álvarez Thomas 401 el predio cuenta con 733 metros cuadrados y generará una contraprestación por 3.442.046 UVAS.
En lo que respecta al predio de Santa Catalina, el CUR establece una constructibilidad de 39.440 metros cuadrados y la altura máxima permitida es de 38 metros. Mientras que la propuesta del convenio que actualmente se encuentra en debate prevé una constructibilidad de 46.637 metros cuadrados y una altura máxima de 72 metros.
Ingreso-a-Legislatura-15-9_compressedLa legisladora del FdT se refirió a los 16 convenios que están en debate en la Legislatura de la Ciudad y consideró que “Larreta quiere convertir a Buenos Aires en la Ciudad de las excepciones”.
Después de que un plenario de comisiones comenzara a evaluar 16 nuevos convenios urbanísticos que permitirían la construcción en altura en 15 nuevas parcelas, la presidenta de la Comisión de Uso y Protección de Espacio Público de la Legislatura Porteña, Claudia Neira, cuestionó el avance de esas normativas, con las que el Ejecutivo Porteño pretende otorgar nuevos permisos especiales de construcción a diferentes emprendimientos urbanos.
En ese sentido, la legisladora planteó que “la Ciudad tiene un Plan Urbano Ambiental y un Código Urbanístico que definen dónde puede construirse y qué tipo de viviendas” y remarcó que “si bien el Gobierno planteó en un momento que no iba a continuar con la práctica de las excepciones normativas que habilitan construir donde no está previsto, con los Convenios Urbanísticos se volvió a la misma lógica”.
Además indicó que “los convenios fueron pensados como una herramienta de promoción urbana para propiciar soluciones normativas a cambio de contraprestaciones, que deben tener un nítido interés público” e insistió en que “Larreta pone a la Legislatura en un mero rol de gestor de permisos de construcción para grandes desarrollos inmobiliarios, y al Estado porteño en facilitador de esos intereses privados. No puede ser que toda la Ciudad hoy se construya en base a excepciones. No hay estudios de diagnóstico, ni análisis técnico serio. No hay planificación”.
“Al igual que el proyecto de Costa Urbana, en el ex predio de Boca Jrs. en Costanera Sur, ninguno de estos Convenios Urbanísticos se enmarca en una planificación integral de la Ciudad que atienda los intereses colectivos de los vecinos de las diferentes comunas. Hacemos un llamado a reflexionar sobre los alcances de esta herramienta y el rol que debe tener el Estado porteño en materia de desarrollo urbano” concluyó la legisladora del Frente de Todos.
Las Comisiones de Planeamiento Urbano y Presupuesto recibieron a funcionarios del Gobierno porteño, quienes explicaron los alcances de los mismos.
En el marco de una reunión conjunta entre las Comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo de Daniel Del Sol (VJ)- y la de Presupuesto –presidida por Claudio Romero (VJ)-, funcionarios del Gobierno de la Ciudad expusieron ante la Legislatura porteña el alcance de los 16 convenios urbanísticos que el alcalde local, Horacio Rodríguez Larreta, presentó en esa Casa el pasado lunes.
En la reunión estuvo presente el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, quien precisó que “los convenios urbanísticos son instrumentos de articulación público privada que buscan hacer una ciudad más productiva y más verde, que permita a los ciudadanos desarrollarse”
Al mismo tiempo que indicó que en enero de este año el GCBA lanzó una “convocatoria abierta a convenios urbanísticos, acompañada por un protocolo que, entre otras cosas, estableció el desarrollo de zonas prioritarias y el crecimiento, en calidad y cantidad, de espacios públicos y verdes” y precisó que este tipo de iniciativas propician “la cantidad de suelo absorbente o generación de comercios de cercanía en zonas que lo necesitan”.
Por su parte Alejo Ciliberto, otro funcionario de la mencionada secretaría, informó por su parte que la contraprestación que recibe el Estado a cambio de cambiar las normar urbanísticas de estas parceles es monetaria y, en algunos casos también incluye la cesión de suelo. De esta manera señaló que los convenios en tratamiento habilitan “casi 200 mil metros cuadrados construibles, crearán cerca de seis mil empleos, entre directos e indirectos, y generarán contraprestaciones en favor del Estado por casi 36 millones de dólares a aplicar en obras públicas”.
Cabe recordar que los convenios urbanísticos impulsados por Larreta buscan modificar las normas de edificación de 15 parcelas, para habilitar la construcción de edificios de hasta 70 metros de altura.
Las parcelas afectadas por convenios y en las cuales se habilitarán “desarrollos urbanos especiales” están en los barrios de Núñez, Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Crespo, Almagro, Caballito, Boedo, San Cristóbal, San Telmo y Barracas.
